Opinión

Todo lo que es y ha sido la humanidad es el resultado de la conjunción de dos factores: los bienes que nos brinda la naturaleza y el conocimiento con el que la transformamos y nos relacionamos entre nosotros. Y esto es cierto en las ciencias naturales y en el de las ciencias sociales y las artes. ¿Qué son un teléfono móvil y la más bella melodía? La manera como se expresan los conocimientos acumulados desde los tiempos más remotos.

De ahí que uno de los momentos decisivos del progreso social –ocurrido con el advenimiento del capitalismo, para más señas– ocurrió cuando los líderes de la sociedad empezaron a hacer conciencia de que la bárbara ignorancia de esos días no podía continuar, ni entre las élites ni en los sectores populares. Apareció así el objetivo de la educación universal, es decir, para todos, a la que debieron encontrarle cómo alcanzarla, si a través de los negocios privados, de insuperable incapacidad para estos efectos, o si, dada su importancia estratégica, la responsabilidad la asumiría el Estado, la única fuerza capaz de lograrla.

Nació así la consigna de la educación universal, de alta calidad y gratuita, para que ante la escasa capacidad de compra pudiera ser para todos, y pública, porque solo el Estado puede pagar el alto costo de la gratuidad, la base de esta revolución. Y pública debe incluir que no habrá pensamiento oficial sino libertad de cátedra, porque un ambiente democrático es el mejor para crear y transmitir ciencia y conocimientos. Vale resaltar que los burgueses más entendidos promovieron estos cambios porque entendieron que les convendrían a sus negocios, como en efecto ha ocurrido.

La educación privada sí puede entonces existir y hasta ser de alto nivel. Pero es incapaz de lograr la universalidad y, en general, la calidad. Porque los pobres no alcanzan a pagar ninguna, ni la más barata y peor, y por norma las clases medias solo pueden costeársela pero cara y mala, de garaje, drama que además pagan sufriendo durante años, porque los estudiantes y sus familias reducen el consumo durante las carreras o después, pagándole una deuda de usura al Icetex. Y también se la cobran cuando lo que llaman el mercado no los emplea, por la menor reputación de la universidad que les otorgó los títulos y a la que estos jóvenes llegaron obligados, porque el Estado les negó el derecho a una educación universal, de alta calidad, gratuita y pública, como la de Finlandia, para mencionar un caso.

Las grandes movilizaciones universitarias de esta semana fueron en contra de quienes, como Duque, se han opuesto y oponen a que la línea educativa del Estado colombiano sea la planteada aquí, sin la cual Colombia no será nunca un país de primera categoría. ¿Cómo probar que la privatización es su política? Aunque parezca mentira, ¡luego de 26 años y seis presidentes!, sigue vigente la Ley 30 de 1992, que congeló en términos reales las transferencias del Estado a sus universidades, con lo que la mitad de los estudiantes asisten a instituciones privadas, la transferencia del gobierno por alumno cayó de 3.153 dólares a 1.696 entre 1993 y 2017 y, según los rectores, el déficit de las 32 universidades estatales llega a 18,2 billones de pesos, cifra que no es mayor porque se ha sacrificado la calidad, en tanto la participación del Icetex en los recursos públicos del sector pasó del dos al 20 por ciento.

Si quienes gobiernan fueran francos, dirían que para qué educación y ciencia como las de los países que le llevan a Colombia grandes ventajas en todos los órdenes. Para qué si los TLC y la globalización neoliberal imponen que el progreso nacional no vaya más allá del muy mediocre que permitan las exportaciones de materias primas agrícolas y sobre todo mineras.

Coletilla: Violando la ley, los partidarios de Duque en el Congreso sostienen que el ministro Carrasquilla no tiene que responder políticamente por su pasado ni por su vida privada en una Moción de Censura por corrupción (https://bit.ly/2CcEpPJ). ¿Se imaginan la dureza de la crítica que recibiría un congresista que alegara lo mismo ante una acusación grave? Y con toda razón. Pero como en Colombia manejar chequera oficial da patente de corso, pueden asumir decisiones autoritarias, al costo de que, con su actitud y ejemplo, degradan más al país.

Bogotá, D. C,   12 de octubre de 2018.

*Senador del Polo Democràtico Alternativo

La reciente sentencia de la Corte Constitucional sobre el tema de la consulta en los proyectos mineros reviste una inmensa trascendencia. En palabras simples, podemos decir que nuestro juez de constitucionalidad acaba de reivindicar para el Estado el derecho preeminente para disponer sobre el subsuelo.

O dicho en otras palabras, que no es a través de consultas entre la ciudadanía como debe decidirse si en un determinado municipio habrá o no minería, sino de acuerdo con la ley.

Con esta sentencia, la Corte Constitucional vuelve por los fueros de lo que siempre fue, desde los tiempos del derecho indiano, un derecho preeminente de la Corona; principio que heredó la República.

Recuérdese que toda la legislación de Indias sobre explotación de minerales se fundaba precisamente en que el dueño del subsuelo era la Corona. Quien recibía la licencia para explotar minerales sacados del subsuelo debía pagarle un derecho, que desde siempre recibió el nombre de regalía.

Este principio está recogido por lo demás en nuestra Constitución en su Artículo 332, que dice así: “El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes”.

Todo el fundamento, por ejemplo, de la legislación petrolera del país se basa en ese principio: como el dueño de los yacimientos petrolíferos o gasíferos es el Estado, éste puede disponer de ellos otorgándole a particulares el derecho de explotarlos, ya sea mediante contratos de concesión primero, y luego, de asociación que es la figura que rige actualmente. Por virtud de las cuales el particular que reciba dicha concesión debe pagarle al Estado una determinada regalía.

Toda la legislación hoy vigente sobre regalías que, recuérdese, cubre cualquier explotación de recursos naturales no renovables, se apoya en este viejo principio de que el subsuelo es del Estado.

La jurisprudencia titubeante que habían empezado a trazar nuestras altas cortes queda revisada con el fallo de esta semana en el que, en esencia, lo que se está diciendo es que quien define sobre el subsuelo es la ley y no las consultas, que no proceden porque el subsuelo no es propiedad ni de los municipios ni de sus habitantes.

Con buen criterio lo que hizo la Corte fue decretar una moratoria de consultas municipales para prohibir o autorizar el uso del subsuelo, mientras el Congreso dicta una reglamentación al respecto. Ojalá el Congreso no escurra en esta ocasión el bulto como ha sucedido cuando, para otros propósitos, la Corte Constitucional le ha demandado legislar sobre otros asuntos, Su responsabilidad ahora es legislar con juicio y oportunidad sobre la manera como habrá de autorizarse o restringirse la explotación de recursos naturales no renovables en el país.

El tema no es menor. Como iban las cosas hasta este fallo estábamos caminando hacia la anarquía. Ya hay sobre la mesa 158 solicitudes de consultas ciudadanas por las que otros tantos municipios proponen la prohibición de que en sus jurisdicciones se desarrollen explotaciones mineras. Varias de ellas proponen la prohibición para explotar no solo minerales sino también hidrocarburos, en un momento en que las reservas del país no llegan a 6 años y que de seguir como vamos, sin intensificar la exploración y la explotación, iríamos camino a la menesterosa situación de volver a ser importadores netos de hidrocarburos, como lo fuimos a comienzos de los años 70 del siglo pasado, cuando dimos el afortunado viraje de los contratos de concesión hacia los de asociación.

Este fallo de la Corte será objeto, desde luego, de infinidad de debates. Pero no podemos dejar de abonarle a la Corte Constitucional el coraje que ha tenido. No se ha dejado endulzar el oído de los que esperaban que ella se fuera por la línea de menor resistencia.

Cuando dentro de algunos años se haga un balance sereno de cómo Colombia logró conjugar una explotación razonable de sus recursos sin estropear el medio ambiente, y cuando logremos darle el giro a la peligrosa línea por la que hoy estamos transitando, según la cual las reservas petroleras están en un peligroso nivel de agotamiento, habrá que volver a mirar hacia este fallo para reconocerle sus méritos innegables.

Bogotà, D. C. 14 de octubre de 2018.

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Todos los colombianos del común, los que se dejan seducir e ilusionar por las promesas de las campañas creyeron que realmente íbamos camino a una Venezuela. Y votaron para impedirlo.

Al despertar se encontraron con otra realidad. Bien diferente a la plantilla que utilizó el presidente del Senado, Ernesto Macías en el discurso de posesión del Presidente Duque, para desprestigiar al anterior mandato.

Macías recibió 16 “reconocimientos” como “huilense ilustre”, por gremios y entidades de su departamento. Medallas, galardones, accésit y hasta la Cruz de Boyacá, que solía entregarse solo a quienes hubieran ofrecido grandes servicios a la Patria. Ni en Guinness World Records existía una marca que se equiparara a semejante abundancia.

Fue una zafia y tosca manera de remunerar y pagar servicios y lengüeteos, que hasta el senador Uribe practicó, cuando unió al homenajeado con el Presidente Duque para tomarles una foto que al minuto puso a circular en las redes.

Ese frenético reparto medalleríl, es apenas comparable con la desenfrenada carrera que lleva el dólar. Nuevamente está desbocado, para beneficio de unos pocos. Hace dos o tres años, el minhacienda Cárdenas lo llevó de los 1.800 a los 2.800 pesos, sin que nada hubiera pasado. Los exportadores se beneficiaron, llenaron sus alforjas, mientras los trabajadores a su servicio, solo recibieron los mismos incrementos salariales ligados al mínimo.

Hoy vemos, no con sorpresa, porque se sabe que quienes tienen información privilegiada, utilizan las normas, para beneficiarse. El dólar está que vuela… y según dicen los que manejan el Banco de la República, continuará el desenfreno, porque el Emisor saldrá diariamente al mercado a buscar la divisa para incrementar las reservas internacionales de Colombia. Los exportadores de nuevo, llenaran bolsillos y sus cuentas en el exterior, mientras sus trabajadores continuarán bajo el imperio del raquítico mínimo, viendo como sus anhelos de una vida mejor, se aleja a saltos de canguro, porque el dólar arrastra todo.    

Durante la pasada campaña, se ofreció a través de todos los medios, en las plazas públicas, conferencias, entrevistas y conversatorios, que estábamos al borde de convertirnos en una Venezuela y que para evitarlo era indispensable votar por Duque. El pánico cundió e hizo el milagro. Pero las cosas no han salido del todo afortunadas. Arrancaron con el anuncio de una reforma tributaria que para suavizarla llaman “Ley de Financiamiento”. Incluye toda una carga de IVAS, con legalizados bonos de agua. Y se prepara otro golpe a quienes aportan o aportaron a la seguridad social, durante años para que ciertos políticos se apoderaran de esos dineros.

El Presidente Duque parece tener claro que aún es tiempo de sacudirse, de acudir a sus valiosos conocimientos económicos que lo destacaron en el BID, aplicar imaginación y rodearse de jóvenes y viejos que piensen más en su pueblo, su gente y la equidad que requiere Colombia, para alejarnos de la temida Venezuela.

BLANCO: La presencia de los estudiantes para defender la educación.

NEGRO: La mordaza de Macías a los estudiantes.

Bogtá, D. C, 12 de octubre de 2018

*Periodista exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.

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“Dejar de tolerar la impunidad”.

Es necesario que sigamos refiriéndonos al abominable acto perpetrado en el municipio de El Carmen (Norte de Santander). El secuestro días atrás del niño Cristo José, hijo del alcalde municipal. La víctima fue liberada ayer, según informaban las autoridades.

No por ser hijo del burgomaestre, sino por ser niño, el delito -aunque no es el primero de esta naturaleza-  ha despertado la reacción de todo el país, inclusive con repercusiones internacionales. El propio Presidente de la República acudió a la casa de la familia, para expresar su solidaridad y el interés del Gobierno en lograr la libertad del menor.  

De suyo, el secuestro es un delito atroz -que inexplicablemente quedó totalmente impune en el caso de las Farc, que tantas veces lo perpetraron- y que han cometido y siguen cometiendo impunemente el Eln, el Epl, las llamadas disidencias de las Farc, los paramilitares, los narcotraficantes, las Bacrim, los delincuentes comunes, en contra de una sociedad que, ante el mundo, se proclamó en absoluta paz, sin haberla disfrutado.

Pero el secuestro de un niño es algo que hiere profundamente la sensibilidad de cualquier persona, y produce necesariamente sentimientos de rabia e impotencia, como lo hemos podido palpar en estos días en todos los sectores.

Se necesita ser muy cobarde y canalla para aprovecharse de la inocencia, del estado de indefensión y de la natural debilidad de un niño para privarlo de su libertad y someterlo al tormento del cautiverio. En sí mismo es una tortura para cualquier persona mayor, pero con mucha mayor razón es una tortura para el niño. Y una infinita tortura para sus padres, hermanos y familiares.

Vimos el dolor reflejado en el rostro de la madre, y escuchamos sus palabras, llenas de esperanza en que todavía pudiera quedar algo de sensibilidad humana entre los criminales.

El país entero reclamaba, exigía, la liberación inmediata, a salvo, del niño Cristo José.

Aparte de que se trate de un delito -no de cualquier delito, sino de uno muy grave-, desde el punto de vista humano, el plagio de un menor de edad es algo inaudito, que no tiene perdón de Dios y que no lo debe tener del Estado, ni de la sociedad.

Infortunadamente -si hablamos de los deberes estatales de garantizar  la libertad, la vida y la integridad de las personas, y de hacer justicia- , nuestro Estado ha fracasado. Toda vez que hemos dado en tomar las liberaciones de secuestrados como actos de magnanimidad y generosidad de los plagiarios, y en  perdonarlos en aras de una fementida voluntad de paz, el secuestro -ahora con los niños- seguirá dejando su imborrable huella en las familias colombianas, a menos que el Estado -Gobierno, Congreso y jueces-  asuma en serio su papel ante la delincuencia y deje de tolerar la impunidad.

Bogotá, D.C, 10 de octubre de 2018

*Expresidente de la Corte Constitucional

Qué hace que la lucha contra la corrupción en Colombia sea algo abstracto, inalcanzable. Elemental: la inocultable complicidad entre los poderes, no para atacarla sino para perpetuarla.

Yo te protejo tú me proteges, aún por encima de las leyes. Cierran filas y se hacen inexpugnables para los órganos de control que también son apéndice de ellos. Ni qué decir de los capitales privados que subyacen en la toma de decisiones del Estado a través de la puerta giratoria. Así es imposible, estamos perdiendo la batalla como sociedad.

Algún día le escuché al Concejal Juan Carlos Flórez, decir acertadamente: la corrupción es el sistema, y creo que no se equivoca. Imponen una versión de la ley que se ceba sobre los recursos públicos, neutralizan la posibilidad de cualquier veeduría; acuden al largo historial de intimidar a sus críticos, a los periodistas y a cualquiera que los estorbe. En el mismo Congreso -el recinto de las leyes- se utilizan argucias jurídicas para evitar, por ejemplo, el control político.

Aterricemos, para no ir tan lejos, en la supuesta audacia del presidente del Congreso, Ernesto Macías, para impedir la moción de censura que los senadores del Polo, Robledo y López, le quisieron aplicar al ministro de Hacienda Carrasquilla: se inventó artilugios jurídicos para evitar un control político. Qué paradoja, en el templo del debate político se imponen los argumentos jurídicos para evitar que la oposición se oponga.

Ese es el talante de Macías y del gobierno Duque. De nada sirvió el debate en donde se demostró hasta la saciedad cómo, de una triquiñuela legislativa que Carrasquilla ayudó a diseñar como ministro, se aprovechó para meterles a 117 alcaldes un paquete chileno; pero más grave aún, le mintió al Congreso: dicen los promotores del debate que el ministro había tasado sus ganancias en ocho mil millones cuando en realidad fueron 22 mil millones de pesos.

Ese solo hecho, más las indelicadezas del ministro Carrasquilla en el proceso para estructurar el negocio diseñado para comprometer el futuro de los 117 municipios, merecía  llevar al funcionario a una moción de censura, que además es una figura constitucional que fortalece la independencia de poderes y le da herramientas a la oposición para ejercer el control político y cuestionar que holgazanes del partido de gobierno se apoderen de las arcas del Estado y abusen de la autoridad.

Negarle esa posibilidad a la oposición no es más que un acto de autoritarismo que viola los preceptos constitucionales. No hay argumento jurídico que esté por encima de un procedimiento político genuino y necesario en cualquier democracia. No puede el presidente Duque avalar acciones despóticas contrarias a la democracia liberal. Debe aceptar con entereza las reglas de juego y buscar derrotar a la oposición en franca lid, a voto limpio, en las instancias del sistema. Eso es más admirable que buscar argumentos sacados de un cubilete que hiede a corrupción. Creo que es la mejor manera de disipar cualquier duda sobre su ministro de confianza.

Ahora, no todo parece perdido. La Cámara de Representantes asumiría esa responsabilidad y todo parece indicar que en ese recinto se revivirá la moción de censura contra el ministro Carrasquilla. Esperemos que sea una decisión genuina, transparente y no un instrumento de chantaje para obtener beneficios. Y al gobierno, por segunda vez, no le quedará nada bien arrebatarle ese derecho a la oposición.

Bogotá,D. C, 9 de octubre de 2018

*Periodista

@jairotevi

El pasado viernes 5 de octubre, se llevó a cabo en Popayán un encuentro muy concurrido por parte de campesinos, indígenas, afrodescendientes, organizaciones sociales del sur occidente del país, venidos del departamento del Cauca, de Nariño, del Putumayo, del Chocó, del Valle del Cauca y del Huila y a la cual asistieron gobernadores de esta región, el sector institucional y la Comisión de Paz de la Cámara y el Senado de la República, con el fin de escuchar a los voceros sociales sobre sus circunstancias de vida, sobre la temática de Derechos Humanos, sobre el proceso de Paz en la perspectiva de región.

A esta audiencia pública denominada “Por la defensa del territorio, la vida, la dignidad y la Paz”, asistieron más de 500 personas de todos los sectores acompañados de sus respectivas guardias campesinas, indígenas y étnicas, en una concurrencia de saberes, de ideas, de aportes desde diferentes ópticas.

Las comisiones del Congreso tuvimos la satisfacción de haber interactuado con ellos y por supuesto nos comprometimos en las conclusiones, que no son otras, que reclamar del Estado varios temas como el de la seguridad para los líderes sociales, para que no sigan siendo asesinados y se les garantice su supervivencia en esta región y en todas las demás regiones colombianas.

Durante nuestra intervención advertimos sobre varias temáticas nacionales que tienen directa incidencia con las comunidades del sur occidente del país, de nuestra parte como miembro de la Comisión de Paz del Senado de la República, seguiremos asumiendo la tarea de defensa del proceso de Paz, de su implementación, de respeto a la implementación legal y constitucional de la Jurisdicción Especial para la Paz recientemente amenazada por actitudes autoritarias de la Fiscalía General de la Nación, también en la defensa de la institucionalidad democrática, no vamos a aceptar la unificación de las Cortes en ningún tribunal supremo, no vamos a aceptar la restricción de la tutela en nuestro país, no vamos a aceptar que se modifique la Ley 1448 o Ley de Víctimas y se eche para atrás todo lo alcanzado en materia de restitución de tierras en nuestro país, vamos a ser defensores de la educación pública y todo lo que esto representa para las nuevas generaciones, es un patrimonio del saber que debemos defender. 

Como miembro también de la Comisión Quinta del Senado de la República, seguiremos adelantando también la implementación en temas de los acuerdos desde el punto de vista agropecuario, en el tema de acceso y formalización de tierras, implementar el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria o Ley 1876 de 2017 que nosotros lideramos en el Congreso.

Así mismo nuestra solidaridad con los líderes y lideresas sociales de Colombia y del Cauca y por supuesto también buscar los recursos que demanda  los proyectos productivos del posconflicto.

Como congresista del Macizo colombiano nuestra admiración y gratitud a las organizaciones como el SIMA, ASOMAC, y nuestra invitación para que nos unifiquemos como Macizo colombiano para que se ponga en práctica el documento CONPES 3915, para proteger el Macizo colombiano, fuente del 70% del agua dulce de Colombia.

En éste propósito tenemos que converger los 89 municipios de los siete departamentos que integramos el Macizo colombiano para adelantar planes y programas que permitan su preservación y conservación de esta fábrica de agua que baña a nuestro país.

Desde nuestra curul que es la curul de todos siempre alzaremos la voz por los colombianos más vulnerables, quienes realmente reclaman presencia efectiva del Estado colombiano en sus territorios, quienes buscan un mejor futuro para sus familias, con oportunidades de desarrollo, de empleo, de proyectos productivos, y sobre todo de condiciones dignas que les permitan mejorar su calidad de vida y con garantías plenas de seguridad para quienes habitan la otra Colombia, la Colombia rural y olvidada.

Pasto, 8 de octubre de 2018.

*Senador de Colombia. Partido Liberal

El alza internacional del precio de los combustibles, que ya se acerca a los 80 dólares por barril, y que a juzgar por muchos analistas podría llegar hasta los 100 dólares, le plantea a las autoridades económicas del país un gran dilema: ¿Estos nuevos recursos deben gastarse o ahorrarse?

El presupuesto para 2019 se había preparado sobre el supuesto de unas rentas petroleras calculadas con base en un precio del crudo de 67 dólares el barril. Lo que exceda de esta cifra serán, entonces, utilidades no esperadas que, de continuar los buenos precios, pueden llegar a ser muy cuantiosas.

Ahora bien: la tendencia natural va a ser, ante el déficit tan grande que recibió el nuevo gobierno, la de llevar estos nuevos ingresos a adicionar el programa de gastos para el año entrante. Sin embargo, cabría preguntar: ¿Es esto lo prudente?

Una de las críticas más sólidas que se le hace a la política económica del gobierno anterior fue que cuando hubo buenos precios del crudo no se ahorró nada, y todo se llevó al gasto. Con la consecuencia de que cuando llegaron los malos precios todo se tuvo que manejar, o recortando inversiones o aumentando el déficit, como en efecto ocurrió. ¿Volveremos a repetir la misma historia en esta ocasión?

Mediante ley 1157 de 2007 se creó el llamado Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que tiene como propósito, precisamente, servir de instrumento para ahorrar cuando los precios van al alza, y gastar (desahorrando) para estabilizar el precio interno cuando los precios internacionales van a la baja.

Durante los últimos años el fondo no se ha utilizado para lo que se creó, como sucede con tantas cosas en Colombia. Cuando los precios subieron no se ahorró. Y cuando los precios han descendido se ha hecho un desahorro, a base de déficit, que, según estudio reciente de la Contraloría General de la República, asciende a 6.1 billones de pesos. Podría decirse que éste es uno de los chicharrones fiscales mas complejos que recibió el nuevo gobierno.

¿Cómo actúa este fondo? En palabras de la Contraloría el fondo teóricamente debe funcionar de la siguiente manera: “El diseño del FEPC surge de la decisión del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, de establecer fórmulas para determinar el precio interno de la gasolina y ACPM, los cuales se caracterizan por no permitir incrementos mensuales mayores al 3% (resolución 181602 de 2011 para la gasolina y Resolución 181491 de 2012 para el ACPM), atenuando en el mercado nacional la volatilidad de los precios de los mercados internacionales. Es por este diseño que se generan las diferencias entre los precios internacionales y el IP (precios nacionales). El FEPC y las fórmulas aludidas funcionan como un conjunto que permite brindar estabilidad en los precios al consumidor colombiano ante fuertes variaciones en los precios internacionales, tanto al alza como a la baja de los mismos”.

Como los precios están subiendo, y es posible que lo sigan haciendo, pues las sanciones de Trump a Irán han hecho descender la producción en este país, y el desgreño administrativo en Venezuela es tal que la producción de crudos en el vecino país se ha desplomado hasta niveles, cosa inaudita, como el que se registró el mes pasado cuando Colombia produjo más petróleo que Venezuela. Estas restricciones de la oferta de los mercados internacionales muy probablemente continuarán empujando al alza las cotizaciones del crudo.

Así las cosas, lo que parece más recomendable, desde el punto de vista de la Hacienda Pública de Colombia, es que las mayores rentas petroleras se ahorren en este fondo de estabilización y no se lleven al gasto. Absorbiendo de paso parte, al menos, del gran déficit que se ha venido acumulando en este fondo.

Proceder así requerirá naturalmente de un gran coraje fiscal: hacer frente a las inmensas presiones de gasto que hoy recibe el Gobierno central y llevar la totalidad o al menos gran parte de los excedentes petroleros a fortalecer el ahorro del fondo de estabilización.

¿Tendremos el coraje para hacerlo?

Bogotá, D. C, 7 de octubre de 2018

*Abogado, Economista y Exministro de Estado. 

Ampliar la base del IVA es una manera eficiente de aumentar el recaudo tributario. Por eso se está proponiendo extenderlo a los productos de la canasta familiar, lo que produciría unos $15 billones anuales según estimativos de Minhacienda, a los que habría que descontar unos $2 billones de la compensación para los más pobres.

Sin embargo gravar la canasta familiar es regresivo e iría en contra del objetivo que ha planteado el presidente Duque de una ley de financiamiento que permita tener un sistema tributario más equitativo. Aún suponiendo que se superen las dificultades logísticas para compensar a los más pobres, el mayor impacto sería para los vulnerables, esa nueva clase media que no recibe subsidios pero que apenas subsiste con ingresos un poco superiores a 2 dos salarios mínimos.

La Reforma del 2016 abrió esta puerta al establecer un IVA del 5% % a las ventas de vivienda nueva con valor superior a unos $900 millones. Fue un primer paso en la dirección correcta que debe ampliarse por dos caminos: uno, elevando la tarifa y otro ampliando su aplicación a otras compraventas de finca raíz.

La tarifa del 5% es muy baja en comparación con el promedio de los países de la OECD, que en la mayoría de los casos gravan las ventas de vivienda con la tarifa general del IVA (de 19% hasta 25%); solo algunos países imponen una tarifa menor, tales como España e Italia (10%), mientras que en el vecindario, Chile las grava con la misma tarifa general (19%). Así debería ser en Colombia.

En cuanto al ámbito de aplicación debe ampliarse a todas las compras de bienes inmuebles con excepción de la vivienda VIS y VIP. El gobierno pasado contempló la posibilidad de imponer el IVA a la venta de oficinas, bodegas y locales comerciales, pero se echó para atrás sin que haya justificación para esta excepción.

Cali, 7 de octubre de 2018

*Filósofo, Economista y Consultor.

“Tinglados periodísticos al servicio de abogados”

En este mundo, y especialmente en Colombia, se acude a lo que sea para escapar a la justicia y la verdad. Lo vimos en el gobierno 2002-2010, en donde reinó aquello de “pasemos a la siguiente pregunta”, fórmula de escape que siguió imperando hasta nuestros días. Nunca se llegó a pensar que Trump, el más poderoso del mundo, utilizara iguales “salidas” para escurrir el bulto…

Las argucias, ingeniosidades y artimañas del senador y jefe, aplicadas durante su gobierno para capotear recordadas investigaciones cercanas, lo condujeron a espiar y campanear a la Corte Suprema de Justicia. Son muchos los años que lleva afilando rencillas y altercados; y muchos los abogados y bufetes utilizados para tales fines.

Unas veces “tuitea”, otras lanza dardos y otras pone a los bufetes a blasfemar contra la máxima autoridad justiciera colombiana. A él se le suman otros sectores de la población que también están subjudice o bajo el ojo de la justicia. Sin recato alguno lanzan dardos venenosos a esa rama del poder.

Esta semana la copa parece haberse llenado. El colega Juan Roberto Vargas logró que el presidente de la CSJ, José Luis Barceló, y el de la Sala Penal, Luis Antonio Hernández, se defendieran de los cada vez más frecuentes ataques, y lo hicieron. Para unos el hecho constituyó una afrenta ¿Contra quién? El interrogante no tuvo respuesta, pero gran parte del país aplaudió la entereza y el carácter de los magistrados.

Por ello deberán enfrentar a famosos, intocables y tenebrosos bufetes de abogados, a los que nadie se atreve a cuestionar, porque tienen listas las demandas a sus contradictores. Por fortuna existen otros, muy pocos, que actúan dentro de los principios éticos que les inculcaron en las universidades.

Acusados, delincuentes y bufetes venales aprovechan los medios de comunicación, las redes y demás tecnologías modernas como estrategia de defensa. Calumnian, enjuician, deshonran y condenan a magistrados, jueces y funcionarios. Con valentía y coraje, los dos magistrados delataron la existencia de tinglados periodísticos apoyando los bufetes. Así montan sus estrategias de defensa.

Según estas delaciones, estamos ante situaciones extremadamente graves que, según los magistrados, involucran al innombrable, a quien reclaman conducta ejemplar, acorde con su gran importancia y trayectoria, porque “un expresidente y gran dirigente debe actuar con toda la rectitud y dar ejemplo a las generaciones actuales y futuras de cómo comportarse y cómo actuar ante la justicia y ante la sociedad”.

Los magistrados están sometidos al escarnio público, porque osaron investigar a un “eterno”, que quiere seguir mandando y gobernándonos de por vida. Grave que haya tinglados periodísticos al servicio de abogados que manejan la justicia desde “acreditados” bufetes.

BLANCO: El Nobel a los científicos que desarrollaron el medicamento contra el melanoma.  

NEGRO: Se inauguró la mermelada con un nombramiento para los Ciros de Boyacá. Sin llenar los requisitos de ley, se designó Directora de la Agencia de Desarrollo Rural.

Bogotá, D. C, 5 de octubre de 2018.

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.

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