Opinión
Leo Felipe Campos.- Desde que Chávez, Uribe y Lula fueron presidentes de Venezuela, Colombia y Brasil, respectivamente, estos países han recorrido caminos disímiles, pero la sombra descomunal de sus figuras, bien sea a través de la memoria o de una presencia incesante, ha determinado el devenir político de sus repúblicas.
Ser un hombre controvertido al extremo, venerado hasta las lágrimas por sus seguidores, odiado con ferocidad por sus adversarios: esa es la estrategia. Y, por lo visto, rinde frutos. Si no, que le pregunten a Donald Trump.
El candidato del centro en las recientes elecciones presidenciales de Colombia, Sergio Fajardo, quedó tercero y a menos de dos puntos de pasar a segunda vuelta. La mayor crítica que le hacen es que parece “tibio”. En el perverso juego electoral las mayorías desprecian la moderación y la cortesía. Nada de posturas ambivalentes, atrae más la polarización. El discurso habrá de ser altisonante o no será.
Chávez, Uribe y Lula aprendieron no solo a imponer sus reglas entre chistes y amenazas, sino a dominar a través de terceros. Instauraron sus hegemonías a partir de una obscena concentración de poder, lograron fanatizar a sus seguidores a partir del odio a un enemigo —tangible o abstracto— y construyeron una dirección suprema, elevada casi a un plano metafísico.
Luiz Inácio Lula da Silva, figura del Partido de los Trabajadores (PT), símbolo del movimiento sindicalista y la izquierda en Brasil, fue presidente desde 2003 hasta 2011. Culminó su segundo mandato con índices de popularidad cercanos al 80 por ciento y le levantó la mano a quien fuera una ministra eficiente, la exguerrillera Dilma Rousseff. Ella ganó las siguientes elecciones, pero desde 2013 se desataron protestas en decenas de ciudades, entre muchas razones porque Dilma nunca fue Lula. Le faltaba su carisma, su simpatía, esa capacidad de despertar un cariño casi gratuito.
Si bien las protestas no impidieron que Dilma fuera reelecta, en agosto de 2016 el Senado la destituyó. Lo peor para el PT es que en abril el Supremo Tribunal Federal condenó a Lula a doce años de prisión por corrupción. Sin embargo, el exsindicalista aún lidera sondeos de intención de voto para los comicios presidenciales de octubre, según las encuestas más recientes de Datafolha. Está en la cárcel, pero nadie le hace sombra y los petistas lo inscribieron como su precandidato. No tienen plan B, dicen, pero hay una pregunta que se hacen sus electores: si en definitiva Lula no puede optar al cargo, ¿ a quién apoyará?
Del lado opuesto, la opción con más peso es el diputado y exmilitar de ultraderecha Jair Bolsonaro, miembro del Partido Social Liberal. Este hombre enfrenta una acusación formal por racismo e incitación al odio. Sus declaraciones son una oda a la polémica, el desprecio y la falta de ética.
Las hegemonías se han convertido en un problema grave para buena parte de estos países, pero las soluciones no están a la vista. ¿Por qué el centro político flaquea, ni siquiera como antídoto ideal, sino como fórmula convincente que garantice mínimamente la supervivencia de la democracia?
Hugo Chávez gobernó Venezuela casi a su antojo desde 1999 hasta 2013. Sustentado en un discurso anticapitalista de reivindicaciones sociales, supo explotar el desprestigio de los partidos tradicionales y los altos precios del petróleo para alimentar la borrachera del patriotismo con medidas asistencialistas. Se apropió de los poderes públicos y logró un apoyo incuestionable. Cambió la constitución: amplió el periodo presidencial y aprobó la reelección inmediata; luego la reelección indefinida. Ganó todas las elecciones y referendos, menos uno. En su última campaña, mortalmente enfermo y rodeado de una nutrida marea roja, gritó emocionado: “¡Viva el pueblo, carajo! ¡Y viva Chávez!”. Solo él, en tercera persona, podía encarnar la Revolución bolivariana.
Antes de morir ungió como su “heredero” a Nicolás Maduro, quien ganó la siguiente elección por un margen de apenas 1,4 por ciento, pese al evidente ventajismo que le otorgó el Consejo Nacional Electoral. Maduro tampoco fue Chávez, por eso endureció sus posturas. Ha sido hábil en el manejo de conflictos internos y logró la reelección hace semanas en unos comicios carentes de legitimidad. Hoy, adversado por gobiernos de la región, es un tirano salpicado de escándalos y violaciones de derechos humanos, que se aferra al poder a como dé lugar. El chavismo hizo aguas como movimiento hegemónico, pero aún vive, y la oposición en Venezuela no ha sabido elaborar un relato convincente capaz de desmontar todo su poder.
Álvaro Uribe, quien ideológicamente se ubica en la acera contraria, presidió Colombia con mano firme desde 2002 hasta 2010. Su dominio, popularidad e influencia en los sectores conservadores de la política colombiana son indiscutibles. Al igual que Chávez, fungió como caudillo, se apropió de un discurso beligerante y construyó una imagen de hombre duro y administrador eficiente al que no le temblaría el pulso para doblegar a sus adversarios al costo que fuera; un redentor de derecha cuya premisa fue acabar con la guerra desde la misma guerra.
De este modo aglutinó el agradecimiento de una masa que en adelante lo ha respaldado sin importar las acusaciones que lo ubican como una ficha clave del poder paramilitar, un político vinculado con el narcotráfico, responsable directo o indirecto de operaciones de espionaje y grabaciones ilegales —conocidas como chuzadas— e incluso de asesinatos a campesinos por parte del Ejército durante su mandato.
En 2004, logró que se aprobara la reelección inmediata y antes de culminar un segundo periodo quiso modificar la constitución para presentarse a una nueva reelección, pero la Corte Constitucional rechazó su referendo. Obstinado en asegurar su supremacía, impulsó la candidatura de quien fuera su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Este convenció a los colombianos de que votar por él equivalía a votar por Uribe. Y ganó, pero Santos nunca fue Uribe. Se distanció tanto de su mentor que los uribistas se sintieron traicionados y hoy lo tildan de “castrochavista”.
El uribismo, sin embargo, puede volver a gobernar si Iván Duque, ganador de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, derrota el domingo 17 de junio al izquierdista Gustavo Petro.
Estos dos candidatos despertaban el mayor rechazo entre el electorado, según la encuesta de la firma YanHass. Duque se arropa con el manto de Uribe. Petro se vende como alguien capaz de implantar cambios casi imposibles en una sociedad dominada por profundas desigualdades y lo comparan con Chávez.
En este siglo, en Venezuela, Colombia y Brasil solo triunfan propuestas lideradas por hombres carismáticos, fuertes y populistas que visibilizan un enemigo, sin importar que pongan en riesgo las instituciones democráticas. La paradoja en el caso colombiano es que Duque y Petro dependen de los 4,6 millones de votos que obtuvo Sergio Fajardo en la primera vuelta. Esa parece, por ahora, la única opción que le queda al centro: ser apenas la segunda fuerza de oposición y determinar con sus votos cuáles serán las nuevas hegemonías en esta tradición del poder latinoamericano.
Leo Felipe Campos. Cronista, Periodista y Editor.
Por Gabriel Ortiz.-Tal vez esta sea la primera vez que los colombianos se enfrentan, no a un dilema, sino a un “trilema”. Las presidenciales los han sacado de la normalidad. Deben escoger entre tres opciones bien marcadas, para elegir un presidente, que nadie sabe si será para cuatro o más años.
Están en la palestra: Petro, Uribe y el Blanco. Del primero se dice que representa al progresismo, a Venezuela y la extrema izquierda; el segundo, del que no hay muy gratas recordaciones, por sus actuaciones durante ocho años, se considera representado por Duque, joven promesa, hombre ecuánime y limpio, pero mal patrocinado; y el Blanco, que de imponerse podría ser, si se respetara la Constitución, una salvación para este país. ¡Lo graduaron de simbólico!
El uribismo rabiosamente persigue reinstalarse con las tres ramas del poder público bajo su mando. Aún le falta la justicia, pero la tendrá, con este enmermelado y dócil congreso. Una vez el líder camuflado asuma la ¨Casa de Nari¨, abrirá un túnel hacia el Capitolio y tenderá un puente hacia el Palacio de Justicia para terminar la Sinfonía inconclusa que quiso perpetuar desde el 2002. Consolidaría un mandato a lo Maduro que garantizaría borrar los procesos judiciales que se le siguen por los excesos de ocho años.
¡De la paz, olvidémonos! Curiosamente, al contrario de lo que aquí ocurre, el mundo celebra y acompaña el fin de un conflicto entre Corea y Estados Unidos. Las fotos que registraron el apretón de manos entre irreconciliables enemigos inundaron los medios y tanto Trump como Kim Jong Un, escalonan hacia el Premio Nobel. ¿Será que como se desacreditó el de Santos, este también será comprado?
El orbe persigue la paz, mientras Colombia prepara modificaciones a los acuerdos para sepultarla. Otra vez los soldados a cuidar carreteras para que los terratenientes puedan ir a sus fincas, los niños bien puedan comprar carros último modelo, renazcan los falsos positivos, se reactive la corrupción, retumben las motosierras, reaparezcan los apóstoles, las chuzadas y los heridos en combate. Popeye recobraría la libertad y seguramente reestructuraría el DAS.
Mejor será echarle un manto de olvido a toda esa nefasta época y pensar en un país próspero, en paz y sin corrupción; y sin arrogantes políticos fabricando venganzas y alimentando odios. En una nación con tres poderes independientes y unos dirigentes sin sed de poder y afán de enriquecimiento.
Es hora de pensar en unos dirigentes honestos, que construyan una población vacunada contra el populismo. Líderes que no salten de un lado para otro, tras contratos, puestos y corrupción.
Esos saltarines, son los destructores de una democracia, de un orden, de una paz y del bienestar que requiere nuestra patria.
La paz es el anhelo de este sufrido pueblo que, como las Coreas, ha soportado más de 50 años de conflicto. Por ello, estamos ante un ¨trilema¨ que nos obliga acertar entre tres opciones. Dios salve a Colombia.
BLANCO: Por fin quedó listo el vertedero de Hidroituango. Feliz logro.
NEGRO: Martinelli, el presidente chuzador panameño, tras las rejas.
Por Christopher Sabatini.- A lo largo de América Latina y el Caribe, los ciudadanos han perdido confianza en las elecciones y en los políticos. Y así como los votantes están cuestionando el proceso democrático, los gobiernos de todo el espectro ideológico también están desautorizando a los vigilantes tradicionales de la integridad electoral; los organismos multilaterales como las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre otros.
La conjunción de ambos fenómenos —la disminución de la confianza en las elecciones y la falta de respaldo a aquellos que garantizan la integridad del voto— crea un problema: ¿qué figura queda para juzgar con credibilidad las elecciones de los próximos meses, que podrían llegar a ser controversiales, en dos de los países más grandes de América Latina, México y Brasil?
Durante los últimos treinta años, grupos de observadores electorales han ayudado a establecer estándares respetados por toda la comunidad internacional para garantizar la celebración de elecciones libres y transparentes al mismo tiempo que protegen los derechos de los votantes y también han logrado detener la exaltación política cuando los malos perdedores han intentado robar elecciones o poner en duda los resultados. Esto ha pasado en República Dominicana en 1994, en Perú en el año 2000, en México en 2006 y en Ecuador en 2017.
La autoridad de los observadores neutrales para defender unas elecciones libres se sustenta en el compromiso del gobierno que convoca la elección de aceptar que las organizaciones tienen el derecho y la autoridad para determinar si la votación fue justa o no. Ese compromiso hoy está en riesgo.
En noviembre del año pasado, el gobierno de Donald Trump se apresuró a aceptar la disputada reelección del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, un aliado de Estados Unidos, pese a que los observadores de la Unión Europea y de la OEA externaron sus preocupaciones sobre la validez del conteo de votos.
En mayo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se mofó de la comunidad internacional al rehusarse a invitar a observadores independientes para las elecciones presidenciales, que la Unión Europea y otros catorce países denunciaron como un fraude. En cambio, Maduro invitó a monitores electorales espurios, como los de la Unión de Naciones Suramericana (Unasur) y la misión de observadores del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) —dos grupos que han sido apodados “monitores electorales zombis“— para “acompañar” o certificar el proceso electoral, pero sin ninguna pretensión de objetividad.
Organizaciones como esta fueron creadas y respaldadas por líderes autoritarios como el expresidente de Venezuela Hugo Chávez y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para darles a sus elecciones una apariencia de legitimidad y para contrarrestar el poder de los observadores electorales internacionales que sí son reconocidos.
El problema se ha magnificado como consecuencia de que muchos presidentes latinoamericanos han permanecido en silencio cuando algunos gobernantes autoritarios han menospreciado a los observadores electorales o se han robado elecciones. Un ejemplo reciente es cuando el presidente boliviano, Evo Morales, obvió los resultados, validados por observadores internacionales, de un referendo popular que le negaba la posibilidad de reelegirse por cuarta ocasión. Los mandatarios de la región fallaron en denunciar los esfuerzos de Morales para tergiversar los resultados.
Justo cuando los estándares electorales están empezando a desgastarse, también la confianza de los ciudadanos en las elecciones y sus resultados han caído vertiginosamente. De acuerdo con el Barómetro de las Américas de la Universidad de Vanderbilt, de Canadá a Argentina la confianza de los votantes en sus procesos electorales ha caído al 39 por ciento entre 2016 y 2017 después de que en 2004 estuviera en el 61 por ciento, y la confianza en los partidos políticos ha llegado a alrededor del 17 por ciento cuando en 2010 estaba en el 24 por ciento.
La falta de confianza en los sistemas electorales está particularmente acentuada en Brasil y México. Los mexicanos elegirán a un nuevo presidente el 1 de julio, pero solo el 26 por ciento de la población confía en las elecciones. En Brasil se celebrará la primera vuelta el 7 de octubre y, si el candidato ganador no obtiene más del 50 por ciento de los votos —el escenario más probable—, se realizará una segunda vuelta el 28 de octubre y solo el 23 por ciento de sus ciudadanos confía en el proceso electoral.
En México, el candidato populista Andrés Manuel López Obrador, quien lleva una ventaja considerable en las encuestas, hará un tercer intento de ganar la presidencia. En las elecciones de 2006, después de perder por un margen estrecho, se proclamó el presidente legítimo y se organizaron protestas en las calles de Ciudad de México para disputar los resultados. Brasil, por su parte, celebra una de sus elecciones más polarizadas en sus 33 años de democracia.
En el pasado, los monitores internacionales fueron decisivos para contener la agitación social y evitar un colapso político. Pero en 2018 no se sabe quién podrá ayudar a calmar el caos político en un sistema profundamente dividido, en caso de que algún candidato en México o Brasil decida cuestionar los resultados.
Para revertir este peligroso declive en la confianza y credibilidad de los observadores electorales independientes, los organismos multilaterales y los gobiernos de la región deben dejar de ignorar a los grupos ilegítimos que carecen de estándares básicos de profesionalismo y objetividad, y denunciar sus esfuerzos de apropiarse del oficio del monitor electoral serio, profesional y con parámetros confiables. La comunidad internacional —incluidas la Unión Europea y las Naciones Unidas— deberían alentar a los países de América Latina que convocan elecciones este año a apoyar los esfuerzos de los observadores internacionales legítimos.
Los monitores oficiales deben ser invitados a los países latinoamericanos y, antes de la votación, los candidatos tendrían que comprometerse con respetar los resultados que las misiones de observadores validen. Hasta que los gobiernos y los candidatos estén dispuestos a tomar estos pasos, los estándares electorales y los derechos de los votantes continuarán desgastándose y, con ello, la confianza de los ciudadanos en el proceso democrático más básico: votar.
Christopher Sabatini. Profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales y Públicas de la Universidad de Columbia y Director Ejecutivo de Global Americans.
Por Juan Fernando Londoño.- Cualquiera que sea el resultado del domingo el país debe entrar en una fase de enfriamiento de las pasiones políticas para serenar los espíritus y actuar con cabeza fría de cara a los próximos 4 años de gobierno.
Si algo hemos visto en esta campaña es el recalentamiento de cabeza, corazón y tripas de candidatos, analistas y especialmente de los seguidores de las distintas campañas. Dado que los más moderados (Fajardo, De la Calle y Vargas) quedaron por el camino, el lapso entre la primera y la segunda vuelta se ha caracterizado por las caricaturas que cada campaña hace sobre el posible gobierno de su contradictor.
Como lo dije hace algunos días, ni Duque va a imponer una dictadura uribista, ni Petro nos va a montar el modelo castro chavista. Pero dado que uno de ellos va a ser el Presidente y el otro el jefe de la oposición, resulta fundamental que el país reconstruya su capacidad de diálogo. Ambos candidatos han mencionado la necesidad de construir consensos, Duque con sus llamados a construir un gobierno de unidad nacional y Petro con su búsqueda de un acuerdo sobre lo fundamental.
El problema es que ambas propuestas van a tener serias limitaciones por las distancias en la visión del país entre los dos candidatos. Resulta improbable, para no decir imposible, que Duque y Petro converjan en una visión sobre el manejo de la economía por ejemplo, pero eso no puede impedir que se abran espacios de diálogo sobre otros temas donde sería deseable la convergencia, como en la educación, e incluso que se construyan consensos en otros campos, como la reforma política. Esto último debería ser lo mínimo en lo que deberíamos estar en capacidad de ponernos de acuerdo dada la coincidencia en la lucha contra la corrupción como eje de todas las ofertas electorales.
Para avanzar en el diálogo político es necesario enfriar los espíritus, con generosidad desde quien gane y con altura desde quien pierda. Ya veremos el tono de los discursos el domingo para saber a qué nos enfrentaremos. Una vez resulte claro quien ocupará la casa de Nariño, se deberían empezar a diseñar escenarios de diálogo que incluyan al conjunto de la sociedad y no solo a los actores políticos. Una característica de las democracias actuales es que los partidos se quedaron pequeños para representar a la sociedad. Esto es especialmente crítico en el caso colombiano pues la forma como se construye la representación política refleja más el poder del dinero que la pluralidad de los intereses y aspiraciones sociales.
Reconstruir nuestra democracia implica no sólo discutir sobre las reglas de juego electoral, sino revalorizar los valores de civilidad democrática que los sustentan. El respeto y valoración de las ideas de los interlocutores, la eliminación de la discriminación entre amigos y enemigos y su remplazo por el diálogo entre contradictores.
La conformación del gabinete va a hablar mucho sobre el talante del gobierno. La definición de prioridades también. Pero la forma de abordar el proceso de toma de decisiones será el factor fundamental para determinar si es posible avanzar hacia un país más incluyente o si vamos a empezar una nueva etapa de polarización y radicalismo en las posiciones políticas.
Por Ariel Ávila.- Ahora que la campaña de Iván Duque no quiere asistir a los debates y que ha sido imposible ver a los candidatos contrastando ideas, la campaña de la derecha ha radicalizado sus discursos en tarima y en reuniones privadas. Inicialmente dijeron que harían trizas los acuerdos de paz, luego manifestaron que harían trasformaciones estructurales y en las últimas horas hablan de modificaciones sustanciales.
Estas palabras guardan la intención de no avanzar en la implementación de los acuerdos de paz y en demoler lo que hasta ahora se ha avanzado. Con esto, los afectados no serán las Farc, como piensa un gran sector de la sociedad, sino que los grandes afectados serán todas y todos los colombianos. Sé que muchos no creerán esto, por ello argumentaré en dos grandes ideas el postulado.
En primer lugar, luego del asesinato de los dos periodistas ecuatorianos y su conductor en la frontera entre Colombia y Ecuador, y sobre todo luego del paro armado en el Catatumbo, se dijo que la paz había fracasado y que Colombia había regresado a los años del presidente Pastrana. Pero eso no es cierto, es una gran mentira. Por ejemplo, en el año 2017 se produjeron 180 secuestros en Colombia, la cifra más baja en décadas, en el peor momento de la guerra hubo más de 3.000 secuestros. También los afectados por minas antipersonal se han reducido sustancialmente, en su peor momento, en el año 2006, 1.231 personas fueron heridas por estos artefactos, en el año 2017 la cifra cayó a 56. De hecho, el pabellón del Hospital Militar que atiende a los afectados está a punto de cerrar, pues el número de heridos es bajo. Ni qué decir, de los desplazamientos y las desapariciones forzadas, que se han reducido fuertemente.
Incluso, en términos de jornadas electorales, Colombia ha vivido las más pacíficas de su historia reciente. El 27 de mayo, en primera vuelta presidencial, no fue trasladada una sola mesa y puesto de votación por temas de orden público, hace 12 años se contaban por centenares. Esto último es increíble, en un país que en las jornadas electorales tenía en promedio 300 municipios en riesgo. Los beneficios del proceso de la paz son inmensos, es inadmisible que aún exista gente que diga que esto no sirvió. Obviamente hay problemas delicados de seguridad en algunas zonas, pero estamos hablando de 78 municipios de 1.122 que tiene el país.
En segundo lugar, el proceso de paz está diseñado para beneficiar a la sociedad colombiana y no a las Farc o las Fuerzas Militares. El acuerdo crea 143 medidas, ya sean programas, proyectos o planes. De ellas, 14 están diseñadas para beneficiar a los actores que estuvieron en el conflicto, las otras 129 medidas son para todos los colombianos: El plan nacional de vías terciarias, o el plan nacional de conectividad o el plan de educación rural. La idea con todas estas medidas es mitigar las causas estructurales de la violencia. De los más de 200 años de vida republicana del país, la mayoría se han vivido en medio de guerras civiles, olas de violencia y fuertes autoritarismos. Han sido pocos los años de paz y democracia.
Colombia se independizó en 1810, luego vino una serie de disputas y guerras civiles, años después se dio la campaña libertadora, luego Bolívar trajo algo de estabilidad y nuevamente en medio de la disolución de la Gran Colombia estallaron brotes de violencia en todo el país. Más tarde se desarrolló un pequeño periodo de tranquilidad y nuevamente se dieron una serie de guerras civiles entre federalistas y centralistas, luego la república conservadora y con ello un fuerte autoritarismo y represión, ya para 1930 llegó Olaya Herrera y con él comenzó la venganza liberal, en 1948 asesinaron a Gaitán y nos metimos en la actual ola de violencia. Una historia de violencia y represión. En los acuerdos de La Habana se dijo que esa violencia cíclica se debía a unas causas estructurales y se determinó que eran tres: 1. Uso y acceso a la tierra. 2. Participación política y democracia social. 3. Economías ilegales, principalmente narcotráfico. Como se sabe los primeros tres puntos del acuerdos se refieren a estos temas, para eso son las 129 medidas.
El riesgo de hacer trizas los acuerdos de paz no está en que las Farc regresen a las armas, eso difícilmente ocurrirá. El riesgo está en que en la medida que no se haga una transformación del campo, no se profundice la democracia y se siga en la política errada de lucha contra el narcotráfico de los últimos 20 años, Colombia está condenada a vivir una nueva ola de violencia, tal vez ya no política, si no más criminal. Por ello, la implementación del acuerdo es fundamental para que Colombia avance como una sociedad y supere la violencia que parece repetirse cada cierto tiempo.
La votación del 17 de junio será entre el pasado y la posibilidad de avanzar, y allí los colombianos escogeremos entre consolidar la paz o quedarnos anclados al pasado de las violencias cíclicas.
Por: Felipe Tarquino Sánchez*.- Hace 50 años la sociedad, de la mano de los jóvenes, buscó el cambio. Una movilización alrededor del mundo explotó; en Europa occidental y Estados Unidos, los universitarios y los hippies protestaban contra el sistema capitalista y la sociedad de consumo, luchaban por los derechos civiles… Mientras hoy, Colombia pide a gritos un cambio.
A propósito de las elecciones presidenciales en primera vuelta, en las que el país se pronunció de manera democrática y tranquila, pues no hubo un solo inconveniente de orden público, los colombianos cumplieron con su deber ciudadano, da la casualidad que hace 50 años los franceses y medio mundo expresaban su deseo de cambiar esa idea de sociedad capitalista y de consumo, como también la cultura Mainstream (lo que piensa la mayoría) que se imponía.
Y aunque hace 50 años, Colombia apenas daba sus primeros pasos hacia la modernización, el momento que se vive ahora con las presidenciales, amerita la comparación con lo ocurrido en Francia, en Mayo del 68. Los colombianos estamos ahora ante un escenario desconocido, donde imperan dos verdades: La primera, que los buenos estamos divididos, y la segunda, que el país quiere un cambio urgente. Y digo divididos, porque en estos comicios, sumados los votos de Sergio Fajardo, candidato de la Coalición Colombia; de Humberto De La Calle, del Partido Liberal; y los de la Colombia Humana, de la mano de Gustavo Petro, dan 9’840.130, casi 10 millones de sufragios. Quiere decir que el domingo ganó el deseo de renovación, el rechazo a la corrupción, a las maquinarias, al clientelismo; y la voluntad por tener un país en paz, con eduación de calidad y gratuita; y no menos importante, el respeto por el medio ambiente, su protección y cuidado.
Ya no hay cinco candidatos; la segunda vuelta ha dejado a dos representantes con posiciones muy marcadas, tanto odiados como queridos, uno de izquierda y otro de derecha. Ambos generan incertidumbre y temor en los colombianos, y sus propuestas ponen en vilo a los ciudadanos, que están obligados a informarse mejor y decidir bien.
En mi caso, voté por De La Calle, un hombre, para mí, fiel a sus principios liberales y con una trayectoria impecable, que hizo parte de la Asamblea Constituyente y los Acuerdos de Paz, que estoy convencido deben defenderse a como dé lugar… Sencillamente, un tipo que hubiese hecho un enorme aporte a este país.
Pero Humberto, como es común en la política, me defraudó. Hace unos días expresó su intención de votar en blanco, como lo hizo poco antes Sergio Fajardo, candidato que critiqué por sus flojas y poco contundentes posiciones; lo que dice la sabiduría popular es cierto, es un tibio. Pero por su “neutralidad”, pinta de profesor bacán, acento paisa, relajado, y al parecer poco envuelto en “rollos raros”, tenía ese elemento aglutinador que ahora le hace tanta falta a Petro; su virtud estaba en que sin mucha estructura, recogió el aburrimiento de más de 4 millones de personas frente a la política tradicional y la corrupción. Elemento que se vió nublado por su soberbia, pues cuando era el momento de hacer una coalición la rechazó, sobre el entendido que pasaría sobrado a Segunda Vuelta.
“Ay de los neutrales… Se ganarán el odio de los que pierden y el desprecio de los que ganan”, expresó alguna vez Maquiavelo. Lo digo porque tal cosa, como buscar la neutralidad, no es más que una necedad; el centro que tanto vanagloriamos no existe. Si bien algunos no apoyan a la izquierda, ni a la derecha, defendemos principios que determinan nuestra postura; en pocas palabras: Tomamos partido. Como sinónimo de neutralidad, está el voto en blanco. Diré que éste solo representa el camino de Poncio Pilato, un acto que parece políticamente correcto, pero que no consigue eludir responsabilidades, pues quien vota en blanco no está moralmente por encima de quien vota por Duque; por el contrario, un voto en blanco es un voto por Duque ¡No seamos cafres con el país, no lo ignoremos y pongámosle la cara!
El voto en blanco no pasará de ser un saludo a la bandera; y pa’colmo de males, como expresé, un espaldarazo a Iván Duque. Y es que el buen muchacho de Uribe no es la salida ¿Por qué? Porque como dije antes, el cambio no es solo necesario, es urgente. Somos un país en el que la clase dirigente no ha cambiado en 500 años, donde no hemos tenido una revolución burguesa, necesaria para establecer la verdadera democracia. Nuestra clase dirigente siempre ha excluido y marginado al pueblo.
Por siglos, al pueblo no se le ha dado el protagonismo necesario para lograr una verdadera transformación social; no le conviene a la oligarquía, que siempre lo ha visto como una masa horrorosa e inferior, como la “negramenta” y la “indiamenta”. Por eso, líderes como Rafael Uribe Uribe, López Pumarejo, Gaitán y Galán, han sido tan queridos por la gente, porque defendieron los derechos civiles de aquellos sectores populares tan maltratados; intentaron llevar a cabo reformas en beneficio de la gente. Es decir, empoderaron a la sociedad civil. Y esto es lo que Petro ha defendido por convicción, buscar que el constituyente primario defina el destino del país, que no sea un simple formalismo jurídico, sino una realidad el que tengamos una democracia participativa. Pienso entonces ¿Debe darnos miedo que el pueblo se empodere?
Otro punto a favor de la Colombia Humana es el respaldo de los intelectuales a Gustavo Petro. Thomas Piketty, economista francés, autor del “Capital en el siglo XXI”, apoya a Petro. El tipo es un duro en temas de desigualdad económica, y nosotros somos número uno en eso; Peter Singer, ambientalista y animalista, precursor de los derechos de los animales; y Coetzee, nobel de literatura, escritor y lingüista de talla mundial, también se sumaron a esta causa, por una razón en común: La defensa de los animales.
Y es que el componente ambiental y animalista que tiene el programa de Petro, no lo tenía ni tiene candidato alguno, a excepción de Vargas Lleras (quién lo creyera); lo cierto es que Duque, aunque se le ha oído algunas veces incentivar esa “cultura animalista”, no contempla la protección animal. También es preciso recordar que cuando Petro fue alcalde, prohibió las corridas de toros en la Plaza Santamaría; en pocas palabras, está decidido a darle un trato racional a los animales, cosa que sus rivales no.
Personajes como el columnista y caricaturista Antonio Caballero; el jurista y académico Rodrigo Umprimny; el periodista Alberto Salcedo; los escritores Mario Mendoza y Laura Restrepo; el economista y profesor emérito de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, mi casa, Salomón Kalmanovitz; y recientemente Ingrid Betancourt; son algunas de las personalidades que votarán por Petro. A esto, sumémosle las Madres de Soacha, y demás familias de víctimas de los falsos positivos; los campesinos, los grupos afros e indígenas que apoyan el componente étnico de la Colombia Humana, y claramente los sectores populares que ven en Petro un líder sensato que escucha y da el justo y merecido poder a la Sociedad Civil. Mientras, Duque, el candidato de la derecha, tiene el apoyo de la SAC (Sociedad de Latifu… perdón, de Agricultores de Colombia), de Maluma, Pipe Bueno, Silvestre Dangond y Popeye.
Iván Duque, bajo las órdenes de su líder Álvaro Uribe Vélez, poco o nada puede hacer para desprenderse de su mafioso jefe, pues sin mucha trayectoria política y gran ingenuidad, no le queda otra que obedecer. De este modo, el Legislativo, con una mayoría clara a favor de Uribe, no tendrá mayores obstáculos para aprobar proyectos de ley de pura conveniencia; el Ejecutivo, con su lacayo y fiel amigo Iván Duque representándolo, será una rama poderosísima para sancionar dichas leyes. Iván, aconsejado por sus asesores del mal, no tendrá problemas en repartir contratos, favores políticos y burocráticos, para lograr lo que quiera; es decir, la mermelada y corrupción que tanto detestamos, no acabará.
Y la rama que pensamos podría detener esta arremetida uribista, la Judicial, puede ser fácilmente reformada y acomodada (ejemplos como el Cartel de la Toga dan muestra de ello); la idea de unificar las altas cortes en un solo tribunal, ha dejado entrever el astuto y malvado plan que promete arropar con un manto de impunidad al patrón del Ubérrimo. De manera que de una eventual victoria de Duque, el gran ganador no sería éste, que al fin y al cabo es un servidor, sino Álvaro Uribe Vélez, un hombre permeado por la ilegalidad, que carga con cientos de muertos en sus hombros, y que se resiste a soltar el poder. En pocas palabras, no habrá un efectivo control de las ramas al Ejecutivo; el sistema de pesos y contrapesos se derrumbará, y en palabras de Kalmanovitz “destruirá el tejido político y social”, por tiempo indefinido.
Gustavo Petro está llamado a dirigir un gobierno que fortalecerá la democracia, que devolverá tierras a los campesinos y las víctimas, y que modernizará el campo como es debido. Petro no tiene apoyo militar como Chávez y Uribe, ni mucho menos Petro tiene un pasado en la ilegalidad como Uribe. El candidato de la Colombia Humana quiere poner a producir las tierras, que en manos de Uribe seguirían como activos improductivos. Petro buscará disminuir la inmensa desigualdad social que vive el país, un objetivo no de la Colombia Humana de Petro, sino que comparten también las Naciones Unidas, Europa, y todos los países benefactores y desarrollados del mundo.
Reflexionemos, es momento de transformar el país, es nuestro deber dejar claro al establecimiento que el Estado es el pueblo, y no unos cuantos acomodados en el. Hace 50 años, los franceses le dejaron claro a De Gaulle y su régimen anacrónico, que había llegado su fin. Ahora, 50 años después, aun excluidos y olvidados por un Estado indiferente, el compromiso de cambio nos asiste. A la ciudadanía, a los jóvenes, campesinos, clase media y universitarios, les digo que hay que tomar y ondear con orgullo la bandera de la renovación y el cambio; por esto y más razones, mi voto es por Gustavo Petro.
*Estudiante de Ciencia Política y Gobierno - U. Jorge Tadeo Lozano.
Por José G. Hernández.-Los ciudadanos colombianos acudiremos a las urnas el próximo domingo 17 de junio para elegir al Presidente de la República. Lo debemos hacer con sentido democrático; pensando ante todo en los problemas del país -que no son pocos- y en las soluciones que proponen los dos candidatos.
La aplicación del procedimiento establecido en la Carta Política de 1991 nos ha llevado a la necesidad de escoger entre las dos fórmulas que obtuvieron mayor votación el 27 de mayo. Pese a cuanto se ha dicho por los partidarios de una y otra -muchas veces con enorme e injustificada agresividad- este fenómeno político -la confrontación entre dos opciones antagónicas- es precisamente lo propio del sistema democrático. No debemos asustarnos. Simplemente, debemos resolver, con fundamento crítico y sin prevenciones ni odios, con quién nos vamos. El voto es secreto, y entre todos habremos de contribuir, ojalá con gran madurez, a señalar el rumbo de Colombia en los próximos cuatro años.
El momento es trascendental. Participar en las elecciones en esta segunda vuelta, votando por la opción política que cada uno estime más conveniente, es una magnífica oportunidad para escribir una importante página en la historia de la República, en paz y dentro del respeto que merecen las ideas ajenas.
Lejos de la fastidiosa polarización que ha predominado en Colombia en los últimos dos años, considero que estamos ante dos candidatos legítimos, cuyos criterios –claro está, como es propio de la democracia- son totalmente distintos sobre la forma de concebir la sociedad y el papel del Estado y del gobierno, lo cual no los descalifica de suyo en lo personal ni en lo político, y merecen ambos el respeto del ciudadano, que no riñe con el derecho de todos a sufragar según sus convicciones.
Los dos aspirantes han asumido el compromiso de garantizar la paz y prometen no destruir el Acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc-Ep, aunque, siendo cierto que el Estado se encuentra obligado por lo pactado, también lo es que -como lo hemos dicho varias veces- los nuevos dignatarios del Congreso y del Gobierno tienen todas las facultades para modificar las disposiciones constitucionales y administrativas aprobadas, y deben expedir las que hacen falta para el cumplimiento de los acuerdos. Es decir, son necesarios los ajustes razonables y proporcionados, cuya introducción beneficia inclusive a los desmovilizados, en cuanto les otorga mayor seguridad jurídica.
La verdad hay que reconocerla, y sabemos bien que, en la fase de implementación del Acuerdo Final, se dictaron normas de distinto rango pero sin la mira puesta en la integración razonada y medida de sus mandatos al ordenamiento jurídico, sino con el propósito -de cortísimo plazo- de mostrar a los colombianos y al mundo una fachada maravillosa en materia de paz, para lo cual no se vaciló en propiciar que fuesen acogidos los contenidos normativos -fueran los que fueran-, sin campo para las iniciativas diferentes, ni para el debate jurídico y de conveniencia en el interior del Congreso, lo que, unido a las varias equivocaciones oficiales y a las no menos erróneas decisiones de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, han conducido a una creciente desinstitucionalización.
Por lo demás, las elecciones del domingo son la ocasión para demostrar la madurez política del pueblo colombiano. Y deseamos sinceramente que se desenvuelvan de manera pacífica, por fuera de la infortunada polarización que nos viene aquejando. Las dos candidaturas son válidas, y frente a ellas debemos asumir posiciones sensatas: con libertad y razón, cada votante ha de escoger lo que mejor estime, sin que por ello tenga que afrontar insultos, ofensas o calumnias, ni en las redes sociales, ni en los sitios públicos, ni en el interior de las familias o de las comunidades.
Que gane el que encuentre mayor aceptación popular gracias a sus buenos programas y propuestas. Todos aceptaremos, en democracia, los resultados de la votación.
Por Jairo Gómez.- Quiero retomar el epílogo de mi anterior columna para escribir este aporte semanal con el que trato, humildemente, de poner en contexto la realidad nacional: “Te conozco bacalao aunque vengas disfrazao”.
Esta frase de una salsa setentera, la de la crónica social y la denuncia de la corruptela, el abuso de poder, la pobreza y la desigualdad en América Latina, describe inequívocamente a la derecha colombiana.
Esa derecha que después de los resultados electorales del pasado 27 de mayo, quedó arrinconada y por primera vez, después de Jorge Eliécer Gaitán (asesinado por las oligarquías conservadoras), hoy ve amenazada su continuidad en el poder. También, por primera vez en 60 años, se dejaron contar y, por supuesto, ya sabemos cuántos son y quiénes son. Pero mejor aún, los electores de izquierda y de centro hoy creemos, con certeza, que los podemos derrotar, que es posible construir otra Colombia.
Hoy nos queda claro que Uribe, Pastrana, Gaviria, Vargas Lleras, Partidos Políticos tradicionales, Gremios Económicos, Banqueros, clanes regionales, gamonales y caciques son la misma cosa. Nada los diferencia; su objetivo es el mismo: preservar para sus intereses, el poder. Los une su veneración a la codicia, el individualismo, y la voracidad por apropiarse de los dineros públicos. Nos engañaron durante décadas haciéndonos creer que entre ellos había diferencias ideológicas y ¡no! Son un puñado de personas uniéndose por un puñado de dólares, como los forajidos de la célebre película de Sergio Leone.
No se puede decir que Duque sea un corrupto, pero la mayoría de la gente que lo rodea hiede a corrupción. Sin siquiera pactar un acuerdo programático le entregaron las banderas a Uribe, el dueño de la gran y nueva componenda electoral. Todo es una farsa. No hay tal unidad por el bien del país, es un verdadero concierto clientelista. Todo lo que hacen y van a hacer para gobernar es corrupto: el clientelismo seguirá vigente; la tal mermelada (57 billones de pesos en los dos últimos gobiernos, dice la revista SEMANA) no desaparecerá, llegará más aceitada; las tales familias en acción (inventadas por Uribe) seguirán siendo una estrategia para disimular la compra de votos; se mantendrá el soborno de las grandes corporaciones y de los dineros del narcotráfico para cambiar el rumbo de la política y la democracia; y las firmas encuestadoras seguirán siendo instrumentos de manipulación y una herramienta macabro-electoral.
No fue la izquierda de Petro ni el centro de Fajardo quienes se robaron Reficar: el desfalco asciende a 2.500 millones de dólares; ni fueron los responsables de que el puente Chirajara se fuera al piso; ni son responsables de que Hidroituango esté al borde del colapso: se estiman en 12 billones de pesos las pérdidas materiales, ni qué decir de la tragedia humana, del suplicio de los compatriotas en los valles y las ciénagas; centro e izquierda tampoco son los responsables de los falsos positivos que, según una publicación inglesa, no fueron 3.000 sino 10.000 jóvenes; tampoco son responsables de que en Colombia existan cerca de 8 millones de desplazados por culpa de un conflicto interno que los enemigos de la esfera pública utilizaron para hacer la guerra y lucrarse con la sangre de humildes soldados, policías y campesinos quienes, a falta de alternativas, tuvieron que engrosar las filas guerrilleras; tampoco son responsables de que la tal apertura económica de los noventa (César Gaviria) provocara miseria y pobreza en el agro colombiano; y no son los responsables de la quiebra del sector financiero que tuvimos que pagar las clases medias de este país (Andrés Pastrana).
Lo que ha sucedido en Colombia es el saqueo más infame de un país por parte de castas perversas, muchas hoy al lado de Uribe. Convirtieron Colombia en un botín, en el negocio lucrativo de familias enteras y de élites mezquinas, terratenientes y financieras que le cerraron las puertas a una sociedad que pide a gritos cambios de fondo.
Todos son lo mismo, no lo duden. Ellos son los culpables del atraso y la desidia. Por eso más de 10 millones de colombianos que votamos libremente el pasado 27 de mayo le dijimos a esas castas políticas que estamos cansados, que llegó la hora del cambio y ese cambio lo representa Gustavo Petro.
@jairotevi
Por Giovanni Décola.-La abeja es el insecto más importante de la naturaleza. Albert Einsten, predijo que, si las abejas perecen, a la especie humana, solo le quedarían cuatro años de vida.
Ellas son las responsables de la polinización de más de 25.000 especies de plantas con flores y del 65% de la producción agrícola.
En las dos últimas décadas, las colmenas de abejas, cada una de ellas, compuesta por miles de obreras, unos pocos zánganos y una sola reina, se han reducido en dos terceras partes a nivel global. La deforestación, las fumigaciones sin control, el avanzado deterioro del medio ambiente, el cambio climático, las instalaciones de redes eléctricas no subterráneas y de antenas de todo tipo, han mermado su número a niveles realmente alarmantes.
La apicultura hasta hace 25 años era un negocio rentable. La miel, el polen, la jalea real, el propóleos, la cera y hasta su veneno denominado apitoxina, se obtenían en cantidades considerables y rentables. Hoy, ni lo uno ni lo otro.
El apoyo de los gobiernos a los apicultores ha sido insuficiente e inocuo para salvarlos de una crisis que ellos no provocaron y que los arruinó. Los esfuerzos por sacar adelante el proyecto de ley 176 de 2017 de cámara, por medio de la cual se reglamenta la protección de las abejas, solo ha pasado el primer debate, mientras ellas agonizan y los apicultores empobrecidos cambian de oficio.
Colombia es un país agrícola por excelencia, y la extinción de las abejas, sería fatal, no solo para nuestros apicultores, sino también para nuestros campesinos, y como no, para los colombianos, que al tener que importar muchas de nuestras frutas y verduras, el aumento de sus precios, lastimará nuestros maltrechos bolsillos.
Tuvo que haber un ataque reciente de estos valiosos insectos en una manifestación del Senador Alvaro Uribe, a varios de sus simpatizantes, para que Colombia se acordara de quienes nos dan la dulce miel.
En una de las más de las tantas versiones de la biblia en español, encontré en Deuteronomio 7:20, lo siguiente: "Jehová, tú Dios, mandará abejas contra quienes abusen del pueblo, y los que escapen de mi presencia, los avergonzaré a causa del pánico". Seguramente, las abejas se politizaron y saben con certeza a quien hay que derrotar.
Uribistas acusaron a los petristas de atentados bioterroristas con abejas “castrochavistas”. Petristas celebraron que las abejas hallan descubierto “su paraco”. Una elección donde no ganarán Duque ni Petro, sino el antiuribismo o antipetrismo.
Como Apicultor, solo confío en que el próximo 17 de junio, la gente OBRERA de Colombia, derrote a los ZÁNGANOS, que quieren seguir siendo dueños de la dulce miel que no han trabajado, y de esa manera evitar que la corrupción, se perpetué como la REINA de todos los males de nuestra COLMENA llamada Colombia.
Si los Zánganos resultan ser más, al igual que ocurre con la Colmena, ésta pronto perecerá. No quiero que ocurra lo mismo con la República.
Para definir nuestro voto, basta con revisar la lista de adhesiones que han tenido cada uno de los candidatos. Ya no se trata de la paz o la guerra, sino de Salvar la Democracia o resignarnos a que un enjambre de corruptos, se adueñe del país.
Iván Duque no es el problema, sino su patrón y esa nefasta alianza de intereses tan disimiles como nauseabundos. Si fueron corruptos los ocho años de Gobierno de Uribe, en el cual solo tenía alianza con los conservadores, no me quiero imaginar esa rebatiña de miel, puestos y contratos ahora que se sumaron los de Cambio Radical, la U, lo que queda del Partido Liberal, y otros especímenes más.
No creo tampoco que Gustavo Petro solucione en cuatro años, los graves problemas que azotan a Colombia hace 200 años. Pero sería un tanque de oxígeno enorme para salvaguardar el remedo de Democracia que nos queda.
Sería, un tatequieto a esa clase política que ya no se ruboriza, a la hora de unirse, para repartirse el botín.
Llegó la hora de un verdadero cambio, y es ahora o dentro de 70 años. Y una espera tan larga, ni mi cuerpo ni Colombia la resistiría.
Por Guillermo García Realpe. @GarcíaRealpe Después de mucho tiempo y de una larga espera, el Congreso de la República dio aval para que se convoque la consulta anticorrupción como mecanismo para frenar este grave flagelo que es uno de los principales males que viene afectando a Colombia.
La consulta anticorrupción es un mecanismo de participación popular que se estrenará en el país y es un claro mensaje para ponerle fin a las prácticas que usan los corruptos para llenar sus arcas a costillas de los dineros públicos.
Según la Contraloría General de la República, cada año $50 billones van a parar a los bolsillos de los corruptos, sin duda, una cifra exorbitante y aterradora, de ahí que se hace necesario ponerle fin de una vez por todas a este grave flagelo que llena de indignación al pueblo colombiano.
La consulta tendrá siete preguntas y se requiere que por lo menos cerca de quince (15) millones de ciudadanos acudan a las urnas para responder SI a los interrogantes que ahí se plantean.
La reducción del salario de los congresistas y de altos dignatarios del Estado es uno de los puntos más centrales de la iniciativa, que pretende bajar de 41 a 25 salarios mínimos mensuales vigentes, equiparando al país con los salarios que en promedio devengan congresistas en la región.
Un segundo punto establece que los corruptos NO tendrán casa por cárcel, ni mucho menos subrogados penales, por el contrario tendrán prisión intramural sin rebaja de penas.
El tema de la contratación también se endurece y se acaban los pliegos “sastre” que se hacen a la medida del contratista para que accedan de forma expedita a las licitaciones menores y también de millonarios recursos.
La rendición de cuentas será obligatoria para que los ciudadanos conozcan de primera mano las gestiones legislativas de sus congresistas, en nuestro caso, periódicamente rendimos cuentas de nuestra actividad en el Congreso y lo publicamos en los diversos medios virtuales.
Las declaraciones de renta deberán ser públicas, en ellas se deberá establecer todos los bienes y conflictos de interés de quien aspire a posesionarse en cargo público, así se sabrá con qué patrimonio entra y con qué se sale, como un instrumento de transparencia y de recuperación de la confianza de los ciudadanos hacia su institucionalidad.
Limitar los períodos en corporaciones públicas es otra de las preguntas que los ciudadanos deberán responder en la consulta anticorrupción, en ella se establece que sólo se podrá permanecer en las mismas sólo hasta tres períodos consecutivos, algo que realmente es justo, la política hay que oxigenarla, dejar espacio para nuevos liderazgos y no perpetuarse en el poder.
Se ha dicho inicialmente que la consulta podría ser convocada para el próximo domingo 02 de septiembre, y en los próximos tres meses los promotores podrán adelantar la respectiva campaña.
De todas formas nuestro voto será sí a todas las siete preguntas que este mecanismo establece como un mensaje de lucha anticorrupción y como aliado de las buenas prácticas de transparencia, porque quienes conocen de cerca nuestro actuar, durante más de 30 años de carrera pública, nunca hemos estado vinculados a escándalo alguno, siempre hemos impulsado una política sana, sin manto de dudas, sin suspicacias y dentro del marco del respeto por los recursos públicos, por la confianza de nuestros electores y como un acto de lealtad con la patria.
Bienvenida la consulta anticorrupción, los invito a que participemos masivamente y derrotemos en las urnas a los corruptos, este es un paso inicial muy importante para hacerlo y de todos depende que tengamos un país libre de éste flagelo que sigue carcomiendo a las entidades públicas y privadas del país.
