Opinión
Que 11,7 millones de colombianos votaran en la Consulta Anticorrupción, casi todos ellos por el sí –¡más que los que eligieron de Presidente a Iván Duque!–, muestra su rotundo éxito a pesar de no superarse el umbral. Quién lo creyera: ¡una derrota legal convertida en un gran triunfo político!, hasta el punto de que ya se inició la lucha para lograr que el Congreso convierta en leyes las famosas siete preguntas. Y este triunfo es mayor si se recuerdan las duras circunstancias en las que se dio, con lo que se comprueba que en Colombia sí están pasando cosas difíciles de creer, en razón de que las gentes están mamadas de los mismos con las mismas y las redes acabaron con el monopolio de las comunicaciones.
La campaña a votar #7VecesSí se hizo literalmente con las uñas, con escasísimos recursos económicos y sin coacción a los electores, como no se había visto en ninguna elección en la historia del país, caracterizadas por corruptelas y vagabunderías. Muy digno de resaltar es que miles y miles de colombianos de todas las condiciones trabajaran como voluntarios a favor de la Consulta, acción política que no se origina en intereses mezquinos sino pensando en lo mejor para el país.
El triunfo de la Consulta Anticorrupción también se agiganta porque implicó derrotar a todo el rancio poder político nacional, que la saboteó, abierta o solapadamente, con unas excepciones. Pastrana, Gaviria y Vargas Lleras no hicieron nada a su favor e igual ocurrió con los partidos Liberal, Conservador, U y Cambio Radical, fichas del Frente Nacional duquista. Mención aparte merecen las vivezas en contra de la Consulta de Iván Duque y su partido, como se verá, hoy de cínicos apropiándose del fenómeno del 26 de agosto.
Cuando el 5 de junio, por unanimidad, el Senado aprobó la Consulta Anticorrupción –incluido que el Estado pagara sus costos, así lo oculten–, sobraron los discursos a favor. Dense el gusto de ver y oír al senador Uribe Vélez: https://bit.ly/2PqBbLY. Y lo mismo dijo Iván Duque, en esos días dedicado a engatusar en su campaña presidencial. Por tanto, la feroz campaña en contra de la Consulta del jefe del Centro Democrático y de su gente empezó con una reculada, voltereta que les facilitó el Presidente Duque, a quien tampoco le convenía políticamente que la Consulta sacara la votación que sacó y menos que obtuviera el umbral, daño que sí lograron.
Los siguientes hechos demuestran que Duque, Uribe y sus partidarios sí actuaron de acuerdo contra la Consulta. 1. El 7 de agosto, un video de Noticias Uno mostró que era falso el respaldo del Centro Democrático a la Consulta Anticorrupción (https://bit.ly/2MoL1wv). 2. Al otro día en la mañana, ¡qué casualidad!, Duque, a través de su ministra del Interior, con unos proyectos de ley, les tiró a sus conmilitones unos salvavidas para la denuncia de Noticias Uno. 3. Y esa misma tarde, el senador Uribe Vélez utilizó dichos proyectos para correrse de su promesa de dos meses atrás (https://bit.ly/2OPPWZ0), alegando sin razón que con las leyes de Duque la Consulta sobraba, con lo que le dio inicio a una agresiva campaña de falacias para que no se saliera a votar el 26 de agosto, buscando convertir la votación en un fracaso. Se equivoca entonces quien crea que Duque sí respaldó de verdad la Consulta porque soltó un par de frasecillas que ocultaran estas verdades.
Y una vez confirmada la derrota del Frente Nacional duquista, Duque, dedicado al engaño de “desuribizarse” pero de mentiras cuando le toca, salió a la televisión a apropiarse del triunfo de quienes lo derrotamos, a lo que también se ha dedicado después. Es notorio que lo que busca es fortalecerse políticamente, para mejor golpear a los colombianos con la horrorosa reforma tributaria que, por encargo suyo, prepara el ministro Carrasquilla.
Coletilla 1: Muy mal cayó que la reducción de los sueldos de los Congresistas informada por la reunión de la Casa de Nariño, a la que decliné asistir, no sea inmediata, como decía la Consulta Anticorrupción, sino diferida a lo largo de los años. Va a ser dura la lucha por impedir que la mayoría del Congreso convierta en letra muerta las leyes anticorrupción. Coletilla 2: Propondremos en el Congreso una ley que persiga la corrupción en el sistema tributario, el cual facilita los mayores robos al erario, en especial en los llamados paraísos fiscales, en verdad infiernos desde donde se destruye a Colombia.
Bogotá, 31 de agosto de 2018.
Por Jaime Enrique Durán Barrera *.- Como Presidente de la Comisión Segunda del Senado asumo una responsabilidad respecto a una decisión de Estado que tiene que ir más allá de la sustitución de los cultivos ilícitos por medios más eficaces como lo es el uso de la tecnología del dron, que puede ser eficaz y eficiente, pero que no minimiza los efectos y demás impactos en la salud y el ambiente, por la aplicación de una sustancia herbicida sistémica que está bajo controversia a nivel mundial.
En este tipo de decisiones estratégicas, no se pueden confundir los aspectos tecnológicos y científicos. Las declaraciones del ministro de defensa Guillermo Botero Nieto en los últimos días, se limitan al desarrollo de la estrategia en términos del uso de la tecnología de drones, sus costos y el rendimiento de estos aparatos, pero se requiere, reconsiderar la utilización del glifosato, debido a los grandes debates que a nivel mundial se han desarrollado desde el 2004 sobre el manejo de herbicidas sistémicos.
Con razón el Ministerio de Salud en el 2015 recomendó la suspensión de las fumigaciones con glifosato cuando se estableció que dicho herbicida era “probablemente carcinogénico para humanos”, por parte de la Agencia Internacional para la investigación en cáncer, de la Organización Mundial de la Salud.
La recomendación del Ministerio de Salud se hizo teniendo en cuenta el auto 073 de la Corte Constitucional el cual señala que, frente a las aserciones aéreas con glifosato, que en caso de no llegarse “a una conclusión definitiva con base en criterios técnicos y científicos razonables sobre la inexistencia de un riesgo actual grave e irreversible para el medio ambiente y / o la salud de las personas” se debe “dar aplicación inmediata al principio de precaución”. Según la Corte Constitucional, el principio de precaución debe aplicarse si se cuenta con “la valoración de indicios que indiquen la potencialidad de un daño”.
Ante las infinitas incertidumbres científicas, sobre los efectos del Glifosato, me pregunto como legislador ¿está el Ministro de la Defensa aplicando el principio de precaución ante las impredecibles consecuencias de efectos de este herbicida en la biodiversidad y la salud de los colombianos? Porque se use un dron con precisiones milimétricas, no significa que el glifosato no va a contaminar.
Lo más impresionante de este debate es que nosotros aún estimemos una salida viable del uso del glifosato ante las reacciones del mundo a los efectos de este herbicida en los agricultores. De hecho, la caída de las acciones de Bayer, actual dueño de Monsanto, productor del herbicida, indica que la presión de las demandas colectivas puede influir determinantemente en su comercialización.
En la economía se trabaja con datos reales y concretos. Los efectos neurotóxicos del Glifosato en humanos y animales y sus posibles consecuencias en el medio ambiente ya son estimados por los especuladores bursátiles.
Que no sea crea que no estoy de acuerdo con la imperiosa necesidad de sustituir los cultivos ilícitos, pero la erradicación química con glifosato es supremamente costosa en términos ambientales y sanitarios en todos los casos. La sustitución de cultivos es una estrategia de desarrollo rural que exige que los estados inviertan en mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los campesinos, porque cultivar coca, marihuana y amapola, es más rentable que legumbres, frutas y hortalizas.
El Congreso tiene la responsabilidad de exigir que esta estrategia de control de cultivos ilícitos no perjudique la salud de los colombianos y la riqueza bio diversa del país, su principal potencial.
Bogotá, D. C, 31 de agosto de 2018.
*Presidente de la Comisión II del Senado de Colombia
Más de once millones de colombianos, demostraron que existe un país nuevo, capaz de darle un giro a una nación gangrenada por la corrupción, el despilfarro y la violación de todos los cánones de decencia y rectitud.
Sin tamal, aguardiente, tejas y cemento, transporte y apabullante billete, más de la mitad de quienes tradicionalmente acuden a las urnas, le dijeron a Colombia que urge un cambio de rumbo que elimine la corrupción y nos oriente hacia un futuro certero, firme y provechoso. Pero como aún la corrupción tiene sus manejos, un tal umbral, dejó el clamor de un pueblo sin valor alguno, mientras los enviciados se frotaban las manos de felicidad, con menos de cien mil votos.
Las gentes de bien, los progresistas, los contados dirigentes cuya meta insobornable es la rectitud invitaron con decisión a votar 7 preguntas, mientras los de siempre, los amantes y practicantes de la corrupción, hacían campaña en contra, sin mucha fortuna.
El propio jefe del Estado, ese joven que día a día deja colar su independencia, respaldó el querer de un pueblo que quiere sacudirse de la maldición que tiene penetrada nuestra clase política. Varias veces, Duque, ha vareado la ruta que quiere señalarle su mentor, con el beneplácito de propios y extraños. Con todo carácter, mostró su autonomía citando a todos los movimientos políticos, incluidas las Farc y los organizadores de la consulta, a una reunión durante la cual se pudiera sellar una serie de medidas legislativas contra la corrupción. Igualmente una reforma política que tantas veces se ha enterrado, que de paso elimine a los compradores de votos y creadores de esas empresas familiares que manejan despiadadamente las elecciones para apoderarse de los presupuestos. Fue una reunión exitosa y productiva.
También el Presidente Duque, ha hecho una “llave” con el Procurador Carrillo, para darle dientes al Estado para combatir la corrupción. Esa “llave” permite que la procuraduría este siempre detrás de las conductas indeseables, perseguirlas y sancionarlas. Cómo será de buena la propuesta de esta “llave” que ya tiene fuertes enemigos, entre ellos el Fiscal Martínez.
El despertar de un pueblo con gran afluencia de jóvenes que salieron a votar el domingo, nos muestra otra visión, progresista, constructiva y propositiva, que requerimos con urgencia, si anhelamos un nuevo país. El Presidente Duque tiene en sus manos la cristalización de ese empeño nacional.
BLANCO: Este nuevo país, queda perfectamente plasmado en la extraordinaria obra “Ella es Colombia”’, que estrenó Misi en el teatro Cafam. Se conjugan en ella, nuestra mágica realidad macondiana, con una nación repleta de una gente valiosa. Resalta magistrales arreglos musicales, con las bellezas naturales y el acontecer de nuestras vidas, pasando por la guerra y alcanzar la paz que hoy disfrutamos. Es una obra que nos muestra con orgullo en cualquier parte del mundo.
NEGRO: Difícil explicar la embajada ante la OEA, en manos de quien fue sancionado por la Procuraduría y no propiamente por quemar libros.
Bogotá, D. C, 30 de agosto de 2018
Imagínese usted un campeonato de futbol en el cual los 4 o 5 grandes equipos del torneo son los encargados de escoger los árbitros. ¿Cree usted que los resultados de la competencia son creíbles para los futbolistas, los equipos o los aficionados?
¿Qué garantía tienen los equipos chicos de que no van a pitar contra ellos? ¿Y en los enfrentamientos directos quien puede dirimir las disputas entre los dueños de los árbitros? Sin duda que un sistema así no puede funcionar, pero así es exactamente como funciona la autoridad electoral en Colombia.
Los árbitros del proceso electoral son las nueve personas que componen el Consejo Nacional Electoral, y aunque no imparten justicia tienen el nombre de magistrados. A diferencia de los verdaderos magistrados, los consejeros electorales no actúan en defensa de la Constitución o las leyes, sino en defensa de los partidos que los colocan allí.
Esta semana el Congreso de la República ha convocado la elección de estos magistrados sin que haya mediado ningún mecanismo de transparencia o información sobre quiénes serán los postulados para ocupar dichos cargos pese a que la Constitución establece en su artículo 126 que todo proceso de “…elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección”.
Los miembros de los partidos, aducen que eso no es con ellos, porque otro artículo de la Constitución, en este caso el 264 señala que los nueve miembros del CNE serán “…elegidos por el Congreso de la República en pleno, para un período institucional de cuatro años, mediante el sistema de cifra repartidora, previa postulación de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos”.
Según los voceros de los partidos, cuando la postulación proviene de ellos la norma constitucional que establece un proceso meritocrático no se aplica. Esta interpretación no solo es contraria al ordenamiento jurídico, sino que desafía de manera directa el sentimiento de hastío ciudadano expresado en la consulta anticorrupción del pasado domingo. El hecho de que las postulaciones provengan de los partidos no conlleva eludir el proceso meritocrático. Al contrario, si las organizaciones políticas quieren ganar de nuevo el respeto se requiere que entiendan el momento político.
¿Acaso no es función de los partidos ayudar a seleccionar a los mejores miembros de la sociedad y presentárselos como candidatos a los votantes? ¿No es posible que las organizaciones políticas puedan mostrar que son capaces de reclutar personas idóneas y cualificadas para las más altas responsabilidades del Estado?
Esta no es una votación rutinaria. La democracia colombiana ha venido siendo atacada sutilmente por distintos actores políticos que no están dispuestos a aceptar que las urnas les lleven la contraria. Esta semana hemos visto, por ejemplo, cómo algunos sectores del Centro Democrático han demeritado los resultados de la consulta popular aludiendo un inaudito fraude pues sería el primer fraude de la historia que se hace para perder. Y vale la pena recordar que en la primera vuelta el candidato Gustavo Petro llenó las redes sociales con acusaciones infundadas de fraude electoral ante el temor de no pasar a segunda vuelta.
Hasta ahora hemos tenido la fortuna que los resultados electorales han sido holgados y no han dado lugar a disputas, pero nada garantiza que esto se mantenga así en el futuro cercano. ¿Puede proclamarse presidente alguien con una diferencia menor al 0,5 por ciento como la que tuvimos en el Plebiscito por la paz? ¿Si se requiere un reconteo el nuevo Consejo Electoral dará las garantías de credibilidad necesarias a quien vaya perdiendo?
No deberíamos perder de vista que muchas crisis democráticas en la región han tenido como ingrediente la incapacidad de ofrecer garantías a la oposición para que puedan participar en los procesos electorales. No podemos poner en riesgo los avances democráticos conseguidos con el burdo intento de los partidos de nombrar en el Consejo Electoral a unos árbitros que ni siquiera saben pitar.
Bogotá, D. C, 29 de agosto de 2018
*Exministro del Interior
Aunque el número de votos depositados no fue suficiente para que las propuestas formuladas en la consulta contra la corrupción se convirtieran en mandatos de forzoso cumplimiento, no se debe desconocer que muchos colombianos participaron. El certamen tuvo un efecto político, y esa alta participación tiene un sentido, en cuanto se trata de un llamado a los órganos estatales y a la sociedad misma para que todos nos empeñemos en rechazar la corrupción y en defender la legalidad como reglas fundamentales de conducta.
Ahora bien, se deben presentar y tramitar normas -no necesariamente las que se proponían en el texto votado-, orientadas a cerrar todas las vías que permiten a los corruptos conseguir sus nefastos fines en perjuicio de la moralidad y el patrimonio público. Pero ante todo, es necesario aplicar las normas que ya están vigentes y desactivar la cultura de la corrupción que se ha adueñado de muchos sectores.
Muchas de las disposiciones propuestas ya hacen parte del ordenamiento, como la extinción del dominio o la obligación de hacer públicas propiedades e ingresos de funcionarios. Pero hay otros elementos que hacen falta: la necesidad de hacer que los corruptos paguen de verdad pena de prisión -en la cárcel, no en lujosos pabellones-; que se les aumenten las penas de manera drástica; que no dispongan de beneficios ni de rebajas o subrogados; que -sin perjuicio del debido proceso y las garantías constitucionales- no se puedan seguir beneficiando de la artimañas de abogados deshonestos para lograr casa por cárcel o libertad por vencimiento de términos, con duras sanciones penales y disciplinarias a esos profesionales tramposos; que se los obligue en serio a restituir las millonarias sumas conseguidas mediante sus ilícitas actividades; que se les haga efectiva la inhabilidad permanente para desempeñar cargos públicos o contratar con el Estado.
Se requiere un trabajo de proyección normativa bien concebido y estructurado, sin improvisaciones y sin repetir lo que ya existe. Y sin politiquería.
Desde luego, en cuanto a los mecanismos de participación ciudadana, los dirigentes políticos deben evitar acudir a ellos cuando sean manifiestamente inadecuados para el fin que se busca. Reservarlos para muchos efectos en que la voluntad popular debe ser consultada. Así, esta consulta, tan costosa -más de trescientos mil millones de pesos-, no era necesaria para que el gobierno -como en efecto lo hizo el Presidente Duque- se comprometiera a liderar los procesos legislativos, administrativos y de control para salvaguardar el patrimonio público. Lo indicado desde el punto de vista jurídico, si se quería oír al pueblo, era un referendo constitucional, toda vez que, mediante él los colombianos habríamos podido aprobar directamente y sin más trámites todas las reformas que requiriera la Constitución.
Bogotá, D.C, agosto 29 de 2018
*Expresidente de la Corte Constitucional
Evidentemente, al presidente Duque no le quedaba otra que salir en la televisión a reconocer un resultado que ni él mismo se lo creía.
Los días previos lo escuchamos invitando a votar la consulta anticorrupción sin el entusiasmo con que acompañó, siendo senador, la campaña a favor del No en el plebiscito de 2016.
No creo que Duque se desmarcara de su mentor, el expresidente y senador Álvaro Uribe, y optara por respaldar la consulta; muy al contrario, a regañadientes, aceptó un tema con el cual se había comprometido en campaña, pero del que nunca se apropió. No hubo un acompañamiento férreo y comprometido con la consulta desde el gobierno y la falsa propaganda contra los siete puntos para desinformar que promovieron algunos sectores, incluidos los desafiantes trinos de su partido Centro Democrático (CD), hicieron daño a los propósitos de conseguir el umbral.
No nos digamos mentiras, al CD y a la Casa de Nariño nos les gustaba la consulta anticorrupción porque, más allá de los siete puntos para ponerle tatequieto a los corruptos, a Uribe solo le convenían unas reformas pactadas en el Congreso y no producto del mandato popular. El exmandatario sabe más que nadie que la votación de este 26 de agosto arrojó unos resultados inesperados que trascenderán políticamente e impactarán las elecciones regionales y locales.
Tiene claro el expresidente Uribe que todos los huevitos de su canasta los tiene puestos en su estrategia para conquistar las alcaldías de las principales ciudades del país y elegir gobernadores en por lo menos diez departamentos y para lograrlo qué mejor que la corruptela regional. Pero la soberbia de quien se cree triunfador le jugó una mala broma e hizo la lectura equivocada. Creyó el senador que negar lo que ya había aprobado era suficiente para llamar al fracaso de la consulta que no ganó, es cierto, pero que logró descifrar un país que está harto de la corrupción.
Sí, el país habló contra la corrupción, pero lo hizo también pensando en la transformación. Es un resultado que obliga a un cambio de mentalidad política. Las llamadas consultas populares se convirtieron en un instrumento de participación efectivo. El ciudadano de hoy, el joven del siglo XXI, siente que la constante convocatoria a decidir a través del voto le abrió la posibilidad de poder incidir sobre su futuro y que este no dependa exclusivamente de los intermediarios políticos, es decir, de un sistema representativo que sin duda ha hecho crisis.
Para el presidente Duque, sin haber cumplido el primer mes de su mandato, la consulta le plantea un reto político en la lucha contra la corrupción y que el modelo presidencialista que garantiza gobernabilidad a punta de mermelada, cupos indicativos o incentivos parlamentarios debe desaparecer.
Un golpe a la mesa de la corrupción es reformar la estructura política del país; Duque no se puede conformar con la eliminación del voto preferente; la democratización de los partidos, la financiación de las campañas y la elección de los entes de control que garanticen independencia y transparencia y una reforma electoral profunda son vitales para darle una respuesta efectiva a los 11 millones 700 mil colombianos que votamos el domingo.
Se avecinan vientos de cambio y el resultado del pasado domingo trae consigo una nueva y esperanzadora cultura política, los jóvenes de hoy y los que en el inmediato futuro entrarán a engrosar el censo electoral comenzaron a inclinar la balanza por la construcción de un país mejor.
Bogotá, D. C, 27 de agosto de 2018
@jairotevi
Guillermo García Realpe.- El 2019 será el año en que la participación del agro colombiano dentro del Presupuesto General de la Nación sea la más baja de los últimos ocho años, un hecho que impactará de manera negativa a uno de los sectores más importantes en nuestro país.
Sobre éste particular recientemente se debatió en la Comisión Quinta del Senado, donde el preocupante panorama fue dado a conocer al alto gobierno en cabeza del Ministro de Agricultura Andrés Valencia, quien asistió al debate, escucho las inquietudes del legislativo y se acordó buscar soluciones para nivelar el rubro deficitario que hoy está en 315 mil millones de pesos menos con respecto al 2018.
La vigencia fiscal 2019 prevé una asignación de recursos en $2,1 billones de pesos, comparado con los más de $2,4 billones asignados para el presente año.
Colombia es un país netamente agropecuario, con más de 39 millones de hectáreas aptas para la productividad, aporta el 7% del Producto Interno Bruto y sin embargo sólo recibe el 0.8% dentro del presupuesto, hecho desde todo punto de vista lamentable con un renglón de la economía que tanto contribuye a la economía y empleo nacional.
En la gran ruralidad nacional habitan doce millones de campesinos, que con su esfuerzo y dedicación madrugan todos los días de la semana a labrar la tierra para producir el alimento que consumimos a diario en nuestras ciudades, llegó la hora de reconocer a quienes nos garantizan la seguridad alimentaria.
Nuestro país además de un presupuesto acorde a las requerimientos del campo, necesita mayores recursos para innovación, para ciencia y tecnología, para emprendimiento, para incentivar a nuestros jóvenes a que se queden en el campo y no migren a las grandes ciudades a engrosar los cinturones de miseria, el campo hoy se está envejeciendo y necesitamos recuperarlo, reactivarlo, hacerlo más productivo y competitivo.
Colombia puede ser incluso una potencia agrícola no sólo del hemisferio, sino del mundo, pero debemos respaldar y apoyar decididamente a este sector, tenemos que tenderle la mano en diversas áreas, en vivienda rural, en programas y proyectos para la mujer rural, para estimular a las nuevas generaciones a que se vuelvan empresarios del campo, a tecnificarlo, a brindar mayor asistencia técnica, muchos de estos puntos ya están establecidos en la Ley 1876 de 2017 que creó el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y de la cual orgullosamente fui su ponente, ahora tenemos que velar para que la norma se cumpla a cabalidad.
Al campo le debemos entregar también buenas vías terciarias para que haya una verdadera y óptima comercialización de los productos, debemos combatir la intermediación que arruina a los pequeños productores, tenemos que velar para que los precios de un producto insigne que nos reconoce a nivel mundial como el café logre tener un fondo de estabilización de precios, que compense todo el esfuerzo de nuestros cafeteros.
Lo mismo hay que hacer con las 350 mil familias que se dedican a la producción panelera en todo el país, hoy pasan un trago amargo por la falta de apoyo estatal, se necesita entonces de voluntad política y cumplir los compromisos pactados con el gremio.
Así mismo las familias paperas de departamentos como Nariño, Boyacá y Cundinamarca hoy están asfixiadas, debido a los bajos precios del tubérculo y ni qué decir de los lecheros y arroceros que están casi que en la quiebra por cuenta del contrabando y altos precios de los insumos que los tiene en jaque.
De tal manera que en el sector agropecuario convergen todos los factores habidos y por haber, no podemos seguir castigando a un sector tan noble y valioso para el país.
Ahora bien, llega la etapa del posconflicto y uno de los puntos centrales de los acuerdos de Paz de La Habana fue el punto uno sobre Reforma Agraria Integral, que establece todas las herramientas para fortalecer y apoyar al campo colombiano, pero hasta el momento está en letra muerta y no lo podemos permitir, la Ley se hizo para cumplirla.
De nuestra parte seguiremos alzando la voz desde el Congreso de la República para lograr un buen trato dentro del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal 2019 para nuestro campo, defenderemos el sector en cada una de las discusiones como lo hemos venido haciendo desde hace años y seremos siendo aliados incondicionales de esos doce millones de hombres y mujeres que habitan la gran ruralidad nacional y que hoy están esperando soluciones de fondo del Estado colombiano.
Bogotá, D. C, 27 de agosto de 2018.
*Senador Liberal
@GGarciaRealpe
Por Amylkar D. Acosta M.- No son pocas las berreras con que han tropezado las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) para su integración a la matriz energética en Colombia. A lo largo de estos 24 años que han transcurrido desde que se expidió la Ley eléctrica (143/1994), Colombia ha contado con un Sistema eléctrico robusto y confiable, de clase mundial. Según el Foro Económico Mundial, su arquitectura lo sitúa en el 8º lugar entre 127 países. Pero estamos ante el riesgo de la autocomplacencia y tentados a permanecer en esta zona de confort y de allí la resistencia al cambio, del cambio de paradigma que se nos vino encima de la mano de la Transición energética que se está dando en el mundo y de la cual Colombia no se puede sustraer.
El Sistema eléctrico colombiano depende en más del 70% de la generación hídrica y esta que es su fortaleza, se ha convertido en su talón de Aquiles debido al Cambio climático. Se impone, entonces, la necesidad de recomponer y diversificar aún más de lo que ya está la matriz energética, desarrollando el gran potencial con que cuenta el país en FNCER. Estas no vienen a sustituir, pero sí a complementar la generación de origen hídrico o térmico, fortaleciendo de esta manera la confiabilidad, la firmeza y, sobre todo, la resiliencia ante situaciones de hidrología crítica como la que se avizora con el retorno nuevamente del fenómeno de El Niño. Y de contera, su promoción va en línea con los compromisos adquiridos por Colombia con la comunidad internacional, así con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) como con el Acuerdo de París (COP21/2015), al fijarse la meta de reducir en un 20% sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Estamos hablando de 67 MMT de GEI, de los cuales el sector energético deberá contribuir con 11.3 MMT a dicha reducción.
Además, estamos ante un riesgo de marca mayor debido a que la entrada en operación de Hidroituango, que representa el 16% de la toda la capacidad instalada del país, tendrá un retraso por lo menos de 2 años. Esta crítica situación, que estresará al Sistema en los próximos dos años, se constituye en la oportunidad precisa para que las FNCER, que tienen en la Ley 1715 de mayo de 2014 su mayor punto de apoyo y apalancamiento, vengan en auxilio del Sistema y evitar así un eventual racionamiento.
Con la expedición del Decreto 0570 del 23 de marzo de 2018 se desató el nudo gordiano y se le zafaron las amarras que frenaban los proyectos de generación de energías renovables no convencionales, al posibilitar los contratos de largo plazo y de paso el cierre financiero de los mismos. De hecho, el saliente Ministro de Minas y Energía Germán Arce, antes de irse, dejo firmada las resoluciones 40721 y 40795, las cuales dieron vía libre para que en enero próximo se realice la subasta de 3.443 GWH, equivalente a 1.000 MW de potencia instalada, aproximadamente, por parte de la UPME.
Como es bien sabido el mayor potencial de esta la ofrece La guajira y con la adjudicación al Grupo Energía Bogotá (GEB) tanto de la Estación Colectora en Uribia como la línea de transmisión hasta la Subestación de Cuestecitas, para inyectar esa energía al Sistema Interconectado Nacional (SIN), se removió el último obstáculo para su desarrollo y aprovechamiento. Huelga decir que este es un seguro frente a eventuales contingencias atribuibles al fenómeno de El Niño, dado su carácter contracícilico, toda vez que en las temporadas de verano y sequía es cuando se tiene mayor radiación solar y los vientos son más intensos.
Ya el Ministerio de Minas y Energía, apoyándose en la Ley 1715, había expedido la Resolución O30 del 26 de febrero de 2018, encaminada a facilitar que tanto los hogares como la industria y el comercio puedan generar su propia energía para atender sus necesidades de la misma y, lo que es más importante, puedan comercializar sus excedentes. Con esta medida nace un nuevo agente del mercado, el PROSUMIDOR, empoderando al usuario, que deja de ser sujeto pasivo en la cadena para ser mucho más proactivo de lo que es hoy, interactuando con el prestador del servicio. Y de paso contribuye también a la promoción de la llamada “generación distribuida”, que es aquella que no entra al circuito del SIN, que se consume en donde mismo se genera, muy útil particularmente para poder darle cobertura a los más de 400 mil hogares que aún no cuentan con el servicio de electricidad.
En lugar de la rapiña por hacerse a una tajada del estrecho mercado de electricidad con que hoy contamos, hay que trabajar por su ampliación. Este mercado tiene mucho para dónde crecer. En Colombia la electricidad participa a duras penas con el 17% del consumo final de energía; a guisa de ejemplo la industria en Colombia depende en un 80% de las energías de origen fósil, supremamente contaminantes. Por lo tanto, el reto es electrificar la economía y de esta manera habrá espacio suficiente para todos, tanto para los actuales como para los nuevos jugadores que entren al mercado. Este es el desafío!
Medellín, agosto 26 de 2018
www.amylkarcosta.net
Por Mauricio Cabrera Galvis.- EXORDIO. Votar siete veces si, o si hay desacuerdo con alguna de las preguntas votar no en esa, pero de todas manera votar en la consulta anticorrupción de hoy. Es nuestra oportunidad de que, sin importar el partido político, nuestra indignación ciudadana contra la corrupción pueda convertirse en acciones para controlarla.
Son numerosas las preguntas que se han planteado sobre la propuesta del expresidente senador de hacer un aumento extraordinario y por una sola vez del salario mínimo. ¿Qué si es un contentillo para justificar la rebaja de impuestos a las empresas? ¿Qué si es una forma de compensar la propuesta de extender el IVA a todos los productos de la canasta básica? ¿Qué si es una forma de mermelada para el Congreso, pues se van a aumentar los salarios de los congresistas? ¿Que si son todas las anteriores?
Sin entrar en el juego de las hipótesis o las conjeturas, quiero analizar desde el punto de vista estrictamente económico los pros y contras de la propuesta en la coyuntura actual, para lo cual conviene recordar cuál es el papel que juegan los salarios en el engranaje de la economía.
Para cada empresa por separado los salarios tienen un doble impacto: de una parte son el precio del trabajo empleado en la producción y, por lo tanto, un factor que incide en los costos de manera que cuando se aumentan, o bien disminuyen las utilidades de los empresarios o se trasladan a los precios del consumidor. En la pugna distributiva los empresarios suelen ser reacios a las alzas salariales y más cuando son extraordinarias como la que se propone ahora.
Por otro lado, para el conjunto de las empresas los salarios son los determinantes de la capacidad adquisitiva de la gran mayoría de los consumidores nacionales y, por lo tanto, de la cantidad de productos que puedan vender en el mercado interno. Desde esta perspectiva, se justificaría el aumento extraordinario, pues serviría para estimular demanda interna y por consiguiente ventas y producción.
Sin embargo la propuesta del expresidente tiene una condición que impide que opere este mecanismo de impulso al crecimiento del PIB, pues plantea que el aumento del salario debe depositarse en los fondos de cesantías, es decir es un ahorro forzoso para los trabajadores. Así, la economía se queda con el pecado de los mayores costos de producción y sin el género de la reactivación económica.
Por Juan Manuel Galán*.- ¡Donald Trump no para de sorprendernos! El Presidente del país más poderoso del mundo, se caracteriza por ser una persona errática, contradictoria e irrespetuosa de las normas de su país. El arquetipo del “bully” que esta semana ha visto el infierno representado por la “traición” de sus más cercanos colaboradores. En poco más de 3 años entre la campaña electoral y lo que va de su gobierno, ha sido protagonista de varios escándalos como pagos a prostitutas y acuerdos bajo la mesa con Rusia, archienemigo de los Estados Unidos.
Ahora enfrenta una nueva tormenta, su abogado admitió haber pagado a dos mujeres para callarlas por supuestamente haber tenido relaciones con el entonces candidato. Cohen involucró a Trump como autor intelectual y según el fiscal del caso, si bien en un principio eran dineros privados, luego trataron de ser reembolsados con facturas falsas a la campaña, lo que constituye un delito electoral.
En este enrarecido ambiente, se pensó iniciar un proceso de destitución o impeachment por parte de los congresistas demócratas pero los parlamentarios, preocupados por las elecciones definitivas que se avecinan, no saben cómo actuar en plena campaña electoral. En el mes de noviembre se llevarán a cabo elecciones en Estados Unidos y un juicio político, irónicamente, por el alto grado de polarización que vive el país y la fortaleza de sus bases, implicaría que los republicanos puedan arrasar y quitarles representatividad a los demócratas.
De esta manera, parece ser que los Presidentes adquieren “súperpoderes” gracias al cargo que ostentan, lo que les garantiza impunidad frente a cualquier conducta inmoral o ilegal que realicen. Así, se debe señalar, que a pesar de que Estados Unidos tiene instituciones sólidas y aparentemente incorruptibles, Trump las reduce a declaraciones desafiantes como la que hizo recientemente en una entrevista para Fox diciendo que “si alguna vez me juzgaran, creo que el mercado colapsaría, creo que todos serían muy pobres”.
Lo anterior, demuestra que juzgar al dirigente de un país es complicado en la medida que son conscientes de la injerencia que tienen para poner en jaque a las instituciones a través de afirmaciones vagas que infunden miedo o cabalgan sobre el populismo. Trump con el agua al cuello, como lo plasmó la revista Time en su última portada, puede fácilmente ceder a la tentación histórica de gobiernos estadounidenses y que recrea la serie ‘House of Cards’: para resolver una crisis doméstica, distraer la atención y estimular el populismo nacionalista, la mejor receta es inventarse un enemigo para después hacerle la guerra. Tal vez a la periodista, que le preguntó a John Bolton en Europa si no pensaba que la principal amenaza a la seguridad de su país era el propio Trump, no le falte razón.
Bogotá, D. C, 26 de agosto de 2018
Exsenador de la República de Colombia.
