Opinión

Por Horacio Serpa.La más seria observación sobre la posibilidad de que las Farc  participen en política y tengan la oportunidad de ser Congresistas, Alcaldes y Presidentes de la República, es la siguiente: “No es posible que unos tipos se metan a la guerrilla, asalten poblaciones, maten policías, secuestren empresarios y causen daños en general, y por  ocasionar tantos desafueros se les premie eligiéndolos  Senadores. Es injusto, es un atropello a la gente buena, respetuosa de la ley y la autoridad, que nunca pueden llegar siquiera a ser Concejales. Hay que condenarlos por sus fechorías y meterlos a la cárcel”.

Vistas las cosas de esa manera, el planteamiento es correcto. Pero la argumentación no es verdadera. A los miembros de las Farc como a los del Eln, así como a los del M-19, EPL, Quintín Lame y otras guerrillas más, el Estado les reconoció una condición política, es decir, aceptó, como desde siempre lo alegaron los subversivos, que esas organizaciones se formaron e integraron para luchar contra el poder político establecido, al que consideraron represivo, injusto, corrupto y causante de la pobreza, la desigualdad y las faltas de oportunidades para el pueblo.

No es que hace seis meses o tres años se hicieron guerrilleros y ahora se aprovechen de la generosidad del Estado para volverse jefes de la política y del país. ¡No hay tal! Son organizaciones de muchísimos años. Los que las crearon en 1964 murieron en la guerra, de falta de atención médica en la selva, o de viejos, lejos de la familia, de la modernidad, de las mínimas consideraciones que merece la ancianidad. Los actuales farianos son la tercera o la cuarta generación de los fundadores. No se metieron propiamente a la subversión para “a la vuelta de la esquina” encontrar un escaño en una Asamblea Departamental.

Al principio muchos creían que ganarían y se tomaría el poder, como en Cuba y en Nicaragua. Después, lograr el objetivo revolucionario se volvió difícil. En distintos lugares se hicieron Acuerdos de paz, pero aquí se demoró mucho, tal vez por la persistencia de los jefes, seguramente porque el narcotráfico les dio recursos para mantenerse en la guerra, o porque la mala situación del país, la pobreza, la corrupción, les hicieron creer que el día tendría que llegar. Nunca llegó, cada día que pasó fue más contrario a la lucha armada, pero nunca se les derrotó. Por eso la importancia de terminar la paz con la Farc y lograrla con los elenos.

La llamada reconciliación es un alivio para nuestra comunidad. Se está construyendo una jurisdicción para la paz y así evitar la impunidad que siempre reinó en todos los armisticios anteriores. Se van a cambiar las balas por los votos, lo cual es una gran ganancia. 

Algunos de los jefes subversivos irán al Congreso. Ya entregaron las armas. ¿”Pero acaso no cometieron crímenes”?  Sí, vale, pero es para que nunca más vuelva a ocurrir en Colombia tanta desgracia.

Por Mauricio Cabrera Galvis.-Peligro. El exceso de Democracia puede ser peligroso… para la Democracia! Esa es la conclusión apresurada y superficial que se podría sacar del accidentado proceso del referendo por la independencia de Cataluña y de la contundente mayoría que logró el Si (90%) entre la minoría que salió a votar (solo participó el 42% de los posibles votantes).

Conclusión parecida se podría sacar las victorias de los separatistas en el Brexit en Inglaterra, de los partidarios del No en el referendo por la Paz en Colombia, y hasta de los resultados de las consultas populares contra el petróleo y la minería en varios municipios del país.

Pero sería equivocado concluir de estos casos que es negativo acudir a la participación directa de los ciudadanos para decidir sobre cuestiones de importancia para toda la sociedad. El problema es que solo es posible llegar a decisiones razonables cuando se tiene información suficiente y verdadera sobre las consecuencias e implicaciones de la decisión. Y esto es cada vez más difícil en época de predominio de la posverdad y las mentiras.

En Cataluña, lo mismo que en Inglaterra, se pintó la independencia como la conquista de la tierra prometida con abundancia de oro y miel. La autonomía tiene muchas ventajas reales, pero estas se exageraron y se minimizaron o escondieron los costos de la separación.

Por ejemplo, no sé si todos los que votaron por el Sí en Cataluña eran conscientes de que la independencia de España implicaba que muchas empresas iban a emigrar a otros países –como ya lo anunciaron La Caixa, el Banco Sabadell y Gas Natural-, implicaba también no poder usar el euro como moneda y, sobre todo, que el Barça ya no jugará la final de la liga española contra el Real Madrid sino contra el Deportivo Gerona.

Peor aún cuando para atraer votantes se utilizaron mentiras, como hicieron para promover el Brexit prometiendo millonarios ahorros que resultaron falsos, o cuando “emberracaron” a la gente en Colombia para que votara No a la Paz con falsas historias sobre el castro chavismo, las amenazas contra la familia o los pensionados. 

No se deben eliminar los referendos, pero si se puede exigir que las preguntas incluyan las consecuencias para que la gente sepa a que atenerse. Por ejemplo, en Cataluña: “¿Aprueba usted la independencia de España y la salida de la comunidad europea y de la zona euro?”. O en Colombia: “¿Aprueba usted el Acuerdo de Paz con las Farc o quiere que siga la guerra hasta que se las pueda derrotar militarmente e imponerle todas las condiciones?”

Por Jorge Gómez Pinilla. Tomado de El Espectador.- La mejor prueba de los poderosos intereses que se mueven detrás del oro de Santurbán está en que la columna que en Vanguardia Liberal tenía Leonidas Gómez, firme opositor al proyecto de megaminería que quiere adelantar Minesa, fue remplazada por una que le dieron al gerente de esa multinacional árabe, Juan Camilo Montoya, quien de puertas hacia afuera se presenta como Director de Sostenibilidad y cuya tribuna de ‘opinión’ se dedica exclusivamente, cada ocho días, a defender ese proyecto. (Ver columna).

La sostenibilidad del páramo de Santurbán es precisamente lo que está en juego, entendiendo desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades de las generaciones actuales y lo preserva para las generaciones futuras. Duélale a quien le duela, la extracción de minerales no renovables es insostenible per se, pues según el reconocido ambientalista Gonzalo Peña Ortiz “se altera en forma sustancial la montaña donde se encuentran esos elementos. No puede haber minería sostenible donde yo le hago excavaciones al páramo”.

Si se tratara de extraer metales de una región desértica o de una montaña aislada de la civilización, vaya y venga. Pero estamos hablando de un páramo, y en solo seis países de la Tierra hay páramos (Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá y Costa Rica), y nosotros tenemos la mitad de todos los páramos que hay en el mundo. Y pese a que los páramos no ocupan ni el 2 por ciento de toda el área continental, el 60 por ciento de los colombianos vive en zonas de páramo.

A este planteamiento se suma el de Erwing Rodriguez-Salah, exdirector de Fenalco y líder del Movimiento Conciencia Ciudadana (MCC), quien advierte que “todo proyecto de megaminería por encima de las bocatomas del acueducto de Bucaramanga, sobre los sistemas circunvecinos del páramo de Santurbán como cuencas y microcuencas hidrográficas, altera la calidad de nuestra agua”. Minesa afirma que no utilizará sustancias como cianuro o mercurio, pero pretende minimizar el hecho de que la sola perforación subterránea sobre rocas libera arsénico y sulfuros, sumado a que “está demostrada la presencia de 39 gramos de uranio por cada tonelada de oro, hallazgo hecho en los estudios de exploración realizados por la minera Eco Oro cuando se llamaba Greystar”.

No se requiere ser biólogo para saber que los páramos recogen el agua en invierno, la preservan en el estado de equilibrio que sostiene al páramo, y en tiempos secos la van dejando salir. De hecho, el 60 por ciento del agua que proviene de Santurbán es subterránea. Entonces, retomando a Peña Ortiz, “tan solo al perforar el par de túneles que tiene previstos Minesa desde California hasta Suratá, se generarán modificaciones sustanciales. Por eso, no se puede hablar de minería responsable o de desarrollo sostenible en páramos”.

Mejor dicho, la empresa no ha logrado  controvertir que es físicamente imposible recuperar el agua después de la intervención minera, debido a las altas concentraciones de arsénico y sulfuros. En síntesis, se le causaría un daño irreversible a las entrañas de Santurbán, sobre todo a sus recursos hídricos.

Lo que está de por medio es una puja entre el desarrollo minero energético, concebido por el presidente Santos como una de las locomotoras de la economía, y la riqueza natural de Colombia. Se estima que en unas mil hectáreas hay más de 7,7 millones de onzas de oro —16 toneladas anuales— y cerca de 80 millones de onzas de plata —72 toneladas anuales—, lo cual convierte a esta zona en uno de los depósitos más grandes de oro de Suramérica.

Ese es el motivo por el cual Minesa alineó a su favor a todos los alcaldes de la zona de influencia del proyecto, con el respaldo inclusive –quién lo creyera- de la Corporación para la Defensa de Meseta de Bucaramanga (CDMB). La alineación no es gratuita (no hay almuerzo gratis, dicen), pues La Silla Vacía encontró que la Asociación de Municipios del Páramo de Santurbán, integrada por los seis alcaldes de Soto Norte, firmó un convenio de $30 millones con Minesa para el “fortalecimiento institucional de la asociación”. Se diría que están en su derecho, pero la dificultad surge cuando una de las cláusulas del convenio compromete a los alcaldes con los intereses de la empresa y les pone mordaza para hablar de ella. (Ver cláusula).

Minesa también está en el derecho de defender sus intereses y proteger la inversión que ha hecho en la socialización del proyecto, del mismo modo que la ciudadanía está en su legítima potestad para levantarse con orgullo santandereano a impedir que puedan contaminar el agua vital que bebemos, la cual llega al acueducto de Bucaramanga y surte a otros dos municipios del área metropolitana, Girón y Floridablanca, excepto Piedecuesta.

Nuestro verdadero oro es el agua, y para el viernes 6 de octubre se está convocando a una marcha ciudadana en su defensa, a la que debemos asistir los que podamos. Es bien llamativo que en su apoyo coinciden por primera vez el Partido Liberal y el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, exceptuando en lo político al Centro Democrático y al periódico conservador El Frente. Este último viene exhibiendo una impúdica defensa de Minesa -diríase militante-, que es recompensada con abundante publicidad en las ediciones dominicales. Según editorial reciente, “con la coyuntura política de los procesos de paz los grupos de extrema izquierda, aliados con ingenuos líderes de la capital del departamento, han montado una campaña persistente para impedir el desarrollo de la minería legal”. (Ver editorial).

Aquí sí, como dijera Rodríguez-Salah en su última columna: “coterráneos aúlicos siempre habrá tras las mineras, poseedores de un síndrome de vasallaje sin antecedentes”.

DE REMATE: En este folleto Minesa dice que utilizarán 33 litros de agua por segundo para su operación, y lo mismo dijo Juan Camilo Montoya en debate de la UNAB sobre Minería en Santurbán (ver aquí, minuto 44:20). Pero en la página 118 del Capítulo II del Estudio de Impacto Ambiental radicado ante la ANLA, solicitan licencia para concesionar un caudal de 300 litros por segundo (ver aquí). La diferencia es voluminosa, son 264 litros de agua por segundo. ¿En cuál caso mienten… o se equivocaron? Es conveniente que lo aclaren.

Por Jairo Gómez.-Sin llamarnos a engaños, la justicia transicional que se diseñó en el acuerdo de La Habana es un mecanismo novedoso, con características universales, que busca reconocer, esencialmente, a las víctimas y puede ser útil para resolver otros conflictos del mundo.

Diseñar la arquitectura en que se cimienta la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP- le llevó a las partes –Gobierno y Farc- más de un año y medio de discusiones, se consultaron todas las escuelas del derecho en el  mundo y examinaron los juicios pos Segunda Guerra Mundial, como el emblemático caso Núremberg, para acertar y evitar que ello simbolizara impunidad. Los negociadores la tenían clara: se trataba de una negociación política, pero sin burlar el derecho de las víctimas a saber la verdad.   

Dicho esto, fue necesario aclarar que el conflicto no emergió de un solo lado (la guerrilla), sino que detrás de esa guerra de cinco décadas también tuvieron papel protagónico los agentes estatales y ciertas castas políticas y económicas tradicionales relacionadas con el narcotráfico, y que, producto de esa asociación, prohijaron la pugna armada que degeneró en el paramilitarismo. 

No ha sido un camino fácil el concebir la JEP y reglamentarla es inexorable, no obstante la sistemática propaganda de desprestigio orquestada desde algunos partidos en compañía de la Fiscalía. Por ejemplo, Cambio Radical (CR), hoy vagón de cola del Centro Democrático, quiere politizar el tema de la JEP de cara a las elecciones de 2018. El fiscal Néstor Humberto Martínez (NHM), cuyo origen político está en las filas del partido del exvicepresidente Vargas LLeras, interviene en el debate para ponerle obstáculos al mecanismo transicional y argumenta, entre otros asuntos, supuestas incoherencias para torpedear esta instancia que consolida el acuerdo de paz. 

Cuestionar la conformación de la JEP y los magistrados elegidos es ocultar el verdadero motivo por el cual los miembros de CR se abstienen de votar la ley estatutaria; la verdadera razón es  la embarazosa responsabilidad que le cabe a los terceros en el conflicto, es decir, a quienes desde sus cómodas habitaciones, lujosas oficinas y ostentosas haciendas financiaron la guerra en Colombia durante décadas.

Se le olvida al fiscal, atrapado en un laberinto de espejos, asediado por los escándalos que le persiguen, que la JEP es producto de un acuerdo político entre el Gobierno del presidente Santos, en representación del Estado colombiano, y las Farc, y que pretender modificarlo para asumir desde su despacho instancias de investigación que no le corresponden, siembra muchas dudas.   

Ahora, al abanico de ataques contra el acuerdo de paz desde la pasada semana, también se sumó el embajador de los Estados Unidos en Colombia Kevin Whitaker. En una entrevista, a placer, que concedió al periódico El Tiempo no dudó en poner en entre dicho el pacto por unos supuestos incumplimientos de las Farc relacionados con el cuarto punto de la agenda sobre cultivos ilícitos. Da la impresión, y lo digo con todo respeto, que el diplomático no se ha leído el acuerdo en esa materia porque a la letra no existe compromiso alguno de la guerrilla negociadora para revelar testaferros  o entregar rutas etc. Pero al mismo tiempo, le mete cizaña al debate de la paz invocando el fantasma de la extradición. ¿Es una amenaza? o ¿es una sutil remembranza?

Le recuerdo al señor embajador Whitaker, que una de las empresas insignes de su país, la minera Drummond, jugó un papel importante en el conflicto y que su aporte fue crear y financiar un grupo paramilitar en el departamento de Cesar que se llamó Frente Juan Andrés Álvarez de las AUC, que comandó alias Tolemaida (hoy en un cárcel de Barranquilla) bajo el mando de Alias Jorge 40, extraditado por el Gobierno de Álvaro Uribe. No lo digo yo, lo dice una investigación de la Organización NO gubernamental PAX Holanda que recoge varios testimonios de postulados en Justicia y Paz.

Esa empresa tendrá que comparecer ante la JEP (responsabilidad de terceros), como lo harán los guerrilleros, los agentes del Estado, entre ellos, el general (r) Rito Alejo del Río, conocido como el “pacificador de Urabá” quien decidió acogerse a los principios de la justicia transicional. Dicho lo anterior, la JEP es por las víctimas y para las víctimas, ellas merecen saber la verdad. Una pregunta final: ¿Por qué le temen a la JEP? 

@jairotevi

Por Horacio Serpa.-Nuestra Constitución contiene en su articulado disposiciones sobre la Justicia Especial para la paz. Es decir, ya está creada como una jurisdicción excepcional la manera de juzgar a quienes cometieron graves delitos, relacionados con el conflicto armado interno que hemos sufrido durante décadas. Pueden ser guerrilleros, miembros de las Fuerzas Armadas y terceros miembros de la sociedad civil.

Es la primera vez en nuestra historia tan saturada de guerras, desmanes y violencia, que se hace un esfuerzo para juzgar y castigar a los mayores responsables de la orgía de sangre que nos dominó por tanto tiempo. Nunca antes se hizo nada igual, ni siquiera en la llamada época de la violencia en la mitad del siglo pasado, cuando se cometieron 350.000 asesinatos. El cometido que al respecto se está sacando adelante es inédito en el país, y un ejemplo para el mundo de una sociedad que no acepta cubrir con un manto de impunidad tanta desgracia y sufrimiento.

Se trata ahora de desarrollar las normas constitucionales sobre Justicia Transicional, un modelo especial para lograr la paz haciendo tránsito de la guerra cruel a la convivencia, con el apoyo, desde luego, del mayor número de colombianas y colombianos. La llamada Ley Estatutaria es una especie de reglamentación que hace el Congreso Nacional para que la Justicia Especial para la Paz empiece a operar. Resulta importante aprobarla y hacerlo rápido.

Si no se aprueba se hará inoperante esta clase de Justicia especial, se desconocerá el Acuerdo del Teatro Colón, se burlará a las Farc que ya están cumpliendo sus compromisos y se coloca en peligro de destrucción todo lo que se avanzó en los anteriores 4 años. Si no se hace rápido, cundirá la desconfianza entre la gente fariana, aumentarán las deserciones y daremos al mundo un espectáculo de deslealtad e incumplimiento. De entrada se dañarán los esfuerzos de Quito con el Eln.

En el Congreso la bancada de Centro Democrático, está en contra. No es extraño porque se ha opuesto a todo lo que se relacione con el proceso de paz. Cambio Radical anunció que también se opone a la ley, lo que a muchos nos tomó por sorpresa. El radicalismo de hoy forma parte de las fuerzas que apoyan al gobierno, integra la Unidad Nacional y estuvo representado con su jefe, el doctor Vargas Lleras, en dos Ministerios y en la Vicepresidencia de la República.

No pretendo meterme en las decisiones de un Partido distinto al mío, pero francamente nadie entiende que ocurrió, máxime cuando el texto del proyecto de ley fue conciliado previamente con los voceros del doctor Vargas Lleras.  Parece poco razonable esa decisión que pone en peligro la aprobación de la Estatutaria, la cual ya pasó la primera prueba. 

En materia de lo razonable, claro, no hay nada escrito. Recordemos al  Quijote: “La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de vuestra fermosura”.

Por Amylkar D. Acosta M.- Ante la caída persistente de las reservas de crudo con las que cuenta el país y ante la inminencia de tener que importarlo para completar la carga de las dos refinerías con las que cuenta, la de Cartagena y la De Barrancabermeja, además de mayores inversiones en la actividad exploratoria, tanto Offshore como Onshore, mientras se dan nuevos hallazgos se precisa optimizar el aprovechamiento de los campos maduros. Y ello es posible gracias a las nuevas tecnologías que hagan posible extraer más crudo de los yacimientos ya descubiertos y en desarrollo. Es lo que se conoce como recobro mejorado o recuperación secundaria de crudo. 

Uno de los mayores retos que ha venido encarando ECOPETROL, particularmente, para ver de suavizar la caída de sus reservas y de recuperarlas reponiendo las que se extraen es mediante el mejoramiento del recobro en sus campos en desarrollo y para ello su gran aliada es la tecnología. La recuperación primaria de crudo se da con la misma presión y energía del campo, la recuperación secundaria requiere la utilización de nuevas tecnologías. En la actualidad el factor de recobro promedio en el país es del 19%, frente al 35% promedio que han alcanzado otros países; el 88% de los campos se encuentran produciendo en etapa primaria, el 11% en secundaria y el 1% en terciaria. 

De modo que el país tiene allí un filón enorme a explotar. Según un vocero de la empresa, “a la fecha, 19 pilotos muestran resultados en producción, en el magdalena medio hay nueve, en el Meta cinco y en el Huila, están los otros cinco”. De hecho ECOPETROL entre los años 2010 y 2016 incorporó 216 millones de barriles de crudo a sus reservas probadas por cuenta del recobro mejorado. 

Se estima que en Colombia existen más de 53.000 millones de barriles de crudo, de los cuales solo se ha recuperado el 17%. De allí que, como lo asegura el Ingeniero de petróleos y asesor de la ANH Carlos Gómez, “por cada punto porcentual que podamos recuperar, son unos 500 millones de barriles de reserva. Si hablamos de cinco puntos a cinco años, una meta razonable, estamos hablando de una cifra mayor de las actuales reservas oficiales del país”. El ejemplo más patético de lo que se puede lograr con las técnicas de recobro mejorado es lo que se ha venido dando  en el campo Cira-Infantes, el más antiguo del país, este año completa los 99 años desde que empezó su explotación y que después de una declinación de su producción que llegó en 2003 a 5.000 barriles/día hoy está produciendo 40.000 barriles/día, 8 veces más (¡!). Ello, gracias al aumento de la tasa de recobro a través de una campaña iniciada en septiembre de 2016 por parte de ECOPETROL de la mano con la estadounidense Occidental Andina (Oxy). Y se proponen ir más lejos, pasando de una tasa de recobro del 17% en septiembre de 2016 al 30% en 10 años. 

Claro está que los precios del petróleo siguen siendo la gran limitante, pues la implementación de estas nuevas tecnologías conlleva mayores costos, pero aún en ello se han venido teniendo avances importantes en ECOPETROL, al punto que, como lo afirma su Presidente Juan Carlos Echeverri, a estas alturas “el precio al cual producimos caja está entre US $20 y US $30 y el nivel en el cual damos utilidades está entre US $30 y US $40”. De modo que en este momento, a pesar de la baja ostensible de los precios desde 2014, ECOPETROL, sigue siendo competitivo. Desde luego que los tiempos aquellos en los que ECOPETROL, como en el 2014 repartió a sus accionistas $9.4 billones en dividendos, 42% menos que en 2013 y en el 2016 como no hubo lugar a utilidades sino pérdidas en su ejercicio el año anterior no se repartieron dividendos y este año ECOPETROL tuvo un respiro, que le permitió repartir entre sus accionista $945.000 millones. La conjugación de múltiples esfuerzos lo ha hecho posible. 

Se impone, entonces la necesidad de incentivar no sólo a ECOPETROL sino a toda la industria para invertir en tecnología, para lograr su transferencia al país, de modo que las tecnologías de punta se puedan aplicar en Colombia, de modo que podamos “exprimir” más y mejor la “esponja” en donde está atrapado el petróleo y el gas natural, para que fluyan, se puedan recuperar y de esta manera podamos incorporar más barriles de crudo y más pies cúbicos de gas a nuestras reservas. Ello, claro está, sin descuidar, sin dejar de lado los esfuerzos exploratorios que son la respuesta en el largo plazo al reto de mantener la autosuficiencia petrolera. 

Bogotá, octubre 1 de 2017

www.amylkaracosta.net

Por Mauricio Cabrera Galvis.- En los países como Inglaterra donde los partidos políticos son serios y las elecciones son una confrontación de ideologías y proyectos de sociedad, los manifiestos electorales de los partidos son un elemento fundamental de las campañas; en ellos se plantean las políticas y programas de gobierno que aspiran ejecutar si llegan al poder. 

La gente les para bolas porque esos manifiestos son los contratos de un partido con sus electores, y son exigibles. Los candidatos que aspiran a cargos de elección popular deben inscribirse a nombre de un partido –es mínima la probabilidad de ser elegidos como independientes- y comprometerse a defender los postulados del manifiesto. 

En Colombia estamos a años luz de esas prácticas democráticas. Acá los partidos se han debilitado a punto tal que muchos de los aspirantes a la Presidencia han preferido inscribirse por firmas. Unos carecen de coherencia ideológica y son solo un mecanismo para repartirse los cargos de la burocracia estatal o una agrupación de dirigentes que controlan sus pequeños feudos electorales. Otros son más disciplinados pero antidemocráticos, pues son rebaños de fieles seguidores de un caudillo que no se atreven a discrepar de sus opiniones. 

En medio de tan oscuro panorama ha surgido una inesperada excepción y el Partido Liberal ha planteado un Manifiesto de principios básicos, con la exigencia de que deben ser aceptados por cualquier candidato que quiera contar con el aval del partido para las elecciones. 

Este Manifiesto Liberal está muy lejos de ser un completo programa de gobierno, como sucede en Inglaterra, pero si incluye los postulados centrales de un liberalismo moderno y progresista, que son la base para construir un país justo y equitativo donde quepamos todos. 

Son 8 los principios liberales plasmados en el Manifiesto: la libertad de todas las personas; el logro de la igualdad con un modelo económico incluyente; el respeto a las minorías rechazando cualquier tipo de discriminación por razones de raza, orientación sexual; la garantía de un estado laico, la lucha contra la corrupción y por la transparencia de los asuntos públicos y la defensa del Acuerdo de Paz con las Farc para construir una paz estable y duradera.

Por Juan Fernando Londoño.- Existe una gran nostalgia en el país acerca de los consensos que caracterizaban la sociedad y la política colombiana. Más nos vale dejar de añorarlos. Los acuerdos del pasado fueron respuesta a la situación de conflicto armado y ahora que la guerra dejó de aglutinar a la sociedad no solo se ha evidenciado la quiebra de los viejos acuerdos sino que no encontramos mecanismos para resolver las nuevas tensiones.

Todavía no lo entendemos bien, porque el fin del conflicto ha sido demasiado reciente, pero durante los años de la confrontación armada la sociedad colombiana y especialmente sus élites, reaccionaron al desafío guerrillero mediante varios consensos o arreglos institucionales que sirvieron como mecanismo de defensa durante todos estos años, pero cuyo agotamiento es evidente.

El primero de ellos fue la entrega del manejo del orden público a las Fuerzas Armadas. Este consenso tiene su expresión más clara en el célebre discurso de Alberto Lleras en el Hotel Tequendama cuando aceptó la candidatura para ser el primer presidente del Frente Nacional. Allí dijo que los militares debían permanecer en los cuarteles alejados de la política y a cambio los políticos se alejarían del manejo del orden público y fuera de los cuarteles.

Esta situación perduró con graves consecuencias en términos de la eficacia de la acción militar y de violaciones de derechos humanos. La renuncia de la clase política a la conducción de los asuntos de seguridad ha sufrido múltiples fracturas, primero, por la intervención de los Estados Unidos, luego por el nombramiento de ministros civiles al frente del Ministerio de Defensa (aunque algunos asumieron su labor como jefes de relaciones públicas de los militares) y finalmente por el liderazgo militar tanto de Uribe como de Santos (el uno para impulsar la guerra y el otro para terminarla). La permanencia de la Policía Nacional en la sede del Ministerio de Defensa muestra que no se trata de un capítulo cerrado, pero sí evidencia el agotamiento de un esquema diseñado para la guerra.

El segundo gran consenso fue la entrega del manejo económico a la tecnocracia. En este caso fue el otro presidente Lleras, quien no solo creó el Departamento Nacional de Planeación sino que sacó a los políticos de las decisiones de gasto público a cambio de beneficiarlos mediante la creación de los auxilios parlamentarios. También este modelo persiste, pese a que la Constitución de 1991 intentó eliminar los auxilios y descentralizar el gasto público. Los auxilios fueron revividos en varias formas y aún siguen produciendo estragos en forma de mermelada con una gran afectación a la competencia política, mientras que la descentralización fue reversada desde el gobierno de Andrés Pastrana justo por ser una amenaza a la estabilidad macroeconómica.

Los consensos fueron útiles. Hubiese sido difícil resistir los años de guerra en medio de crisis económicas o con debates sobre el manejo del conflicto con los niveles de pugnacidad que hoy tenemos sobre el manejo de la paz. El problema con estos consensos es que funcionaron bien para mantener la estabilidad y asegurar la gobernabilidad entre quienes estaban adentro del sistema pero represaron el trámite de muchas otras demandas de la sociedad.

La era de los consensos es cosa del pasado y cualquiera sea el resultado electoral de 2018 lo que viene será una gran turbulencia.

Exviceministro del Interior

@JuanFdoLondono

Por José Gregorio Hernández.- A raíz de la vergonzosa situación que se presenta en el seno de la Corte Suprema de Justicia, se ha hablado de la necesidad de una reforma y se han dicho muchas cosas al respecto. En su mayoría, quienes han opinado han reducido la discusión al mecanismo constitucional aplicable y al tema del tribunal que debiera juzgar a los altos magistrados.

El Ejecutivo, por su parte, ante el más reciente escándalo y por el embate de los medios, propuso  primero, de manera improvisada,  incluir un  texto en el proyecto de acto legislativo sobre  reforma política, por la vía abreviada, con el objeto de resucitar la Comisión de Aforados (Acto Legislativo 2 de 2015) que la Corte Constitucional declaró inexequible, y  acude ahora a la figura del referendo constitucional, si bien, en tratándose de la paz, el Presidente de la República no respetó los resultados del plebiscito y, en cuanto al referendo, había dicho que era “un suicidio”. Es difícil entender cómo razona este gobierno, que, para “ayudar” a los trabajadores, tiene el proyecto de descapitalizar el Fondo Nacional del Ahorro en la módica cifra de cuatrocientos mil millones de pesos, “sin perjudicar a los afiliados”. Pero, en fin, ahí están las iniciativas gubernamentales en materia de justicia.

Como también hemos advertido, “no solo resulta necesario replantear el fuero, creando un tribunal independiente que investigue y juzgue a las cabezas de la administración de justicia, de la Fiscalía y del Ministerio Público -yo incluiría también a los presidentes y ex presidentes de la República, pues allí también hay impunidad-, sino que es indispensable un proyecto que con claridad señale  los procedimientos especiales aplicables -ágiles, eficaces y con términos perentorios- y que, además, permita a las instituciones, ante elementos de juicio serios, suspender a los denunciados -en guarda de la transparencia - mientras se adelanta el juicio. Un sistema  novedoso, fundado en la experiencia, que establezca especiales y estrictas prohibiciones, con sanciones fuertes; que prevea, para los hallados culpables, además de las sanciones penales, la destitución o pérdida de investidura y la inhabilidad intemporal para el desempeño de cargos públicos y para ejercer la profesión de abogado;  y que exija a los futuros jueces y magistrados prudencia, ecuanimidad, imparcialidad y criterio de justicia. Y algo esencial: invulnerabilidad ante presiones y halagos” (*).

Muy importante modificar el sistema de postulación y selección de magistrados, Procurador, Fiscal y Defensor del Pueblo, con el fin de erradicar, como criterios de escogencia,  los que se han impuesto en los últimos años, como el padrinazgo, el cabildeo, el nombramiento de familiares y cónyuges, la política, la capacidad de intriga y los compromisos  sobre ejercicio de funciones. Véase que el actual Gobierno y algunos congresistas han exigido  a los aspirantes a ser elegidos miembros de la Corte Constitucional “comprometerse” con las normas dictadas para implementación del proceso de paz. Ilegítimo, irrespetuoso y penoso. 

Así que, además del juicio más estricto y rápido contra los comprometidos, se necesita que, con carácter independiente -sin el cruce de intereses políticos y judiciales que hay en el Congreso-, un órgano de elección popular prevea una reforma integral y restaure la confianza de los colombianos en la Justicia.

Por Jairo Gómez.-La gran diferencia entre la Justicia Especial para la Paz y Justicia y Paz radica en que las víctimas en la JEP son protagonistas, mientras en JyP no cuentan para nada, son ignoradas y los postulados dicen su versión sin que, en muchos casos, nadie los controvierta.

Esta es una conclusión que afloró después de una larga conversación que tuve con Alcides Manuel Matos Torres, alias “El Samario”, postulado en Justicia y Paz como miembro del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC-, y adscrito al frente “Juan Andrés Álvarez”. En esta justicia los responsables son los perpetradores directos, mientras los agentes del Estado quedan por fuera, lo mismo quienes financiaron la guerra. En la JEP es todo lo contrario.

“En Justicia y Paz las víctimas no tienen derechos y la verdad se cuenta desde un solo lado”, me decía  alias El Samario, que operaba en los departamentos de Cesar y Magdalena. “A nosotros durante el juicio como postulados no se nos permitía hablar con las víctimas y menos que ellas estuvieran presentes en los interrogatorios. Por eso hoy que estoy libre, quisiera acercarme a las víctimas y reconciliarme con ellas. Contarles toda la verdad”.

“Pero en Justicia y Paz –le increpé- usted debió contar toda la verdad o de lo contrario no estaría libre; no hubiera obtenido sus beneficios”. 

Sin dudarlo, Matos Torres, me aclaró: “Nosotros (las AUC) no éramos como la guerrilla. Nosotros no combatíamos al Estado, trabajábamos con el Estado. Entonces contar la verdad de este lado se nos hacía más difícil, porque si la contábamos nos judicializaban. Entonces toda la responsabilidad era nuestra. Esto tiene una explicación: el país todavía lo manejan las personas que nos apoyaron cuando estábamos en las autodefensas”.