Opinión

Por José Gregorio Hernández.-Se adelanta el proceso mediante el cual serán elegidos cuatro nuevos magistrados de la Corte Constitucional. 

En efecto, acaban de culminar cinco magistrados que venían ejerciendo su período de ocho años. Uno de ellos fue sucedido por el Dr. Lizarazo elegido en propiedad por el Senado, y debidamente posesionado. Otro estaba encargado, en reemplazo del Magistrado Pretelt, acusado por la Cámara de Representantes y suspendido por decisión del Senado. Los otros cuatro salieron de la corporación y hay magistrados en encargo. Es decir, la mayoría en interinidad. 

Nos parece que el trámite de postulación y elección se ha demorado demasiado, y por tanto los nuevos magistrados titulares ya no se posesionaron el 1 de marzo, como siempre había ocurrido desde 1993. 

En lo que atañe al perfil de los nuevos integrantes de la Corte debemos decir que resulta indispensable recuperar el prestigio de la institución, que se ha venido perdiendo aceleradamente, no sólo por las denuncias formuladas y por el caso Pretelt -que ya cumple dos años sin resolverse-, sino por fallos de muy dudosa factura jurídica como el relativo a las pensiones o el que respaldó el "fast track", además de otros contrarios a reiterada jurisprudencia constitucional. 

Es indispensable que los nuevos magistrados sean juristas conocedores del Derecho, con una impecable trayectoria jurídica, y en especial de una gran independencia. Ellos no se deben al Gobierno, ni a partido o sector político alguno, ni a una determinada creencia o  religión, ni a organizaciones privadas o empresas con las cuales hayan estado vinculados en el pasado. Su único compromiso es y debe ser con la Constitución de 1991. No se olvide que su función consiste en la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política colombiana. 

Ahora tienen el desafío de fallar acerca de las normas constitucionales y legales que se están expidiendo con el objeto de implementar y desarrollar el Acuerdo de Paz. 

Tiene que prevalecer el criterio jurídico imparcial y objetivo. No puede ser  la Corte un tribunal dependiente del Gobierno, ni dar esa apariencia. Independencia, imparcialidad, juridicidad, rectitud, limpia trayectoria, respeto a los valores y principios constitucionales, comportamiento incorruptible, verticalidad, fundamento jurídico de las sentencias. Es lo que se espera de los nuevos magistrados. 

Los jueces constitucionales no deben lealtad a quienes los postularon o apoyaron para llegar a sus cargos, ni a quienes votaron por ellos en  el Senado, y quizá su mejor cualidad al respecto consiste en ser desagradecidos. Por ello, mal pueden haber asumido compromisos de ninguna índole. Tampoco les corresponde representar al Gobierno, ni ponerse en el papel que a éste compete, por ejemplo en el caso del estado de cosas inconstitucional, sino que deben  impartir las órdenes necesarias para la protección o restablecimiento de los derechos fundamentales de las personas, y a la administración toca obedecer esas órdenes, so pena de desacato. 

Los magistrados no deben considerar la conveniencia u oportunidad de las normas sobre cuya constitucionalidad deben decidir en el control abstracto. Esa es tarea del Congreso y del Gobierno. Su función es exclusivamente jurídica. 

Ojalá se escoja a los magistrados con esos criterios, para que la Corte Constitucional recobre su puesto de honor en el más alto nivel del sistema y en la estructura de la rama jurisdiccional.

Por Juan Manuel Galán.-¿Qué significa ser defensor de derechos humanos en Colombia? Es cierto que, como resultado de los diálogos de paz, Colombia cuenta hoy con la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años, que se ha disminuido el desplazamiento armado, y que en general se han reducido las confrontaciones contra la población civil. Sin embargo, quienes denuncian con valentía problemas sociales y discursos de odio, siguen enfrentando amenazas, agresiones y asesinatos en todo el país.

En el reciente informe de Amnistía Internacional, se observa que estas amenazas y homicidios se concentran especialmente contra líderes comunitarios y activistas ambientales. Por su parte, el Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de derechos humanos -Somos Defensores-, reveló que durante 2016, 481 defensores fueron víctimas de agresiones contra su vida e integridad o fueron presa de obstaculización de su labor. Las agresiones que se le atribuyen al trabajo en favor de los derechos humanos, van desde robos de información hasta asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones, y violencia sexual.

 El informe afirma que los sectores con más líderes muertos fueron los comunales (20), seguido de indígenas (15), campesinos (13), comunitarios (10) y afro (7). Finalmente Pacifista, -plataforma digital administrada por la revista VICE-, revela que en 2016, 80 defensores y líderes sociales fueron asesinados; 17 más que en 2015 y que en 22 de los 32 departamentos de Colombia -68% del territorio nacional- se presentaron homicidios contra defensores.

Solucionar esta situación no es fácil, pero plantea la necesidad de aplicar acciones inmediatas. Empecemos por la urgencia de diagnosticar el problema. Hoy el Estado Colombiano recoge información de organizaciones civiles como Cinep, Cerac, Indepaz, Cceeu, y Movice, entre otros.

Por Amylkar D. Acosta M.- Según lo ha advertido el Presidente de la ANDI Bruce MacMaster, “preocupa el resultado observado durante el primer mes del año, en el que el consumo decreció 3.5%. Las alarmas deben estar prendidas y esperamos que las autoridades económicas y monetarias reaccionen a ellas, de lo contrario este año podremos tener un crecimiento muy regular”. Por ello ha sido muy bien recibido tanto el anuncio del Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas de darle un nuevo impulso a la economía con su estrategia Colombia repunta, como la decisión que tomó la Junta del Banco Emisor de reducir en 25 puntos básicos la tasa de intervención, medidas estas que deberán servir de galvanizador de la economía.

Con la supresión de aranceles a más de 3 mil productos, entre materias primas y bienes de capital tanto para la industria como para la agricultura, le significará menores costos a las empresas por valor de $1 billón. Con esta y otras medidas contempladas en la estrategia Colombia repunta, como la ejecución de obras de infraestructura por valor de $9.2 billones, la construcción de 18.000 aulas escolares y la inversión de $4 billones en la implementación de los acuerdos con las FARC, se espera apalancar el crecimiento del PIB este año en 1.3 puntos porcentuales.

El Banco de la República tiene como su principal misión mantener a raya la inflación, pero no puede desentenderse del crecimiento de la economía y el empleo. Estos dos objetivos siempre entran en tensión a la hora de tomar decisiones sobre la tasa de intervención, que ya había alcanzado en diciembre del año anterior el 7.5%. Después de una pausa en enero de este año, en su segunda reunión esta semana, la Junta del Banco de la República sorprendió a los analistas al recortar en 25 puntos básicos su tasa de intervención, dejándola en 7.25%.

Para dar este paso la Junta del Banco Emisor tuvo en consideración “la debilidad de la actividad económica y el riesgo de una desaceleración excesiva”. Y al referirse al desánimo de los consumidores que pone de manifiesto la pérdida de confianza de los mismos, manifiesta la Junta del Banco que “si esto termina reflejándose en el gasto de los hogares, el pronóstico de crecimiento para el 2017 podría reducirse (2% en un rango entre 0.7% y 2.7%)”. El Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas es más optimista y le apuesta a un crecimiento del 2.5%, para lo cual será menester lograr revertir la tendencia que traíamos.

Y no le faltan razones al Ministro Cárdenas para su optimismo, pues, como el mismo lo advierte “no estamos satisfechos, este año Colombia repunta. Ya no tenemos fenómeno de El Niño y se ha despejado la incertidumbre, se aprobó la reforma tributaria así como los acuerdos de paz, que ya están en implementación”. De otra parte, el sector de minas y canteras tocó fondo en 2016 y ahora repunta de nuevo.

Cota, marzo 4 de 2017

www.amylkaracosta.net

Por José Gregorio Hernández.-Está visto que la pena de muerte, además de ser una sanción bárbara -aún para los peores delincuentes- no tiene un efecto benéfico en el seno de la sociedad por cuanto está muy lejos de desestimular o amedrentar al delincuente. El Estado no tiene el derecho para disponer de la vida de una persona, ni para torturarla -y es bien sabido que mantener a una persona a la espera de su ejecución es, en sí misma, una tortura sicológica, aunque no la haya física-, y muy pocas veces, pese a los avances de la tecnología, cuenta con la absoluta certeza, fuera de toda duda, sobre la justicia de la condena y la plena certeza de la responsabilidad penal.  Son muchos los casos que registra el Derecho Penal, en los cuales se ha errado -inclusive en varias instancias-, haciendo inútil e inoperante cualquier recurso cuando ya la pena ha sido aplicada.

De cuando en cuando, ante delitos graves, no falta quienes vuelven a proponer que se reinstaure la pena de muerte.

El artículo 11 de la Constitución Política de 1991 la prohíbe de manera expresa, y el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 (Pacto de San José de Costa Rica) -ratificada por Colombia- establece, entre otras reglas -exigibles a las partes por el Derecho Internacional-,  la siguiente:

“Artículo 4.- Derecho a la vida

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito.  Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.

 3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.

(…)”.

Desde luego, es repudiable y merece penas más drásticas el delito de narcotráfico -una verdadera maldición para Colombia-,  por el cual han sido condenados  en China nacionales colombianos –Ismael Enrique Arciniegas Valencia acaba de ser ejecutado- , pero la pena capital es una sanción desproporcionada, que además hemos rechazado por razones humanitarias y de justicia.

En consecuencia, y con mayor razón cuando se trata de reos colombianos, hemos lamentado -y así lo expresamos directamente hace varios años al Embajador de la China en Colombia y a legisladores estatales norteamericanos- que ciudadanos compatriotas hayan sido condenados a la pena capital en otros países, cuando se trata de un castigo prohibido en nuestro sistema desde 1910 y que, además, no se podría restablecer mediante reforma constitucional,  según tales  perentorios compromisos internacionales.

A pesar de lo ocurrido con el señor Arciniégas -cuando fueron inútiles las gestiones de nuestra diplomacia- el Gobierno colombiano debe insistir con las autoridades chinas para que varios compatriotas ya condenados no sean ejecutados.

Por: Jorge Enrique Robledo.- El 21 de diciembre pasado, la trasnacional Odebrecht le confesó a la Justicia de Estados Unidos el pago de sobornos por 778 millones de dólares en doce países, incluidos once millones en Colombia. Al otro día, en la que puede ser la más rápida reacción de un fiscal en la historia, Néstor Humberto Martínez Neira decidió investigar a Navelena SAS, empresa perteneciente al Grupo Odebrecht en el 87 por ciento. Y el 5 de enero de 2017, ¡en una decisión exprés, en solo once días hábiles!, Martínez Neira dijo que “la Fiscalía ha descartado la posibilidad de corrupción en Odebrecht”, afirmación que repitieron todos los medios y que pudo llevar a que nadie más pusiera sus ojos en ese negocio.

Los siguientes son algunos de los elefantes que no vio el Fiscal Martínez, con sus 30 mil funcionarios, pero que sí vimos otros: en diciembre de 2015, en un trámite plagado de irregularidades, el Banco Agrario le prestó a Navelena Odebrecht 120 mil millones de pesos (http://bit.ly/2l4GORW). Para el 5 de enero, el día de la extraña absolución del Fiscal, dicha deuda ya se encontraba en mora y en peligro de no ser cancelada. El 28 de diciembre de 2016 la Contraloría advirtió que el cambio de los materiales en el proyecto del río Magdalena “pone en riesgo la estabilidad y durabilidad de las obras” (http://bit.ly/2lS1Vd8). Hay dudas sobre por qué se retiraron las otras empresas que competían. Y Otto Bula se menciona en una sospechosa prima de éxito de cuatro mil millones de pesos en este negocio (http://bit.ly/2lbRocP).

Para hacer peor su muy extraña decisión de darle una absolución política a Navelena en pleno escándalo de corrupción de Odebrecht –y digo que política porque en once días difícilmente puede ser legal–, el Fiscal actuó mal por otras dos razones: su bufete, Martínez Neira Abogados, es “asesor legal e institucional” de Navelena Odebrecht. Y Corficolombiana y Fiduoccidente son partes claves en este negocio, firmas del Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo, cuyo principal abogado es Martínez Neira. Tan fuertes son sus vínculos económicos y personales, que en solo cinco momentos Martínez le asesoró negocios por 3.567 millones de dólares (http://bit.ly/2kGdT5f), al igual que asesoró a Sarmiento y a Odebrecht, porque son socios, en el contrato de estabilidad jurídica de la Concesionaria Ruta del Sol 2, la beneficiaria del soborno de los once millones de dólares .

Lamentable, para él, la respuesta del Fiscal Martínez a mis denuncias en su contra en la Procuraduría y en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Porque con rabulerías no se puede tapar que fue la Vicepresidencia Jurídica del Banco Agrario la que me informó dos veces que Martínez Neira Abogados es asesor de Navelena Odebrecht, verdad que en un caso aportó la propia Corficolombiana, tan cercana a sus afectos y negocios (http://bit.ly/2mfODHE).

En otro país que no estuviera tan descompuesto y con tantos poderes económicos y políticos interesados en que triunfe el tapen-tapen en el caso Odebrecht, el Fiscal Martínez Neira ya habría tenido que renunciar a su cargo o por lo menos declararse impedido, cediéndole a otro servidor público la función que él se empecina en asumir. Porque por razones éticas y legales los funcionarios no pueden actuar –acusando o defendiendo– si se dan cierto tipo de relaciones entre ellos y los interesados, como ocurre en este caso.

Para completar tantas desvergüenzas, el gobierno, a través de la ANI, acaba de acordar con la Concesionaria Ruta del Sol 2 dar por terminado el contrato, como si no tuviera origen en los sobornos confesados por Odebrecht, y pagar a los socios 700 mil millones de pesos, repartidos así: 441 mil millones a Odebrecht –¡sí, a Odebrecht!–, 235 mil millones a Episol, brazo de Corficolombiana y el Grupo Aval, y 36 mil millones a los Solarte. Según la revista Dinero, el pago no será inmediato porque consideran que “no estaría bien visto” (http://bit.ly/2mr0hvH). Y quien haya seguido las noticias sabrá que las filtraciones del proceso legal ya no tratan a Otto Bula como un sobornador, sino como alguien que, simplemente, trajo una plata del exterior para una campaña electoral y que las mayorías del Consejo Nacional Electoral, en acuerdo entre la Unidad Nacional y el Centro Democrático, inhabilitaron para actuar sobre las financiaciones de las elecciones presidenciales a Armando Novoa, el único consejero que no milita en esas fuerzas.¡Al consejero independiente lo sacan del asunto ¡¡¡y el Fiscal sigue tan campante!!!

Bogotá, 24 de febrero de 2017.

Por Roger Cohen.- La frase “periodismo basado en hechos” es ridícula y tautológica. Es como hablar de vida humana basada en oxígeno. No hay otro tipo. Los hechos son las bases del periodismo; ir tras ellos, sin miedo y sin favoritismo, es el principal objetivo.

Pero en una época en la que el presidente Trump acusa a The New York Times casi a diario de publicar “noticias falsas”, en la que su consejera Kellyanne Conway presenta “hechos alternativos” y en la que las mentiras llegan como una plaga desde la oficina más importante de Estados Unidos, cada vez se habla más del periodismo “real” o “basado en hechos”.

Eso es un mal augurio. Hablamos de periodismo basado en hechos, pero ¿cuál es el otro tipo de periodismo? Es obvio que los sitios de noticias falsas que se publican desde Macedonia para ganar dinero fácil no son periodismo. Esas páginas de internet utilizan noticias inventadas y disfrazadas de periodismo para cumplir objetivos políticos.

A los periodistas se les presenta información falsa para sembrar dudas. Esa información ahora emana de la Casa Blanca y su objetivo es que todos caigamos en ese hoyo negro donde 2+2=5.

La velocidad le gana a la veracidad. Ese es el acertijo y la amenaza de esta época.

La velocidad y la perturbación tienen más impacto psicológico que la verdad y la ciencia. Pueden moldear la retórica. Desacreditar noticias falsas rara vez es tan poderoso como la historia en sí. Trump dice “tal cosa”. ¡Alboroto! Hordas de periodistas se apresuran a desacreditar “tal cosa”. El presidente continúa con otro asunto y jamás vuelve a mencionarlo, afirma que no dijo eso o insiste en que realmente lo que dijo fue “otra cosa”.

La gente comienza a preguntarse: “¿Me estoy imaginando esto?”. Sienten que algún mecanismo interno ha tomado el control y los está arrastrando hacia un abismo. El presidente es un punto de referencia: si él miente, la costumbre de mentir se infiltra en la cultura. Los estadounidenses empiezan a preguntarse: “¿Acaso seremos capaces de expulsar del poder a estas personas? ¿De qué son capaces?”.

Simon Schama, un historiador británico, hace poco publicó este mensaje en Twitter: “La indiferencia en cuanto a la distinción entre la verdad y las mentiras es la precondición del fascismo. Cuando la verdad desaparece, la libertad también lo hace”.

El nivel de la deshonra que ha caído sobre la Casa Blanca tras solo semanas es asombroso. Durante décadas, la palabra de los estadounidenses era fundamental para afianzar la seguridad del mundo. El continente europeo y aliados como Japón fundaron su seguridad de posguerra en lo que expresaba Estados Unidos a través del presidente.

Ahora las palabras que salen de los labios fruncidos de Trump o desde sus mensajes en Twitter —a menudo con faltas ortográficas— son mensajes triviales, falsos o sin sentido. Por el amor de Dios… está enojado con Nordstrom porque la cadena de tiendas dejó de vender la línea de ropa de su hija Ivanka. Eso es lo que le preocupa al líder de Estados Unidos.

Me sorprendió cómo Paul Horner, quien dirige una gran operación de noticias falsas en Facebook, describió esta época en The Washington Post: “Para ser honesto, la gente definitivamente es más tonta. Sigue divulgando cualquier cosa. Ya nadie verifica los datos… o sea, así fue como Trump resultó electo. Tan solo dijo lo que se le antojó y la gente le creyó todo; cuando las cosas que dijo resultaron ser mentira, a la gente no le importó porque ya lo habían aceptado. De verdad es aterrador. Jamás he visto algo así”.

Durante la campaña, a Horner se le ocurrió una noticia falsa de que le habían pagado 3500 dólares a un manifestante en un mitin de Trump. Se hizo viral. Hemos visto noticias falsas de cómo Hillary Clinton le pagó 62 millones de dólares a Beyoncé y a Jay-Z para que se presentaran en Cleveland y de cómo Khizr Khan, el padre del oficial musulmán-estadounidense que fue asesinado en Irak, era un agente de los Hermanos Musulmanes. Las noticias falsas cambiaron el resultado de la elección… ¡NOTICIA DE ÚLTIMA HORA! ¡IMPRESIONANTE!

Ahora el presidente Trump insinúa que sus índices negativos en las encuestas son noticias falsas… junto con CNN, The New York Times, The Washington Post y cualquier otra organización noticiosa que esté haciendo su trabajo, que lo obligue a rendir cuentas de su autoridad o que sea testigo de sus actos. Stephen Bannon, el hombre detrás de Trump, cree que los medios deberían “callarse la boca”.

Pero no lo haremos.

A veces, intento imaginar cuál podría ser el momento del “incendio del Reichstag” para Trump. En febrero de 1933, unas semanas después de que Hitler se hizo canciller, el parlamento de Berlín se envolvió en llamas. Fue un incendio provocado cuyo origen todavía no es claro. Un artículo reciente en The New Yorker, escrito por George Prochnik, utilizó una cita del escritor austriaco Stefan Zweig acerca de la reacción salvaje de Hitler: “Con un solo golpe, fue destruida toda la justicia en Alemania”.

Con un presidente que aborrece a la prensa, que insulta al poder judicial, que no tiene tiempo para ideales como la libertad ni la democracia y cuya predilección por la violencia es evidente, ¿cuál sería la respuesta a un incendio Reichstag en Estados Unidos? ¿Podría ser un gran acto de terrorismo?

Tan solo podemos estremecernos con esa idea.

Los hechos importan. La judicatura federal está respondiendo a los empujones. El gobierno tiene fallas. El periodismo (sin necesidad de adjetivarlo) jamás ha sido más importante. La verdad no ha muerto aún, pero negar que está bajo asedio sería una invitación a la catástrofe.

Por Juan Fernando Londoño.- Los países que han pasado por períodos traumáticos de su historia, como es el caso de las guerras, aprenden las lecciones de su pasado y construyen mejores sociedades. A este fenómeno se le llama hoy “resiliencia” y consiste en sobreponerse a las dificultades y salir más fuerte de ellas.

Implementación de acuerdos de paz con las FARC, opinión de Juan Fernando Londoño  Paz sí, pero que la paguen otros Foto: Daniel Reina Romero

La implementación de los Acuerdos de Paz ha puesto de presente el verdadero problema del posconflicto en Colombia: querer la paz sin asumir sus costos. Nos sucede algo parecido al mundo que propone Trump, querer un muro para nuestra casa, pero que lo paguen los vecinos.

El modelo de paz que resultó de la negociación del Gobierno con las FARC va mucho más allá de garantizar la reinserción de las guerrillas e implica que como sociedad afrontemos las reformas que necesitamos. Por eso, los acuerdos consisten en rutas participativas para las reformas en lugar de Acuerdos sustantivos. Ese camino de cambios apenas se empieza a transitar.

Los opositores de la paz, tal como lo he mencionado en otras ocasiones, no se oponen al cese de la guerra, ni a la reincorporación de los alzados en armas. Así lo ratificó el propio jefe de las fuerzas reaccionarias, el senador Uribe, en su mendaz declaración de esta semana. Lo que a Uribe, sus seguidores y muchos colombianos más les asusta no es amnistiar a unos cuantos guerrilleros, lo que les aterra realmente es que la paz cambie el estatus quo con el que hemos vivido durante todos estos años.

A medida que se anuncian reformas y estas empiezan a amenazar distintos intereses de la sociedad, los apoyos para la implementación se van reduciendo y el número de preocupados crece. En todos los procesos de transformaciones sociales, los afectados ejercen una férrea oposición y los posibles beneficiarios una débil defensa. Como lo ha señalado repetidamente el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, la negociación del Acuerdo fue muy difícil, pero su implementación lo será aún más.

La puesta en marcha de los Acuerdos va a incrementar las tensiones latentes en la sociedad y abrirá la puerta para cambiar la relación de poderes que mantiene el actual status quo. Por eso, el interés de las fuerzas reaccionarias en evitar que se produzcan los avances y de allí su amenaza de echarlos para atrás, que era el verdadero propósito del comunicado del expresidente Uribe.

Los países que han pasado por períodos traumáticos de su historia, como es el caso de las guerras, aprenden las lecciones de su pasado y construyen mejores sociedades. A este fenómeno se le llama hoy “resiliencia” y consiste en sobreponerse a las dificultades y salir más fuerte de ellas.

Colombia se halla ante su más importante prueba de resiliencia, la historia que estamos escribiendo dirá si aprendimos algo de nuestros años de guerra y fuimos capaces de construir una mejor sociedad, o si toda nuestra violencia y todos nuestros muertos han sido en vano.

*Ex vice ministro del Interior

@JuanFdoLondono

Por Jairo Gómez.- La Justicia Especial de Paz (JEP) es tal vez la conquista más añorada por las víctimas del conflicto armado en Colombia. Con ella garantizan verdad, justicia, reparación y no repetición.

Es la mejor noticia para los más de siete millones de víctimas que han dejado estos 52 años de guerra protagonizada por fuerzas del Estado, las FARC, ELN y la macabra manera como obraron poderes regionales en connivencia con paramilitares y narcotraficantes, para matar, despojar y desplazar a humildes campesinos, indígenas y afros.

Ejemplos hay muchos, pero hablemos de las más de 11.000 víctimas del departamento de Cesar que vienen por décadas reclamando su derecho a las tierras que les fueron quitadas violentamente. Víctimas que alzan la voz no obstante la arbitrariedad con que son tratadas por una burocracia política y judicial capturada por las castas de la región que no ceden un ápice y, al contrario, responden con más represión.

Un ejemplo sobresaliente, que las autoridades judiciales pasaron de agache, es la investigación de la Organización No Gubernamental PAX Holanda en la que denuncia en su libro El Lado Oscuro del Carbón, cómo las multinacionales Drummond y Glencore (Prodeco) financiaron durante siete años al grupo paramilitar “Juan Andrés Álvarez” (1999-2006 gobiernos de Pastrana y Uribe primera parte), banda que sembró el terror en el norte del departamento de Cesar, mató, desplazó y despojó campesinos para apropiarse de grandes extensiones de tierra sin que los órganos de justicia regionales y nacionales asumieran con decisión investigación alguna.

Dirán que referir este asunto es llover sobre mojado, no. Este es un relato pertinente porque las víctimas son el eje del proceso de paz y el acuerdo final. En el Congreso se desgañitan algunos sectores políticos hablando de las víctimas de las FARC (organización que debe reconocer su responsabilidad y reparar a las víctimas), pero nunca se menciona la atroz persecución de los miles de campesinos de Cesar que aún lloran a sus seres queridos, muchos de ellos desaparecidos o muertos en las masacres de los corregimientos de El Toco, Estados Unidos y El Platanal, entre otras.

El miedo agobia a una región que se parece más a un régimen feudal que a una sociedad del siglo XXI en donde unas castas terratenientes imponen su voluntad y controlan, además de la política, todos los órganos de justicia a través de sus familiares o aliados que no dejan mover un papel sin que previamente sea revisado; por supuesto las precarias decisiones de la oficina de Restitución de Tierras pasan por el tamiz de los caciques de la zona.

Nadie imprime atención a esta crisis humanitaria que vive el departamento de Cesar, en el que han sido asesinados cinco líderes de restitución de tierras en lo que va del año 2017.

El contralor general de la República, Edgardo Maya, patriarca de esa región, debería poner el ojo en su tierra natal, pues ahí la corrupción campea y la indiferencia asusta.

Hoy en Cesar nadie se atreve a hablar por temor a los paramilitares que nunca se fueron de la zona. A esta región llegará la Justicia Especial de Paz, un instrumento que romperá el silencio porque es mucha la verdad que hay que inquirir.

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Por José Gregorio Hernández.-Hemos señalado varias veces que, para mal del sistema jurídico y debilitando o haciendo incierto el imperio de la Constitución, en Colombia se la modifica -o se la vulnera- de manera permanente. Diríase que nuestros dirigentes y los órganos constituidos que pueden tomar parte en los procesos de reforma constitucional le perdieron el respeto a la Carta Política, y  que, de estatuto máximo que es  -resultado del ejercicio del poder constituyente, emanado de la soberanía-,  está pasando a convertirse en abultada cartilla teórica, manipulable y "manoseable" por quienes ejercen el poder real. Ya no es -o ya no quieren que sea- la norma de normas, de la que habla su artículo 4, en virtud del principio esencial  conocido como supra legalidad o supremacía de la Constitución.

Con el denominado “fast track”, fue desconocida la Constitución y perdieron intangibilidad las reglas que consagraban los requisitos y pasos indispensables para su reforma, y ello ocurrió   -infortunadamente-  sin que se percatara la Corte Constitucional, guardiana de su integridad y supremacía.

En efecto, mediante el Acto Legislativo 1 de 2016, el órgano constituido (el Congreso),  habilitado solamente para reformar -no para sustituir la Constitución-, como lo dijo en su momento la propia Corte en Sentencia C-551 de 2003 (varias veces reiterada), se liberó de los requisitos establecidos por la Asamblea Constituyente de 1991 para reformar la Carta Política (artículo 375 C.P.). Entonces, el órgano constituido -cuyo poder de reforma era reglado, restringido, delimitado, como corresponde a una mera competencia- se auto habilitó para ejercerlo por fuera de esos  requisitos que le habían sido impuestos y que debía respetar, y ahora -supuestamente en forma transitoria- puede reformar la Constitución mediante unos procedimientos que eran complejos -como es propio de una constitución rígida- y que ahora son simplificados, no por decisión del Constituyente, que confirió tal poder, sino del mismo órgano revestido de competencia reglada. En tal medida, sustituyó la Constitución, si bien la Corte Constitucional lo admitió, modificando su aludida jurisprudencia.

Por paradoja, el Congreso, mediante el mencionado Acto Legislativo, modificó esos requisitos para facilitar el trámite rápido de las reformas pero simultáneamente se resignó a ser un “convidado de piedra” respecto a ellas, pues carecerá de toda iniciativa, no podrá modificar los textos, y dependerá del Ejecutivo y del Acuerdo Final de Paz para introducir cualquier ajuste.

Pues bien, ahora el Gobierno, por conducto del señor Ministro del Interior -al parecer sin previa coordinación con el Presidente de la República, al menos sobre los contenidos de la iniciativa-, quiere seguir modificando la Constitución, y aspira a hacerlo por la vía simplificada del llamado “fast track”, arguyendo que los temas propuestos -eliminación de la Vicepresidencia de la República, reinstauración de la figura del Designado,  voto obligatorio, disminución de la edad de ciudadanía a 16 años, supresión de la circunscripción nacional para el Senado, extensión del período presidencial a cinco años, entre otros- son indispensables para implementar el Acuerdo Final de Paz firmado entre el Gobierno y las Farc. Basta la enunciación de tales puntos, que serían objeto  de reforma,  para ver que no es así.

Ahora bien, hemos preguntado por los proyectos de Acto Legislativo, para estudiarlos, pero nos han dicho que no hay nada escrito. Y además, el Presidente Juan Manuel Santos dice que no está de acuerdo con todos los temas, y que se trata de “micos” de su Ministro del Interior. ¿Dónde queda su liderazgo y su importante función como Jefe de Gobierno?

Por Amylkar D. Acosta M.- En la cuerda floja quedaron los recursos que los departamentos, municipios y el Distrito capital esperaban recibir y por ello mismo los apropiaron en sus presupuestos aprobados a finales del año anterior provenientes del recaudo de la sobretasa a los combustibles. Ello pone en riesgo las inversiones previstas en la malla vial en las regiones, en su mantenimiento, así como en las soluciones para mejorar la movilidad y el transporte masivo de pasajeros en las ciudades.

Al estructurar los proyectos para lograr tal cometido comprometieron dichos recursos, ora a través de la pignoración de los mismos ora mediante las vigencias futuras y gracias a ello fue posible su cierre financiero. Con la expedición de la Resolución 41279 el 30 de diciembre del año anterior por parte del Ministerio de Minas y Energía, que redujo ostensiblemente el recaudo esperado por concepto de la sobretasa a los combustibles, quedarían en babia, todo es incertidumbre.

Como consecuencia de la entrada en vigencia a partir del primero de enero de este año de la Resolución 41279, que implica una reducción de $1.415.77 y $1.143.59 en el precio de referencia del galón de gasolina y ACPM de la base gravable de la sobretasa, se tiene un menor recaudo por este concepto tanto para los municipios y departamentos como para el Distrito Capital. Es de anotar que los recursos provenientes del recaudo de la sobretasa tienen como destinación específica la infraestructura vial, su ampliación y mantenimiento, así como la financiación de los proyectos tendientes a facilitar el transporte masivo y mejorar la movilidad.

En plata blanca la afectación a los 32 departamentos del país se calcula en $160.000 millones anuales. Se estima que los municipios y el Distrito Capital dejarán de recibir $500.000 millones anuales. Sólo Bogotá dejará de recibir $120.000 millones anuales. Otros damnificados serán: Medellín con $30.000 millones al año, Cartagena $8.000 millones y Cartagena $10.000 millones.

Según la Viceministra de Energía Rutty Paola Ortiz, tal medida se tomó “atendiendo a una realidad mundial y es la reducción de los precios del petróleo” y acota que “el año pasado los precios del crudo cayeron en promedio 42% y la reducción que se le da a la base de la sobretasa a la gasolina es del 28% y no se traslada todo ese impacto”. Es decir, que antes de quejarse departamentos y municipios del país, así como el Distrito Capital, se deben dar por bien servidos, pues la están sacando barata!

Pero es que en ninguna parte está dicho que el precio de referencia para establecer la base gravable de la sobretasa a la gasolina y al ACPM está atado al comportamiento de los precios internacionales del petróleo y no al “valor de referencia de venta al público” del combustible motor, que es lo que dispone la norma. Es más, según estudio realizado por el ex contralor general Antonio Hernández Gamarra para la Federación Nacional de Departamentos, a consecuencia del congelamiento del precio de referencia entre el 2008 y el 2013 las entidades territoriales dejaron de percibir $1.6 billones. Sólo en el 2013 se dejaron de recibir por parte de los departamentos, municipios y el Distrito Capital $500.000 millones, distribuidos así: $285.000 millones los municipios, $115.000 millones el Distrito Capital y $100.000 millones los departamentos.

Llama poderosamente la atención que mientras se menguaron con la Resolución de marras los ingresos esperados por los departamentos, los municipios y el Distrito capital por concepto de la sobretasa, el ingreso al productor ($4.102.64/galón) con el que se liquida el IVA, que recauda la Nación, subió 6.52%, más del doble del que establece la fórmula de cálculo de precios (3%). Ello contrasta, además, con el hecho de que los ingresos para el Gobierno Central en enero de 2017 suben el 22% ($247) en el caso de la gasolina motor y 20% ($222,1) con respecto a diciembre de 2016 al fijarse en $1.388.4/galón. Ello en la práctica significa una transferencia de recursos desde las entidades territoriales hacia la Nación, lo cual va a contrapelo de los principios de la descentralización y la autonomía territorial.

Se ha dicho por parte del Ministro de Minas y Energía Germán Arce que si se deroga la Resolución que provocó la airada protesta de gobernadores y alcaldes “los usuarios pagarán una gasolina más cara para garantizar la estabilidad en los ingresos”. Nos parece sensata la posición del Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas cuando plantea que la solución a este impasse “hay que buscarla por el mismo camino que se hizo, hay que hacerlo, hay que lograrlo de una forma que tenga el mínimo impacto al precio del consumidor”. Él debe ser el más interesado en resarcir a las entidades territoriales, pues su estrategia de reactivación de la economía, Colombia repunta, cuenta con el gran impulso que se le dará desde las regiones con la inversión en infraestructura. Revisando y reconsiderando los términos de la Resolución 41279 de 2016 se le quita el freno de mano que impediría la marcha de los proyectos en curso.

Bogotá, febrero 19 de 2017

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