Opinión
Por Amylkar D. Acosta M.- Primero fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que, mediante la Resolución 60 del 11 de diciembre de 2015, decretó unas medidas cautelares tendientes a “preservar la vida y la integridad de niños y adolescentes de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao” amenazadas seriamente por los flagelos del hambre, la desnutrición y el abandono inveterado por parte de todos los gobiernos.
Por nuestra parte respaldamos en su momento esta decisión de la CIDH por considerar que la misma respondía a la tragedia humanitaria por la que atravesaba y sigue atravesando la comunidad Wayüu, cuya población es la más vulnerable entre las vulnerables, en la que los niños a temprana edad se desgajan del árbol de la vida como si fueran racimos podridos acabados de nacer. Demandamos sin éxito de parte del Gobierno Nacional el cumplimiento de dichas medidas cautelares, para lo cual planteamos entre otras medidas urgentes la expedición del Documento CONPES para la erradicación de la pobreza en La guajira, el cual sigue durmiendo el sueño de los justos en los anaqueles oficiales sin concretarse.
Posteriormente, con motivo de la crisis de gobernabilidad del Departamento, acéfalo en ese momento a raíz de la suspensión en el ejercicio de sus funciones del Gobernador recién electo, visitamos en la Casa de Nariño, en compañía de prestantes personalidades de La guajira, al señor Presidente para pedirle, entre otras acciones, su inmediata intervención para que se aprobara de manera expedita el Documento CONPES de la referencia, en el cual se contempla “una estrategia para la disminución de las brechas sociales en La guajira, con énfasis en la erradicación del hambre y la desnutrición infantil”, el cual todavía seguimos esperando, en momentos que el actual Gobierno llega a su final.
En marzo del año pasado, el señor Procurador General de la Nación Fernando Carrillo solicitó a la Corte Constitucional declarar el “estado de cosas inconstitucionales”, debido a la crisis humanitaria en que se debate La guajira toda y pidió, además, “unificar las medidas que tanto el Gobierno Nacional como los entes territoriales deben adelantar para superar el estado de crisis que soporta la Gran Nación Wayüu”. Qué alcance y qué efectos tiene dicha declaratoria? De conformidad con la sentencia T-025 de 2004 de la propia Corte la misma se define como “la declaratoria que hace la Corte Constitucional, cuando se constata la vulneración repetida y constante de derechos fundamentales que afectan a multitud de personas, cuya solución requiere la intervención de distintas entidades para atender problemas de orden estructural”.
Posteriormente trascendió la noticia, que le dio la vuelta al mundo, según la cual en el curso del trámite de ingreso de Colombia a la OCDE, Human Rights Watch (HRW), le solicitó analizar previamente “la emergencia alimentaria del pueblo Wayüu”, al considerar que su respuesta al requerimiento de la CIDH por parte de las autoridades dejaba mucho qué desear. En su pronunciamiento su Director para las Américas José Miguel Vivanco manifestó “en el Departamento de La guajira, los niños Wayüu mueren de hambre en tasas desproporcionadamente altas”.
Pues bien, la Corte Constitucional, en vista del desacato de su Sentencia T – 302 del 8 de mayo de 2017, en la que se acogía el pedido de la Procuraduría en el sentido de declarar el estado de cosas inconstitucionales, acaba de ordenar su cumplimiento. Su Sala Séptima de revisión había confirmado el fallo de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, avalando la orden dada por el Tribunal Superior de Riohacha que amparaba el derecho de las comunidades in comento a acceder al agua potable y salubre. Procedió de esta manera, al considerar que “existe un incumplimiento de los parámetros mínimos constitucionales aplicables a las políticas públicas del Gobierno Nacional, de La guajira, de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia y de las autoridades indígenas con jurisdicción en esos municipios”.
Al declarar el estado de cosas inconstitucionales, la Alta Corte ordenó que se tomen medidas prontas y eficaces para superarlo y así evitar situaciones tan aberrantes “como el que los indicadores de tasa de mortalidad por desnutrición de menores de cinco años para el Departamento de La guajira no alcance la meta establecida en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional o alcance el nivel promedio del país”. Precisa la Corte que, según el Informe que le sirvió de base para su determinación, “para el año 2013, la tasa de mortalidad por causas asociadas a desnutrición en menores de cinco años fue de 32,54% por cada 1.000 niños en el departamento, y el promedio nacional fue de 6.76”.
Y va más lejos la Corte Constitucional, al confirmar la orden dada por el Tribunal Superior de Riohacha a las entidades demandadas sobre medidas inmediatas para que las comunidades beneficiarias puedan tener acceso a agua potable y salubre”. La Justicia cojea, pero llega!
Barranquilla, junio, 8 de 2018
www.amylkaracosta.net
Por Juan Manuel Galán.- En cifras globales hay más de 8.5 millones de víctimas en Colombia, lo que representa un poco más del 18% de la población de nuestro país. Todos saben que para atenderlas, en el 2011 se promulgó la Ley 1448 que creó un andamiaje institucional para cumplir su propósito. Esa misma ley, le ordenó al Congreso conformar una comisión con miembros de todos los partidos para efectuar el seguimiento a su aplicación. Bajo este contexto, la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas llevo a cabo su última sesión en el Congreso de la República y presentó el resultado final de su trabajo.
El enfoque en las regiones fue prioritario para la comisión. Así se realizaron Foros Regionales y Temáticos, acompañados por más de 3.000 asistentes, de más de 50 municipios y 12 departamentos; experiencia que fue plasmada en el video documental “Víctimas, una mirada a la reconciliación”. Eso nos permitió lograr una acción transformadora de verdad. Me refiero al trabajo de incidencia política que se hizo en el Congreso para incorporar, las prioridades de las víctimas del conflicto armado, en la agenda del Parlamento y específicamente en las iniciativas sobre el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz.
Así construimos un puente para acercar la institucionalidad a las víctimas, que trajo beneficios de doble vía. Por un lado, permitió a las víctimas hacer aportes de manera constructiva para enriquecer el debate legislativo y no solo identificar responsables de su propia situación. Por otro lado, le permitió al Congreso cambiar la idealización de lo que es una víctima. Reconocer también que más allá de un sujeto vulnerable, hay un protagonista de la vida pública conocedor de primera mano de las causas del conflicto y capaz de hacer aportes para lograr la reconstrucción del país.
Este es un camino que no podemos deshacer. Es necesario comprometer al nuevo gobierno en la profundización de los avances en reconocer a las víctimas. Por eso es urgente tener en cuenta los principales retos de la legislación que se concentran en el subregistro de las víctimas en el exterior, los bajos porcentajes de cumplimiento en restitución e indemnización administrativa y el déficit presupuestal. Es inevitable concluir que las metas definidas en la ley del 2011, no se cumplirán en el corto plazo. Sin duda y con paso firme hay que avanzar en la ampliación de la vigencia de la ley para cumplir con su propósito, antes de que caduque.
Por Jorge Enrique Robledo.-Todo voto a conciencia, así se esté en desacuerdo con él, es respetable: por uno o por otro candidato y por supuesto en blanco (cuatro millones de franceses acaban de votar así), si el ciudadano, a su juicio, considera que ninguno de los candidatos pasa los mínimos indispensables para hacerse merecedor de su confianza.
En el Polo se descartó a Duque, la mayoría votará por Gustavo Petro y en un amplio sector votaremos en blanco. A Petro le hicimos una vigorosa campaña presidencial en 2010, a pesar de que nuestra primera opción había sido Carlos Gaviria, pero, lamentablemente, el 2 de agosto de ese año, él rompió con el Polo porque no quisimos elegirlo presidente del partido para consumar un acuerdo que sin consultarnos ya había hecho con Juan Manuel Santos, quien acababa de vencerlo en las urnas. Y porque la confianza que debe sustentar las relaciones personales, de negocios y políticas acabó de perderse, además de otras razones, cuando desde la primera vuelta de 2014, y existiendo candidatura del Polo, Petro decidió respaldar la fórmula Santos-Vargas Lleras. En http://bit.ly/2LRzkig aparecen los detalles de esta historia, que también refutan la falacia de que esta fractura se debió al carrusel de la contratación.
La repugnante matonería de la que estamos siendo víctimas los partidarios del voto en blanco, lejos de amilanarnos, nos fortalece. Porque les da otra razón a nuestras convicciones y ayuda a refutar la falacia de que votar en blanco es votar por Duque o por Petro, dependiendo de lo que se les antoje endilgarnos a nuestros contradictores.
Las pasadas elecciones no tienen antecedentes en Colombia. Porque confirmaron que sí es cierto que los colombianos estamos hasta la coronilla de la clase política y de los partidos que han impuesto a tantos pésimos gobernantes, hasta el punto de llevar a la debacle a sus candidatos presidenciales. Si Duque se salvó de la hecatombe fue porque ocultaron su origen turbayista y santista y, manipulando el proceso de paz, Uribe creó la ficción de que Santos y él no eran de los mismos con las mismas, como si no tuvieran idénticos orígenes políticos, no hubieran gobernado juntos y el propio Uribe no nos lo dejara en la Casa de Nariño como una de sus peores herencias.
Con la decisión de César Gaviria de adherir a Duque, adhesión a la que se sumaron las demás fuerzas de la Unidad Nacional –sin fotos, claro, no sea que se les pierda un voto–, se le dio veredicto final a un debate en el que también nos han agredido para silenciarnos, con la mentira de acusarnos de no ser partidarios del proceso de paz porque no le alcahueteamos a Santos las muy retardatarias medidas que logró colar al amparo de dicho proceso, por lo demás con el apoyo del uribismo. La vida terminó por confirmar que Uribe, con toda irresponsabilidad, exageró sus desacuerdos con el proceso de paz para mejor competirle políticamente a Santos, quien, a punta de mermelada, convirtiera en santistas a los congresistas uribistas, proceso que hoy, con un pique bastante cómico, se está dando en sentido inverso, convirtiendo al uribismo a muchos de los hasta ayer santistas.
De un inmenso significado político, presente y futuro, fue la gran votación por Sergio Fajardo, a quien poco le faltó para pasar a la segunda vuelta y sin duda ganar la Presidencia de la República. Una candidatura montada sobre unos fundamentos éticos sin los cuales ningún país puede darse el rumbo correcto, con un programa democrático en el que están representados los anhelos de progreso del conjunto de la nación colombiana, proyecto desarrollado por la Coalición Colombia, el acuerdo entre la Alianza Verde, Compromiso Ciudadano y el Polo Democrático pensado para actuar también conjuntamente en las elecciones de 2019 y 2022.
Con independencia del resultado de las elecciones del 17 de junio, seguiremos luchando según nuestras convicciones, siempre esforzándonos por lograr que el cambio por el que han empezado a moverse los colombianos sea el que de verdad les convenga a los intereses nacionales, al margen de las incomprensiones y agresiones que pueda generarnos.
Por Diana Marcela García Barón.- La decisión de la jefatura única del Partido Liberal, el ex presidente César Gaviria Trujillo, de adherirse a la candidatura de Iván Duque Márquez, va en contra de todos los principios e ideales de la histórica colectividad roja.
Esa determinación le dio una estocada al Partido Liberal… ¡El liberalismo ha muerto! Eso nos duele a miles y miles de liberales que desde las bases, de una u otra forma, principalmente con el voto, han luchado para recuperar el poder y gobernar a Colombia.
El interés personal de un Expresidente, que llegó a la jefatura de Estado porque recibió las banderas del inmolado Luis Carlos Galán Sarmiento, por parte de su hijo, Juan Manuel, y que ahora está arrepentido de haberlo hecho, permite establecer el desastre y hundimiento del partido del pueblo.
En mis recuerdos quedará aquel partido que luchaba por mantener y proteger la institucionalidad del país, la cual se está viendo en peligro con propuestas como la “Reforma a la Justicia” del candidato Iván Duque y que tiene como base la unificación de Cortes, eliminando así uno de los grandes avances de la constitución del 91: la creación de la Corte Constitucional donde está consignada la tutela, entre otros derechos fundamentales.
Duque es la antítesis de los ideales liberales, debido a que pone a un lado el Estado laico e invoca que la biblia será su guía en su gobierno. Cuenta con el apoyo de Vivian Morales quien promovió un referendo discriminatorio frente a la adopción de niños para las parejas del mismo sexo. Se le suma la fuerza de derecha, más no electoral, del ex procurador Alejandro Ordoñez, quien también ha discriminado a las parejas del mismo sexo y que busca que se les prive de la posibilidad de crear una familia.
Con la decisión personalista de Gaviria, el liberalismo pone a un lado su lucha contra la utilización de la fumigación como método para la erradicación de los cultivos ilícitos, olvidando el daño que no solo le causa esta práctica al medio ambiente, sino también a todos los campesinos que lo único que conocen y saben hacer es trabajar la tierra, tierra que será infértil debido a la fumigación.
Irónico es que quien apoyó de manera abierta el proceso de paz, sea hoy quien invite a los liberales a apoyar al candidato a la presidencia por el partido Centro Democrático, un Partido que ha mostrado abiertamente su rechazo al posconflicto, a la JEP y que busca hacer trizas el acuerdo de paz.
Quién juró llevar en alto las banderas del partido liberal luego de la muerte de quién dio su vida por su patria y su partido, el Señor Luis Carlos Galán, hoy decide darle la espalda a un colectividad con historia en reivindicaciones sociales y progresistas, y a cambio, pide votar por una opción a la Presidencia que entierra al liberalismo y que da la posibilidad de reencarnar a Uribe en el poder.
Sí es cierto que la política es dinámica, pero es vergonzante que un ex presidente Liberal, a su antojo, sin el mínimo respeto por los ideales e idearios liberales y que están incrustados en las necesidades del pueblo, haya abusado arbitrariamente acompañar la candidatura del Centro Democrático.
Se quedará solo el expresidente Gaviria, mirando el horizonte de Simón, no el grande: Bolívar, sino de su hijo, quien en el camino del nepotismo, los liberales le van a recordar que quien gobernó a Colombia con la bandera liberal de 1990 a 1994, pidió el apoyo a una candidatura que ha cuestionado y sigue criticando el proceso de paz para la reconciliación y la convivencia nacional.
Señoras y Señores, el liberalismo se vendió al mejor postor… al Centro Democrático, al Castrochavismo.
Por Gabriel Ortíz.- ¡Por fin se aprobó la Consulta Anticorrupción! Al menos para el sector público. Para el privado sigue cojo.
Gracias a la época electoral, durante la cual se buscan afanosamente votos, ese gran botín que nuestro país persigue, se logró sacar adelante la iniciativa de los Verdes. Los 50 o 60 billones de pesos, del erario, que en este año también van hacia las arcas de los corruptos, podrían recuperarse.
Si lo votamos, ya no tendremos parlamentarios con sueldos superiores a los 25 salarios mínimos; los corruptos deberán pagar cárcel tras las rejas, no cómodamente en sus lujosas residencias; los pliegos de las licitaciones serán transparentes -bien difícil-; habrá audiencias públicas para manejar los presupuestos; los congresistas y corporados deberán rendir cuentas; los funcionarios tendrán que presentar declaración de sus bienes y nadie podrá perpetuarse en cargos legislativos, sólo estaría durante tres períodos.
Como estamos en el preludio del Mundial, ¨hasta ahí too bien¨, como dice el Pibe Valderrama. Pero fueron muchas las cosas que quedaron dentro del tintero, porque la corrupción nos asfixia desde hace muchos años. Por ejemplo: ¿qué pasará con esos colombianos que atendiendo los consejos del patrón partieron hacia el exterior o escaparon, dejando sus abundantes bienes produciendo ingentes utilidades, manejados por testaferros? Y ¿qué de esas extensiones de terrenos arrebatados a los campesinos desplazados por los paras? Y ¿de aquellos que están libres gracias a los vencimientos de términos? Y ¿qué pasará con los corruptos negociados falsamente ¨legalizados¨ por jueces y magistrados venales?
El delito del cuello blanco quedará legitimado y certificado con la Consulta, lo mismo que la corrupción en ese sector, que recibirá patente para actuar y convalidar todos los desafueros que a diario se denuncian.
Los “intocables” estafadores que se han apropiado de los ahorros de incautos compatriotas están libres. Se pueden contar con los dedos de una mano, los que soportan esos duros castigos de casa por cárcel.
Lástima grande que tengamos que conformarnos con votar la Consulta solo para castigar al sector oficial, mientras los otros corruptos recibirán el premio de la impunidad. Esa palabreja, solo se aplica para estigmatizar a los dirigentes de una guerrilla, que por lo menos nos ha exonerado de un Hospital Militar lleno de heridos en combate.
La Consulta debe estar acompañada de otras medidas como, por ejemplo, un régimen educativo que, desde el hogar, inculque en nuestras nuevas generaciones, los principios del civismo, respeto a nuestras instituciones, a la legalidad, a nuestra sociedad, a los deberes y derechos; ¿y por qué no regresar a la despreciada urbanidad de Carreño?
Solo así acabaremos con la corrupción, haremos país, ciudadanos correctos y aprenderemos a votar con responsabilidad, sin presiones, miedos o prebendas.
BLANCO: 6.000 millones de dólares enviarán este año los colombianos en el exterior.
NEGRO: La manipulación que se pretende hacer con el voto en blanco. Si es válido, vale para todo. Hasta para repetir elecciones con candidatos diferentes, como lo dice La Carta.
Por Lorena Rubiano.-La administración efectiva consiste en empezar por lo primero. Mientras que el liderazgo decide qué es "lo primero", la administración le va asignando el primer lugar día tras día, momento a momento. La administración es disciplina, puesta en práctica. Stephen Covey
Sin ser experta en el tema, voy a incursionar en el caso de la represa hidroeléctrica de Ituango, por ser un asunto de alto interés nacional, por el riesgo tan grande que corren los habitantes de cerca de doce municipios ribereños, del río Cauca.
Es obvio que la prioridad es la gente, miles de familias que en este momento están el riesgo de ser arrasadas por una posible avalancha, y que por esta situación viven hacinadas en carpas, lejos de sus negocios y propiedades, y sin una solución a la vista.
La situación es muy compleja, oscura por tanto comunicado ocultando la verdad y lo único que sale a flote es esa ansiedad de dinero, de ganar plata por encima de lo que sea, desconocer todos los conceptos negativos para la construcción de la represa en ese sitio, y sobre todo el asesinato sistemático de los líderes sociales más de trescientos que se oponían al proyecto y cuyas desapariciones no han sido investigadas.
La situación, según los expertos, es altamente peligrosa, como lo constataron ingenieros del ejército de los Estados Unidos, quienes vinieron a revisar la obra, y ese concepto debe conocerse en su totalidad por todos los colombianos.
Saber que pasó, que está pasando y si la obra es viable o no. Y quienes son los responsables de tanta torpeza y de esa obstinación de hacer una represa donde no era viable. Y si determinan ponerla en funcionamiento en cada invierno habrá zozobra total y riesgo, además de que la montaña en cualquier momento caerá sobre la represa.
Las filtraciones continúan y no hay control de las descargas al río, lo que puede originar una nueva creciente intempestiva. O sea, lo cierto es que no hay control de la presa, y es impredecible cualquier eventual actividad de la naturaleza.
El ministro de Minas declaró la alerta roja atendiendo al informe de los norteamericanos y contra el concepto de EPM. Los constructores y EPM nunca emitieron una alerta sobre el desprendimiento de la montaña mientras que los expertos dicen que se puede venir una alud de tierra entre 10 y 40 millones de metros cúbicos”.
El gobernador Luis Pérez, aseguró que, de acuerdo con el informe técnico, “la obra está en el riesgo de un máximo colapso” y que los materiales usados “no cumplen con los estándares internacionales”.
Desgraciadamente, por la ambición y el dinero, los responsables de la hidroeléctrica ignoraron las constantes advertencias de las comunidades campesinas que habitan el área de influencia del megaproyecto, quienes previeron lo sucedido.
La situación humana es lamentable: todo es improvisado, familias en una carpa, niños sin escuela, mala alimentación y escasa atención médica y sobre todo con una gran incertidumbre sobre su futuro. Ojalá no les salgan con dos pesos y listo chao, el amigo.
Por Ariel Ávila.- En algunos años, cuando llegue el momento de las preguntas y los interrogantes por el país que le hemos dejado a nuestros hijos, sobrinos y nietos, quiero poder mirarlos a los ojos y decirles, sin ninguna vergüenza, que hice todo lo que pude, hasta lo imposible para dejarles un mejor país. Un país, en el cual pensar diferente no sea un crimen, que a alguien no lo maten por discrepar en algunas ideas, un país donde las armas no sean un mecanismo más de competencia política, un país más equitativo y más transparente.
Por ello apoyé, por ejemplo, el acuerdo de paz de La Habana, porque dicho acuerdo contiene las reformas fundamentales para construir un mejor país. En total hay 143 medidas, como programas, proyectos, iniciativas legislativas. De ellas, 14 son para los actores que estuvieron en la guerra, como la JEP, o la Ley de Amnistía. Pero las otras 129 son para la sociedad: el Plan Nacional de Vías Terciarias, que es construir infraestructura vial para que los campesinos mejoren la competitividad de sus productos, o el Plan Nacional de Educación Rural, o la reforma política. Estas 129 medidas se hacen con la lógica de que Colombia no viva una nueva ola de violencia en el futuro, evitar una nueva guerra, que ha sido la historia de nuestro país en su vida republicana.
En el marco de las negociaciones se dijo que estas causas estructurales de la guerra eran tres: uso y acceso a la tierra, participación política y economías ilegales. Esas 129 medidas están hechas para atacar estas causas estructurales. Es por esto que yo apoyo el proceso de paz, lo apoyo no por las Farc, sino porque no quiero más masacres, no quiero más Tumacos llenos de coca, no quiero ríos llenos de mercurio, quiero un país que supere la violencia, quiero un mejor país para mis hijos y nietos. Los réditos de la paz se verán en algunos años, eso no se ve inmediatamente. Yo no actúo de forma egoísta y en el hoy, actúo para las próximas generaciones y para el mañana.
Con el tiempo he entendido que la guerra ha sido un instrumento necesario para la construcción de las élites nacionales y regionales. La guerra les ha servido como excusa para engañar a la sociedad colombiana, la idea es que la sociedad les perdona todo a cambio de que combatan supuestos enemigos. Es gracias a estas guerras que las élites se repartieron desde hace más de un siglo la administración del poder y sobre todo, crearon toda una estructura para desangrar la institucionalidad.
La cosa es tan vergonzosa que el pasado 27 de mayo el voto de opinión logró casi el 50 por ciento. La votación de Fajardo y Petro, más allá de sus diferencias ideológicas y políticas, representa una sociedad cansada de las maquinarias y la politiquería. El susto para las élites fue tan grande, que salieron corriendo despavoridos para donde Iván Duque, allá llegó el Partido Conservador, el gavirismo, Cambio Radical y parte de La U, todos los políticos que se han aliado con criminales, que han desangrado a Colombia se arroparon en el uribismo. Allí llegaron los carteles de Odebrecht, del sida, de la hemofilia, los kikos Gómez, los ñoños, entre otros. Lo único que estos políticos piden es que no los toquen y al parecer Duque les garantizó eso.
En verdad estoy cansado, o como se dice popularmente, mamado, de que los mismos corruptos y politiqueros de siempre nos gobiernen. Me cansé de que la gente no tenga qué comer, me cansé de la corrupción, me cansé del arribismo político, me cansé de que maten jóvenes y los disfracen de guerrilleros, me cansé de la injusticia. Y eso es lo que quiero cambiar.
El próximo 17 de junio el voto es entre el cambio y el statu quo. Por ello votaré por la paz y el cambio. A las próximas generaciones les quiero decir que hice todo lo que estuvo a mi alcance para dejarles un país mejor, y eso me lleva a votar por la paz. Por eso voto por Gustavo Petro. Con Petro no comparto muchas cosas, habría preferido en segunda vuelta votar por Fajardo, pero no logró pasar. Por ello debo tomar partido entre las dos opciones que nos quedan y voy a votar por la paz y sin miedos.
Por Juan Fernando Londoño.-En el año 2018, luego de los resultados de la primera vuelta, el Partido Liberal, en cabeza de su director, César Gaviria, decidió adherir al candidato uribista, Iván Duque.
La historia se repite y tal como ocurrió en 2010 todos pronostican la muerte del Partido Liberal acusándolo de arriar sus banderas y entregarse al uribismo.
Sin embargo, de cara a lo sucedido durante estos ocho años, cabe preguntarse, ¿fue equivocada o acertada la decisión del liberalismo de acercarse al candidato uribista en2010 para hacer parte de la coalición de gobierno?
No me cabe duda que fue un acierto por parte del liberalismo hacer parte del gobierno de Juan Manuel Santos. Gracias a la presencia de ese partido, el nuevo presidente pudo acoger nuevos temas, como la Ley de victimas, que el mismo Santos había ayudado a hundir cuando era ministro de Uribe. La presencia del liberalismo le otorgó un gran margen de maniobra al nuevo presidente para desplegar una agenda que fuese mucho más allá de la continuidad de la seguridad democrática.
Y lo más importante, la presencia del liberalismo permitió a Juan Manuel Santos iniciar los diálogos de paz en unos términos mucho más pragmáticos y realistas que los propuestos por su antecesor. Recordemos que el propósito de Uribe era dar a las Farc un tratamiento de guerrilla derrotada, lo cual imposibilitó que esa guerrilla iniciara diálogos antes de 2010. Santos pudo avanzar en la negociación y en la firma de un acuerdo de paz porque tuvo el margen de maniobra necesario para distanciarse de Uribe y firmar la paz posible y realista, que es la que se obtuvo en La Habana.
Ahora que la historia se repite se han levantado de nuevo las estridentes voces que acusan al liberalismo de entregarse al candidato de Uribe y anuncia su velación. Lo mismo que en 2010. Pero al igual que en esa fecha, hay que intentar entender la acción del Partido Liberal desde la ética de la responsabilidad sobre la ética de la convicción que describió con maestría Max Weber. Según Weber, vale la pena recordarlo, la ética de la responsabilidad es la propia del mundo política, pues tiene que dar cuenta de las consecuencias de los actos. En este caso el liberalismo tenía tres opciones, la primera apoyar a Petro, opción que fue descartada varias veces durante la campaña, recordemos que el candidato De la Calle buscó alianzas con Fajardo, pero nunca con Petro y por eso descartó participar en la consulta interpartidista con él. Simplemente al liberalismo no le convence ni la propuesta ni el estilo de Petro, y no estaba dispuesto a avalar una candidatura de ese tipo de izquierda.
La opción del voto en blanco tenía todas las desventajas que se han visto en las críticas que ha recibido Humberto de la Calle por tomar esa vía, pero no ofrecía ninguna perspectiva para la clase política liberal que preferían apostar a algún lado, incluso a riesgo de equivocarse. Así que la tercera opción era apoyar a Duque, como en su momento apoyaron a Santos, porque en política uno no siempre escoge lo que quiere, sino que escoge entre las alternativas que tiene. La intención del liberalismo parece ser darle a Duque un margen de maniobra para que no dependa de Uribe ni esté al servicio del ala más reaccionaria de la derecha.
En el liberalismo conocen a Iván Duque, pues creció y se formó allí, al lado de su padre quien fue ministro y registrador. Muchos en el liberalismo incluso recuerdan su labor como subsecretario del partido hacia el año 2000 al lado de Eduardo Verano. La trayectoria y convicciones de Duque fueron formadas en el Partido Liberal, y la presencia de ese partido en su gobierno será la oportunidad de que como presidente se reencuentre con ese ideario.
Desde mi punto de vista, lo que pretende el liberalismo, así sea muy impopular decirlo, es evitar que Duque quede atrapado de la agenda más reaccionaria del Centro Democrático garantizándole una coalición lo suficientemente amplia para que desarrolle una agenda propia de gobierno, tal como lo hizo Santos en 2010. Falta ver si al liberalismo de nuevo le vuelve a sonar la flauta en esta apuesta o si queda atrapado como socio minoritario del uribismo.
Por José G. Hernández.-Para la segunda vuelta de la elección presidencial, que nos lleva a escoger entre los dos candidatos que mayor votación obtuvieron en la primera ronda -Iván Duque y Gustavo Petro-, algunos de quienes fueron aspirantes con menor votación han planteado la idea de votar en blanco.
La democracia es un sistema en que, con libertad, cada ciudadano, mediante el voto, contribuye a la toma de trascendentales decisiones para la vida de la sociedad. Para el efecto, escoge entre las opciones existentes, y para aquellos a quienes ninguna de tales opciones convence, la propia democracia ha aportado la del voto en blanco. Con él se busca permitir que el ciudadano participe, en ejercicio de su derecho y en cumplimiento de su deber, dejando la constancia de no haberse inclinado por ninguna de las alternativas existentes. Lo cual es perfectamente legítimo y brinda la oportunidad de participar, en vez de la simple abstención (no votar), que nada aporta.
Pero, desde luego, los ciudadanos que decidan votar en blanco en esta ocasión deben tener presentes varios elementos que no han subrayado los proponentes:
-El voto en blanco tiene un efecto jurídico -es decir, se refleja en una toma de decisión si es mayoritario- solamente en los términos del artículo 258 vigente de la Constitución, que fue modificado mediante Acto Legislativo 1 de 2009, cuyo parágrafo 1 reza:
“Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una Corporación Pública, Gobernador, Alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando del total de votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría. Tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras en las de Corporaciones Públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral”.
Así que, mientras el voto en blanco tiene mucha importancia en el caso de la primera vuelta de las elecciones presidenciales -en cuanto, si llegare a ser mayoritario, conduce a borrón y cuenta nueva en materia de candidatos y a la repetición de las votaciones-, carece de todo efecto jurídico y práctico en la segunda vuelta, en que de todas maneras se escoge únicamente entre los dos candidatos con mayor número de sufragios.
-Así las cosas, no se justifica -desde el punto de vista de sus efectos- la inclusión, en la tarjeta electoral, de una casilla para el voto en blanco. Pero, obviamente, en un sistema democrático también debe ser estimulada por las autoridades la libertad de expresión. De modo que, como tampoco está prohibido el voto en blanco para la segunda vuelta, debe permitirse -como se hizo- a quienes prefieran votar con esa orientación, así no surta unas consecuencias específicamente electorales. Será Presidente de la República quien obtenga el mayor número de votos frente al otro candidato, así haya muchos votos en blanco.
-Algunos se inclinarán por la abstención. No es ella lo más indicado en momentos tan decisivos para la vida y el futuro de nuestra sociedad.
-Otros querrán acudir a las urnas pero depositar su tarjeta sin marcar. Sobre eso debemos decir dos cosas:
1) No se está votando porque no se adopta posición alguna, y en consecuencia esa tarjeta no se tiene en cuenta. Tiempo perdido. Para esa gracia, mejor el fútbol.
2) Se facilita la adulteración de los resultados, pues cualquier jurado deshonesto podría aprovechar para marcar la tarjeta no marcada.
Votemos en paz y a conciencia.
Por Rafael Rojas.- En dos países latinoamericanos, México y Colombia, vivimos procesos similares de polarización política, en momentos electorales simultáneos.
En toda América Latina tienen lugar esas polarizaciones, pero por lo general se trata de conflictos permanentes a nivel ideológico o político, entre las opciones extremas del neoliberalismo y del neopopulismo, adscritas a los ejes geopolíticos en pugna. En los grandes países del Cono Sur y los Andes, con todo lo que digan Rafael Correa o Evo Morales o con lo terrible que sea la prisión de Lula da Silva, esas polaridades nunca han sido inmanejables.
No estoy diciendo que no haya izquierdas antisistema o derechas conservadoras y autoritarias en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador y Bolivia. Por supuesto que las hay, pero las democracias de esos países cuentan con suficientes resortes mediadores como para impedir que la polaridad interna se mezcle con la externa. A pesar del evidente revanchismo de las derechas brasileña o argentina, nunca se podrá decir que la crisis actual del PT o el kirchnerismo, dos corrientes activas en las oposiciones de ambos países, signifique el colapso electoral de la izquierda en el Cono Sur.
En México y Colombia, la polaridad electoral que estamos viviendo sí podría producir las dos cosas: una peligrosa mezcla entre el conflicto doméstico y el geopolítico y una desfiguración, igualmente dañina, de las identidades de la izquierda y la derecha en la democracia latinoamericana. Ambos son países con costas en el Caribe y el Pacífico, y son determinantes para el mundo antillano, centroamericano y andino. Ambos, países con una relación especial con Estados Unidos, construida durante décadas por la guerra civil, el narcotráfico, la emigración, el libre comercio y la seguridad fronteriza.
Pero hay una diferencia sustancial en el sistema político de los dos países que puede decidir el futuro de la actual polarización: en Colombia hay segunda vuelta y en México no. Eso significa que quien llegue a la Casa de Nariño en Bogotá, Iván Duque o Gustavo Petro, estará en condiciones de crear alianzas y pactos para gobernar en mayoría. Mientras que en México, Andrés Manuel López Obrador o una inconcebible coalición entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade, difícilmente rebasaría el 45% de los votos. Quien llegue a la Presidencia en México, tendrá, inevitablemente, a más de la mitad del electorado en contra.
Lo peor que podría pasar en una polarización política, como la de Colombia o México, es que el candidato y el partido vencedor decidan insertarse agresivamente en alguno de los bloques regionales en pugna. Por ejemplo, que Gustavo Petro en Colombia o López Obrador en México imaginen que la mejor manera de reforzar su poder interno sea aliándose a Nicolás Maduro o haciendo causa común con la Alianza Bolivariana. No creo, realmente, que eso suceda, como sostienen algunos, pero tampoco hay que descartar de gratis los peores escenarios.
