Opinión

Por Mario Ramírez Arbelaez*.- En el área de la seguridad mundial, actualmente existen graves problemas causados principalmente por el enfrentamiento entre los EE. UU/ los países de la OTAN  y Rusia, el deterioro de las relaciones entre los estados y los conflictos en curso en varias regiones. La razón principal de la confrontación, la alienación y el conflicto, es que después del final de la Guerra Fría, no fue posible crear un sistema de seguridad integral que incluyera a todos los países.

Esa falta de unidad ha originado la reanudación de la rivalidad entre las grandes potencias, en cuyo contexto Estados Unidos está desafiando un cambio en el orden mundial, lo que implica la multipolaridad y la presencia de varios  centros de poder.

 La rivalidad geopolítica se intensifica debido a la colisión de una amplia variedad de conceptos de valor, a partir de los valores tradicionales familiares y las diferencias en los enfoques de las cuestiones de género y terminando con las cuestiones de la religión y el gobierno.

Este conflicto es sistémico, aunque es diferente de los conflictos de la guerra fría. Esta confrontación es más evidente en Europa. Esencialmente, porque aunque  Rusia se compromete a garantizar que su estructura sociopolítica interna y los intereses de seguridad nacional pueden ser plenamente reconocidos, los países europeos creen que esto socava el sistema de seguridad colectiva de Europa, que está centrado en la OTAN y construido desde el final de la Guerra Fría bajo la dominación de los Estados Unidos.

Washington insiste en que el bloque de la OTAN, debe ser la piedra angular del sistema de seguridad internacional en Europa, mientras que Moscú se centra en crear condiciones que les permitan resolver colectivamente los problemas existentes, teniendo en cuenta las diferencias de opinión. Rusia está preocupada por el proceso de transformación de la Alianza y por atraer nuevos estados y territorios a su zona de responsabilidad. Según Moscú, los países europeos que son miembros del bloque de la OTAN no pueden ser neutrales, son participantes secundarios en el conflicto.

Por ejemplo, la OTAN está expandiendo activamente el territorio para implementar el concepto de "Cielo Único Europeo", adoptado por la Unión Europea en 2000. Recientemente, han estado tratando de unirse a Azerbaiyán, Armenia y Georgia para el programa. Esto se debe en gran parte al deseo de acceder al espacio aéreo de las repúblicas transcaucásicas para observar las actividades militares de Rusia e Irán en el Caspio. A su vez, esto puede provocar que Moscú tome otras medidas de represalia, incluso en el marco de sus acuerdos de cooperación militar con Abjasia y Osetia del Sur. 

El número de fuerzas estadounidenses, así como las capacidades de combate de los sistemas de armas desplegadas a lo largo de la nueva línea de demarcación entre Rusia y los países de la OTAN, aún son moderados, pero es probable que aumenten. Esto ya está confirmado por el despliegue de los sistemas de defensa antimisiles de EE. UU. en Polonia y Rumania, el despliegue de adicionales fuerzas militares y los medios de la Alianza en la UE y los estados bálticos.

Otro aspecto negativo de las relaciones internacionales modernas, es que los  medios  informativos están creando permanentemente fantasmas, cocos, que asustan donde no los hay, y por eso en esta época forjan  una imagen negativa de Rusia a través de su constante acusación de todos los problemas posibles, sus propios fracasos y pecados. Y no hace mucho tiempo, a pesar del éxito en los últimos Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo, no permitieron que la opinión pública mundial, tuviera una imagen distinta y real del país, al que rocían constantemente, con barro y fake news- 

En muchos aspectos, precisamente por esta razón, también se producen malentendidos entre Occidente y Rusia. El hecho de que Washington o Londres crean o hagan conjeturas sobre algo inexistente, como lo es  la reactivación del "imperialismo ruso" o el "espíritu de la KGB" es visto por Moscú como medidas necesarias para defender los intereses nacionales. 

Sin embargo, a pesar de que el diálogo es primordial y necesario para el mundo entero, desafortunadamente, no existe, no hay vías de comunicación sinceras y estables, aunque  Rusia propone iniciar una conversación constructiva,  Occidente no abre sus puertas para que se cree un clima de entendimiento ,de tranquilidad de protección mutua y de no agresión . Y hasta que esto suceda, es difícil esperar una mejora significativa en las relaciones entre Rusia y los países occidentales. 

Bogotá, D. C, 20 de diciembre de 2018 

*Abogado y Periodista

Por José G Hernández*.- Los medios informaron que el 16 de diciembre, tras la final del fútbol y la novena de aguinaldos, y al tiempo con elección de Miss Universo, fueron aprobados en segundo debate en el Senado colombiano varios actos legislativos reformatorios de la Constitución; que, por tanto, ya se surtió la primera vuelta de tales reformas y que  faltan los cuatro debates de la segunda vuelta, los cuales comenzarán a tramitarse desde el 16 de marzo del año 2019.

Eso es cierto desde el punto de lo que dirá el acta correspondiente, pero, si vamos al fondo, ella no refleja lo que pudo verse en esa extraña sesión nocturna del Senado, convocada para el domingo con premura y llevada a cabo en medio de la angustia, sin que al menos fueran leídos los textos de los artículos que harán parte de la Constitución Política; sin discusión; sin que los senadores pudieran hacer uso de la palabra de manera razonable -como debería ocurrir-, y declarando en cada caso suficiente ilustración, que era precisamente lo que no se configuraba. El último de los textos por considerar fue votado sin lectura, sin debate; sin estudio alguno, faltando un minuto para las doce de la noche. Todo, para decir que "pasaron las reformas", modificando nada menos que  la Constitución precisamente de la manera como no se debe reformar ni el más insignificante texto normativo. Con independencia de si uno está de acuerdo o no con los textos votados, en su contenido, lo cierto es que el trámite dejó mucho que desear, por autoritario e irresponsable.

La Sentencia C-222 de 1997 de la Corte Constitucional señaló algo que ojalá recuerde la actual Corte si ante ella se demanda lo anoche aprobado:

"Algo muy importante, derivado de la exigencia constitucional de un cierto número de debates es el imperativo de llevarlos a cabo, es decir, de agotarlos en su totalidad para que pueda entenderse que lo hecho es válido, de modo tal que, si llegare a faltar uno de los debates exigidos, o si se surtiere sin los requisitos propios del mismo, según la Carta Política o el Reglamento, queda viciado de inconstitucionalidad todo el trámite y así habrá de declararlo la Corte en ejercicio de su función de control". (...) "Será de cargo del respectivo presidente garantizar que la discusión se lleve a cabo antes de la votación en cada debate, permitir las intervenciones de todos los integrantes de la comisión o cámara, dentro de lo que establezca el Reglamento, introduciendo, si es necesario, restricciones razonables en asuntos tales como la extensión de cada intervención, siempre que, al aplicarlas, se cumpla estrictamente lo anunciado y de la misma forma para todos, sin discriminación ni preferencias".

En síntesis, según la Corte -también en las leyes, pero particularmente en el caso de las reformas constitucionales-,  sin discusión no hay debate. Aquí no hubo discusión, y ni siquiera verificación de quórum, luego no hubo auténtico debate. Fue el cuarto de ocho “debates” pero...sin debate.

Claro que congresistas y gobierno están tranquilos, porque, pese al flagrante desconocimiento de la Constitución y de la jurisprudencia, si algún ciudadano acude a la Corte para demandar las normas así aprobadas, los actuales magistrados inadmitirán la demanda “por falta de suficiencia” en el argumento.

Bogotá, D, C, 20 de diciembre de 2018

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Clara López Obregón*.- El movimiento estudiantil logró un avance significativo en beneficio de la educación superior pública que merece ser resaltado.

Ante la incomprensión de muchos, la represión policial y una insistente movilización, estudiantes y profesores de las 35 universidades públicas lograron que el gobierno nacional accediera a presupuestar los $ 4,5 billones exigidos para los próximos cuatro años.

El primer logro consistió en hacer entender al gobierno que el diálogo por sí solo no era suficiente. Que era menester negociar un acuerdo en el cual cada parte debía ceder. De ahí que el acuerdo contenga dos elementos esenciales: los recursos y la conformación de una mesa dónde se discutirá la política pública educativa y se le hará seguimiento al cumplimiento de lo pactado.

Respecto de la política educativa, son muchos los temas que se estarán abordando: la reforma del Icetex y el crédito educativo que tiene ahorcados a tantos estudiantes y sus familias, la reforma del régimen de regalías y de la Ley 30 en lo atinente a la fórmula de la financiación de la educación superior pública, entre otros.  Con tantos paros que se levantan a cambio de compromisos que luego se incumplen, la mesa técnica con participación de estudiantes y docentes estará atenta para verificar que los $ 4,5 billones se incorporen al Presupuesto General de la Nación y que esta vez sí se avance en los temas sustanciales del acceso y la calidad de la educación y su compromiso con el desarrollo social y democrático del país.

En este punto se podrá a prueba el compromiso expresado por el presidente Iván Duque en su discurso de posesión cuando aseveró: “Tenemos que devolverle el valor a la palabra del Estado;” máxime que personalmente suscribió el acuerdo con los estudiantes en la Casa de Nariño. No se equivocaron los estudiantes cuando respaldaron el acuerdo sobre la base de la buena fe y su capacidad de movilización como prenda del cumplimiento de los acuerdos.

El gran lunar en este proceso ha sido el retroceso en el manejo del orden público durante las marchas que se vivieron en varias ciudades del país, incluidas Bogotá, Cali y Popayán, sin que los alcaldes hayan tomado las riendas de la situación como les corresponde. Las tomas de la televisión dan fe de unas marchas multitudinarias,  pacíficas, alegres y rodeadas de la solidaridad de padres de familia y de amplios sectores sociales.

En ocasiones, cuando encapuchados interferían la protesta, el Esmad los aisló y protegió a los marchistas. Pero en otras instancias, el Esmad buscó disolver las marchas mediante el uso de gases lacrimógenos, bombas de aturdimiento y persecución de estudiantes ajenos a los desórdenes, con grave perturbación del derecho que debían proteger, en vez de agredir. A ello se sumó la insinuación del ministro de Defensa de que habría financiación ilegal de las protestas, que sumado a su propuesta de regularlas para que sirvan solamente a los intereses de las mayorías, se constituye en una clara violación de los derechos ciudadanos.

Si algo caracterizó a las marchas estudiantiles fue su carácter masivo y pacífico. No obstante, por el exceso en el uso de la fuerza por parte de la Policía, terminaron con la trágica pérdida de su ojo izquierdo al estudiante Esteban Mosquera. Estamos ante un movimiento estudiantil que superó con madurez y realismo la vieja táctica del tropel y la reemplazó por la deliberación y movilización democrática, pluralista y disciplinada.

Los métodos de deliberación utilizados por las organizaciones estudiantiles favorecen el consenso, las decisiones se toman con base en argumentaciones razonadas y su liderazgo colectivo ha logrado lo impensable, la unidad del movimiento, a pesar de las diferencias naturales que se expresan en su interior. Son ejemplo de la nueva generación y sus nuevas formas de participación activa alrededor de causas que se entrelazan entre sí. Son una nueva ciudadanía en plena formación y desarrollo.

Bogotá, D. C, 19 de diciembre de 2018

*Precandidata a la Presidencia y Excandidata a la Vicepresidencia de Colombia. Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo.

@claralopezobre

Concluye el año 2018 con dos movimientos sociales muy significativos y que, cada uno por su lado, logró movilizar a millones de personas fuera de las convocatorias políticas y lejos de los mezquinos personalismos de organizaciones sindicales; pero también culmina dejándonos la desastrosa cifra de casi 350 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados.

Cuando hablo de los movimientos sociales me refiero a la consulta anticorrupción y la movilización estudiantil que, organizados y coordinados en el caso de los estudiantes, protestaron contra la ceguera gubernamental de mantener la educación pública al margen de los designios del país condenándola a la pobreza presupuestal y a la mala calidad.

Estos dos movimientos sin partidos ni representatividad política, lograron despertar en el país una conciencia que venía anestesiada por las promesas y las mentiras de un estamento político ineficaz y deficiente.

Además de acumular diatribas contra la corrupción que carcome a la sociedad colombiana, los resultados de la consulta anticorrupción con cerca de 12 millones de votos ponen de presente el descontento de una sociedad que cree en la democracia, pero que lamenta la incapacidad, inacción e inoperancia de quienes la administran. Refleja sin duda la desconexión entre el estamento político tradicional y le abre la puerta a un nuevo escenario político que puede verse reflejado en las elecciones regionales de 2019.

Por los lados de la movilización estudiantil, las universidades públicas demostraron que la calle es un buen escenario de presión y lograron, en un acuerdo histórico, concertar con el gobierno Duque una millonaria financiación para el bloque educativo superior que depende de la financiación del Estado. Creativos y con propuestas en mano, obligaron al gobierno a negociar pensando en futuro de país. Estas marchas estudiantiles fueron ejemplo para los ‘chalecos amarillos‘ en Francia que también forzaron al gobierno de Macron a negociar pensando en los franceses. Estos hechos pusieron en evidencia tanto allá como acá en Colombia que el sindicalismo como grupo de presión ha perdido espacio y que su corporativismo solo los lleva al descreimiento en que los tienen los jóvenes que hoy se la juegan con propuestas más universales y de cara al desarrollo de la sociedad.

En lo político y en lo social sin duda el país creció y en los años venideros la sensación de la política será otra porque no se puede seguir engendrando un neoliberalismo basado en el libre mercado sin entender que la sociedad en la democracia occidental reclama el liberalismo de verdad fuera de los cánones conservadores en lo cultural, en la garantía de unos servicios sociales eficientes y con el acceso debido, además de que conduzca a la sociedad a unos escenarios más equitativos lejos de la morbosa concentración de la riqueza.

Ahora, un lunar pone en entredicho estos avances lentos pero significativos y es el asesinato sistemático de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. Ya son cerca de 350 líderes que han perdido la vida sin que desde el gobierno se diseñe una política de protección seria. Esto que digo se ha dicho de todas las maneras y en todos los escenarios, pero es inconcebible que se desconozca la sistematicidad de estos crímenes que obedecen a una especie de “plan pistola” diseñado por organizaciones paramilitares auspiciadas y financiadas por grupos de interés que no están de acuerdo con los programas de restitución de tierras y la implementación de los acuerdos de La Habana.

No hay una respuesta efectiva y contundente a este tema por parte del presidente Duque, a quien parece diluírsele la administración del Estado en sus inexpertas manos, amén de la sensación de desgobierno entre los colombianos que se mantiene en un estado de latencia preocupante que en cualquier momento le puede explotar.

Este año que termina nos deja un sabor agridulce pero esperanzador en lo político, veo en el país un cambio cualitativo, sin embargo, no así en el respeto por la vida: un país que es indiferente a los asesinatos de sus líderes sociales y defensores de derechos humanos, nos deja la degustación amarga de que aún no somos capaces de construir una sociedad más tolerante y democrática.

Bogotá, D. C, 18 de diciembre de 2018

*Periodista y Analista Político

@jairotevi 

LOS acuerdos de paz que están en su último hervor en La Habana asumen que sus grandes protagonistas serán los territorios. No será una paz ejecutada solo desde Bogotá. Se apoyará fundamentalmente en lo que acontezca en las regiones. O sea: en los departamentos y los municipios.

De allí que establecer cuál es el estado financiero de las entidades territoriales  resulta crucial para determinar el músculo fiscal con que podrán encarar el descomunal compromiso que se les viene encima.

De la misma manera que subsisten serios interrogantes sobre la capacidad del presupuesto nacional para cumplir con los compromisos adquiridos del posconflicto, no menos inquietante resulta la situación por la que atraviesan departamentos y municipios.

Si a la fecha las finanzas del Gobierno nacional están gravemente deterioradas, también lo están las de departamentos y municipios. Un estudio reciente de la Contraloría General de la República estableció, por ejemplo, que las regalías se han mermado para las entidades territoriales durante el bienio 2015-2016 en 3,6 billones de pesos. Suma gigantesca.

El esquema tributario de departamentos y municipios está sumido en una monumental anarquía. Sobre todo en los primeros, los departamentos, la situación luce especialmente inquietante. Mientras el producido de los impuestos municipales se incrementó entre el 2000 y el 2013 del 1,3% al 2,5% del PIB, los departamentales se encuentran prácticamente estancados. Durante la última década no han logrado superar el 1% del PIB. En el año 2000 el monto de los tributos municipales equivalía a 1,7 veces el de los departamentos, al paso que este rubro se incrementó a 2,7 veces en el 2013.

La atomización de tributos territoriales es escalofriante. En la actualidad existen 13 impuestos de carácter departamental, 20 municipales y 105 estampillas, que es un tributo antitécnico pues lo que produce se pierde por mayores valores que se recarga en los contratos públicos. A menudo hay doble tributación en industria y comercio. Y el predial está gravemente rezagado. En otros casos se trata de tributos que vienen del siglo XIX en los que la administración vale más que el recaudo.

Este año expira el régimen de transición que la Constitución había previsto para las transferencias dentro del sistema general de participaciones. Por ese solo hecho, y a partir del año entrante, la situación fiscal de las entidades territoriales estará aún más comprometida.

Es pues apremiante que la próxima reforma tributaria estructural, de la que tanto se ha hablado pero que no se conoce aún, incluya un capítulo sobre modernización de la tributación de las entidades territoriales. Como lo recomienda la misión de expertos que rindió su informe hace poco. Este punto es especialmente relevante tratándose de municipios y departamentos frágiles desde el punto de vista fiscal. Y no es reviviendo el fracasado modelo de la ley Páez que se anuncia, el cual se prestó a todo tipo de abusos, como se solucionarán las cosas.

Hace treinta años no se efectúa en Colombia una modernización de la tributación a nivel territorial. Ahora, cuando coinciden el inicio del posconflicto -en el cual están llamados a jugar un papel estelar departamentos y municipios- y la próxima presentación de una reforma tributaria estructural, sería el momento para repensar a fondo los tributos locales. Estos no pueden seguir siendo la cenicienta de las finanzas públicas.

Por Juan Camilo Restrepo Salazar

Otra vez muere la ilusión de cambiar el sistema electoral colombiano, que es una de las raíces donde se alimenta la corrupción que carcome el país. Creíamos que esta vez sí iba a ser posible. Porque 12 millones de ciudadanos votamos contra la corrupción; porque el mismo Presidente la apoyó; porque al Congreso llegaron caras nuevas y jóvenes con ganas de cambiarlo; porque seguíamos esperando contra toda esperanza. Pero no contábamos con la astucia de esos gatopardos especialistas en cambiar todo para que nada cambie, y que paso a paso en los trámites parlamentarios fueron recortando el alcance de la reforma, introduciendo micos que empeoran el sistema político y eliminando los verdaderos cambios que podían empezar a sanear la corrupta democracia representativa que tenemos. ¿Cuáles eran esos cambios que se hundieron en la Cámara de Representantes? Listas cerradas en lugar del voto preferente; la reforma de la circunscripción nacional para el Senado; la prohibición de la financiación privada a las campañas electorales; la sustitución del inútil Consejo Nacional Electoral y la exigencia de Paridad de Género en las listas de candidatos.

El mecanismo electoral que más propicia la corrupción es el voto preferente, porque convirtió las elecciones a Congreso, Asambleas y Concejos en una costosa competencia de caciques electorales que tienen que amarrar los votos con promesas de puestos públicos o ingentes cantidades de dinero que luego buscan recuperar con recursos públicos mediante la asignación de contratos a sus financiadores. El carácter nacional de las elecciones al Senado empeoró la situación pues hizo más costosas las campañas para esta corporación, incrementando la cantidad de recursos públicos que debían ser escamoteados para repagarlas.

El reemplazo del voto preferente por listas cerradas rompería el vínculo entre la compra del voto y el beneficio personal del comprador; es difícil que algún contratista arriesgue su dinero para financiar no a un candidato al que después le puede exigir contratos, sino a una lista de un partido sin garantía de que su patrocinado salga elegido. Por supuesto, es indispensable que se fortalezcan los partidos y se impongan reglas de transparencia y democracia interna para que el voto preferente no se traslade a la conformación de las listas cerradas.

Por Mauricio Cabrera Galvis

Por Amylkar D. Acosta 

Primero se dijo por parte del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla que el Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia del 2019 había quedado desfinanciado en $25 billones; luego, sin mayores explicaciones, se redujo a $14 billones el déficit y de allí que el proyecto de ley de financiamiento presentado por el Gobierno a la consideración del Congreso de la República ascendía a dicha suma. Pero, en vista de que se le cayó por inviable su propuesta de ampliar la base del IVA del 53% al 80% de la canasta familiar, con la cual se esperaba recaudar $11.3 billones de los $14 billones, se tuvieron que conformar con sólo la mitad de ésta que era la meta.

Mientras esto ocurre con el PGN, para sorpresa de todos, el Presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) cuyo proyecto para el bienio 2019 – 2020 se había aforado por parte del Gobierno en la suma de $19 billones, finalmente se terminó aprobando, a pedido del Ministro Carrasquilla, con un monto de $ 24 billones, para un incremento del orden del 80.8% (¡!) con respecto al bienio anterior (2017 – 2018). Para ello se adujo que el Presupuesto inicial había tomado como base un precio del crudo para este año de US $65 el barril y para el año entrante de US $67 y según la proyección del Banco de la República el precio promedio para este año será de US $72 el barril.

Pero, lo que se predica para el Presupuesto del SGR es válido también para el PGN, por ello se puede prever que entre mayores impuestos que pagarán las empresas petroleras y mayores dividendos que le girará ECOPETROL a la Nación se pueda enjugar el déficit para el 2019. No obstante, para la Asociación de Instituciones Financieras (ANIF) y para los investigadores de la Universidad Nacional Javier Ávila y Jorge Armando Rodríguez a partir del 2020 la situación fiscal se tornará cada vez más difícil y la Regla fiscal estará en un grave predicamento, asumiendo el riesgo de perder la calificación de Inversión para la deuda soberana de la Nación.

Y mientras la Gobierno Nacional se verá en calzas prietas para cuadrar sus cuentas y empezará a saltar matones a partir del 2020 hasta el término de su período en 2022, el Ministro de Hacienda persiste e insiste en mantener en el proyecto de ley de financiamiento y por lo visto los ponentes también todo un cúmulo de gabelas impositivas para las empresas, so pretexto de que estas “puedan generar más y mejor empleo”, como lo ha sostenido el Presidente Duque. Las mismas se han convertido en inamovibles para el Ministro de Hacienda y para el Gobierno. Tales beneficios y la conveniencia de los mismos no han sido materia de discusión, la cual se ha centrado en el IVA primero y luego en cómo tapar el hueco que el mismo gobierno está abriendo al mantener y ampliar las gabelas impositivas al gran capital. Con razón, a esta reforma  tributaria, que se ha disfrazado de Ley de financiamiento, la ANIF la ha catalogado con mucha propiedad como Ley de desfinanciamiento. Ello es muy cierto, porque lo que se está es abriendo un hueco para tapar otro y a la postre el recaudo del Estado se reducirá del 14% actual, como porcentaje del PIB, que según la Comisión del gasto y la inversión pública resulta insuficiente, a cerca del 13% en 2022. Así no se puede!

Y así, a la chita callando, debate tras debate en el Congreso y en los medios, allí sigue solapadamente la proliferación de beneficios tributarios para las grandes empresas y digo que para las grandes empresas porque, como lo acota el analista de la Red de Justicia tributaria Mario Alejandro Valencia, “según ACOPI, el 52% de las utilidades empresariales están en el 0.73% de las empresas. Así que los beneficios serán para menos de 10.000 empresas de las 1´300.000 que hay en Colombia”.

Como lo dice el Presidente de FASECOLDA y actual Presidente del Comité Intergremial Jorge Humberto Botero, “como regla general son inconvenientes las gabelas sectoriales, en especial si no se las justifica con anterioridad con sólidos argumentos y se omite computar el sacrificio de ingresos fiscales que comportan”. No puedo estar más de acuerdo con Botero, pues ni lo uno ni lo otro se ha hecho y los contribuyentes no pueden tragar entero. Es de anotar, que mientras los mayores ingresos que le reportará a la Nación esta Ley sólo resuelven el déficit del PGN para el 2019, en contraste los beneficios para las empresas que se aprueben tendrán un carácter permanente.

De aprobarse esta Ley, como está concebida, se sigue que para el próximo año por esta misma época estaremos lidiando con otra reforma tributaria para arbitrar los recursos necesarios para solventar el déficit de los años subsiguientes. Bien dice el ex director del DNP y ex director de ANIF Armando Montenegro, al referirse a “la fuerte rebaja de los impuestos y creación de generosos incentivos tributarios a las empresas”, que “numerosos estudios y la experiencia internacional, sin embargo, no confirman estos planteamientos y, más bien, muestran que estas políticas únicamente incrementan el déficit fiscal. Si el costo de esas medidas es el desorden financiero y la pérdida de confianza en la economía, el efecto neto sobre las empresas, inicialmente beneficiadas de las rebajas tributarias, seguramente será negativo” y, de contera, ello van a contrapelo del compromiso adquirido por el Presidente Duque de que “la equidad sea el gran objetivo” de su gobierno “y el gran objetivo de todos”. Así de claro!

Bogotá, diciembre 16 de 2018

Por Gabriel Ortiz*.- Fueron muchas las enseñanzas que nos dejó el ex presidente Belisario Betancur al partir hacia el Olimpo, desde donde nos sigue con su mirada, cuidando que seamos capaces de seguir sus valiosos consejos y ejemplos.

A los cuatro años ya sabía leer, escribir, pensar profundamente y observar con detenimiento, porque el aguijón del periodismo ya lo había acicateado.

Era un docto culto e iluminado que raciocinaba y reflexionaba con propiedad sobre la diversidad de ideas que cruzaban su imaginación o la de los demás.

Contrariamente a las actuaciones de ciertos dirigentes, pensadores y cabecillas, veía en el periodismo y en los periodistas a los defensores de la democracia, formadores de opinión y valiosos apoyos de una sociedad formada o en formación.

Cuando en mi calidad de Director Ejecutivo del Premio Nacional de Periodismo CPB, lo invité a acompañarnos en el acto de entrega de los galardones a los mejores colegas en febrero del 2017. Ese día dejó plasmada en una carta con su impecable caligrafía, su inquebrantable máxima frente a la libertad de expresión: “Siempre fue mi presea fundamental la actividad enaltecedora de periodista. Y mi filosofía en tal calidad, fue siempre la de que prefería una prensa libre y creadora aunque tuviera desbordamientos, que una prensa censurada, la cual no cabía en mis ejercicios profesionales en ningún caso”. Y agregó: “Sé que esa es la insignia de ustedes, sé que ese es su escudo. Sé que esa es su filosofía, que nos enorgullece a todos los colombianos”.

Qué palabras más oportunas para momentos en que surgen destellos funestos para la libertad de expresión, de reputados dirigentes que se buscan ocultad la verdad que destapan documentales, informes, estudios e investigaciones periodísticas.

Fue el ex presidente un visionario, cuya voluntad inquebrantable era alcanzar la paz durante su gobierno, porque como lo expresó en su momento, prefería el dialogo con la guerrilla al tratamiento militar. Prefería el “poder de la palabra, en lugar de seguir disparando” y así logró los primeros acuerdos con las Farc, que fracasaron por la inmadurez del movimiento guerrillero, como ellos mismos se lo dijeron al Presidente. Él y Colombia sabían, que el país estaba cansado de guerras; y la misma guerrilla también.

Nunca desmayó y estuvo inmerso en los diálogos de La Habana y en los acuerdos, porque era un convencido de que a Colombia le llegó la hora de la reconciliación. Dejó como sentencia un agradecimiento a quienes lo iluminaron en todos sus esfuerzos por lograr la paz, “la paz de La Habana y lo que seguirá que será más arduo, pero tenemos que tomarlo como tarea todos los colombianos”.

Y afirmó, que no se puede dejar escapar este momento estelar que vive nuestro país.

Y realmente sus palabras son sabias, porque se logró desarmar a las Farc, a esa guerrilla; pero no se ha podido alcanzar un desarme de los espíritus. Paz en su tumba señor Periodista Presidente.

BLANCO: La Fundación Compaz que lazó el ex presidente Santos.

NEGRO: La falta de credibilidad en Medicina Legal.

Bogotá, D. C, 13 de diciembre de 2018

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.

Por Juan Carlos Bocanegra *- “La cultura es la suma de todas las formas de arte, de amor y de pensamiento, que, en el curso de siglos, han permitido al hombre ser menos esclavizado”: André Malraux. 

Cuando tenía 14 años tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Estados Unidos con el fin de aprender inglés. Me encontraba en la ciudad de Bend, estado de Oregon, y recuerdo con especial precisión el día que un amigo de la familia, también de Cúcuta, fue de visita por motivos laborales. 

Luego de un recorrido turístico fuimos a comer, y mientras hacíamos la fila para ordenar nuestro pedido, mi amigo asombrado y algo orgulloso me dijo que la mujer de adelante le estaba “echando los perros”. Al preguntarle porque creía eso, me explicó que en dos ocasiones cuando por casualidad habían cruzado miradas, ella lo había saludado con una sonrisa muy amable.

Después de reírnos un rato por aquella situación, le dije que algunas veces me había ocurrido lo mismo, pero la realidad era que la gente en esa ciudad saludaba afectuosamente a todo el mundo, incluso a los desconocidos. Le comenté que Bend era un sitio agradable con gente respetuosa y, de acuerdo con los indicadores socioeconómicos de aquel país, una de las ciudades más prosperas para vivir.

18 años después, reflexionando sobre esta anécdota, estoy convencido que esos detalles culturales en las personas, entre otros, pueden cambiar el destino de una sociedad. Un saludo amable, una palabra cordial, un gesto de confianza o un acto de respeto hacia los demás; pueden generar externalidades positivas en un territorio.  

En el mundo existen varias teorías por las cuales unas regiones se desarrollan más que otras, diferentes puntos de vista económicos, geográficos, políticos y sociales podrían profundizar extensamente estos temas. Sin embargo, hay comportamientos culturales que por más ventajas que tenga una sociedad, pueden llegar a ser puntos de quiebre para condenarlas al fracaso.

Cúcuta es una región encantadora y admirable, con hechos históricos inigualables para Colombia, su gente es luchadora, emprendedora y resiliente. No obstante, hemos padecido las consecuencias de una crisis fronteriza ajena a nosotros que, si bien nos brindó riquezas en el pasado, nos acostumbramos al auge económico que fácilmente nos llegaba de los venezolanos e individualmente aprovechamos las utilidades comerciales que se generaban. No formamos industria, no fortalecimos nuestros lazos empresariales internos ni con el resto del país y, peor aún, nos moldeamos a la “ley del más vivo” para salir adelante.

El padre del mercadeo moderno, Philip Kotler, expuso enérgicamente que las asociaciones y alianzas son esenciales para hacer crecer cualquier empresa. Pero nosotros tenemos un pensamiento desconfiado, estamos convencidos que si tenemos un socio es para problemas y en cualquier momento alguno de los dos tumbaría al otro. Bucaramanga es un gran ejemplo de confianza empresarial, jamás vamos a olvidar lo que ellos sí pudieron hacer al agremiarse en la gran industria del calzado; pequeños talleres que unieron sus recursos económicos y humanos para crear una de las ciudadelas empresariales más importantes del país.

Son los lazos de cooperación los que fomentan las redes de desarrollo, el bienestar y el crecimiento económico. Debemos cambiar el chip, y si retiramos nuestra cultura a veces egoísta e inmediatista podríamos explotar todas las ventajas que tenemos como cucuteños. Esto no es culpa de la economía si como empresarios no podemos unir esfuerzos, no es problema de los políticos locales si como ciudadanos votamos por intereses individuales y no colectivos. Debemos entender que nos encontramos en una crisis muy seria, y si no construimos una sociedad colaborativa y respetuosa donde ganemos todos, siempre estaremos recogiendo las migajas de lo que nuestro individualismo ocasionó. 

Bogotá, D. C, 12 de diciembre de 2018

*Administrador de Empresas de la Universidad de los Andes, especialista en Gestión Regional del Desarrollo de la misma universidad. Orgullosamente cucuteño, convencido en el potencial de nuestra región e interesado en temas de emprendimiento y políticas públicas sobre desarrollo territorial.

Por Guillermo García Realpe*.- En la madrugada del pasado domingo dos de diciembre, dos líderes indígenas padre e hijo, pertenecientes a la comunidad AWÁ fueron asesinados por hombres armados que irrumpieron al término de su Asamblea en el municipio de Ricaurte, Nariño, en hechos sucedidos en el resguardo El Palmar de Imbi, tal como lo señalan varias organizaciones indígenas del país. 

En estas acciones violentas perdió la vida Braulio Arturo García, de 28 años de edad y recién elegido gobernador del resguardo, y también su padre Héctor Ramiro García, fundador desde 1986 de la organización indígena Camawari, quien además era uno de los líderes más antiguos en procesos de resistencia, para evitar en sus territorios los proyectos minero-energéticos, la presencia del narcotráfico, y de los grupos armados ilegales. 

Además, como consecuencia de lo sucedido resultaron heridos de gravedad cuatro indígenas más, José García, Coordinador de la Guardia indígena, Gilberto Nastacuas, Gerardo Nastacuas y Juvenal Torres. 

Ante el exterminio sistemático del cual viene siendo víctima el pueblo AWÁ y ante la extinción física y cultural tal como lo promulgó la Corte Constitucional en el auto 004 del año 2009, el auto 174 de 2011, en el que señala que el territorio es declarado con medidas cautelares, esto no es prenda de garantía absoluta porque los violentos siguen asesinando a nuestros indígenas, siguen vulnerando sus Derechos Humanos, sin ninguna seguridad para ejercer su gobierno propio y autónomo. 

Hoy los colombianos tenemos varios interrogantes sobre el exterminio sistemático de líderes y lideresas sociales, ¿qué está pasando, quién los está matando, por qué no hay responsables, por qué no hay una política clara de protección, qué es lo que pretenden al dejar a los pueblos indígenas sin sus líderes, por qué los callan? Estos y muchos otros interrogantes esperan una respuesta inmediata por parte del Gobierno. 

Ya incluso el relator de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos, Michel Forst, de visita reciente a Colombia pudo evidenciar de primera mano la grave situación que sobre el particular se vive en las regiones, y su conclusión es que el panorama “es realmente dramático”, le preocupa además las cifras de impunidad y advierte adicionalmente que no está muy convencido de los resultados y de las cifras presentadas por la Fiscalía. 

Y es que las cifras son alarmantes, según INDEPAZ, entre el 1 de enero y el 17 de noviembre del 2018 han sido asesinados 226 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en todo el país, de los cuales, 198 fueron hombres y 28 mujeres. 

Señala, ese mismo informe, que quienes más han muerto, hasta ahora, son líderes campesinos, ambientalistas y comunales, 105 en total. Les siguen líderes indígenas (44) y del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (40). 

Por tal motivo y ante este grave panorama que, parece no tener solución a la vista,  nos sumamos a voces como la de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, para exigirle al gobierno nacional, que ejecute la implementación de lo ordenado en el auto 174 de 2011, para que haya protección individual y colectiva de todos los miembros del pueblo AWÁ. 

A las demás autoridades como la Fiscalía General de la Nación para que realice de manera inmediata y prioritaria las investigaciones que conlleven a dar con el paradero de los responsables tanto intelectuales como materiales de estos asesinatos. 

Y a otras instancias del gobierno nacional como el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección, para que tome acciones de fondo que permitan garantizar de manera colectiva la seguridad del pueblo AWÁ y de todas las 102  comunidades indígenas de Colombia que hoy son blanco por parte de diversos actores que se resisten a que los nativos gocen de la Paz que ya muchas regiones respiran en el país. 

A las familias de las víctimas, toda nuestra solidaridad y condolencias. Desde nuestra curul seguiremos alzando la voz para que se garantice la supervivencia de todos los pueblos indígenas de Colombia y para que cese de una vez, todo el exterminio del que vienen siendo víctima. 

Bogotá, D. C, 12 de diciembre de 2018            

*Senador Liberal de Colombia

@GGarciarealpe