Opinión
“¡Universidad que no goza de autonomía no es Universidad!”
Por Amylkar D. Acosta M*. - Este 8 de junio el movimiento estudiantil en Colombia conmemora el Día del estudiante caído, que tuvo su origen en el asesinato a mansalva del estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Gonzalo Bravo Pérez, quien participaba de una marcha de protesta por la masacre de las bananeras y el nombramiento como Jefe de Policía de Bogotá, nada menos que al Teniente Carlos Cortés Vargas, el mismo que ordenó disparar contra los huelguistas de la United Fruit Company ese aciago 6 de diciembre de 1928. 25 años después, en el curso de una movilización conmemorativa de esta fecha luctuosa, el 8 de junio, fue asesinado alevemente el estudiante de Medicina, también de la Universidad Nacional, Uriel Gutiérrez y al día siguiente 11 más fueron víctimas fatales de la represión por parte de la fuerza pública.
Esta fecha es la ocasión propicia para volver sobre la Autonomía universitaria, hoy en grave predicamento, como una de las conquistas más preciadas del Movimiento estudiantil colombiano que alcanzó su clímax en la gran gesta del Movimiento estudiantil de 1971, el cual en un Encuentro nacional que tuvo lugar el 13 y 14 de marzo, con la participación de 30 universidades aprobó el Programa Mínimo de los estudiantes colombianos, el cual contempló como primer punto la Autonomía de la Universidad y el cogobierno, integrando los consejos superiores única y exclusivamente con representantes de los estamentos universitarios.
Y lo logramos, cuando el entonces Ministro de Educación Luis Carlos Galán Sarmiento expidió el Decreto 2070, con lo cual se logró derrocar la autocracia que había impuesto el denominado “Ducado” (en referencia a los rectores Luis Fernando Duque y Luis Duque Gómez de las universidades de Antioquia y Nacional, respectivamente).
Ello le desbrozó el camino a la Autonomía de las universidades, consagrada en su artículo 69 que a la letra reza que “se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”. Podemos afirmar, entonces, que la Autonomía universitaria, lejos de ser una concesión graciosa por parte del Estado, fue una conquista del Movimiento estudiantil!
Cuando afirmamos que la Autonomía está en grave predicamento, nos referimos a los deplorables acontecimientos que se vienen dando en la Universidad Nacional a propósito de la decisión tomada por el Consejo Superior designando como Rector al profesor José Ismael Peña, la cual fue cuestionada por la Ministra de Educación Aurora Vergara, al punto de negarse a dar curso a su posesión, que terminó dándose ante el Notario 14 de Bogotá.
La razón esgrimida por la Ministra, quien presidió la sesión del CSU y por otros miembros del mismo fue su desacuerdo con el procedimiento seguido para su elección, basado en la teoría de juegos, el cual llevó a que el profesor Leopoldo Múnera, quien se había impuesto en la consulta previa entre los estamentos de la Universidad no fuera el favorecido en la votación. Esta confrontación llevó a la parálisis de las actividades académicas de la Universidad y a un conflicto interno no resuelto hasta la fecha.
Sin pretender tomar partido por ninguna de las dos partes contendientes, es claro que, de acuerdo con los Estatutos vigentes, el resultado de dicha consulta no es vinculante, aunque a mi juicio, consecuente como mi defensa de la autonomía universitaria y la democracia, esa es parte de las reglas de juego, las que no se pueden cambiar después de terminado el partido si el resultado del mismo no me favorece. Lo dice muy claro y lo admite el profesor y catedrático emérito de la Universidad Nacional, quien ha disentido de la decisión tomada por el Consejo Superior Rodrigo Uprimny: “la autonomía universitaria consiste en que las autoridades y los estamentos universitarios son quienes deciden, conforme los Estatutos internos, sobre los asuntos administrativos, académicos y presupuestales de la institución”.
Este fue el mismo argumento que llevó al Juzgado 37 administrativo a admitir una acción de tutela interpuesta por el Rector electo, dejando en firme su nombramiento y “sin efectos jurídicos la Resolución 7480 del 15 de mayo de 2024, que ordenaba designar un Rector” encargado, expedida por el Ministro de Educación ad hoc Juan David Correa, designado para el efecto al declararse impedida la titular, Y fue más lejos al advertir que dicha determinación “vulneró el derecho al debido proceso y la autonomía universitaria” y ordenó al Gobierno “que se abstuviera de violar la autonomía universitaria” y evitar así su intromisión e interferencia en los asuntos internos de la Universidad imponiendo su omnímoda voluntad.
En medio de semejante trifulca, la actitud y las desatinadas decisiones tomadas por parte del Gobierno han terminado atizando la conflictividad interna y ahora el embrollo es mayor, después que se convocara nuevamente al Consejo Superior procediendo a dejar sin efecto la elección del profesor Peña y a designar en su lugar al Profesor Múnera, contencioso este que queda en manos del Consejo de Estado, que será quien tenga la última palabra. El riesgo mayor es que el Gobierno Nacional se salga con la suya, porque de prosperar su intento de intervenir y controlar la Universidad Nacional, llevándose de calle su autonomía, iría por más y sólo faltaría tiempo para que hiciera lo propio con las demás universidades, tanto públicas como privadas.
Cota, junio 8 de 2024
Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
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“SÍ SE PUEDE transformar a la Colombia rural olvidada”.
Por José Félix Lafaurie*. -Después de reunirme con la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, salí con la percepción de haber conversado con una mandataria con claridad sobre la necesidad de emprender, con voluntad política, proyectos efectivamente transformadores de la realidad de su departamento; una vasta región de cultura ganadera que puede diversificarse hacia otras opciones de desarrollo, para continuar un exitoso proceso de incorporación económica y social de sus gentes.
En la reunión, a la que asistí con el empresario Carlos Patiño, le presentamos a la gobernadora un proyecto transformador de la realidad social y económica del departamento; una verdadera sumatoria productiva que, a partir de la ganadería silvopastoril, incorpore el Cacay como fuente adicional de ingresos. La propuesta no es solo para invitar a ganaderos a invertir, sino también para desarrollar un proyecto con claro acento social que sea referente a nivel nacional.
Se preguntarán los lectores qué es el Cacay. Es un árbol endémico de la Amazonía, de cuyo fruto se extrae un aceite utilizado en cosmetología y dermatología, competencia directa de un exótico producto marroquí, el aceite de argán, conocido como el “oro líquido” por su alto precio internacional.
La propuesta de asociar ganadería sostenible con árboles de Cacay, este último con propiedades superiores a las del cotizado producto marroquí, y también con mayor utilidad por hectárea/año, encontró eco en la gobernadora, no solo para emprender transformaciones efectivas de carácter social que beneficien a víctimas de la violencia, madres cabeza de familia, indígenas y población campesina, sino como alternativa de diversificación con potencial para dinamizar la economía departamental sin perder su vocación ganadera, a partir de un verdadero cluster que desarrolle esta asociación productiva y, a mediano plazo, incursione como agroindustria en el campo de la cosmetología, con Tasa Interna de Retorno, TIR, del 20%.
La propuesta que presentamos con Carlos Patiño, CEO de Arlés SAS, empresa dedicada al cultivo y transformación del Cacay, podría ser piloto de transformación en los territorios que hoy son reino de la coca y podrían serlo del Cacay.
Las cartas quedaron sobre la mesa. La primera: tierra. Carlos Patiño donaría un terreno de 600 hectáreas para desarrollar un proyecto asociativo, proceso en el que deberá intervenir la Agencia Nacional de Tierras.
La segunda: tecnología. En el componente silvopastoril Fedegán pone a disposición su acreditación como Empresa Prestadora del Servicio de Extensión Agropecuaria, su conocimiento técnico de 20 años y su reconocimiento internacional en producción ganadera sostenible. En el componente agrícola, participarpia la Agencia de Desarrollo Rural como acompañamiento a la entrega de tierras.
La tercera: “financiación social” a través de Finagro, que consulte el objetivo transformador del proyecto y sus tiempos productivos, dando por descontado que, si al liderazgo de la Gobernación del Meta se suma el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura y demás instancias orientadas al logro de la paz, será viable acceder a cooperación internacional.
Marruecos, donde tres millones de personas dependen del argán, logró financiación del Fondo Verde del Clima de 49 millones de dólares para 10.000 hectáreas de argán, y la FAO reconoció el sistema agrosilvopastoril basado en el argán en una región marroquí, como “Sistema de Patrimonio Agrícola de Importancia Mundial”.
Colombia puede hacer lo propio con el “combo” ganadería silvopastoril + Cacay, como opción transformadora para generar una clase media rural que empuje la paz del desarrollo de los territorios desde la legalidad.
Las cartas están sobre la mesa, pero el as bajo la manga es la voluntad política. La gobernadora del Meta la tiene y ella convocará la del Gobierno Nacional para enviar ese mensaje necesario: SÍ SE PUEDE transformar a la Colombia rural olvidada.
Bogotá, D. C, 9 de junio 2024
Presidente de Fedegan
@jflafaurie
“A pesar de gastar en salud cerca del 8% del PIB, Colombia no tiene la cantidad suficiente de ninguno de esos recursos para garantizar el derecho universal a la salud”.
Por Mauricio Cabreara Galvis*. -En medio del candente debate político sobre la reforma a la salud, se presta poca atención al principal problema del sistema de salud en Colombia: no hay recursos suficientes para atender todas las solicitudes de salud de la población. ¡No hay cama pa’ tanta gente!, cantaba el Gran Combo de Puerto Rico.
Cuando se habla de recursos para la salud, la plata es el principal faltante, pero no el único; se necesitan más médicos, enfermeras, personal auxiliar, puestos de salud, camas de hospital, equipos de cirugía y de diagnóstico, insumos hospitalarios, medicamentos, etc.
A pesar de gastar en salud cerca del 8% del PIB, Colombia no tiene la cantidad suficiente de ninguno de esos recursos para garantizar el derecho universal a la salud.
Cuando la demanda de cualquier bien o servicio es mayor que la oferta disponible, se produce algún tipo de racionamiento y asignación de los recursos escasos. En el caso de la salud se da de varias formas; la más brutal es la del capitalismo salvaje: tienen acceso a los servicios los que pueden pagar por ellos.
Cuando el Estado es quien financia, como sucede en los países europeos, la forma de racionamiento son las colas y los tiempos de espera. Por eso, según datos de la Ocde, en España un paciente debe esperar 129 días para un reemplazo de cadera y 142 días para un reemplazo de rodilla; mejor que en Portugal donde son 241 y 300 días respectivamente. En Chile, el 90% de los pacientes tuvieron que esperar más de tres meses para estas cirugías.
Dos tendencias agravan el déficit financiero del sistema de salud: el primero, que cada día hay tecnologías y medicamentos nuevos que son más eficaces, pero que son más costosos que los anteriores. El segundo, que la demanda de servicios ha crecido mucho más rápido que el aumento del PIB, por factores como el envejecimiento de la población, la ampliación de procedimientos cubiertos por el sistema o los abusos de los usuarios. Así, en lo corrido del siglo la demanda de servicios per cápita ha crecido cerca del 40%.
Entre 2019 y 2022, el número de atenciones tramitadas por las EPS (desde medicamentos y consultas médicas hasta trasplantes de corazón) pasó de 714 millones a 784 millones, lo que ha llevado a que los cerca de $90 billones que reciben sean insuficientes para los pagos que tiene que hacer a las IPS, y tengan pérdidas que para los últimos años se estiman en $8.2 billones.
El debate sobre las EPS no resuelve el problema. Se equivoca el Gobierno cuando piensa que acabándolas va a ahorrar plata para disminuir el déficit; se equivocan quienes las defienden, pensando que manteniéndolas como están, el sistema de salud va a funcionar mejor. Mientras no se destinen nuevos recursos para el sistema y se haga un esfuerzo por controlar los excesos y los abusos del gasto, la alternativa para muchos pacientes será la que cantaba el gran Combo: Pa’ fuera, pa’ la calle.
Cali 9 de junio 2024
*Filósofo y economista. Consultor.
“No aceptaremos, ni acompañaremos nada contra las instituciones democráticas…Colombia no puede caer en las dictaduras, ni en las vías de hecho, vengan de donde vengan”.
Por José G. Hernández*. - A raíz de intervenciones públicas del presidente Gustavo Petro se sigue hablando de la posible convocatoria de una asamblea constituyente. Muchos, desde la oposición, han deducido -sin fundamento- que esa convocatoria está dirigida a la reelección, incluso indefinida en el tiempo, del actual jefe de Estado. Se ha llegado a asegurar -también sin fundamento- que el presidente cerrará el Congreso, que lo hará el 20 de julio -cuando debe instalarlo- y que acabará con el actual orden constitucional.
En recientes declaraciones, el presidente ha sostenido que nada de eso es verdad. Que no piensa convocar una asamblea constituyente, menos por decreto, y que no está empeñado en buscar su reelección, como sí lo hicieron otros antes, y que respeta, cumplirá y hará cumplir la Constitución, como lo juró al posesionarse.
Desde la otra orilla se ha llegado a decir que la oposición viene orquestando la ruptura del orden institucional, con miras a dar un golpe de Estado y a interrumpir el período previsto en la Constitución. A difundir esa especie -también sin fundamento- han contribuido palabras y actitudes de algunos miembros de la oposición. Una senadora hablaba de no permitir que el presidente cumpla los cuatro años del período para el cual fue elegido, y en una marcha opositora hubo manifestantes que cargaron ataúdes, proclamando consignas contra el presidente. Y, desde un foro universitario, un expresidente de la República dijo algo sobre desobediencia militar. Pero creemos -y esperamos que así sea- que no hay un plan diseñado contra las instituciones.
Ahora bien, el presidente sí ha sostenido que contra él se planea un “golpe blando”, o una forma de lo que se conoce en el mundo como “lawfare”, es decir, la instrumentalización de las leyes y la justicia con fines políticos.
Si cualquiera de esas cosas estuviera siendo pensada o planeada -de uno u otro lado-, los demócratas estamos en la obligación de rechazarlas de plano y en forma contundente. No aceptaremos, ni acompañaremos nada contra las instituciones democráticas, ni opuesto a las prescripciones de nuestro sistema jurídico. Colombia no puede caer en las dictaduras, ni en las vías de hecho, vengan de donde vengan.
Una cosa es el desacuerdo, la controversia, la libertad de compartir o no las decisiones, los proyectos o las políticas del Ejecutivo, y otra muy diferente las vías de hecho y las propuestas inconstitucionales.
En nuestro sistema jurídico están garantizados los derechos de la oposición. Como dice el artículo 112, los partidos y movimientos políticos que no participen en el Gobierno podrán ejercer libremente la función crítica frente a éste y plantear y desarrollar alternativas políticas. Es diferente eso a cualquier llamado a golpes de Estado.
En cuanto a la asamblea constituyente, aunque está autorizada en la Constitución para introducirle ajustes o reformas, creemos que no es necesaria, ni oportuna. Y, si se la quisiera convocar, no podría hacerse ello sin cumplir la totalidad de los requisitos constitucionales; sin la ley del Congreso; sin el control constitucional previo; sin los trámites previstos. Con todo respeto por opiniones diferentes, tampoco puede fundarse en el Acuerdo de Paz firmado en 2016, ni en decisiones de la ONU.
Bogotá, D. C, 6 de junio 2024
*Expresidente de la Corte Constitucional
“Colombia, entonces, afana más que el dueño de la olla y está siendo más papista que el Papa, apresurándose a darle la espalda a los combustibles fósiles…”
Por Amylkar D. Acosta M*. -Según el Informe de la Agencia internacional de energía, con corte a diciembre de 2023, se estima que la producción de Colombia bajará ligeramente en 2024 frente a la del año anterior, situándose alrededor de los 770.000 barriles y acordes con sus proyecciones para el 2025 la producción será de 710.000 barriles/día, para el 2026 680.000, para el 2027 650.000 y para el 2028 de 620.000, para una caída del 20.5% con respecto al 2023. Como es obvio, la única manera de revertir esa tendencia es incorporándole barriles a las reservas. La ex ministra Irene Vélez lo apostó todo al mejoramiento del recobro, mediante técnicas que permitan producir más con menos, en defensa de “la política del Gobierno de mejorar las reservas vía eficiencia en la explotación a través del recobro”. Pero las cifras no le han dado la razón.
Ahora, en momentos en los que el número de taladros activos en el país (110), la cifra más baja desde 2021, está cayendo, según la Cámara de servicios petroleros (CAMPETROL), un 26.2%, migrando a otros países como Guyana o Brasil, atraído por la febril actividad petrolera en esos países, se intenta con la estrategia de que ECOPETROL entre a suplir la “inactividad” de las empresas adjudicatarias, contrarrestar la caída en la producción.
En mi concepto, ello puede llegar a amortiguar la caída en la producción pero no a su incremento significativo, de manera que mientras no se firmen nuevos contratos de exploración y producción, como lo están haciendo todos los demás países que cuentan con reservas probables o prospectivas, a Colombia, dadas sus precarias reservas , que solo le alcanzan para 7 años, la va seguir rondando el fantasma de la importación de hidrocarburos, así sea cierto que, como lo afirma el Ministro “ni más contratos garantizan más reservas, ni los mismos menos reservas”.
Lo cierto es que el éxito de la actividad exploratoria es aleatorio, pues se rige por la lógica binaria de cero o uno. Nadie se puede llegar a ganar el baloto si no le apuesta. De manera que mientras más contratos se firmen la probabilidad de un hallazgo es mucho mayor que si no se firman. El Gobierno, en lugar de dar tantas vueltas, debería reconsiderar su negativa a firmarlos. Todo por el bien del país, al fin y al cabo el petróleo sigue siendo el primer renglón de exportación, la principal fuente generadora de divisas y de financiamiento tanto de la Nación como de las entidades territoriales.
Huelga decir que el petróleo que no produzca y exporte Colombia no lo dejarán de consumir en el resto del mundo, otros países lo producirán y exportarán en su lugar. De hecho el año anterior, según cifras de la Agencia internacional de energía (AIE), el consumo de crudo en el mundo alcanzó un nuevo récord de 101 millones de barriles/día y según su más reciente reporte “se pronostica que el crecimiento de la demanda mundial de petróleo alcanzará un promedio de 1.2 millones de barriles/día”. Es más, contrariamente a las previsiones de la AIE el punto de inflexión y de aplanamiento de la curva de demanda de crudo se está corriendo más allá del 2030. Con razón afirma la columnista de Oilprice.com Tsvetana Paraskova que “una y otra vez el petróleo ha desafiado las expectativas con respecto a los picos. La lógica y la historia sugieren que lo seguirá haciendo”.
De manera que las buenas intenciones del gobierno de contribuir a la reducción de las emisiones de GEI para competir el Cambio climático se ven neutralizadas por la contribución a las mismas por parte de otros países. ¡Terminamos quedando con el pecado y sin la gracia! Colombia no debe asumir el papel de polizón climático, cruzándose de brazos sin asumir su propia responsabilidad e incumpliendo su compromiso de reducir sus emisiones en un 51% hacia el año 2030, aduciendo que su contribución a las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) no superan el 0.5%, pero tampoco puede pretender asumir el papel de atlas climático con la falsa creencia de que vamos a salvar a la humanidad de los estragos del Cambio climático.
Sabiamente en la 26 Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (COP 26), que tuvo lugar en 2021 se ratificó el principio de responsabilidad común diferenciada (PRCD) que data desde la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro y la propia Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio climático (CMNUCC) que tuvieron lugar en 1992. Según este principio, “los países que han sido los responsables históricos del calentamiento global deben asumir los costos mayores de la mitigación, adaptación y reparación”.
Colombia, entonces, afana más que el dueño de la olla y está siendo más papista que el Papa, apresurándose a darle la espalda a los combustibles fósiles cuando en la más reciente COP 27, que se realizó en noviembre del año pasado se resolvió alejarse de ellos, pero no darle la espalda prematuramente, que es en lo que está empecinado el actual Gobierno, sin reparar en los costos en los que está incurriendo. Bien dice el adagio: ¡No por mucho madrugar amanece más temprano!
Guadalajara, junio 1 de 2024
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
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“Ni Olmedo, ni Pinilla revelaron a los periodistas de BluRadio, Semana y RCN, quienes los entrevistaron, dónde está el dinero que robaron y si estarían dispuestos a regresarlo”.
Por Gabriel Ortiz*. - Se repite y con toda resonancia el robo de la “Custodia de Badillo” que debiera, como lo plasmó Rafael Escalona, poner a requisa del Cura pa’abajo.
En nuestro país, desde hace tiempo nada es raro, mucho menos aquello de echarle mano a dineros públicos, compras oficiales o bienes de la comunidad.
Iniciado el actual gobierno, estalló el escándalo del saqueo de los fondos que maneja la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (Ungrd). Esa misma de la que robaron los dineros de las ollas comunitarias y los alimentos de los niños escolares.
Lo más grave ha sido que quienes diezmaron esos fondos, fueron los funcionarios que, con toda pompa designó el actual jefe de Estado. Aquellos que durante tanto tiempo lo han acompañado en sus andanzas políticas. Quienes -con él- han criticado y condenado la corrupción durante mandatos anteriores.
Los primeros acusados fueron la consejera para las regiones, Sandra Ortiz y el hombre de la transparencia Andrés Idárraga.
Pero ahí no terminó la utilización de la Ungrd para malversar la plata de los colombianos, ya que los propios encargados de cuidar y manejar -o usurpar, malversar y depredar esos recursos- Olmedo López y Sneyder Pinilla, querían demostrar ante la opinión pública su valentía y destreza para saquear las arcas del estado y mantener ocultos bajo chantaje a sus compinches. Se abstuvieron sí, de llegar al verdadero fondo, es decir: a quienes les ordenaron el saqueo.
Inculparon al Mininterior Velasco, a otros ministros y altos funcionarios del gobierno, cuyos nombres guardan en secreto, de esas fechorías, que inclusive se cometieron y ventilaron durante sesiones plenas de Consejos de Ministros. El presidente Petro, sin embargo, no se enteró de cuanto pasaba en esos consistorios, que calificaban de cónclaves.
López y Pinilla han incriminado a funcionarios y políticos de todos los partidos, de todos los movimientos, de muchos municipios y departamentos, pero a nadie de su reducto político o de la izquierda a la que ellos siempre han pertenecido.
Como “rateros honrados” o miembros del “039”, amenazan y dan supuestas pistas y nombres de quienes los acompañaron en los “cónclaves”, mientras logran hacerse acreedores a principios de oportunidad que la justicia les otorgue. Dicen haberle fallado a Colombia y a su gente, mientras repiten una y otra vez que el Presidente no sabía nada… ¡nada!
Ni Olmedo, ni Pinilla revelaron a los periodistas de BluRadio, Semana y RCN, quienes los entrevistaron, dónde está el dinero que robaron y si estarían dispuestos a regresarlo.
“Habrá sorpresas”, repitió muchas veces Olmedo, el “ratero honrado”, cuando se le preguntaba por nombres concretos de los implicados en los conclaves para saquear las arcas del Estado.
Cuando pensó en revelar nombres de algunos de sus más íntimos cómplices, temeroso por su seguridad, se limitó a exclamar: “es gente de mucho, de mucho poder”. Así terminaron las entrevistas de Olmedo, mientras el país entero espera que, del “cura pa’abajo se pongan a requisar”.
NEGRO: Sura también desaparece, como desaparecerá toda la salud de los colombianos, porque el gobierno destruyó lo poco que había.
NEGRO: Ante tanta insistencia del gobierno por aumentar el límite de endeudamiento muchos piensan en el despilfarro.
Bogotá, D. C, 1 de junio de 2024
Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
“Aunque no hay reportes de secuestros por parte del ELN, el Acuerdo se firmó a pesar de su anuncio amenazante de que seguirán cometiendo ese delito”.
Por José Félix Lafaurie Rivera*. - Con la firma del Acuerdo 28 sobre el desarrollo del proceso de participación de la sociedad, concluyó otra ronda de diálogos con el ELN y también el punto 1 de la Agenda, cuyo objetivo era el “diseño” de dicho proceso por parte del Comité Nacional de Participación, un tema que amerita un breve recuento para desentrañar los “claroscuros” del acuerdo firmado.
Debo precisar mi papel en la Mesa, como una voz que sacude la inercia de una negociación entre un gobierno de izquierda y una guerrilla comunista, ambos con una visión de “pueblo” donde solo están las minorías, sectores populares, campesinos y sindicatos, entre otros; pero no parece caber toda la clase media, el empresariado y otros sectores no afines a los que siento estar representando.
En ese contexto, estuve en desacuerdo con que, para las tareas instrumentales del diseño del Modelo se consultara a la sociedad a través de una compleja instancia corporativa, pero ante la presión del ELN, al menos logré que se incorporarán al Comité varios miembros de Consejo Gremial y organizaciones como ACORE y el Instituto de Ciencia Política, los cuales, aun siendo minoría, protestaron frente al desbordamiento del Comité.
Mi posición, planteada en una carta a la jefe de la delegación gubernamental, y la protesta de los sectores que rompieron la homogeneidad del Comité tuvo resultados, pues una cosa fue el Modelo de Participación del Acuerdo 28 y otra la propuesta desbordada del CNP, sobre todo en la pretensión de imponer agenda temática y la interpretación sobre una “condición vinculante automática” a partir de la participación de “8.000 voces”, con lo cual, prácticamente, se “defenestraba” a la Mesa y se desconocía la misión constitucional del Congreso en la discusión y aprobación de políticas públicas
En cuanto al Acuerdo 28, señalaré sus “claroscuros” frente a los dos aspectos mencionados. El Acuerdo no incluye la pretendida condición vinculante a partir de “la toma de decisiones de las y los participantes…”, dejando claro que las comunidades proponen, pero solo la Mesa dispone; tal como propuse y quedó desde el Acuerdo 9 de Participación.
Así las cosas, aunque no se señale expresamente -una de sus penumbras- es claro que ni el Comité de Participación sustituye a la Mesa de Diálogos, ni la Mesa puede sustituir a las instituciones democráticas consagradas en la Constitución, el Congreso en primer lugar. Por tanto, si bien los acuerdos de la Mesa son de obligatorio cumplimiento y deben convertirse en políticas públicas, esa obligatoriedad está supeditada a las competencias del Congreso para discutir, aprobar, modificar o improbar las propuestas de política pública o de modificaciones institucionales surgidas de la Mesa.
En cuanto a la pretensión de imponer una agenda, el Acuerdo 28 dio luz al eliminar temas como la democracia directa, la política de seguridad y la referencia al Acuerdo de Escazú, y al apelar a la formula menos controversial de apenas proponer temas de diálogo, pero dejó en la penumbra el desbordamiento de Comité en su limitado objetivo de definir métodos y procedimientos.
El último y gran claroscuro: Aunque no hay reportes de secuestros por parte del ELN, el Acuerdo se firmó a pesar de su anuncio amenazante de que seguirán cometiendo ese delito.
El claroscuro, que inmortalizó a Rembrandt en Holanda y a Caravaggio en Italia, deja en la penumbra, a conveniencia del artista, lo que no se considera importante para darle peso a lo que se quiere iluminar y resaltar.
Algo así sucedió con el Acuerdo 28, el cual, sin embargo, con sus claros y sus oscuros, logró reafirmar la condición suprema de la Mesa y, con ella, la continuidad del proceso.
Bogotá, D. C, 2 de junio 2024
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
“La insistencia en la Constituyente popular solo siembra incertidumbre en la mente de las clases medias, que se sienten desnudas de liderazgo”
Por Hubert Ariza*. En Colombia las modas políticas del continente no pegan. Aquí nos inventamos nuestras propias tendencias. Tal vez por eso, en el siglo pasado, mientras América Latina era gobernada por dictaduras, que fracturaron el orden democrático durante décadas, en Colombia mandaban los apellidos tradicionales y algunos militares conspiraban sin éxito en los cuarteles, aunque una minoría tuvo un enorme poder, como en los tiempos de Turbay Ayala. De ese Gobierno aún es famoso el chiste de la vez que le preguntaron al general Camacho Leyva, su ministro de Defensa, que si habría un golpe de Estado. Y muy solemne y con cara adusta respondió: “No creo que Turbay se atreva”.
En este siglo, por ejemplo, mientras Venezuela, Ecuador y Bolivia, entre otros países, se sintonizaban con el socialismo del siglo XXI, que financiaba con los recursos del petróleo el extinto presidente Hugo Chávez, en Colombia la política de seguridad democrática embrujó a la opinión pública que eligió a Álvaro Uribe, quien en nombre de la seguridad profundizó la guerra, cerró las puertas a la solución negociada del conflicto armado, dejó un trágico saldo de violaciones a los derechos humanos, cambió un articulitode la Constitución para reelegirse y, si no hubiera sido por el valor de la Corte Constitucional que lo frenó, seguramente habría intentado reelegirse indefinidamente. El impacto negativo de esa aventura populista de extrema derecha aún la siguen pagando millones de víctimas de ese periodo en el que se prohibió pronunciar las palabras paz y derechos humanos.
Ahora, mientras en Argentina eligieron a un Milei, que rompió los manuales de ciencia política, ha enfrentado a madrazos y con medidas económicas radicales el populismo de izquierda que dejó el kirchnerismo, o en El Salvador convirtieron en leyenda de la extrema derecha a un Bukele, que se ha apoderado de la democracia, cambiando la Constitución y derrotando a las otrora temibles maras, obteniendo una popularidad del 90% que le permitió reelegirse, en Colombia estamos viviendo el más grande incendio político de los últimos meses, generado por el ímpetu gubernamental por convocar una Constituyente popular, y la iniciativa de sectores políticos de la izquierda afecta al Gobierno de buscar la reelección presidencial.
Todo comenzó como un globo de ensayo que, poco a poco, ha ido tomando forma y se ha convertido en el detonante de una confrontación total del Gobierno contra la oposición, el establecimiento, los partidos políticos independientes y la prensa, que ha provocado, incluso, un pronunciamiento del Gobierno de los Estados Unidos.
Los discursos del presidente lo muestran radicalizado, en campaña, argumentando y contraatacando con fuerza a sus rivales, que temen que, en su afán de transformar a Colombia y hacer aprobar sus reformas bloqueadas por el Congreso, termine validando la convocatoria de la Constituyente por decreto, como lo propuso el exfiscal Luis Eduardo Montealegre, que autorice su reelección. Al fin y cabo ya dijo que mientras la derecha lleva 200 años en el poder, la izquierda solo lleva cuatro. Y no va a permitir que llegue un gobierno de derecha a acabar su legado.
Convocar la Constituyente por decreto es una amenaza muy fuerte al ordenamiento constitucional, que provocaría un choque de trenes, incluso con las Fuerzas Armadas, como señaló el expresidente Santos, y metería al país en una profunda crisis de gobernabilidad y una confrontación inexplorada.
Bien lo sabe el ministro de Justicia, Néstor Osuna, que ha salido a negar cualquier pretensión oficial al respecto. Pero en política remar de espaldas para llegar a la otra orilla es un arte, y ya sabemos que hay muchas mentes petristas, como la del excanciller Álvaro Leyva, pensando en cómo saltarse a un Congreso que no le marcha al cambio que lidera Petro, donde una propuesta de Constituyente no tendría mucho futuro. Y hacerle el quite a una Corte Constitucional, que ha demostrado que actúa con independencia.
La contundencia de las declaraciones del ministro Osuna no significan, sin embargo, que Petro no esté dispuesto a inmolarse, rodeado de lo que llama su pueblo, antes que rendirse ante las adversidades, o echar reversa en sus ideas de profundas reformas aplazadas que se ven imposibles de tramitar en un Congreso acosado por los escándalos de corrupción y la ineficiencia. Aquí el tema es la forma, no el fondo. A Petro no le importan las formas y el objetivo sigue claro para él: transformar profundamente a Colombia, y en esa tarea a penas le quedan dos años, antes de que Colombia cumpla el calendario electoral y se deba elegir, pacíficamente, a su sucesor en 2026.
De ahí el afán de sectores afectos al primer mandatario por promover su reelección, así públicamente digan que lo hacen a sus espaldas. En esa propuesta se esconde, quizá, el miedo por no tener un candidato de la cantera petrista capaz de reemplazarlo, cerrándole, además, la posibilidad a otros líderes de la izquierda que vienen luchando por alcanzar esa designación.
El petrismo radical quiere reelegir a su jefe, como lo lograron Uribe y Santos. Uno se quedó otros cuatro años en el poder modificando la Constitución, con el argumento de que necesitaba más tiempo para ganar la guerra a las FARC, y el otro con la promesa cumplida de alcanzar la paz con esa desaparecida guerrilla y acabar 60 años de estéril confrontación armada.
Petro ha dicho que quiere reelegir su proyecto político para profundizar la transformación de Colombia. Ese cambio incluye reemplazar la Constitución de 1991, que fue posible gracias a un amplio consenso político y social promovido por los estudiantes en la década de 1990, al que se sumaron los partidos políticos y el establecimiento. Pero es ese consenso, que incluyó al M-19 y las demás guerrillas desmovilizadas que firmaron la Carta, lo que hoy no existe, y se ve casi imposible de alcanzar. El tema de la reelección enturbia aún más la posibilidad de llegar a un acuerdo nacional, en el que participen las élites y logre el apoyo de las clases medias y la opinión pública.
Petro ha dicho que no le interesa la reelección, pero la palabra de los caudillos cambia dependiendo de las estrategias, las posibilidades de éxito y el cambio del viento. Lo cierto es que la insistencia en la Constituyente popular, que cuenta con el apoyo del ELN y la Segunda Marquetalia, que lidera Iván Márquez, solo siembra incertidumbre en la mente de las clases medias, que se sienten desnudas de liderazgo, ante una derecha incapaz de responder con iniciativas viables la arremetida del Gobierno nacional, que ha copado la agenda política y tiene la iniciativa.
Promulgada la Constitución de 1991, reformarla ha sido una obsesión de muchos sectores políticos. A la derecha les gustaba la Constituyente que promovían en tiempos de Uribe y Duque, pero ahora rechazan la de Petro, tal vez por la forma, más que por el fondo, porque siembran la tesis de que ganarían la mayoría de los asambleístas si hubiera elecciones, debido a la favorabilidad de apenas el 35% del mandatario. Eso explicaría por qué el jefe de Estado ha rechazado el apoyo de los partidos tradicionales, a su iniciativa.
La derecha también apoyó la reelección de Uribe y Santos, pero les amarga la eventual de Petro, porque cuatro eventuales años más de petrismo en el poder sería su hecatombe. Lo evidente es que insistir en una Constituyente sin consensos, y una reelección sacada del cubilete solo agudizaría la crisis política y llevaría al caos, lo que es, además, una encrucijada sin salida a la vista, que aumenta la desconfianza en la democracia y alienta las salidas autoritarias.
Bogotá, D. C, 1 de junio de 2024
*Periodista, internacionalista y analista político.
Tomado de El País.
“Es un capitalismo enfermo y decadente que crea ídolos de barro y descuida sus verdaderos cimientos”.
Por Mauricio Cabrera Galvis*. -Quién cumple un papel más importante en la sociedad, las estrellas del fútbol que tienen millones de hinchas que los idolatran o los maestros que día tras día dedican lo mejor de sus vidas a sus alumnos a quienes guían, educan y forman como ciudadanos?
Algunos dirán que se trata de una pregunta capciosa, mal formulada y poco relevante, pues no son comparables las funciones discretas de los maestros en su labor educativa, así sea fundamental para la sociedad, con el espectáculo de los ídolos deportivos convertidos en estrellas de un negocio multimillonario.
Sin embargo, en esta sociedad en a la que todo tiene un precio, y la mayoría de las actividades humanas una retribución monetaria, sí cobra mucho sentido la pregunta desde la perspectiva de cuál es la remuneración de cada una de esas actividades, es decir, cómo tasa la sociedad la compensación que debe recibir un deportista frente a lo que se le ofrece a un maestro, lo que refleja el valor que le reconoce la sociedad a cada uno de ellos.
Las diferencias son abismales. Según el portal deportivo Sportico, los 100 deportistas mejor pagados del mundo tienen ingresos anuales cercanos a $5.400 millones de dólares, es decir, un promedio de 54 millones por cabeza. El ranking lo encabeza un futbolista Cristiano Ronaldo, con ingresos de USD 275 millones, seguido por un golfista John Rahm que recoge USD 203 millones, y en un lejano tercer lugar Lionel Messi con la mitad de lo que recibe Ronaldo.
Un monstruo del ciclismo como Pogacar, capaz de pedalear 2.400 km para ganar el Giro de Italia, no clasifica entre los 100 mejores pagados, pues solo recibe 6 millones de euros por temporada. No hay correspondencia entre el esfuerzo físico y los ingresos, ni equidad de género pues ninguna mujer llegó al top 100.
Por su parte, un maestro bien pagado en Colombia puede ganar unos 2.000 dólares mensuales, es decir 24.000 anuales. Cristiano se gana USD 30.000 por hora; es decir que cada hora, dormido o despierto, se gana mucho más de lo que recibe un maestro en todo un año.
Son varias las explicaciones financieras de los ingresos astronómicos de esos deportistas: que son los mejores en su campo, que es el valor que generan a sus clubes, que es lo que los aficionados están dispuestos a pagar por verlos o por comprar los artículos que promocionan, que son las reglas de juego del negocios del deporte en la era de la televisión y los patrocinios etc.
Pero las razones financieras no pueden ocultar que estos precios reflejan una enorme distorsión en los valores de una sociedad que privilegia el espectáculo y reconoce tan poco a quienes construyen el tejido social; lo mismo se podría decir de los médicos y tantas profesiones indispensables para el diario vivir. En resumen, es un capitalismo enfermo y decadente que crea ídolos de barro y descuida sus verdaderos cimientos.
Cali, 26 de mayo 2024
*Filósofo y Economista. Consultor.
“En materia de autoabastecimiento de hidrocarburos se está pasando de castaño a obscuro”
Por Amylkar D. Acosta M*. -El panorama del sector de los hidrocarburos es sombrío, Se acaba de revelar el reporte anual por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se titula el reporte del Balance reservas/producción, el cual muestra un panorama sombrío, comprometiendo seriamente el autoabastecimiento del país.
En el encabezado del Boletín expedido por la ANH con motivo de su presentación se dice que “Colombia mantiene un nivel de reservas/producción de petróleo por encima de 7 años”. Lo primero que llama la atención es que se afirme que se “mantiene” el nivel de las R/P de petróleo “por encima de 7 años”, cuando lo relevante es que pasó de 7.5 años en 2023, de por si preocupante, a solo 7.1 en 2024, al pasar sus reservas probadas de 2.073 millones de barriles a 2019, cifra esta que no es para celebrar sino para lamentar. Y si eso ocurre con el petróleo, las cifras del gas natural son peores, pues muestran una mayor caída, al pasar su relación reservas/ producción de 7.2 el año anterior a 6.1 en 2024, pasando sus reservas de 2.82 TPC el año anterior a 2.37 TPC ahora, registrando 0.45 TPC menos!
Las cifras no mienten, lo que muestra este informe de la ANH es que en materia de autoabastecimiento de hidrocarburos se está pasando de castaño a obscuro y ello mientras nos sigue rondando el fantasma de la importación de crudo y de mayores importaciones de gas natural. La única manera de evitarlo es incentivando la exploración mediante la firma de nuevos contratos de exploración y producción, y así detener la caída de las reservas es incorporándole más barriles a las de petróleo y más gigapies a las de gas y ello solo es posible con más exploración y es lo que vienen haciendo en el resto del mundo todos los países que cuentan con prospectos importantes de hidrocarburos.
Según afirmó el Director de la ANH Orlando Velandia, sin restarle importancia a la caída de las reservas de gas natural, “el comportamiento más crítico fue el del gas. Venimos con un decrecimiento de las reservas desde 2017”. Cabe advertir que en este Informe se hace demasiado hincapié en los incrementos entre el anterior reporte y este de los recursos contingentes, en las reservas probables y posibles, como ya lo había hecho la ex ministra Irene Vélez al momento de revelarse un reporte similar a este por parte de la ANH hace un año. Pero, la verdad sea dicha, lo que cuenta a la hora de la verdad son sólo las reservas probadas, pues como dice el adagio popular más vale pájaro en mano que cien volando!
La reacción del Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho, ante estas cifras que muestran una clara tendencia de declinación de las reservas de hidrocarburos, saliéndose por la tangente manifestó que de lo que se trata es de “acelerar y sacar adelante una transición energética justa, que permita aprovechar las oportunidades del país para transformar la energía en desarrollo económico”. Y a renglón seguido anunció que se pondría en marcha un plan de “reactivación” del sector de los hidrocarburos mediante la implementación de 15 medidas que se resumen en tres estrategias: la coordinación interinstitucional, la regulación y modernización normativa y la optimización contractual operacional.
A propósito de esta última ya se había anunciado por parte del Ministro en relación con los que identificó como “contratos perezosos”, adelantar la “identificación y clasificación de recursos descubiertos no desarrollados, así como campos sin operación, de contratos y convenios de hidrocarburos vigentes, para diseñar estrategias que permitan su recuperación y comercialidad”, para lo cual planteó que en tales casos ECOPETROL los asumiría para su desarrollo.
Se parte de la premisa de que las empresas titulares de los contratos han sido negligentes a la hora de desarrollar los yacimientos a su cargo, lo que llevó en su momento a la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez a decir que “actualmente hay 117 contratos en exploración cuya viabilidad es posible que satisfagan las necesidades a corto plazo del país”. Concluyó diciendo que “los que hay son suficientes”, para justificar su posición de descartar la firma de nuevos contratos.
Atribuyo la motivación del proyecto de Resolución como una forma de activar bloques ya contratados por la ANH asumiendo ECOPETROL la operación de los mismos, en el afán del Ministro Camacho de detener la caída de la producción de crudo en el país y lo que es más importante para él encaminarse a su ambiciosa meta de volver al millón de barriles, sin dar pie atrás a la decisión del Gobierno de no firmar nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos. Dicho de otra manera, su reemplazo en el cargo asumió como propia la narrativa de la ex ministra Vélez.
La ex ministra Irene Vélez lo apostó todo al mejoramiento del recobro, mediante técnicas que permitan producir más con menos, en defensa de “la política del Gobierno de mejorar las reservas vía eficiencia en la explotación a través del recobro”. Pero las cifras no le han dado la razón.
Lo cierto es que el éxito de la actividad exploratoria es aleatorio, pues se rige por la lógica binaria de cero o uno. Nadie se puede llegar a ganar el baloto si no le apuesta. De manera que mientras más contratos se firmen la probabilidad de un hallazgo es mucho mayor que si no se firman. Los hechos son tozudos y deberían llevar al Gobierno a recapacitar y reconsiderar su decisión de no firmar más contratos. El Gobierno, en lugar de dar tantas vueltas, debería reconsiderar su negativa a firmarlos. Todo por el bien del país, al fin y al cabo el petróleo sigue siendo el primer renglón de exportación, la principal fuente generadora de divisas y de financiamiento tanto de la Nación como de las entidades territoriales.
Cota, mayo 25 de 2024
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
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