Opinión
Por Gabriel Ortiz*.- Este 2019 empezó más revuelto de lo que se esperaba. Hay conflictos por todas partes y en nuestras barbas. La vecindad se debate entre la libertad, la democracia y la adversidad. Nosotros soportamos las garras del terrorismo. En este panorama hace presencia una intervención internacional, que nadie puede prever donde terminará y qué consecuencias traerá para Colombia, que de la noche a la mañana se convierte en escenario de lo que puede llegar ser el ojo del huracán, del conflicto de la época.
Millones de personas salen diariamente de una Venezuela resquebrajada y diezmada. Nadie imaginó que a esos límites podría llegar la patria de Bolívar, por una contienda entre irreflexivos poderes que al final colocaron a Chávez y a Maduro al frente de la mayor riqueza petrolera del mundo.
De Venezuela empezaron a salir sus más valiosos exponentes acosados por un gobierno populista y una clase dirigente que solo actuó cuando ya el mal había carcomido los huesos de una sociedad. Desde entonces nació la mayor migración en nuestro continente. En el vecino país quedaron los privilegiados de un gobierno que quiso inventar un socialismo excluyente y sin rumbo fijo, azotado por un mercado negro que llevó a la mayor inflación que recuerde la historia.
Ese régimen quiso imitar las CDR cubanas con unas milicias, que debían controlar a una población hambrienta y desesperada. Esas milicias están armadas hasta los dientes y listas para sostener los pedazos de gobierno que le quedan a Maduro.
El dictador sabe que estamos en un mundo ávido de conflictos. Estados Unidos se apresuró a reconocer a un segundo presidente, hecho que de inmediato respondieron Rusia y China, que aprovecharon esa oportunidad para un respiro en el Oriente.
El éxodo está ahora más en las calles de Caracas y demás ciudades y poblaciones que ven y sienten las consecuencias de un régimen tan oprobioso y despiadado.
Hoy dos presidentes: Maduro el renegado y José Guaidó buscan afanosamente las riendas del poder, cosa no parece tan fácil, en un país gobernado con demencia y al que respaldan unas fuerzas militares acariciadas con unos pocos bolívares que aún quedan.
Entre tanto los refugiados venezolanos deambulan por el mundo. Familias enteras soportan ahora a una naciente y bárbara xenofobia, producto de ese “miedo que nos vuelve locos”, del que habla el Papa Francisco en la Conferencia Mundial de Juventudes que se reúne en Panamá. El foro de Davos, también se ocupa en su cita anual de la crisis migratoria.
Solo nos queda la esperanza de que la crisis venezolana no profundice más, que los países espectadores no le apliquen más carbón, que se recuperen el orden, la democracia y la libertad, para que dejemos de ser escenario de un conflicto internacional y que el “miedo no nos vuelva locos”.
BLANCO: La nueva estrategia del vice Juan Pablo Franky y la Presidenta de Pro-Colombia Flavia Santoro para atraer más turismo.
NEGRO: Los protocolos son para cumplirlos.
Bogotá, D. C, 25 de enero de 2019
*Ex Director del Noticiero Nacional y de Notisuper
Por Ariel Ávila* .- Hace algunos días el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, y el alto comisionado para la paz, o para la legalidad, como le dicen ahora, Miguel Ceballos, hicieron una rueda de prensa. En ella, literalmente, hacen un papelón terrible, una vergüenza para la diplomacia colombiana. Manifiestan que desconocen los protocolos que se firmaron entre el Estado colombiano y el ELN. Como se sabe, el objetivo de estos protocolos era plasmar, lo más claro posible, las reglas de juego de la negociación, entre otras cosas, estos protocolos contemplaban los pasos que debían seguirse en caso de un rompimiento de las negociaciones.
El argumento del gobierno de Iván Duque es que estos protocolos los firmó otro gobierno —el de Santos—, por ende, no tendrían validez. Además, ya que el gobierno Duque no asistió a la mesa, ni una sola vez, aún es más claro que estos protocolos no tienen validez alguna. Basados en eso, piden que los mismos no se apliquen y que Cuba debería entregar los miembros del ELN al Estado colombiano. En la misma rueda de prensa se dijo que el Consejo de Seguridad de la ONU respaldaba al gobierno colombiano, por consiguiente, se debían desconocer los protocolos y Cuba debería entregar a los miembros del ELN. Sobre este tema se deben mencionar cinco cosas:
El Consejo de Seguridad de la ONU efectivamente emitió un comunicado. Donde condenaba el ataque terrorista del pasado jueves en Colombia. Se lee, a mitad del comunicado, que es importante que los responsables sean llevados a la justicia y que se condena cualquier acto de terrorismo. En ningún lado se habla de los protocolos y tampoco se insta a Cuba a entregar los miembros del ELN. Es decir, el señor Miguel Ceballos manipuló o tergiversó la nota de prensa del Consejo de Seguridad. De hecho, este tipo de notas de prensa es un comunicado estándar, el cual siempre se emite ante cualquier ataque terrorista en el mundo.
A nivel internacional el que firma es el Estado colombiano, no importa si el presidente era Pastrana, Gaviria, Uribe o Santos. Ante la comunidad internacional la firma de cualquier pacto, convenio, tratado es entendido como firma de Estado. El cambio de gobierno no afecta los compromisos de Estado. El argumento de Holmes Trujillo y Ceballos es tan absurdo que se podría decir que los tratados de derechos humanos sobre la libertad de prensa o el sistema interamericano o incluso el de la CPI, deberían ser ratificados cada cambio de gobierno, e incluso que es discrecional de cada gobierno decidir cuáles reconoce y cuáles no. Es totalmente absurdo.
Se debe aclarar que el Estado colombiano le pidió al Estado cubano que acogiera las negociaciones de paz, tanto la de las Farc como las del ELN. Colombia fue la que solicitó, Cuba no se metió a la fuerza o se impuso. Fue decisión de Colombia solicitar ese apoyo. Además, los protocolos involucran otros Estados y no solo a los cubanos. Cuba es un país amigo de Colombia y esta decisión del gobierno Duque pone en serio riesgo a la isla, pues los podrían incluir en la lista de países que ayudan al terrorismo, lo cual significan sanciones económicas y políticas delicadas.
Desconocer los protocolos sienta un precedente complicado: a nivel internacional quedaría la imagen de que Colombia tiende a desconocer lo que pacta. Además, es un muy mal precedente para futuras negociaciones ya que siempre habrá la duda sobre si se cumple o no lo pactado.
Los protocolos establecen los pasos a seguir en caso de ruptura de las negociaciones, pero no establecen diferentes protocolos dependiendo de la causa de la ruptura. Si bien el acto terrorista del ELN es reprochable, es una salvajada y debe ser rechazado con vehemencia, esto no significa que Colombia debe incumplir acuerdos que firmaron con otros Estados y con una contraparte con la que negociaba. Eso es el Estado de derecho, es decir, a pesar de las dificultades siempre se actúa en derecho y no se puede actuar como bandidos o incumpliendo las reglas.
De hecho, Carlos Holmes Trujillo sabe que eso que piden va en contravía de un Estado de derecho, pues ayer, miércoles, en la reunión del Consejo de Seguridad no habló ni de los protocolos, ni de Cuba. Se entiende la rabia de los colombianos luego del ataque terrorista, pero eso no nos puede llevar a cometer errores que ni un estudiante de primer semestre de Relaciones Internacionales cometería.
Bogotá, D. C, 24 de enero de 2019
*Politólogo.
Por Clara López Obregón*.- El rechazo contundente al acto terrorista del ELN contra los cadetes de la Escuela General Santander expresado por sectores de todo el espectro político, desde la izquierda, pasando por el centro hasta la derecha, es muestra fehaciente de una voluntad general de condenar y superar la violencia como herramienta de infundir miedo y de hacer política. Los llamados a la unidad nacional a partir de esta premisa son lógicos y bienvenidos. No obstante, para lograr este objetivo superior, que ha eludido a los colombianos prácticamente desde la Independencia, no se pueden pasar por alto los contenidos de esa unidad, que algunos comentaristas ya toman por sentada como si el rechazo al terrorismo y a la violencia y la sentida solidaridad con nuestra Policía significaran un cheque en blanco al presidente Duque.
Rápidamente, se ha demostrado que tal unanimidad no existe. Son varias las discrepancias que se han hecho patentes con las declaraciones del presidente, ampliadas por el canciller Trujillo y el alto comisionado para la paz Ceballos. Los dos puntos de controversia centrales son: (i) la decisión de solicitarle al Gobierno de Cuba que incumpla los protocolos en caso de rompimiento de la mesa de diálogo y proceda a capturar y entregar a la Policía colombiana a los diez negociadores del ELN y (ii) la aseveración de que la política de paz no es una política de Estado sino de Gobierno, con las incidencias que ello tiene sobre la implementación de los acuerdos de paz con la Farc, hoy partido político legal.
Respecto de los protocolos, lo primero que debe señalarse es que la política de seguridad no debe afianzarse en el incumplimiento de la palabra empeñada del Estado. Si así se comienza, nadie sabe a dónde se irá a parar en materia de seguridad jurídica y de respeto por la legalidad. La primera consecuencia es la de poner en cuestión la credibilidad del Estado colombiano ante la comunidad internacional, con los efectos adversos que ello tendrá para futuras negociaciones de paz, las cuales hoy no se ven en el horizonte, pero tampoco se vislumbraban recién ocurrida la toma del Palacio de Justicia. ¿Qué país del mundo se prestaría como garante o anfitrión cuando se den las condiciones para una nueva negociación?
Surge también el interrogante de hasta dónde quiere llegar el gobierno Duque. ¿Quiere quemar las naves con Cuba que ha jugado un papel tan importante en el éxito del acuerdo de paz con las Farc? ¿Quiere sentar las bases para el rompimiento de relaciones diplomáticas con la Isla y también con Venezuela, para generar un involucramiento regional en el retorno a la política antisubversiva en una región que viene cambiando de signo político? ¿Será conveniente para el país la internacionalización de los reductos del conflicto armado colombiano?
El segundo punto de discrepancia es sobre el carácter de la política de paz. El alto comisionado sostiene que se trata de una política de gobierno y no de Estado. La distinción entre una y otra está en el corazón del llamado a la unidad nacional. Las políticas de Estado trascienden de un gobierno a otro, incluso de distinta ideología, porque constituyen un acuerdo o consenso mayoritario de país. Ahí está el meollo del asunto.
En el diseño la política de paz interviene la libre disposición de cada gobierno, pero dentro del marco de la Constitución que establece, hoy por hoy, el único acuerdo expreso de política de Estado. Ella dispone en su artículo 22 que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento,” entre muchas otras disposiciones que dan garantías de no repetición, estatuyen la justicia transicional y plantean la vigencia de los derechos humanos, entre otros elementos de la política de paz del Estado colombiano.
Es ese el marco de la paz como política constitucional del Estado, más no de Gobierno, que hace obligatorios y vinculantes los instrumentos que el Estado utiliza para facilitar, negociar y concretar acuerdos y, desde luego, los acuerdos finales suscritos o que se suscriban. Pretender que se pueden derogar o desconocer unilateralmente no solamente es inconstitucional, sino inconveniente y una negación de la buena fe y la legalidad exigible en todas las actuaciones oficiales.
Bogotá, D. C, 24 de enero de 2019
*Precandidata a la Presidencia y Excandidata a la Vicepresidencia de Colombia. Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo.
Por José G Hernández*.- La cúpula del Eln ha reconocido que esa organización subversiva fue la responsable del horrendo crimen perpetrado el jueves 17 de enero en las instalaciones de la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander en Bogotá. El acto terrorista, que no de guerra, arrojó el conocido y doloroso saldo de veinte jóvenes asesinados y más de sesenta heridos.
¿Quiénes fueron las víctimas? ¿Acaso curtidos y bien apertrechados soldados a los cuales se enfrentaba en franco combate alguna columna de la organización guerrillera? No. El edificio atacado por sorpresa es una casa de estudios, no un cuartel militar. Y las víctimas, un grupo de jóvenes indefensos, desarmados y desprevenidos, que acudían a un acto académico -una ceremonia de grado-. Y el agresor, según la Fiscalía, era un guerrillero experto en el manejo de explosivos, que había preparado de tiempo atrás el acto criminal y que penetró abruptamente en la Escuela de Cadetes con el deliberado propósito de causar el mayor daño posible. Allí no hubo la más mínima posibilidad de defensa por parte de las víctimas, que -inermes y tomadas por sorpresa- fueron alcanzadas por la mortífera explosión del carro bomba cargado con al menos 80 kilos de pentolita.
El pueblo colombiano, en marchas llevadas a cabo en varias ciudades, se pronunció el domingo 20 de enero, sin convocatoria de origen partidista -espontáneamente-, y envió un mensaje contundente y claro: un rechazo general y terminante a toda forma de terrorismo, de crimen, de violencia, de vulneración de los Derechos Humanos, venga de donde viniere.
El Presidente de la República, Dr. Iván Duque -a quien todos debemos respaldar, así como a la Fuerza Pública, en la difícil situación que enfrenta el país- , ha resuelto poner fin a todo proceso de diálogo con el Eln -autor de éste y otros crímenes recientes- y levantar la suspensión de las órdenes de captura de los delegados de esa guerrilla en La Habana.
En primer lugar, el acto criminal del que se trata no puede verse como un evento propio de la guerra, porque va contra los Derechos Humanos y quebranta el Derecho Internacional Humanitario. No es sino un cobarde acto de terrorismo cometido a mansalva, con premeditación, respecto al cual no puede haber impunidad, ni cabe diálogo de paz, pues el Estado no se puede comprometer a dejar impune un crimen de semejantes dimensiones. Es, sin duda, un crimen de lesa humanidad.
En segundo lugar, el Gobierno del presidente Duque no podía hacer nada distinto de lo que hizo: levantar la mesa de diálogo que se reunía en La Habana, tras el retiro de la sede en Quito por decisión del nuevo gobierno ecuatoriano.
Obviamente, la plena terminación de los diálogos implica que la presencia en Cuba de los delegados guerrilleros ya no tiene razón de ser. Y contra ellos hay órdenes de captura.
Al Gobierno colombiano le asiste toda la razón y está amparado por el Derecho: no se puede dialogar con una organización terrorista que quiere dialogar cometiendo simultáneamente crímenes de lesa humanidad, presionando al Estado mediante actos terroristas, y que, por tanto, ha demostrado hasta la saciedad no tener ninguna voluntad de paz.
Bogotá, D. C, 23 de enero de 2019
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Jairo Gómez*.- Ni el episodio más repudiable como el ocurrido en la Escuela General Santander puede cerrarle la puerta a una salida política y negociada del conflicto armado. No podemos reeditar la viaje frase que afloraba una vez se rompían los diálogos y negociaciones con la guerrilla: “Nos volveremos a sentar a la mesa después de miles muertos”.
Siempre en cualquier negociación de paz, y en eso el caso colombiano es un vivo ejemplo, los disparates de la guerra buscaron aminorar el entendimiento y el diálogo, pero la sociedad se sobrepuso y presionó para que los grupos insurgentes retomaran el cauce de la negociación política. Nunca se trató de una imposición sino de la capacidad de resiliencia de los colombianos y colombianas la que afloró para bien.
Fueron muchos los intentos y fueron muchos los esfuerzos que con el correr del tiempo y sin renunciar a la salida negociada y política del conflicto armado en Colombia que se lograron varios acuerdos de paz. Es decir, hay un camino andado y unos frutos que mostrar. El más reciente, qué duda cabe, fue el acuerdo logrado con las Farc.
Vale recordar el episodio en Buenos Aires, Cauca, en pleno diálogo de paz en La Habana cuando las Farc masacraron a cerca de 16 soldados y, como respuesta, el gobierno bombardeó un campamento dando de baja a un comandante de esa guerrilla que había estado sentado en la mesa de Cuba. Ese dislate de la guerra puso en vilo el proceso, pero la diligente reacción internacional y el apoyo de la sociedad logró neutralizar las voces que desde la otra orilla arengaban en favor de romper las negociaciones. La cordura y el compromiso le cedieron el paso a la paz.
Por ello, la decisión del presidente Duque de anular cualquier posibilidad de diálogo y negociación de paz con el ELN es un error, es tomar el camino equivocado; ni siquiera su mentor, el expresidente Uribe, que le apostó el todo o nada a la guerra y al mismo tiempo negoció con el ELN, pudo derrotar la insurgencia; la debilitó pero no la venció. Cerca de diez mil millones de dólares fueron dilapidados, se dotó de la mejor tecnología de guerra para combatir la guerrilla e incluso se aumentó el número de hombres en el estamento militar y policial (más de quinientos mil uniformados están en las filas) y nada de ello logró vencer al enemigo. No puede el gobierno seguir subestimando a una guerrilla díscola con mucha capacidad de daño. Derribar un helicóptero, secuestrar a sus ocupantes y robarse un dinero es un hecho que dice mucho de los alcances de esta organización.
Se equivocó el ELN, claro que sí. Su dirigencia, un Comando Central (Coce) de estructura horizontal, está fuera de foco y revela la falta de liderazgo al interior de esa organización (alias Gabino, su comandante, enfermo en Cuba). Cada cual, hablo de sus frentes, va por su lado y las acciones no se toman por consenso, luego no es de extrañar que el acto vandálico contra la policía hubiera sido decisión de varios frentes que se hacen llamar “dirección nacional”, por lo menos así lo dice el comunicado.
Evidentemente, la lectura política que hacen del país es de una torpeza infinita; para ellos no existen los avances significativos en el año 2018 de las fuerzas alternativas en las urnas que revelan un cambio cualitativo en el terreno democrático y las pone en inmejorables condiciones para disputarle a la secular clase política, las instancias de poder. No es con bombazos con que los “elenos” cambiarán el devenir de las futuras generaciones, así traten de justificar su acción terrorista contra la policía.
Puede sonar políticamente incorrecto, pero insisto en que la única salida a este residuo de conflicto armado debe ser la negociada. No es conveniente volver a sentarnos a dialogar después de “otros miles muertos”.
Bogotá, D. C, 22 de enero de 2019
*Periodista y Analista Político.
@jairotevi
Por Luis Ugalde*.- El desierto reverdece y donde todo era aridez y tristeza brota la primavera. Es un hecho indudable que desde el 5 de enero el país vuelve a sonreír en medio de su enorme y creciente tragedia. Hay salida, hay fuerza de cambio, hay esperanza creativa y empieza a despuntar la imprescindible unión superior entre diversos.
Casi inesperadamente las miradas del país y del mundo democrático se centran en la legítima Asamblea Nacional con su Presidente Juan Guaidó y su Directiva unitariamente elegida. Guaidó simboliza el futuro democrático sin odios, con la mano abierta al abrazo e invitando a su apoyo y responsabilidad decisiva a quienes lo pueden y deben dar: el pueblo movilizado y repolitizado y la Fuerza Armada democrática. Tres palabras claves: Usurpador, Transición y Elecciones Libres.
Guaidó ha expresado con mucha claridad que para sacar al usurpador hay que poner a valer el sentimiento democrático de la inmensa mayoría de los venezolanos y ha invitado por activa y pasiva a la Fuerza Armada a cumplir su deber constitucional. La Asamblea propone una Ley de Amnistía para los civiles y militares que den su paso decidido para salir de este régimen colapsado y sin esperanza que ha entronizado la miseria. Los gobiernos democráticos del mundo han manifestado su apoyo a la AN en la tarea de reponer la constitución y restablecer la democracia.
Seguramente no se podrá realizar antes de fines de 2019 la elección presidencial libre y democrática (que fue negada en 2018) sin presos políticos, sin candidatos ni partidos inhabilitados, sin ANC dictatorial y supraconstitucional, con nuevo CNE y con todo el proceso electoral transparente. Pero la transición ya la siente cada uno de los venezolanos en su interior y en un mes su esperanza ha pasado de la noche al día. Ahora hay que cuidar que no se apague, sino que se convierta en fuerza eficaz para el cambio.
La política sin emoción no se mueve, pero ésta sin racionalidad se estrella. Los dirigentes deben sobresalir por su capacidad de mover emociones y orientarlas con serenidad, como Guaidó lo va haciendo: escuchar al pueblo y dirigirlo con esperanza creativa, sin caer en ilusiones frustrantes. La política transforma lo posible para convertir en realidad lo necesario.
23 de enero con tiempos distintos. El proceso electoral necesita nueve meses para hacer realidad una elección de Presidente en forma limpia y libre. En cambio es criminal cada día que se demora la creciente hiperinflación y el cierre a la ayuda humanitaria. Abrir puertos y aeropuertos para que entre la solidaridad internacional y unir los corazones de millones de venezolanos para activar un inmenso voluntariado sin barreras, que nos moviliza y une. Sería criminal que el usurpador impusiera más meses sus políticas económicosociales que hunden la producción nacional, cierran las empresas y matan de hambre y exilio a millones de venezolanos.
Venezuela no puede salir de esta inmensa tragedia sin cambiar cuanto antes de régimen y desarrollar la producción económica y mejorar el poder adquisitivo salarial, sin una muy fuerte ayuda internacional, con refinanciamiento de la deuda e inversión. Es imposible que todo esto ocurra con este usurpador empeñado en sustituir la realidad trágica con mentiras e ilusiones de prosperidad al tiempo que sus políticas refuerzan las ruinas. La tragedia nacional hay que frenarla ya, aunque el nuevo gobierno democráticamente elegido no pueda llegar antes de un año. Por eso es imprescindible que avance la transición que ya ha comenzado.
Impresiona ver y sentir que en una semana millones de venezolanos han pasado de una aparente parálisis desesperada a una movilización de esperanzas. Las Asambleas y Cabildos Abiertos están brotando como hongos con una ciudadanía movilizada, reflexiva y exigente. El 23 de enero es la fecha emblemática de la unión de todos los demócratas civiles y de la Fuerza Armada para salir del dictador. El primer gran cambio será encontrarnos ese día multitudinariamente en más de un centenar de plazas y calles dentro y fuera del país. Vernos y sentirnos movilizados y que el mundo nos vea así. Que la Fuerza Armada se identifique sumándose y se redima diciéndole al usurpador y a los cubanos que se tienen que ir para que Venezuela viva.
Este 23 de enero no será el final, sino la prueba de que la transición acumula fuerzas aceleradamente. Como dice el bíblico salmo 126 “Los que siembran con lágrimas cosechan con cantos de alegría” y ven que el desierto reverdece. Después de estas primeras lluvias se abre la etapa de nuevas siembras y cosechas que exigen esmerada preparación de la tierra y sin precipitaciones. Se multiplicarán los cabildos, se repolitizará la sociedad civil con nueva conciencia ciudadana y renacerán los valores morales: todos unidos para salir del túnel de la muerte, todos unidos en defensa de la vida.
No confundir la esperanza creativa activada con la ilusión mesianista de un juramento solitario. Venezuela guiada por su AN y su Presidente Guaidó (que ha demostrado valor y serenidad) entra en una nueva etapa, asumiendo con responsabilidad y creatividad lo público arrebatándolo a quienes lo han convertido en botín criminal. El cambio y la transición están en marcha, porque en marcha está - no una juramentación sin soporte social ni fuerza-, sino el pueblo soberano que camina hacia la reconciliación para restablecer la gran unión nacional capaz de producir libertad y vida entre todos y para todos.
Caracas, 21 de enero de 2019.
*Sacerdote Jesuita.
Por Guillermo García Realpe*.- Como dice la sabiduría popular, lo que empieza mal termina mal y, eso precisamente, es lo que le está pasando a la gigante EPM con su proyecto estrella, Hidroituango.
Bien es sabido que el mega proyecto eléctrico tiene en vilo de nuevo al país y con los pelos de punto a más de diez municipios aguas arriba y otros tanto aguas abajo que hoy viven incertidumbre por los recientes episodios que conllevó al cierre de la compuerta dos de casa de máquinas debido a un nuevo episodio suscitado con un socavón detectado a finales de diciembre que conectaría con los dos túneles de captación, este hecho, hizo que finalmente, por razones de seguridad, a que EPM tomara tal decisión.
Se ha precisado que es un flujo de aire el que está presentándose entre los dos túneles de captación, y EPM ha dicho que el aire es menos erosivo que el agua, sin embargo no se pueden correr riesgos. Expertos sostienen que de todos modos esto es muy grave y el impacto sobre casa de máquinas es muy grande.
Por fortuna el cierre de compuertas fue exitoso, pero no deja de inquietar al país todos los tropiezos que desde el 28 de abril del año pasado viene generando HidroItuango, después de que se presentará la primera gran contingencia que alertó al país.
Los que sí siguen preocupados son los habitantes de los municipios adyacentes, como Valdivia, Cáceres, Taraza, Caucasia, Puerto Antioquia, y otros, entre tanto en el corregimiento de Puerto Valdivia, poco a poco se retorna a la normalidad, por lo pronto, el comercio sigue abierto, los estudiantes siguen asistiendo a las aulas de clase y el transporte de carga menor es normal, pero sus ciudadanos siguen bajo la incertidumbre por la contingencia en Hidroituango.
Hay crisis social también en la región, el desempleo ha aumentado y la escasez dicen algunos lugareños, es evidente en muchos productos, los pescadores han visto reducida sus ventas pues el caudal del Río Cauca se ha minimizado en un metro aproximadamente.
La gente de la región reclama hoy al Gobierno Nacional más atención, no sólo por los problemas generados por el megaproyecto, sino por todos los problemas sociales que los impacta.
Ahora bien, Hidroituango es un proyecto que siempre tuvo debilidades técnicas, ambientales, geotécnicas, hidrotécnicas, etc, es inviable reubicar casa de máquinas. El macizo sobre el que está el proyecto no es consistente y así lo precisaron varias misiones y estudios.
Sin embargo la millonaria obra sigue adelante, lo ideal para el país sería que el proyecto sea éxitos y salga adelante, porque va a contribuir a garantizar la seguridad energética de Colombia en el mediano y largo plazo.
Lo que sigue en adelante será por parte de las autoridades correspondientes hacer un riguroso seguimiento, y monitoreo permanente de todas las variables ambientales, económicas y sociales y por supuesto el seguimiento al comportamiento de los caudales y niveles del río Cauca, pues esto conlleva a alterar los ecosistemas y de paso afectar indirectamente los acueductos que surten de agua a los municipios aledaños.
Por lo pronto, Jorge Londoño de La Cuesta, gerente de EPM, ha dicho que en el mes de abril habría un diagnóstico de daños y un presupuesto para afrontar los gastos para hacer operativa la presa.
Advirtió también que van a vender las acciones de ISA y que la banca multilateral los va a apoyar para mejorar el flujo de caja y de esa forma minimizar posibles riesgos económicos, dadas las altas inversiones que tendrán que hacer en el corto plazo.
Con esta nueva emergencia registrada en Hidroituango ya son cuatro los grandes riesgos que ha presentado el proyecto, ojalá que éste sea el último y definitivo, pues un nuevo riesgo se convertiría en una grave amenaza social y económica para el país.
Pasto, 21 de enero de 2019
*Senador Liberal.
@GGarciaRealpe
Amylkar D. Acosta M*.- Con terquedad aragonesa el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla insiste en la necesidad de vender, esta vez, el 8.9% de las acciones de la Nación en ECOPETROL. En 2004, en su calidad de Ministro de Hacienda, había descartado de plano la privatización de ECOPETROL y en su lugar planteó la conveniencia de vender aquellos activos no estratégicos de la empresa.
En el 2009, cuando ya había hecho dejación del cargo, conceptuó que no le veía sentido “tener en el balance del Gobierno Nacional acciones de ECOPETROL o de otras empresas, siendo que tenemos tantas necesidades. Ese es un lujo que uno muchas veces no se puede dar”. Claro que entre 2004 y 2009, el mismo Ministro Carrasquilla presentó a la consideración del Congreso de la República y logró su aprobación la Ley 1118 de 2006, mediante la cual se cambió la naturaleza de ECOPETROL que dejó de ser una empresa industrial y comercial del Estado para convertirse en una sociedad anónima por acciones.
En esta misma Ley se autorizó “la emisión de acciones para que sean colocadas en el mercado y puedan ser adquiridas por personas naturales o jurídicas”. No obstante, el legislador estableció una barrera con el fin de preservar el carácter estatal de ECOPETROL, considerada la joya de la corona y dispuso que “se garantizará que la Nación conserve, como mínimo, el ochenta por ciento (80%) de las acciones en circulación”.
El paso siguiente fue la colocación en el mercado, en el 2007 se hizo la primera oferta, y en el 2011 tuvo lugar la segunda emisión de acciones, las cuales sumadas elevaron al 11.1% la participación de los particulares en la estatal petrolera. Después que el número de accionistas llegó a su clímax con 521.740 socios de ECOPETROL se produjo una desbandada a consecuencia de la caída de los precios del petróleo, reduciéndose el número de accionistas a sólo 291.000 accionistas.
Como es bien sabido el déficit del Presupuesto General de la Nación para la vigencia del 2019, cifrado según el Ministro de Hacienda en $14 billones, motivó la presentación al Congreso de la República por parte del mismo del proyecto de ley de financiamiento para cubrirlo, pero sólo se espera un aumento del recaudo de $7.3 billones. Para cubrir el faltante acaba de plantear el Ministro Carrasquilla la venta del 8.9% de las acciones de ECOPETROL, hoy en manos de la Nación.
Aduce el Ministro que la “autorización ya está para hacerlo…Esta operación está aprobada”, refiriéndose a la autorización dada por el Congreso de la República en la Ley 1118 de 2016. Al parecer en este caso, como en tantos otros, todavía no hay un consenso dentro del mismo gobierno para dar este paso, pues, al hacer su anuncio el propio Ministro dice que “obviamente, toca discutir el tema con el señor Presidente de la República”.
Es de anotar que, cuando apenas había sido designado y aún no había asumido el cargo de Ministro Carrasquilla se mostró dubitativo ante la propuesta del Presidente de FASECOLDA Jorge Humberto Botero de vender el 88.9% de las acciones de la Nación. El Ministro Carrasquilla se limitó a decir que “el planteamiento queda para la discusión y para mirarlo con cuidado”.
Vuelve y juega, ahora, de manera intempestiva pero no sorpresiva, el Ministro Carrasquilla saca este as de la manga y propone salir a ofertar por parte de la Nación el 8.9% de las acciones con el fementido propósito de tapar el hueco fiscal, cuando en realidad de lo que se trata es de taponar la tronera que se le abrió a los ingresos del Estado con la Ley de desfinanciamiento, que es como la llamó apropiadamente ANIF. En efecto, en dicha Ley no sólo se mantuvieron las onerosas gabelas a favor de las empresas que venían de reformas tributarias anteriores sino que se adicionaron otras, cuyo costo sobrepasa con creces los $8 billones que se aspira recibir por esta operación de venta de acciones del Estado. De prosperar esta iniciativa, con tales recursos podrá enjugarse parcialmente el déficit, pero hacia el futuro le pasará factura porque la venta de acciones se traducirá en menores ingresos por concepto de dividendos.
A guisa de ejemplo: se estima que la utilidad neta de ECOPETROL el año pasado fue de $11 billones; si, en gracia de discusión, tal como se ha procedido en ejercicios anteriores, se reparte entre los socios el 50% de dichos dividendos, si se hubiera vendido el 8.9% la Nación recibiría por tal concepto $500.000 millones menos (¡!) en el 2019. De este modo se estaría abriendo un hueco para intentar tapar otro. Este es el primer coletazo de la expedición de la Ley de financiamiento. Así de claro.
Con la Ley de financiamiento no se hizo más que trasvasar recursos del erario en beneficio del empresariado al rebajarle el impuesto de renta desde el 33% en 2018 al 30% en el 2021, amén de la proliferación de las exenciones y deducciones impositivas. Estas medidas se justificaron en su momento con el socorrido argumento que con ellas las empresas podrán “generar más y mejor empleo”. Este es un remedo del paso en falso que dio el inefable Trump en los EEUU al decretar una rebaja de impuestos corporativos del 35% al 21% en 2017 y ahora el Departamento del Tesoro acusa un agravamiento del déficit fiscal, al tiempo que el prometido aumento de las inversiones no se ha materializado y lo que es peor el crecimiento de la economía se ha desacelerado. Nos podemos quedar, entonces, con el pecado y sin la gracia!
Bogotá, enero 20 de 2019
*Expresidente del Congreso y Exministro de Estado
Por Juan Camilo Restrepo Salazar*.- En la reforma política que con tantos afanes fue aprobada, aparece un artículo que dice así: “Por lo menos una quinta parte del presupuesto nacional de inversión se denominará Inversión de Iniciativa congresional. El Congreso de la República, por iniciativa de sus miembros y con aprobación de las plenarias, podrá solicitar la inversión en proyectos específicos que previamente hayan sido aprobados por el Departamento Nacional de Planeación”.
Este artículo, al que aún le faltan afortunadamente varios debates parlamentarios para convertirse en acto legislativo, tiene sin embargo todas las posibilidades de incorporarse al texto de nuestra Constitución Política a juzgar por las amplias mayorías parlamentarias que la están respaldando.
Es realmente sorprendente que un gobierno como el actual, que ha hecho de la llamada “lucha contra la mermelada” una de sus principales banderas, no haya alzado la voz para oponerse rotundamente a este adefesio.
Tal como está redactada la iniciativa constituye ni más ni menos que una nueva modalidad de los “auxilios parlamentarios” que consagró la Constitución de 1968, pero cuya cuantía excede de lejos la que llegó a tener aquella malhadada práctica. En efecto, a diferencia de los llamados “cupos indicativos” en los cuales hay normalmente un ministro de por medio, acá no lo hay. Simplemente el 20% del presupuesto de inversión de la Nación se distribuirá automáticamente entre los parlamentarios.
Se dice que con esta fórmula los parlamentarios readquirirán su derecho a asignar el gasto público. Lo cual no es cierto. Pues lo que se logra es que una suma inmensa como es el 20% del presupuesto de inversión quede escriturada políticamente a los congresistas, con todas las mañas políticas y los riesgos de corrupción que ello entraña.
La prerrogativa constitucional que asiste a los congresistas para disponer lo concerniente al gasto público se expresa en su facultad constitucional de aprobar el presupuesto Nacional como un conjunto. Pero no en disponer de la gabela de tener asignada para provecho político propio una porción equivalente al 20% del presupuesto de inversión.
El Gobierno debió poner el grito en el cielo cuando esta iniciativa fue presentada. Pero no lo hizo. Y con ello pierde toda autoridad política para rechazar en adelante cualquier práctica clientelar que tenga que ver con el presupuesto nacional.
Por otro lado, 20% del presupuesto de inversión es una cifra que excede de lejos toda sindéresis. Si se tiene en cuenta que no más del 10% del presupuesto de inversión de la Nación es de libre asignación, porque el otro 90% ya está predeterminado por la misma Constitución o la ley (pensiones, transferencias, subsidios, etc), no se sabe de donde se piensa que vaya a salir el 20% de la inversión anual del presupuesto central del país para atender los caprichos parlamentarios.
Uno de los mayores problemas de la Hacienda Pública colombiana es la inflexibilidad del gasto. Una inmensa cantidad de los recursos públicos no entran en el ejercicio normal de una planeación presupuestal. Ello se hace imposible dada la preasignación que la propia constitución y las leyes le han ido fijando al gasto público. Con esta norma de la reforma política no se hace otra cosa que recortar, aún más, el ya estrecho margen de maniobra que al gobierno -como máximo rector de la planeación presupuestal- le queda para fijar las prioridades anualmente del gasto público.
No sólo es lamentable la ligereza con que se viene reformando a diario nuestra Constitución, sino que, aún más deplorable, la falta de liderazgo que el Gobierno está mostrando al admitir que se le incorpore a nuestra carta política un verdadero orangután como éste en virtud del cual los parlamentarios tendrán una especie de derecho de pernada sobre el 20% de la inversión pública del país.
Bogotá, D. C, 20 de enero de 2020
*Abogado, Economista y Exministro de Estado.
