Opinión
Por Gabriel Ortíz.*- Lamentable nuestro proceder y nuestro destino. Muchos colombianos nos comportamos como unos trúhanes, y nos ufanamos de serlo. Poco o nada nos importa quedar ante el mundo como rufianes. Como buenos exhibicionistas buscamos escenarios que permitan divulgar nuestras malas costumbres sin frontera alguna.
El Mundial que se desarrolla en Rusia, que deberíamos haber utilizado para fortalecer el turismo que nos desborda, mostrar la fortaleza de nuestra selección y a presentarnos como ejemplo de prosperidad, fue usado por unos indeseables para deshonrarnos y mancillarnos.
Mientras los alemanes dieron una muestra de grandeza, izando sus banderas para felicitar a Méjico por su triunfo, los japoneses celebraron su victoria sobre nuestro combinado aseando las graderías del estadio, nosotros nos presentamos ante la sociedad universal como bribones.
La cultura del narcotráfico nos ha penetrado tanto, que ya no existen buenas costumbres, buen lenguaje, buen comportamiento. Es tal nuestra bajeza, que cierto exmandatario, hizo pública una conversación, maliciosamente filtrada a los medios por la propia Casa de Nari, amenazando a un excolaborador de darle en “la cara mar…”
Los medios de comunicación de la Atenas Latinoamericana, que se cuidaban de utilizar el mejor lenguaje hoy están inundados de vulgaridades. Muchas y muchos colegas se recrean utilizando vocabularios soeces, que son irracionalmente celebrados por directores y público. La locura del “rating” nubla la imaginación.
Solo son “berracos”, los que más acuden esa palabreja. Los sinónimos de ella desaparecieron del diccionario y del buen hablar. Ya nadie es admirable, destacado, calificado, superior, brillante, capaz o sobresaliente, si no es “berraco”.
Ese es uno de los calificativos o vocablos que reinan en los medios, porque hay centenares de mayor calibre, que hacen parte de la jerga moderna.
Colombia es el país que está a la vanguardia de la vulgaridad. Basta sentarse a ver, en otro país un programa, un reportaje, o una de esas exitosas telenovelas que producimos. Parecen, una canastada de patos. Allá hay regulaciones que impiden epítetos de grueso calibre. Para taparlos les aplican pitos que parecen graznidos. Es espantoso ver una de nuestras telenovelas en el exterior.
Infortunadamente los colombianos que quieren viajar a otras naciones, y en estos momentos quienes quieren disfrutar del Mundial de futbol, llevan el peso de unos inadaptados, regularmente traquetos, que queriendo exhibir “viveza”, piensan que el dinero lo puede todo. La cultura que le dejó el narcotráfico a Colombia, se pasea por el mundo, como lo podemos observar en este mundial. Es la opulencia de mal gusto y la diversión insana.
Esa puede ser una de las tareas del nuevo gobierno de Iván duque. Empezar por una educación al estilo Rochester, su colegio. Hay que desterrar la cultura del narcotráfico, si queremos aprovechar el creciente turismo y rescatar el buen nombre de los colombianos en el exterior.
BLANCO: La mirada del mundo hizo rectificar la política de Trump que separaba los niños de sus familias.
NEGRO: El rudo golpe de la Corte Constitucional a los pensionados.
Bogotá, D. C, 22 de junio de 2018.
*Periodista, exdirector del Noticiero Nacional.
Por Amylkar D. Acosta M*- La Cumbre del G-7 en Quebec (Canadá) el pasado 8 de junio puso de manifiesto el aislamiento de EEUU y su distanciamiento con respecto a sus aliados más importantes, por cuenta del unilateralismo hirsuto de las políticas del Presidente Trump. Él entró a esta Cumbre con el pie izquierdo, al proponer la reincorporación al G-7 de Rusia, después que se le apartó del mismo en 2014 a consecuencia de la anexión mediante la fuerza de la península ucraniana de Crimea por parte de Moscú. Desde luego, los restantes jefes de Estado rechazaron de plano la impertinencia, al tiempo que el propio ministro ruso de exteriores Sergei Lavrov desautorizó a Trump al dejar en claro que “jamás pedimos a nadie recibirnos de vuelta”. Como quien dice, afana más el velón que el dueño dela olla.
Esta cumbre estuvo precedida del brillante discurso del Presidente de Francia Emmanuel Macron ante el Congreso de EEUU abogando, a contrapelo de Trump, en favor de una “nueva generación de multilateralismo eficaz, responsable y orientado a resultados. Un multilateralismo que respete, proteja y apoye nuestras culturas”. Así de claro!
El ambiente en esta cita de este grupo relevante de países industrializados, integrado, además de EEUU, por Alemania, Francia, Canadá, Italia, Japón y Reino Unido, no podía estar más crispado. La razón, la decisión del Presidente Trump de no dar pie atrás en su decisión de gravar con un arancel del 25% a sus importaciones de acero y del 10% a las de aluminio. Pudo más su obstinación que la razón, así se malquistara con sus principales aliados, como en efecto ha ocurrido.
No es de extrañar por ello los términos del Comunicado dado a conocer al término de la Cumbre de Charlevoix, en el cual se dijo enfáticamente que propendían por un comercio “libre, justo y mutuamente benéfico y por desechar el proteccionismo”. Esta es una reiteración de la posición asumida al unísono por parte de todos los países que se han visto afectados por el paso en falso que ha dado Trump al empecinarse en su trasnochada política proteccionista. La tercera Ley de Newton es infalible: a cada acción siempre se opone una reacción igual y esta no se ha hecho esperar. El primer Ministro de Canadá Justin Trudeau fue categórico al ripostarle al insolente Trump: “los canadienses somos amables, pero no nos vamos a dejar avasallar”.
La postura de Trump, al repudiar y retirar su firma del texto final de la Declaración de esta Cumbre, en concepto del Nobel de Economía Paul Krugman, “bien podría anunciar el comienzo de una guerra comercial”, si es que ya no empezó. Y es bien sabido que en una guerra comercial, como la que ha desatado Trump con sus medidas atrabiliarias, como lo afirma el Director para América Latina del FMI Alejandro Werner, “no hay ganadores y perdedores”, pero, a largo plazo todos pierden.
Según Krugman “Trump fue a Canadá a exigir que nuestros aliados dejen de hacer lo que no están haciendo y eso no es defender los intereses estadounidenses. Es una declaración de ignorancia y una política insensata…Lo sucedido en Canadá fue una humillante debacle total”. Trump está jugando con candela, su revanchismo y las retaliaciones que viene provocando pueden dar al traste con la reactivación que se venía dando del comercio internacional, después del largo letargo que provocó la crisis global reciente, que se inició con la crisis hipotecaria de EEUU en 2008.
Acorralado por sus propios desvaríos, el errático Trump apeló a su característica diplomacia pirotécnica para tender una cortina de humo para tratar de restarle importancia y gravedad a sus desencuentros con sus aliados y de paso al encarcelamiento ordenado por la Juez federal Amy Berman Jackson de su ex jefe de campaña Paul Manafort, por cuenta de la trama rusa de su presunta interferencia en los comicios de 2016 para favorecer la elección de Trump. Así se explica que quien la víspera hacía alarde de que su botón nuclear “es mucho más grande y poderoso” que el del tirano de Corea del Norte Kim Jong Un, ahora dice que fumó con este la pipa de la paz, de una paz nada creíble para la comunidad internacional. Con razón dijo el Presidente del Centro de Análisis The Inter – American Dialogue Michael Shifter, “ambos dirigentes tienen una inclinación por el teatro y la teatralidad”. No es más que eso, una pieza deplorable del teatro del absurdo!
Un sabio consejo, a propósito de la elección del Presidente Iván Duque: como dijo el excanciller chileno Gabriel Valdés, “en el sistema democrático el que ganó no puede destruir al que perdió, ni el que perdió puede hacer invivible la Nación tratando de destruir al que ganó”.
Riohacha, junio 19 de 2018
*Exministro de Minas y Energía y Expresidente del Congreso de Colombia
www.amylkaracosta.net
Por Juan Fernando Londoño.*- El nuevo presidente va a encontrar buenas condiciones para comenzar con pie derecho su mandato.
La economía se está recuperando, la violencia ha disminuido y ambas condiciones hacen el país atractivo para los inversionistas. Su llamado a la unidad y a superar la etapa de polarización cala muy bien en una opinión pública hastiada de los enfrentamientos entre las élites políticas y ayudará a su favorabilidad. Adicionalmente, parece tener su gobernabilidad asegurada gracias al apoyo mayoritario del Congreso, los gremios y los medios de comunicación. Para cualquier presidente estas condiciones bastarían para asegurar el buen trámite de la administración, pero las apariencias en este caso pueden ser engañosas.
El aspecto más complicado de su gobernabilidad va a ser la relación con el Congreso. Es cierto que el nuevo presidente ha logrado asegurar las mismas mayorías con las que en su momento contó Alvaro Uribe o el propio Santos en 2010. Sin embargo, las promesas de campaña apuntan a romper con la situación de extorsión mutua entre el Ejecutivo y el Legislativo. El presidente enfrentará un dilema: cumplir con su programa en materia de lucha contra la corrupción y arriesgarse a perder el control del Congreso, o continuar con los mecanismos de intercambio clientelar para asegurar el apoyo parlamentario a sus iniciativas y perder el apoyo de la opinión pública.
El presidente electo ha prometido acabar con la famosa mermelada y no entregar las instituciones del Estado a cuotas políticas de los parlamentarios. Estos dos elementos constituyen de por sí una reforma política de gran calado porque eliminarían las dos principales fuentes de corrupción política. La pregunta es qué incentivo tienen los políticos para renunciar a dichas canonjías. Si el nuevo presidente les quita a los parlamentarios sus dos principales fuentes de poder político y económico, ¿seguirán siendo leales defensores de sus proyectos como parte de la coalición de gobierno o iniciarán una labor de sabotaje de sus iniciativas como muy bien saben hacerlo?
Colombia necesita romper la dinámica extorsiva entre gobierno y Congreso en la cual quienes perdemos somos los colombianos, pero el costo político de cambiar esta relación no es fácil de asumir. Una alternativa es permitir que los parlamentarios puedan apadrinar la gestión que hacen para sus regiones. Así, ganan visibilidad y presencia política. El incentivo es poder mostrar que trabajan por sus votantes, tal como sucede en todos los congresos del mundo.
El segundo reto de gobernabilidad es la relación con la oposición. Por primera vez, el nuevo presidente tendrá un esquema gobierno oposición institucionalizado que le dará un gran poder a los partidos opositores para controvertir al gobierno. Pero en el caso de que el presidente decida adelantar una agenda de gobierno radical, la principal oposición se la va a encontrar en las calles. La capacidad de la sociedad civil y las organizaciones sociales de acudir a canales populares para confrontar la acción del gobierno ha ido creciendo y el presidente Santos tuvo que soportar buenas dosis de ello. En particular, las políticas para el sector agrario serán un motivo de pugnacidad entre el gobierno y las organizaciones campesinas. En este caso, el Presidente debe estructurar una política de diálogo social orientada a la prevención de los conflictos y no a su solución rápida como ha hecho el gobierno que termina.
El tercer problema que puede afectar la gobernabilidad del presidente es la ruptura de la negociación con el ELN. Ninguno de los proceso de diálogo que se han roto en Colombia o en otros países ha conducido a la reducción de la violencia. Al contrario, en las condiciones actuales solo aumentaría la degradación de la confrontación. Si los diálogos se rompen la espiral de violencia crecerá y muchos de los logros de la paz con las Farc se verán amenazados. Dados los lazos del ELN con algunas organizaciones sociales los efectos de una ruptura afectarán también los procesos de diálogo social y generarán un ciclo de ingobernabilidad en las regiones. El reto para el presidente es mantener la negociación abierta pero modificar la metodología para asegurar avances reales en el corto plazo.
La gobernabilidad de la Colombia tradicional parece favorecer al nuevo Presidente, pero las nuevas realidades del poder pueden convertirse en factores de ingobernabilidad. Un manejo democrático y constructivo de estos desafíos mostrará el talante del gobierno y la posibilidad de que su agenda de desarrollo permee las realidades en las regiones.
Bogotá, 20 de junio de 2018.
*Exviceministro del Interior.
Por José Gregorio Hernández*.EL claro respaldo obtenido en las urnas por Iván Duque, tanto en primera como en segunda vuelta, va en la misma línea del triunfo del No en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 y se debe, entre otros motivos, a que los colombianos no estuvimos conformes con la manera como se desacató el veredicto del pueblo, ni con la caótica expedición de normas -de nivel constitucional y legal- a propósito de la denominada implementación del Acuerdo de Paz firmado con las Farc. Duque captó ese descontento.
No creo equivocarme al afirmar que tras esa votación a favor de Duque -más de diez millones de votos en segunda vuelta- está la solicitud popular de que el Presidente de la República, con la colaboración del nuevo Congreso, restablezca la vigencia del orden jurídico y ponga término a la inocultable crisis institucional que hoy se advierte, así como a la inseguridad jurídica que se ha generado, particularmente en materia de impunidad para numerosos crímenes de lesa humanidad y de guerra y sobre el ámbito competencial de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP.
Obviamente, no es posible, ni sería conveniente para la paz de Colombia, que el nuevo gobierno se propusiera destruir por completo lo acordado. De modo que nadie puede esperar que el 8 de agosto, tras la posesión de Duque, todo cambie automáticamente, en especial si se tiene en cuenta que todo ajuste no solo debe ser acordado entre las partes -porque las cosas se deshacen como se hacen- sino que las modificaciones han de sufrir los trámites propios de las reformas constitucionales y de las leyes respectivas, que están en vigor y en su mayoría han sido declaradas exequibles por la Corte Constitucional.
Es urgente que, mientras esos ajustes se tramitan, las partes cumplan lo pactado. Ha habido incumplimientos de ambas partes, y dificultades que se deben superar.
El caso “Santrich” demuestra a las claras que no hubo cuidado en la elaboración de las normas; que la JEP jamás ha debido independizarse de la jurisdicción ordinaria y que en estos asuntos la improvisación -para mostrar resultados- no es un buen procedimiento.
El Presidente Duque será seguramente quien deba resolver si extradita o no al ex guerrillero, siempre que la JEP defina como fecha de sus posibles delitos una posterior al 1 de diciembre de 2016, y que la Corte Suprema de Justicia emita concepto favorable a la extradición.
Como lo dijimos en el libro “Las dos caras del proceso de paz”, recientemente publicado, "Colombia tiene derecho a la paz y la debe buscar mediante el diálogo y la reconciliación, sobre la base del Derecho. Una paz genuina, real, sincera, integral, democrática y respetuosa del sistema jurídico y de los Derechos Humanos. No reducida al egoísta beneficio de unos pocos, ni lograda a cambio de la rendición del Estado, de la confusión de los poderes o de la ruptura del orden institucional. Una paz que no ha de reñir con la justicia ni desatender las decisiones del pueblo".
Hacemos votos porque así lo entiendan el Presidente electo y sus asesores, y porque todo se lleve a cabo dentro de los cauces constitucionales y sin traumatismos.
Bogotá, D.C. 20 de junio de 2018.
*Expresidente de la Corte Constitucional de Colombia.
Por Jairo Gómez*.- Qué tal el presidente electo Iván Duque, calificando de hirsuta la oposición que a partir del próximo siete de agosto ejercerá, legítimamente, Gustavo Petro, a quien ocho millones de colombianos le delegaron esa responsabilidad. No se dio cuenta, el nuevo mandatario, que los resultados vistos en las urnas revelan claramente que este país cambió y que, para bien de la democracia, el nefasto Frente Nacional desapareció.
Este 17 de junio nació en Colombia una oposición que desde de la otra orilla, sin prebendas ni canonjías, asumirá un verdadero control político, hará un estricto seguimiento a las acciones de gobierno y vigilará que el acuerdo de paz llegue a buen puerto. Eso es sano para un país que encontró en el voto el mejor instrumento de cambio. En el inmediato pasado convocaban a los colombianos cada cuatro años a las urnas. Eso cambió. Hoy hasta para salvar los páramos contamos con un instrumento para protegerlos, el voto; voto que ejerceremos en tres o cuatro meses, de nuevo, para erradicar a los corruptos sufragando a favor del referendo anticorrupción.
Una oposición fuerte, vigorosa, prácticamente inédita en nuestra vida republicana, es lo más positivo que dejó este debate electoral; porque este proceso va más allá de los ocho millones de colombiano, va camino a constituirse en una verdadera alternativa de poder, despertando, sin prisa pero sin pausa, una conciencia crítica en las nuevas generaciones en torno al valor de las acciones políticas.
El suyo, como lo han dicho Petro, Claudia López, Navarro, Ángela María Robledo, Iván Cepeda, Jorge Enrique Robledo, es un proyecto con vocación de poder, no para dejar constancias históricas. Será una oposición rigurosa que además podrá recurrir a la réplica después de una alocución presidencial. En algo se avanzó.
No puede ocultar el presidente electo, Iván Duque, que tras su gobierno acecharán las sospechas de corrupción si sus propuestas son negociadas con un Congreso que hará valer sus mayorías aplastantes y le cobrarán por ventanilla ese apoyo. Todos sabemos que toda esa caterva de políticos tradicionales, no da puntada sin dedal: su apoyo cuesta y mucho dinero. Pero ocho millones de colombianos estarán vigilantes y harán piña para denunciar esos desmanes.
No se trata de sacar conclusiones absolutas, sino de mirar el presente y el futuro de la democracia colombiana. El mundo no camina en línea recta, luego no es una utopía pensar que Colombia dará un viraje a la izquierda seguramente en los próximos años. Las ataduras al pasado de la derecha, esa sí hirsuta y aglutinada bajo la égida uribista, consolidarán, en los próximos cuatro años, las políticas económicas neoliberales, la situación agraria pasará por el tamiz de los dueños de la tierra, y los campesinos, como siempre, se quedarán viendo un chispero. Seguramente Duque se rodeará de tecnócratas para dejar en sus manos el futuro fiscal. Su tarea inmediata será recuperar los ingresos de la nación a través de la economía extractiva (petróleo y carbón), de la reforma tributaria y pensional en la que subyace el aumento de la edad y, por supuesto, un recorte en el gasto social. El ajuste que se nos viene pierna arriba, no tiene nombre.
Ni qué hablar de la erradicación de los cultivos ilícitos; creo que la erradicación manual en este nuevo gobierno será historia y volveremos, según dictamen del Departamento de Estado de los Estados Unidos, a la fumigación con glifosato. Lo dejo ahí, espero equivocarme.
Ardua tarea, pues, tendrá la oposición y el escenario pinta bien porque, desaparecidas las Farc, la derecha no tendrá la disculpa para acabarla a tiros.
Bogotá,D.C, 19 de junio de 2018.
*Periodista
@jairotevi
Por: Luis Eduardo Castellanos Ávila.- La reciente decisión de la Honorable Corte Constitucional en Sentencia SU040 de 2018, reafirma los principios protectores del derecho al trabajo bajo condiciones dignas y justas, tal como lo consagró el Constituyente de 1991 en clara armonía con los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo bajo la categoría de derecho fundamental, en consecuencia es un llamado de atención a los empleadores del sector público y privado al respeto de los derechos laborales para sus trabajadores y que no pueden ser desconocidos bajo la utilización de figuras como el contrato de prestación de servicios, cuando se demuestran plenamente los tres elementos universales de la relación laboral.
Decisión que abre la posibilidad a una nueva batalla jurídica para que los trabajadores vinculados bajo el contrato de prestación de servicios puedan reclamar los derechos laborales propios que emergen de una relación de tipo laboral y que se les reconozca todas las prestaciones sociales y económicas.
La providencia constitucional aludida, busca impedir que se sigan ocultando verdaderas relaciones laborales, evitando al mismo tiempo que se desnaturalice la contratación de tipo estatal, pues el contrato de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional, que se concibe como un instrumento para atender funciones ocasionales que no puede ser suplida con los trabajadores de planta.
Queda suficientemente claro que el cumplimiento de un horario, recibir ordenas directas, la prestación personalizada de la labor por parte del trabajador, la utilización de instrumentos y equipos proporcionados por el empleador para el desarrollo de la actividad contratada, permite demostrar un ocultamiento exprofeso de un contrato realidad, con las consiguientes consecuencias en materia económica de tipo prestacional que del mismo se deriva para los trabajadores.
Importante decisión que resalta la trascendencia del derecho al trabajo bajo la condición digna y justa en un Estado Social de Derecho, como el que consagra la Constitución de 1991, aspecto jurisprudencial que deben acatarse por los empleadores del sector público y privado, en pro de una solución a la problemática que aqueja a los trabajadores, permitiendo mejorar su condición económica, laboral y el bienestar de su núcleo familiar.
Bucaramanga, 19 de junio de 2018
Escrito por Luis Eduardo Castellanos Ávila
Magister en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
Por Moisés Naím*.- A Crimea no la invadió el Ejército ruso. Fueron grupos de civiles armados que en febrero de 2014 insurgieron contra el Gobierno de Ucrania para “independizar” su región y lograr que fuese anexada a la madre patria rusa. Esta es la versión de los medios de comunicación alineados con el Kremlin. No importa que haya evidencias irrefutables de que los presuntos patriotas que tomaron Crimea por las armas fueron, en realidad, efectivos militares rusos a quienes antes de la invasión se les ordenó quitar todas las insignias e identificaciones de sus uniformes, tanques y equipos.
Algo parecido sucede en el mundo de las finanzas. El 40% de las inversiones extranjeras directas que hay en el mundo en realidad no lo son. Cuando una empresa o persona invierte en activos tangibles (máquinas, edificios, etcétera) en otro país, está haciendo una inversión extranjera directa. Pero resulta que el 40% de todas estas inversiones en el mundo son, al igual que los “activistas civiles” de Crimea, un disfraz. Los economistas Jannick Damgaard y Thomas Elkjaer acaban de publicar los resultados de su investigación sobre “inversiones fantasmas”. Descubrieron que “un asombroso monto que alcanza a los 12 millones de billones de dólares (en inglés, 12 trillones), de inversiones extranjeras directas son completamente artificiales: es dinero que se mueve a través de empresas vacías que no llevan a cabo ninguna actividad real”. Son usadas para esconder fortunas, lavar activos o evitar impuestos. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, el funcionamiento del sistema financiero internacional sigue siendo muy opaco. Con la irrupción de las criptomonedas, Bitcoin, Ethereum y otras, llevar a cabo transacciones financieras anónimamente se ha hecho más fácil que nunca antes.
La proliferación de entidades que dicen ser una cosa, pero que en realidad son otra también viene dándose en las organizaciones no gubernamentales (ONG) que presumiblemente tienen fines filantrópicos y de ayuda al prójimo. A veces no son nada de eso. Son vehículos usados para defender subrepticiamente intereses particulares y causas nada benevolentes. Algunos gobiernos también las usan para actuar sin ser vistos. Este tipo de organizaciones se llaman ONGOG: Organizaciones No Gubernamentales Organizadas y Controladas por Gobiernos. Un ejemplo de esto es una organización sin fines de lucro llamada Mundo sin Nazismo. Está basada en Moscú, la dirige un político vinculado a Vladímir Putin y tiene como misión “la difusión de la ideología antifascista en los países que formaron parte de la antigua Unión Soviética”. En realidad, es un instrumento de propaganda y apoyo a las iniciativas internacionales del Kremlin.
No hay duda de que el Gobierno de Vladímir Putin es un entusiasta y eficaz usuario de las opciones que ofrece el opaco mundo de hoy. “El papa Francisco sorprende al mundo y apoya a Donald Trump para la presidencia de EE UU”. Esta fue una de las “noticias” que circuló ampliamente en las redes sociales justo antes de los comicios estadounidenses de 2016. Era falsa, por supuesto. Fue uno de los millones de mensajes dirigidos a los votantes y que, según las agencias de inteligencia de Estados Unidos, formaron parte de un ataque orquestado desde Moscú. En enero de 2017, las agencias americanas anunciaron que podían afirmar con seguridad que el Kremlin prefería que Donald Trump ganase las elecciones y que el presidente Vladímir Putin ordenó personalmente la “campaña de influencia” dirigida a debilitar a Hillary Clinton y “socavar la confianza de la población en el proceso democrático de Estados Unidos”. En noviembre de 2017 el Gobierno de España también acusó a Rusia de intervenir en la crisis catalana diseminando subrepticiamente información falsa. El Gobierno británico igualmente denunció la interferencia rusa en las elecciones de ese país. Todo muy encubierto.
Naturalmente, el mejor antídoto contra el mundo opaco son medios de comunicación independientes que operan sin la interferencia de gobiernos, partidos políticos, empresas privadas o carteles criminales. Dependemos de ellos para enterarnos de lo que se oculta detrás de los inocentes disfraces que usan organizaciones e individuos nefastos para la sociedad. Por ello, lo más preocupante de estas tendencias a la opacidad es la defenestración de la independencia editorial de los medios de comunicación que nos alertan de las andanzas y fechorías de estos malos actores. En Rusia, Hungría, Turquía, Venezuela, y muchas otras autocracias que intentan parecer democracias, la toma furtiva del control de un periódico, revista, cadena de radio o televisión, por “inversionistas privados” afines al Gobierno y financiados con dinero público es la norma.
El peligro es que este truco también se haga común en países que aún tienen democracias que funcionan. Impedir que proliferen esta y otras prácticas que hacen el mundo más opaco es una de las luchas más importantes y definitorias de nuestro tiempo.
Washington. D C, 19 de junio de 2018
*Economista y Analista Político.
Por Mario Ramírez.*- Donald Trump, presidente de Estados Unidos, tomó la decisión de retirarse del acuerdo nuclear con Irán, firmado en el 2015 por el presidente Barack Obama y por las principales potencias mundiales, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, más Alemania .
Los analistas internacionales dicen que Trump se dejó presionar por Israel y Arabia Saudita, para buscar renegociar un acuerdo más acorde con los intereses de los Estados Unidos.
El acuerdo limitaba el programa atómico de Irán a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales, pero los líderes Iraníes dicen que se niegan a negociar un nuevo acuerdo.
La decisión cayó como un baldado de agua fría en Europa y los aliados de los Estados Unidos, pero Riad y Tel Aviv celebraron la decisión de Trump sobre Irán.
La salida de Estados Unidos del acuerdo con Irán provocó una grave crisis en sus relaciones con Europa. Las acciones unilaterales de Washington están en contradicción con los intereses de los principales estados europeos como Francia, Alemania y Reino Unido.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó en un mensaje que su país, Alemania y Reino Unido lamentan la decisión de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de abandonar el acuerdo nuclear iraní. El sistema internacional de lucha contra la proliferación de armas nuclear está en juego”, dijo Macron.
La Unión Europea se unió a la lista de lamentaciones. “El acuerdo nuclear pertenece a toda la comunidad internacional y la UE está determinada a preservarlo. Al pueblo iraní le digo: haced porque ninguno lo desmantele, es uno de los más grandes objetivos jamás alcanzados por la comunidad internacional”, dijo la alta representante de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini. Además, la jefa de la diplomacia comunitaria agregó que “si Estados Unidos cambia de idea serán bienvenidos”.
La ONU, por su parte, hizo un llamado al resto de países firmantes del acuerdo nuclear con Irán a seguir cumpliendo con el pacto. El secretario general de la ONU, António Guterres, se declaró “muy preocupado” por la decisión del presidente estadounidense y reiteró que el acuerdo nuclear es un “gran logro” de la diplomacia y las políticas de no proliferación.
El pacto nuclear firmado en 2015 había acabado con 34 años de «guerra fría» entre Washington y Teherán, pero la llegada de Trump cortó de cuajo esta especie de reconciliación por la que los iraníes se comprometieron a congelar su programa atómico a cambio del levantamiento de sanciones. La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) refleja en cada informe que los iraníes cumplen lo acordado, pero Trump se alineó desde el comienzo con los planteamientos de israelíes y saudíes, que ven a Irán como su gran enemigo regional.
Además de lo inconveniente del rompimiento del pacto, los pasos del presidente de Estados Unidos Donald Trump por la salida de la parte estadounidense del Conjunto plan amplio de acción (CPAA) sobre el programa nuclear iraní, es contrario las decisiones de los estados miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y constituyen un incumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad.
Como efecto colateral de la decisión, las empresas occidentales que tienen intereses económicos en Irán, incurrirán en pérdidas significativas, por el cese de la ejecución de los contratos, y las limitaciones de trabajar con el gobierno iraní debido a las sanciones impuestas, como por ejemplo el bloqueo a otorgar la licencia para el suministro a Irán de aviones “Boeing”.
Estados Unidos una vez más demuestra la imprevisibilidad y falta de fiabilidad ante los compromisos internacionales contraídos. La propuesta del presidente de los Estados Unidos D. Trump de celebrar un nuevo acuerdo con Irán en las unilaterales condiciones estadounidenses, no podrá reemplazar el CPAA alcanzado tras enormes esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional.
La propuesta de la Casa Blanca de establecer el nuevo acuerdo no garantiza la preservación de la estabilidad y la seguridad, así como no da ninguna base para la construcción de paz en la región.
Bogotá, D. C, 18 de junio de 2018.
*Abogado y Periodista.
Por Guillermo García Realpe*.-Superada la etapa de conflicto con las FARC y hecha la Paz con esa guerrilla, hoy el país se enfrenta a un grave flagelo en materia ambiental de grandes dimensiones que atenta de frente contra nuestro medio ambiente y de paso con nuestra riqueza hídrica, ¡la deforestación!
Fenómeno que va en aumento y que cada día arrasa 602 de hectáreas de bosques en Colombia, sin que haya nada que lo contenga, situación que empeora esta triste realidad.
Según cifras entregadas en su último informe por el IDEAM, este flagelo viene en aumento sostenido, en 2016 se devastaron 179 mil hectáreas, cifra que aumentó en 2017 a 219.973, incrementándose en un 23%. De esta cifra, más de 144 mil hectáreas fueron arrasadas en el arco amazónico.
El mismo informe señala que para el año 2017, un total de 723 municipios registraron al menos una hectárea deforestada y en la jurisdicción de 25 municipios se concentra el 74% de la deforestación nacional.
Preocupa mucho este tema y las alarmas están prendidas, pero preocupa mucho más que éste fenómeno se esté presentando a gran escala en zonas de la Amazonía colombiana, de gran riqueza hídrica y ambiental.
Por ejemplo el ranking de las regiones que más están deforestando lo encabezan los departamentos de Caquetá (60.373 Hectáreas siendo los municipios de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Solano los que más deforestan),Guaviare (38.221Hectáreas), Meta (36.748 siendo los municipios de La Macarena, Mapiripán, Uribe, Vista Hermosa, Puerto Rico los de mayores índices); Antioquia (20.592 Hectáreas), Putumayo (13.070 Hectáreas), y lo mismo sucede con otros departamentos como Chocó, Santander, Nariño, Norte de Santander y Vichada que completan el top 10 de esta penosa situación ambiental.
Pero preocupa también por sí fuera poco, que en zonas ancestrales de presencia de comunidades indígenas la deforestación también haya llegado a niveles críticos, el informe del IDEAM también señala que una de cada diez hectáreas deforestadas a nivel nacional se localiza en áreas de Resguardos Indígenas. Sin embargo, comunidades como los Nukak-Maku, Yaguará II y Vaupés reportan cifras dramáticas, con más de 8500 hectáreas deforestadas en esos tres resguardos.
¿Pero cuáles son las principales causas de deforestación?, son muchas, van desde prácticas de minería ilegal, ganadería extensiva, expansión de la frontera agrícola, nuevas colonizaciones de tierra y siembra de cultivos ilícitos que hacen que cada vez más los bosques se vean impactados de manera negativa y generando por supuesto graves afectaciones medio ambientales en un país tan mega diverso como el nuestro.
Para ponerle freno a esta lamentable situación, se requieren de muchos factores que se deben articular. El primero, con vigilancia exhaustiva, con Fiscalía ambiental, con mayores recursos, con funciones administrativas precisas y sobre todo, hace falta una mayor conciencia ambiental ciudadana.
Es vergonzoso manifestar que entre el año 2016 y 2017 se duplicó la deforestación en Colombia especialmente en zonas de los departamentos amazónicos, por lo tanto, haremos un debate en el Congreso de la República para mirar responsabilidades de las distintas entidades nacionales, de los actores regionales, del Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, Fuerza Pública, de la Fiscalía General de la Nación, porque Colombia se está quedando sin bosques sino asumimos una responsabilidad inmediata que ponga fin a esta grave amenaza, que es latente, que va en aumento y que aún no es posible contener.
Bogotá ,D. C, 18 de junio de 2018.
*Senador Liberal de Colombia.
@GGarciaRealpe
La Alcaldía de Bogotá acaba de anunciar la segunda etapa del mal llamado programa de “democratización” del 20% de las acciones que posee en la antigua Empresa Energía de Bogotá, hoy Grupo Energía Bogotá (GEB) que es la joya de la corona de las empresas distritales. Se trata de un proceso de privatización parcial de una empresa pública, que ha sido muy cuestionado no solo desde el punto de vista político sino también financiero.
La venta de acciones del GEB a unos pocos inversionistas se denominó con toda pompa “programa de democratización” para dar la ilusión de que se cumplía el mandato del artículo 60 de la Constitución que impone la obligación del Estado de promover el acceso a la propiedad mediante la democratización de la propiedad accionaria cuando venda empresas estatales.
Es cierto que la Alcaldía cumplió con todos los requisitos de la inútil Ley 226 de 1995, que reglamentó el citado mandato constitucional, pero la realidad comprobada en todas las privatizaciones hechas en los últimos 20 años es que esta Ley solo ha servido para traspasar las propiedades estatales a muy pocos accionistas.
Así sucedió con la venta del 24% de la propiedad de la entonces EEB en 2011. Hoy solo cinco inversionistas son dueños del 90% de esas acciones. De nada ha servido que se cumpla la exigencia de la Ley 226 de ofrecer las acciones en venta en condiciones especiales a los trabajadores y al sector solidario. En esta ocasión también se hizo una primera oferta a estos sectores, pero solo se vendieron el 0,2% de las acciones de la empresa porque no hay un mecanismo práctico que incentive la adquisición de acciones a los pequeños inversionistas.
Desde el punto de vista financiero este segundo tramo de la privatización del GEB a los precios ofrecidos es un mal negocio, como también lo fue el primero, porque la empresa es una de las que reparten mayores dividendos y además tiene grandes perspectivas de valorización por su portafolio de inversiones que incluye empresas como TGI donde hace tres años obtuvo una millonaria utilidad con la recompra del 30% de las acciones. Por eso hay inversionistas privados con mucho apetito por comprar las acciones; si fuera un mal negocio para ellos no lo harían.
Por Mauricio Cabrera Galvis.
