Opinión

Mucho se ha hablado sobre la inconstitucionalidad de la reforma que pretende unificar los períodos de autoridades nacionales y locales, pese a lo cual el Congreso pretende avanzar en esta iniciativa.

Los parlamentarios saben que al final la propuesta no va a sobrevivir pues es imposible asumir el costo político de mantener la incertidumbre sobre las elecciones hasta mayo o junio del año próximo cuando debe terminar de tramitarse el Acto Legislativo.

El 27 de junio se abre el período de inscripción de candidaturas y durante los meses previos a esa fecha la presión de miles y miles de candidatos, al igual que la de las instituciones electorales, generará una tensión tan grande que será imposible mantener vivo un proyecto de esa naturaleza. Esa tensión tendrá un protagonista central, el propio Centro Democrático, que en la última elección local tuvo un desempeño cercano a tan sólo el 10% de la votación y que tiene muy poca representación local. El proyecto de ese partido ha sido avanzar hacia su territorialización porque de esa manera asegura su supervivencia más allá de la vigencia política de Uribe. Ya lo logró en la Cámara donde alcanzaron más del 20% de la representación duplicando su presencia. El CD sabe que es el momento de extender su base territorial y no va a desaprovechar la oportunidad.

El proyecto está destinado a morir y mientras más pronto fallezca mejor, pero la presentación y avance de un proyecto de esta naturaleza revela varios aspectos importantes sobre la naturaleza actual de la política en Colombia y los efectos que ello tiene sobre nuestra democracia.

Lo primero que pone en evidencia es el intento desesperado de varios sectores, especialmente Cambio Radical, de modificar las reglas para facilitar su regreso al poder. Tanto la reforma política que busca unir la primera vuelta a la elección parlamentaria, como la unificación de calendarios son una muestra del desesperado intento de que la maquinaria vuelva a controlar el proceso electoral. Si en la elección pasada se hubiesen aplicado las reglas que ahora pretenden imponer el resultado sería que German Vargas estaría de Presidente y no Iván Duque.

Lo curioso del caso es que los partidos tradicionales, pero especialmente aquel que tiene desde ya candidato para 2022, no han entendido que los que tienen que cambiar son ellos  y no las reglas. Muchos esperábamos que el campanazo de la elección presidencial junto con los resultados de la consulta anti corrupción hicieran entender que el cambio social que ha vivido Colombia es incompatible con la forma tradicional de hacer política…pero no.

Una sociedad cada vez menos pobre (y por tanto menos necesitada del clientelismo) más educada y mejor conectada no puede estar representada por partidos que usan el clientelismo y la corrupción como principales mecanismos de reproducción política. Lo que esa sociedad requiere son partidos más programáticos e institucionalizados, más conectados con las nuevas demandas y con las nuevas agendas emergentes, cada vez más visibles gracias al pos conflicto.

Si los congresistas siguen comportándose de una manera que no solo no corresponde a las demandas ciudadanas sino que buscan represarlas y someterlas a sus propios intereses, lo único que van a lograr es terminar de enajenar las clases medias urbanas  y los nuevos grupos de interés que han aparecido, los cuales van a reaccionar dando una estocada al sistema de partidos.

Si los liberales, conservadores y la U pretenden seguir copiando la agenda regresiva de Cambio Radical lo único que van a conseguir es ir juntos a la tumba. Así se suicidan los partidos.

Bogotá, D. C, 19 de octubre de 2018.

*Exviceministro del Interior

Cuando los colombianos salieron a votar contra la corrupción, se dispararon las alertas de los políticos y politiqueros, porque vieron la aparición de otra patria diferente a la que estábamos acostumbrados a vivir, con todos los vicios y defectos.

La tan desacreditada “mermelada” estaba seriamente amenazada y las advertencias de que estábamos rumbo al “castrochavismo” y la venezolanización, se debilitaban. Era necesario buscar un nuevo fantasma y qué mejor que octubre para crearlo. Los primeros pasos los dieron el ex vice Vargas Lleras, quien archivó sus rencores y abrió las puertas al senador Uribe, para encontrar el camino adecuado para conservar y fortalecer su poderío.

Ambos, desde luego, negaron semejante acuerdo. Desecharon cualquier pretensión, cualquier arreglo, cualquier alianza. Pero por ahí fue la cosa. Era urgente encontrar una fórmula mágica y certera.

Sin querer queriendo, a alguien se le ocurrió prescribirla por debajo de la mesa y entregarla a la Comisión Primera de la Cámara. Tan preparada estaba la cosa, que allí demoró menos que un confite en la puerta de una escuela. 22 de los 28 representantes la recibieron con alborozo.

Se trata de prolongar por dos años más los períodos de los alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles para que todos los elegidos popularmente permanezcan simultáneamente 4 años en el poder. La comisión de la Cámara aprobó estruendosamente una violación a la Constitución. Los actuales fueron elegidos popularmente para cuatro años por el constituyente primario, no por el Congreso.

Estamos ante una alcaldada aplicada ilegalmente por unos parlamentarios que quieren ver aseguradas por dos años más a sus fichas en alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas, y con ellas consolidar los contratos y prebendas. Quieren poner a salvo la “mermelada” por dos años más; y de paso legalizar la corrupción. Nunca pensaron, por ejemplo, en unificar períodos, recortando los suyos y los del Presidente por esos dos años.

Si se persigue que todos los períodos se inicien y terminen simultáneamente, debe buscarse otra fórmula que no riña con la Constitución, como lo han advertido el exprocurador Alfonso Gómez Méndez y el expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández. Algunos que actúan con rectitud, han anunciado su renuncia antes de aceptar prórrogas, como lo ha anunciado Camilo Romero, gobernador de Nariño, precisamente para poner a salvo nuestra Carta Magna.

Entre tanto, el país ha entrado en un desorden de legalidad, porque ya hay alcaldes cuestionados cantando victoria, ofreciendo contratos a quienes tienen en sus manos la decisión durante 7 votaciones en Senado y Cámara.

Las fuerzas vivas y los amantes y defensores de la legalidad, del orden y la democracia, deben elevar sus voces exigiendo sensatez a quienes buscan por todos los medios lucrarse y alcanzar poder por caminos diferentes a los que contempla nuestro orden jurídico.

BLANCO: Los análisis y secretos de medio siglo, que consigna Enrique Santos Calderón en su libro “El país que me tocó”.

NEGRO: El cuestionado Contralor de Bogotá.

Bogotá, D. C, 19 de octubre de 2018

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.

Quieren alargar el periodo de los actuales alcaldes y gobernadores con el fin, supuestamente, de unificar periodos y hacer coincidir elecciones nacionales y regionales.

La élite política tradicional del país, esa vieja clase que muchos odiamos, ha mostrado, de nuevo, su verdadera cara, por unos minutos se ha quitado la máscara, ahora mediante mayorías lideradas por Cambio Radical y el Centro Democrático, aunque concurrieron casi todos los partidos, menos los de oposición, han dado un verdadero golpe de Estado. Quieren alargar el periodo de los actuales alcaldes y gobernadores con el fin, supuestamente, de unificar periodos y hacer coincidir elecciones nacionales y regionales.

Esa clase política fue la que convenció a más de la mitad del país de que no elegirlos llevaría a Colombia a un abismo, supuestamente, esa clase política que se ha robado el país, que se ha aliado con grupos criminales para exterminar la oposición, la misma que ha empobrecido a miles de colombianos, se declara demócrata y ha tomado como bandera hablar de Maduro, de Venezuela, de la dictadura, ha logrado venderse como los demócratas más demócratas del continente, es tal la locura que han ofrecido al país para una posible operación militar contra el vecino, con el objetivo de recuperar la democracia en Venezuela.

Pero solo es discurso, la democracia les importa bien poco. Esta élite sabe que el país está cambiando. Los resultados de las legislativas le asustan, la increíble votación de Mockus o Robledo les causa pánico, la votación de la consulta anticorrupción les hace prever que mucha gente ya no cree en ellos y que podrían perder importantes bastiones políticos en las elecciones locales y regionales del próximo año. Seguramente perderán Bogotá y Cali, podrían perder Barranquilla, Bucaramanga y hasta algunas ciudades del eje cafetero. Como saben que su caída es casi segura,  intentan mediante una ley acabar la democracia y restringir el voto. Lo que tratan de hacer es un verdadero golpe de Estado. Sería mejor que destaparan las cartas y que digan de frente que les gusta el modelo de la Constitución de 1886, donde el presidente nombraba alcaldes y gobernadores.

Hacer coincidir elecciones locales y regionales impactaría de forma sustancial el equilibrio de poderes, pero además premiaría permanecer en el poder a una serie de élites depredadoras. Hay varios ejemplos, uno de ellos es el departamento del Magdalena con su actual gobernadora Rosa Cotes, quien es esposa del parapolítico Chico Zúñiga, además pertenece al cuestionado Clan de los Conejos y su antecesor, es decir, su sobrino, ha sido muy cuestionado en su paso por la Gobernación, tal vez lo de la Ruta de la Prosperidad se recuerde muy bien. También alargando el periodo debemos aguantarnos a Dilian Francisca Toro y todos sus cuestionamientos. O el ejemplo de Luis Pérez en Antioquia, quien a pesar de los escándalos en que ha estado envuelto no le pasa nada, él dice que será presidente. Pero también está el caso de Peñalosa o el del gobernador de La Guajira muy cercano a la cuestionada Cielo Redondo.

Fíjense, en este golpe de Estado coinciden todos, todos los viejos políticos: Vargas Lleras obviamente debía ser el primero, Uribe y su secta, cuasi religiosa, del Centro Democrático, también Gaviria y su desteñido Partido Liberal y no podían faltar los Conservadores en primera línea. Otra cosa que quedó clara es que ese cuentico de jóvenes en política y que por el hecho der ser jóvenes no representan los intereses de los corruptos parece un chiste mal echado. Los jóvenes de los partidos tradicionales mostraron sus rostros. Por alargar los periodos de alcaldes y gobernadores votaron Samuel Hoyos, Gabriel Santos y Jaime Uscátegui del Centro Democrático, todos muy jóvenes, de la supuesta nueva política.

Todos esos políticos se compraron el discurso de la lucha contra la corrupción, pero solo el discurso no la práctica, y mediante ese discurso, en un montón de reformas están metiendo verdaderos orangutanes para restringir la democracia en Colombia.

Los partidos alternativos, además de afrontar el exterminio físico, pues cada tres días asesinan un líder social en Colombia, ahora deben afrontar la guerra jurídica. Y a esto le llaman la mejor democracia de América del sur, la más estable, pero tranquilos, no nos vamos a volver como Venezuela.

Bogotá, D. C, 18 de octubre de 2018

*Politologo

“El poder de reforma tiene límites”. 

Aunque la Corte Constitucional no ha sido coherente al aplicarla, continúa siendo válida la tesis que ella misma sostuvo en la sentencia C-551 de 2003, mediante la cual abrió la puerta para el control de constitucionalidad y para la eventual declaración de inexequibilidad  de reformas constitucionales, ya no solamente por vicios de procedimiento en la formación del respectivo acto (Art. 241, numeral 1, C.P.), sino por falta de competencia de quien ejerce el poder de reforma cuando entra a modificar o a sustituir valores o principios esenciales de la Constitución.

Para la Corte, “… aunque la Constitución de 1991 no establece expresamente ninguna cláusula pétrea o inmodificable, esto no significa que el poder de reforma no tenga límites. El poder de reforma, por ser un poder constituido, tiene límites materiales, pues la facultad de reformar la Constitución no contiene la posibilidad de derogarla, subvertirla o sustituirla en su integridad. Para saber si el poder de reforma, incluido el caso del referendo, incurrió en un vicio de competencia, el juez constitucional debe analizar si la Carta fue o no sustituida por otra, para lo cual es necesario tener en cuenta los principios y valores que la Constitución contiene…”.

Un ejemplo, traído por la misma Corte: “…no podría utilizarse el poder de reforma para sustituir el Estado social y democrático de derecho con forma republicana (CP art. 1°) por un Estado totalitario, por una dictadura o por una monarquía, pues ello implicaría que la Constitución de 1991 fue remplazada por otra diferente, aunque formalmente se haya recurrido al poder de reforma”.

En otros términos, aunque en la Constitución no existe ninguna regla que delimite expresamente el poder de reforma, prohibiendo que ciertos artículos sean modificados o derogados por el denominado constituyente derivado, éste carece de competencia para sustituir valores o principios integrantes de la esencia constitucional.

Ello significa que, además de las exigencias de índole formal, toda reforma de la Constitución debe respetar los límites competenciales del órgano facultado para expedirla. Por tanto, puede haber reformas constitucionales que, al afectar la esencia de la Carta Política, caigan en la inconstitucionalidad, motivo suficiente para que, en ejercicio de su propia competencia, la Corte Constitucional -guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución- tenga que declarar que lo actuado es inexequible.

Así, pues, el Congreso, que se encuentra autorizado para reformar la Constitución -y lo ha hecho ya en cuarenta y siete oportunidades desde 1991- ejerce una mera competencia, es decir, no puede sustituir al poder constituyente originario.

Las referencias que anteceden guardan relación con el proyecto de acto legislativo que se tramita en el Congreso y que tiene por objeto unificar las elecciones de alcaldes y gobernadores con las de Presidente y Vicepresidente de la República, para lo cual proponen extender el período de los actuales gobernadores y alcaldes. Proyecto que, a mi juicio, sustituye la Constitución porque consagra la posibilidad de que el poder de reforma -el Congreso-, sin competencia y sin pasar por el pueblo -que es el elector de tales funcionarios- los elija directamente y por vía general.

Se trata de una propuesta abiertamente contraria al principio democrático -esencial en nuestras instituciones-, que, en caso de convertirse en acto reformatorio de la Carta Política -y si la Corte Constitucional es coherente con su propia jurisprudencia-, debería ser declarada inexequible.  

Bogotá, D. C, 17 de octubre de 2018

*Expresidente de la Corte Constitucional.

Hace un par de semanas una pasajera anónima en un avión en el que viajaba el expresidente Juan Manuel Santos, lo insultó salvaje e impunemente. Lo agredió, lo irrespetó, porque el Estadista se preocupó en su gobierno por hacer la paz con la Farc, para beneficio de todos los colombianos. Es un ejemplo de la insensatez que prima en un país en el que campea la esquizofrenia.

La respuesta a la maleducada mujer la dio la reciente encuesta de Datexco, en la que el exmandatario aparece con una imagen favorable de 45%, 20 puntos por encima de la cifra informada por la misma encuestadora cuando estaba terminando su mandato. Es decir, cuando apenas llevamos 3 meses del nuevo gobierno, la gente ha reaccionado positivamente a la gestión de Santos, lo que no deja de ser admirable y justiciero. Juan Manuel Santos desempeñó un gobierno de 8 años, paso “las duras y las maduras”, resistió con coraje la  encarnizada oposición del Centro Democrático y de su jefe el expresidente Uribe Velez, se desgastó buscando la paz con la guerrilla durante 6 años, y ahora la ciudadanía cree que su gobierno fue más que bueno.

El gobierno de Santos, para mencionar solo algunos temas, se preocupó como nunca antes del Rio Magdalena, le abrió el mundo a los colombianos con la eliminación de la visa en 80 países, tuvo avances notables en materia de vivienda, sacó de la pobreza a 4 millones de colombianos y redujo notablemente la miseria, le metió el diente al tema de la tierra que es el más delicado y difícil de manejar en un país afectado por la inequidad y por tantos intereses bastardos y, en general, fue una gestión seria, responsable y de buena fe en la que los buenos resultados superaron en mucho lo inconveniente y los errores.

Santos se preocupó por atender de buena manera los más álgidos  problemas que nos vienen afectado hace mucho tiempo: la violencia subversiva y la inseguridad. Se propuso con temeridad buscar la paz, para lo cual tuvo que enfrentarse a fuertes contradictores, comenzando porque le fue preciso romper sus relaciones con el expresidente Uribe. Lo pensó, se decidió y lo sacó adelante. Hoy no existen las Farc como organización guerrillera y violenta y a estas horas, a dos años de los Acuerdos de la Habana, se evitaron por lo menos 5.000 homicidios, 4.000 lisiados, 300 secuestros, 250.000 desplazados y muchísimos desastres adicionales, entre ellos la miseria y el rencor que provocan los enfrentamientos armados internos

Con justicia Juan Manuel Santos ganó el Premio Nobel de la PAZ. Es hoy un hombre aclamado en el mundo entero, un humanista, un ejemplo para los países que se destruyen en guerras intestinas y un referente de la democracia y la convivencia. Su talla de estadista quedó grabada en una frase que pronunció en Harvard ante un grupo de estudiantes, que ojalá aprendamos en Colombia: “Siempre hagan lo correcto, no lo popular”.

Bogotá, D, C, 16 de octubre de 2018

*Abogado. Excongresista, Exministro del Interior, Diplomático, Exgobernador de Santander.

Es una realidad la enorme dependencia de la economía colombiana con respecto al sector minero – energético, el cual llego a representar hasta el 12% del PIB, más del 70% de las exportaciones y más del 24% de los ingresos corrientes de la Nación. A ello contribuyó el boom que trajo consigo la espiral alcista de los precios de las materias primas, el cual se prolongó en el caso de los productos mineros (carbón, oro y ferroníquel, especialmente) entre 2003 y 2011 y para el petróleo entre 2003 y mediados de 2014.

Con la destorcida de los precios del carbón, el oro y el ferroníquel a partir del 2012 y los del petróleo, que tuvieron en junio de 2014 su punto de inflexión, se resintió el crecimiento de la economía y las exportaciones, también se vieron afectados los ingresos del Estado, tanto los del Gobierno central como los de las entidades territoriales. Tanto más en cuanto que el impacto se dio en el renglón petrolero por partida doble, dado que a la caída de precios se vino a sumar la caída en la producción.

La coyuntura de altos precios dio lugar a la nociva e inconveniente reprimarización de la economía colombiana, en detrimento de la industria y del sector agropecuario, afectados por lo demás por la contagiosa enfermedad holandesa que trajo consigo el boom minero – energético. A ello contribuyó y de qué manera, la revaluación del peso frente al dólar, la cual fue la constante desde 2003 hasta el 2010. Lo mismo ocurrió en el resto de América Latina, razón por la cual en un pronunciamiento de la Secretaria ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcenas advirtió que “nos convertimos en exportadores de materias primas, volvimos a esquemas que creíamos superados…Así nos será muy difícil dar sostenibilidad a nuestro crecimiento”.

Las cifras hablan por sí solas: al cierre del 2010 la participación en el PIB de la minería se igualó con la del sector agropecuario (7%), después que aquél participaba con sólo el 2% y este último llegó a representar el 22% en la década de los 70 y 21% durante el período 1985 – 1995; entre tanto, la industria que participaba en el PIB con el 24% bajó de manera intermitente hasta el 11% en el cual está anclada actualmente. Con las exportaciones ha ocurrido otro tanto, las exportaciones tradicionales, que son básicamente las de productos primarios, pasaron de representar el 47.4% de los US $29.991 millones que se exportaron en 2007 al 63.7% al cierre de 2010. Y lógicamente lo que ganan las exportaciones tradicionales lo pierden las no tradicionales, las cuales perdieron 22 puntos porcentuales de participación en las exportaciones totales entre 2007 y junio de 2011.

Es una verdad de a puño que a Colombia no le conviene para nada seguir manteniendo la excesiva dependencia con respecto al sector minero – energético y para ello se impone la necesidad de un cambio de modelo económico, reprimarizado, por otro que se enfoque hacia la transformación y diversificación productiva y de paso lograr la diversificación de la canasta exportadora, así como el destino de nuestras exportaciones. Pero ello implica un proceso serio y continuado, pues dicho objetivo no se va a alcanzar de la noche a la mañana, pero tampoco se va a dar por generación espontánea. Como bien dijo el Foro Económico Mundial (FEM) “Colombia hace parte del grupo de países que debe capitalizar su amplia disponibilidad de recursos Colombia hace parte del grupo de países que debe capitalizar su amplia disponibilidad de recursos energéticos para que, de manera sostenible, pueda maximizar los retornos de la industria y apoyar una mayor diversificación de la economía.

La euforia que ha despertado el repunte de los precios del carbón, el oro y el ferroníquel, así como los precios del petróleo hayan repuntado a partir del 2016, no nos puede llevar a abandonar los esfuerzos tendientes a diversificar la economía, toda vez que dichos precios tienen un comportamiento cíclico y la economía no puede seguir expuesta a la montaña rusa que caracteriza su errática trayectoria. No hay que olvidar que este repunte de los precios es efímero y  tarde o temprano los precios de estos productos volverán a sus niveles “normales”.

La transformación productiva es una asignatura que tenemos pendiente, porque no se ha avanzado en ello mayormente, a sabiendas de que, como lo afirma el experto Manuel José Cárdenas, que “apoyarse en factores tan estáticos como los recursos naturales, puede ser una buena manera de comenzar pero una mala manera de continuar”.. De allí la admonición del gran pensador venezolano Arturo Uslar Pietri: “es menester sacar la mayor renta de las minas para invertirla totalmente en ayudas, facilidades y estímulos a la agricultura, la cría y las industrias nacionales”. Y esto, justamente, es lo que hemos debido hacer en Colombia y no lo hemos hecho.

Bogotá, D. C, 16 de octubre de 2018.

*Ex ministro de Minas Y Energía y Ex presidente del Congreso de Colombia.

Esta semana las calles de varias ciudades colombianas se convirtieron en verdaderos ríos humanos, eran miles y miles de jóvenes universitarios que salieron a protestar de manera pacífica por lo que llamaron un recorte exagerado en el presupuesto que financia la educación superior pública del país. 

Sobre la defensa de la educación superior hay estudios de la Asociación Colombiana de Universidades Públicas y Privadas –ASCUN-,  del Sistema Universitario Estatal -SUE-, muy serios, investigaciones, donde prácticamente se identifican con cifras que cada año el aporte estatal se disminuye para la educación superior, especialmente, la educación para los pobres, que en el Pacífico solamente tiene acceso el 7% de cada mil estudiantes que egresan del bachillerato o educación media. 

La Ley 30 del 92 por la cual se organiza la educación superior prácticamente  indexo al IPC el aporte nacional. La población universitaria en 1993, año siguiente a la Ley 30 era de 159 mil estudiantes en las aulas de las universidades públicas, hoy esa misma población alcanza los 611 mil estudiantes, quiere decir que ese IPC es absolutamente insuficiente. 

Ahora bien, los aportes del gobierno nacional en 1993 a la universidad pública representaba en ese entonces 3,6%, hoy a cifras del 2015, podemos registrar que hoy se aporta sólo el 2% del gasto público nacional. 

Las universidades públicas, sólo reciben el 10% del presupuesto total para el sector educación, reclaman al gobierno medidas urgentes y de fondo para subsanar un déficit de medio billón para funcionamiento y un desfinanciamiento estimado de $15 billones, producto de la disminución en el porcentaje de aportes del Estado, que en 1993 representaban 73% del presupuesto y a 2016 solo llegaron a 48%. 

Las universidades se han multiplicado en facultades, las facultades se han diversificado en programas de manera significativa casi que en todas las 32 universidades públicas del país, por otro lado, el gobierno nacional, en buena hora califica la educación pública superior como de calidad, pero no apropia los recursos suficientes para garantizar ese sello. 

Los programas de Registro Calificado para la universidad pública, los programas de Acreditación de Alta Calidad que demandan laboratorios, bibliotecas, profesores de educación avanzada con doctorados, hospitales y clínicas para educación en salud, pues esos recursos no están apropiados por el gobierno nacional que exige alta calidad, pero no mejora el presupuesto educativo para la educación superior. 

Ante esta realidad nacional, vemos muy justas las reclamaciones de los docentes y el estudiantado y de toda la sociedad colombiana en mejorar las condiciones de financiamiento a la educación superior pública. 

El impuesto sobre la renta para la equidad –CREE- que fue saludado por nosotros, le aportaba supuestamente 433 mil millones de pesos a la educación superior pública, terminó aportándole cien mil millones y así el IVA social de hace un par de años terminó prácticamente en un desfinanciamiento de lo que se esperaba, por lo tanto encontramos toda la razón en esa reclamación de los universitarios en nuestro país. 

Nuestras universidades públicas deben ser sólidas y sostenibles, fuentes del conocimiento que ilustren a los nuevos profesionales como ciudadanos de bien, útiles a la sociedad, que le aporten a un país que ve en ellos su futuro. 

Un país donde no se garantice una educación de calidad, está condenado a vivir en el atraso, a perpetuarse en el subdesarrollo y a seguir navegando entre la ignorancia y una pobre mentalidad que lo sumerge en el día a día, sin aportar nada a la dinámica nacional, se necesita entonces una educación que transforme a la sociedad. 

En el saber está el progreso de las naciones, la educación es la base que transforma a las sociedades, no podemos minimizar sus recursos, cuando cada vez más se necesitan de estos para su funcionamiento, para inversión, para ciencia y tecnología y para tantas otras necesidades que hoy requieren de manera urgente nuestras 32 universidades públicas. 

Siempre apoyaremos la justa causa de nuestros jóvenes universitarios, que es la causa de todos, porque #LaEsperanzaEsLaEducación 

Bogotá, D. C, 16 de octubre de 2018 

Guillermo García Realpe. Senador de la República 

@GGarciaRealpe

La movilización política y social en Colombia sigue dando sorpresas este 2018: tres elecciones que sirvieron para revelar el notable crecimiento de las fuerzas alternativas, la consulta anticorrupción que sorprendió a propios y extraños y, el pasado 10 de octubre, la masiva movilización estudiantil.

Describir esta realidad revela, sin equívoco alguno, que el país está cambiando. Ya no es un cuento y tampoco es producto de análisis motivados por las emociones. La respuesta es clara y directa: los colombianos le quieren apostar a un cambio; es una idea que se viene madurando en muchos sectores de la población, concretamente en las clases medias y los estratos bajos. Hay un malestar generalizado producto de la ineficacia e inoperancia de las instituciones que pierden terreno frente a la desbordada corrupción.

La vida política colombiana sigue bajo el cerrojo y sofocante control del poder secular de los políticos tradicionales que no quieren ceder un ápice. La educación pública la pretenden sostener con míseros centavos y condicionarle su inversión; mientras a los ricos les rebajarán los impuestos. Desde todos los flancos buscan restringir la democracia, asfixiarla. Ahora surgió la malintencionada idea de alargarle el periodo a alcaldes y gobernadores y, al mismo tiempo, cortarle las alas a las consultas populares. Es tal el abuso del sofocante control que se inventan riesgos donde no los hay (satanizar la protesta social) para fortalecer los mecanismos de defensa e incrementar la capacidad represiva de los estamentos militares y de Policía.

Impedir que el país se movilice y las renovadoras fuerzas políticas avancen es una estrategia en constante movimiento. Por ello no debemos bajar la guardia. El asunto es imperativo: hay que consolidar la paz para garantizar una participación democrática amplia y pluralista y garantizar la verdad como mecanismo de reconciliación.

Sabotear la verdad para preservar a la sacrosanta élite nacional es una causa superior. Por eso el notable hostigamiento contra la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz). Ver y escuchar a exoficiales del Ejército comparecer ante esta institución, asumir responsabilidad y pidiendo perdón a las víctimas tiene un enorme valor que encarna la virtud de develar cómo los llamados falsos positivos, al parecer, obedecían a una política de Estado.

La opacidad como método de ocultamiento es como se ha concebido el poder en Colombia durante siglos y ese manual hizo crisis. Todo esto resume el orden político y la ambición de una casta aferrada al poder que no ha hecho otra cosa que falsificarnos la democracia. Durante décadas promovieron la codicia y después infectaron la política.

Ese es el perverso esquema que hay que neutralizar, y se puede lograr si el país que votó la consulta y los jóvenes de hoy y mañana mantienen el ímpetu de cambio que reclama la nación. Es hora de hacer a un lado a esa vieja política que no ahorrará esfuerzos para detener la renovación. No hay que bajar la guardia.

Bogotá, D. C, 16 de octubre de 2018

*Periodista y Analista Político.

@jairotevi

La reforma tributaria de Trump sigue de moda. Bajar impuestos a los más ricos se presenta como la fórmula milagrosa para generar empleo y acelerar el crecimiento, tan buena que en Colombia algunos quieren copiarla. Por fortuna el presidente Duque no se ha tragado ese cuento fantasioso sino que ha planteado que quiere un sistema tributario más equitativo donde los privilegiados de altos ingresos paguen más impuestos.

En otras partes del mundo también se adoptan medidas orientadas a disminuir la desigualdad y a dotar al Estado con más recursos para financiar programas sociales. El año pasado, por la misma época en que los congresistas conservadores aprobaron la neoliberal reforma trumpista, en otro país el Congreso aprobó una reforma diametralmente opuesta. A pesar de ser un país importante, su reforma no tuvo cubrimiento en los medios de comunicación.

La estrategia central de esa reforma fue el aumento de la tarifa del impuesto sobre la renta a las grandes empresas y a las personas naturales de altos ingresos; además se aumentaron los impuestos a las ganancias de capital y se limitaron deducciones a gastos financieros que permitían bajar los impuestos pagados.

El objetivo del gobierno no era una reforma neutra, es decir no subió unos impuestos para poder bajar otros, sino que espera incrementar el recaudo tributario el 5%, para fondear los crecientes costos de sus programas de salud, pensiones y vivienda subsidiada.

En ese país los impuestos a las personas naturales ya eran elevados y progresivos con tarifas desde el 6% para los ingresos bajos hasta el 40% para los más ricos. Con la reforma se subió la tabla, y los ingresos más altos quedaron con un impuesto del 42%., frente al 33% de Colombia. A diferencia de nuestro país donde el impuesto a las ganancias ocasionales es fijo y bajo -solo 10% para cualquier ganancia- en ese otro país se tenía un impuesto progresivo con tarifas entre el 6% y el 40% dependiendo del monto de la ganancia. Con la reforma también se modificó esta tabla, de manera que la tarifa más alta subió al 42%.

Con altos impuestos a la personas, las empresas gozaban de una tributación más baja: solo 22% de sus utilidades, más una sobretasa del 10% del impuesto pagado. Con la reforma se elevó esta tarifa al 25%, pero solo para las grandes empresas, mientras que las pequeñas y medianas continuaron con el anterior 22%...

Pregunta para concurso: ¿cuál fue el país que hizo esa reforma progresista?

Cali. 14 de octubre de 2018

Folòsofo y Economista. Consultor.

Es sabido que el Banco Agrario fue utilizado durante el gobierno Santos como fortín político. Es sabido también que se arriesgaron 120 mil millones de los recursos para el campo, con la bendición del exministro Iragorri, para lanzarle un salvavidas a Navelena en medio del escándalo de corrupción. El Banco incursionó en el negocio de compra de cartera y hoy tiene embolatados 19 mil millones en el fraude de Estraval, una operación que violó sus políticas y que, de lo puro ingenua, es muy sospechosa, pues un banco, y además público y de fomento para un sector sin recursos, no puede dejarse timar con la ilusión de extraordinarios rendimientos.

En medio de esa trampa de corrupción, politiquería y mermelada, el Banco Agrario olvidó su misión y su responsabilidad histórica con el campo, mientras esa Colombia olvidada era asolada por todas las violencias, incluida la peor de ellas: el abandono del Estado. Es urgente recuperar la institucionalidad agropecuaria y es prioritario hacerlo con el Banco Agrario, pues la transformación del campo exige flujos crecientes de capital, un nicho que no le interesa a la opulenta banca privada, así como un canal eficiente para irrigarlos y convertirlos en progreso, en condiciones ajustadas a la realidad rural, sin amiguismos ni politiquería, con asistencia técnica y seguimiento a la inversión. Gran reto para el nuevo presidente, Francisco José Mejía, quien encontró un banco con una caída en colocaciones de 320 mil millones a partir de 2017; un indicador de cartera vencida (7.9%), que dobla el promedio del sector (4.1%); gastos administrativos del 30.4% del margen de intermediación, también superiores al promedio (25.4%), y gastos de nómina con crecimientos del 16%; síntomas todos de clientelismo y derroche.

Son muchos las tareas, empezando por erradicar el clientelismo y la corrupción, para acatar luego la instrucción del presidente Duque, de orientarlo hacia los pequeños y medianos productores, sin desmedro del apoyo a la producción empresarial. No puede ser que el Banco Agrario apenas intermedie el 11% de los créditos Finagro para medianos productores, la gran clase media rural que empuja la recuperación del campo; ni que financie el 95% de los destinados a pequeños productores, pero esa cifra se desinfle con el recordatorio del presidente a Francisco Mejía: “solo tres de cada diez pequeños productores pueden acceder a algo de crédito”. Eso nos lleva a dos temas críticos: 1) Hay que facilitarle el acceso a los medianos, y 2) Hay que, por lo menos, doblar la bolsa de Finagro para los pequeños, lo cual es posible si se tapa o se controla el tubo de escape de las “inversiones sustitutivas”.

Bogotà, D. C, 14 de octubre de 2018

* Presidente de Fedega.