Opinión
Por Gabriel Ortiz*.- Colombia transita por una línea delgada que podría llevarla a insospechados y tenebrosos destinos. El personaje central: el justiciero juzgado. Objetivo: justicia a mi manera.
El libreto de esta tragicomedia entró en pleno desarrollo esta semana cuando el personaje central acudió a los términos dignidad, descrédito, desacato, renuncia y decoro. El expresidente y actual senador Alvaro Uribe sorprendió al país cuando anunció su retiro de la Cámara Alta, no sin antes acusar a la justicia de mancillarlo y lesionar su dignidad, término que significa “decoro en la manera de comportarse”, es decir honor, respeto y reverencia que se debe a una persona o a una institución.
La CSJ lo llamó a indagatoria por haber encontrado motivos suficientes para involucrarlo en la comisión de delitos de fraude procesal y soborno, que lo comprometen, junto con su hermano en la creación, financiación y conducción de grupos paramilitares. Además de endilgar al senador Iván Cepeda el manejo de falsos testigos, amén de otros delitos denunciados por el colega Daniel Coronel en la revista Semana.
Todo lo anterior ha afectado la “dignidad” del doctor Uribe, quien ha anunciado, por ello, su retiro del Senado, a donde llegó con una abundante votación.
El líder y sus abogados la emprendieron contra la justicia, sin decoro alguno, buscando su disminución y pérdida de reputación, eludiendo sin piedad el debido respeto que merece esa rama del poder.
Se ha cometido un desacato, ya que cuando se desconoce o se busca eludir el derrotero natural de un proceso, se amenaza la autoridad. El expresidente busca una justicia a su manera, a su medida.
Hasta ahí la primera parte de la comedia, porque ya está listo el telón que nos llevará a un segundo episodio. Hasta el momento de escribir esta columna, la renuncia del doctor Uribe no se conoce. Sus adoloridos seguidores, empiezan a preparar un movimiento nacional de respaldo al líder obligándolo a mantenerse en el Capitolio, aunque ello aleje a la fiscalía de asumir su caso.
El desgaste del dirigente no se queda ahí. Las fuerzas de las aguas contaminadas arropan otros sectores. El Centro Democrático y sus figuras saldrán golpeados por la arrogancia que se aprecia en las huestes de un uribismo triunfador en las pasadas elecciones y desde luego que pueden deteriorar la buena imagen y los buenos propósitos deseos de un electo presidente que quiere hacer las cosas lo mejor posible, como se aprecia en las primeras de cambio.
Este es el panorama que vive un país al que quieren manejar colocándolo erróneamente entre la dignidad y el descrédito, para impedir que la justicia actúe.
BLANCO: El freno a la voracidad alcabalera de Peñalosa: no a sobretasa a parqueaderos.
NEGRO: La triste partida de dos caballeros. Dos Gustavos: De Greiff que le dio cuerpo de honor a la Fiscalía y Cárdenas, hombre de las comunicaciones que brilló en la televisión.
Bogotá, D.C, 27 de julio de 2018.
Por José G. Hernández.* Según el artículo 185 de la Constitución, los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo, pero “sin perjuicio de las normas disciplinarias contenidas en el reglamento respectivo”.
El numeral 6 del artículo 277 de la Constitución establece que el Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tiene a cargo la función de “ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular (subrayo); ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley”.
El numeral 10 del artículo 41 de la Ley 5ª de 1992 (Orgánica del Reglamento del Congreso) ordena a las mesas directivas de las cámaras “darles cumplimiento a las sanciones disciplinarias impuestas a los miembros de las bancadas”.
Según el artículo 73 de la misma Ley, “al congresista que faltare al respeto debido a la corporación, o ultrajare de palabra a alguno de sus miembros, le será impuesta, por el presidente, según la gravedad de la falta, alguna de las sanciones siguientes: 1. Llamamiento al orden; 2. Declaración pública de haber faltado al orden y al respeto debidos; 3. Suspensión en el ejercicio de la palabra; 4. Suspensión del derecho a intervenir en el resto del debate o de la sesión, y 5. Suspensión del derecho a intervenir en los debates de la corporación por más de un (1) día y hasta por un (1) mes, previo concepto favorable de la mesa directiva”.
El artículo 168, numeral 2, de esa Ley contempla, como deber de todo congresista, “respetar el reglamento, el orden, la disciplina y cortesía congresionales”.
El artículo 269 prevé como faltas de los congresistas: “1. El desconocimiento a los deberes que impone este reglamento. 2. El cometer actos de desorden e irrespeto en el recinto de sesiones”.
Por su parte, el artículo 270 consagra, como sanciones la “declaración pública de faltar al orden y respeto debido”, la “suspensión en el uso de la palabra por el resto de la sesión” y el “desalojo inmediato del recinto, si fuere imposible guardar el orden”.
De todo lo cual resulta que sí hay un régimen disciplinario para los miembros de las cámaras, y la previsión de sanciones para aquellos que irrespetan el recinto, a los colegas (que son representantes del pueblo) y a la dignidad de la República y de sus instituciones.
El acto bochornoso y grosero de un senador el pasado 20 de julio, durante la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso -en pleno recinto del Senado, ante el país y el mundo- constituye una falta disciplinaria que debe ser sancionada para que no se repita. Pero, ante todo, es una ofensa al Congreso y a la Nación. No se puede pasar por alto, menos con la torpe excusa según la cual el acto de irrespeto buscaba hacer pedagogía para imponer orden.
El senador en cuestión tiene que saber que “no todo vale” para lograr unos objetivos loables, como algún ex candidato a la presidencia de la República lo dijo con acierto en el pasado. No es válido lo que ahora hizo, y le debe al país, al menos, una disculpa.
Bogotá, D. C, 256 de julio de 2018.
* Expresidente de la Corte Constitucional de Colombia.
Por: Luis Eduardo Castellanos Ávila. - Fue el querer del Constituyente de 1991, al establecer el Régimen Económico del Estado en la nueva Constitución Política, que bajo el modelo de mercado en una libre competencia, los servicios públicos domiciliarios y particularmente el servicio de energía eléctrica estuviese al alcance de todos los habitantes del territorio, bajo unos mejores niveles de cobertura, calidad del servicio y beneficios de orden tarifario, por ello se estableció el régimen regulatorio en cabeza del Gobierno Nacional, creándose para ello la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que se encargaría de lograr esta finalidad propuesta garantizando la libre competencia, para mejores servicios, manteniendo siempre la posibilidad de que estos servicios fueran prestados tanto por el Estado como por particulares conservando la finalidad de la plena satisfacción como una obligación social del mismo, evitando que bajo la actividad monopólica que en tiempo pasado mantuvo el Estado, con las diversas consecuencias que se generaron de baja cobertura, baja calidad del servicio, y altos costos tarifarios, mantenimientos tardíos, alto endeudamiento del sector, e incluso el recordado apagón del año 1992 que vivo el país, motivasen los cambios en la aplicación del modelo organizativo y funcional que imperaba al interior sector eléctrico, y es allí donde emerge la Ley 142 y 143 del año 1994.
Sorprende que veinte y cuatro años después, de la promulgación de la Ley 143 (Ley Eléctrica), se pretenda regresar al sistema de actividad monopolística, pero esta vez a través de las empresas del sector privado disminuyendo para ello la capacidad regulatoria del Estado, iniciativa planteada por parte del Señor Ministro de Hacienda Doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, en el Congreso de Servicios Públicos de Andesco, con el fin de eliminar el porcentaje del 25% establecido por la Ley como límite para la participación de la empresas generadoras en las cadenas de comercialización de la energía eléctrica.
Abriendo esto un importante discusión nacional frente al tema, teniendo en cuenta que el esquema bajo el cual se presenta los servicios públicos domiciliarios, cual es la libre competencia que bajo regulación se mantenga como un deber constitucional por parte del Estado a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas para el Sector Eléctrico, expone significativamente el valor del mandato previsto en la Ley 142 de 1994 de Servicios Públicos domiciliarios, en desarrollo del artículo 365 de la Constitución Política y de manera particular los objetivos que se establecieron en la Ley Eléctrica (Ley 143 de 1994), en cuanto a que las condiciones en materia de calidad del servicio, aspecto tarifario y las garantías a todos los usuarios tendrían fundamento en la libre competencia de todos los actores que concurriesen a participar en dicho mercado, permitiendo a los usuarios en consecuencia determinar la mejor opción para el establecimiento de una buena condición de vida en los hogares colombianos.
De concretarse la eliminación de la regulación pretendida a iniciativa del Gobierno saliente, se corre un alto riesgo para el sector eléctrico del establecimiento de un esquema monopolístico, teniendo en cuenta la alta concentración de empresas que como holding hoy disputan el mercado cautivo de los usuarios del servicio de energía eléctrica, el cual quedaría en manos de un mercado concentrado favoreciendo el establecimiento de una condición dominante frente a los usuarios del servicio, con las consecuencias de posible abusos en el desempeño empresarial privado de esta actividad.
Lo cual resultaría altamente lesivo para los usuarios del servicio de energía eléctrica al establecerse una contradicción a lo establecido en el Estado Social de Derecho en materia de Servicios Públicos, cual es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población como fin esencial del Estado social, y por ende el derrumbamiento del objetivo fundamental del mismo, cual es procurar la solución de las necesidades insatisfechas de la población más vulnerable en nuestro territorio.
Llama la atención que justamente cuando se habla de entrar a resolver la situación de ELECTRICARIBE, hoy intervenida por el colapso social generado en la Costa Atlántica, por su inoperancia, ineficacia, los cobros irregulares en el sistema tarifario, la falta de inversión y mejoramiento de infraestructura, los cortes permanentes del servicio de energía, y que se plantea la posible liquidación de esta entidad, para que tal servicio sea asumido por un nuevo operador del sector eléctrico, curiosamente se exponga entonces como una necesidad levantar la restricción establecida respecto a la participación de hasta un 25% de las empresas generadoras en las empresas distribuidoras de energía eléctrica, aspecto legal que procura mantener un límite de participación de los agentes generadores del mercado en las empresas de distribución de energía, procurando con ello que la libre competencia sea un factor determinante en la prestación oportuna de este servicio en un claro beneficio desde el aspecto tarifario, cobertura y calidad del mismo, bajo la regulación propia del mercado en una libre competencia.
Sin duda alguna esta iniciativa será un reto para el Congreso, teniendo en cuenta que la misma deberá concluir tras el debate político, en una normativa legal a través de la cual se determinara las condiciones que regirán la prestación el servicio de energía eléctrica por parte de todos los actores que en condición de generadores, distribuidores y comercializadores, concurren a desarrollar tan importante actividad, procurando el desarrollo del bienestar económico y social del país.
Quedando así planteada la discusión política y económica en torno a la regulación de la prestación del servicio de energía eléctrica que la misma ley califica COMO UN SERVICIO PUBLICO ESENCIAL.
Bucaramanga, 24 de julio de 2018
Magister en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
Por Juan Fernando Londoño*. Colombia es un país adicto a las reformas políticas. Prácticamente no hay ningún gobernante que no haya intentado o realizado alguna reforma política.
Luego de tantos intentos, deberíamos tener claro que no existe la fórmula mágica que nos permita señalar que habrá una reforma que de manera definitiva nos permita resolver todos los problemas de la política.
En lugar de buscar el Santo Grial de la política, debemos entender que cada reforma ha cumplido un objetivo limitado pero importante. La reforma política de 2003 inició el proceso de reinstitucionalización de los partidos y la reforma de 2009 introdujo el concepto de responsabilidad política para los dirigentes partidistas. La ley 1475 de 2011 reglamentó los temas pendientes y ayudó a mejorar los procesos electorales.
El intento de reforma política derivado de los Acuerdos de Paz fracasó luego de haber perdido su norte y el nuevo gobierno ha anunciado que incluirá una nueva reforma política en su paquete legislativo. Pero en lugar de buscar una reforma constitucional que tardará un año en tramitarse y tres más en tener algún efecto práctico, el gobierno y los partidos deberían empezar a ocuparse de mejorar el proceso de elecciones locales del 2019.
Uno de los problemas encontrados en los enfoques de reforma política es su escaso impacto en las dinámicas locales. Esto se debe a que el enfoque utilizado hasta ahora ha sido la gobernabilidad nacional y la organización del sistema de partidos. Es decir, las reformas no han tenido impacto en los territorios porque ese no ha sido su objetivo, pero sería impensable que con unas elecciones locales en 2019 no empezáramos a elaborar un ajuste institucional para modificar las dinámicas políticas locales.
Es en los municipios y departamentos donde las mafias y organizaciones ilegales cuentan con mayor capacidad para actuar. De hecho, los estudios realizados por distintas organizaciones muestran que muchos municipios de Colombia se encuentran capturados por mafias de contratistas, contrabandistas o narcotraficantes. Si buscamos que el Estado de Derecho reine en todo nuestro territorio no se puede seguir aplazando una reforma que desplace el poder de las mafias y se lo entregue a los ciudadanos.
Para conseguir este propósito será necesario tramitar una ley estatutaria enfocada en regular el proceso de elecciones locales. Una ley de esta naturaleza puede aprobarse en el primer período legislativo, tal como sucedió con la ley 1475 de partidos políticos en el año 2010. Incluso, con un decidido impulso político puede tramitarse en los primeros 100 días de gobierno. De esa manera, la corte constitucional podrá estudiarla y avalarla con tiempo suficiente para que entre a operar antes de que empiecen oficialmente las campañas locales el próximo año.
En cuanto a sus ejes principales, la ley de elecciones locales debe enfocarse a mejorar la transparencia en el financiamiento político, para ello, se deben sincerar los topes electorales, dependiendo del tamaño y capacidad económica de la entidad territorial deberían triplicarse o quintuplicarse, de tal forma que todos los dineros provenientes de fuentes legales sean reportados. En segundo lugar, se debe reducir el costo de las campañas, para ello se debe pensar en limitar la publicidad electoral a solo 30 días previos a los comicios. Se debe mejorar el sistema de anticipos para las campañas de gobernadores y alcaldes y establecer un sistema serio de auditorías sobre los gastos electorales priorizando aquellos sitios con más alto riesgo de captura del Estado.
El reto es claro: o nos ocupamos de transformar la democracia local, o seguimos discutiendo reformas nacionales mientras la criminalidad gobierna en los territorios.
Bogotá, D.C, 25 de julio de 2018
*Exministro del Interior
Por: Parmenio Cuellar Bastidas. - Cuál fue la idea fuerza en el reciente debate presidencial, que le dio la victoria al candidato del Centro Democrático, Iván Duque Marquez? Si una idea fuerza es ese mensaje expresado en pocas palabras, que tienen esa especie de poder mágico de concitar la voluntad, la emoción, y más aún la decisión de muchas personas en un determinado lugar (país) y en un momento dado, para nosotros, esa consigna ruptura (casi rabiosa) fue la expresada por el exministro uribista, Fernando Londoño Hoyos: “Hay que hacer trizas esos malditos acuerdos de paz”.
La lanzó en el momento preciso y empezó a taladrar la mente de muchos colombianos, no solo de los partidarios del expresidente Uribe. Ese mensaje subliminal viajó en el tiempo y permeo la conciencia no sólo de los seguidores del jefe del Centro Democrático (quien guardó silencio, ante lo que muchos consideramos un ultraje a los anhelos de paz de las mayorías nacionales). El candidato Duque reaccionó con temor: “No vamos a hacer trizas los acuerdos, pero si vamos hacer algunas modificaciones” que luego relacionó. Eran cañonazos de profundidad, aparentemente modificaciones menores, pero que, apenas realizadas unas cuantas de ellas por el Congreso saliente, le permitió a Londoño, decir: “Ya no hay que hacerlos trizas; ya están hecho trizas”.
Pero luego, y con posterioridad al debate electoral, los parlamentarios del Centro Democrático solicitaron al Consejo Nacional Electoral la inscripción del Comité para la convocatoria a un Referendo, que tendría como meta acabar de demoler lo que aún quedaba en pie, pero que ya está gravemente averiado: la Justicia Especial de Paz (JEP).
No fue el programa del candidato Duque ni en lo social ni en lo económico, ni en lo ambiental, lo que convocó las mayorías a su favor. Tampoco por el expresidente Uribe y su partido hicieron las mayorías de la victoria de Iván Duque, ni siquiera en las elecciones de la consulta, cuando el Centro Democrático obtuvo menos de la mitad de la votación que alcanzó el candidato triunfante. Este, tan solo en la primera vuelta presidencial sumó a los suyos los votos conservadores de Martha Lucía Ramírez y de Alejandro Ordoñez.
Si no fue ninguna propuesta programática la que concitó la mayoría en torno al hoy Presidente Duque, cual otra pudo serlo? Distinta a esa consigna que recogió la indignación de la mayoría colombiana contra lo que se dijo entonces, y aún se repite: Que “esos criminales”, -como llaman a los exguerrilleros-, no pueden ir al Congreso sin pasar primero por la cárcel (privación de la libertad en vez de la mera restricción de ella).
En esencia, la misma fuerza emocional que le dio la victoria a los enemigos del Acuerdo de Paz en las elecciones del Plebiscito, fue la que movió a la mayoría de los colombianos en las dos elecciones presidenciales (primera y segunda vuelta).
Que fue el miedo al castrochavismo, a las expropiaciones, etc., dicen otros analistas. Esas fueron estrategias que ayudaron o facilitaron la victoria del presidente electo, pero que no tuvieron la envergadura del ataque a los Acuerdos de La Habana. Por eso mismo, los candidatos que no eran acusados como Gustavo Petro de ser simpatizantes del “castrochavismo”, como Sergio Fajardo y Humberto De la Calle tampoco pudieron derrotar al candidato de la derecha.
Más aún, Gustavo Petro presentó a la consideración de los colombianos un rico programa de reivindicaciones económicas y sociales en favor de las mayorías nacionales, y lo hizo como desarrollo o implementación de los Acuerdos de La Habana. Fue la antítesis de la propuesta del Centro Democrático. Esa fue su idea fuerte: La Paz.
Estas reflexiones parecen útiles para tratar de entender lo que pasó y, por lo mismo, para prospectar las estrategias del futuro en Colombia.
Por: Guillermo García Realpe* - Desde hace algunas semanas atendiendo el llamado de Maximino Espinoza y de otros líderes de la región veníamos planificando nuestra visita a la Zona de Reserva Campesina cuenca del Río Pato –Balsillas, jurisdicción de San Vicente del Caguán, Caquetá.
Iniciamos nuestro recorrido muy temprano desde la ciudad de Neiva, por delante nos esperaban 94 kilómetros hasta nuestro destino final, el centro poblado de Guayabal. Saliendo de la capital del Huila encontramos algún poco trayecto de vía pavimentada, luego iniciamos un terreno escarpado en muy mal estado, las condiciones de la carretera hacían pensar lo que sería una travesía difícil de transitar, lo que indudablemente fue así.
Descolgando la cordillera Oriental, nos encontramos el hermoso valle de Balsillas, decenas de humildes viviendas se veían a lo largo del paisaje, sobresalían de la densa neblina que recorría la zona, sus pobladores se dedican a la pequeña ganadería, a la producción de leche y de lácteos que les brindan el sustento familiar.
Una buena taza de café nos recibió en una tradicional tienda de la zona, sus gentes amables, optimistas con un mejor país, nos recibieron con toda la hospitalidad y amabilidad propia del campesino de provincia, valores que nos identifican a los que provenimos de pequeños municipios de la Colombia lejana.
Después de casi cuatro horas de trayecto logramos llegar a Guayabal, un pequeño caserío donde convergen algunos locales comerciales, unos pocos restaurantes e incluso un centro de telefonía que recuerda al desaparecido TELECOM. Las difíciles condiciones climáticas de la zona, azotada por el invierno convertían a sus calles en verdaderos lodazales.
El calor humano de sus gentes opacaba el frío que se tomaba a Guayabal, para nadie es un secreto que la Zona de Reserva Campesina El Pato-Balsillas, vivió en medio de la guerra, la presencia permanente de las FARC los estigmatizó por más de 50 años, lo que impedía que se generará inversión social por parte del Estado.
En medio de la reunión propiciada por la comunidad, se encontraron todos, representantes de las entidades del Gobierno, del Alto Comisionado de Paz, del PNUD de Naciones Unidas, de la Electrificadora del Huila, del Concejo municipal de San Vicente del Caguán, campesinos de las 27 veredas de la Zona de Reserva, empresarios y también asistieron algunos desmovilizados de la antigua FARC que están concentrados en la zona de Miravalle, muy cerca de Guayabal.
Todos con el deseo de unir esfuerzos para que su región salga del atraso histórico del cual han estado sometidos, y es que en Guayabal literalmente no tienen nada. Es una región rica en agua, pero no tienen agua potable, tampoco alcantarillado, mucho menos electrificación rural, las vías son un completo desastre, el acceso a las comunicaciones es nulo, la señal de la telefonía móvil y de datos no existe, la salud es un calvario, el único puesto de salud está en ruinas y no funciona, la infraestructura educativa es deficiente y la estigmatización de zona guerrillera no permite que llegue la inversión social. La única presencia estatal es el Ejército Nacional que patrulla y vigila la zona.
Lo que sí existe en la ZRC El Pato-Balsillas es el deseo vehemente de sus gentes, el anhelo de recibir inversión social del Gobierno, las ganas de desarrollar proyectos productivos, el afán por mejorar sus condiciones de vida y sobre todo la aspiración de seguir viviendo en Paz, algo que era imposible un par de años atrás.
Esta Zona de Reserva Campesina, fue la primera en declararse en Colombia en 1997 bajo la Ley 160/94, desde entonces la comunidad organizada y las asociaciones sociales han emprendido una gran cruzada de liderazgo, reconstrucción del tejido social y de emprendimiento para que su territorio, el cual abarca 8802 hectáreas, con siete mil habitantes distribuidos en 27 veredas tenga la oportunidad de un resurgimiento, que les ha sido esquivo durante más de cinco décadas.
Siendo testigo directo, hoy afianzó mi compromiso de apoyo y respaldo en todo lo que esté a nuestro alcance para que sus proyectos y anhelos se cristalicen lo más pronto posible, estos compatriotas que habitan la inmensidad de la cordillera oriental en el Caquetá merecen otro futuro y sus hijos otro amanecer.
Al final de la tarde regresamos de nuevo a Neiva por esa vía difícil de transitar, atrás dejamos colombianos valiosos, gente buena que espera que su país voltee las miradas y les tienda la mano. A Guayabal y a la Zona de Reserva Campesina El Pato-Balsillas volveremos con la esperanza de verlos en condiciones mejores.
*Senador de la República
@GGarciaRealpe
Por: Jorge Enrique Robledo. - El Consorcio de la Ruta del Sol 2 –Odebrecht y Corficolombiana GrupoAval– pagó sobornos en Colombia por cien mil millones de pesos, dice la Fiscalía, y, luego de año y medio de estallado el escándalo, no tiene ninguna sanción del Estado. ¡Ninguna! ¡Cero! Además reclama en un tribunal de arbitramento –en el que actúa de igual a igual con el gobierno, como si nada hubiera pasado– 3,61 billones de pesos, para repartirse así: 1,66 para el Consorcio, que invirtió apenas 300 mil millones de pesos, y 1,94 para los bancos que financiaron el negocio, con el 50 por ciento de esa suma para los del Grupo Aval (enlace 1). Y esto sucede porque el ministro de Hacienda logró en diciembre que el Congreso aprobara la Ley 1882 –¡y de aplicación retroactiva!–, para volver legal esta maroma inmoral e ilegal.
Ante semejante despropósito, con José Roberto Acosta, formalmente, les solicitamos al Contralor, al Procurador y al director de la ANI que invoquen la excepción de inconstitucionalidad para que no se aplique la Ley 1882 en este tribunal, porque un contrato conseguido con sobornos no puede generar derechos.
El caso Odebrecht marcha hacia la impunidad porque se decidió sancionar solo a los implicados de tercera categoría. Archívese, dijo el Consejo Electoral sobre Zuluaga y Santos 2010, a quien además no le decide por lo del 2014, como tampoco la Comisión de Acusaciones, que también le archivó. El archivo, contraevidente, de la Fiscalía a las exministras Parody y Álvarez favorece al Fiscal Martínez Neira porque, sobre el Conpes 3817, cometió la misma ilegalidad que ellas. Roberto Prieto, confeso protector de Santos, no está en la cárcel por la Ruta del Sol 2 sino por otro fraude, pero a la opinión pública la han llevado a pensar lo contrario. La Fiscalía de Martínez Neira, al no investigar al Grupo Aval y a sus propietarios, asume que Odebrecht los subsidió en este negocio en unos 30 mil millones de pesos, y que Melo, –presidente de Corficolombiana– sobornó por su cuenta, por lo que ni siquiera le revisa su correspondencia con sus jefes. Y tampoco pregunta por qué Iván Duque y el Súper Industria y Comercio coincidieron en la extraña teoría que llevó a impedir que la ANI sancionara con la caducidad del contrato al Consorcio de la Ruta del Sol 2, lo que condujo al tribunal de los 3,61 billones.
Por otro lado, la Fiscalía acaba de llamar a juicio al expresidente de Saludcoop, ocho años después de la condena de la Supersalud, siete de mi primer debate en el Senado y cinco de cuando la Contraloría condenó a la EPS a devolverle a la salud 1,4 billones de pesos. La Contraloría además le confirmó un hallazgo fiscal por 80 mil millones al interventor del gobierno en Saludcoop, decisiones tomadas sobre la tesis de que las EPS no pueden pasar a sus patrimonios la plata de las UPC so pretexto de que son inversiones en negocios relacionados con la salud, como edificios en Colombia o inversiones en el extranjero. Cómo contrastan estas actuaciones legales con la actitud del Ministerio de Salud, que nunca asumió ese punto de vista y hasta promovió que se declarara nula la sanción de los 1,4 millones a Saludcoop, plata que al final se perdió porque el santismo y el uribismo en el Congreso le aprobaron una ley que puso dicha deuda con el sistema de salud como quirografaria, es decir, en el último puesto de las acreencias de Saludcoop en liquidación.
Habrá que ver qué terminará pasando con el caso Saludcoop –parecido al de Odebrecht en la impunidad que lo ha rodeado–, proceso que si no se archivó en 2016, fue por el debate que hicimos en contra de los anuncios del Fiscal de ese momento.
Y han pasado de agache, con el compadrazgo de santistas y uribistas, las graves acusaciones del Procurador y el Contralor sobre la EPS Medimás, sindicaciones por las que no han dado la cara ni el ministro de Salud ni el Presidente de la República, ocultos en la ficción de que no fueron ellos los que decidieron sobre un negocio que mueve 3,8 billones de pesos de recursos públicos al año. ¿Puede alguien creer que la decisión política de un negocio de este calibre no la toman los jefes sino sus subalternos? (Enlace 2).
Coletilla: son de pésimas consecuencias para Colombia las primeras decisiones de Iván Duque. 1. La gira por el exterior para rendirles pleitesía a los poderes globales que definen, para mal, el rumbo del país. 2. El gabinete de descarado origen neoliberal y plutocrático. 3. La reconstitución, con uribistas y santistas, del Frente Nacional en el Congreso, movida que confirma lo mucho que ha tenido de farsa la pelea de perros y gatos entre el Centro Democrático y la Unidad Nacional, más el notorio estilo santista en no pocos de los movimientos de Duque, es decir, calculado para engañar incautos y justificar volteretas.
Por Mauricio Cabrera Galvis. - El mundial de fútbol Rusia 2018 confirmó dos tendencias características de la globalización y el mercantilismo del mundo en que vivimos: la primera, que el fútbol es un deporte de inmigrantes donde el dios dinero prima sobre los símbolos patrios; la segunda, que hay inmigrantes buenos que se reciben con los brazos abiertos, e inmigrantes malos rechazados como escoria.
El peso de los inmigrantes, sobre todo afro descendientes, en los equipos europeos ha sido muy comentado en todos los medios y tal vez la imagen que mejor lo simboliza es el meme de la bandera de Francia donde en la mitad del tricolor azul, blanco y rojo resalta el perfil en negro del continente africano.
Tres de los cuatro equipos semifinalistas en el campeonato –Francia, Bélgica e Inglaterra- tenían una importante cuota de jugadores de ascendencia africana. Francia el que más, con el 60% de su selección con apellidos tan parisinos como Umititi, Kanté o Pogbá, pero también el 50% de quienes defendían los tres leones de la selección de Inglaterra eran descendientes de los esclavos africanos de las colonias del desaparecido imperio. El pasado colonial del Congo Belga también aportó su cuota a uno de lo equipos sorpresa del torneo.
Pero hay otro aspecto de los flujos migratorios en el fútbol que ha sido menos comentado. Es el enorme peso de los emigrantes en casi todas las selecciones nacionales, que son conformadas en su inmensa mayoría por jugadores fichados por equipos de países diferentes al que representan.
Según la confiable información del álbum de Panini, los casos extremos son el subcampeón Croacia, Bélgica, Suecia y Brasil en los que el 100% de los jugadores han salido de sus países de origen para jugar en equipos de otras latitudes. En el otro extremo están Inglaterra y Rusia, cuyos seleccionados juegan todos en equipos locales, mientras que Alemania y España tienen el 6% y 70% de sus jugadores participando en sus campeonatos locales
Los otros latinoamericanos no nos quedamos atrás en la exportación de jugadores: Uruguay, Argentina, Perú y Colombia tienen que “repatriar” a más del 80% de sus jugadores para integrar las selecciones nacionales, mientras que México y Costa Rica un “solo” 70%.
Los principales países de destino de estos emigrantes son las grandes ligas europeas en Inglaterra, España e Italia, y un poco menos en Alemania y Francia, donde no solo dan la bienvenida a estos metecos sino que pagan multimillonarias cifras por sus pases, lo que nos lleva al segundo punto de este comentario, que el rechazo a los inmigrantes es selectivo.
Por Amylkar D. Acosta M.1 - La globalización tiene sus ventajas pero también tiene sus desventajas, dependiendo de los vientos que soplen y de la dirección que tomen, dado que sus efectos son sincronizados y ningún país escapa a sus mega-tendencias, que se transmiten a través de los vasos comunicantes del comercio y el capital financiero. Edward F. Stuart, profesor emérito de economía de la Universidad de Illinois, llama la atención sobre el hecho cierto que “las guerras comerciales en 1930 empeoraron la Gran depresión. Podría ahora hacer lo mismo”.
Más de 1.100 economistas, incluidos ganadores del Premio Nobel (entre ellos Richard Thaler, Nobel 2017) y ex asesores presidenciales (como Gregory Mankiw, ex asesor económico titular del Presidente George W Bush), firmaron una Carta abierta dirigida al Presidente Donald Trump y al Congreso Federal de los EEUU, a propósito de su absurda política proteccionista y la guerra comercial declarada al resto del mundo. La misma trae a colación apartes de la que en su momento previno y pronosticó las consecuencias que se derivarían de las medidas proteccionistas tomadas por los EEUU, las cuales precipitaron a la economía mundial en la Gran depresión conocida como la Crisis de 1929, la cual se prolongó durante la década de los años 30 del siglo XX.
En esta misiva, coordinada por National Taxpayers Union (NTU), con sede en Washington, se les advierte “el Congreso no tomó el consejo de los economistas en 1930 y los estadounidenses en todo el país pagaron el precio...Mucho ha cambiado desde 1930, por ejemplo el comercio ahora es significativamente más importante para nuestra economía, pero los principios fundamentales como se aplicaban en ese momento no han cambiado...Estamos convencidos de que un aumento a los impuestos proteccionistas sería un error. Operarían, en general, para aumentar los precios que los consumidores locales tendrían que pagar y afectarían a la gran mayoría de nuestros ciudadanos...Pocas personas podrían esperar obtener ganancias con ese cambio...Los países no pueden comprarnos permanentemente a menos que se les permita vendernos... Una guerra arancelaria no proporciona buen terreno para el crecimiento de la paz mundial”.
La carta original fue enviada hace 88 años para instar a los legisladores estadounidenses a rechazar la Ley de Aranceles Smoot Hawley, pero no encontró eco, como tampoco ahora. La Ley, finalmente, fue aprobada en 1930 y fue un factor clave en una guerra comercial que agudizó la crisis económica mundial. Afortunadamente el Congreso Federal ha empezado a reaccionar, así lo pone de manifiesto el hecho de que el Senado, de mayoría republicana, aprobó, con una votación de 88 votos contra 11, una proposición rechazando la guerra comercial en la que embarcó Trump a los EEUU.
El republicano Bob Corker, Presidente del Comité de Relaciones Exteriores, que la promovió utilizó duros términos a lo que él calificó como “un abuso de la autoridad presidencial” por parte de Trump. Y, refiriéndose a las medidas arbitrarias que ha tomado restringiendo las importaciones, las critica diciendo que “esto no se está imponiendo por razones de seguridad”, como se adujo el Presidente. Por su parte el también Senador republicano por el Estado de Pensilvania, Patrick Joseph Toomey, manifestó que “la administración se equivoca al usar la seguridad nacional como un pretexto para imponer aranceles a nuestros aliados más cercanos. Es el momento de que el Congreso retome su responsabilidad constitucional en el comercio y la votación bipartidista muestre que hay forma de lograrlo”. Y el Presidente del Comité de Finanzas del Senado Orrin Hatch fue más lejos, al aseverar que “si la administración continúa con esta tendencia, equivocada e imprudente, de los aranceles, trabajaré a favor de impulsar una legislación comercial para frenar la autoridad comercial del Presidente”.
Es decir, que el Congreso Federal ha visto la necesidad de volver por sus fueros ante la inminencia de un mal mayor para los EEUU por cuenta de los desafueros del magnate empresarial que funge como Presidente de la superpotencia del Norte. Y ello antes que sea demasiado tarde, pues, como lo advierte el Presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan, también republicano, “nos arriesgamos a que los productos estadounidenses queden excluidos de nuevos mercados, los empleos se trasladen al extranjero y disminuya la influencia estadounidense”. Y, refiriéndose a los tratados comerciales, ignorados por Trump, afirma que, “como le dirán nuestros generales, estos acuerdos son tan importantes para nuestra seguridad nacional como lo son para nuestra economía”. “Las nuevas tarifas no son la solución”, dijo Ryan durante un discurso en el Club Económico de Washington. Es más, “los nuevos aranceles del presidente Donald Trump no son la respuesta a los problemas del comercio mundial y arriesgan el papel de liderazgo de EEUU en el comercio mundial”, advirtió.
Es memorable la frase del estadista británico Sir Winston Churchill en el sentido que “E.E.U.U. hace invariablemente lo correcto, después de haber agotado el resto de alternativas” y eso sigue siendo cierto. Y para rematar, el Presidente Trump, como los borbones, ni olvida ni aprende!
1. Miembro de Número de la ACCE
Barranquilla, julio 21 de 2018
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Por Gabriel Ortiz*.-Intereses insospechados han aplazado por años una solución definitiva al transporte colectivo de la capital de la República. Quienes planificaron el desarrollo de la ciudad que fundó Jiménez de Quesada, la dotaron desde principios del siglo pasado, de un transporte moderno para esa época, con los famosos taxis rojos, tranvías y buses en los que se cedía los asientos a damas y adultos mayores.
Después del ‘Bogotazo’ se organizó una empresa con modernos buses llamados municipales y un servicio de trolebuses eléctricos, en los cuales se movilizaba cómodamente la ciudadanía. Pero llegaron la politiquería y la corrupción, de las que se aprovecharon ciertos negociantes para diezmar la ejemplar organización municipal. Políticos, sindicatos y negociantes se valieron de las más funestas triquiñuelas para introducir el caos actual. Se ofrecían prebendas a choferes y directivos para que impidieran el correcto funcionamiento de los vehículos, mientras ciertas autoridades del Distrito y del gobierno central, inventaron las ‘licencias’ de funcionamiento para privatizar el transporte público. Desde entonces aparecieron el desorden, la anarquía la vorágine y el lucro de los corruptos.
Se pensó en remplazar el añorado tranvía con un metro, como esos que ya tenían Buenos Aires y otras ciudades de la talla de Bogotá. Pero tras cada proyecto aparecían el billete y la politiquería.
Esa la razón para que hoy, después de tanto tiempo, estemos pensando si es mejor construir grandes calzadas que entregamos gratuitamente a particulares para que las exploten con pesadas e ineficientes moles rodantes que, perezosamente ruedan, destruyendo pésimos pavimentos edificados sobre rellenos fluidos. A esta mala copia de transporte se le acomoda el eternamente diferido metro, que ni aterriza, ni toma altura, para saber si al fin será subterráneo o aéreo.
Inexplicablemente se alarga y se extiende el caótico Transmilenio, que ha costado muchas veces más que un metro. Se piensa siempre en la solución más lucrativa para quienes la adopten. Poco o nada importa la salud de millones de personas que cada vez respiran más veneno. Nadie sabe cuál será la nueva inyección de aire insano que le dispararán a los bogotanos, porque no se ha pensado en un transporte manejado con energía limpia. Se están licitando sistemas que destruyan pulmones. En Bogotá, como en Medellín hay barriadas y sectores en donde a diario mueren niños por enfermedades respiratorias.
Los bi o multi articulados en los que se está pensando envenenan el ambiente. Como las fábricas, no los han podido vender en Europa, por nocivos y asesinos ambientales, seguramente rodarán por nuestras calles.
Esa es la radiografía del sistema de transporte que quieren mantener en Bogotá, a pesar de que tanto Santos, presidente saliente, como Duque mandatario entrante, han ofrecido financiar el verdadero Metro de Bogotá.
Al parecer hay muchos intereses que dilatan y dilatarán soluciones, mientras los capitalinos se asfixian y sus pulmones estallan…
BLANCO: Barranquilla se lucirá con los juegos deportivos que hoy se inician.
NEGRO: Los niños y los rusos tienen a Trump en jaque.
Bogotá, D.C, 20 de julio de 2018.-
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional. Colombia
