Opinión
Por José G Hernández.- En el actual proceso político se han observado dos fenómenos que tienen relación:
-Por una parte, formas violentas de protesta, abucheos y ataques físicos a las caravanas de los candidatos a la presidencia de la República y al Congreso por el partido Farc, de tal modo que inclusive ellos han resuelto suspender su campaña.
Con independencia de si todas las expresiones de rechazo a alias "Timochenko" y sus correligionarios han sido espontáneas o provocadas, conviene analizar lo acontecido.
Es preciso reconocer que en el país se ha visto un generalizado rechazo al hecho de que, en virtud de normas y sentencias incoherentes, personas sindicadas como máximas responsables o ejecutoras de la comisión de crímenes atroces, de guerra o de lesa humanidad, sin haber pagado pena alguna y sin haberse sometido a las investigaciones y los procesos judiciales, hayan pasado directamente a participar en la política y a aspirar a altas dignidades dentro de la organización estatal. Y además, hay razón en que, hasta ahora, de parte de las Farc, no ha habido verdad, justicia, reparación, ni garantías de no repetición. Ello explica, si bien no justifica, algunas de las airadas reacciones de los ciudadanos.
Desde luego, pensamos que el tránsito de los antiguos guerrilleros de las Farc a la institucionalidad -que es lo natural en todo proceso de paz- habría podido darse sin trastocar las etapas, de suerte que las aspiraciones políticas hubiesen estado precedidas por los fallos de la Justicia -al menos en cuanto a los crímenes de lesa humanidad-, y que se hubiese participado una vez se estuviera en verdadera paz -la que depara la Justicia- con la sociedad y con las víctimas
Pero aunque no haya sido así, lo mejor en cualquier proceso político es el discurrir pacífico de las ideas, y que cada cual vote según su criterio.
-Por otra parte, se ha observado una excesiva pugnacidad entre los candidatos de los distintos partidos, tanto al Congreso como a la Presidencia de la República.
Una campaña política tiene su sentido y su razón de ser en la comunicación entre los candidatos y sus posibles electores, con el objeto de que los primeros presenten sus ideas, propuestas y programas, así como sus criterios acerca de los problemas que afectan a la comunidad y la manera en que los enfrentarían desde sus cargos, de modo que los segundos, debidamente ilustrados e informados, procedan a decidir por quiénes votarán.
La moda consiste, sin embargo, en el camino fácil de la descalificación del contrario, el denuesto, el insulto, la calumnia, el descrédito. Para ello, las redes sociales -valiosos adelantos de la tecnología, dignos de mejor uso- se han convertido en maravillosos vehículos, no para informar sino para desorientar, para la guerra sucia. No se exponen los objetivos que buscaría cada candidato en el ejercicio de su actividad, sino los defectos -reales o artificialmente creados- del rival.
En vez de eso, los candidatos nos deberían decir qué piensan, que harán y cómo, si son elegidos, en asuntos tan graves como el auge de la corrupción, el narcotráfico, el micro tráfico, el terrorismo y la inseguridad. Sus propuestas en materia económica y social. En cuanto a ecología y recursos naturales. O con el desempleo, la pobreza, la desigualdad, el abandono de muchas regiones.
En fin, hacemos votos por campañas políticas en paz, con propuestas y sin guerra sucia.
Por Jairo Gómez.-Colombia es un país dado a mirar para otro lado cuando se trata de resolver problemas estructurales. Uno de ellos, por ejemplo, es la desigualdad. Un asunto que debería copar la agenda pública, y que la academia, centros de pensamiento, medios de comunicación y, por supuesto, gremios económicos y políticos deberían estar debatiendo a fondo.
Lo digo, porque ya es tema recurrente cada año por parte de entidades especializadas que identifican los niveles de desigualdad en los diferentes países en el mundo, como Naciones Unidas, la Cepal y Oxfam. Estos centros de observación global todos los años ponen en los primeros lugares del tablero a Colombia.
Según la Cepal, la desigualdad en Colombia es superior a la de la mayoría de los países en la región. En la última evaluación, correspondiente a 2017, asegura que es el segundo país más desigual en la distribución del ingreso en la región; el 1 por ciento más rico de la población concentra el 20 por ciento del ingreso.
Y ese tema está pasando de agache en el actual debate electoral. Salvo Gustavo Petro, que ha esbozado inversiones millonarias en la educación, los demás candidatos no lo tienen como punto central en su agenda. No hay una discusión que vincule a la sociedad y tampoco un debate serio que por lo menos nos diga qué hacer para cerrar esa brecha social, que hoy es más profunda y cada día se acrecienta más. Este sin duda, debe ser un tema de campaña. Pero no de promesas.
Cómo es de molesto que utilicen a los ciudadanos para lograr unos propósitos a base de promesas y que después no las cumplan. Así ocurrió hace cuatro años, cuando el presidente Santos, en busca de la reelección, asumió el compromiso con los trabajadores colombianos de hacer una reforma laboral y devolverle, a los ciudadanos, sus horas extras. Por supuesto, nos mamó gallo.
Sigamos con ejemplos. Uribe en su primer mandato, apoyado en la cresta de la popularidad que lo eligió en primera vuelta (2002), llegó a su gobierno a reformar el sistema laboral de los colombianos con el argumento de la flexibilización laboral. El resultado: nos mochó de un plumazo las horas extras y precarizó el trabajo en términos generales. Su reforma fue regresiva para el trabajador y próspera para los empresarios.
Estas decisiones derivaron en un proceso de desigualdad dañino: ahora contratan a destajo y no hay posibilidades de acumular unas cesantías que, para cualquier persona de ingresos medios, son una ayuda para adquirir vivienda y educar a sus hijos. Eso se acabó. Y lo acabó el gobierno de la cohesión social.
Estas nefastas políticas económicas supuestamente cimentadas en argumentos de reactivación de la economía y del empleo hoy toman cuerpo en la desigualdad referida, sin tocar asuntos tan sensibles para la medición de este tipo de variables como lo son la educación y la salud, sumidas en una crisis irreversible. “La Colombia de este siglo es para los no educados, mototaxismo, salones de belleza e informalidad en el sector minero”, graficó crudamente en un foro, el hoy ministro de Salud, Alejandro Gaviria.
A Gaviria no le sobra razón, la economía colombiana ha venido navegando en unos márgenes de mediocridad en el que el precario crecimiento económico solo beneficia al gran capital y las políticas públicas para mitigar la desigualdad, son una quimera.
Con una realidad así, Colombia retrasa cada día más su rumbo al progreso y la modernización; no nos llamemos a engaños. La desigualdad es un asunto de debate público que no se puede seguir evadiendo; menos ahora que estamos a punto de elegir un nuevo gobierno.
@jairotevi
Por Guillermo García Realpe.-. Cuando todos esperábamos que la Corte Constitucional en el libre ejercicio del derecho le iba a dar la estocada final a la fiesta brava en Bogotá permitiendo la realización de la Consulta Antitaurina en marzo próximo, en una sorpresiva decisión, el alto tribunal fallo en contra de ese derecho de los ciudadanos bogotanos y le lanza el balón a los predios del Congreso de la República, para que sea desde el Capitolio donde se tomé la trascendental decisión.
Al anular la Sala Plena de la Corte Constitucional el fallo T-121 del 27 de febrero del año pasado, en el que le había ordenado a la Alcaldía realizar la consulta popular, cercenan el derecho democrático de los ciudadanos de la capital para pronunciarse en las urnas legítimamente sobre una de las prácticas más violentas que más temprano que tarde deben desaparecer no sólo en Colombia sino en el resto de países donde se desarrollan.
Sin duda alguna que esta noticia nos entristece, porque el sufrimiento, la barbarie y la muerte de indefensos seres vivos se prolongan nuevamente, cuando el objetivo nuestro y de todas las organizaciones animalistas es ponerle fin a estas prácticas sádicas y crueles de maltrato animal.
Por lo tanto era menester que se le permitiera a la gente de Bogotá pronunciarse al respecto, como se le ha permitido en muchos aspectos en otras consultas ciudadanas, consultas populares a los partidos políticos. No es un buen mensaje que para unas circunstancias especialmente de carácter partidistas sí haya consultas y no lo haya para temas de interés social y ciudadano.
En este sentido recojo las palabras de Natalia Parra, directora de la Plataforma ALTO y una de las líderes animalistas más importantes de Colombia, “la Corte demuestra que la democracia participativa en el país sólo está en el papel y no aplica cuando toca los intereses de los poderosos.
El voto de los ciudadanos sólo sirve cuando es por otro. Pero cuando somos los ciudadanos los que promovemos procesos como el de la consulta antitaurina, nos damos cuenta de que nuestro voto no sirve”.
Claramente las palabras de Natalia, expresan el sentir de un colectivo general de la mayoría de los ciudadanos que pedimos a gritos que esas crueles prácticas camufladas como arte y cultura deben desaparecer ¡YA!.
La decisión de la Corte al acoger la ponencia del magistrado Carlos Bernal, es un mal mensaje para el país y sobre todo para quienes defendemos la vida, los derechos de los animales y las prácticas de sana convivencia y de Paz con la Naturaleza.
Es sin duda, una afrenta a la democracia participativa y demuestra cómo evitan que la ciudadanía se pronuncie cuando el tema toca los intereses de los poderosos que gozan con la barbarie, la tortura y la muerte.
Sin embargo, esta es una victoria pírrica para los taurinos, seguiremos adelante promoviendo el proyecto de Ley 271 de 2017 de autoría nuestra que pondrá fin no sólo a las corridas de toros, sino también a las corralejas y tientas en nuestro país.
Esta iniciativa ya surtió su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y ahora esperamos la discusión en la Plenaria de esa corporación para así avanzar en sus dos últimos debates en el Senado de la República.
Ojalá que antes de terminar el último período de esta legislatura el Congreso en un acto de seriedad y altura legislativa de la estocada final a estás practicas nefastas que siguen generando violencia y muerte a seres indefensos que también merecen vivir al igual que nosotros.
Por Amylkar D. Acosta M.-La aguda crisis que afronta Venezuela tiene tres aristas fundamentales, la política, la económica y la social, con una gran imbricación entre ellas tres. Desde 1999 empezó a gestarse en Venezuela lo que denomina acertadamente el sociólogo argentino O´Donnell la “democracia delegativa” o de “baja intensidad”, que llevó a los venezolanos a delegar todo el poder de decisión en las manos de un líder mesiánico, carismático y providencial, como lo fue en vida Hugo Chávez Frías. Y ello fue posible por el desencanto del pueblo y su desapego a la institucionalidad, a consecuencia de la corrupción rampante y el desprestigio de la política y de los políticos tradicionales. El “socialismo del siglo XXI” que preconizó Chávez y profundizó Maduro ha conducido a Venezuela a un callejón sin salida y ha trocado a Venezuela en un Estado fallido. De hecho Venezuela ocupa el puesto 117 entre 167 países calificados por The Economist Intelligence Unit y Ecoanalitica en el Índice de democracia, con una puntuación de 3.87 sobre 10.
Es bien sabido que la políticaes la expresión concentrada de la economía, no se pueden separar la una de la otra, pretender separarlas sería como intentar aplaudir con una sola mano. La economía sigue la suerte de la política y esta la de aquella. La política económica durante el largo período de la llamada “revolución Bolivariana” ha sido un desastre, pues lejos de superar las dolamas que agobiaban a la economía a consecuencia de su total dependencia del petróleo, se acentuaron. Sus exportaciones de crudo representan el 96% de las exportaciones totales y de allí que mientras el precio del mismo superaba los US $100 el barril, la bonanza de los petrodólares alcanzaba para dar y convidar. Pero esta es sólo una cara de la moneda.
Como bien dijo Warren Buffet, “cuando baja la marea se sabe quien nadaba desnudo” y eso pasó con Venezuela. Después de exportar crudo a US $246.50 el barril en junio de 2008, su precio llegó a rozar los US $25 en enero de 2016, para luego repuntar en el 2017 hasta alcanzar el precio promedio de US $52.10 el barril, muy lejos de los añorados US $100. El impacto de la destorcida de los precios en su balanza comercial y en sus finanzas públicas ha sido demoledor, tanto mayor en cuanto que al desplome de los precios se vino a sumar la caída de la producción, desde los 3.4 millones de barriles/día en 1998, en vísperas del ascenso de Chávez al poder, a los 1.83 millones en noviembre de 2017. Y las expectativas no son halagüeñas, ya que la exploración viene de capa caída, de 81 taladros en operación en 2013 pasó a sólo 40 en 2017. Ello no deja de ser paradójico en un país que cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo (297.000 millones de barriles), por encima de Arabia Saudita.
Este descalabro de la industria petrolera en cabeza de la estatal PDVSA ha arrastrado a la economía, hundiéndola en una profunda recesión, en la que se combina una caída del crecimiento del PIB del 15% en el 2017 con una hiperinflación sin par en el hemisferio de 2.616% (¡!), según el FMI, el único país en el mundo con inflación de cuatro dígitos. Se estima que Venezuela ha perdido 40% de su PIB en los últimos 4 años, durante los cuales se ha venido destruyendo su aparato productivo. El férreo control de precios por parte del Gobierno, la intervención del mercado y las medidas confiscatorias que se han tomado sólo han servido para provocar el desabastecimiento de los productos básicos y el saqueo del comercio por parte de turbas enardecidas para hacerse a ellos. Esta espiral alcista ha dado al traste con el poder adquisitivo del Bolívar “fuerte”, al punto que la tasa conocida como Dicom, ahora la única oficial, que se cotizaba en agosto de 2017 a 4.146.13 bolívares por Euro, pasó ahora a transarse, con el “Nuevo Sistema de Cambio Complementario”, por disposición del Banco Central, a 30.987.5 bolívares (¡!). Es tanta la desmesura que de muy poco les ha servido a quienes devengan el salario mínimo en Venezuela que en el transcurso de 2017 se lo hubieran reajustado 6 veces (¡!) y que arrancara el 2018 con un primer reajuste del 40% (¡!).
El Gobierno de Nicolás Maduro atribuye esta calamitosa situación a la “guerra económica” que le ha declarado el “Imperio” y se enfrenta a este tal y como el ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha lo hizo contra el espejismo de los molinos de viento. De allí que, en su desesperado afán de evitar el colapso de la economía llegó al extremo de aferrarse a la criptomoneda, cuya moneda virtual bautizó con el sugestivo nombre de Petro, dizque “para vencer el bloqueo financiero” del cual, supuestamente, es objeto Venezuela. Según él dicha moneda está respaldada por la riqueza del país, fincada en sus reservas de petróleo, gas, oro y diamante. Pero estas maniobras no han impedido que las firmas calificadoras de riesgo Standard and Poor´s y Fitch rebajaran la nota para la deuda soberana de Venezuela y a la misma PDVSA a “categoría especulativa de alto riesgo” y “default selectivo”, respectivamente. Es un hecho que la economía venezolana ha implosionado y le tomará mucho tiempo reponerse.
Barranquilla, febrero 10 de 2018
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Por Gabriel Ortiz.- Encuestas con diversos resultados, propaganda negra, posverdad, falsas noticias, extravagante y malintencionado populismo, terrenos vedados, sabotaje a concentraciones, odio, polarización extrema y total desorientación reinan en esta campaña electoral para Senado, Cámara y Presidencia.
El engaño y la mentira apestan, desorientan a los electores y estimulan la creación de organizaciones que coartan la libertad a electores, candidatos, partidos y movimientos.
A De la Calle le niegan un foro universitario y a Timochenko lo insultan, apedrean e impiden llegar a las plazas públicas. Afloran candidatos cuyas banderas llevan el único sello del insulto, el descrédito y la descalificación de sus contendores. Los tuits repletan el internet con toda suerte de mensajes, generalmente falsos. Increíble que un conocido e influyente personaje haya aprovechado las redes para insultar y vituperar a quien va ganando, con la publicación del montaje de un falso afiche de Fajardo.
Hay una organización ambulante -que parece ser de una disidencia del CD- detrás de las manifestaciones de la Farc, que insulta y lanza objetos para impedir que sus simpatizantes puedan conocer los programas y objetivos. Si hemos logrado la paz, debemos respetarla y respetar a sus actores. Son populistas que posan de mansas ovejas y redentores de un país que va por buen camino.
La manida arenga de que seremos Venezuela con Maduro y todo, ya está desgastada. Por ello se acude a una palabrería violenta sin límite. Los hermanos venezolanos vienen a Colombia porque somos un país próspero y con futuro asegurado.
Hay quienes quieren ganar el próximo gobierno contra viento y marea. Con compra de votos, con engaño, poniendo a la gente a rabiar y conducirla a las urnas con odio en sus corazones.
Por ahora, tenemos una perentoria advertencia de la Corte: “todos son responsables de lo que suban a las redes sociales”. Ya hay material suficiente para empezar a sancionar. Los conocidos hacker están actuando al igual que los manipuladores de votos.
Entre tanto, la sociedad debe estar lista para defender nuestra democracia, amenazada por el populismo. Ese populismo que las extremas quieren aplicar en Colombia. Ese experto en engañar a los electores y asustarlos con los fantasmas de Maduro y del No.
La Colombia sensata está alerta para impedir que el aterrador espectro, ese coco del populismo, que asusta y aterra, pueda desviar unos resultados electorales limpios, utilizando preliminares encuestas, para pescar en rio revuelto.
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Hoy, día del Periodista en Colombia, debemos rendir un homenaje a los defensores de la libertad de expresión, a un grupo de colegas que ha creado la Fundación Colombiana de Periodismo, que busca poner fin a la posverdad y a las noticias falsas. Es la única organización que se ha ocupado de este cometido que nos conducirá a la verdad y al rescate de la reportería y la ética, para defender la democracia y la libertad de prensa.
BLANCO: La buena hora de Millonarios campeón.
NEGRO: Toda Bogotá, es el nuevo relleno sanitario.
Por José G Hernández.- Ante el rechazo de comunidades a las cuales ha concurrido en busca de votos, Rodrigo Londoño -“Timochenko”- ha dicho que “no tiene por qué arrepentirse” de sus delitos pero que pide perdón por ellos.
Aunque no me quiero referir a su responsabilidad penal, pues definirla corresponde a la Justicia, vale la pena reflexionar sobre los términos usados. Se ha puesto fin a un conflicto en cuyo curso se cometieron crímenes atroces, de lesa humanidad, y se causó inmenso daño a miles de víctimas.
María Moliner, en su Diccionario de uso del Español, recuerda que la voz “arrepentirse”, del latín “paenitere”, lo mismo que “penitencia”, significa “sentir haber hecho o dejado de hacer cierta cosa, bien por no encontrarla conveniente después de hecha, bien por ser una mala acción o por el daño causado”.
La misma obra señala que la expresión “perdonar”, del latín tardío “perdonare”, significa “renunciar alguien voluntariamente a castigar una falta, delito u ofensa, o a cobrar una deuda”. También quiere decir “no guardar resentimiento ni responder con reciprocidad cuando se recibe un agravio o se es objeto de falta de la estimación o el cariño por parte de alguien”.
Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la palabra “arrepentimiento” es “pesar de haber hecho algo”; en Derecho, es arrepentimiento “el que manifiesta el reo en actos encaminados a disminuir o reparar el daño de un delito, o a facilitar su castigo. Puede ser circunstancia atenuante”.
Aunque el “arrepentirse” es algo que proviene del fuero interno de quien ha cometido la falta o el crimen, o que ha inferido agravio u ofensa, al paso que el “perdonar” alude a la actitud del agraviado (o del Estado, en los sistemas en que se contempla la figura del perdón ejecutivo, legislativo o judicial), lo cierto es que, cuando del agresor o criminal proviene la petición de perdón dirigida a la víctima, a la sociedad o al juez, el arrepentimiento no es solamente un sentimiento que comienza y termina en el interior del arrepentido, sino que se traslada a la víctima o al Estado, unido ese sentimiento a la voluntad de no volver a incurrir en la falta o en el crimen del que se trata.
Ninguna importancia jurídica tendría pedir perdón pero sin el arrepentimiento y la consiguiente voluntad de no repetir la conducta por la cual se pide perdón. No es sincera, ni es digna de crédito la expresión de solicitar perdón por un hecho u omisión -lo que encierra la promesa y seguridad de no repetir la misma conducta-, sin haberse arrepentido de haber actuado o dejado de actuar en daño de un determinado bien jurídico o en perjuicio de una o varias personas. En tal caso, se pediría perdón, pero reservándose la decisión futura de repetir o no el mismo delito, con la misma o con otras víctimas.
Si quien ofendió o causó daño dice no arrepentirse, está diciendo que le parece bien lo que hizo, y por tanto, que lo volvería a hacer, porque estima que obró correctamente. Ello es muy grave para una sociedad que no quiere repetir la experiencia de un conflicto en que, por acciones de muchos -que pueden no estar arrepentidos, y que estiman laudable lo que hicieron-, miles de personas fueron lesionadas, torturadas, privadas de su vida o de su libertad. Y ello se hizo como ilícito, contra la ley, contra la sociedad, contra el deber ser, y no como digno de encomio.
La voluntad de paz de quienes conspiraron contra la sociedad y dejaron víctimas en su camino, comienza por el arrepentimiento.
Por Jairo Gómez.- Además de dedicarle diez minutos de su discurso sobre el Estado de la Unión a aterrorizar a los inmigrantes nacidos en los “países de mierda” amenazándolos con la deportación, Donald Trump aprovechó para desprestigiar a China y Rusia, acicate que utilizó para justificar el arsenal nuclear que posee su país y para advertirle a sus ciudadanos el riesgo que representan esos países para USA.
Perdidos los estribos, como lo evidencian sus fallidas salidas en público para tratar de desviar cualquier investigación que corrobore la “manipulación rusa de las elecciones” a favor de su candidatura en detrimento de Clinton y la entrada de dinero ruso al proceso electoral, Trump le ordenó a su secretario de Estado, Rex Tillerson, realizar un periplo por América Latina con una tarea específica: desprestigiar a Pekín, su gran competidor comercial, y a Moscú, el enemigo estratégico de Washington en la región.
Previo a comenzar su larga correría, Tillerson habló para los estudiantes en una universidad americana y, tras matizar las verdaderas intenciones de su viaje, decidió lanzarle un misil al gobierno de Maduro, y no descartó la posibilidad de que los militares de ese país tomen cartas en el asunto y retiren al presidente venezolano del poder. En resumen: eventualmente, apoyaría un golpe de Estado.
Lo curioso de este viaje del secretario de Estado es que en dos países de los cuatro que componen el periplo, se celebran elecciones este año: México y Colombia. Curiosidad que no termina ahí: en estos dos países en mención los aspirantes presidenciales que encabezan las encuestas son de centroizquierda.
Pues bien, Tillerson en México dijo: “Sabemos que Rusia tiene sus huellas dactilares en elecciones de todo el mundo. Mi recomendación es que presten atención a lo que sucede”. Blanco es, gallina lo pone y frito se come, dice el refrán popular. Cree la Casa Blanca, además de tratar de opacar el apoyo de una trama rusa a Trump para derrotar a Clinton, que en México como en Colombia la posibilidad de reeditar un régimen a lo Maduro está a la vuelta de la esquina y el más interesado en que ello ocurra, calculará, es Moscú y su “zarista” líder, Vladimir Putin.
Consciente de haberse aislado erróneamente de la realidad latinoamericana, la Casa Blanca pretende recomponer las relaciones con el sur de América, territorio en el que Pekín como Moscú, le han empezado a pisar los talones a Washington. Pero la tarea no va a ser fácil, creo yo, luego de los desplantes y amenazas que Trump, en su acostumbrada patanería, ha proferido contra estos países: A México, además de tratar de ningunearlo en el TLCAN, le recuerda que el muro en la frontera no se lo rebaja; a Argentina, otro de los países que visitó, le negó la comercialización de limones luego de que Obama le abriera las puertas del mercado gringo; y a Perú, el cuarto país en la agenda, tratará de disuadirlo de salirse de las garras de China, hoy su primer socio comercial.
El gigante asiático ya le respondió a Trump, y en un tono inusual le recordó: “En vez de perder el tiempo criticando a China, quizás sería una buena idea que Washington rebajara la retórica hostil que ha provocado la ira en América Latina con propuestas como endurecer la inmigración, construir un muro o buscar inclinar los tratados comerciales a su favor”.
Y en medio de esta refriega imperial, Tillerson pisará suelo colombiano. Seguramente será el encuentro menos hostil de su visita. Aquí encontrará una gran alfombra roja, garantizada la venia y el besamanos. ¿Qué asuntos albergará la agenda bilateral? Veamos: Sobre Venezuela, ya Santos le dijo que no aceptaba una intervención militar, esperemos que no cambie de parecer. Comercialmente, la dependencia del país del norte es inmodificable, es de acero y aquí China y Rusia son marginales. ¿Entonces qué queda en la tablet? ¿La imposición del glifosato para erradicar los cultivos de hoja de coca? Sin duda, este será un tema central en las narcotizadas relaciones con Estados Unidos. Claro, en vísperas de unas elecciones y con la centroizquierda liderando las encuestas, alertará sobre los riesgos que desde las estepas siberianas decidan meterle la mano al debate electoral.
Aunque en este último punto ni Trump ni su mensajero diplomático tienen la autoridad moral para hacerlo; sin embargo, la advertencia lleva implícita una preocupación: que la centroizquierda llegue al poder.
@jairoevi
Por Amylkar D. Acosta M.- Para seguir avante en el propósito de aprovechar el cuarto de hora que les queda al carbón y al petróleo se tendrán que superar dos escollos que tiene a la actividad extractiva en Colombia en ascuas: la inseguridad jurídica y la conflictividad social. En cuanto a la inseguridad jurídica manifiesta el Presidente de la Asociación Colombiana de Minería Santiago Ángel que “si las cortes siguen abriendo en forma retroactiva y parando los proyectos y las ampliaciones, no vamos a ver el año dorado del carbón en 2018”.
Pero, la verdad sea dicha, una de las principales fuentes del activismo judicial y del exacerbamiento de los conflictos sociales en las regiones en donde operan las empresas extractivas es la falta de un ordenamiento territorial, dando lugar a un conflicto de usos y de ocupación del territorio y de contera un conflicto de competencias entre las entidades territoriales y el Gobierno central. Un ejemplo patético de ello es el lío que se ha armado alrededor de la tardía delimitación del Páramo de Santurbán. A esto se viene a añadir, en el caso de la minería, los vacíos jurídicos que deja el anacrónico Código de Minas, que no responde a las nuevas realidades.
Pero, indudablemente, el detonante de la inconformidad y la insatisfacción en las regiones productoras fue la expedición del Acto legislativo 05 de 2011, que reformó el régimen de regalías en detrimento de ellas, que ahora no se sienten bien compensadas con lo que reciben con el nuevo reparto de las mismas. Alegan y con razón que el mayor impacto económico, social y ambiental de la actividad extractiva se da en el territorio en donde operan las empresas. En su momento se adujeron razones de equidad para repartir la “mermelada” en toda la tostada nacional, pero el impacto no se reparte, se queda en las regiones productoras. Se pretextó también que el manejo de las regalías en las regiones era una fuente de corrupción, pero con el nuevo Sistema General de Regalías (SGR) lo que se hizo fue vender el sofá de la infidelidad, porque la corrupción ha hecho metástasis y ninguna institución o rama del poder público ha escapado a ella. En su momento, ante la amenaza en ciernes del despojo desde las regiones clamaban porque le dejaran las regalías y se llevaran a los corruptos y lo que sucedió fue todo lo contrario, se llevaron las regalías y les dejaron a los corruptos!
Capítulo aparte merece la proliferación de consultas populares y acuerdos municipales en contra de la actividad extractiva. De los 1.122 municipios con los que cuenta el país, desde el año 2013 se han realizado consultas populares en 9 de ellos, en 127 de ellos están en curso iniciativas para prohibir la actividad extractiva a lo largo y ancho del territorio nacional, entre ellas 81 consultas populares y 46 acuerdos municipales aprobados, de los cuales sólo 9 han sido objetados. Las altas cortes le han dado un espaldarazo a estas iniciativas ciudadanas al disponer de una parte que son las entidades territoriales las competentes para determinar la viabilidad de la actividad extractiva en su territorio y de otra que el resultado de las consultas populares tienen efecto vinculante.
Es de anotar que la actividad extractiva ha sido y sigue siendo una de las más importantes fuentes de ingresos del Estado, así como del Gobierno central como de las entidades territoriales, que tienen hoy en día en el Sistema General de Regalías (SGR) casi su única fuente de financiación de sus proyectos de inversión. En el año 2013, la actividad extractiva le llegó a significar al país entre impuesto de renta, regalías y dividendos la no despreciable suma de $29.8 billones, de los cuales $20 billones se apropiaron en el Presupuesto General de la Nación, representando el 29.3% de sus ingresos corrientes. Para ese mismo año el SGR recibió el remanente, es decir $9.8 billones. Es más, según la Contraloría General, entre 2012 y 2016 la actividad extractiva alimentó al SGR con $40.3 billones, de los cuales el 80.4% provinieron de la extracción de crudos y el 19.6% de la minería propiamente dicha.
Y, según el Director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado Luis Guillermo Vélez, el freno de mano que le han impuesto las protestas, bloqueos y oposición a la actividad extractiva se han dejado de recibir ”por concepto de regalías cada año superarían los $226.000 millones y significarán para el país en los próximos cinco años un hueco fiscal de $1.2 billones”. De manera que quienes le dicen no, sin atenuantes, a la actividad extractiva en el país deberán decir también con qué otras fuentes de ingresos se van a suplir los que se dejarían de recibir si ella se paraliza, porque estamos hablando de un monto sustancial de recursos con los cuales se financia tanto el funcionamiento como la inversión del Estado.
Riohacha, febrero 3 de 2018
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Por Mauricio Cabrera Galvis.- La decisión de Humberto de la Calle y Clara López de unirse para las próximas elecciones es una luz de esperanza en medio de las tradicionales divisiones de las fuerzas progresistas del país que les dificultan construir una alternativa que sea ganadora frente a la más organizada derecha, que siempre es capaz de superar sus diferencias para llegar al poder.
Tanto la iniciativa de Humberto de invitar a Clara a ser su fórmula vicepresidencial como la decisión de ella de renunciar a sus aspiraciones de candidata a la presidencia son una demostración de coherencia y madurez política, que es posible cuando hay afinidad en los principios y en los objetivos.
La alianza es coherente porque desde que se lanzaron como candidatos ambos hicieron continuos y persistentes llamados a la unidad de los partidos y movimientos de centro izquierda. Desafortunadamente hasta ahora no ha sido posible, pero ellos decidieron dar un primer paso, que no significa que abandonen su empeño. De hecho, al anunciar su decisión, reiteraron que no desistirán en su propósito de lograr una amplia convergencia para garantizarle a Colombia un posconflicto con profundas reformas sociales.
También hay coherencia por las muchas coincidencias programáticas de las dos campañas. Las comparaciones pueden ser odiosas, pero no hay duda de que a pesar de las diferencias de matices, Humberto y Clara son ambos liberales de izquierda, y que hay mucha más cercanía programática e ideológica entre ellos que la que puede nunca llegar a darse entre el conservatismo tolerante de Marta Lucía y la intransigencia homofóbica del ex procurador, o entre el extremo centro de Sergio Fajardo y la izquierda sesentera de Robledo. Por el contrario, los programas del candidato liberal y los del movimiento “Nuestro partido es Colombia” tenían grandes afinidades. No solo los une el compromiso con la paz sino el consenso con las cuatro prioridades que debe tener el próximo gobierno.
Primera, la equidad y la justicia social. “primero los pobres” dice Humberto, mientras que Clara enfatiza la necesidad de pagar la deuda social; segunda acelerar el crecimiento, modernizar la economía y generar empleo decente; tercera, disminuir la inseguridad ciudadana y cuarta combatir la corrupción.
Por Juan Manuel Galán.-Todos nos preguntamos qué va a pasar con el ELN. ¿Aún es posible sacar adelante un proceso de paz con esta guerrilla? ¿O no tiene ningún sentido la Mesa de Quito? La respuesta parece depender de la voluntad del Presidente de turno, o del respaldo político con el que cuente, de la coyuntura de las elecciones o, incluso, de los comunicados que ordene publicar Gabino. Sin embargo, hay formas más serias de manejar el futuro y la seguridad de un país.
Para tomar decisiones tan delicadas como las que hoy nos convocan, es necesario contar con herramientas adecuadas y suficientes para la recopilación, análisis y transformación de información confidencial dirigida a garantizar la seguridad de más de 48 millones de ciudadanos.
Me refiero a las agencias de inteligencia que deben ser la principal fuente para la toma de decisiones sobre estos temas. En la actualidad, en Colombia existe la Inteligencia de la Fuerza Pública y las Unidades de Inteligencia de la Fiscalía General de la Nación. Recientemente, en 2011 se creó la Dirección Nacional de Inteligencia, como un cuerpo civil encargado de producir inteligencia estratégica y contrainteligencia de Estado y asesorar al presidente de la República y al Consejo de Seguridad Nacional.
Sin embargo, seguimos dejando en el último lugar los servicios de inteligencia civil, perdiendo así una importante fuente de información estratégica para la toma de decisiones sobre negociaciones de paz. La única manera de tener información adecuada y suficiente en materia de inteligencia, es diseñar un sistema de incentivos para que los organismos encargados de ella vuelvan a los objetivos para los que fueron creados y afinen sus herramientas de recolección y análisis. Así, los recursos financieros destinados a la defensa y seguridad del país, se deben distribuir dependiendo de la efectividad de la labor de cada agencia y no de su carácter civil o militar.
