Opinión
Por Jairo Gómez.-Más allá de esta innecesaria e insólita polémica es claro que el proceso de implementación en el Congreso sirvió para que aflorara lo más hirsuto de las posiciones políticas similares a las prácticas insanas que se heredaron del Frente Nacional cuyo pacto no buscaba cosa distinta a que las fuerza tradicionales se perpetuaran en el poder.
Colombia vivió durante casi cinco décadas bajo los poderes excepcionales que le daba al presidente de turno, el estado de sitio. Esa figura la utilizó “la democracia más antigua del continente” para garantizar el orden público y, al amparo de esa facultad excepcional, se consintió la tortura, el encarcelamiento sin orden judicial y la desaparición forzada, es decir, la violación sistemática de los derechos humanos.
Para infortunio de millones de colombianos esos gobiernos, los que aplicaron el estado de sitio, nunca fueron impugnados por autoridad alguna, en aquella época no existía la Corte Penal Internacional (CPI) –El Estatuto de Roma- sino en sus estanterías no cabrían las demandas contra el Estado colombiano.
Los ochenta fueron, literalmente, los años del terror contra los movimientos sociales organizados en acción contestataria y a esas historias terroríficas hoy sobreviven millones de víctimas que nunca supieron de los autores de los crímenes contra sus familiares y amigos; a lo Stalin en la peor época de la Unión Soviética: represión mezclada con desplazamiento y desaparición. Claro, se gobernaba por decreto y la fuerza pública actuaba amparada en las decisiones del poder presidencial bajo la más absoluta impunidad. El Frente Nacional, que nunca desapareció, fue el mascarón de proa para cerrarle las puertas a cualquier manifestación política de oposición.
Toda esta tragedia es la que se pretende superar con la implementación del acuerdo de paz, pero las fuerzas políticas tradicionales en el Congreso actúan bajo premisas retardatarias, ancladas en los cimientos del viejo Frente Nacional: cero apertura democrática y sí a la legitimación del poder de las élites políticas. No de otra manera se puede interpretar la decisión del Senado de desconocer las 16 curules para las víctimas del conflicto armado, tal como se acordó en el pacto de paz.
La decisión del Senado fue políticamente correcta pero jurídicamente incorrecta. Claro, para el presidente de la corporación Efraín Cepeda, que había votado a favor todos los proyectos de implementación de la paz, le quedaba de pa´rriba ir contra las directivas de su partido, el Conservador, que se oponían a la circunscripción por ello optó por una resolución poco convincente y dejó en el limbo el futuro de las 16 curules.
Dicho esto, la estrategia del Gobierno de agotar todas las instancias legales para hacer valer la decisión que tomó la plenaria del Senado es válida, por ello en buena hora el concepto del Consejo de Estado, aunque no vinculante, que asegura que el acto legislativo fue aprobado auguraba un buen presagio. Y días después ese buen presagio se hizo realidad; tras una tutela presentada por una de las víctimas una juez falló en el mismo sentido del Contencioso y ordenó a la presidencia del Congreso enviar el acto legislativo transitorio que crea las 16 curules al presidente de la república para su promulgación. Se hizo justicia con las víctimas y con el Acuerdo del Teatro Colón, que se pactó para cumplirlo.
Más allá de esta innecesaria e insólita polémica es claro que el proceso de implementación en el Congreso sirvió para que aflorara lo más hirsuto de las posiciones políticas similares a las prácticas insanas que se heredaron del Frente Nacional cuyo pacto no buscaba cosa distinta a que las fuerza tradicionales se perpetuaran en el poder. Las consecuencias de este suceso político excluyente aún las estamos pagando los colombianos, llegó la hora de superar este Frankestein, y una paso en esa dirección, por ejemplo, es respetarle las 16 curules a las víctimas.
@jairotevi
Por Mario Ramírez.- Nuestra libertad depende de la libertad de la prensa, y esa no se puede limitar sin que se pierda: “Thomas Jefferson”.
La libertad de prensa, es una bien universal que hay que estar protegiendo minuto a minuto en el mundo entero. Cada día vemos como de una manera u otra, gobiernos totalitarios, dictadores, presidentes molestos con los periodistas, partidos políticos y líderes de todos los pelambres, buscan silenciar a los medios de comunicación, para evitar a toda costa que se publiquen informaciones que consideran adversas a sus intereses personales.
Para lograr su objetivo buscan cualquier excusa, cualquier pretexto para presionar, amordazar o restringir a los periodistas en su tarea de informar a la opinión pública. Los convenios internacionales en esta materia de libertad de prensa, son violados impunemente. Países como Estados Unidos tienen como retorica defender esa libertad, pero en otros países a los que denuncian y sancionan, pero omiten hacerlo en el propio.
Así vemos como la Libertad de Prensa retrocede en los países “democráticos”. Las noticias falsas, las presiones y los populismos erosionan el derecho a la información.
Recientemente vimos como a pesar de que las entidades de inteligencia e investigación estadunidense, declaran que Rusia no tuvo nada que ver ni interfirió en las elecciones presidenciales, se han tomado represalias contra las empresas periodísticas rusas como Rusia Hoy y Rusia TASS, no extendiendo la acreditación ni otorgando visas a sus periodistas .
El Comité Ejecutivo de Corresponsales de Radio y Televisión del Congreso de EE.UU. solicitó a los periodistas de RT América que devolvieran sus acreditaciones para cubrir las sesiones de ese cuerpo legislativo. La resolución fue consecuencia del obligado registro de esta cadena como agente extranjero en EE.UU.
En declaraciones a periodistas al finalizar la cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico en Vietnam, Putin dijo que "un ataque contra nuestros medios en Estados Unidos es un ataque contra la libertad de expresión, sin duda. Estamos decepcionados".
Esta situación ha llevado a que haya respuesta de Rusia, adoptando una nueva ley de medios extranjeros, como respuesta a las medidas del ministerio de justicia americano sobre los periodistas y medios rusos.
Esto entonces agrava la situación de la prensa en ambos países. Se hace necesario aunar esfuerzos de organizaciones y de los colegas en el mundo para presionar a que estas violaciones no se den y evitar que el menoscabo a la libertad de prensa, por intereses políticos o utilizando la manida explicación de que esas restricciones se deben ejercer por asuntos de “seguridad nacional”.
La Ley estadunidense sobre registro de agentes extranjeros (FARA) no restringe formalmente la publicación de materiales, pero en la práctica los periodistas deben informar a los organismos de control, en horas, todos los datos del origen de su noticia, lo que a todas luces, viola la reserva de la fuente y limita las capacidades de indagación del comunicador, para llegar a la verdad. Además con esta advertencia, los funcionarios se abstienen de hablar con los medios, por el temor a ser llamados a declarar por las autoridades.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, alerta en el sentido de que la libertad de prensa y la integridad de los periodistas peligran en Estados Unidos.
El Presidente Trump está socavando la libertad de prensa, al tiempo que peligrosos acontecimientos ya en marcha podrían llevar a un aumento de la violencia contra los periodistas, dijo Zeid.
Trump acusa a los diarios The New York Times, The Washington Post o la televisión CNN de producir fake news, el famoso término acuñado por el mandatario para referirse a mentiras o noticias falsas, y a sus repetidos ataques verbales.
Los Estados Unidos, dicen ser guardián de los Derechos Humanos y trasgrede las fronteras de este sagrado Derecho a la Información, entonces que se puede esperar de otros países, en donde la prensa esta amordazada, censurados sus periodistas y limitados en sus funciones e incluso son asesinados?
Ahora en Colombia, aunque la situación ha mejorado a raíz del acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las Farc, viene una etapa interesante desde el punto de vista de la libertad de prensa, cuando se esté informando sobre La Verdad que deberán verter ante al Tribunal De Justicia Especial de Paz, JEP, dirigentes guerrilleros, políticos, funcionarios y miembros de las fuerzas armadas, que hayan participado en el conflicto interno. La postverdad, deberá constituirse en el muro infranqueable de la paz. Y la prensa es fundamental en esta tarea.
Aquí no podrá haber vacío de información, ni amenazas de ninguna parte para tapar la verdad, con el prurito de que eso entra en la órbita de la seguridad nacional.
La libertad de prensa esta frágil, amenazada y pasa por uno de sus peores momentos. Pero los periodistas no podemos dejarnos arrinconar, ni calificar de terroristas virtuales, ni de atentar contra la seguridad nacional de ningún país, por el hecho de informar sobre hechos ciertos, acaecidos en cualquier parte del mundo.
Preocupan otros ejemplos, como la situación de los periodistas en México, en donde han sido asesinados 10 colegas.
Siria es el país más peligroso para los informadores. Corea del Norte ocupa el último lugar en la lista de 180 países elaborada por Reporteros sin Fronteras.
Egipto ha encarcelado a 24 periodistas. En Libia y Somalia los periodistas son víctimas de ataques terroristas.
Existen otros métodos para restringir la libertad de prensa.La Hungría del xenófobo Viktor Orbán ha asfixiado económicamente el diario de izquierdas Népszabadság. En Polonia, el Gobierno nacionalista y euroescéptico presidido por Beata Szydlo, ha sometido a la televisión y la radio públicas al control del Ejecutivo, dentro de un plan para repolonizar los medios.
Canadá descendió al puesto 22 en la lista de RSF, por espiar a los periodistas y la propuesta del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, para obligar a todos aquellos que deseen entrar en su país a revelar sus contraseñas en las redes sociales, es una nueva amenaza.
En Camboya, un funcionario gubernamental revoco las licencias a Voice of América y Radio Free Asia, y tomo medidas contra medios independientes locales.
El Consejo de Europa, revelo un informe en el que se denuncia presiones ejercidas sobre los periodistas europeos que ponen en riesgo la libertad de prensa. De ahí que reivindique la defensa de los profesionales frente a las amenazas que perturban su trabajo: la prevención de la violencia, la protección de los reporteros y la persecución de quienes cometen atentados contra la libertad de prensa, “un bien que merece ser protegido porque todo intento de debilitarla rebaja la calidad de nuestra democracia”, advierte la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).
Nuevamente la censura ataca la Libertad de Prensa, que vuelve como en épocas aciagas, a estar amenazada, inclusive por las grandes empresas que compran los medios, para manipularlos en su propio beneficio. La propaganda, las noticias faltas y la censura, han dejado de ser algo exclusivo de los regímenes autoritarios y han aparecido en el seno de las democracias.
Por Amylkar D. Acosta M.-La Red Global de la Huella Ecológica (Global Footprint Network) se ha dado a la tarea de monitorear la trazabilidad de la huella de carbono que van dejando tras de sí los países y para ello emplean una especie de contabilidad ecológica de partida doble y a partir de esta poder establecer el saldo a favor o en contra. Esta Red ha podido establecer que desde finales del siglo XX el “Día del sobregiro”, entendido este como el exceso de demanda de servicios ambientales con respecto a la capacidad de reparación o reposición de la naturaleza, se ha ido adelantando progresivamente.
A partir de este seguimiento se ha podido establecer que en 1997 dicho “sobregiro” se presentó a finales de septiembre y este año, diez años después, el 2 de agosto, el más temprano desde que se registraron los primeros “sobregiros” desde principios de los años 70´s (23 de diciembre en 1970). Dicho de otra manera, en 7 meses y 2 días, la humanidad demandó, en términos de recursos ecológicos y servicios tales como alimentos y materias primas, el equivalente a lo que nuestro planeta puede generar y regenerar en 12 meses, agotando el presupuesto ecológico del año en sólo 7 meses largos. El resto del año giramos sobre “vigencias futuras”, lo que nos deparará a posteriori más escasez de agua, desertificación, erosión del suelo, pérdida de productividad agrícola, así como el agotamiento de la flora y la fauna.
Estos excesos de la actividad humana nos están conduciendo a un consumo desaforado de las reservas de ecosistemas que subsisten pese a su depredación, a tal punto que se está demandando de la naturaleza 1.7 veces más de lo que la misma puede proporcionar. O, lo que es lo mismo, a este ritmo requeriremos 1.7, casi 2 planetas, para no poner en riesgo la supervivencia de la humanidad. Y por ahora sólo contamos con uno sólo habitable que es el Planeta Tierra.
Bien dijo Mahatma Gandhi, que “la tierra tiene suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no para satisfacer la avaricia de unos cuantos”. Es un hecho, tal y como lo sostiene el Secretario general del Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) España, Juan Carlos del Olmo “estamos viviendo a costa de los recursos naturales de las futuras generaciones” y ello atenta contra el principio fundamental del desarrollo sostenible. Bien dijo el Secretario General de la ONU Antonio Guterres, al instalar la COP23: “tenemos que cesar de apostar por un futuro insostenible que pone en peligro nuestras economías y sociedades”.
Afortunadamente, si nos lo proponemos, es posible revertir esta tendencia, para lo cual se requiere retroceder cada año el “Día del sobregiro” 4.5 días, si queremos balancear la demanda con la oferta ambiental al cierre del año 2050. Y ello es posible, como dice el Secretario de la Organización Meteorológica Mundial Petteri Taalas, “hay esperanzas”, pues como lo afirma Mathis Wackernagel, Director General de la Red “nuestro Planeta es finito, pero las posibilidades humanas no. Vivir con los recursos de un Planeta es tecnológicamente posible, financieramente viable y nuestra única oportunidad para un futuro próspero”.
Por eso nos parecieron muy puestas en razón las palabras pronunciadas por la Secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) Patricia Espinosa, en el sentido que la 23ª Conferencia de las partes sobre el Cambio Climático de la ONU (COP23) que se celebró en Bonn la semana anterior tenía “que ser la plataforma para que todos los países y sectores de la sociedad tratemos de reducir los riesgos y maximizar las oportunidades de una vía de desarrollo dinámica, que tenga en cuenta un futuro sostenible”.
En concepto de James Hansen, quien durante 32 años dirigió el Instituto Goddard para los Espaciales, como investigador en jefe de la NASA, “sólo hay una manera de que los países y las empresas dejen a un lado esta energía sucia: que les cobren impuestos al carbono a las empresas que vendan y compren productos derivados del carbón y el petróleo”. Y va más lejos, al plantear la necesidad de sincerar los precios de los combustibles de origen fósil, “incluyendo en ellos los costos sociales y medioambientales que, evidentemente, a medida que pasa el tiempo, tendrían que crecer gradualmente, así como crecen los peligros de seguir usando este tipo de energía…Es ilógico que las personas tengan que sacar de su bolsillo el dinero para tratarse las enfermedades respiratorias relacionadas con la contaminación. Lo que propongo es que sean las empresas de combustibles fósiles, vía impuestos, quienes les paguen a los ciudadanos por el daño que les han causado…”.
Y remata diciendo, “locura es, según Einstein, hacer el mismo experimento una y otra vez y creer que puedes obtener un resultado distinto. Pero no estamos haciendo nada distinto a lo que hicimos con el Protocolo de Kyoto, que se cayó bajo su propio peso. Esto tiene que cambiar si queremos sobrevivir”.
Bogotá, diciembre 9 de 2017
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Por Mauricio Cabrera Galvis.-Como todos los años la negociación del salario mínimo empieza con grandes diferencias entre los pedidos de los trabajadores y lo ofrecido por los empresarios. Los trabajadores aspiran a un aumento entre el 9% y el 12%, mientras que la Andi y Fenalco han ofrecido 4,7%, y la Asobancaria 4,5%. Por su parte el Banco de la República recuerda que la inflación esperada es del 3.5%, y que el salario no debería subir mucho más para no presionarla.
Aunque las posiciones encontradas reflejan una simple pugna distributiva en la que los mayores ingresos de los trabajadores implican menores utilidades para los dueños de las empresas, detrás de ellas también hay un profundo debate conceptual sobre el papel que juegan los salarios en el funcionamiento de la economía, donde se asigna mayor o menor importancia a una u otra de las cuatro funciones del salario.
Primero, desde la perspectiva individual de una empresa los salarios son el precio del factor trabajo que incide en sus costos de producción y su competitividad Al considerar el trabajo solo como una mercancía, se llega a la conclusión de que su precio (el salario) no debe subir porque disminuye la demanda por trabajadores, es decir que el aumento del salario generaría desempleo.
Segundo, en el conjunto de la economía el salario mínimo determina la capacidad de compra de la mayoría de la población y por lo tanto el tamaño del mercado interno. Mayores salarios implican que los trabajadores tendrán más plata en sus bolsillos y comprarán más; por lo tanto el aumento del salario puede acelerar el crecimiento porque para vender más las empresas tendrán que aumentar su producción y contratar más trabajadores.
Tercero, en la sociedad el nivel de los salarios es uno de los principales determinantes de la distribución del ingreso. Colombia tiene uno de los peores índices Gini del mundo, es decir una de las peores distribuciones del ingreso, porque los trabajadores solo reciben alrededor de una tercera parte del PIB, mientras que en los países de la OECD esta participación es superior al 50%.
Finalmente, el salario mínimo tiene un fuerte impacto en las finanzas públicas porque varios rubros del gasto público, como las pensiones, están indexados a su aumento. Pero este hecho no responde a una ley económica sino a una decisión política que debe modificarse.
Por José G. Hernández.-Tanto el doctor Rodrigo Uprimny como quien escribe estas líneas hemos sido insultados y ofendidos en las redes sociales por haber expuesto, en nuestras columnas, puntos de vista divergentes en torno a la mayoría que se requería para aprobar la conciliación respecto al proyecto de acto legislativo que estableció dieciséis nuevas circunscripciones especiales. Los dos hemos obrado con el debido respeto y hemos usado argumentos, cada uno desde su perspectiva jurídica. Ello corresponde a una función de los académicos y estudiosos del Derecho Constitucional, máxime cuando se trata, ni más ni menos, del futuro constitucional de la República. En la misma forma, juristas respetables como Jaime Castro, Jaime Arrubla o Juan Manuel Charry han expuesto públicamente sus propias opiniones sobre el mismo tema.
Pero está visto que, en razón de la polarización existente, en las redes sociales todo se desfigura, primordialmente por ignorancia de muchos de quienes en ellas intervienen. Y, a falta de conocimientos o de argumentos, se asumen las posiciones con un concepto puramente emocional -no intelectual-, y se acude a la falta del más elemental respeto que debería imperar en el uso de los importantes instrumentos de opinión que hoy nos brinda la tecnología.
En mi caso, he resuelto consignar mis opiniones de orden jurídico en esta columna y en los programas que conduzco en “La Voz del Derecho” y en otros medios electrónicos e impresos, así como en mis libros, y me abstendré de participar en toda suerte de discusiones en las redes sociales, porque, por una parte, pienso que no vale la pena -dadas las condiciones de irrespeto e irresponsabilidad en que allí actúan muchos, de distintas tendencias-, y por otra porque asuntos tan delicados como aquel al que hago referencia no pueden ser tramitados en el nivel de la expresión vulgar, de las amenazas y de los improperios.
Me parece que esa abstención, sin perjuicio de que en las redes circulen mis escritos, es una forma de enaltecer los grandes debates nacionales y constituye un aporte a la sociedad, para que paulatinamente quienes no lo han hecho tomen conciencia de que, con conductas tan bajas como las que menciono, es imposible debatir, y además, con la ordinariez y el maltrato se prostituyen valiosos instrumentos de comunicación.
Así que, en adelante, me limitaré a remitir el texto de mis columnas y escritos, sin entrar en controversias inútiles, que no hacen sino desgastar y rebajar el nivel de discusiones que merecen un más alto y digno trato.
Lo que cabría solicitar a quienes administran las redes sociales sería que piensen en una exigencia elemental a quienes se matriculen en ellas: identificarse. No escudarse en apodos, alias o seudónimos que permiten ofender a las personas de manera impune. Que todos, y no solamente algunos, demos la cara y respondamos por lo que decimos y escribimos.
Desde luego, nadie pide que haya unanimidad en los conceptos. Por el contrario. Si por algo he luchado desde la época de estudiante, a nivel profesional y también como magistrado, comunicador y catedrático, ha sido por la plena libertad de expresión. Y me gusta debatir, pero con altura.
Bienvenidos conceptos contrarios a los míos, y en tal sentido me complace que se discrepe, como lo ha hecho Uprimny -aunque sigo pensando que, en el punto que menciono, está equivocado-, pero el caso no era para que a él lo ofendieran quienes comparten mis conceptos, ni tampoco para que me insultaran quienes están de acuerdo con él.
Por Jairo Gómez.-La realidad de las víctimas y los congresistas —senadores y representantes— y los magistrados de la Corte Constitucional (CC) no podría ser más diferente.
Las víctimas en su mayoría viven en los lugares más apartados del país y en el más aberrante abandono estatal, mientras los congresistas y togados disfrutan de los privilegios que les da la democracia y gozan de buena salud; las víctimas son más de 8 millones, los parlamentarios 268 y los magistrados 9; mientras los padres de la patria y los honorables juristas se deleitan en sus enormes mansiones, las víctimas del conflicto armado sobreviven en las laderas de las montañas o en los barrios populares que hoy sirven de refugio al desplazamiento forzado.
Puede sonar a populista la comparación, pero es una realidad. El centralismo que otrora le criticaban a las dictaduras comunistas, en Colombia se aplica eficazmente y de manera perversa: solo importan los grandes centros urbanos, y el resto, la periferia, que muera en su abandono.
En La Habana se diseñó un acuerdo que al mismo tiempo era una propuesta de ajustes institucionales, de reformas urgentes y no fue posible, ni siquiera para darle sustento a una paz que está por construirse. Además de los cambios estructurales en lo agrario, político y social, se acordó un mecanismo especial que garantizara la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición; y se concibió la posibilidad de que las víctimas tuvieran una representación directa en las instancias de poder, como el Congreso. Sin embargo, Congreso y magistrados decidieron incumplir con la implementación del acuerdo.
En el caso de la verdad, la arbitraria decisión de los togados fue dejarla de un solo lado; solo se conocerá una parte, la de los soldados y guerrilleros, es la lectura que deja el fallo de la corte tras bendecir a los llamados terceros civiles y los agentes estatales no militares con el manto de la impunidad y NO obligarlos a comparecer ante la Justicia Especial para la Paz (JEP). Es decir, esta corte, que será recordada como la “corte de la impunidad”, cercenó la esperanza de las víctimas de conocer quiénes fueron los poderosos que financiaron la guerra.
Al concierto de la corte se sumaron los Congresistas, no todos, que buscaron impedir a toda costa que las víctimas tuvieran una curul o una representación en la Cámara esgrimiendo argumentos que, confrontados con la realidad de Colombia en los últimos 50 años, se caen por su propio peso. Argüir, como excusa central, que las 16 curules de la circunscripción especial para la paz iban a ser ocupadas por maleantes y mafiosos y no por quienes realmente las merecen (campesinos, afros, indígenas) es una premisa equivocada en un país en donde las elecciones parlamentarias, por muchos años, han estado asediadas por la mafia, el paramilitarismo y la corrupción. Hilando delgadito, huele más a una actitud premeditada de no querer perder el control sobre ciertos territorios que afectarían su caudal electoral.
Estas dos instituciones fueron solícitas al momento de darle un golpe a los acuerdos de paz y a las verdaderas intenciones del fast track; es como si lo hubieran pactado. La corte le abrió la posibilidad al Congreso para debatir y modificar el acuerdo suscrito por el Estado colombiano con la guerrilla y, al mismo tiempo, cerró la posibilidad a que la sociedad conociera la verdad completa de lo ocurrido.
Y en el Congreso, sin duda, fue evidente la renuencia de los parlamentarios a buscar los cambios institucionales urgentes que la sociedad colombiana reclama; y deja sobre la mesa la idea de que solo a través de una Asamblea Constituyente sería posible hablar de un nuevo contrato social y político en nuestro país.
@jairotevi
Por Amylkar D. Acosta M.- Como era de esperarse, el gran ausente en la COP23, a la que concurrieron 197 países acreditados, fue EEUU, país este que se quedó íngrimo por fuera del gran consenso alcanzado en la Cumbre de París, después que Nicaragua que, en un principio se había negado a suscribirlo por considerarlo insuficiente, se adhirió al mismo en octubre pasado y Siria, que también estaba por fuera concurrió esta vez a Bonn para anunciar su decisión de acogerse a los términos del Acuerdo. Por primera vez, en esta Cumbre, la segunda después del histórico Acuerdo de París y la primera desde que Trump anunció el retiro de EEUU del mismo, no se izó el pabellón de las barras y las estrellas que distinguen la bandera de los EEUU.
La COP23 tuvo un carácter más técnico que político, se ocupó básicamente de la reglamentación del Acuerdo de París, tratando de definir los criterios de control mutuo y transparente de las emisiones que se pondrá en práctica, estipular los plazos de la ayuda y la asistencia técnica, la financiación a mediano y largo plazo, temas todos muy sensibles y complejos que muy seguramente serán trabajados y plasmados en un borrador que será sometido a la consideración de la próxima COP24 que tendrá lugar en diciembre de 2018 en Katowice (Polonia). No obstante, el próximo 12 de diciembre, cuando los mandatarios que hacen parte del Acuerdo se darán cita en París, para reafirmar el compromiso adquirido en 2015, será una ocasión propicia para darle un nuevo impulso a la ímproba tarea de su implementación.
Y no es para menos, dado que, como lo sostiene la Directora de Visión de Transforma y asesora sénior de la Misión 2020 Isabel Cavelier, estos tres años venideros son críticos porque “la ciencia ya nos ha dicho que en 2020 la curva global de emisiones tiene que empezar su declive hasta llegar a cero en 2050. Si no logramos hacer ese cambio, cerraríamos la ventana de oportunidad para hacer una transición que sea justa, que sea manejable para la economía y que les permita a los ecosistemas adaptarse”.
Las principales ONG del mundo que concurrieron a la Cumbre de Bonn se mostraron satisfechos por lo logrado, claro está sin dejar de plantear la necesidad de que, además de cumplir el Acuerdo de París, este debe ser más ambicioso para ver de frenar el Cambio Climático. Una de las más críticas, como es la WWF, reconoció y destacó a través de un comunicado oficial de la misma el haber logrado “sentar las bases para aumentar la ambición en la lucha contra el Cambio Climático hasta 2020 y más allá”. Se trata ahora de “consolidar estos avances” en la próxima Cumbre. Han resaltado también los acuerdos alcanzados en “cuestiones críticas” tales como las acciones a acometer por parte de los países desarrollados hasta 2020, con miras a detener para entonces el aumento de las emisiones de GEI, amén de la inclusión del enfoque de género y la inclusión de las comunidades indígenas en la agenda de la lucha contra el calentamiento global. No obstante, para otra ONG muy sería, como lo es Oxfam, con la COP23 se consiguieron “muy pocos progresos” y consideran como su “mayor decepción” el poco avance en la negociación en torno al “apoyo financiero” prometido a los países en vías de desarrollo para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el Cambio Climático, cuyos mayores responsables son los países desarrollados, empezando por EEUU, el segundo mayor emisor de GEI a la atmósfera, después de China y, de lejos, el mayor contaminador per cápita del mundo.
En todo caso, la ausencia de los EEUU no se notó, no hizo falta, pues, como lo atestigua Isabel Cavelier “el mundo ya superó el anuncio de Trump, esto sigue avanzando”. Además, aunque Trump se apresuró en junio pasado a anunciar el retiro de EEUU del Acuerdo de Paris que había firmado su antecesor en París en diciembre de 2015, ello no se hará efectivo antes de que concluya su mandato, porque así lo prevé el mismo Acuerdo. Lo que podrá hacer y es lo que está haciendo es marginarse de la toma de decisiones en el marco del Acuerdo, como las que se acaban de tomar en la COP23. Lo propio ocurrirá con su derogatoria del “Plan de Energía Limpia” de Obama, son sólo tiros al aire. Los demás países no van a desfallecer, siguen honrando sus compromisos, pues ellos entienden, como lo diría el brillante escritor colombiano Jorge “no hay tiempo que perder, hay vidas por ganar”!
Miami, diciembre 2 de 2017
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Por: Jorge Enrique Robledo.-El triunfo de Leonardo Puentes en las elecciones a la Alcaldía de Yopal –capital de Casanare– puede ser premonitorio de un suceso sin antecedentes en el país y de gran importancia en las elecciones presidenciales de 2018: que alguien que no provenga del viejo tronco liberal-conservador ni pueda catalogarse como de “los mismos con las mismas” llegue a la jefatura del Estado.
Cabe el anterior comentario porque Leonardo Puentes ganó la Alcaldía avalado por la Alianza Verde y el Polo Democrático, más el respaldo de Compromiso Ciudadano, candidatura que en persona, yendo hasta Yopal, respaldamos con Claudia López y Sergio Fajardo, y venció a pesar de que sus contrincantes poseían bastantes más recursos económicos y de otros tipos, en tanto él les sacaba ventaja por su trayectoria, ideas y programa de gobierno, contraste que creó un auténtico fenómeno. Sí. Porque mentiras y resentimientos aparte, que en la politiquería nunca faltan, puede comprobarse que en Yopal sucedió lo que nunca había ocurrido: que muchos de sus habitantes, ajenos por completo a la política o que votaban sin pensarlo muy bien, se pusieron las pilas y se movilizaron para elegir a quien representaba lo contrario de tantas cosas que detestamos los colombianos.
Pero lo que seguramente definió que las gentes de Yopal le dieran el triunfo a Leonardo Puentes es que allí se expresó la lucha que se libra en todo el país entre la vieja y la nueva Colombia, entre los defensores de una manera de hacer las cosas que ha fracasado para resolver las urgentes necesidades nacionales y quienes proponemos una forma diferente de hacer la política –por completo opuesta a la corrupción y el clientelismo– y también distinta en cuanto a cómo generar más riqueza –en el agro, la industria y los demás sectores– y cómo distribuirla mejor –más ingresos, empleo, salud, educación, ambiente, cultura, etc.
En Yopal también se manifestó un sentimiento que se ha señalado en esta columna y que se resume en lo que se escucha por todas partes: “Estamos hasta la coronilla, mamados, de los mismos con las mismas”, al igual que otras frases con las que se reclama por lo mal gobernados que han estado Yopal, Casanare y Colombia, y no solo por el clientelismo y la corrupción. Hay que ver la mediocridad con la que también se han administrado los recursos públicos en esas tierras bellas de gentes buenas. Con solo decir que llevan ¡seis años! sin el agua a la que tienen derecho porque los gobernantes han sido incapaces de reconstruir la planta del acueducto mal localizado y peor construido que destruyó una avalancha.
Y más significativo aún, el triunfo de Verdes, Polo y Compromiso generó una euforia nacional, como quedó en evidencia en los medios de comunicación y con más fuerza aún en las redes sociales. Porque se probó que “los mismos con las mismas” no son invencibles, como ellos se presentan, y que el triunfo de Yopal es parte del proyecto Coalición Colombia, creado para acordar un programa de gobierno democrático que permita escoger un solo candidato o candidata a la Presidencia de la República y presentar listas unificadas al Senado y la Cámara, en la perspectiva de que este acuerdo político vaya más allá de las elecciones del año entrante.
A quienes preguntan en qué van las conversaciones se les puede decir que hay optimismo por los resultados. Porque los compromisarios llevan semanas de inteligentes labores y porque, con el respaldo legal de una tutela fallada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, seguramente habrá listas unificadas en Senado y Cámara de Representantes, hecho que facilitaría que el 11 de marzo de 2018 todos los colombianos puedan votar para elegir a quien sería el candidato único capaz de ganar la Presidencia, de forma que no se reelijan las malas prácticas y las malas políticas que tanto daño le ha hecho al país.
Coletilla: el Contralor General expidió una fuerte declaración en contra del Artículo 20 de la ley de contratación, al que calificó de “mico”, es decir, tramitado de manera ilegal. Y porque así, según también lo denunciara José Roberto Acosta, se obligará al Estado a pagarles a los banqueros las deudas que no les paguen ciertos contratistas, así el impago se genere por actos de corrupción. Además, la norma se aplicará con retroactividad, ¡para favorecer a los banqueros del caso Odebrecht! El Contralor también le pide a Santos que no sancione la ley y advierte que de no hacerlo, él recurriría a una acción de inconstitucionalidad (http://bit.ly/2BBsc4l y http://bit.ly/2i7ikXq). Estamos ante el caso clásico de un gobierno, encabezado por el ministro de Hacienda, que apela a una maniobra calculada para introducir la trampa en la ley, de manera que la corrupción quede protegida por la legalidad. Antes Colombia no está peor.
Bogotá, 1 de diciembre de 2017.
Por Mauricio Cabrera Galvis.-Que la industria colombiana ha sido la cenicienta del desarrollo económico en las últimas décadas es un hecho indiscutible.
El crecimiento del sector ha sido solo un poco más de la mitad del resto de la economía y, como consecuencia, su participación en el PIB bajó del 18% que tenía antes de la apertura al 11% actual.
En el intenso debate que mantienen los analistas sobre las múltiples causas de esta debacle, se suele pasar por alto un factor institucional que puede parecer secundario pero que refleja el cambio de modelo económico que dejó relegada a la industria: la eliminación de un Ministerio dedicado a promover las políticas públicas para el desarrollo del sector.
Hasta principios de este siglo el Ministerio de Desarrollo Económico cumplía esa función, aunque una década antes le habían recortado sus atribuciones con la creación del Ministerio de Comercio Exterior que, según la ley que lo creó, debía fomentar las exportaciones impulsando la modernización y eficiencia.
En el 2002 con el pretexto de recortar el gasto público se promulgó la Ley 790 para fusionar 6 ministerios en 3, entre ellos los de Comercio Exterior y Desarrollo Económico que se convirtieron en el de Comercio, Industria y Turismo.
Como plan para hacer más eficiente el Estado, la fusión de ministerios fue un fracaso. El problema es que en este caso el orden de los factores si altera el producto, y la prelación del comercio sobre la industria en el nombre de la entidad se ha reflejado en una preeminencia de la política comercial de apertura hacia adentro sobre la inexistente política de industrialización. Al fin y al cabo era más atractivo para los ministros andar por el mundo firmando TLCs que dedicarse al trabajo interno de diseñar estímulos y remover obstáculos para hacer más competitiva la producción nacional.
Son muchos los países que tienen ministerios dedicados exclusivamente a las políticas industriales. En China el Ministerio de Industria y tecnología de la información es el encargado de promover estrategias de desarrollo industrial, incluyendo planes sectoriales, regulaciones y estímulos.
La India, no solo tiene un ministerio del ramo en general y otro de Ciencia y Tecnología, sino que en el gabinete se sientan 6 ministros encargados de sectores industriales específicos.
Colombia debería aprender de la experiencia de estos países, y escindir el MINTIC para tener un Ministerio de Industria dedicado a recuperar este sector.
Por José G. Hernández.- Este 25 de noviembre se ha llamado la atención del mundo sobre una de las modalidades más graves pero más extendidas de violación de los Derechos Humanos. Se trata del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, liderado por las Naciones Unidas, que en Resolución 54/134 de 1999, proferida por su Asamblea General, hicieron un llamado a los gobiernos y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con el objeto de sensibilizar a la opinión pública sobre el muy preocupante problema de la violencia contra la mujer.
El 25 de noviembre de cada año tiene lugar esa conmemoración, en recuerdo de tres hermanas -Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, conocidas como “las mariposas” o “las Mirabal”-, quienes se oponían al oprobioso gobierno de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, motivo por el cual el sanguinario dictador no vaciló en ordenar que fueran ejecutadas. Minerva y María Teresa habían sido capturadas, juzgadas y condenadas -junto con sus esposos- a tres años de prisión, aunque, con perversa intención, meses antes de su asesinato, el régimen decidió dejarlas en libertad.
El crimen, mal disfrazado de accidente automovilístico, se perpetró por los esbirros de Trujillo el 25 de noviembre de 1960. Sin duda un crimen horrendo que, por sus características, conmocionó a ese país y precipitó la caída del tirano.
En el antiguo Virreinato de la Nueva Granada, bajo el régimen del terror, ya había ocurrido eso mismo -también por motivos políticos- con Policarpa Salavarrieta y Antonia Santos Plata, ambas fusiladas por causa de su lucha en favor de nuestra libertad.
Hoy los motivos son los más diversos, y en pleno siglo XXI, cuando se proclama en los países el respeto al Derecho y a la libertad, y cuando la mujer ha logrado reivindicaciones políticas y laborales, sigue siendo víctima en muchas formas: acoso y violencia sexual, maltrato físico y moral, discriminación, ataques con ácido, mutilaciones, desfiguraciones, golpes y la muerte. Sólo que ahora, los crímenes no provienen de decisiones políticas sino de la brutalidad y los instintos bestiales de sus parejas; sus novios, sus esposos, sus compañeros permanentes, sus pretendientes.
Las estadísticas son demoledoras. Según el Instituto de Medicina Legal, solamente en 2017 han sido asesinadas en el país 204 mujeres, y la Fiscalía General habla de 345 feminicidios. Y, como a todos nos consta, prácticamente no pasa un día sin que noticieros periódicos y redes registren al menos un caso de feminicidio, maltrato o violación.
La situación es alarmante. Las normas nacionales e internacionales proclaman exactamente lo contrario de lo que ocurre.
Desde una perspectiva constitucional, si atendemos a los fundamentos del ordenamiento jurídico colombiano y a los compromisos del Estado consignados en varios tratados internacionales, en teoría la mujer está protegida por el sistema y por las autoridades, pero ello no tiene expresión en la realidad cotidiana, ni en las costumbres, ni en los criterios sociales predominantes. Es menester que, además de las sanciones penales, mediante una profunda y persistente labor educativa se haga conciencia a nivel público sobre la dignidad de la mujer y acerca del prioritario objetivo de erradicar las prácticas que cercenan y hacen inútiles las normas e inane cualquier garantía formal mientras no se traduzca en un hábito colectivo, en una convicción generalizada y en una extendida cultura de respeto y consideración hacia el sexo femenino. Su dignidad, su vida y sus demás derechos básicos no pueden quedar expósitos en una sociedad civilizada.
