Opinión

Por Jaime Enrique Duran Barrera.- La Cyberseguridad es una estrategia que enfrenta los crímenes producto del avance digital y es ya una cuestión de estado en Colombia porque tiene una respuesta contundente desde el Senado de la República, al crear una legislación apta para atender los delitos informáticos y en internet, lograr la armonización de la normatividad interna, mejorar las técnicas de investigación cybercriminal y promover la cooperación entre las diferentes naciones, ya que estos delitos tienen una gran expansión técnica a nivel internacional.

Teníamos una deuda histórica con el Convenio de Budapest, el tratado internacional pionero en ese aspecto que busca hacer frente a los delitos informáticos y los de internet mediante la armonización de leyes nacionales, la mejora de las técnicas de investigación y el aumento de la cooperación entre las naciones.

Este importante instrumento jurídico fue elaborado por el Consejo de Europa en Estrasburgo, con la participación activa de los estados observadores de Canadá, Japón y China, en 2001 y entró en vigor en el 2006.

Colombia ha tomado su posición estratégica en el mundo digital y desde el Senado, con el proyecto del Ministro de las TIC, David Luna, hemos asumido la iniciativa dándole primer debate en la Comisión Segunda de la corporación y está pendiente para que la plenaria de la Cámara Alta, la apruebe. Se trata de minimizar los riesgos ante la exposición de amenazas cybernéticas de impacto global, al tiempo que se desarrollan mecanismos de cooperación en materia de seguridad digital con una política pública para una realidad imparable en el milenio.

En este proceso legislativo con el senador José David Name y otros congresistas, se planteó la necesidad de observar estratégicamente la conveniencia de esta propuesta en el contexto de Colombia y el mundo, ya que no sólo se debe prestar atención como una problemática individual de hackers, sino, como el impulso a una Cultura de la Cyberseguridad.

Esta cultura busca preservar los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos e instituciones de las amenazas de las organizaciones del Crimen Digital, que se han posesionado de los más sofisticados mecanismos informáticos para delinquir en red, desde la actividad bancaria hasta la información estratégica de las naciones.

Este proyecto es un impulso a la conectividad nacional, ya que una visión estratégica digital creará redes humanas, institucionales y regionales, donde se pueden preservar no sólo los datos del quehacer cotidiano, sino  instruir a los ciudadanos, diversos y plurales, sobre el uso de las TIC y lograr una verdadera alfabetización digital, que contribuya al desarrollo sostenible y la equidad en derechos. 

Colombia no debe estar al margen en la defensa y preservación de los derechos digitales y en la utilización de las TIC, sino a la vanguardia, como lo estamos demostrando, al legislar en un tema grave y actual de seguridad nacional.

Por Ariel Ávila.-Ha sido increíble leer cómo algunos supuestos demócratas, defensores del voto como mecanismo para escoger a quienes nos gobiernan, son en realidad unos autoritarios camuflados, que utilizan discursos populistas y trasnochados para justificar sus posturas.

El próximo 19 de noviembre se realizará la consulta liberal para escoger, entre tres precandidatos, quién representará al partido en las elecciones del próximo año, también se espera que en marzo al menos dos sectores realicen consultas para escoger candidatos: el sector de los Verdes y la coalición del uribismo con una disidencia del Partido Conservador. La consulta liberal se hace en una fecha no electoral y por ende el costo de la misma es sustancialmente más caro que aquella que se hace en calendario electoral ordinario. Se cree que podría valer alrededor de 85.000 millones de pesos.

Una vez se conocieron las cifras fue común ver en redes sociales o escuchar a analistas demócratas manifestar que eso valía mucho, que esa plata podría ir a la salud, educación, acueductos, o también para sobrellevar el hambre de los niños de La Guajira. El argumento moralmente es muy fuerte, preferible utilizar la plata en comida para niños  que en papeletas y cajas de cartón.

Sin embargo, al profundizar en el debate la situación se vuelve complicada. Al menos surgen tres argumentos. Por un lado, uno de los mayores desafíos en nuestras democracias es lograr la democratización de los partidos políticos. A comienzos del siglo XX, Michels, uno de los mayores estudiosos sobre partidos políticos, formuló la famosa teoría de la “ley de hierro de la oligarquía en los partidos políticos”.  Quedó  marcada en un libro que es de lectura obligatoria para cualquier sociólogo o politólogo. Según esta ley, cuando una agrupación política se crea tiende a estar muy cerca de sus bases sociales, pero a medida que va pasando el tiempo y el partido se estructura, se produce un alejamiento de las bases. A este proceso se le denominó oligarquización, donde un grupo pequeño de personas tiende a manejar el partido y donde la democracia dentro de la estructura política no funciona.

Las principales figuras en nuestras democracias son los partidos, pero son antidemocráticos por dentro. Por ello uno de los principales retos es lograr democratizar los partidos por dentro, es decir, evitar el famoso dedazo, donde el jefe del partido es el que escoge. Pues bien, una de las herramientas principales, aunque no es la única, ni la más importante, es la consulta. Eso mejora la salud de la democracia. Imagínense que desde ahora en adelante se prohíban las consultas a todos los partidos con la disculpa de que no hay plata.

El segundo argumento es que la democracia funciona bajo esas reglas. Ese es el costo. En regímenes autoritarios o dictatoriales los costos son otros, pero en las democracias hay que gastar plata en los mecanismos de participación. Tal vez la consulta de partidos no mejore la democracia en lo práctico, pero si no existen sí empeoraría el escenario democrático. Es mejor tenerlas que no tenerlas. Así las cosas, si se es demócrata se debe aceptar el mecanismo, y no disfrazar el odio a la democracia con discursos poco elaborados y populistas.

El tercer argumento es que las consultas deben ser abiertas y promocionarse para que participen ciudadanos de opinión y no solo maquinarias. Gracias a ese discurso de los populistas se pasó de una consulta de 85.000 millones de pesos que garantizaba 11.000 puestos de votación y 30.000 mesas, ahora el recorte presupuestario significa pasar a una consulta con 4.381 puestos y 10.000 mesas. Es decir, mucha gente, sobre todo la población rural no podrá votar. Una democracia solo para algunos. 

Si queremos construir escuelas, hospitales, darle de comer a los niños, invito a que la población sea más seria a la hora de votar y que no voten por bandidos, a mis amigos de opinión y de los medios les digo que vigilen mejor a los políticos en lugar de rendirles pleitesía, con ello obligaremos a los políticos a rendir cuentas, pero no la emprendan contra la democracia. O si lo van a hacer, acepten que son autoritarios.

Por José Gregorio Hernández.-Le están dando vueltas a algo que, según nuestro sistema jurídico y a la luz de lo que propuso el actual Gobierno y aprobó el Congreso, convirtiéndolo en norma constitucional, no tiene vuelta de hoja. Ni siquiera cabe la duda, ni la apelación al espíritu de la norma, porque, como sabemos según elementales principios jurídicos, cuando el texto de la norma es claro, no se desatenderá su tenor literal so pretexto de consultar su espíritu.

Veamos:

-Se debate cuándo vence el denominado “Fast track” -procedimiento breve- para aprobar de manera más expedita en el Congreso las normas constitucionales necesarias para implementar y desarrollar el Acuerdo de Paz firmado con las Farc el 24 de noviembre de 2016.

-Según entendemos, como no han podido aprobar la legislación estatutaria sobre JEP, ni otras disposiciones, quieren “alargar” el “Fast track”, y dicen algunos que, del perentorio término señalado en la reforma constitucional del mismo año, hay que descontar el tiempo de vacaciones de los congresistas.

Error. ¡Cuidado!. Pueden poner en peligro la exequibilidad de todo lo actuado en ese tiempo, con grave riesgo para la paz.

-La norma que creó el “Fast track”, un procedimiento extraordinario de interpretación y aplicación  estrictas, que -justamente por ese carácter excepcional-  no pueden ir más allá del texto, fue el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2016, según el cual, “con el propósito de agilizar y garantizar la implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (Acuerdo Final) y ofrecer garantías de cumplimiento y fin del conflicto, de manera excepcional y transitoria (subrayo),  se pondrá en marcha el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, por un período de seis meses, contados a partir de la entrada en vigencia del presente acto legislativo. Este procedimiento podrá ser prorrogado por un período adicional de hasta seis meses mediante comunicación formal del Gobierno nacional ante el Congreso de la República”.

Según su artículo 5, la entrada en vigencia del Acto Legislativo tendría lugar “a partir de la refrendación popular del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

-Como, a ciencia y paciencia de la Corte Constitucional en oscuro fallo (Sentencia C-699 de diciembre 13 de 2106), se omitió el sometimiento del Acuerdo Final a la consideración del pueblo, y como -en inconcebible malabar- se sustituyó la refrendación popular por la “refrendación”  del Congreso (?), debemos ver esa fecha: 30 de noviembre de 2016. Lo que implica que la vigencia de Acto Legislativo, a partir de la refrendación popular principiaba el 30 de noviembre o, si se quisiera mayor amplitud, el 1 de diciembre de 2016, tras la “refrendación popular” del Congreso.

-Así, pues, prorrogado que fue por el Gobierno el primer término de seis meses, los segundos seis meses del “Fast track” vencen el 30 de noviembre de 2017, y con mucha flexibilidad, el 1 de diciembre. Ni un día más. Así que, habiendo sido un procedimiento excepcional y transitorio, recuperan su plena vigencia todas las disposiciones constitucionales sobre los requisitos para aprobar en el Congreso reformas constitucionales y leyes.

Y las vacaciones no se descuentan, porque no se previó así, ni en la Constitución, ni en la reforma constitucional de 2016. 

No pongan en riesgo la exequibilidad de las normas que se aprueben, ni la paz.

Por Jairo Gómez.-En Colombia pretender mutilar la memoria es un craso error, eso sería perder de vista el lado oscuro de nuestro sistema democrático y ahondaría las heridas. Solo la verdad nos daría seguridad política y jurídica y, sumadas las dos, harían prevalecer el derecho de las víctimas.

Dicho lo anterior, el Congreso está en mora de darle curso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el eje central del acuerdo final, para que comience lo más pronto posible a funcionar. Ríos de tinta han descrito los alcances de la JEP para, de una vez por todas, declarar la suficiente ilustración. La ventana que se abre para consolidar la paz en Colombia es inmensa y las posibilidades de conocer los motivos del conflicto están a la vuelta de la esquina.

A propósito de esa ventana (verdad), por ejemplo, ya desde Estados Unidos dos de los principales cabecillas de las Autodefensas Campesinas de Colombia (AUC) quieren acogerse a los beneficios de la JEP; igual lo manifestó el jefe guerrillero de las Farc alias Simón Trinidad, a través de su abogado.

No hay que darle más largas al asunto, los extraditados Salvatore Mancuso y alias Jorge 40 autorizaron a sus respectivos abogados a realizar los trámites pertinentes para acogerse a la JEP e identificar los mecanismos con las autoridades estadounidenses para analizar qué tan viable es esa posibilidad. El gobierno de Washington, tan amigo de Bogotá, debería hacer posible la comparecencia de esos líderes paramilitares ante la JEP como un gesto de apoyo a las instituciones democráticas y al acuerdo de paz.

Ese es el camino, lo otro es dejar el grifo abierto para que la industria de la especulación, las falsas noticias, suplanten la verdad y logren el efecto tóxico que buscan imprimirle a la JEP. Los reveladores de esa verdad son todos los implicados en el conflicto; esos son los llamados a un jugar un papel fundamental para avivar lo que los sociólogos llaman “la razón pública”.

Hay que romper con el sopor dogmático de quienes señalan que la JEP y la comisión de la verdad serán escenarios para doblegar a los militares y a terceros responsables, o que su único objetivo es el senador Álvaro Uribe, dejando a un lado a las cabezas visibles de las Farc. No, quien llegue a esas instancias tendrá que responder por sus crímenes y de entrada contar toda la verdad sin ocultar el más mínimo detalle, requisito necesario para evitar la justicia ordinaria y no perder los beneficios de la justicia restaurativa. Eso no es un paseo, como pretenden mostrarlo los enemigos de la paz.

Quien llegue a la JEP tendrá que armarse de una batería de abogados excelsos y honestos, capaces de controvertir a un tribunal serio e independiente, lejos de las maniobras parecidas al llamado cartel de la toga o de los políticos acostumbrados a comprar o pagar por la nulidad de sus fallos.

A riesgo de volverme monotemático insisto en que la Justicia Especial para la Paz es la ruta idónea para que los colombianos superemos el conflicto interno que hoy pretende tomar nuevas formas; formas que se ven tristemente reflejadas en los asesinatos de los más de 85 líderes sociales y defensores de derechos humanos en lo que va corrido del año, con el explícito reconocimiento de las autoridades de que el 70 por ciento de los crímenes han sido ejecutados por sicarios. Asunto muy grave; y los resultados de las supuestas investigaciones brillan por su ausencia.

@jairotevi

Por Giovanni Décola.- ¿Triunfará la magnanimidad de la justicia o la suprema corrupción de unos exmagistrados? 

Se acusa al Senador Álvaro Ashton de haber pagado un soborno para frenar una investigación en su contra por parapolítica. Él se defiende, manifestando que el dinero fue para el pago de honorarios profesionales. 

Desconozco por razones de reserva legal, la intimidad del asunto judicial, pero lo que sí conozco y me consta, es que el Senador Álvaro Ashton, nunca hizo parte del bloque de congresistas afectos al paramilitarismo; es más, los combatió desde la tribuna pública, en su curul en la cámara y en el senado, y jamás recibió ni necesitó de esos votos nauseabundos para hacerse elegir, primeramente representante en 1998 y 2002 y luego Senador en 2006, 2010 y 2014, y en todas ellas, con el aval del Partido Liberal. 

La tan publicitada desmovilización paramilitar dio pie, entre otros vejámenes, para que antiguos miembros de las autodefensas extorsionaran a representativas figuras del mundo de la política y de la clase empresarial. A unos con sólidos indicios y pruebas y a otros con burdos montajes. 

Ashton no se dejó abrumar ni cedió a las extorsiones, a sabiendas que nunca hizo parte de ese macabro fenómeno paramilitar. 

Su templanza fue ripostada por antiguos paras, con falsas acusaciones en su contra, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Para la desdicha del Senador Ashton, ya en la Corte, no descansaba la magnanimidad de la justicia, sino que operaba "el cartel de la toga"; cuyos integrantes se frotaban las manos de la dicha, cuando recibían esta clase de "munición". 

Inmediatamente, "el cartel de la toga" ponía a rodar su entramado criminal, y con abogados inescrupulosos, pero de sus afectos, tipo Gustavo Moreno, acechaban a potenciales clientes, con la amenaza de una orden de captura inminente, sino le otorgaban poder al consabido abogado de marras, y con onerosísimos pagos de honorarios profesionales. 

Ante esa encrucijada, el de demostrar la inocencia desde una cárcel, con la carrera política arruinada y una familia destrozada, y el de sucumbir ante la arremetida del "cartel de la toga", el Senador Ashton, prefirió esta última. 

Ashton fue víctima, primeramente, del "cartel de los falsos testigos", luego lo fue, del "cartel de la toga", ¿lo será ahora, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia?  

Sí la Corte quiere reivindicarse en derecho y en justicia, debe archivar una investigación que es una afrenta, no contra Ashton, sino contra quienes siempre hemos repudiado el entramado paramilitar y la corrupción judicial. Y si la Corte quiere congraciarse con la galería y darle combustible al “cartel de falsos testigos”, para que sigan con sus burdos montajes "untando" a quienes no le copian a sus macabros fines criminales, pues que ordenen la captura, que sería el más grande oprobio, no contra un Senador que jamás ha sido paramilitar, sino contra la majestad de la misma justicia. 

Por Amylkar D. Acosta M.- La actividad minera en el país se rige por la Ley 685 de 2001, la cual fue reformada mediante la Ley 1382 de 2010, pero a poco andar fue declarada inexequible por parte de la Corte Constitucional por no haber cumplido con el requisito de la consulta previa. 

La Corte moduló su fallo, dándole un plazo de 2 años al Congreso de la República y al Gobierno para tramitarla nuevamente y al no cumplir con dicho cometido volvió a recobrar vigencia la Ley 685 de 2001. Este hecho ha producido un vacío legal que ha dado pábulo al activismo judicial y a la subsecuente inseguridad jurídica que rodea a la actividad minera y conspira contra ella. 

Los 8 años de la administración Uribe (2002 – 2010), que coincidieron con un largo ciclo de precios altos del oro, dieron rienda suelta al otorgamiento a tontas y a locas de títulos mineros a lo largo y ancho del país, a tal punto que la superficie del área titulada se multiplicó por 8, al pasar de 1.13 millones de hectáreas a 8.53 millones de hectáreas. Ni siquiera los páramos se escaparon de esta “feria de títulos”, como se le denominó, más de 122 mil hectáreas de los mismos le fueron adjudicados a empresas y a personas naturales, a quienes sólo les bastaba para adquirir los títulos mostrar la cédula de ciudadanía. La anarquía y el desorden que ello generó fue tal que el ex ministro Carlos Rodado Noriega al asumir su cartera lo que encontró en lugar del Catastro minero fue una verdadera catástrofe minera. 

La sumatoria de un Código de Minas anacrónico, la falta de un ordenamiento territorial, el caos y la corrupción que se enseñoreó del antiguo Ingeominas, amén de la “reconfiguración cooptada del Estado”, como denomina Luis Jorge Garay el fenómeno que se extendió en muchas regiones del país a la sombra del paramilitarismo, contribuyeron a crear un caldo de cultivo en el que ha venido pelechando la extracción ilícita del recurso natural no renovable, particularmente del oro. Ello explica el hecho que delata la Asociación Colombiana de Minería, según el cual en 2016 el país produjo 1,99 millones de onzas troy y solo el 13 por ciento venían de explotaciones formales, es decir, que el 87 por ciento de la explotación de oro viene de la informalidad y de la criminalidad.

El Gobierno Nacional, en el propósito de poner orden en la actividad minera y de proscribir la extracción ilegal del recurso viene tomando medidas tendientes a dinamizar la formalización minera con los mineros ancestrales y tradicionales como objetivos, al tiempo que se está actuando con drasticidad para combatir eficazmente contra la criminalidad que busca escudarse con ellos para alcanzar sus protervos fines de tener en la extracción ilegal del recurso su fuente de financiación para sus actividades ilegales. Con tal fin se han tomado medidas como la prohibición  del uso del mercurio y el control a las plantas de beneficio, así como el control de la comercialización del oro, estableciendo un máximo a la cantidad de oro vendida por parte de los minero tradicionales (35 gramos de oro al mes que equivale a cerca de $3 millones) y que cuente con certificación vigente de la ANM, como lo dispone el Decreto 1102 de 2017, justo para evitar que la extracción ilícita se siga mimetizando haciéndola pasar como producto del barequeo. 

La prohibición del uso del mercurio en la actividad minera no es nueva, la Ley 1658 de 2013 en su artículo 4º y el Decreto 2133 de 2016 se establece un plazo perentorio para la reducción y posterior erradicación de uso en todo el territorio nacional, el cual se cumple el 16 de septiembre de este año, fecha esta a partir de la cual queda terminantemente prohibida la importación de mercurio  destinado a las actividades mineras. Y no era para menos, dado que Colombia ocupa el vergonzoso primer lugar en América y segundo en el mundo después de China en contaminación de mercurio, con una carga de 180 toneladas/año de mercurio deteriorando el medio ambiente.

Colombia está llamada a cumplir con el Convenio de Minamata, cobijado por Naciones Unidas, suscrito en el 2013, el cual se propone “proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y sus compuestos”. Sólo con la aplicación de medidas tan drásticas como estas se podrán evitar mayores estragos de los que ya ha causado el uso y el abuso del mercurio y sus secuelas. 

La salida de esta encrucijada en la que está la minería tiene que darse a través de un diálogo franco, sincero y transparente, que empieza por separar la paja del grano, pues uno es el tratamiento que ameritan los mineros tradicionales y ancestrales y otro, muy distinto es el que debe darse a quienes tengan probados vínculos con estructuras criminales. 

Medellín, octubre 28 de 2017

www.amylkaracosta.net

Por Guillermo García Realpe. GGarciaRealpe.- Hernando Chindoy Chindoy es uno de los líderes colombianos que hoy debemos reconocer que le enseño al país, pero especialmente a las comunidades indígenas, que es posible construir una sociedad participativa, colectiva, pero sobre todo legal y rentable en el campo colombiano. 

Hernando Chindoy Chindoy ha superado de lejos los programas de PLANTE  de las Naciones Unidas en Colombia, por tanto los programas de los gobiernos colombianos. 

Le ha superado a Rafael Pardo Rueda, a Eduardo Díaz Uribe, él a través  de la formación ciudadana y de la reiteración en los principios y las raíces de su pueblo Inga de Aponte en el departamento de Nariño dio los mejores resultados al sustituir una economía ilegal por una legal, al sustituir miles de hectáreas de cultivos de amapola promovido por mafias y miles de personas que fluyeron a esta zona de Colombia a lucrarse o a emplearse de este negocio, sin embargo, él con su comunidad superó éste desafío y hoy tenemos alrededor de Aponte unas comunidades indígenas muy mentalizadas, muy afianzadas con sus valores, con sus principios y sus raíces produciendo uno de los mejores cafés de Colombia y del mundo y también otros tipos de productos como la panela, los huevos criollos, las artesanías, en fin. 

Hace unos días hizo la presentación de sus productos en una feria en Bogotá y contó con el apoyo del Representante de la Oficina Comercial de Taiwán en Colombia, señor Antonio Yeh y varias organizaciones sociales que reconocieron el aporte de esta comunidad indígena a la superación de los problemas en nuestro país. Hubo una muestra cultural de la música autóctona, de la música raizal y la verdad fue un gran evento de reconocimiento a Hernando Chindoy Chindoy. 

Invito a la gente de Nariño, del Cauca y en general de Colombia a que compren sus productos que tienen precios justos y con ello estamos apoyando éste ejemplo y que es posible una Colombia sin cultivos ilícitos. 

Pero la verdad es que éste gran líder indígena también ha tenido reconocimiento del COP 21 de París y del encuentro mundial ambiental de las Naciones Unidas, ha sido reconocido por la revista Semana como uno de los líderes de Colombia y hace unos días el programa investigativo Los Informantes de Caracol Televisión también hizo un reconocimiento a su impecable labor social. 

Para nosotros es un Gran Colombiano, yo pienso que personas como él, son las que tenemos que destacar y aprender. 

Los problemas de hoy, de sustitución de los cultivos ilícitos que tienen que tener además de mucha consideración con las familias que obligadamente tuvieron que dedicarse a los cultivos ilícitos como campesinos, indígenas, afrodescendientes, hoy tenemos la oportunidad de aprender del ejemplo de Aponte. 

Hernando Chindoy Chindoy puede promover con su liderazgo la aplicación de una política diferencial de la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos y reemplazarla por una economía legal. 

Su comunidad tiene una justicia propia, logró sanear su resguardo, expulsó a los narcotraficantes de su territorio y hoy tiene un reconocimiento internacional. 

Yo pienso que los indígenas de Colombia particularmente, pero, todo el país en general, deben aprender de la vida, de la obra, del liderazgo de Hernando Chindoy Chindoy.

Por Mauricio Cabrera.-"Al final de las guerras, cuando estas se resuelven por el diálogo, hay un momento en que se alza el coro de los vengadores que rechaza el perdón, que reclama justicia. Pero los dioses de la justicia tenían que estar al comienzo para impedir la guerra. Cuando aparecen al final, solo llegan para impedir la paz".

Este contundente texto de William Ospina es la fiel descripción de lo que está sucediendo en Colombia con los críticos de la JEP y de otras propuestas sobre la forma como se debe administrar justicia en el posconflicto.

Se rasgan las vestiduras porque, dicen, las concesiones que se hacen a quienes buscan reintegrarse a la sociedad atentan contra los principios de la Justicia; pero su verdadera intención no es defender la Justicia sino torpedear la Paz.

Un caso típico es la crítica a la despenalización de los campesinos cocaleros. En más de cuatro décadas de guerra contra la droga los dioses de la justicia no han aparecido para defender los derechos de los campesinos que no tienen otra alternativa para sobrevivir que cultivar coca; pero tampoco han aparecido para judicializarlos o mandarlos a la cárcel. Afortunadamente. Pero ahora si los invocan para empezar a perseguirlos y entorpecer la erradicación voluntaria.

Se estima que son más de 140.000 los pequeños cultivadores de coca, pero en el 2015, según dicen los periódicos, en las cárceles del país solo había menos de 200. De manera que la propuesta del gobierno –que si debería modificarse reduciendo de 3.8 a máximo 2 hectáreas el área para calificar a un pequeño cultivador- no solo servirá para facilitar la sustitución voluntaria de cultivos, sino para evitar que la fiscalía siga haciendo el oso de no ser capaz de aplicar el actual Código Penal que establece penas entre 6 y 12 años de cárcel para el cultivador, sin importar su tamaño.

Otro caso que muestra que a esos críticos no les interesa tanto la aplicación estricta de la Justicia sino sabotear el proceso de Paz es el contraste entre el alboroto que armaron con la posibilidad de que las Farc no hubiera entregado todos sus bienes, y el silencio ante lo que se ofrece a delincuentes confesos como el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.

En Córdoba se robaron $87.000 millones de recursos públicos de regalías, de los cuales la Fiscalía sostiene que Lyons se apropió de $8.900 millones. Sin embargo en el principio de oportunidad suscrito entre el exgobernador y la Fiscalía, y aprobado por el Tribunal de Bogotá solo le exigen devolver en dos años $4.000 millones para contribuir a la reparación de las víctimas. En otras palabras le permiten quedarse con más de la mitad de lo que se robó y todos tan contentos porque denunció a sus cómplices. 

No se puede tener un doble rasero para invocar a los dioses de la justicia, ni utilizarlos para hacer política contra la Paz.

Por José Gregorio Hernández.-Todo muestra que, como lo señalamos desde la época en que se llevaban a cabo los diálogos de La Habana y también cuando se convocó a plebiscito, el Acuerdo Final y sus desarrollos constitucionales y legislativos no son en sí mismos la paz de Colombia, ni se han debido confundir con ella. La prueba más fehaciente de lo dicho la encontramos en los reiterados actos terroristas del ELN, en los de bandas criminales  y en los más recientes ataques  de la misma índole llevados a cabo por las denominadas “disidencias de las Farc”, y en los oscuros acontecimientos que han tenido lugar en Tumaco y en otras localidades del país.

No se nos olvide que siguen siendo asesinados tanto líderes sociales y defensores de derechos humanos como integrantes de nuestra Fuerza Pública y campesinos. Son todos ellos crímenes respecto a los cuales la actividad del Estado se ha demostrado impotente, tardía y descontrolada. De modo que hablar de paz en esas circunstancias resulta difícil, y como lo escuchamos de los habitantes de zonas afectadas por la violencia durante el llamado “post conflicto”, mucha gente, de distinta orientación política, las organizaciones sociales y el ciudadano del común, todos tienen miedo, se sienten inseguros y desprotegidos. Ello, además del trasfondo socio económico existente, respecto al cual hay indudable descontento en zonas como las de Buenaventura o Tumaco, en las cuales los pobladores alegan que los compromisos oficiales no se cumplen. También los desmovilizados de las Farc se quejan de incumplimiento de lo acordado; al parecer algunos de ellos (desertores y reincidentes) se van de las zonas a las que se habían acogido, y por si fuera poco, la expansión de los cultivos ilícitos parece incontrolable, como lo expresan  congresistas y funcionarios de los Estados Unidos, con el peligro de una casi segura descertificación y retiro de las ayudas provenientes de ese país.

Así las cosas, queda claro que el Acuerdo Final no es la paz, pues ella representa un estado de cosas al que estamos lejos de arribar; algo mucho más de fondo; que debe concretarse, más que una hoja de papel, en una realidad actuante. En la sensación de seguridad y tranquilidad de las personas, en especial de aquellas que se encuentran en los campos y las poblaciones de regiones tradicionalmente abandonadas por el Estado.

Hablar de paz desde los escritorios oficiales, desde las curules del Congreso, desde las campañas políticas y desde las declaraciones de dirigentes ante los canales de televisión y los medios…es algo que suena fácil. Y circunscribir el inmenso valor de la paz a un documento, por voluminoso que sea, sin ninguna relación con lo que pasa en la vida y la muerte diaria de muchos colombianos, es algo que suena falso y ajeno. Sofisma. 

Tampoco se puede confundir la paz con las normas que están aprobando en el Congreso como implementación del Acuerdo de Paz, o con las dictadas por el Presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias, ni con la selección de un cierto candidato o candidata a la Corte Constitucional –como, infortunadamente, ha venido ocurriendo. Ni se puede exigir a la Corte que, faltando a su deber, declare que todo lo actuado es exequible porque sí, amenazándola  con el torpe argumento según el cual una sentencia de inconstitucionalidad, aunque ésta sea ostensible, equivale a volver a la guerra. Otro sofisma inaceptable.

Por Jairo Gómez.-Lo más importante de la Justicia Especial para la Paz (JEP) es que los 48 millones de colombianos tendremos la posibilidad de saber la verdad sobre este conflicto interno que, por fortuna, va camino a ser historia.

Lo he dicho muchas veces en este espacio de opinión tratando de dar luces sobre los alcances de la JEP, y hoy lo reitero: este sistema extraordinario tiene como centro a las víctimas.  Víctimas que tendrán derecho a la justicia, reparación, verdad y no repetición. Esto no ocurrió cuando el gran pacto del Frente Nacional cubrió con un manto de impunidad los más de 600.000 colombianos muertos en la violencia bipartidista y menos con la mentada Justicia y Paz que anuló cualquier posibilidad de verdad al ser extraditados los cabecillas paramilitares.

Todas las baterías de opinión, en su mayoría de la derecha, se van lanza en ristre contra un mecanismo que hoy es modelo de justicia transicional en el mundo para superar las crueldades de la guerra en un escenario en donde no hubo vencedores ni vencidos. Por ello es clarificador para el país que la verdad se sepa y que los protagonistas directos e indirectos asuman su respectiva responsabilidad. 51 magistrados probos y lejos de las componendas políticas serán prenda de garantía e imparcialidad, asunto que provoca escozor en sectores que tienen cuentas pendientes con la justicia. 

La JEP ya es un hecho, su presencia en el escenario jurídico colombiano es incontrovertible, por eso sectores como el de los militares involucrados en delitos de guerra tendrán que acudir a estos tribunales y no dejarse llevar por cantos de sirena como leyes que buscan sacarlos de la jurisdicción so pretexto de no dejarse igualar a su enemigo, la guerrilla. Es claro que de no someterse a la JEP correrían el riesgo de terminar en los tribunales de la Corte Penal Internacional (CPI). El artículo 28 de la CPI debería examinarse con detenimiento.

Del acuerdo final del Teatro Colón nació la JEP que diseñaron Gobierno (entre ellos militares en ejercicio y retirados) y las Farc. Ahora la tarea es actuar para superar el conflicto sin impunidad y evitar a futuro una intervención de la CPI, aunque su presencia no está del todo descartada.  

En ese orden de ideas, aunque la JEP tal como está concebida es prenda de garantía para todos los protagonistas del conflicto, incluidos expresidentes, una eventual intervención de la CPI no es descartable si nos ceñimos a lo dicho en el artículo 27 del Estatuto de Roma que habla sobre la “improcedencia del cargo oficial” y que a la luz de su contenido no perdería competencia alguna para actuar si así lo requieren las circunstancias. Veamos qué dice:

1. El presente estatuto será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un Gobierno o Parlamento, representante elegido o funcionario de Gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per semotivo para reducir la pena.

2. Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleve el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstarán para que la corte ejerza su competencia sobre ella. 

Más claro no canta un gallo. La reciente carta de la Fiscal Bensouda, a la Corte Constitucional es un claro mensaje sobre el interés de la CPI en el caso colombiano. Ello tiene su explicación: es una manera de "desafricanizar" las decisiones de la Corte Penal Internacional, que en su historial de sanciones solo ha condenado mandatarios de ese continente.