Opinión
Por Amylkar D. Acosta M.- "Mejores prácticas para mejorar vidas": Lema de la Ocde.
Se lo propuso y lo logró. Eran dos las obsesiones del Presidente Juan Manuel Santos. Desde el 7 de agosto de 2010, al asumir la Presidencia de la República, se empeñó en el propósito de encontrarle una solución política negociada al conflicto armado con las FARC y el 24 de noviembre de 2016 firmó con Rodrigo Londoño, alias Timochenco, el Acuerdo final. Y el día de hoy Colombia fue admitida en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), gracias a su perseverancia y después de pasar el examen de los 23 comités que sirven de filtro para el ingreso de nuevos miembros. Dios premia la paciencia y la constancia vence lo que la dicha no alcanza.
Colombia se convierte en el socio número 37 y en el tercer país Latinoamericano, junto con México y Chile, de este club de buenas prácticas fundado en 1961, que tiene como propósito fundamental “compartir experiencias y buscar soluciones a problemas comunes”. Como lo afirma el profesor de la Universidad EAFIT Oscar Eduardo Medina, “estar en la OCDE es muy interesante porque es pertenecer a un club social que nos da una identificación interesante con inversionistas y puede jugar a favor en momentos en que pesa la baja en la calificación de Standard & Poor’s”. Explicó, además, que su membresía a la OCDE se convierte en “un elemento de presión para que Colombia empiece a tener otros estándares” más exigentes para sus políticas públicas.
Al dar su espaldarazo a la gestión adelantada por el Gobierno tendiente a acceder a la OCDE, la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) y la Cámara de Comercio de EEUU manifestaron en una Declaración al término de su reunión en Washington, que ello contribuye a “elevar los estándares, mejora las políticas públicas y fortalece las mejores prácticas en Colombia, atrayendo mayor inversión a la economía por tener un ambiente más transparente y estable”.
En una primera reacción, una vez que el Consejo de ministros de la OCDE, a través de su Secretario General Ángel Gurría, hizo el anuncio de la admisión de Colombia, el Presidente Santos dijo que con este paso que se acaba de dar estaremos “comparándonos con los mejores para ser mejores”. Y no le falta razón en ello. No obstante, es preciso entender que ingresar a la OCDE por parte de Colombia es, a la vez, un punto de llegada y un punto de partida, pues de ahora en adelante le tocará emular con los demás países miembros de la misma, con los que ahora se va a codear, para estar a la altura de los estándares que se comparten por parte de ellos, los cuales le servirán de baremo retador. El listón para las políticas públicas y la gobernanza, en todos los ordenes (económico, social, laboral y ambiental, especialmente), estará ahora mucho más alto, lo cual nos obliga salir de la zona de confort en que por décadas se ha mantenido la economía colombiana, con todas sus limitaciones. Ese es el reto, ese es el desafío mayor a encarar.
Como lo afirmó William Thomson Kelvin (Lord Kelvin), físico y matemático británico (1824 – 1907) “lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que nose mejora, se degrada siempre”. Este es el mayor mérito de hacer parte de este club tan exclusivo: nos vamos a someter a unos parámetros supremamente exigentes, lo que va a demandar esfuerzos de largo aliento, que sólo son posibles adoptando políticas de Estado y no de gobierno, cuyo período es escasamente de cuatro años. Esta será la mejor carta de presentación de Colombia ante al resto del mundo, que empezará a mirarnos con otros ojos, nuestra exposición será mayor porque nos tendrán en el radar, pero al mismo tiempo seremos objeto de un riguroso y continuo monitoreo por parte de los organismos multilaterales y, desde luego, por parte de las firmas calificadoras de riesgo.
En la postrimería de su gobierno el Presidente Santos deja estos dos legados, el del Acuerdo final con las FARC, pendiente de su implementación y el de la admisión de Colombia a la OCDE, con las tareas que conlleva, las cuales le quedan por delante a la próxima administración para ver de honrar sus compromisos. Quienes aspiran a sucederlo tendrán que tomar atenta nota de los compromisos adquiridos tanto con las FARC como con la OCDE, los cuales comprometen al Estado, no sólo al Presidente Santos, que ya está de salida. Digamos con Víctor Hugo que “el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad”. Seamos valientes y capaces de aprovechar esta ventana de oportunidad!
Bogotá, mayo 26 de 2018
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Por: Guillermo García Realpe.- Se llegó el tan esperado día, hoy los colombianos estamos llamados con nuestro voto a transformar el futuro del país que nos espera en los próximos cuatro años y eso sólo lo podemos lograr acudiendo masivamente a las urnas y votando libremente por la mejor propuesta.
Todos queremos que sea un país donde quepamos todos, donde se dé continuidad a los buenos programas, donde se luche por erradicar la pobreza, transformar el modelo de salud, con más facilidades de acceso a la educación superior, hacer mejoras sustanciales al sistema de justicia, necesitamos un país más moderno en toda su red vial, necesitamos un país que combata a fondo la corrupción que es el principal mal que hoy nos aqueja, merecemos una Colombia visionaria de grandes reformas, donde la inversión social llegue a los más apartados rincones de la geografía nacional, necesitamos un agro fortalecido y con más apoyo estatal, un medio ambiente protegido de la amenaza minera, un país donde hayan garantías para la oposición y sobre todo necesitamos un nuevo gobierno que se la juegue por la Paz y que defienda todos los postulados logrados en el proceso de La Habana, sólo así lograremos dejarle a las nuevas generaciones un país viable y futurista.
En esta nueva contienda presidencial, esa a la que nuestra democracia nos convoca cada cuatro años, trae enormes retos que tenemos que superar. En esta elección hay candidatos de todos los matices y partidos. Todos tienen sus méritos para llegar a la primera magistratura del Estado.
Sin duda quienes defendemos y apoyamos los ideales liberales votaremos decididamente por Humberto De La Calle Lombana, un candidato serio, con experiencia, con fuerza intelectual, con carácter, al que muchos lo citan como el mejor candidato de todos.
Humberto De La Calle, es un hombre honorable, que defiende las causas justas, las libertades, ha luchado toda su vida contra la guerra, la que él califica como la peor de todas las injusticias. Un colombiano que se la ha jugado a fondo por la Paz de Colombia, el arquitecto del proceso de La Habana y quien lideró la creación de la tutela, esa figura que ha sido de bastante utilidad para que los colombianos hagan valer sus derechos ante las instancias legales y que quedó plasmada en la Carta Política del 91, esa misma que ayudó a construir de forma abierta y pluralista.
Humberto De La Calle, es un hombre que le ha aportado mucho al país, ha demostrado de lo que está hecho y de lo que es capaz, por eso merece el apoyo de los colombianos para pasar a segunda vuelta.
De La Calle es un hombre que ha escalado posiciones con gran esfuerzo para llegar donde hoy está, no le ha tocado fácil y es el resultado de la valentía de una familia de provincia que vivió la guerra de cerca, incluso le toco huir de ese flagelo desde muy temprana edad, por eso decíamos que ha luchado toda su vida contra la guerra.
Colombia tendría sin lugar a dudas a un gran Presidente en los próximos cuatro años, un Jefe de Estado centrado, sin grandes maquinarias, sin padrinos políticos, un Presidente decente que va a combatir a fondo la corrupción, que va a defender la Paz, esa misma que ayudo a diseñar durante cinco años en La Habana, un Presidente de provincia que le cabe el país en la cabeza y un luchador que garantizará equidad social.
Por esto y mucho más ¡Yo Voto por Humberto De La Calle!
Por: Jorge Enrique Robledo.-En los casos de Iván Duque y Germán Vargas Lleras no se sabe qué es peor: si son unos convencidos de las medidas y de las formas de gobernar de quienes los tienen de candidatos a la Presidencia –Uribe y Santos– o si no lo son, si lo que hicieron fue acomodarse a concepciones y actos que no compartían, para poder escalar en su beneficio personal en el poder del país. Si Colombia está tan mal, es porque siempre ha tenido éxito el truco de los candidatos que se presentan como el cambio, pero en realidad llegan a hacer lo mismo que los presidentes que no modificaron lo que debía cambiarse y que con frecuencia empeoraron lo que había. Para el país, digo. Porque a algunos les va de maravilla.
La presidencia de Sergio Fajardo es la que más les conviene a los intereses nacionales en razón de su trayectoria política y de su programa de gobierno, todo realizable en los cuatro años de su administración porque no engatusa colombianos pintándoles pajaritos de oro.
Porque Fajardo no ha hecho su carrera política al amparo de las prácticas corruptas y clientelistas de los mismos con las mismas, a quienes, a mano limpia, venció en las elecciones que lo llevaron a ser alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, gobiernos que dirigió sin apelar ni a la mermelada ni a otras corruptelas, a pesar de que la casi totalidad de los miembros del Concejo y la Asamblea pertenecían a las fuerzas políticas derrotadas.
Su propuesta anticorrupción ya está en ejecución con la consigna de “ni un peso por un voto; el que paga para llegar llega a robar”, consigna que enfatiza la idea de que la corrupción colombiana no es principalmente un problema de la falta de normas sino de las malas prácticas de los gobernantes. ¿O será que no sabían que era ilegal la financiación extranjera y que Odebrecht no los respaldaba sino que los sobornaba? ¿El Fiscal anticorrupción corrupto y los del cartel de las togas ignoraban que estaban violando la ley? Y tampoco es cierto que presidentes y ministros hayan sido las inocentes víctimas de los políticos torcidos de las regiones, en realidad sus subalternos.
La educación es la propuesta principalísima de Fajardo. Su gobierno será el que más invertirá en educación, en todos sus niveles, en la historia del país, irá a este sector cada peso que se les quite a los corruptos y habrá un considerable aumento de la inversión en Investigación y Desarrollo. Terminarán los días del maltrato y minusvaloración a las maestras y maestros, pues no puede haber sistema educativo de alto nivel que no parta de la base del mayor respeto y respaldo a los docentes. Y en su gobierno se cumplirán los acuerdos del proceso de paz.
En el gobierno de Fajardo se crearán 1,5 millones de empleos formales, a partir de respaldar la producción industrial y agropecuaria de todos los tamaños, producción que ha sido atacada desde 1990 y de cuyo éxito también depende reducir la desigualdad social, entre las peores del mundo. En su gobierno se revisarán los TLC, que tanto daño le han hecho a Colombia.
De acuerdo con Manuel Rodríguez, el programa ambiental de Fajardo es el mejor de todos los candidatos. Porque enfrenta las causas de esta crisis y defiende la idea de que el cuidado del ambiente y el derecho de las comunidades a decidir al respecto no son obstáculos al progreso, sino el correcto sustento de la transformación y respeto de la naturaleza en beneficio del país.
Fajardo, de otra parte, es el candidato que menos resistencias genera entre los colombianos, lo que lo pone en condición de poder vencer a cualquiera en la segunda vuelta, que es de lo que se trata. Entre las varias informaciones que coinciden en esto, cito a Yanhaas sobre por quién nunca votaría: Fajardo, el bajísimo 2 por ciento; Petro, el muy alto 42 por ciento y Duque, el mediocre 26 por ciento. Fajardo es, entonces, quien sí puede evitar la pesadilla de reelegir a Uribe.
Así se entiende por qué la candidatura de Fajardo ha venido remontando con tanta fuerza –porque gana indecisos y lleva a que otros cambian sus votos–, según lo muestran las cifras y, sobre todo, el respeto, el cariño y el respaldo que se siente en las calles entre las gentes de todos los orígenes sociales y políticos, hechos que lo deben pasar a la segunda vuelta, cuando ganará la Presidencia e iniciará el cambio democrático que necesita Colombia. Se quedará en ficción el decir de los voceros de Duque y de Petro de que el domingo todo se limita a escoger entre ellos.
Nota. Este artículo se escribió antes de las elecciones.
Bogotá, 25 de mayo de 2018.
Por Gabriel Ortiz.- Se llegó la hora de salir a votar y poco se sabe sobre lo medular. Los colombianos quieren elegir un presidente que le ponga fin a la corrupción, que maneje su propia agenda, sus decisiones y que mantenga la paz.
El que defiende la paz, es incoherente; la coherencia solo la tiene quien destruye la paz. (Lo dijo veladamente el expresidente Uribe en reportaje a El Nuevo Siglo).
Las fórmulas contra la corrupción son débiles, engorrosas y a muy lejano plazo. Deben superar penosos trámites en un congreso repleto de corruptos. Vargas Lleras le notificó a sus parlamentarios: “se acabó la robadera”. De la Calle sentenció denuncias ejemplares.
En otros temas, las ofertas son interesantes, incluidas las de Petro, Fajardo y Duque.
Grave sí, que casi todos los candidatos, sin sonrojo, quieran sacar leña del árbol caído. Mientras respetables economistas y autoridades del mundo exterior alaban, lisonjean y loan el comportamiento de nuestra economía, varios de los aspirantes, campanilla en mano, censuran el manejo que se ha dado a nuestras finanzas. Poca importancia les merece un crecimiento del 2.2% durante el año comprendido entre los marzos de 2017 y 2018.
El que llegue va a tener, no ríos de leche y miel, pero sí una economía satisfactoria dejada por Santos y protegida por los buenos precios del petróleo y la minería, que debe aprovechar para crear industria y fortalecer la agricultura, así Petro considere que solo de aguacate vive el hombre. No podemos quedarnos en la manida oposición que solo ve hectáreas de coca, guerra e ingratos recuerdos del AIS, Das, Reficar, parapolítica y demás corruptelas.
Casi todos tienen como meta un país grande, fortalecido y en paz. Lástima que a Duque, figura joven y con ganas, le pongan freno desde ahora. Su jefe quien pregona -en el referido reportaje- que este “no será títere de Uribe, las Farc, ni Maduro”, le fije pautas que van, desde un cogobierno con Marta Lucía, hasta ordenar un derrotero basado en “economía cristiana, de solidaridad, que se resume en cero corrupción, cero derroche, cero mermelada a la política, menos impuestos, congelar el predial y aliviar el IVA”. Esa es la cartilla para el cogobierno Duque-Marta. Uribe debería dejarlo libre… él sabe volar solo.
Sin lugar a dudas, Colombia requiere en estos momentos, un gobernante con agallas, osadía, coraje, independencia y valentía, para sacar adelante esta nación, ávida y ansiosa de un futuro colmado de ganas para salir adelante, desterrar la corruptela que se lleva 60 billones de pesos cada año, eliminar el odio entre hermanos y afianzar la paz duradera que ya reina en buena parte del territorio.
Vale la pena hacer un alto en el camino que nos permita estudiar cuidadosa y acertadamente las propuestas de los candidatos, antes de salir a depositar un buen voto que nos lleve a la felicidad.
BLANCO: La escogencia que hagan los colombianos del mejor presidente.
NEGRO: La casa por cárcel para el zar de los refrigerios escolares.
Por Juan Fernando Londoño.- El sistema electoral colombiano está lleno de vacíos y debilidades, eso lo hace muy vulnerable a que los políticos aprovechen para distorsionar la voluntad de los ciudadanos y se cometan frecuentes y severos hechos de corrupción que rara vez son castigados, pero de allí a creer que es posible robarse unas elecciones presidenciales en Colombia hay mucho trecho.
Las distintas fases del proceso electoral en Colombia están plagadas de engaños y distorsiones. En el período de campaña, por ejemplo, muchos candidatos gastan más dinero de lo que está permitido y la contienda electoral se transforma en una competencia de chequeras. Para agravar la situación, los recursos provienen tanto de organizaciones criminales como de contratistas interesados en obtener beneficios del Estado. Ese dinero se usa para comprar votos y distorsionar la voluntad de los ciudadanos, pero estos hechos se dan durante la campaña electoral y no durante el proceso de conteo de los votos.
En el caso de la labor de conteo y registro de la votación, también se presentan problemas, sin duda, pero no todos se pueden atribuir a la intención de fraude. Un ejemplo de esto ocurrió hace poco con el fallo del Consejo de Estado sobre el partido Mira. En dicho fallo se demostró que muchos tarjetones fueron anulados por encontrarse dos marcas pero esto se produjo por el contacto de la tinta mojada del plumígrafo al momento de doblar la tarjeta electoral y la decisión de los jurados de votación fue anular dichos votos, erróneamente, no porque nadie les hubiese pagado para perjudicar al partido Mira.
Por esto resulta necesario ser más cuidadosos a la hora de realizar un análisis sobre los problemas del fraude en las elecciones en Colombia y distinguir la naturaleza de los distintos problemas.
En primer lugar, muchas de las dificultades existentes se originan en la falta de preparación de quienes actúan como agentes electorales el día de los comicios. Las fallas en el conteo se deben las más de las veces a problemas de criterio o incompetencia de los jurados electorales, y rara vez a la captura de los jurados para ejercicios de fraude. Curiosamente, la aleatoriedad en la escogencia de la selección de los jurados electorales es un elemento que contribuye a evitar la corrupción, pues hace muy difícil que los actores políticos puedan controlar la ubicación de los mismos. La Registraduría ha realizado esfuerzos por calificar la labor de los jurados, quienes ahora reciben capacitaciones previas pero esto no los exime de cometer errores que insisto en que no se pueden asociar totalmente a una intención fraudulenta.
Un escenario más complicado es el de las comisiones escrutadoras, cuyo número más reducido podría facilitarse más para el fraude, pero es difícil poner de acuerdo a todas las instituciones que en dicha instancia participan, amén de que en muchos casos los partidos y candidatos designan personas para acompañar dicho escrutinio. Nuevamente, es más factible controlar una o unas comisiones escrutadoras, pero un control generalizado de dichas comisiones es impensable.
Los ciudadanos, una y otra vez manifiestan su escepticismo sobre la transparencia del proceso electoral. La respuesta a esa insatisfacción ha sido la presentación de reiteradas iniciativas de reforma electoral, pero las mismas han naufragado en medio de la oposición de los políticos, las autoridades electorales y la propia justicia. Lo cual ha reforzado la idea de que el resultado electoral está controlado y manipulado.
Todo esto hace necesario que el nuevo gobierno lidere un proceso de transformación de la institucionalidad electoral, tanto mediante la creación de una verdadera justicia electoral, la independización y profesionalización de los órganos de gestión electoral y una gerencia moderna con procesos adecuados, incluido en lo pertinente la adopción de alguna modalidad de voto electrónico, además de la adopción de un código electoral que refleje las realidades del siglo 21.
Los vacíos y problemas de nuestra organización electoral permiten que a pequeña escala, algunos sean capaces de alterar los resultados en beneficio propio, logrando que aparezcan y desaparezcan votos según conveniencia. Pero trasladar esa manipulación a una escala más grande resulta inviable. Para un proceso de elección presidencial, el sistema electoral colombiano es prácticamente imposible de manipular debido a la cantidad de personas e instituciones que intervienen.
No solo es impensable que se puedan coordinar jurados de votación en todo el país para manipular sincronizadamente las cifras, sino que los soportes del conteo de la Registraduría difícilmente son controvertidas en los procesos de escrutinio. Quedaría entonces la opción de que alguien manipule el software, como se ha sugerido por algunos, pero un señalamiento de este tipo olvida el hecho fundamental que en la medida que los colombianos votamos con papeletas cualquier manipulación del software se caería en el reconteo.
En conclusión, para tener un debate serio sobre la corrupción electoral y las posibilidades de un fraude masivo, no se puede asumir que las múltiples fallas del proceso electoral son debidas a corrupción y tampoco creer que sea posible la manipulación del sistema para alterar la selección presidencial.
En Colombia, para la campaña presidencial, el que escruta no elige.
Por José G. Hernández.-Está bien que los dirigentes del Eln hayan resuelto ordenar a sus filas un cese al fuego durante la época de las elecciones. Dicen que "cesarán actividades militares del 25 al 29 mayo, para aportar a unas condiciones favorables que le permitan a la sociedad colombiana expresarse en las elecciones".
Cuando se adoptan esas decisiones -que se le comunican a la sociedad colombiana como si se tratara de una especie de gracia o generosa concesión- el ciudadano del común levanta los hombros en señal de no importarle, porque sabe muy bien que, tras esa temporal pausa -no siempre cumplida-, los terroristas volverán a actuar, quién sabe dónde, y con mayor impulso criminal.
Está bien que, al menos durante unos días, dejen de ejecutarse actos contra la población y la fuerza pública, pero estaría mejor que, si en realidad la organización guerrillera tiene una auténtica voluntad de paz -como lo proclama de continuo y como, al parecer, lo cree el Gobierno-, el cese de actividades delictivas sea definitivo.
Colombia quiere la paz, hasta ahora no alcanzada y al parecer muy lejana, pese a las proclamas presidenciales en las giras alrededor del mundo. No se trata de una paz procurada a la carrera para dar la impresión de que se llegó a ella antes del 7 de agosto.
La paz que todos deseamos es una paz real y sincera, para beneficio de la actual y de las futuras generaciones. Qué presidente la logre es lo de menos, pues el objetivo de la colectividad no reside en el otorgamiento de más premios internacionales, que de nada le sirven al campesino que padece los horrores de la guerra.
Se trata de una paz para Colombia, que se busque en el marco de la Constitución y con un auténtico compromiso de las partes. Para conseguirla no son aconsejables los afanes del gobernante de turno. Se requiere el diálogo, el fecundo intercambio de conceptos; la adecuada información; el no uso de cartas marcadas; la consideración seria, razonada y ponderada de las condiciones indispensables para el proceso de diálogo y para que los acuerdos a los que se llegue cumplan unos requisitos mínimos: que sean razonables, coherentes, convenientes para la mayoría, firmes y posibles. Y sobre todo, como nos lo enseña la frustrante experiencia del Acuerdo firmado con las Farc, con suficientes garantías de mutuo cumplimiento, dentro de reglas claras, expresadas con lenguaje sencillo y conciso.
No somos partidarios de un diálogo por el diálogo, sin unos objetivos del mismo, y sin una mínima ética, tanto de parte del Estado como de la guerrilla. Ni tampoco creemos que deba llevarse a cabo mientras una de las partes sigue asesinando, secuestrando, sembrando minas, emboscando y matando policías o soldados, procesando y exportando estupefacientes.
Desde luego, si, como quiere el Ejecutivo, se desarrolla un proceso de paz con el Eln -apenas con un cese al fuego transitorio-, es recomendable que, por una parte, los negociadores estatales repasen lo ocurrido con las Farc, vean los muchos errores cometidos durante el proceso y a lo largo de la llamada implementación, e introduzcan correctivos. Y por otra, que sean los alzados en armas quienes se someten a la institucionalidad, y no el Gobierno el que ceda a los designios e imposiciones de aquéllos.
Por Jairo Gómez.- ¡Última hora, última hora! Perifoneaban con insistencia por las calles de Cannes en el festival de cine que se realizó por estos días en Francia. Los cinéfilos adictos al séptimo arte y los críticos ahí presentes se devanaban los sesos para tratar de entender lo que estaba sucediendo.
Entonces, apareció una gran valla en la que se proponía una película de ficción de última hora para concursar por la palma de oro: “Hidroituango: crónica de una tragedia anunciada”, director: gobernador de Antioquia, Luis Pérez. Productor: Jorge Londoño, gerente EPM. Con el patrocinio de clase política antioqueña corrupta, y protagonizada por más de 120.000 humildes pobladores de cerca de diez humildes pueblos que quedaron al borde de desaparecer del mapa.
Con esta metáfora festivalera no quiero minimizar el incalculable desastre provocado por la larvada corrupción que, sin duda, afectó la megaobra, pero lo hago para protestar por una irresponsable declaración del gobernador Pérez quien, en su afán de ocultar qué sabe qué y proteger a quién sabe a quién, habló de una película o ¿telenovela? de ficción y responsabilizó a los periodistas de estar inventándose fantasiosas historias, mientras miles de vidas estaban en peligro y se enterraban entre el lodo y el concreto miles de millones de dólares por tamaño fracaso.
Hoy, en plena campaña electoral, ¿quién responde por esta tragedia? Pretenden ocultar la corrupción que se instaló en el megaproyecto de Hidroituango echándole la culpa a la naturaleza y listo; dicen que una falla ecológica es el origen de la tragedia. Eso no es cierto, todo apunta a que hubo corrupción, desidia, negligencia. El guion les resultó mal escrito porque desoyeron a las comunidades campesinas y a las autoridades ambientales que, en su momento, les advirtieron sobre la fragilidad de los terrenos y la improcedencia de la obra. Pero la codicia y el dinero fácil mandan.
A todas estas, cabe una pregunta: ¿qué dicen los candidatos presidenciales? Los colombianos que iremos el próximo domingo a las urnas queremos saber qué piensan Fajardo, Vargas Lleras, De la Calle, Duque y Petro. No es oportunismo político y tampoco una utilización indebida de la tragedia, ése no es el relato. Como ciudadano, reclamo que en los debates presidenciales que restan este sea un tema central de discusión. Auscultar la verdad y buscar responsables no es una banalidad y mucho menos un método de aprovechamiento político.
No más llamados a la “unidad nacional ante la tragedia”, no más eufemismos, queremos resultados y que los responsables paguen. No hacerlo es opacidad. Los colombianos, por muchos años, nos hemos comido ese cuento, el de la unidad ante la tragedia, mientras el oportunismo político y criminal se apodera de los dineros públicos.
Cerca de 34 millones de colombianos aptos para votar tenemos en frente un tarjetón que nos debe poner a reflexionar: Reficar, Chirajara, Odebrecht, Hidroituango, mafias, carruseles de la contratación y los etcéteras que le quiera colgar. Votemos bien, hagámoslo por la decencia.
@jairotevi
Por Amylkar D. Acosta M.- “Qué fue de tanto galán, qué fue de tanto primor como trujeron”: Poeta Jorge Manrique
Este 15 de mayo se cumplieron los primeros 6 años de la entrada en vigor del TLC que firmó Colombia con los EEUU en 2006 y los resultados del mismo para nuestro país no son los que se anunciaron para sobrevender sus beneficios ni los que se esperaban por parte de los más incautos. El tiro nos salió por la culata, pues el TLC no fue más que vísperas de mucho y día de nada. Veamos.
El eufórico ex ministro de Comercio Sergio Díaz Granados auguraba que “para el 2014 Colombia debe contar con 13 tratados comerciales con 50 países”, porque asumía que con ellos estábamos alcanzando el cielo con las manos, era considerado la panacea. La negociación del TLC fue tortuosa y torticera y, de paso, terminó llevándose de calle la Comunidad Andina de Naciones, que quedó hecha trizas, después de ser Colombia su principal gestor e impulsor. Y así dejamos lo cierto por lo dudoso.
Para empezar, la promesa del TLC era que gracias al mismo Colombia mejoraría ostensiblemente la dinámica de sus exportaciones a la potencia del Norte, que el crecimiento de la economía del país se vería impulsado por el sector externo. No obstante, entre 2012 y 2017 nuestras exportaciones hacia los EEUU se desplomaron en casi el 50%, al pasar de US $21.969 millones FOB en 2012 a US $10.540 millones en 2017 y, lo que es más grave, el grueso de nuestras exportaciones se concentran, según cifras de la Cámara de Comercio Americana, en las exportaciones tradicionales, esto es productos minero-energéticos, en proporción de un 73.8% de la totalidad de las exportaciones en ese lapso, que fue de US $85.278 millones. Y, como es bien sabido, para venderle carbón y petróleo a EEUU, que dicho sea de paso han venido reduciéndose también, no se necesitaba ningún TLC. La balanza comercial y la economía colombiana siguen al vaivén de los precios de las materias primas, de allí que la reducción reciente del déficit en la Cuenta corriente de la Balanza de pagos entre 2016 y 2017 del -4.4% al -3.3% obedece al repunte de dichos precios.
Como lo había advertido el Presidente de ANALDEX Javier Díaz “podríamos correr el riesgo de tener unos TLC de una sola vía, por la cual los empresarios traigan para su comercialización en el país, aquellos bienes que antes producían y los cuales ahora simplemente resulta más beneficioso importar para su venta en el mercado local”. Dicho y hecho! Y ello a pesar de que en el 2015 se revirtió la tendencia de la cotización del dólar y se registró una devaluación del peso del 37.2%. Según el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, “la tasa de cambio flexible nos ayuda a estimular las exportaciones y a sustituir importaciones, por lo que se reduce el déficit en cuenta corriente” y remataba diciendo que “el peso más débil ayudará a la recuperación del crecimiento, llevándolo a su ´velocidad de crucero´ de entre 4.5% y 5% por año. Pues nada de lo que él previó pasó, empezando porque el crecimiento del PIB en el 2015 cerró en un 3.1%, muy por debajo del 4.6% de 2014. Y esta desaceleración de la economía no para y se prolongó hasta el 2017, con un anémico crecimiento del PIB de 1.8%, después del 2% de crecimiento del 2016.
En Colombia no se ha querido entender que, como lo acota el experto Manuel José Cárdenas, “los tratados de libre comercio generan oportunidades de negocios, pero no los negocios… De nada nos servirá abrir mercados sino tenemos que exportar”. En ello coincide con el consultor Jorge Alberto Vásquez: “una cosa son los acuerdos comerciales y otra la posibilidad de aprovecharlos: Firmamos acuerdos, pero no contamos con producción para exportar, ni la generamos”. Colombia no se ha preparado para afrontar el reto que significa la firma de los TLC con otros países con los que no competimos, por que, como lo afirma Andrés Oppenheimer “está demasiado obsesionada con el TLC y poco obsesionada con la productividad”. Mientras Colombia no mejore su competitividad, diversifique su producción, sus exportaciones y los mercados de destino de estas, el crecimiento de la economía será insostenible. Hay que hacer un alto en el camino y replantear el fracasado Modelo económico para lograr desatascar la economía, que debe crecer para igualar e igualar para crecer más. Qué esperamos para dar ese timonazo?
Bogotá, mayo 19 de 2018
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Por Juan Manuel Galán.- A menos de 8 días de la elección presidencial, no se sabe cuál es la propuesta de los candidatos para abordar la política de drogas en Colombia. Este mercado ilegal tiene impactos sociales, ambientales, políticos y económicos para nuestro país y los candidatos, para responder a ellos, se debaten entre posiciones populistas de prohibicionismo y penalización.
Las propuestas centradas en salud pública, derechos humanos y regulación del mercado no son rentables electoralmente. Para poder evaluar que tan coherentes son las propuestas con la radiografía de nuestro país, es necesario conocer la evidencia; y en eso, Colombia está avanzando para consolidar una mejor información.
Hace muy poco tiempo fueron entregados los resultados de la Encuesta Mundial de Drogas 2018 realizada por la GDS (Global Drugs Survey), que incluye información sobre nuestro país. Se trata de una encuesta que, sin perder rigurosidad, indaga sobre temas incómodos pero necesarios en el consumo de drogas. Se preguntó, por ejemplo, sobre si llega más rápido una pizza o un gramo de cocaína a la casa, cuánto cuesta un gramo de cocaína en los diferentes países del mundo y asuntos cómo cuándo perdió la virginidad con las drogas.
Colombia fue el país que más participantes tuvo en América con 1.439, cuyo promedio de edad fue de 28 años. Solo por mencionar algunos de los resultados más relevantes, la encuesta presentó un estudio que muestra que los precios varían ampliamente en todo el mundo, desde menos de 10€ / gramo en América del Sur, a un promedio de 60-80€ / gramo en algunas partes de Europa. También mostró que en comparación con el año 2007 cuando Colombia era el segundo país del mundo que usaba más de 1 gramo por sesión de consumo, este año se redujo a 0.4 gramos por sesión y además, seguimos con el valor más bajo de un gramo de cocaína, alrededor de 5.4€.
Como dato curioso, la encuesta mostró que según los entrevistados, en Colombia el 38% puede recibir cocaína en menos de 30 minutos, mientras que solo el 25% puede recibir pizza en menos de 30 minutos. Los hallazgos de esta encuesta, buscan convertirse en una guía para tener conversaciones honestas sobre el consumo de drogas y diseñar acciones eficaces para promover la salud, reducir los daños y abordar nuevos temas como el de la Deep web, un submundo en internet, que está modificando el panorama de lo que conocíamos. Bajo este contexto, repetir formulas fallidas de fumigación, cárcel, erradicación forzosa y penalización de dosis mínima, no aportaran mucho a la meta de reducción del consumo en nuestros jóvenes ni a los problemas de micro-tráfico.
Por: Guillermo García Realpe.- El megaproyecto Hidroituango del que tanto se escucha hablar por estos días tiene con los nervios de punta a todo el país y principalmente al departamento de Antioquia, región que quiere dominar el 70% del mercado energético nacional.
Sin embargo, este titán de la ingeniería que tiene un costo superior a los once (11) billones de pesos y que estaría listo en diciembre próximo, cambió radicalmente los planes iniciales, incluso, el Presidente de Empresas Públicas de Medellín –EPM- Jorge Londoño De La Cuesta, advirtió a varios medios de comunicación que aún no tiene claridad sobre la continuidad de las obras y si el mega proyecto es viable luego de esta crisis que ya es conocida y que afecta por supuesto toda su infraestructura.
Se habla insistentemente también que eventualmente la presa podría desmoronarse de dos formas, la primera si el agua logra derribar el enrocado de la cresta y una segunda, sería una posible erosión en la base de la presa y en cuya parte posterior el agua está transitando.
Cualquier situación que llegase a presentarse sería muy nefasta, traería enormes implicaciones y según se ha dicho por parte de expertos podría causar un daño muy superior a lo sucedido en Armero, es decir, Puerto Valdivia, y municipios como Nechí, Cáceres desaparecerían totalmente del mapa, al igual que la zona baja de Tarazá y Caucasia en un 70% según lo manifestó el propio Presidente de EPM, algo realmente muy grave. ¡Ni pensarlo!
En toda esta zona de influencia del bajo Cauca antioqueño y aledaña a HidroItuango viven cerca de 120 mil personas que estarían en riesgo extremo, pero hasta el momento han logrado evacuar poco más de cinco mil, por eso las autoridades no ahorran esfuerzos en trabajar incansablemente para sensibilizar a la comunidad de la situación y para ponerla a salvo de cualquier amenaza. Por supuesto hay que preservar también la vida de las personas que trabajan en la obra.
Sin duda, es un problema de grandes dimensiones como el proyecto en sí, nadie al inicio imagino una situación de esta naturaleza.
Pero si a esta grave tragedia social y ambiental le faltaban ingredientes, sorprendió la Fiscalía General de la Nación al advertir que existirían también posibles sobornos en los contratos de construcción de Hidroituango, que según el Fiscal Néstor Humberto Martínez pondría en aprietos a las firmas Conconcreto y Camargo Correa.
El jefe del ente acusador ha señalado que “hay indicios que dan cuenta por las evidencias recaudadas y así se hizo de conocimiento público, de que habría pagos en el proceso de contratación de esa represa”, de confirmarse tal situación estaríamos de frente los colombianos ante un nuevo caso de corrupción de enormes proporciones muy superior a los ya conocidos como Reficar, Odebrecht, Foncolpuertos, y muchos otros que el país recuerda.
Sería increíble, que el más ambicioso proyecto de los últimos tiempos en Colombia también haya caído en manos corruptas que hoy se esconden sin señalar culpables ni responsables. Será entonces tarea de las autoridades correspondientes desenmascararlos, presentarlos a la luz pública y hacer que respondan ante la justicia por la gravedad de sus acciones.
En los próximos días, una vez se minimice el riesgo que hoy presenta la mega obra, vamos a realizar un debate de control político cuya fecha sería establecida por la mesa directiva para que quienes tienen relación directa e indirecta con Hidroituango comparezcan ante el Senado y le expliquen al país sus acciones.
En ese orden de ideas vamos a citar a debate de control político a los Ministros de Minas y Energía, Medio Ambiente, Interior, y vamos a invitar al Procurador General de la Nación, al Fiscal General de la Nación , al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo, al Gobernador de Antioquia, al alcalde de Medellín, al gerente de Empresas Públicas de Medellín y a Representantes de la zona de influencia, para que respondan sobre las causas, alcances y circunstancias graves de la tragedia de las últimas semanas alrededor de este importante proyecto hidroeléctrico en Colombia.
A pesar de que muchos sectores políticos no querían aprobar la proposición de citación a este debate al final lo logramos y en muy pocos días haremos que el país conozca de sus mismos protagonistas todo lo que ha sucedido con este colosal proyecto que hoy tiene en apuros a unos pocos poderosos, y con gran preocupación a 50 millones de colombianos.
