Opinión
Por Lorena Rubiano*.- Estoy a favor de la verdad, la diga quien la diga. Estoy a favor de la justicia, a favor o en contra de quien sea: Malcolm X
Los llamados falsos positivos, montajes judiciales, falsos procesos, capturas ilegales, etc., siguen vigentes en nuestra sociedad con grave detrimento de la majestad de la justicia.
Pareciera que llegaron y se enquistaron en nuestras instituciones judiciales, llámese policía, fiscalía, juzgados etc., en donde aparecen procesos manipulados con fines políticos, económicos o por rencillas personales.
Lo grave es que sigue vigente el dicho de que: “una orden de captura no se le niega a nadie “y por eso aterra que la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, anuncie todos los días que ampliarán, construirán, más y más cárceles. No hay dinero para educar al ciudadano, para enseñarle a mantenerse dentro de la ley y para resocializar a los que están privados de su libertad.
No podemos seguir construyendo expedientes con presuntos culpables, y menos condenarlos en los medios informativos antes de que sean vencidos en juicio.
Y eso lo están haciendo para demostrar eficiencia, mano dura y ganarse unas medallas y unos beneficios económicos. Y después las demandas contra el Estado.
Los resultados de eficiencia y capacidad del Estado para preservar los derechos de los ciudadanos no se dan a través de la prensa con montajes, porque la realidad es otra. Veamos los cerca de 300 asesinatos de líderes sociales, reinsertados, líderes comunales y personas que luchan por sus pueblos y veredas y no aparecen los autores.
A estas alturas hay contra la nación condenas por cerca de dos billones de pesos por daños, privaciones injustas de la libertad, decomiso de bienes legalmente adquiridos etc. o sea por graves errores judiciales y hay más de quince mil demandas en curso.
Pero este mal no es solo en Colombia, en un caso que también tocó nuestro territorito porque aquí fue capturado encarcelado y extraditado a los Estados Unidos, Nidal Waked, acusado de narcotráfico, lavado de activos y de financiar grupos terroristas, lo cual al final salió libre, porque todo era falso. Sin embargo, aquí en los medios informáticos, primera página con fotos, las autoridades lo señalaban todos los días como el peor de los delincuentes, y ahora ¿quién le recupera su honra su prestigio el daño moral a él y su familia? Y los operadores judiciales del caso, siguen orondos impartiendo “justicia”
A propósito, su tío Abdul Waked, dueño de los negocios La Riviera en Panamá, de un centro comercial Saho, un banco y dos periódicos fue incluido en la lista Clinton por presión del gobierno panameño sin que existiera algún proceso en su contra, para poder quitarle sus bienes y entregárselos a su competidor comercial en el istmo con apoyo de funcionarios estatales y políticos del Istmo. El Estado deberá ahora responder por una suma superior a mil doscientos millones de dólares por los perjuicios causados.
Hacen falta cursos intensivos a los operadores judiciales para que no sigan cometiendo estos errores y no sean utilizados con fines políticos o económicos.
Bogotá, D. C, 15 de febrero de 2019
Por José G Hernández*.- Varios países han prestado su concurso para acudir con ayuda humanitaria -medicinas y alimentos imperecederos- con destino a la población venezolana, que desde hace ya mucho tiempo padece hambre y enfermedades no atendidas, mientras la inestabilidad política es ya insostenible, la economía es deplorable y la desproporcionada inflación ha llegado a niveles que hacen imposible a las personas cualquier adquisición de aquellos elementos en condiciones normales.
Hago votos porque al momento en que se publique esta columna, ya esa ayuda -que quizá sea insuficiente (dicen los medios que alcanza apenas para 10 días), pero que es indispensable e inaplazable- haya llegado a sus destinatarios.
Es un error adicionado a los anteriores, que Nicolás Maduro -con desespero y sin razón- haya resuelto, invocando razones de seguridad y soberanía, bloquear la ayuda humanitaria que ya está en la frontera colombo-venezolana para su entrega a las necesitadas comunidades.
Esa actitud no solamente es ofensiva y cruel -en cuanto afecta a muchas personas desvalidas que hoy reclaman a gritos algo que alivie sus muchas penalidades- sino suicida, porque puede precipitar la indeseable intervención armada de los Estados Unidos en Venezuela, cuando lo que se debería buscar sería una salida pacífica y sujeta al Derecho interno, con el apoyo de la comunidad internacional. Ojalá el régimen cambie la política restrictiva hasta ahora aplicado.
Se ha reunido en estos días, por iniciativa de México y Uruguay, el Grupo de Contacto Internacional, del cual hacen parte países europeos y latinoamericanos, cuyo objeto consiste en coordinar los esfuerzos internacionales que buscan una solución institucional y pacífica a la crisis. Como lo ha expresado su principal impulsora, la diplomática europea Federica Mogherini, lo que esos países buscan no es un apoyo al actual régimen sino el diálogo con la oposición y una solución democrática y no armada. Se reconoce la existencia de la grave crisis que, de no solucionarse, tendrá graves repercusiones internacionales, pero se procura -a mi juicio con razón- un camino institucional en el que no haya una intervención extranjera sino la decisión de los venezolanos, en ejercicio de su soberanía.
La situación de Nicolás Maduro y su régimen es cada día más compleja. No se ve la luz al final del túnel. Rechazado por los Estados Unidos, por la Unión Europea y por la mayoría de los países suramericanos -entre ellos Colombia-, que han reconocido legitimidad al autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó, solamente cuenta con el interesado apoyo de países como Rusia y China. Más que sostenerse en el poder -lo que ya parece imposible-, Maduro está confiado en el respaldo que le puedan -o quieran- brindar los militares.
La población, azotada por la pobreza -en un país rico, como Venezuela- es hoy contraria al chavismo y la Asamblea Legislativa está en abierta oposición.
Hasta ahora, el Gobierno colombiano ha sido prudente, sin perjuicio de su firmeza, y lo que se espera es que no se le ocurra aceptar propuestas internas o externas de comprometer a Colombia en una guerra que nuestro criterio democrático e institucional rechaza.
Bogotá, D. C, 14 de febrero de 2019
*Expresidente de la Corte Constitucional.
Por Clara López Obregón*.- La Justicia Especial para la Paz o JEP es tal vez la institución más innovadora y cuidadosamente construida del Acuerdo Final para ponerle fin al conflicto armado y, a la vez, la más crítica para garantizar que la paz sea sostenible en el tiempo.
De su éxito depende que, en esta oportunidad, la sociedad sea capaz de romper y superar el ciclo de repetición de la violencia que cada paz ha engendrado desde el comienzo de la República.
La JEP, sin duda, está atravesada por un equilibrio inestable por cuanto es punto medio entre la justicia y la paz que tiene sus detractores y defensores. Quienes adversan el Acuerdo con la FARC han justificado sus glosas porque incumple con sus óptimos de justicia para las víctimas, desconociendo el hecho real que la “cárcel con barras” que buscaban para los guerrilleros hacía imposible sellar el acuerdo. Quienes lo apoyamos sostenemos que era necesario “cerrar la fábrica de víctimas” precisamente para evitar aumentando su número que supera los ocho millones.
Lo que se logró fue un compromiso entre justicia y paz en el cual no sólo los guerrilleros sino los miembros de la Fuerza Pública que cometieron graves delitos como los llamados falsos positivos o los particulares y agentes civiles del Estado que auparon y financiaron a los grupos paramilitares fueran sometidos a un trato simétrico pero diferenciado. A cambio de ese tratamiento diferencial y so pena de perderlo, deben reconocer su responsabilidad y contribuir fehacientemente a reparar los derechos vulnerados de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y el derecho que tanto echamos de menos, de la no repetición.
Se trata de la llamada justicia restaurativa que se abre paso en el mundo como mecanismo idóneo para ponerle fin a los conflictos armados de larga duración, pero también para superar los conflictos propios de la vida en sociedad. Está cambiando el paradigma de una justicia retributiva en la que el responsable debe recibir un castigo para ponerse a paz y salvo con el Estado, por una justicia reparadora dirigida a servirle a las víctimas en la satisfacción de sus necesidades.
Lo único que falta para que la JEP opere eficazmente y con la seguridad jurídica necesaria es la sanción de la Ley Estatutaria aprobada en el Congreso y declarada exequible por la Corte Constitucional. Como con el resto del Acuerdo bajo el Gobierno Duque, la rebeldía a cumplir con sus mandatos hoy incorporados al orden jurídico, se ha venido imponiendo a través del viejo oxímoron colonial según el cual la ley “se acata, pero no se cumple.”
El más reciente escollo ha sido el viacrucis que ha experimentado el Reglamento de la JEP para entrar en vigencia. Empezó con la orden dada por el entonces presidente electo a las nuevas mayorías en el Congreso para que frenaran su aprobación. En tal dirección se abrieron varios flancos, entre ellos, la aspiración a convertir a la JEP en simple notario al prohibirle practicar pruebas en los casos de extradición, léase caso Santrich, que la Corte ha encontrado contraria a la Constitución.
Finalmente, aprobada la ley, surtió un pormenorizado estudio en la Corte Constitucional que culminó con una sentencia de novecientas páginas declarando su constitucionalidad. Salió en diciembre de la Corte al Congreso donde un trámite, parecido al de la carta de las pruebas que se le envolató al Ministerio de Justicia, duró mes y medio dando vueltas en el mismo edificio hasta que un escándalo mediático logró que se trasladara al presidente de la República para su sanción.
Con sentencia de constitucionalidad de la Corte, al ejecutivo le queda la opción de las objeciones por “inconveniencia” para devolver la ley al Congreso para nuevos trámites y demoras. Sin exagerar, aquí está en juego la institucionalidad del país. O el Presidente sanciona la ley que ha pasado todos los filtros o acude al subterfugio colonial con lo cual pondría la voluntad del Ejecutivo por encima de la Constitución y la Ley. En una democracia constitucional la ley se acata, pero también se cumple.
Bogotá, D. C, 30 de enero de 2019
*Precandidata a la Presidencia y Excandidata a la Vicepresidencia de Colombia. Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo.
Por Jairo Gómez*.- Mataron el Río Cauca y, como sucede con el asesinato de cerca de 580 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, desde 2016, seguramente el crimen quedará en la impunidad.
No sabremos de responsables y todos, quienes tuvieron la brillante idea del gran negocio, se culparán unos a otros hasta difuminar en una abstracta investigación judicial la sentencia mortal contra el torrente de agua más importante del país, después del Río Magdalena.
La muerte del río, como los crímenes contra luchadores sociales, tiene su pasado y está lleno de intereses y de perversos propósitos. La historia comienza cuando en aras de la supuesta modernidad y el progreso escogieron inundar territorios que en el pasado habían sido escenarios de múltiples masacres, de luchas por la propiedad de la tierra; pero al mismo tiempo del voraz apetito de quienes vieron en el proyecto Hidroituango un barril de fortuna para llenar los bolsillos de una clase política antioqueña corrupta y mentirosa. “Como presidente de la República le di todos los estímulos para que este proyecto se pudiera llevar a cabo”, dijo en su momento el expresidente y Senador Álvaro Uribe Vélez. En igual sentido lo auspició desde la Gobernación de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, hoy investigado por sus presuntas alianzas con grupos paramilitares.
Según las propias organizaciones de campesinos que históricamente han encontrado en el río Cauca el sustento económico y desarrollo de la región, nunca se conocieron estudios serios y se desoyeron las recomendaciones y posibles daños al ecosistema, amén del desarraigo cultural y el desplazamiento que provocaron en los 25 municipios ribereños que han vivido y viven del caudaloso río.
Esas mismas organizaciones denunciaron, como ocurre con el asesinato de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, la implementación de una estrategia violenta para imponer la construcción de la megaobra basada en la persecución y desplazamiento de quienes se oponían a que la represa se cimentara en esa región.
“Mataron no solo el río que ya es un crimen ambiental de altísimas proporciones, también mataron la cultura, la historia de la comunidades y el sustento de los pobladores ribereños. No les importó la comunidad, ni la flora, ni la fauna, con tal de tratar de culminar una obra que ya es un fracaso”, dijo Isabel Cristina Zuleta, de la Fundación Ríos Vivos.
Como seguramente no habrá responsables, y quiénes vayan a la cárcel por semejante crimen ecológico y ambiental, la pregunta es ¿cómo castigar a toda esa clase dirigente inepta y corrupta? Pues bien, ahí va una sugerencia: no votar por ellos en las próximas elecciones para gobernadores, alcaldes, diputados y concejales.
Ese es el único castigo que les duele: el castigo de las urnas, porque la justicia brillará por su ausencia. Hay que sacarlos de circulación política y quitarles la confianza que los antioqueños depositaron en esos dirigentes que hoy tienen a más de 300 mil pobladores postrados en la miseria y en la incertidumbre de no saber con certeza qué sucederá con la mole de cemento agrietada y en constante vaivén porque no logró encajar en la montaña.
Hay que trasladar el descontento de la ciudadanía a la calle, ni siquiera el parlamento con su control político es efectivo. Hoy en Colombia no pasa nada; reina la impunidad. De Hidroituango no vamos a conocer los responsables de semejante debacle, como tampoco conoceremos, finalmente, quienes en Odebrecht propiciaron y ordenaron el pago de los sobornos a las campañas presidenciales y funcionarios estatales.
Solo la calle hará libre a Colombia de estos enjambres de corrupción que se apoderaron de la institucionalidad del país, en este caso de los principales socios de la presa: la Alcaldía de Medellín (EPM) y la Gobernación de Antioquia.
La respuesta contra quienes mataron el río Cauca debe ser política, y los antioqueños, los que no pertenecen a las élites, ni sindicatos y colmenas corruptas ancladas en el pasado, los deben castigar en las urnas y expulsarlos del poder. El río ya no es el río, el río lo mataron.
Bogotá, D. C, 12 de febrero de 2019
*Periodista y Analista Político
@jairotevi
Por Horacio Serpa Uribe*.- El Proyecto de Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP) fue enviada por el Congreso Nacional al Presidente de la República, para sanción. En círculos políticos y en medios de comunicación hay muchos comentarios según los cuales se está haciendo una enorme presión al Presidente Duque para que lo objete. Una decisión de esta naturaleza sería un golpe fuerte al Acuerdo que el país convino con las antes llamadas Fuerzas Revolucionarias de Colombia, Farc., puesto que podría echar por la borda los esfuerzos que el pueblo colombiano y la mencionada guerrilla hicieron para acabar con el alzamiento armado. Sería también un contrasentido sabiéndose que el Proyecto ya fue revisado por la Honorable Corte Constitucional.
Es un decir que el pueblo no aprobó los Acuerdos, porque en el Plebiscito el NO sacó 55.000 votos más que los logrados por los partidarios del SI. La referida es una cifra írrita en un universo de 13 millones de votos, menos del medio por ciento. Pero, además, el pueblo, mucho más allá del que participó en la elección, aprobó la realización del Proceso de Paz desde su inicio. Como si fuera poco, ese Acuerdo inicial fue modificado atendiendo el 95% de las propuestas que hicieron los voceros auténticos del NO en las reuniones posteriores a la votación, luego de lo cual el Congreso Nacional, auténtico representante del pueblo colombiano, lo aprobó con las modificaciones, todo lo cual fue declarado exequible por la Honorable Corte Constitucional.
El Acuerdo contiene un Capítulo por medio del cual se establece que los guerrilleros serán juzgados por la Justicia Colombiana, único caso del mundo por el cual la insurrección que se vincula a la democracia de un país sin haber sido vencida, va a ser juzgada por sus acciones durante la rebeldía. Nunca ocurrió en nuestra historia de tantos acuerdos entre instituciones y revolucionarios, de tantos pactos, amnistías y armisticios. No es impunidad sino buen ejemplo para el mundo. Por eso y para eso se creó la Justicia para la Paz, como hay Justicia Ordinaria, Justicia Administrativa, Justicia Constitucional, Justicia Penal Militar.
El Gobierno Nacional tiene el deber de apoyar el Acuerdo, máxime después de que las Farc cumplieron su principal compromiso, entregar las armas y vincularse a la democracia y a sus instituciones. Esta guerrilla se acabó como tal y hoy es un Partido Político. Así lo ha entendido el Jefe del Estado pero muchos de sus colaboradores y socios piensan de otra manera y en su remolona manera de actuar pretenden que se vuelva a la guerra. Es absurdo en extremo.
La JEP, que puede imponer sanciones de hasta 20 años de cárcel, no se aplicará solo a los guerrilleros. También pueden someterse voluntariamente a su jurisdicción los miembros de las Fuerzas Armadas y los civiles comprometidos en hechos relacionados con el conflicto armado.
Me uno a los que demandan justiciera y democráticamente la sanción a la Ley de la JEP y el respeto a esta jurisdicción constitucional.
Bogotá, D. C, 11 de febrero de 2019
*Abogado. Excongresista, Exministro del Interior, Excandidato Presidencial, Exdiplomático, Exgobernador de Santander.
Por Guillermo García Realpe.-El río Cauca, el segundo afluente más importante de nuestro país, el mismo que nace cerca de la Laguna El Buey en el imponente Macizo Colombiano, que atraviesa 180 municipios a lo largo de 1350 kilómetros y que desemboca en el río Magdalena, cerca de Pinillos, Bolívar, hoy vive su peor momento de toda la historia.
Las razones son bien conocidas, desde hace ya varios meses por cuenta del mega proyecto eléctrico HIDROITUANGO, el río Cauca ha venido siendo víctima de toda serie de maltratos por cuenta de EPM, responsable de la construcción de la presa en el Bajo Cauca antioqueño.
A partir de este desastre, el río Cauca presentará unos cambios significativos en el régimen hídrico y geomorfológico, por ejemplo en su sedimentación, lo que permite que el río se oxigene, que haya alimento para los peces y en fin, toda una relación ecosistémica alrededor de esos sedimentos. El río ha cambiado hasta de color, ahora es verde, precisamente porque los sedimentos han quedado sin el cauce habitual. Y cortó definitivamente la migración en doble vía de los peces.
Las comunidades, las más afectadas, pueblos enteros, gente que ha nacido en las riberas del río, gente que ha tomado su alimento del río y de un momento les cambiaron todos esos hábitos, el impacto desde luego, también es enorme para esas comunidades y su gente.
Hoy el panorama es desolador y lo vemos a diario en las noticias en poblaciones más cercanas a la presa como Puerto Valdivia, Puerto Antioquia, Cáceres, Taraza, incluso otras más distantes como Caucasia y Nechí, comunidades todas que han visto cómo la improvisación y las malas decisiones del responsable del proyecto les cambió de un momento a otro su cotidianidad, algo jamás visto en la historia.
Ahora la recuperación va a tardar mucho tiempo, el río nunca volverá a ser el mismo, el afluente ha sufrido daños irreparables. El Cauca aporta el 37% del caudal del río Magdalena, es decir que el efecto también en ciénagas y en el propio río grande de la Patria aguas abajo será impactado, como también se verán los impactos en La Mojana.
Será entonces la resilencia de la naturaleza que determine su futuro.
¿Volverá el Cauca a ser el mismo, se podrá recuperar el ecosistema? Son interrogantes que hoy los colombianos nos preguntamos. Creemos que NO. El imponente Cauca, el segundo río más importante que tenemos los colombianos, en condiciones normales, por sus aguas corrían entre dos mil y dos mil 500 metros cúbicos por segundo, pero hoy el panorama es de 50 metros cúbicos por segundo, algo aterrador desde todo punto de vista.
Incluso, el río hoy ya no tiene el caudal ecológico, que es un caudal mínimo para la vida de los peces, para el aprovechamiento de las comunidades aguas abajo y por supuesto para la evacuación de aguas servidas de las poblaciones aledañas a las ciudades, esto es un impacto grave.
Es una demostración más de los errores en la construcción del proyecto HidroItuango que no solo va a afectar a Antioquia sino a todo el país, porque va a haber una merma en el suministro de energía para el próximo año.
Hoy, con la reducción del caudal a los mínimos, incluso no tener el caudal ecológico ya ha ocasionado mortandad de peces, más de 50 mil peces han muerto, también está generando graves afectaciones a la fauna acuática del río y por supuesto la afectación social y económica de las poblaciones aguas abajo.
Lo peor es que no sabemos qué ocurrirá hacia adelante, porque la afectación es día a día, hay contingencias diarias y hoy se dice que no solo hay afectación en los conducidos del desagüe, sino en el macizo mismo porque así lo anuncio una investigación de la ONU que indica que el macizo sobre el cual está ubicado el embalse es vulnerable y que va a tener efectos graves de hidrología por la circulación de aguas al interior del macizo al elevarse los niveles por el embalse.
En todo caso, una vez pasen todas estas contingencias y cuando Hidroituango logre una estabilidad, y tan pronto el Congreso de la República retorne a las sesiones ordinarias, insistiremos en citar en la plenaria del Senado un debate de control político para que todos los responsables de este desastre social, ambiental y económico le dan la cara al país y respondan por sus actos.
Pasto 110 de febrero de 2019
*Senador Liberal
@GGarciaRealpe
Por Amylkar D. Acosta M*.- El día 6 de febrero el Gobierno Nacional radicó el Proyecto de ley 227 - 19 Senado de la República y 311 - 19 de Cámara de Representantes del Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022). En el artículo 179 del mismo se modifica el numeral 99.6 del artículo 99 de la Ley 142 de de 1994, excluyendo al estrato 3 del beneficio del subsidio en la tarifa de la energía.
Esta medida estaba cantada desde el trámite de la reforma tributaria que disfrazaron de Ley de financiamiento, que terminó siendo una Ley de desfinanciamiento, por cuenta de las nuevas gabelas impositivas decretadas en favor de las empresas. Este es el segundo coletazo de la Ley de financiamiento, después del anuncio por parte del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla de la venta de otro 8.9% de las acciones de la Nación en ECOPETROL para intentar sortear las aulagas fiscales que lo atormentan y exasperan. El Ministro Carrasquilla ya había puesto la pica en Flandes, al declarar que “Colombia tiene una política en materia de subsidios diseñado para un país que no tiene los niveles de ingresos y estándares de calidad de vida que tiene Colombia hoy en día” y que por lo tanto había llegado la hora de revisarlos.
Siempre se dijo por parte del Ministro Carrasquilla que si no se alcanzaban a recaudar los $14 billones a los que aspiraba con dicha Ley el afectado sería el gasto y la inversión social y se manifestó reiteradamente la intención de desmontar los subsidios a los servicios públicos, empezando por el de energía. Y, como es bien sabido, después de la peluqueada de la propuesta original del Ministro Carrasquilla, con el texto aprobado a duras penas se espera recaudar por esta vía $7.3 billones. Dicho y hecho, con el desmonte del subsidio en la tarifa de energía que se propone se estaría dando el primer paso en esa dirección.
Se trata de Robin Hood al revés, se sacrifica a la clase media quitándole el subsidio en la tarifa de energía, lo que se traducirá en un alza en la tarifa del 17%, aproximadamente, del costo unitario (CU) y en un incremento de su factura por la prestación del servicio de energía ($12.450/mes y $150.000/año, aproximadamente), para compensar los ingresos que se dejarán de recaudar por parte de la Nación a consecuencia del cúmulo de las subvenciones, vía exenciones y descuentos tributarios, que se le dispensaron en la reforma de marras a las empresas y a los empresarios, que superan los $10 billones.
Esta propuesta va a contrapelo del “Pacto por la equidad” que se plantea como eje fundamental del Plan de Desarrollo 2018-2022 y de la Constituyente de 1991 que quiso hacer de “los subsidios instrumentos para alcanzar los objetivos de equidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios”. La misma que, además, estableció como premisa fundamental de los subsidios “dar prioridad a las obligaciones sociales del Estado en la Planeación y en el presupuesto”.
Según la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (ASOCODIS), al corte de diciembre 31 del año anterior seguían sin apropiarse en el Presupuesto recursos del orden de los $591.000 millones para los subsidios de consumo de energía (¡!). Ello contraviene lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 1430 de 2010, que a la letra dice: “el Gobierno Nacional apropiará en el PGN anualmente los recursos presupuestales necesarios en su totalidad para pagar de forma oportuna y en primer orden los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 para los usuarios de energía eléctrica”.
De allí la misiva que le cursaran los gremios de los sectores de energía y gas natural dirigida al Presidente Iván Duque, poniéndole de presente las “dificultades para operar y cumplir de manera adecuada la prestación del servicio” debido al impago de los subsidios, poniendo en riesgo la estabilidad financiera de las empresas y atentando de paso con el cumplimiento de lo prescrito en la Ley, en el sentido que los servicios se deben prestar garantizando su continuidad, calidad, eficiencia, neutralidad, solidaridad y equidad.
Lo antipático es que a la hora de los sacrificios, dada la gran inflexibilidad del Presupuesto, siempre recaigan sobre los más vulnerables, en este caso sobre una clase media que apenas está saliendo de la pobreza y que con medidas como esta pueden volver a engrosar la legión de pobres. Y, a propósito de los subsidios en la tarifa de energía, el 40% tiene como población objetivo a usuarios de la región Caribe, que tiene como operador a ELECTRICARIBE, debido a que el 80% de sus usuarios corresponden a los estratos 1, 2 y 3. Por ello mismo ellos serán los más afectados por este incremento exagerado en la tarifa que se derivará de la eliminación de este subsidio, el que a su vez redundará en deterioro mayor de la ya la abultada cartera de ELECTRICARIBE, que todavía sigue sin reintegrar $216.000 millones, aproximadamente, de los subsidios que, según la Contraloría General de la República, le fueron girados por el FSSRI y nunca se aplicaron a sus destinatarios que son los usuarios de más escasos recursos. Cada día qué pasa sin que se le transfieran esos recursos a sus beneficiarios se les están conculcando sus derechos a estos.
Santa Marta, febrero 10 de 2019
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
www.amylkaracosta.net
Por Mauricio Cabrera Galvis.- Junto con las preocupaciones por los nubarrones que se ciernen sobre el crecimiento económico mundial, en el foro de Davos volvió a estar presente el tema de la creciente desigualdad en la distribución del ingreso y, sobre todo, de la riqueza. En su informe anual (https://bit.ly/2tfdjlm) la ONG internacional OXFAM muestra con hechos y datos como, a pesar de los avances en la lucha contra la pobreza, la desigualdad se ha desbordado.
Las cifras son muy alarmantes: “La riqueza de los milmillonarios del mundo (aquellos con un patrimonio superior a los 1.000 millones de dólares) aumentó en 900.000 millones de dólares tan solo en el último año, lo cual equivale a un incremento de 2.500 millones de dólares diarios. Mientras, la riqueza de la mitad más pobre del mundo, 3.800 millones de personas, se redujo en un 11%”.
Y otro dato impresionante: ¨La riqueza está cada vez más concentrada en menos manos: en 2018, 26 personas poseen la misma riqueza que las 3.800 millones de personas que son la mitad más pobre de la humanidad; en 2017 esta cifra era de 43 personas”. La tendencia es acelerada, porque en 2014 eran 85 personas las que acumulaban esa cantidad de riqueza.
Entre las causas de la creciente concentración de la riqueza el informe de OXFAM menciona una muy conocida: los súper ricos pagan muy pocos impuestos y son los grandes beneficiados con las reducciones de impuestos a la Trump. Además son grandes evasores usando los paraísos fiscales: “las grandes fortunas ocultan a las autoridades fiscales 7.6 millones de millones de dólares, eludiendo el pago de unos 200.000 millones de dólares en concepto de impuestos”.
Para defender a los más ricos, algunos columnistas han calificado estos datos como “fake news”, noticias falsas inventadas por una ONG progre e izquierdista.
Estas críticas pecan de ignorancia y mala fe, pues no tienen en cuenta cuales son las fuentes del informe de OXFAM, que incluyen organizaciones como la OECD y la CEPAL, o revistas Forbes y The Economist, que difícilmente pueden ser catalogadas como de izquierda.
Cali, 10 de febrero de 2019
Por Mauricio Cabrera Galvis: Filosofo, Economista y Consultor.
Por Mons. Froilán Casas Ortiz - Vivimos una época paradoxal: se habla de derechos, se defienden en forma pasional, visceral y, a la par se irrespetan todos los valores. Se combate un dogmatismo, con armas de un dogmatismo más cortante que espada de doble filo. Han aparecido nuevos paradigmas que no solamente reemplazan a los antiguos, sino que los combaten. Culturalmente se ha hecho una metamorfosis total. Lo que ayer era bueno, hoy es malo y viceversa.
Vivimos en una época en la que quieren que los sacerdotes se casen y que los casados se divorcien. Quieren que los heterosexuales tengan relaciones sin compromiso, pero que los “gay” se casen en la iglesia. No hay plazas para los pacientes en los hospitales, pero hay incentivos y patrocinio para quien quiere hacer cambio de sexo. Se ha llegado al colmo de “humanizar” a las mascotas, ya se les llama con nombres de humanos: Matías, Mateo, Lucas, etc. Valen más estos animales que los seres humanos. Se mata a los niños en el vientre materno y esto se llama liberación. La mascota ocupa un lugar privilegiado en el seno de la familia, -si es que hay familia-.
Hay alimentación especial para gatos y perros mientras muchos niños mueren de hambre. Ahora los perros se “estresan”; ya necesitan sicólogo. Ahora las mascotas no se compran, se “adoptan”. Hay dinero para guarderías caninas y no hay presupuesto para vivir dignamente. Uno de los negocios que serán prósperos en el corto plazo es un cementerio para mascotas: ya se les hace duelo. Uno de los temas de conversación en ciertos círculos sociales, es el cuidado de las mascotas en términos de alimentación, vestido, salud, “esparcimiento”. Ya tenemos que aguantarnos las mascotas en los buses, en los aviones, en las salas de cine, en las cafeterías, restaurantes y hasta en las iglesias. ¡El colmo! ¿A dónde iremos? Quienes les damos a los animales el justo puesto, estamos resultando especímenes raros, ¿o será que estamos en vías de extinción? ¡Qué mundo tan contradictorio! Se cacarean a todo timbal los derechos y se silencian los deberes. Defendemos la vida, pero estamos a favor de la eugenesia agresiva y sin cuartel y aceleramos la muerte con los llamados defensores de la eutanasia. Para quitar el dolor, matemos al doliente; para acabar con el aborto, legalicémoslo. Cambiemos el calificativo moral y entramos en el listado de lo moral: a la mujer con desorden sexual, llamémosla, trabajadora sexual.
Cambiémosle el nombre al aborto, llamémoslo, interrupción del embarazo. ¡Qué sofisma de distracción! La vida humana empieza partir del cigoto. ¡No! Llamemos a ese proceso de mutación biológica como le dijera Simone de Beauvoir, protoplasma, parásito. Peor aún: amasijo de carne, enquiste en el vientre materno. ¡Qué horror, hasta dónde llega la degradación mora! Como decía un amigo sacerdote: “Este mundo está a lo mero perro”. Con cinismo se califican los parámetros morales del pasado. Hoy campea por doquier el relativismo moral. ¡Cuidado! Atrévase a pensar diferente. En materia moral, el mundo ha dado una vuelta de 180 grados de la noche a la mañana. Pero, no se preocupe amigo lector, aún no hemos tocado fondo.
Neiva, 10 de febrero de 2019
+ Froilán Casas Ortíz: Obispo de Neiva
Fuente Conferencia Episcopal Colombiana
Por Juan Camilo Restrepo Salazar.-Se ha informado que, a la fecha, el déficit del llamado fondo de estabilización de precios de los combustibles (FEPC) es de $ 13.8 billones. Esta es una cifra espeluznante. Equivalente a lo que cuando se presentó hace pocos meses la llamada Ley de Financiamiento se dijo que era el déficit todo del presupuesto para la vigencia del 2019.
¿Cómo y cuándo se llegó a acumular este monumental déficit? ¿Qué se está pensando para enjugarlo?
Recientemente la Corte Constitucional declaró inexequible el componente de la fórmula de precios de los combustibles que está dirigida a departamentos y municipios, con el argumento irreprochable de que las bases y hechos gravables de cualquier impuesto tienen que ser fijados por el Congreso Nacional y no por reglamentación gubernamental. Y le dio dos años de plazo al Congreso para regular la materia.
El Ministerio de Minas y Energía -con buen criterio- ha anunciado que aprovechará para revisar los componentes todos de la fórmula con que se viene calculando el precio de la gasolina y del Acpm en Colombia.
Hay que responder a grandes preguntas: ¿Por qué cuando los precios internacionales de referencia bajan, el precio interno no lo hace? ¿Por qué se dejó acumular un déficit fiscal en este fondo de las magnitudes mencionadas? Resulta conveniente recapitular un poco de historia para entender lo que ha sido la melancólica vida de este fondo, que ha sido mal diseñado y peor administrado y que, en los últimos años, en vez de estabilizar el precio de los combustibles como era su propósito lo que ha hecho es convertirse en una gigantesca vena rota de las finanzas públicas.
La razón principal del porqué de este déficit radica en que cuando el precio del petróleo bajó estrepitosamente, hace 5 o 6 años, de esa baja no se hizo beneficiarios a los consumidores. Y cuando los precios volvieron a subir no hubo recursos para estabilizar los precios, porque el Fondo se ahogaba en un déficit asfixiante que ha seguido creciendo. Es el caso típico de un mecanismo de estabilización bien intencionado pero pésimamente administrado.
Cuando la corte constitucional en sentencia C-621 de 2013 declaró inconstitucional el fondo de estabilización de los precios de los combustibles, porque dicho fondo fue creado por reglamento y no por ley, dijo lo siguiente: “Una de las fuentes de financiación del Fondo de estabilización de precios de los combustibles será la diferencia entre el precio de paridad internacional y el precio de referencia, cuando éste último sea mayor que aquel. Un elemento indispensable del análisis de constitucionalidad es que el precio de referencia es fijado por el Ministerio de Minas y Energía, sin que existan parámetros de rango legal que determinen los criterios que debe seguir el Ministerio al realizar dicha tarea”.
La reforma tributaria de 2014 (ley 1739) creó un tributo parafiscal que habría de nutrir el Fondo de estabilización, y dijo al respecto: “el diferencial se causará cuando el precio de paridad internacional… sea inferior al precio de referencia”. Y agrega: “este precio se fijará por el Ministerio, de acuerdo con metodología que defina el reglamento”. Todo lo anterior, dicho en buen romance, significa que si el precio de referencia que fija el Ministerio de Minas y Energía está por encima del llamado precio de paridad (que no es otro que el internacional), tal diferencia irá a engrosar las arcas del Fondo de Estabilización y no a aliviar el bolsillo del consumidor. Que es exactamente lo que sucedió: el precio de paridad se vino al suelo y el de referencia se quedó por las nubes.
Veremos entonces cual es el nuevo diseño de la fórmula en que está trabajando el Ministerio de Minas y Energía. No es una tarea fácil la que tiene por delante frente a este problema heredado por el actual gobierno. En cierta manera tiene que lograr la cuadratura del círculo: por un lado, evitar que el déficit del Fondo de estabilización siga subiendo; y por otro lograr que el fondo sí estabilice, es decir, que cuando los precios internacionales bajen, efectivamente se reduzca (dentro de ciertas franjas) el precio en el surtidor de gasolina; pero que cuando suban los precios de referencia al menos una parte del precio al consumidor también se incremente y que no todo sea a punta de déficit fiscal como viene sucediendo.
Bogotá, D. C, 10 de febrero de 2019
Juan Camilo Restrepo Salazar: Abogado y Economista. Exministro de Estado.
