Opinión

Por José Gregorio Hernández.-A propósito de lo que pasa en Venezuela, hemos recordado por estos días la sencilla pero muy real advertencia del político inglés John Emerich Edward Dalberg-Acton, más conocido como  Lord Acton, según la cual “el poder corrompe; el poder absoluto corrompe absolutamente”. 

Aristóteles  había afirmado que, en el gobierno despótico, quien gobierna suele  tratar  a sus súbditos como esclavos. Es decir, por definición, desconoce la dignidad humana de los gobernados y atropella sus derechos. 

Charles Louis de Secondat,  Barón de la Brède y de Montesquieu, en “El espíritu de las leyes”, dejó consignados los principios esenciales que hoy todavía sostienen la democracia en los estados constitucionales: la distribución de funciones; el equilibrio entre las ramas y órganos del poder público. 

La constituciones se establecieron con el objeto de preservar  los derechos y  garantías para los ciudadanos, y como dique contra el ejercicio absoluto del poder; como forma de introducir el equilibrio en el uso del poder; como mecanismo de contención contra posibles abusos del gobernante, sometiendo sus actos y decisiones al Derecho. Las constituciones no se hicieron para rodear al gobernante de atribuciones omnímodas, ni para plasmar mecanismos de concentración del poder político, sino para sujetarlo a normas vinculantes que le fijan linderos y restricciones en garantía de la libertad de los gobernados. 

En una democracia auténtica, el titular exclusivo de la soberanía -esa característica del poder  estatal que se sobrepone a todo otro poder dentro del territorio-  es esencialmente  el pueblo, como lo declara el artículo 3 de la Constitución colombiana de 1991, y como lo proclama también el 5 de la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999, según el cual “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”. 

El pueblo es el titular del  Poder Constituyente originario.  En ejercicio de la soberanía, es él quien  establece y pone en vigencia la Constitución, la norma fundamental  a la cual se sujeta todo el ordenamiento jurídico del Estado. Ese poder no se confunde con el poder de reforma de la Constitución, confiado a órganos constituidos -como los congresos o las asambleas constituyentes-. Ese poder derivado corresponde a una competencia, y por tanto no es el dueño de la Constitución, y solamente la puede modificar de la manera y por los procedimientos que la propia Carta Política estipula.

Por Ángel Alayón.- La literatura especializada es clara: las protestas en la calle, la presión internacional y todo aquello que genere ingobernabilidad, tienen como objetivo causar una fractura en la coalición de poder que sostiene a un gobierno. Una vez se produce la fractura, se abren los escenarios políticos que permiten la restitución de la democracia. Los resultados de la estrategia son múltiples y disímiles. Y van desde el fracaso absoluto de la estrategia hasta una transición indolora que culmina en una democracia.

El pasado 1 de mayo, treinta días después de iniciarse este ciclo de protestas, Nicolás Maduro anunció un proceso constituyente que le permitió retomar la iniciativa política perdida desde que la Fiscal Luisa Ortega Díaz decretara el rompimiento del orden constitucional. La constituyente fue asomada como un instrumento de paz. Pero se reveló desde el mismo anuncio como un instrumento de paz orwelliana, un instrumento que le permitiría a la coalición de gobierno liquidar cualquier resquicio de poder independiente y anular a la disidencia y a cualquier fuente de competencia política.

La pregunta que se hicieron en el Gobierno fue simple: ¿Cómo mantenerse en el poder sin hacer elecciones directas, universales y secretas? En 2016 lograron evadir el revocatorio y las regionales. Pero en 2017, la estrategia de la oposición requirió del Gobierno una respuesta de escala nuclear: la constituyente comunal. Un constituyente con poderes ilimitados, que sería aprobada sin consulta previa, y con unas bases comiciales que le garantizaban al gobierno la obtención de una mayoría a pesar de ser minoría. Porque ese es el obstáculo principal que tiene, y que tendrá, la coalición de gobierno: son minoría. Perdieron el favor y la preferencia de los ciudadanos, y no pueden mantener el poder mediante elecciones libres.

Las grietas en la coalición son visibles, pero no sabemos cuál es el alcance del daño a la estructura del poder, si lo hubiere, por lo que no especularé sobre la probabilidad de fractura y los resultados. También es conveniente recordar que la caída de los ingresos disponibles en manos del Gobierno implica una disminución en la capacidad de comprar lealtades políticas, como recuerda Bruce Bueno de Mesquita y Alastair Smith en su Manual del dictador (Siruela, 2011), lo que afecta la solidez de la coalición. Me dedico aquí a otro quiebre, uno que luce irreversible y lleno de desafíos. Se trata del fracaso del modelo económico y social del chavismo y sus consecuencias: un empobrecimiento súbito de la población venezolana acompañada de una economía disfuncional. Allí, en ese fracaso, está el origen de la fractura entre la coalición del gobierno y los ciudadanos.

El modelo madurista-chavista no puede obtener otro resultado sino la pobreza. Fue así en el socialismo clásico del siglo XX, no podía ser diferente en el del XXI. El boom de los precios de petróleo de la primera década de este siglo disparó el consumo de Venezuela creando la “era dorada” del chavismo, una era en la que no le temieron a las elecciones libres, directas y universales. Pero fue en esa misma era cuando se establecieron las bases del fracaso de la economía y el rápido deterioro del bienestar de los venezolanos.

El desplazamiento y acorralamiento del sector privado, los controles de cambio como fuente de distorsiones y corrupción, el gigantismo del Estado empezando por la hipertrofia de la nómina de PDVSA y su partidización, la utilización política del Banco Central, el desmontaje de los instrumentos de estabilización macroeconómica, las estatizaciones con fines políticos, el uso del gasto público con fines electorales y clientelares fueron parte de un conjunto de acciones autodestructivas. Sólo era cuestión de tiempo. El precio del petróleo cayó y terminó por desnudar el modelo. No hay otro país petrolero que sufra lo que sufre Venezuela. La economía venezolana ya era disfuncional aun con precios del petróleo sobre los 100 dólares. La caída aceleró la debacle. Una caída para la que debimos haber estado preparados y no lo estuvimos.

Los desafíos económicos y sociales son enormes e inmanejables con la mismas recetas que nos han traído aquí. La hiperinflación ya es un tema de discusión semántica no de impacto en el bolsillo. Las importaciones colapsaron y eso se refleja en la escasez. La producción agrícola está en emergencia mermando aún más la posibilidad de producir alimentos en el país. La producción de petróleo ha caído 20% desde 2012. Las reservas ya están por debajo de los 10.000 millones y Venezuela tiene compromisos de pagos en los próximos 18 meses por 12.722 millones de dólares.

El deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos es una de las variables determinantes de la dinámica política actual. La coalición del gobierno es minoría, entre otras razones, porque su oferta a los venezolanos, más allá de la propaganda, son vidas rotas y una precaria sumisión a la dependencia estatal para proveerse de bienes básicos. Una promesa que ni siquiera puede cumplir. Una oferta sin poder de persuasión porque no tiene cómo apalancarse. Ni siquiera en la nostalgia. Ni siquiera en el olvido.

Para la coalición del gobierno, el problema sigue intacto: en democracia las minorías no pueden mantenerse en el poder.

Por: Jorge Enrique Robledo.- Va más de medio año desde que estallara el escándalo de Odebrecht. Y mientras que en otros países ha hecho caer cabezas de la cúpula, en Colombia no ha pasado nada más allá de algún ruido sobre algunos actores secundarios y el convencimiento nacional de que vamos hacia otra escandalosa impunidad. A pesar de que se pagaron sobornos por millones de dólares para contratos corruptos y hay acusaciones sobre fuertes sumas a las candidaturas que se disputaron la Presidencia en 2014.

Si en lo legal son pocos los avances, hay impunidad total en cuanto a las responsabilidades políticas de los involucrados: un par de noticias que sirven más para cubrir las apariencias que para ir al fondo del asunto, y pare de contar, al igual que el silencio de los partidos de los funcionarios involucrados. Impunidad total, a pesar de que Juan Manuel Santos confesó con un “me acabo de enterar” que entró plata de Odebrecht a su campaña de 2010 y que las pruebas señalan que lo mismo sucedió en 2014. Y parecido ocurre con el también acusado Óscar Iván Zuluaga, casos los dos en los que ni se mencionan los nombres de sus vicepresidentes y actuales aspirantes a la Presidencia, como si no se hubieran beneficiado con la misma plata y los mismos votos.

Se sabe también que la parsimonia del Consejo Nacional Electoral para investigar y sancionar a los partidos que avalaron estas candidaturas obedece a que el 80 por ciento de sus miembros pertenece a la Unidad Nacional y el Centro Democrático. Y se mantiene oculto que la Procuraduría tiene frenado el acuerdo del gobierno con Odebrecht y el Grupo Aval para darles 700 mil millones de pesos como parte del acuerdo de impunidad que pactaron.

De otro lado, la Contraloría confirmó mis acusaciones y las de José Roberto Acosta sobre el préstamo del Banco Agrario a Navelena (Odebrecht). Señaló que están perdidos 135 mil millones de pesos, que la junta directiva del banco aprobó el préstamo violando las normas y que 50 mil millones de esa plata se contrataron para “cancelar un préstamo de Navelena con el Banco de Occidente, cuyo único propósito fue reducir la exposición de este último con el Grupo Odebrecht” (enlace 1). Tampoco se responde por estos hechos en un banco politizado por completo, incluido el silencio de los ministros de Hacienda y Agricultura, miembros de su junta directiva y del conservatismo y la U.

Cómo fue de notorio además el manto de silencio y falsedades con el que los amigos del Fiscal Martínez cubrieron el retiro de su denuncia penal por injuria y calumnia contra este senador y que, gozando de una amplísima alcahuetería, se hubiera atrevido a violar el artículo 185 de la Constitución, que protege a los congresistas por sus opiniones en el ejercicio del control político. También va camino de la impunidad política que el Fiscal Anticorrupción corrupto hubiera sido nombrado como parte de una operación clientelista de Cambio Radical, el partido de sus afectos y de los de Néstor Humberto Martínez Neira.

En los países que no operan tan mal como Colombia, los altos funcionarios y sus partidos responden políticamente por sus malas determinaciones, incluido tener que renunciar a sus cargos (enlace 2). En Colombia, y ello cuenta en por qué es uno de los países más corruptos del mundo, gobernantes, jefes políticos y partidos tradicionales no tienen que responder por los actos ilegales o vergonzosos y sus filiaciones políticas ni siquiera se mencionan cuando son acusados.

De lo peor de esta lamentable realidad, heredera de la manguala del Frente Nacional, es que a ella han acostumbrado a mucha gente buena de Colombia, que refunfuña contra sus actos y al final los tolera y respalda con sus votos. Pero tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe. Parece estarse acercando uno de esos momentos claves en los que los países corrigen el rumbo, dada la amplia indignación contra las tantas maneras perniciosas con las que los mismos se han mantenido por décadas en el poder, impidiendo el verdadero progreso de Colombia. 

Bogotá, 28 de julio de 2017.

Por Mauricio Cabrera.- ¿Cómo explicar que en una economía frenada que sólo crecerá este año un 2%, el desempleo siga disminuyendo y haya pasado de 8,9% a 8,7% en los últimos 12 meses? Si cunde el pesimismo entre los empresarios, ¿por qué en ese período aumentó en 552.000 el número de personas con empleo? ¿Éstas cifras tienen algo que ver con el Proceso de Paz?

Una clave para dar respuesta se encuentra al mirar por aparte las cifras del empleo en las ciudades y en el campo, y sobre todo si se separan las 13 ciudades más grandes del país. En efecto, en estas últimas la tasa de desempleo si subió de 10,2% a 10,8%, porque aunque se crearon 100.000 empleos nuevos en el año, estos no fueron suficientes para las 180.000 personas que salieron a buscar trabajo. En las ciudades intermedias y pequeñas -que representan el 28% de la población- hubo 200.000 personas nuevas en el mercado del trabajo, pero en ellas se crearon la mitad de los empleos nuevos del país, por lo que el desempleo bajó del 10,7% al 9,7%. En las zonas rurales, donde viven un poco más de la quinta parte de los colombianos, hay una tendencia similar aunque un poco más limitada: se crearon 133.000 empleos y el desempleo bajó del 5,2% al 4,4%.

Se puede aventurar una hipótesis política para explicar estos comportamientos tan disímiles, y tiene que ver con el hecho de que la enorme polarización política respecto del proceso de paz que hoy divide hasta las familias es mucho más notoria en las grandes ciudades que en el resto del país.

En las pequeñas ciudades y en el campo es donde se vivió con más intensidad la guerra contra las Farc y por lo tanto es donde se están viendo más rápido los beneficios de la paz. Ya no hay bombas ni tomas guerrilleras, se ha podido volver a cultivar el campo y están volviendo los turistas, todo lo cual está dinamizando las economías locales. 

Por el contrario, en las grandes ciudades la gran mayoría de sus habitantes sólo vio la guerra por televisión y resienten mucho más las concesiones de la negociación con la guerrilla que los beneficios del silencio de los fusiles.

Por Gabriel Ortiz.-Han sido muchos los grandes hombres que, durante nuestra historia, han pasado por estas tierras, mucha la riqueza que nos ha depositado la naturaleza, mucha la belleza de nuestras mujeres e incalculable y promisorio el futuro que podríamos gozar, pero que nos lo alejan cuando está prácticamente en nuestras manos.

Los insaciables siempre están actuando amparados en un enemigo prefabricado.           

Nuestro talento, inventiva, destreza y fuerza; la energía, la rectitud, el carácter, el rigor, el ingenio y tantas virtudes del ser humano, irrigan y penetran esta tierra y esta población que no se doblegan ante nada.

Lamentablemente no nos vacunaron contra imponderables e imprevistos que llueven y nos impregnan. Nuestros escudos no eluden los ataques, que hasta la misma naturaleza arroja sobre la humanidad.

No vale la pena, para evitar polémicas estériles, señalar períodos, personajes, comunidades y sectores que han malogrado nuestro pasado, presente y futuro.

Los reveses, los obstáculos y las desgracias que hemos soportado se amparan en el poder, el dinero, la ambición, el resentimiento, la envidia y la intriga. Siempre acompañados por enemigos prefabricados.

Todos esos ingredientes acompañaron quienes han pasado por estos lares. Los primitivos, nuestros verdaderos antepasados, fueron despojados de sus tierras, sus riquezas, sus mujeres, sus virtudes; fueron esclavizados y casi que diezmados por la acción de los invasores que los infestaron con las europeas enfermedades.

Con briosos caballos, que aún poseen y disfrutan con avaricia, moquetes y desmedidas ambiciones por nuestro oro y riqueza, sembraron en nosotros la ansiedad, la voracidad, la avidez, la insatisfacción, el resentimiento. Siempre apoyados en el enemigo prefabricado.

Así fuimos perdiendo las bondades de la naturaleza y, florecieron las intrigas, la ambición, la envidia, el insaciable deseo de poder. Esas ilimitadas bondades del ayer se convirtieron en el desastre del mañana. El que llega a la cima quiere quedarse allí por siempre. Sus logros, sus metas, sus tierras, su riqueza -sin importar cómo se hayan obtenido- tienen que proyectarse en el tiempo y la distancia. Apoyados por el enemigo prefabricado. 

En esas estamos. Hoy con menos del 10% de los colombianos, un ¨tuiter-fijo¨, quiere manejar a 50 millones a su manera, para beneficiarse, para sostener su decadente poder.

Quiere eternizarse como el ¨Gran Colombiano¨, el mariscal, el inalcanzable, el único.

Esta vez, el enemigo prefabricado es la prensa. Lástima grande que personajes calificados, pero desorientados, dependan de la insaciable voracidad de poder y resentimiento de un supuesto líder -con enemigo prefabricado- para postularse como candidatos a la Presidencia. Los fanáticos deben pensar, decidir por sí mismos y votar por quien ellos quieran… no por el que se les diga. Solo así podremos disfrutar lo nuestro. 

NEGRO, NEGRO: Semana dolida nos trajo la noticia del deceso del gran colega y amigo, Héctor Mora Pedraza. Lo conocí cuando era un joven diputado de Cundinamarca. Fogoso orador y autor de numerosas ordenanzas dedicadas a mejorar la vida de la gente. Periodista que nos llevó a conocer el mundo con sus curiosidades, enigmas, bellezas, curiosidades. Paz en su tumba.

Por José G Hernández.-Ya desde hace un tiempo, en diversos documentos, artículos  y conferencias, quien esto escribe ha mostrado preocupación -compartida por académicos y juristas-  por el creciente fenómeno de pérdida de poder o de vigor efectivo del Derecho en el seno de la sociedad colombiana. Ese fenómeno se ha venido acentuando en los últimos años, en especial por el auge de la corrupción en algunos sectores de la administración de justicia, por la interferencia política en los procesos de  selección de los altos funcionarios judiciales y de las cabezas de los organismos de control, además de la manera como el Gobierno y el Congreso han querido plasmar -en normas votadas a la carrera y sin discusión-  los compromisos estatales y las consecuencias jurídicas de los acuerdos de paz, su implementación y desarrollo.

Es como si el Derecho -de suyo relativo, por su misma naturaleza, pero no al nivel de desdibujarse y convertirse en plastilina- hubiera llegado a la relativización absoluta, es decir, a desparecer como sistema establecido, desde las épocas más remotas,  con el objeto de ordenar la vida en sociedad, de realizar la justicia, de encuadrar  y delimitar -mediante principios y reglas-  el ejercicio del poder, evitando o sancionando los abusos,  y  amparando  la libertad y los derechos, para -en cambio- convertirse en cúmulo de normas sin sentido propio y sin coherencia interna, siempre sujeto a las interpretaciones ingeniosas y a los argumentos sofísticos, cuando no a la malintencionada desfiguración y alteración de sus contenidos esenciales con la finalidad de satisfacer apetitos políticos o intereses particulares y de grupo.

La crisis del Derecho llegó a su máximo punto  cuando la voluntad del pueblo -expresada en las urnas, en un plebiscito- fue desacatada con artificiales pretextos -infortunadamente aceptados por la Corte Constitucional- para que un órgano constituido -el Congreso-, sin autorización ni facultad  alguna otorgada por el Constituyente, confundiera su función de control político -que, desde luego, podía y debía cumplir-  con la potestad de refrendación popular que, como su nombre lo indica, reside exclusivamente en el pueblo. En él reside, según el artículo 3 de la Constitución, la soberanía, de la cual emanan los poderes públicos. El pueblo la ejerce directamente o por medio de sus representantes, pero la Constitución afirma que, en este último caso, ese ejercicio únicamente tendrá lugar en los términos que la Constitución establece.  El Congreso no gozaba de atribuciones constitucionales para sustituir al pueblo en su potestad de refrendar el Acuerdo de Paz.

El pueblo -el 2 de octubre de 2016- ya se había pronunciado, en sentido negativo, frente al primer Acuerdo de Paz -Cartagena, 26 de septiembre de 2016-, y, si las cosas en Derecho se deshacen como se hacen, el segundo Acuerdo -Bogotá, 24 de noviembre de 2016-, que según el Gobierno se ajustaba al veredicto popular del 2 de octubre, ha debido ser sometido también a la votación popular en plebiscito. 

Pero, aparte de esa flagrante desobediencia al pueblo, que por tanto desconoce la democracia y el Derecho, lo cierto es que las fórmulas de ingenio para burlar la Constitución -la base de nuestro orden jurídico- han sido muchas. Las seguiremos comentando en esta columna.

Por Jaime Enrique Durán Barrera.- A propósito de la decisión del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, de objetar la Ley que reduce los aportes de los Pensionados a la Salud, un derecho fundamental de todo ciudadano, de un 12% al 4 %, merece realizar algunas consideraciones como senador de la República.

Lo primero que tenemos que estimar es que un pensionado es un adulto mayor, un ciudadano con necesidades especiales y propias. En otras palabras, personas que requieren sistemas de pensiones de amplia cobertura, aceptables y accesibles servicios de salud y entornos sociales favorables. Sin eso un adulto mayor está a su suerte.

Los organismos internacionales como las Naciones Unidas han afirmado muy acertadamente que las personas de tercera y cuarta edad son una población que, aparte de crecer, especialmente en los países en desarrollo, son uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Este sector social, hoy en día, protestando activamente en Colombia, por sus derechos y necesidades impostergables, está a punto de convertirse en uno de los grupos humanos que pueden generar las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI, con consecuencias para casi todos los sectores de la sociedad, como el mercado laboral y financiero y la demanda de bienes y servicios (viviendas, transportes, protección social...), así como para la estructura familiar y los lazos intergeneracionales.

Situaciones que están cercanas a suceder en Colombia y requieren de mejores condiciones para su sostenimiento económico y el tratamiento de su estado social y de salud.

El impacto de los costos de los sistemas de salud para los pensionados ubica a este ciudadano y a su familia en indefensión, debilita su acceso a la atención médica y supone una decisión terrible entre comer y comprar medicamentos y tratamientos asistenciales. Esta realidad es escalofriante. Sobrevivir para un pensionado, es un acto de malabarismo.

La deuda histórica con el sector de los pensionados y adultos mayores nos pone a todos los colombianos en tela de juicio, en cuanto a nuestra responsabilidad de atender las demandas de los sectores más vulnerables, más aún cuando ha sido promesa de campaña electoral.

No podrá haber una paz verdadera si las desigualdades y la exclusión continúan existiendo. No procesar esta demanda de los pensionados es crear condiciones que afectan la gobernabilidad democrática. 

Invito al pueblo de Colombia a acompañar a los pensionados y a mis colegas en el Congreso para ratificar el apoyo a esta imperiosa iniciativa legislativa que busca dignificar la condición de vida de los colombianos mayores.  

Por Rodrigo Villalba Mosquera.- En 2001, como Ministro de Agricultura, recibí de la Organización Internacional de Epizootias (OIE), en París, la certificación de área  libre de aftosa con vacunación del Caribe colombiano y Antioquia,  siendo el reconocimiento a un trabajo juicioso realizado entre el gremio ganadero y el gobierno de la época, logrando más tarde la certificación plena como país libre de la enfermedad. Este logro le permitió al sector ganadero colombiano unas posibilidades enormes de reactivación interna para proveer mercados exigentes en el contexto internacional. En esta dirección la OIE adelantó un trabajo de concientización en la región, consiguiendo que todos los países de América Latina, con excepción de Venezuela, se certificaran como naciones libres de aftosa, lo que significaba la apertura de mercados con Norteamérica, Europa y Asia  (carne, leche y derivados).

Desde esa época nuestro país se había caracterizado por mantener una responsable tarea, realizando dos ciclos de vacunación al año, financiada con recursos de la parafiscalidad ganadera. Sin embargo, hoy la situación es bien distinta y los brotes de aftosa han hecho su agosto en Arauca, Cundinamarca, Magdalena Medio y Norte de Santander, dando al traste con la política de sanidad animal y convirtiéndose en una amenaza real para la economía sectorial. Es una vergüenza lo que está sucediendo.

Fedegán culpa al gobierno y Minagricultura responsabiliza de la enfermedad al contrabando de Venezuela. Otros sindican al ICA o a las autoridades sanitarias por falta de control. Que los responsables de la crisis se determinen, pero lo claro es que estamos frente a una peste, a un virus muy contagioso que se transporta por el aire, la ropa, los zapatos, el pelo de la gente y en las llantas de los camiones, como se ve, es de fácil propagación y sus efectos para la economía son terribles.

Los brotes de aftosa y la amenaza de su propagación en el territorio patrio, tienen a todo el mundo con los pelos de punta y no vemos una reacción efectiva de las autoridades sectoriales para atender la emergencia y enfrentar la crisis. Lo único cierto es que se ha interrumpiendo el comercio (exportación de carne, leche y derivados) a países como Perú, Ecuador, Panamá, Chile, México, Curazao,  Rusia, Turquía y Jordania. Si a esto le sumamos la situación de Venezuela, país con el que compartimos 2.219 kilómetros de frontera, y con quien no podemos coordinar ninguna acción conjunta porque esa nación está convertida en un “relajo”, es fácil deducir que estamos frente a un problema de marca mayor.

Las pérdidas son millonarias para los ganaderos, quienes no solo han dejado de exportar sino que ya están viendo cómo se reduce el consumo interno de carne. La aftosa solo afecta al ganado bobino, caprino, porcino y bufalino y en nada la salud del ser humano, algo que no muchos entienden. 

Es imperativo un plan integral para enfrentar la crisis. No más disculpas.

Por Jorge Gómez Pinilla.- Tomado de El Espectador.-En columna de hace cuatro años preguntaba, con cierta timidez no exenta de temor: ¿Es Uribe un peligro para la sociedad? (Ver columna). Hoy no temo afirmarlo, y en tono de denuncia, porque su empeño de hacer invivible la República desde su cuenta de Twitter constituye el mayor peligro para los anhelos de reconciliación que vive Colombia, y responde a lo que María Jimena Duzán diagnosticó el domingo pasado: “el fin del conflicto con las Farc dejó a Uribe sin enemigo”. Es por ello que “ha decidido enfilar su furia contra los medios de comunicación, como lo hizo Donald Trump en la campaña presidencial que lo llevó al poder”. (Ver columna).

Uribe ha escalado el lenguaje de la confrontación, se defiende atacando. Ello obliga a sus críticos a subir el tono, y en río revuelto ganancia de pescadores: la estrategia consiste en encochinar a todo el mundo, para que no se note lo cochinos que están por igual él, sus secuaces y sus vasallos.

Hablando de cochinadas, la última consistió en acusar a Daniel Samper Ospina de ser un “violador de niños”. No se puede acusar al acusador de lo mismo, pero sí es llamativa la estrecha relación que el Centro Democrático sostiene con un verdadero violador de menores, más exactamente con alguien a quien la Corte Suprema de Justicia condenó a 42 meses de prisión por el delito de “acceso carnal violento agravado”.

Se trata de Jorge Luis Henao Arango, a quien el requete-uribista Fernando Londoño presenta en La Hora de la Verdad como vicepresidente del Comité Municipal del Centro Democrático de Buga (ver foto), y según los bugueños es el que maneja los hilos de ese partido. Allá se le ve en fotos con Carlos Holmes Trujillo, con José Obdulio Gaviria o con el mismísimo expresidente Uribe, y cuesta creer que no son amigos si aparece abrazándolo, lo cual indicaría un nivel de amistad o confianza entre ambos, pues una cosa es tomarse una foto a su lado y otra es que Uribe se deje abrazar.

Sea como fuere, resulta inconcebible que antes de ser vinculado al uribismo nadie del Centro Democrático conociera sus antecedentes, que incluyen además de la violación (“en la madrugada del 25 de diciembre de 1989 de la empleada del servicio doméstico Luz Adriana Aristizábal, de 13 años de edad”) una condena a 120 meses de cárcel en Panamá por narcotráfico, según denunció Ramiro Bejarano en columna para El Espectador. (Ver columna).

Pero ténganse de atrás: tan demoledora revelación no hizo siquiera pestañear a Henao, ni a su partido ni a la opinión pública, y esto también demostraría que el hombre está muy bien ‘protegido’. Lo cierto es que mientras su entronque con la alcaldía de Buga se mantuvo intacto, Daniel Samper Ospina fue salvajemente atacado por las hordas de matones virtuales que desató Uribe con su acusación infame, trayendo el amargo recuerdo de Jaime Garzón, asesinado por las balas de quienes pensaban sobre su víctima lo mismo que hoy piensa Uribe sobre el humorista bogotano. A Garzón lo mataron, con Samper Ospina va en su asesinato moral.

Y como al que no quiere caldo se le dan dos tazas, también de Buga llega la noticia de un candidato al Concejo (adivinen por cuál partido… exacto, el Centro Democrático), Ricardo Buitrago Osorio, encarcelado en 2015 por los delitos de acto sexual abusivo y acceso carnal violento con menor de 14 años, violación que según la denunciante ocurrió dentro de una iglesia cristiana al finalizar el ‘culto’. (Ver noticia).

Pero no perdamos la atención sobre el primer violador de menores, Jorge Luis Arango, cuyo caso se ajusta a lo que comenté en columna anterior sobre Yidis Medina: una clara manifestación de la cultura ‘traqueta’ que se impuso desde el gobierno Uribe, consistente en la notoriedad que  adquieren ciertos personajes condenados por la justicia, tipo alias Popeye o el mismo Fernando Londoño, más conocido como ‘el Héroe de Invercolsa’.

En consonancia con lo anterior, según Ramiro Bejarano “la estrategia de los mafiosos aliados con políticos no es nueva. Por ejemplo, en Buga el exalcalde John Harold Suárez Vargas y el actual, Julián Latorre, en vez de responder ante la ciudadanía por la corrupción que los agobia, han empoderado a un individuo de precaria reputación” (Jorge Luis Henao), a quien Bejarano muestra como “un ostentoso directivo del Centro Democrático y próspero constructor de una urbanización que ya mis paisanos bugueños, burleteros con el apunte oportuno, la denominan “Villa Coca”.

Lo sorprendente es que la cercanía de Henao se da no solo con lo más granado del uribismo, sino también con el ‘zarrapastroso’ Angelino Garzón (hoy reacomodado en las filas del CD) y con el subdirector de la Policía, general Ricardo Alberto Restrepo, de quien es amigo suyo desde cuando fue comandante de la Policía en el Valle. Bejarano tiene razón cuando afirma que “produce no solo desconcierto, sino miedo, que el comandante de la Policía de un departamento ande con personas que han sido condenadas penalmente”, y por dos delitos de peso mayor: narcotráfico y violación de menores. Desconcertante, sin duda, pues a cualquier oficial de la Policía le basta con introducir la cédula de cualquier persona en una base de datos para conocer en cosa de segundos todo su prontuario…

Lo más desconcertante de todos modos no es eso, sino constatar que mientras no es posible probar que Samper Ospina sea un violador de menores, Álvaro Uribe sí sigue manteniendo relaciones cercanas –e inalteradas- con un verdadero estuprador, a quien además ha ayudado a impulsarle su carrera política y sus negocios. Baste saber que Henao preside el Comité de Ganaderos, es el principal beneficiado en las licitaciones de construcciones de vivienda y tiene a toda su familia, incluidos su esposa y amigos de ella, trabajando en la alcaldía de Buga.

Por cierto, ¿sería acaso por tratarse de una simple muchacha del servicio que la condena al violador fue de solo 42 meses? Y sin cambiar de tema: ¿será posible que el Centro Democrático asuma ahí su responsabilidad política? Mejor dicho: ¿el país le permitirá a Uribe pasar de agache frente a tan delicado tema…? 

DE REMATE: Daniel Samper Ospina y Antonio Caballero han dicho que no le tienen miedo al expresidente Uribe, pero no nos digamos mentiras: el complique está en el día que nos crucemos con alguien que quiera hacerle el favor a su patrón de sacarlo a uno del camino.

Por Jairo Gómez.-¿Qué vamos a hacer el día que sepamos la verdad? ¿Usted lo sabe? Yo no, pero lo quiero saber porque creo que es el camino para volvernos un país mejor, mucho mejor. No es bueno para la sociedad colombiana negociar la paz, y hacer como el avestruz: meter la cabeza bajo tierra, como si nada hubiera ocurrido, como si nada hubiera pasado.

La fotografía de esta nueva etapa preocupa mucho a ciertos grupos sociales que no quieren que se sepa la verdad, consecuencia del acuerdo de paz que se negoció. No se puede seguir esgrimiendo el peregrino argumento de que en Colombia “no existió un conflicto interno, sino un ataque terrorista contra la democracia” para desvirtuar el derecho que tiene cada colombiano de conocer qué sucedió y quiénes apadrinaron durante décadas esta abominable confrontación.

Hay quienes insisten en relegar al pabellón del olvido los violentos hechos que mancillaron la democracia colombiana, considerada la más sólida y antigua de América Latina; democracia en la que hubo, en estos 50 años de guerra, además de los cientos de miles de muertos, más de 60.000 desaparecidos, un número superior a los aniquilados en las dictaduras militares de Argentina y Chile juntas.

Por eso, alienta saber que hay cambios en la forma y la sintonía con que la sociedad colombiana y sobre todo las víctimas quieren asumir esta etapa que busca enterrar el horror; no hay argumento sensato que valga para que no se conozca la verdad.

Lo anterior da pie para saludar con positiva incumbencia el acuerdo a que llegaron tres exjefes de las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) y otros tres miembros del Secretariado de las Farc de comprometerse a contar la verdad de cuanto sucedió en la aterradora confrontación colombiana. Es una catarsis necesaria porque como lo dice el exconstituyente Álvaro Leyva Durán: “El día que los colombianos sepamos toda la verdad de esta guerra, vamos a ser un país mejor”.

Claro, seremos un país mejor por muy duro que resulte develar el evangelio de la guerra. Según se dijo en la cumbre, la cifra que el Centro de Memoria Histórica reveló en su informe ‘Basta Ya‘ de 220.000 muertos producto del conflicto armado, se quedó corta. Se calcula, comentaban, que los muertos producto de la violencia pueden estar cerca del millón. Y no es una cifra fuera de foco si partimos de la inocultable realidad de recordar que muchos cadáveres fueron desmembrados y tirados al río, y de que en muchos casos los cuerpos terminaron en hornos crematorios o enterrados en las agrestes montañas que cobijan al país.

“Nos utilizaron, ahora el país debe saber la verdad”, dijo uno de los contertulios de las AUC tras dejar expuesta la sensación de sentirse traicionado, cuentan algunos testigos de la crucial reunión.

Todo parece indicar que esta es la primera de varias reuniones a realizar en el inmediato futuro y esperan, según lo manifestaron varios de los protagonistas del histórico encuentro, que en las próximas conferencias los exmilitares, implicados en esta atroz violencia, también reciten su versión sobre la guerra. Justamente esa es la intención: contar la verdad sin límites. 

@jairotevi