Opinión

Por Gabriel Ortiz*.- Este año va acelerado. Entramos a febrero mes que el 9, celebra el día del periodista, y se hace entrega de premios. Pero será un 9 triste y empañado, por hechos que malogran y ponen en serio peligro las libertades de prensa y expresión, baluartes de la democracia.

El nuevo gobierno ha permitido actuaciones de funcionarios que pueden atentar contra la tradicional independencia. Hay certeza de que esa no es la voluntad del Presidente y que ello nace de los halagos que buscan subalternos ávidos de lisonjas.

La persecución a los periodistas es explicita. Se aprecia el odio y la rabia contra ellos. La Fundación para Libertad de Prensa, FLIP, ha sido el único gremio en pronunciarse sobre estos atropellos. El CPB, que se creó hace más de 60 años para proteger, defender, abrigar y custodiar la libertad de prensa, se ha hecho el de la vista gorda. Seguramente teme que el Presidente Duque y altos funcionarios del Estado no participen en las celebraciones del 9 de febrero, cuando hace entrega de premios a los mejores periodistas del año.

Curioso que un gremio que no vigila las libertades, ni defiende a los periodistas se arrogue el derecho a galardonar a los profesionales de las comunicaciones, a los fiscales de la sociedad. Esos premios pueden carecer del honor y la pureza que exige un trofeo de esas calidades.

El último episodio que se conoce, fue el que se registró en RTVC, entidad que censuró la serie “Los Puros Criollos”, del colega Santiago Rivas, porque se atrevió a criticar el proyecto de Ley de las Tic, ante las tenebrosas disposiciones que incluía para amordazar la libertad de expresión. Y también están los ultrajes a Vicky Dávila por parte del CD, a Daniel Coronell por la Fiscalía, a Samper Ospina por el “presidente eterno”, la mordaza a los periodistas de la Radio Nacional y tantas afrentas más.

El único gremio en protestar fue la FLIP. Hay que destacar el coraje de la FLIP. ¿Qué pensarán don Guillermo Cano y tantos mártires nuestros del cómplice silencio de un CPB, que ahora actúa como fábrica de premios, coronas y medallas?

Es impensable que Duque actúe mordaza en mano. Él tiene otra manera de actuar. Por ejemplo, no ha acudido al famoso: “pasemos a la siguiente pregunta”.

Este 9 de febrero, el Presidente tiene la oportunidad de fijar la posición de su gobierno frente a las libertades de prensa y expresión. Y aclarar de una vez por todas, si los medios estatales, como RTVC, los canales de los departamentos y ciudades seguirán siendo “varas de premio”  para compensar a los colegas que se hayan prestado para encumbrar a los funcionarios encargados de otorgar jugosos contratos. Estos medios deben tener otra filosofía y otro destino diferente al de atajar la crítica y adular al funcionario de turno.

Esa es la única manera de garantizarle a Colombia libertad de prensa y democracia. 

BLANCO: La revista Semana se refinancia, pero conserva su independencia.

NEGRO: Los atropellos de Maduro a los periodistas colombianos.   

Bogotá, D. C, 1 de febrero de 2019

*Periodista, Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.

Por Clara López Obregón*.- Con motivo de la reunión anual de las élites mundiales en Davos, Suiza, Oxfam Intermón publicó su informe anual sobre desigualdad económica. Los resultados son alarmantes.

Mientras la riqueza de los “milmillonarios” aumentó el 12 por ciento durante el año 2018, a razón de $2.500 millones de dólares diarios (900 mil millones al año), el poder adquisitivo de los más pobres se redujo en 11 por ciento. Las 26 personas más ricas de la tierra poseen la misma riqueza que casi la mitad de la humanidad compuesta por 3.400 millones de personas que viven con menos de $5.5 dólares o 15 mil pesos al día. En resumen, los ricos son cada vez más ricos y los pobres más pobres.

¿Por qué debe preocuparnos esa situación, si en América Latina y en Colombia se han hecho avances contra la pobreza extrema? La desigualdad no es solamente objetable desde un punto de vista ético sino también político y económico. Ello tal vez explique el éxito del libro El Capital en el Siglo XXI de Thomas Piketty, una obra académica bastante densa que se ha vendido como un “bestseller,” con ventas de 2.2 millones de ejemplares en treinta idiomas.  

El trabajo de Piketty ha dejado sin piso la teoría de Simon Kuznets, una de las más asentados de las ciencias económicas. Según esta tesis, todas las economías pasarían por una etapa de desarrollo industrial en la cual las desigualdades se acentuarían, para después pasar a una etapa de democracia social y ampliación del consumo masivo que frenaría la desigualdad, la cual se estabilizaría posteriormente en niveles aceptables. Solo habría que ser pacientes mientras el crecimiento se derramaba hacia abajo para finalmente beneficiar a todos.

Piketty reconoce que esta teoría respondió a un primer y ambicioso esfuerzo estadístico presentado en 1953 cuando arreciaba la guerra fría, pero también lo glosa por cuanto, a pesar de estar consciente del carácter especulativo de su formulación, Kuznets se cuidó de subrayar que estas predicciones tan optimistas también estaban orientadas a mantener a los países en desarrollo “dentro de la órbita del mundo libre.”

Con la obra de Piketty, que los datos anuales de Oxfam Intermon evidencian, ha llegado la hora de colocar a la desigualdad en el centro de las preocupaciones de las ciencias sociales y económicas y de las políticas públicas, pues los extremos de desigualdad que se están registrando -  y Colombia es un caso emblemático al ser uno de los países más desiguales sobre la tierra - no solamente atentan contra la equidad y la eficiencia económica sino contra la democracia.

“El 60 por ciento de la reducción de la desigualdad y la pobreza se explica por la inversión pública en esas áreas (salud, educación y protección social),” explica Rosa Cañete Alonso, coordinadora del Programa de Lucha contra la Desigualdad de Oxfam para Latinoamérica y el Caribe” (ET 27/01/2019).  Pero ese gasto público social se hace imposible en los volúmenes necesarios en ausencia de un sistema tributario progresivo que ponga a los excesivamente ricos a pagar su parte. En muchos países del mundo, esos intereses especiales han logrado no solo reducir los gravámenes que deberían pagar, sino eliminar el impuesto a las herencias. Muy pronto empezaremos a ver estudios que muestran que la riqueza en pleno siglo XXI no corresponde al saber sino al linaje, convirtiendo la meritocracia en una “heredocracia.” Mal augurio para la democracia y para los estímulos al crecimiento económico. 

Entre más se concentra el poder económico, más se concentra el poder político y la influencia de los intereses del capital en la toma de decisiones sobre la política tributaria, la reforma pensional, la flexibilización laboral, el gasto público, la reforma rural integral, la protección ambiental, entre tantos otros temas de gran incidencia social. Así se cumple la máxima lapidaria de Lampedusa: ¡Que todo cambie para todo siga igual! O peor.

Bogotá, D. C, 30 de enero de 2019

*Precandidata a la Presidencia y Excandidata a la Vicepresidencia de Colombia. Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo.

Por Victor G Ricardo*.- Nuevamente los colombianos empezamos a sentir que vienen ocurriendo en diferentes regiones del país, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, mayores hechos de delincuencia e inseguridad.

No sólo nos enteramos a diario de atracos en carreteras, para lo cual los delincuentes primero simulan un choque de vehículos o en otros casos simplemente le chocan el carro a las víctimas para atracarlos, también hemos visto que, en las ciudades, cada día son mayores los casos de robos y atracos e incluso masivos a plena luz del sol en restaurantes altamente concurridos.

En los casos de robos de objetos de valor, como celulares y relojes, es impresionante que difícilmente alguien se salva de vivir una de estas malas experiencias. Ni la mayor precaución nos exime del peligro en nuestras calles, casas, y prácticamente cualquier lugar. En conclusión, el ambiente de inseguridad que estamos viviendo hace que las autoridades con urgencia tomen medidas adecuadas para controlar esta situación.

No podemos dejar que esta situación continúe. La Policía Nacional debe coordinar con las autoridades de cada región un plan de acción rápido y eficaz que pueda controlar estos casos y que vuelva la tranquilidad que la ciudadanía espera.

Si bien es cierto que en estos casos son muchos los ciudadanos venezolanos que se han visto involucrados y que la desesperación y desempleo que ellos viven pueden llevarlos a esto, este tema no es nuevo en nuestro país y no podemos simplemente escudarnos bajo ese argumento y esa excusa que hace que las autoridades no reaccionen como deberían hacerlo.

No solo se requiere acción policial sino también políticas de Estado que controlen la situación de los inmigrantes venezolanos.

A propósito de Venezuela, ha sido muy importante la declaración del Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, después de la divulgación en distintos medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, del apunte en su libreta de trabajo del asesor de seguridad de los Estados Unidos el señor John Bolton de enviar 5.000 soldados americanos a territorio colombiano en el sentido que Colombia no ha pactado ninguna intervención militar en Venezuela y que sólo continuará su tarea desde el punto de vista diplomático para restablecer la democracia en el vecino país y lograr que los venezolanos que se han ido y de los cuales han ya más de un millón en Colombia puedan lograr regresar a su país, porque Colombia no puede permitir que se nos coloque como una base militar, pues entraríamos en un alto riesgo de ser el centro de ataque.

Finalmente, no podemos dejar pasar sin mirar y repudiar el ya muy elevado número de dirigentes sociales y defensores de derechos humanos que han sido asesinados en diferentes regiones de nuestro país. Porque lo que se observa es que hay una verdadera estrategia de muerte contra estos dirigentes que el Estado tiene que parar y descubrir quiénes son sus responsables. En Colombia son tan dinámicas las noticias que una tapa la otra y no podemos dejar que eso suceda.

Estamos hoy en día lamentando lo sucedido con el ataque del Eln a la escuela de formación de la Policía Nacional donde ya van más de 22 los muertos como producto de ese atentado atroz, pero también van cerca de 400 muertos de dirigentes sociales que no podemos olvidar. Y qué decir de la acción también con maquinarias de muerte que han venido presentando los grupos y bandas del narcotráfico. O actuamos con rapidez e inteligencia en acciones que permitan contener la inseguridad, o la intranquilidad generalizada va a colmar las esperanzas de un mejor futuro.

Bogotá, D. C, 30 de enero de 2019.

*Excomisionado de Paz

Por José G Hernández.- Nicolás Maduro abusó del poder, vulneró derechos humanos, transgredió la Constitución, cayó en la ilegitimidad desde hace mucho tiempo, creó una asamblea constituyente por mecanismos inconstitucionales; se hizo reelegir en un remedo de proceso electoral -con las autoridades electorales parcializadas a su favor-, y ha venido siendo sostenido por medio de las armas y el poder militar.

Eso está muy claro. Como lo está que el manejo de la economía venezolana ha sido pésimo;  que el nivel de inflación es inverosímil; que  el pueblo padece hambre y enfermedades no atendidas; que los venezolanos -como lo hemos visto en Colombia- están saliendo de su territorio completamente desesperados, en busca de oportunidades para llevar una vida digna.

Además, las libertades de expresión, de información, política, de empresa y de trabajo han sido conculcadas. La censura es evidente y la conducción de las relaciones internacionales no arroja sino enfrentamientos estériles que llevan a mayores sacrificios para los gobernados por causa de sanciones económicas adoptadas contra el país.

Ahora bien. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó se ha proclamado presidente de la República encargado, y se lo ha reconocido como tal  por el Grupo de Lima, la mayoría de los países americanos y  la OEA, a la vez que la Unión Europea  da un plazo a Maduro para que convoque a elecciones.

Guaidó invoca el artículo 233 de la Constitución, en cuyo texto -si nos salimos de lo político y vamos a lo jurídico-  no encaja la situación concreta, ya que, al tenor de la norma, la asunción al poder transitorio por parte del presidente de la Asamblea sólo tiene lugar  “cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión”,  lo que no ha ocurrido porque la elección de Maduro, con todo y lo irregular -ya subrayado-, no ha sido declarada nula por la administración de justicia, y no se ha configurado ninguna de las causales de falta absoluta -la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica, el abandono del cargo, o la revocatoria popular del mandato-. Sólo en uno de tales casos “se procederá a una nueva elección universal, directa y secreto dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional”.  

Así que, en estricto sentido constitucional, no es muy católica la forma en que se asume el encargo. Es una solución netamente política, no jurídica, dado el carácter insostenible de la situación.

Lo que preocupa hacia el futuro es el antecedente. La intervención de otros países en decisiones internas. La práctica abolición del principio internacional de autodeterminación de los pueblos y el precedente según el cual una interpretación -aun deleznable- de las reglas sirve para desalojar , o -digámoslo con claridad- para tumbar un gobierno.

El poder embriaga y, junto con la ambición, a veces crea circunstancias inconcebibles. Las soluciones políticas –ante ellas- no siempre coinciden con las normas. Esta fue una hipótesis singular, muy difícil, pero ojalá no se repita.

Bootá, D. C, 30 de enero de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional

Jairo Gómez*.- Estados Unidos, desde tiempos inmemoriales, siempre ha echado mano de la invasión militar para “solucionar” los desmanes que en América Latina, según Washington, se cometan contra la democracia. La última vez fue hace 30 años -1989- para sacar a su aliado, el general Manuel Antonio Noriega, del poder en Panamá.

Hoy contempla de nuevo esa alternativa para Venezuela; a una pregunta de un periodista sobre si buscaría una solución militar a la crisis del vecino país, el presidente Trump, con la arrogancia natural que le brota de sus labios, dijo que “esa es una de las posibilidades que están sobre la mesa”. Y parece que la cosa va en serio, pero más grave aún; al parecer, Estados Unidos contaría con el territorio colombiano para hacerlo; nuestro país convertido en una especie de portaviones. Las alarmas se prendieron cuando, no se sabe aún si fue por descuido o deliberadamente, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, mostró un texto que decía: “5.000 tropas a Colombia”.

No hay que tener cinco dedos de frente para entender que este halcón consentido del Tea Party, está hablando de cinco mil mariners estadounidenses en tierras colombianas, es decir, cinco mil hombres armados hasta los dientes y con la tecnología de punta a cuestas. ¿Qué se propone este adalid de la guerra? ¿Son para usarlos contra Venezuela y el régimen chavista?, es decir, ¿para derrocar a Maduro? No me atrevo a afirmarlo, pero todo parecería indicar que sí.

Como están las cosas, sin duda esto suena a una estrategia sistemática y pensada desde Washington para ponerle la estocada final al régimen de Maduro, si este busca atornillarse en el poder.

¿Sabe de estos propósitos el presidente Duque? ¿Washington le consultó a Bogotá sobre la estrategia militar? Creo que el joven mandatario nos debe explicar esta preocupante noticia que nos pone en la mira de Caracas.

Si el gobierno del presidente Duque está dispuesto a propiciar un pacto de esa naturaleza nos está poniendo a los colombianos y colombianas en un riesgo infinito, de incalculables proporciones: se saben cómo comienzan las guerras, pero no cuándo terminan, con la subsiguiente consecuencia de destrucción y muerte de inocentes ciudadanos en ambos países. Esto no es Macondo, es una posibilidad real.

El presidente Duque debe estar en la tarea de propiciar un escenario de diálogo antes de aventurarse a respaldar una acción que pone a los colombianos en la mira de los cañones.  Colombia tiene más de dos mil kilómetros de frontera con Venezuela y nuestros vínculos culturales y ancestrales son indivisibles; por ello el mandatario debe abogar por que la salida a la crisis venezolana sea pacífica y no propugnar por una solución militar. Sería un desastre. Lo dijo el papa Francisco este domingo en Panamá, a donde asistió el propio Duque a escuchar las oraciones del sumo pontífice por cada uno de los cadetes muertos en el horrendo atentado de la guerrilla.

Ahora, en el evento de aceptar la propuesta, el presidente Duque tendría que acudir al Senado de la República a pedir la autorización de presencia de tropas extranjeras en nuestro territorio, instancia que seguramente no propiciaría semejante locura; o ¿será que, para evitar el Congreso, se escudarían en la lucha contra el narcotráfico para meternos ejércitos foráneos como lo hicieron con las siete bases militares que Estados Unidos tiene a lo largo y ancho del país?

Por supuesto, la militar no es la salida a la crisis venezolana. Pretender desde Washington apelar a los misiles es garantizar una confrontación a gran escala y la masacre sería imperdonable cuando la diplomacia, la vía del diálogo y la negociación, la pueden evitar.

Es importante que el presidente Duque nos diga a los colombianos qué tan posible es la idea del señor Bolton y si es factible que ello ocurra. Si es así, que nos cojan confesados.

Bogotá, D. C, 29 de enero de 2019

*Periodista y Analista Político.

@jairotevi

Por Guillermo García Realpe*.-El pasado 17 de enero a muy tempranas horas de la mañana el país fue sacudido por un acto terrorista sucedido en Bogotá, en la Escuela de Cadetes General Santander, ubicada al sur de la capital. 

El saldo trágico, 20 muertos y más de 60 heridos, todos jóvenes estudiantes que se preparaban para servir a la Patria desde la Policía Nacional cayeron vilmente a manos del terrorismo, y cuyos autores intelectuales se desconocían hasta ese momento. Horas más tarde, se conoció de primera mano información del autor material quien falleció de forma inmediata junto a las demás víctimas. 

Se tejían diferentes hipótesis acerca de los autores de tan execrable hecho, las autoridades redoblaban sus esfuerzos, el Gobierno  Nacional hacía lo propio, mientras crecía la indignación nacional. 

Con el pasar de las horas, surgieron vídeos, el autor material fue identificado plenamente según la Fiscalía General de la Nación y con base a inteligencia se afirmó que José Aldemar Rojas, pertenecía a estructuras del ELN, y que era un reconocido explosivista de esa organización. 

Días después ese grupo guerrillero, a través de un comunicado, reconoció la autoría de tan lamentable hecho que enluto al país y que le dio la vuelta al mundo. De inmediato, la reacción del Gobierno no se hizo esperar, el resultado;  el rompimiento de la mesa de diálogo de La Habana con el ELN, el levantamiento de la suspensión de las ordenes de captura contra los principales jefes de esa guerrilla y el llamado a Cuba para que entregue a los cabecillas, saltándose de esa manera los protocolos de lo pactado entre las partes. 

Esta decisión, sin duda, tensionó las relaciones diplomáticas entre Colombia y Cuba, pues se está desconociendo un acuerdo donde hay de por medio países garantes del proceso, que como Noruega, Chile, Brasil y el mismo Cuba, ofrecieron sus buenos oficios para neutralizar, a través del diálogo a la que es hoy la principal guerrilla, luego de la desmovilización y entrega de armas por parte de las FARC. 

Que quede claro, los protocolos acordados son de obligatorio cumplimiento porque fue una decisión de Estado y no de gobierno, faltar a esto, traería serias implicaciones, primero, la desconfianza que el hecho genera en la comunidad internacional y principalmente a los países garantes que en eventuales nuevos procesos ya muy difícilmente creerían en Colombia, segundo, la desconfianza que también se crea a la organización guerrillera, pues no se generaría sinergia entre las partes a futuro. 

No justificamos desde ningún punto de vista el acto terrorista que cobró la vida de veinte inocentes muchachos, tampoco la generación de muerte y más violencia, eso se tiene que acabar en Colombia de una vez por todas. Nuestro país merece alcanzar una Paz plena y duradera, donde la reconciliación nacional sea una prioridad y donde las nuevas guerras se libren contra la pobreza y la corrupción, factores que no dejan progresar a Colombia hacia la justicia social. 

Lo que hizo el ELN, fue un acto vil y cobarde que no tiene consideración alguna, el terrorismo debe ser erradicado de la faz de la tierra, ningún país del mundo merece ser víctima de tan cruel método de guerra, que no sólo atenta contra el Derecho Internacional Humanitario, sino también es un delito de lesa humanidad. 

Ahora, la decisión del Gobierno colombiano de hacer trizas la Paz con el ELN, conllevaría a nuevas situaciones de violencia y de guerra, no sólo en las regiones, sino en las ciudades colombianas y eso sería gravísimo. Volvería la inseguridad a las calles y veredas, la gente se sentirá intranquila y con la misma zozobra de años atrás. 

Como hombre de Paz y como colombiano de la gran provincia, donde más se vive la guerra, creó que terminar los diálogos con el ELN es una salida errada, a pesar del difícil momento, del sufrimiento de las familias de las víctimas, se debe insistir en la vía negociada a través del diálogo, sólo así evitaremos más derramamiento de sangre, sólo así evitaremos que más colombianos sigan muriendo. 

La Comisión de Paz del Congreso, célula de la cual hago parte, ha explorado diversos caminos para buscar soluciones que permitan frenar la guerra en el país. Recientemente nos reunimos para abordar el difícil momento con el ELN y algunas de las conclusiones a las que se llegó fueron por ejemplo, solicitarle al Presidente de la República una reunión con ambas comisiones (Senado y Cámara), con el fin de conocer su visión sobre la construcción de Paz en el país y hacer recomendaciones al respecto. 

Citar al Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos y al Consejero para la Estabilización, Emilio José Archila, a una sesión de las Comisiones de Paz conjuntas para abordar la estrategia del Gobierno frente al ELN. 

También se acordó, la exigencia al ELN para que libere lo antes posible a los tres ciudadanos tripulantes del helicóptero que fueron secuestrados el pasado 11 de enero en el Catatumbo. 

Así mismo, articular la conformación de una Mesa Humanitaria junto  a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para articular políticas de protección de los Derechos Humanos de la población civil y especialmente a los líderes sociales que sufre las consecuencias de la confrontación entre el Estado y el ELN. 

De igual forma haremos seguimiento a la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, en particular en lo relacionado con la política de Paz. 

Bogotá, D. C, 28 de enero de 2019

*Senador Liberal

@GGarciaRealpe

#SíALaPaz #NoAlTerrorismo

Por Horacio Serpa Uribe*.- Como el Partido Liberal no suena ni truena, algunos piensan que se volvió un grupo marginal, apropiado para acomodarse en  las listas o servir de comodín  a otros Partidos para que lleguen al gobierno. Me refiero a las elecciones regionales de Octubre. Hacen falta 9 meses, se escuchan propósitos y candidaturas para gobernaciones y alcaldías, concejos y asambleas, de diferentes banderías y  por firmas, y al Partido Liberal solo se le menciona para hacer coaliciones o llenar vacíos en las listas. Eso da una impresión de desinterés enorme, de entregarse sin competir ni luchar, lo que se llama no tener vocación de poder.

Una demostración de que falta ese ánimo de participación y de lucha, es que no se conocen lineamientos políticos ni se hace proselitismo de la ideología roja, lo que es imperativo en una época de elecciones. Tampoco se recuerda la valiosa historia del Liberalismo y sus logros sociales, económicos y políticos mediante luchas que llegaron hasta el sacrificio personal. A estas alturas, en medio de la mediocre confrontación electoral que se ha vuelto el ejercicio de la política, pocos saben en qué consiste el liberalismo y cuál es el significado de pertenecer al Partido de la bandera roja.

No hay motivación, la juventud solo recibe la noticia de que el Partido Liberal es una organización decrépita, sin rumbo, en la que algunos de sus miembros han cometido corrupción y sectores dirigentes han olvidado que liberalismo es paz, libertad, equidad social, solidaridad con los necesitados, entrega al pueblo buscando su bienestar, y lucha por el poder político.

Si no se llega al poder político no hay forma de cumplirle a la ideología y al pueblo. Por eso es imprescindible llegar a la Presidencia de la República, a las Gobernaciones y Alcaldías. Por eso hay que estar en el Congreso, en las Asambleas y Concejos, en las Juntas Administradoras Locales, en la Acción Comunal. Pero para eso hay que llegar a la gente, escucharla, debatir cuando sea necesario, explicar las diferencias con los otros, tener propuestas, difundir las ideas, denunciar a los corruptos, visitar los barrios, estar en las calles y en la veredas, regresar a la Universidad, a las fábricas, a los sindicatos, utilizar con inteligencia y pulcritud las redes sociales, volver a la camisa roja y a cantar el emocionante himno del Partido Liberal.

No hay tal de que ya no sirven las reuniones y es anticuado llenar las plazas y agitar las banderas rojas. El Partido debe modernizarse y tener estrategias de imagen y comunicación, pero si no le toca el hombre al obrero, si no le da la mano a la mujer, si no es capaz de abrazar a los jóvenes, está perdido. Aún hay tiempo. Hay que   tener lineamientos políticos, programas, buenos y pulcros candidatos, pero especialmente hay que tener emoción y compromiso. La política no es una batalla de flores; la política es una lucha tenaz por el poder.

Bogotá, D. C, 28 de enero de 2019

*Abogado. Excongresista, Exministro del Interior, Excandidato Presidencial, Exdiplomático, Exgobernador de Santander.

Por Amylkar Acosta*.-  La Sierra Nevada de Santa Marta es el único macizo en el mundo, con picos tan elevados como los de Cristobal Colón y Bolivar, a más de 5.775 metros de altitud y con nieves “perpetuas”, en el litoral, a escasos 42 kilómetros del Mar Caribe. La Sierra Nevada de Santa Marta como tal tiene una extensión de 12.000 kilómetros cuadrados (1´223.230 hectáreas), tomando como referencia los 200 metros sobre el nivel del mar. Allí está asentadas desde tiempos inmemoriales las comunidades indígenas de las étnias Koguis, Wiwas, Kankuanos y Arhuacos cuya población ronda los 100.000 habitantes.

Según datos del IDEAM para 1850 el glacial en la Sierra Nevada se extendía a lo largo de 82.6 kilómetros cuadrados y desde entonces ha venido retrocediendo a consecuencia de la depredación y la deforestación, al punto que hoy sólo cuenta con el 20% de la selva híumeda y el bosque seco, reduciéndose a sólo 6.5 kilómetros cuadrados, el 7.8% de aquella cifra. Allí tienen nacimiento 35 rios (entre ellos el Guatapurí, el Aracataca y Palomino), de los cuales se sirven para abastecer de agua potable a 1.5 millones de habitantes de los tres departamentos que la circundan, el Cesar, el Magdalena y La guajira. Y no es para menos, ya que en ese banco de agua, que contaba además de un complejo lagunar compuesto por 380 lagunas, se producían en sus mejores tiempos 10 millones de metros cúbicos al año.

La Sierra Nevada de Santa Marta ha sido considerada como una de las maravillas del mundo, lo cual le valió hace 40 años, en 1979, que la UNESCO la declarara Reserva del Hombre y la Biosfera, de la cual se derivan tres funciones complementarias, la conservación, el desarrollo y el apoyo logístico, las cuales en este caso han resultado nugatorias. La degradación de este ecosistema tiene una causalidad circular, pues la tala y la deforestación traen consigo la pérdida de la vegetación que secuestra CO2 y libera oxígeno, al tiempo que la descomposición de la materia orgánica y las quemas que siguen a la tala emiten a la atmósfera GEI. Y estos, a su vez, contribuyen al calentamiento global.

El Presidente Santos en víspera de hacer dejación del cargo expidió el Decreto 1.500 del 6 de agosto de 2018, “por el cual se redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuano de la Sierra Nevada de Santa Marta, expresado en el sistema de espacios sagrados de la Línea Negra, como ámbito tradicional de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental”. Se trata de un ajuste a la llamada Línea Negra, trazada a la altura de los mil metros sobre el nivel del mar, pasando de 50 a 381 los sitios sagrados y/o ceremoniales identificados y delimitados, los cuales deberán ser objeto de especial protección. Esta es tanto más necesario en cuanto que la Sierra Nevada de Santa Marta se está viendo amenazada no sólo por los depredadores de su biodiversidad sino por la violencia contra quienes se les interponen en su camino, como acaba de ocurrir recientemente con el contratista del Parque Natural de la Sierra Nevada Wilton Fauder Orrego, que pagó con su vida su osada tarea de defenderlo de quienes atentan contra él impunemente.

Bien ha dicho el Mamo Danilo Villafañe, que “la tierra está enferma. La naturaleza tiene sus reglas, pero los hermanos menores no las siguen. Yo creo que estamos ante un punto de no retorno. Si las personas no cambian esto no se va a detener”. Esta es una verdad de apuño que demanda un compromiso mayor en defensa de lo que queda de este macizo. 

Riohacha, enero 26 de 2019

*Expresidente del Conreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Mientras las noticias políticas copan los titulares periodísticos y la atención de la opinión pública en Colombia, en el mundo económico se acumulan señales de tormenta que no deben ser ignoradas, aunque sean menos impactantes que el terrorismo del ELN, la rebelión contra Maduro, las nuevas revelaciones sobre los sobornos de Odebrecht o las primeras medidas del ultraderechista Bolsonaro.

El Foro Económico Mundial de Davos, reunido la semana pasada, fue la ocasión para que se plantearan las preocupaciones de las entidades internacionales, gobernantes y empresarios sobre el futuro de la economía. En contraste con el optimismo de años anteriores, ahora el consenso de la elite apunta a que se está frenando el crecimiento mundial. Según los pronósticos del Fondo Monetario Internacional se espera un crecimiento global de 3,5% para el 2019, que no solo es inferior al del 2018 (3,7%), sino que significa un recorte de 0,2% frente a las proyecciones hechas hace tan solo tres meses.

Las encuestas de opinión a empresarios y consumidores muestran una mayoría que coincide con las expectativas de desaceleración. Por supuesto, este promedio global esconde significativas diferencias entre las regiones. Así, mientras se espera que China e India crezcan por encima del 6%, Europa solo lo hará a una tasa del 1,6%, Japón al 1,1% y en Estados Unidos es donde se sentirá más fuerte la desaceleración bajando de cerca del 3% el año pasado a solo 1,8% en el 2020.

La rebaja de impuestos de Trump fue solo flor de un día. Por el contrario en América Latina se espera que el crecimiento repunte en los próximos dos años, de 1,1% en 2018 a 2,0% en 2019 y 2,5% en 2020, aunque esta recuperación es más lenta que la que se esperaba hace tres meses. Tres de las principales causas de la desaceleración tienen un fuerte componente político. La guerra comercial entre EE.UU. y China, el Brexit y las tensiones sociales por la globalización, representadas en los chalecos amarillos de Francia.

Las tensiones comerciales generadas por las políticas de Trump son tal vez, el nubarrón más importante que se cierne sobre la economía mundial, sobre todo por el carácter impredecible del “maestro de las negociaciones” que acaba de sufrir una vergonzosa derrota en su obsesión por construir el muro en la frontera con México.

Cali, 27 de enero de 2019

*Filósofo, Economista y Consultor   

Por José Félix Lafaurie*.- Algo grave pasó en Colombia cuando Santos decidió que el país no enfrentaba una amenaza narcoterrorista sino un “conflicto interno”, es decir, un legítimo levantamiento armado contra el Gobierno. Por eso no se negoció solamente la entrega y la reinserción”, sino que esos “rebeldes legitimados” mutaron en altos negociadores para modificar el Estado de Derecho en todo aquello que, según ellos, justificaba su “insurgencia”.

De igual a igual enfrentaron las Farc al Estado, sin abandonar la violencia extorsiva ni sus actividades mafiosas. Y de igual a igual pretendía el ELN someter al gobierno Duque, como lo hizo con el de Santos, para pretender absurdas concesiones, pues no entiendo qué se podría negociar con los elenos, más allá de los excesos otorgados a las Farc a cambio de un Nobel.

Cuando el Estado legitima la violencia terrorista, un miserable atentado se convierte en válida defensa a la “ofensiva de las fuerzas armadas”; cuando el presidente Duque les exige el cese del secuestro y de todos sus crímenes, Beltrán responde con cinismo que “el Gobierno condiciona los diálogos a que el ELN cese sus “acciones militares”. ¿Entonces el asesinato de 20 jóvenes fue una “acción militar”? ¿El ELN es otra alta parte negociadora, que firma protocolos secretos obligando en todo a su contraparte –otro gobierno–, y sin obligarse a nada? ¿Acaso tenemos que llorar a 20 colombianos, mientras nos vendamos los ojos y dejamos a sus asesinos esconderse para evadir la justicia y seguir ejecutando “acciones militares?

Siento dolor de patria al escuchar a quienes defienden el cumplimiento del protocolo, por una malentendida dignidad nacional; los mismos que desconocieron la voluntad popular del gran protocolo del plebiscito; que no era un asunto de honor, sino un mandato del pueblo. Mientras el país recibe el respaldo de la ONU, la OEA, el BID, de muchos gobiernos, y sobre todo, mientras el pueblo en las calles condena el terrorismo y apoya a su gobernante, los partidos de la extinta unidad y el excomisionado Pearl, esgrimen el peregrino argumento de que, de no respetarse el protocolo, en un futuro será difícil que un grupo armado confíe en el Gobierno en una eventual mesa de negociación.

¿Cuál futuro?, ¿acaso vamos a negociar por siempre con bandidos? ¿Dónde quedan nuestras instituciones permanentes, la justicia, el Estado de Derecho? Ya se negoció con las Farc; ya el ELN perdió la oportunidad de acogerse a una negociación. ¿Con quién más negociar?, ¿acaso con las disidencias, con las mafias o con el que más dispare y explote?

Hoy se impone rodear al Presidente, que no se puede obligar a un protocolo que ni firmó ni conocía, hoy manchado con la sangre de jóvenes colombianos. No más asesinos “legitimados”. La línea que Duque le trazó al ELN no podía ser más clara, y el ELN, igualado y arrogante, no quiso cruzarla.

Bogotá, D. C, 27 de enero de 2019.

*Presidente de Fedegan