Opinión
Cabe preguntar si la Procuraduría está cumpliendo bien su función de expedir certificaciones sobre antecedentes disciplinarios.
Dentro del esquema de distribución de funciones previsto en la Constitución, una certificación no hace sino reflejar una información de la cual se dispone, pero una certificación no es un acto -mucho menos una sentencia-, ni es un documento mediante el cual se pueda crear una situación jurídica, condenar o exonerar de responsabilidad penal o disciplinaria a una persona. La certificación simplemente manifiesta, con base en la confiabilidad que ofrece al público y al Estado -y en ejercicio de una función específica-, sin poder modificar ni añadir nada, aquellos datos de los que dispone. Por ejemplo, hablando de antecedentes disciplinarios, únicamente expone cuáles son ellos; cuál es la situación actual del solicitante respecto al organismo; si se encuentra inhabilitado o no para ejercer funciones públicas, y, en caso de estarlo, cuál es el término de la inhabilidad.
Pero ese certificado no puede, porque sería un exceso y un abuso, añadir respecto de alguien una inhabilidad inexistente, o extender más allá de la inhabilidad impuesta el tiempo de duración de su vigencia. Si así ocurriera, quien certifica estaría imponiendo sanción -aunque el tiempo agregado fuera de un solo día-, y para ello carece por completo de competencia.
Esto lo decimos por cuanto hemos conocido el caso reciente de una ex funcionaria que hace más de cinco años fue condenada -no por alguna de las conductas contempladas en el artículo 122 de la Constitución, que generan inhabilidad de por vida- a pena de 60 meses de prisión (5 años) por la Corte Suprema de Justicia, y a una inhabilidad de 69 meses (5 años y 9 meses) para el ejercicio de cargos o funciones públicas. La pena ya se cumplió hace tiempo, y el período de la inhabilidad impuesta ya transcurrió completamente. Pero el certificado de antecedentes que solicitó, tras varios años de haber cumplido la sentencia, dice expresamente que la inhabilidad para el desempeño de cargos y funciones públicas que se le aplica se extiende desde junio de 2012 hasta junio de 2022, es decir, diez (10) años, cuando la sentencia de la Corte Suprema solamente inhabilitó a la ex funcionaria por término de 5 años y 9 meses.
En otras palabras, el funcionario que certificó le añadió cuatro (4) años y tres (3) meses de inhabilidad, por su cuenta, por sí y ante sí, sin debido proceso, sin que la señora hubiese sido condenada disciplinariamente, sin que tuviera más inhabilidades. Además, modificando, por certificado, una sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia.
El argumento: que, en virtud de la Ley 734 de 2002, al haber sido condenada a más de cuatro años de pena privativa de la libertad, su inhabilidad es de diez años. Y ello, aunque el fallo de la Corte le impuso un tiempo de inhabilidad mucho menor.
Así, pues, por una mala interpretación de la ley disciplinaria, ahora quien certifica sanciona, y además modifica una sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
El señor Procurador Carrillo tiene la palabra.
Bogotá, D.C, 26 de septiembre de 2018
*Expresidente de la Corte Constitucional
Me encontré con un texto de dos investigadores estadounidenses que se llama 'Cómo Mueren las Democracias' y proponen dos opciones: Uno. Con un golpe de Estado clásico, como en el Chile de Pinochet, la muerte de la democracia es inmediata y resulta evidente para todo el mundo.
El palacio presidencial arde en llamas. El presidente es asesinado, encarcelado o desterrado al exilio. La Constitución se suspende o se descarta.
Y Dos. Por la vía electoral. Sin tanques en las calles. La Constitución y otras instituciones nominalmente democráticas continúan vigentes. La población sigue votando. Los autócratas electos mantienen una apariencia de democracia, a la que van destripando hasta despojarla de contenido.
Y esta segunda vía propuesta por los profesores de Harvard Steven Levistky y Daniel Ziblatt, que llevan décadas estudiando la debilidad de las democracias occidentales, es la que se ajusta a la realidad democrática colombiana. Como anillo al dedo. Todos quienes tienen en sus manos las instituciones, buscan destripar esta democracia, cosa que se ha hecho por décadas. Para ilustrar esta afirmación traigo tres ejemplos sobre hechos muy recientes.
Primer ejemplo: el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla va a un debate al Senado a quejarse por las duras críticas de que ha sido objeto por los famosos bonos de agua y se lamenta porque “es el día de más desagrado en el Senado” y critica a su contradictor en el debate, el senador Robledo, por haberle hecho añicos, “durante dos semanas”, su tranquilidad; y, para rematar, lamenta que el congresista le haya achacado responsabilidad en la quiebra de los 117 municipios “echando Twiter cada dos minutos”.
No entiende el ministro Carrasquilla que en una democracia la contradicción ideológica es de su esencia y que más allá de las quejas el control político es necesario para que una democracia goce de buena salud, lo contrario sería lo más parecido a un régimen totalitario. Como el de Pinochet.
Carrasquilla, el ministro de economía, que amenazó rompernos el bolsillo con el IVA del 19 por ciento a los productos de la canasta familiar, no supo cómo justificar los ocho mil millones de ganancia que, a juicio de su mentor, el senador Uribe, son una nimiedad si se compara con los cuatro años que duró su asesoría. No explicó por qué, a través de los llamados bonos de agua, dejó en la miseria a 117 municipios y sin agua potable. Pero, peor aún, no pudo desvirtuar las delicadas acusaciones de apropiarse de información privilegiada, indebidamente, para favorecer a la empresa de la cual era socio. Si esto no es un hecho punible, por lo menos debió castigársele su ausencia ética. “Creo en la inocencia del ministro”, dijo Duque. Si esto no hace porosa una democracia, entonces ¿qué?
Segundo ejemplo: El expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, socava la legitimidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a través de los medios de comunicación y las redes sociales porque lo investiga por presuntos vínculos con la manipulación de testigos; y le achaca la responsabilidad de estarle dañando su reputación “con las nuevas generaciones de colombianos”. No ahorra esfuerzos, el exmandatario, para maldecir de sus jueces naturales desconociendo la independencia de la justicia como escenario regulador de los derechos de cualquier ciudadano en una democracia.
Vaya! Vaya! A Uribe, que se benefició de la democracia que lo hizo presidente durante dos periodos, hoy no le sirve el proceso democrático porque lo investiga y lo llama a indagatoria.
El tercer ejemplo: este si es la tapa. La teatralización que el Fiscal Néstor Humberto Martínez, hizo ante los medios para declarase sorprendido porque “la madame” de Cartagena desdice de la justicia colombiana: “ Y ahora -hace una pausa de cariacontecido- la madame poniendo en tela de juicio la justicia!!! -y levanta la voz- “¿En qué país vivimos?”.
Pues señor fiscal si no está enterado, aquí se lo contamos: es que no es solo “la madame” o prostituta o como la quiera llamar la fiscalía, la que critica y desconfía de esta justicia por inoperante, ineficaz e impune. Muchos colombianos, que no somos criminales, también estamos llenos de desconfianza. O es que no le dicen nada Odebrecht, Reficar, el carrusel de la contratación, Chirajara, Navelena etc. etc. solo por mencionar unos cuantos escándalos y ninguno, óigase bien, ¡ninguno! de los dueños o directivos que administraron estos desfalcos y sobornaron, están tras las rejas; pero sí le clavan una tutela a una indefensa periodista y columnista por calificar de inútil a un fiscal ineficiente. Si esto no es deslegitimar una democracia, entonces ¿qué?
Vuelvo al texto inicial que cité, ‘Cómo Mueren las Democracias‘. Pues así, como lo acabo de relatar con estos tres ejemplos: dejando a un lado la ética, evadiendo responsabilidades políticas, despotricando de la justicia, obstruyéndola, persiguiendo la prensa y, peor aún, haciendo hasta lo imposible para que no funcione. Muchos no escatiman esfuerzos para que Colombia, en síntesis, no sea una democracia.
Bogotá, D. C, 26 de septiembre de 2018
*Periodista.
@jairotevi
Es cierto que, desde el nacimiento del Partido Liberal en 1848, la unanimidad, nunca ha sido un rasgo distintivo entre los liberales; lo cual, jamás podrá verse como un síntoma de debilidad, sino que, por el contrario, es en el disenso, desde donde se impulsa, retroalimenta y renueva las ideas de un Partido que ha sido faro de luz y señal de esperanza, para los más débiles e impulsor de las grandes reivindicaciones sociales de nuestra era republicana.
Al estudiar nuestra historia partidista, corroboramos, que nada nos hizo más grandes, que cuando al interior de nuestra colectividad rivalizábamos con criterio de unidad, los distintos matices que afloraron como respuesta a las variadas maneras de contemplar y avizorar los fenómenos y cambios sociales y políticos que nuestro pueblo reclamaba. En nuestras convenciones, éramos impetuosos irreverentes y rebeldes, en aras de hallar ese punto de equilibrio, donde el sentir liberal, y las justas y patrióticas causas que enarbolábamos, superaran esa lucha de tonalidades, celos y hasta egos.
Por el contrario, cuando éstos últimos triunfaban, dando lugar a las disidencias, nos hacíamos débiles y la derrota en las urnas se tornaba inminente. ¿Cuánto lamenta el liberalismo de hoy, la falta de entendimiento entre los liberales radicales y moderados, a finales del siglo XIX, que nos llevaron a la pérdida del poder, y que se nos enquistara una hegemonía conservadora que duró hasta 1930?
Todavía el Partido se lamenta, la división de 1946 entre Gabriel Turbay y Jorge Eliécer Gaitán, que puso fin a la llamada República Liberal.
Aún recordamos, como si fuera ayer, la ruptura de Luis Carlos Galán con el oficialismo Liberal en 1982, y que nos costó nuestra continuidad en la Casa de Nariño. En 1998, la división volvió a trascender las esferas de nuestro Partido y nos golpeó con una derrota que, al sol de hoy, no nos hemos recuperado.
Se dice que una mujer, es la llamada a edificar el hogar, y como única mujer Liberal en el Senado de la República, hago un llamado urgente a todos los liberales del país, a que depongamos nuestros criterios personales, y en un ambiente de fraternidad liberal, pero dentro de la institucionalidad de la colectividad, debatamos abierta y libremente, lo que queremos como Partido y anhelamos como Nación.
Debe ser un debate que tenga como único propósito la edificación Liberal. La confrontación solo sería plausible en el marco de las ideas, desterrando cualquier posibilidad de rivalizar sobre hombres o ismos.
Sería impertinente, no reconocer la grave crisis que atraviesan los Partidos Políticos en Colombia. Pero insisto, que ello no se soluciona renunciando a ellos, y mucho menos cambiando de principios o convicciones. Así lo entendieron grandes líderes de nuestra historia, que luego de haber fundado una disidencia, lograron comprender, que nuestro glorioso Partido Liberal, con todos sus defectos, sigue siendo el más preclaro vehículo de transformación social en Colombia. Y entre esos líderes, resalto a Alfonso López Michelsen, quien luego de haberse aventurado a crear el MRL (Movimiento Revolucionario Liberal), regresó al Partido para luego ser ungido como Presidente, recordándonos que al liberalismo lo resucitan las ideas, nunca los puestos ni el dinero.
Hoy extiendo una cordial y respetuosa invitación a los liberales que renunciaron, que reconsideren su renuncia del Partido Liberal, y en un espacio de debate donde se inviten también a los más importantes líderes de otros Partidos y Movimientos Políticos con profundas raíces liberales, para que en un ambiente de tolerancia y hermandad liberal, luego de confrontarse las ideas, reforcemos nuestros cimientos, limemos nuestras asperezas y acallemos esas voces que anhelan la sepultura de un Partido rico en historia, que mirará con mayor confianza, no solo su propio porvenir, sino el de nuestra amada Colombia.
Barranquilla, Septiembre 26 de 2018.
*Senadora Partido Liberal Colombiano.
Recientemente el Centro Democrático radicó en el Congreso de la República una polémica iniciativa que busca modificar la Ley de Víctimas que con tanta dificultad se logró aprobar en el año 2011 bajo el liderazgo del entonces senador, Juan Fernando Cristo.
Frente a esta nueva realidad, el liberalismo da la voz de alarma ante el país, sobre el proyecto de Ley 131/2018 Senado, el cual echa abajo todo lo avanzado en la aplicación de la Ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, en los Derechos de las víctimas y especialmente en restitución de tierras.
Es un verdadero retroceso y echa abajo los Derechos de los campesinos que han sido objeto de despojo de tierras por las siguientes razones:
Este proyecto de Ley busca legalizar el despojo de las guerrillas, paramilitares y de terceros que se aprovecharon de los hechos de violencia, y como consecuencia de ello, terminaría el Estado pagando el valor del despojo a favor de los ilegales.
La restitución no sería obligatoria y como consecuencia se desconoce este derecho fundamental (Sentencia T-821 de 2017). La compensación se convierte en la regla general, lavando el despojo de tierras.
Invisibiliza la responsabilidad de los actores ilegales y a sus colaboradores frente a hechos de despojo o abandono, violando el derecho a la verdad.
Con la eliminación de la figura de la buena fe exenta de culpa, todos son inocentes, gana el que se aprovechó de la guerra. Eliminar esta figura es entrar en el terreno de la impunidad.
Diariamente los jueces y magistrados de restitución vienen pronunciándose a favor de quienes actuaron de genuina buena fe exenta de culpa, por lo que esto no es un problema.
Inversión de la carga de prueba, probatoriamente se distorsionan las herramientas con las que el Estado acompaña a las víctimas, dejándolas en condiciones evidentes de inferioridad en los procesos judiciales. La víctima lleva la carga de la prueba a favor del despojador.
Este proyecto de Ley, retrocede 20 años en administración de justicia agraria y modernización del Estado.
Una política compensatoria sería excesivamente costosa e imposible de pagar por el Estado.
Es decir, por estos y muchos otros aspectos y por lo que representa quitarle alcances a la Ley de Víctimas, como miembro del liberalismo le digo no a esta reforma legal a una norma que ha venido funcionando y cumpliendo cabalmente los objetivos para lo cual fue diseñada y que ha permitido reparar a miles de víctimas en todo el país y restituido también a miles de campesinos que fueron víctimas de despojo.
Ahora bien, quienes somos defensores de la vida, de la Paz y la reconciliación nacional, estamos sumamente preocupados ante las declaraciones irresponsables dadas recientemente en la ciudad de Cartagena por el señor Ministro de Defensa Nacional, Guillermo Botero, al afirmar que detrás de la protesta social en Colombia están las mafias.
Textualmente dijo el alto dignatario, que más bien parece el Ministro de la guerra: “Entonces cada vez que ustedes ven que cerraron la Panamericana o que me cerraron unas carreteras en Nariño, detrás de eso siempre hay mafias organizadas, pero mafias de verdad, mafias supranacionales”. Tal vez desconoce este funcionario, que son esas mafias precisamente las que están matando a nuestros líderes en todo el país.
Especialmente han asesinado a líderes sociales que han promovido programas de sustitución de cultivos ilícitos, han defendido la vida y el medio ambiente ante la minería ilegal y han promovido una justa restitución de tierras, entre otras actividades, o han sido paneleros, lecheros, cafeteros, arroceros o cultivadores de papa, que protestan por la caída de precios de sus productos, por importaciones indiscriminadas, contrabando y medidas equivocadas que han arriesgado la economía agraria colombiana.
Nuestros líderes sociales y campesinos han quedado entre el fuego de las mafias y la estigmatización del Ministro de Defensa.
Bogotá, D. C, 24 de septiembre de 2018.
*Senador Liberal.
@GGarciaRealpe
Nací como liberal en una disidencia del Partido Liberal, a los 16 años, cuando en 1959 me inscribí como militante de las juventudes revolucionarias del MRL, un movimiento liderado por el doctor Alfonso López Michelsen. Nos oponíamos a la alternación en la Presidencia de la República, a la paridad en los empleos públicos entre liberales y conservadores, y defendíamos la bandera del SETTT: salud, educación, tierra, techo y trabajo.
En el año de 1968 se hizo la unión entre López y Lleras Restrepo. Ya era liberal a secas, hace 50 años. Desde entonces ahí he estado, a veces bien, en ocasiones pasando las duras y las maduras, triunfando en épocas, sufriendo derrotas y decepciones, siempre con el ideario de libertad, democracia, paz, equidad y convivencia, luchando por un mejor país, por derrotar la desigualdad y la pobreza, propendiendo por el crecimiento económico con justicia y defendiendo a la naturaleza de los depredadores que la atacan desde diversos frentes.
No siempre he sido de elecciones, de curules y de cargos públicos. Estuve varios años en la judicatura, pasé unos trabajando en el sector privado, fui exitoso litigante, siempre, donde quiera que estuve, liberal de cerebro, de convicciones y de Partido. Estudié a fondo las doctrinas políticas, visité países y diversos sistemas de gobierno, conozco la historia de la humanidad, sus luchas por la libertad, la crueldad de las satrapías, el nacimiento, desarrollo y fín de los imperios, las guerras ideológicas y las ambiciones de poder que provocaron otras, los bloques geográficos, las contradicciones entre capitalismo y socialismo, y entre más supe y conocí fueron más fuertes en mi ánimo las convicciones liberales.
Se, por supuesto, que para ser liberal en Colombia no se necesita estar afiliado al Partido Liberal. Alguien escribió una frase cierta: “hay más liberalismo que Partido Liberal”. Santo y bueno. Pero por lo que conozco y he vivido, desde el Partido Liberal se han logrado las más importantes reformas liberales. Por ejemplo, la reforma de 1936; por ejemplo, la Constitución de 1991. Claro, me refiero a un Partido Liberal fuerte ideológicamente, con convicciones, con capacidad de lucha y vocación de poder, con líderes y con liderazgo. Es decir, se requiere doctrina y gente, gente buena, honrada, luchadora, porque el ejercicio de la política exige trabajo, esfuerzos y a veces sacrificios.
Por eso no estoy de acuerdo con el retiro de importantes liberales que buscan trabajar por sus ideas afuera del Partido Liberal. Especialmente rechazan a la actual dirección del Partido y lo errático de sus decisiones políticas. Muchos liberales estamos de acuerdo con ellos, pero hay que hacer la repulsa adentro, donde hoy los necesitamos más que nunca. No hay victorias permanentes ni derrotas eternas. No siempre el director del Partido va a ser el doctor Gaviria.
Por dentro se puede disentir, crear tendencias, buscar al pueblo, generar ideas, controvertir. Hay espacios para la necesaria renovación, para defender lo auténtico, para innovar. Faltan quienes se atrevan, para seguirlos.
Bogotá, D. C, 24 de septiembre de 2018
*Abogado. Excongresista, Exministro del Interior, Diplomático, Exgobernador de Santander
Uno de los temas que no se ha mencionado en el debate sobre los bonos de agua y que no tiene nada que ver con el ministro Carrasquilla es ¿qué pasó después de los bonos?, ¿quién salió ganando y quién salió perdiendo con el desmonte de los préstamos a los municipios financiados con los bonos?
Hay que recordar cómo funcionaba el mecanismo: un grupo de inversionistas creó el Patrimonio Autónomo Emisor y Prestamista (PAEP), una especie de banco paralelo que captaba recursos del público (en la modalidad de bonos) para hacer préstamos a 19 años a municipios y se ganaba un margen de intermediación anual de 3% en el negocio.
Como la tasa de captación de los bonos era alta (IPC + 8%), los préstamos a los municipios resultaron costosos (IPC + 11%). Entonces el Minvivienda decidió salir en ayuda de los municipios e inventó un mecanismo para reemplazarlos, que se plasmó en el decreto 1300 de 2014.
En el nuevo esquema, una entidad pública –la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter- constituyó un nuevo Fideicomiso que sustituyó el PAEP y recompró los bonos con plata que le prestaron 6 bancos comerciales a una tasa mucho más baja, de manera que le pudo bajar la tasa a la mayoría de los municipios.
Lo ingenioso del asunto es que los bancos pudieron prestarle al nuevo fideicomiso de Findeter a una tasa mucho más baja que la de los bonos, porque lo hicieron con recursos que les dio el mismo Findeter a una tasa subsidiada del IPC + 0.5%. Entonces, ¿quién ganó y quién perdió?
Ganaron los 100 municipios pequeños a quienes se les redujo la tasa de interés a IPC + 7. No ganaron los 17 municipios grandes a los que se les mantuvo una tasa similar a la anterior.
Los grandes ganadores fueron los bancos comerciales, a los que les entregaron gratis un negocio de créditos por $490.000 millones durante quince años, sin haber tenido que invertir un peso en su estructuración.
Si lo que se quería era aliviar la situación de los municipios, ¿por qué Findeter no prestó directamente los recursos al Fideicomiso, sin necesidad de intermediarios, de manera que los prestamos se hubieran podido hacer al IPC + 0.5%? Según el decreto 1300 hubiera podido hacerlo.
Cali, 23 de septiembre de 2018.
* Economista y Filósofo. Consultor Independiente.
El gobierno Duque ha ido anunciando, de puntada en puntada, lo que será la próxima Reforma Tributaria o Ley de financiamiento como ahora la ha denominado.
Primero, con mucha prudencia porque es evidente que no quiere aplicar con rigor el espejo retrovisor, ha empezado a anunciar el déficit de apropiaciones que entraña el proyecto de presupuesto para el 2019 que actualmente se discute en las comisiones económicas del Congreso.
Se trata naturalmente de un déficit de apropiaciones, es decir, de la diferencia entre los gastos proyectados y necesarios y los ingresos estimados para el año entrante. Al efecto se ha mencionado la cifra de 25 billones de pesos que naturalmente es altísima. Esta cifra la ha citado el propio Presidente Duque, su Ministro de Hacienda Carrasquilla y el nuevo director de la DIAN. De ser exacta esta cifra no tendría precedentes en la historia fiscal del país. Pero aún si es menor, digamos un 50% menos, estaríamos hablando de un déficit de apropiaciones para el año entrante de dimensión impresionante.
Otras puntadas que se han dado son las de que habrá menor tributación para las empresas y mayor para las personas naturales. Igualmente se ha mencionado que se ampliará el IVA a los productos de primera necesidad, acompañado de algún mecanismo de devolución para los sectores más débiles de la población, que a su turno son los mayores pagadores de IVA.
La última puntada la dio el propio Presidente Duque en la Asamblea de Confecámaras cuando dijo que él nunca había hablado de Reforma Tributaria propiamente dicha, sino de una ley de reactivación económica, que además de algunas medidas para activar la economía tendría las características de una ley de financiamiento.
¿Qué es una ley de financiamiento? La respuesta nos la proporciona el Art. 347 de la Constitución que establece exactamente el procedimiento a seguir ante circunstancias fiscales como la que estamos viviendo. “El proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva. Si los ingresos legalmente autorizados no fueren suficientes para atender los gastos proyectados, el gobierno propondrá, por separado, ante las mismas comisiones que estudian el proyecto de ley de presupuesto, la creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de gastos contemplados.
El presupuesto podrá aprobarse sin que se hubiere perfeccionado el proyecto de ley referente a los recursos adicionales, cuyo trámite podrá continuar su curso en el periodo legislativo siguiente.”
Durante la vigencia de la Constitución de 1886 era obligatorio que los presupuestos se presentaran a consideración de las cámaras equilibrados. La Constitución de 1991 permitió que el proyecto de presupuesto se pueda presentar desbalanceado; pero si tal es el caso, deberá ir obligatoriamente acompañado de una ley de financiamiento, en la que se le propondrá al Congreso “la creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el gasto de montos contemplados”.
Esto es lo que veremos en los próximos días: un proyecto de ley de financiamiento que responda a la angustiosa pregunta de cómo se va a financiar el inmenso déficit de apropiaciones con que se preparó y presentó el proyecto de presupuesto para el año entrante.
En el fondo esta es una de las dos modalidades de Reforma Tributaria que existen. La una es para aumentar ingresos, pero sin que este incremento en los tributos esté relacionado directamente a la absorción de un déficit específico. La otra es la del artículo constitucional que hemos citado, que es justamente la vía que debe seguirse cuando el Congreso se enfrenta a un proyecto de presupuesto protuberantemente desfinanciado, como es el caso actual.
Ya las puntadas se han dado. Ahora lo que le corresponde al gobierno es presentarle al Congreso y al país la colcha completa que ha venido tejiendo a través de puntadas en las semanas anteriores. Ojalá no nos vaya a resultar una colcha de retazos.
Bogotá, 23 de septiembre de 2018.
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
José Antonio Bernal es un productor del norte del Cauca que me escribe pidiendo, qué digo, clamando, por mi “intervención ante las instituciones gubernativas encargadas del control territorial, para que se respete la propiedad rural privada en el norte del Cauca”. Hago público su nombre porque, en su desesperación, dirigió similares solicitudes al ministro de Defensa, el director de la Policía, el presidente de Asocaña, la alcaldesa de Caloto y otras instancias nacionales y regionales.
¿Quién está agrediendo el derecho de José Antonio a la legítima propiedad de la tierra?, ¿acaso las disidencias de las Farc, el Epl, las autodefensas gaitanistas, los pelusos, o los nuevos combos?, todos ellos presentes en la región, todos vulgares narcotraficantes, y todos interesados en el control territorial de las zonas de cultivos ilícitos, de minería ilegal y, sobre todo, de las rutas de las droga.
Si así fuera, esta sería una denuncia fácil. Pero no son ellos los que presionan violentamente a José Antonio para que termine vendiendo su hacienda a menosprecio y se convierta en desplazado. Es la dirigencia indígena, concentrada en el Consejo Regional Indígena de Cauca, CRIC, y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN.
Ahí la cosa es más compleja, porque en este país anclado en estereotipos mediáticos, culturales y políticos, hablar mal de los indígenas es, al decir de la sabiduría popular, “como pegarle a la mamá”. El indígena es pacífico, no usa armas sino bastones; era el dueño de toda la tierra antes de que llegara Belalcázar por esos lados, Quezada y demás conquistadores. Toda esa tierra, por lo tanto, son “territorios ancestrales”, sagrados, que todos los colombianos les han robado durante siglos, pero que les siguen perteneciendo.
Dentro de esa cosmovisión, los indígenas legitiman lo que el CRIC reconoce como el proceso de “la liberación de la madre tierra”. En esas estaban, según el mismo CRIC, los “comuneros” que, en octubre de 2017, recorrían la Hacienda Miraflores en zona rural de Corinto, cuando se toparon con el ejército, que, según ellos, les disparó sin fórmula de juicio.
¿Qué hacían los comuneros en un predio privado que no hace parte de los más de 80 resguardos indígenas que existen en Cauca con más de 600.000 hectáreas de extensión? ¿En qué consiste la liberación de la madre tierra? José Antonio lo ha vivido. Desde hace cuatro años le destruyen jarillones e inutilizan reservorios, además de la estrategia de meter furtivamente ganado robado –cercas de cien animales–, para destruir plantaciones y todo lo que encuentren a su paso.
No son tan pacíficos. En julio de 2012, una muchedumbre humilló a 100 militares en el cerro Berlín, atacándolos con piedras y bastones, y sacándolos arrastrados y a empellones. En septiembre de 2017, cerca de 100 “liberadores de la tierra” incendiaron cultivos y enfrentaron a la tropa con artefactos explosivos. En enero de 2018, en Corinto, los indígenas la agreden con insultos y uno de ellos le pone un cuchillo al cuello a un soldado, obligando a sus compañeros a dar tiros disuasivos y, otra vez, al retiro humillante. Ante cualquier inconformidad, la carretera Panamericana es bloqueada con actos violentos.
La Constitución de 1991 les garantizó muchos derechos, pero parece que ningún deber. José Antonio se pregunta si están eximidos de cumplir la ley fuera de sus resguardos; se pregunta quién defenderá a los productores si no lo hace la fuerza pública. Por eso me pide intervenir ante el presidente Duque y sus ministros, para que alguien los proteja de la liberación de la madre tierra.
Bogotá, D. C, 22 de Septiembre 2018
*Presidente de Fedegan
@jflafaurie
A veinte días de ese 26 de agosto, cuando los colombianos atiborraron las urnas para pronunciarse contra la corrupción, afloraron las más preocupantes denuncias en torno al tema que saquea las finanzas nacionales y el producto de los impuestos que dejan exhaustos los bolsillos de nuestros compatriotas.
En Colombia, uno de los países que más agua posee en la faz de la tierra, millares de habitantes mueren de sed, o de enfermedades que contraen por consumir el precioso líquido completamente contaminado. Contaminado por nosotros mismos, que lo enrarecemos con el glifosato –que beneficia a Monsanto e importadores- la minería ilegal, el ELN con sus atentados al oleoducto, la incultura y tantos factores más.
Sale ahora a flote, según denuncias del Colega Daniel Coronell y otros columnistas, el ingente negocio que montó en Panamá hace años el actual ministro de Hacienda con los llamados “bonos Carrasquilla”. Con extraños mecanismos, ubicaban municipios, les entregaban dineros con leoninas clausulas y altísimos intereses, que debían pagar durante 19 años. Ni los más avaros y usureros bancos, que se sepa, tienen modalidades de ese tenor. La corrupción reinante en la mayoría de esos municipios, permeaba a alcaldes y concejales que hacían festines con esos dineros, mientras la sed agobiaba a sus habitantes, o las enfermedades diezmaban su población.
Esta perversa situación fue denunciada por Simón Gaviria y luego por el entonces ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao. Este último, con nuestros impuestos, logró a través del Findeter, recoger algunas de esas deudas y librar a los municipios de las garras de los “bonos Carrasquilla”. “Bonos impotables”.
El inventor de los bonos, se defiende –y tiene todo su derecho- señalando que no se enriqueció con esos bonos. La corrupción, no tiene medida, ni modalidad, ni cuantía monetaria. Es simplemente corrupción. En la antigua Roma, Julio César dijo: “No basta que la mujer del César sea honesta; también tiene que parecerlo”.
Fue casi imposible para el Minhacienda y el enjambre de senadores hambrientos de la mermelada -que Duque ha eliminado hasta ahora- encontrar argumentos para sacralizar, limpiar o purificar los “bonos Carrasquilla.
En Colombia nos invade la corrupción. Por fortuna, el Presidente Duque dejo en firme el proyecto de ley que adopta las normas aprobadas por la Consulta del 26 de agosto y la envió al Congreso.
Es urgente. Ya no hay espacio que no ocupe la corrupción. En Bogotá, se acaba de adjudicar la licitación de los semáforos inteligentes con papeles falsos, mientras el Alcalde se hizo el de la vista gorda, como ocurrió en su anterior administración con la invasión de bolardos, pésima calidad de las losas y tantas cosas más. Ahora vemos cómo habilidosamente se oculta bajo abultados presupuestos de publicidad en importantes medios, para escurrir el bulto, eludir responsabilidades y escapar a una “requeteaplazada” revocatoria y traer buses contaminantes.
¿Lograremos unos bonos de agua potable?
BLANCO: El reconocimiento del Presidente Duque a Pékerman.
NEGRO: ¿A quiénes les interesa una guerra con Venezuela? Hasta la OEA y Pacho Santos buscan armarla.
Bogotá, D.C, 21 Septiembre 2018
*Periodista. Ex director Noticiero Nacional y de NotiSuper.
Un vicio, infortunadamente arraigado en quienes se ocupan de prescribir las reformas cuando algo viene fallando, o cuando se quiere atacar un determinado problema, consiste en aconsejar cambios sobre asuntos que no guardan relación alguna con aquello que se necesita solucionar. En materia legislativa, al expedir la ley, muchas veces no se tiene la perspectiva de una norma general y abstracta –como es su naturaleza-, sino que se procede, de manera improvisada, a partir de un caso específico. Y consagramos normas y más normas, sin importar si son o no coherentes con las vigentes, ni si en verdad su aplicación tendrá utilidad con miras a lograr el propósito regulador que le es propio.
Lo propio ocurre con las reformas constitucionales, y por ello, desde 1991 la Constitución ha sido modificada cuarenta y ocho veces, casi siempre por motivos coyunturales y de cortísimo plazo, lo que ha llevado a una gran inestabilidad institucional.
Ahora, a propósito de las reformas a la administración de justicia, el primer punto que proponen los proyectos de reforma consiste en restringir la acción de tutela.
En los foros internacionales sobre justicia –acabo de participar en uno de ellos, en México-, tanto la consagración del mecanismo como su desarrollo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, son materia de elogio, estudio y análisis por juristas y profesores. Por ello, preocupa que, mientras en el exterior se habla de trascendentales avances colombianos sobre defensa y protección efectiva de los derechos fundamentales -en buena parte gracias a la tutela-, en el interior los enemigos de la tutela aprovechen cuanta ocasión tienen para desmontar el único mecanismo que -por su informalidad y carácter sumario- ha logrado asegurar a muchas personas el acceso a una administración de justicia más ágil y eficiente que la ordinaria.
Según el proyecto gubernamental, la posibilidad que hoy tiene toda persona de acudir a la acción de tutela, ya no existirá si esa persona no está “legitimada para hacerlo”. No podrá actuar una, en defensa de los derechos fundamentales de otra, cuando por cualquier causa ella no pueda ésta actuar directamente. Así, en el caso de los derechos de los niños, ya no podrá cualquier persona, como lo prevé el artículo 44 de la Carta, exigir que les sean respetados.
- Se pretende que ya no pueda resolver un juez de cualquier jurisdicción, como hoy ocurre -porque en materia de tutela, todos son jueces constitucionales-, sino que la protección únicamente se pueda reclamar “ante los jueces de la jurisdicción y especialidad que corresponda con el asunto objeto de amparo”. Es decir, se quiere especializar (o tecnificar) lo que debe ser general, de obligatorio conocimiento y observancia por todos los jueces: la aplicación de la Constitución y el respeto a los derechos constitucionales fundamentales.
- Se elimina la posibilidad de ejercer la acción de tutela en cualquier tiempo, como hoy lo estipula el artículo 86 de la Constitución. Es decir, en un determinado momento, caducaría la posibilidad de acudir al juez de tutela para defender un derecho fundamental.
Reitero: no se solucionan los problemas, ni las deficiencias de la administración de justicia, ni tampoco la corrupción, socavando o haciendo estériles las garantías constitucionales.
Bogotá, D. C, 19 de septiembre de 2018
*Expresidente Corte Constitucional
