Opinión

Muchos creyeron que las elecciones regionales habían marcado el fin anticipado del mandato del presidente, pero en pocos días retomó la iniciativa e impuso al país su agenda política

Por Hubert Ariza*. - Muchos creyeron equivocadamente que las elecciones regionales del pasado 29 de octubre habían marcado la derrota del presidente Petro y el fin anticipado de su mandato. Como quienes practican deportes extremos, en pocos días logró recuperarse, tomar la iniciativa, patear el tablero e imponerle al país su agenda política.

Petro, cinco meses después de esa aparente derrota, está hoy más combativo y exaltado que en cualquier otro momento de su mandato, y ha lanzado una ofensiva política que lo tiene en la primera línea -literalmente-, combatiendo en varios frentes, pronunciando discursos acalorados, llenando plazas públicas y organizando las bases populares para enfrentar grandes desafíos, mientras busca superar la desfavorabilidad del 62% en las encuestas.

El primer frente de batalla se libra en el campo de la paz total, que vive su peor crisis, originada por el desafío que ha significado el envalentonamiento del Estado Mayor Central, EMC, las disidencias de las extintas Farc lideradas por Iván Mordisco, que utilizó el cese al fuego como una oportunidad para fortalecerse militarmente y expandir su acción delincuencial y su capacidad de intimidación a la población civil en sus zonas de influencia.

El asesinato a sangre fría, en Toribio, Cauca, de la lideresa indígena Carmelina Yule, de 52 años, fue la gota que derramó la copa y obligó al presidente a firmar un decreto mediante el cual suspendió, el pasado 17 de marzo, el cese al fuego con esa organización ilegal en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, donde domina amplias zonas dedicadas al cultivo de hoja de coca.

La crisis es tan profunda que Petro, el pasado 20 de marzo, no se ahorró calificativos contra Mordisco, a quien fustigó por no tener voluntad de paz y lo degradó de revolucionario a traqueto, en una manifestación en Tierralta, Córdoba. Traqueto es un calificativo despectivo que se asocia a un escalafón menor en el bajo mundo del narcotráfico.

“Ahora está matando dirigentes campesinos y asesinando al pueblo y habla de revolución. ¡Qué revolución ni qué carajos! ¡Diga la verdad!”, dijo Petro con autoridad.

Ese rompimiento con Mordisco tuvo una rápida respuesta del comandante guerrillero, quien lanzó una bomba política de onda expansiva y graves daños colaterales, y acusó al presidente de traidor. “@petrogustavo me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda. Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz, hoy impulsa la guerra y el capitalismo”, dijo a través de su cuenta en X, antes Twitter.

Ese frente de batalla es la peor amenaza al logro de la paz total, que hasta el momento ha recibido toda clase de críticas por el uso del cese al fuego por las organizaciones armadas ilegales para fortalecerse y expandir su poder territorial. La consecuencia del rompimiento del cese al fuego con el EMC puede traducirse en un incremento de la violencia. Recuperar las zonas dominadas por el EMC resulta un enorme reto militar para la fuerza pública.

Con el rompimiento con el EMC, la paz total va a necesitar madurez y alta política para recomponerse, para así impedir que las cosas con el ELN crucen los mismos caminos y terminen en nada. Ese proceso, como es conocido, se ha dado en medio de todo tipo de sobresaltos, desencuentros y bastante desconfianza mutua.

El otro frente de batalla abierto por el presidente es el político, con el lanzamiento de su propuesta de realizar una Constituyente, que reforme la Constitución de 1991, que el M-19 ayudó a redactar con Antonio Navarro a la cabeza, y consolidó los acuerdos de paz suscritos durante el Gobierno del presidente Barco. Esa Constitución que modernizó el país es un tratado de paz que hizo posible cinco procesos de reconciliación, incluido el de las Farc en el mandato del presidente Santos, y con las AUC, en los ocho años de Uribe.

La Carta política ha sido, además, el soporte de la paz total. Ese texto, fruto del más exitoso acuerdo político de la sociedad civil en un siglo, es el árbol frondoso que el presidente quiere intervenir a través, inicialmente, de un proceso no ensayado hasta ahora en Colombia: los cabildos abiertos, en los que la sociedad civil organizada es la protagonista y no los partidos políticos.

Los últimos días el país ha visto como el Petro moderado que prometió en campaña proteger la Constitución ha mutado al Petro radical, embravecido, decidido a profundizar la marcha revolucionaria desde los territorios, rodeado de los más fieles activistas. Petro quiere ser amado por el pueblo, como Gaitán, quien dijo “no soy un hombre, soy un pueblo” y lucha por ser un líder universal, sin atadura alguna, ni contrapesos políticos de envergadura.

Para ello, organiza e ideologiza al pueblo, y lo llena de generosos subsidios y obras deseadas por décadas, y si llegado el caso se lo ordena el mandato popular, en los cabildos abiertos pretenderá revivir la reelección para continuar transformando a Colombia en una república más democrática y con sello socialista. Del Petro modelo 2022 solo queda la sonriente foto de campaña.

A pesar del boom mediático, su propuesta de Constituyente sigue sin entenderse. No se sabe aún qué papel jugarán los partidos políticos, los gremios, los medios, las instituciones. Germán Vargas Lleras se atrevió a apoyar la idea y fue recibido a coscorrones. La idea, entonces, se hace cada vez más difusa. Hasta ahora solo hay enunciados y confusión. Para el representante David Racero, por ejemplo, estamos en modo constituyente desde el estallido social.

Lo evidente es que el presidente seguirá trabajando para cumplir su objetivo, tratando de explicarle al pueblo y al mundo hacia dónde va Colombia, en una coyuntura nunca antes vista. No estamos en la Colombia de la década del 90 cuando el narcotráfico sacudió el país y Pablo Escobar pretendió, mediante el terrorismo, sacrificar la democracia para prohibir la extradición; no estamos en el país de la séptima papeleta y el movimiento estudiantil impulsando las grandes reformas; no es diciembre de 1990, cuando un acuerdo político hizo posible la elección de 70 constituyentes y el arribo, provenientes de los acuerdos de paz de la época, de cuatro adicionales.

Estamos en 2024, Petro es presidente, Mancuso está hablando, Uribe se siente acorralado, la paz total está en crisis, hay tres mesas paralelas de negociación con grupos armados ilegales, y nadie entiende cuál es el camino para concretar la Constituyente petrista, ni qué país saldrá de ese experimento. Lo evidente es que el presidente está recorriendo el país, entregando obras, prometiendo vida y soliviantando a los sectores sociales para que entiendan que este es su momento decisivo y actúen en consecuencia.

El primer mandatario está dispuesto a ganar todas sus batallas, tratando de reducirle espacio a la derecha, amenazando al Congreso y las Cortes, atacando los medios de comunicación tradicionales, cada día más radicalizado e inserto en sus objetivos revolucionarios. La oposición de derecha resiste, nadie pierde de vista el 2026, y el país se polariza sin que en el horizonte se vea la oportunidad de un acuerdo político que baje la temperatura al 7 de agosto de 2022, cuando todo era esperanza de cambio sereno y pacífico. Días de mayor ebullición social le esperan a Colombia y el café no calma los nervios.

Bogotá, D. C, 24 de marzo 2024

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de El País.

“La mejor vacuna es con coherencia, construir una verdadera cultura de la vida, del amor y no del odio y la desesperanza”.

Por José Manuel Restrepo*. - Con agudeza y capacidad de anticipación, Moisés Naím en su libro “La revancha de los poderosos” describe una nueva y peligrosa tendencia política de extrema izquierda y derecha en el mundo que suele operar con dosis de populismo, posverdad y polarización.

Basado en Naím, entre las características más relevantes de dichas autocracias sobresalen gobernantes que dividen las naciones entre buenos y malos, íntegros y corruptos, el pueblo bueno y traicionado y las mafias, ricos aristócratas y los marginados, entre otras divisiones. También aparecen gobernantes que con una dosis de “catastrofismo” y “adanismo” llegan como pregoneros de “cambios” a sociedades que han vivido según ellos centurias de desolación, de destrucción, de abandono y de muerte, como si nada hubiese existido antes. En tercer lugar, son gobiernos que desprecian el rigor, los científicos, los datos, los técnicos, el orden, la autoridad y en general transitan fácilmente a la anarquía, la politiquería, el activismo y el desorden.

En cuarto lugar, son gobiernos que atacan sistemáticamente los medios de comunicación y montan estrategias de comunicación basadas en redes sociales o en la descalificación a quienes contradigan sus “verdades”. En quinto lugar, son gobernantes que gustan de las instituciones cuando estas les favorecen o los eligen, pero no cuando hacen peso o contrapeso. Si este fuese el caso, prefieren “patear el tablero”, para cambiar las instituciones y así respaldar sus propias posiciones. En sexto lugar con una buena dosis de arrogancia o de mesianismo son gobernantes que creen encarnar la “verdad” al punto que si alguien propone algo en contrario no es extraño respuestas como “de malas”. Al fin y al cabo, quién más como ellos para interpretar lo que sucede. Sobra decir que finalmente gustan de la “charlatanería política” como instrumento de seducción a través de bonitos discursos que recogen más aplausos que ejecuciones.

La pregunta para usted como lector es si alguno o varios de los síntomas de esta enfermedad o pandemia mundial ya los experimentamos en Colombia. Algunos síntomas recientes hablan del desprecio a los técnicos de presupuesto nacional, los ataques a los medios de comunicación, los mensajes sobre 500 años de un país dedicado a la muerte, el anuncio de cambiar las instituciones a través de una Asamblea Constituyente, los discursos grandilocuentes de cambio climático, la división de la sociedad, y un buen adobo de verdades a medias, populismo o afirmaciones sin datos comprobables.

Pero afortunadamente no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. La vacuna existe y se llama construir desde las instituciones con esperanza basado en valores e integridad, capacidad de consenso y sensatez, reconocer y valorar al que piensa distinto, construir proyectos colectivos en donde quepamos todos, menos fanatismo y dogmatismo, respaldo incondicional a los pesos y contrapesos de la democracia, incluidos los medios, invitación a más análisis con datos para rebatir las mentiras, más capacidad de ejecución y menos discursos bonitos, más confianza en la democracia, más coherencia, más conciencia de las urgencias sociales, y más sensatez para crecer con corazón y generosidad.

En síntesis, la mejor vacuna es con coherencia construir una verdadera cultura de la vida, del amor y no del odio y la desesperanza.

Bogotá, D. E, 22 de marzo de 2024

*Rector Universidad EIA

“Lo que se necesita es volver a la sindéresis; dejar la polarización, dialogar, razonar, llegar a consensos, ejercer sin mezquindad las distintas funciones -en las ramas y órganos del poder público- y pensar más en el interés general que en el de los partidos”.

Por José G. Hernández*. - Caben algunas precisiones en torno a la reciente propuesta presidencial sobre convocatoria de una asamblea nacional constituyente.

Entendemos que ese proyecto -cuyos asuntos objeto de modificación, con textos concretos y específicos, no han sido divulgados- es la respuesta política del primer mandatario ante el evidente bloqueo al que han sometido, en el Congreso, los proyectos legislativos de origen gubernamental en materias tales como la salud, las pensiones y el régimen laboral, entre otros.

El presidente de la República ha manifestado que actúa dentro de las reglas de la democracia y la Constitución, pero que -dentro de ellas y acudiendo a las posibilidades que ofrecen-, se vería en la necesidad de acudir a reformas por la vía de una constituyente, en cuanto ha venido ocurriendo que su gobierno “no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y lo impiden”. A lo cual añade que se trata de “transformar las instituciones para que obedezcan al pueblo en su mandato de paz y de justicia".

Aunque, si consideramos -en general- la actual situación del país, no parece que sea necesaria una asamblea constituyente, cabe decir que la propuesta anunciada por el presidente no es -como algunos han dicho- un salto al vacío o una forma dictatorial de imponer sus políticas, ni tampoco un mecanismo para buscar la reelección. Tampoco es algo novedoso o exótico: el gobierno de Álvaro Uribe propuso una reforma constitucional por referendo -con diecinueve preguntas, de las cuáles solamente una fue aprobada por los votantes-; propuso y sacó adelante un acto legislativo para ser reelegido; Santos propuso un plebiscito sobre el acuerdo de paz, y fue derrotado en las urnas; hace dos años, cuando Uribe fue detenido por orden de la Corte Suprema, sus partidarios propusieron una asamblea constituyente contra la decisión judicial.

La Constitución de 1991 -a diferencia de la anterior- sí contempla la posibilidad de convocar, por iniciativa gubernamental o popular, una asamblea constituyente, con finalidades específicas que impliquen modificaciones constitucionales.

Quien esto escribe no comparte la propuesta del presidente, en especial porque estima que no es indispensable para los fines buscados; una asamblea constituyente no sería el camino más adecuado, ni el más expedito para alcanzar fines contemplados en la Constitución, como la igualdad, la paz o la justicia social.

Por otra parte, la iniciativa -hoy- no se ve políticamente viable: recordemos que la convocatoria requiere, ante todo, una ley del Congreso, con mayorías calificadas, y la revisión previa de la Corte Constitucional, antes de que se pronuncie y apruebe el pueblo -que es quien convoca la asamblea- al menos con la tercera parte del censo electoral. Y, después, viene la elección de los delegatarios. Si los partidos están bloqueando los proyectos de ley -rompiendo el quórum e impidiendo las sesiones-, lo más probable es que el proyecto de convocatoria también sea bloqueado, o que no obtenga las mayorías.

Lo que se necesita es volver a la sindéresis; dejar la polarización, dialogar, razonar, llegar a consensos, ejercer sin mezquindad las distintas funciones -en las ramas y órganos del poder público- y pensar más en el interés general que en el de los partidos.

Bogotá, D. E, 21 de marzo de 2024

Expresidente de la Corte Constitucional

“Creo, en la necesidad de reconciliación entre los colombianos para lo cual se hace necesario que todos nos dispongamos en condiciones de entendernos para superar la polarización y comprender que quien piensa diferente no es nuestro enemigo; por el contrario, la diversidad enriquece el debate público, alimenta la construcción de sociedad y democracia”.

Por Juana Juana Yolanda Bazán Achury*. - Dentro del marco del acuerdo de paz, suscrito entre el Gobierno y las FARC –EP, en el año 2016, en el cual se impusieron obligaciones a las extintas FARC- de carácter restaurativo, el viernes 15 de marzo de 2024 se realizó en el municipio de Barbosa, Santander, el acto público de reconocimiento de responsabilidad y perdón a las víctimas de secuestro de carácter político del macro caso 01 que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Por el secuestro político del que fui objeto en año 1998 en el marco de la campaña política para acceder a una curul en la Cámara de Representantes por el Partido Liberal, me acredité como víctima ante la JEP y la Unidad Nacional de Víctimas.

Desde hace más de un año tuvimos el primer encuentro con nuestros captores, intercambiamos ideas e hicimos las preguntas del por qué, y el para qué; asistimos desconfiados, reticentes a la idea de mantenernos en el proceso; pero gracias a los equipos psicosociales y al equipo de defensa de la Comisión Colombiana de Juristas continuamos en el proceso que culminó el pasado viernes.

Desde lo personal para las víctimas de secuestro de carácter político la motivación no fue de resarcimiento económico o individual, por el contrario, nos animó siempre la posibilidad de contribuir al mejoramiento de las condiciones de las comunidades de la provincia de Vélez; nos enfocamos en aprovechar la oportunidad para que las instituciones de orden nacional y local se comprometieran dentro del marco del acuerdo, a una reparación colectiva con verdaderas soluciones sociales y estructurales para la provincia.

Dentro de los responsables firmantes del acuerdo se encontraba Pastor Alape, Rodrigo Londoño Echeverry, Jairo Cala (representante a la cámara por las Farc – EP) y otros responsables; también se hizo presente la senadora Sandra Ramírez por las Farc – EP. Sentimos sinceridad en sus palabras, en la medida en que reconocieron, en cada caso, que ninguna de las víctimas teníamos en aquel momento vínculo alguno con la organización guerrillera.

Además del perdón público era muy importante esta manifestación en la medida en que todos fuimos re-victimizados por adversarios y detractores, en algunos casos se afirmó que el secuestro obedeció a una estrategia previamente acordada con los miembros de las FRAC – EP, como en mi caso; las otras víctimas recibieron acusaciones relacionadas con simpatías y afinidades con los alzados en armas de aquella época, que se han mantenido hasta la fecha.

¿Se preguntarán los lectores, si tienen sentido estos actos de perdón por parte de los firmantes del acuerdo de paz?

Creo, en la necesidad de reconciliación entre los colombianos para lo cual se hace necesario que todos nos dispongamos en condiciones de entendernos para superar la polarización y comprender que quien piensa diferente no es nuestro enemigo; por el contrario, la diversidad enriquece el debate público, alimenta la construcción de sociedad y democracia.

En este proceso, dentro del marco institucional del Estado encontramos entidades que hicieron eco de la justicia transicional y el sistema de restablecimiento de derechos de las víctimas, sobre la posibilidad para que los involucrados presentáramos propuestas para trabajar y mejorar la región como las siguientes:

1. Que el Estado asuma su responsabilidad constitucional y compromiso con el cumplimiento de lo establecido en el acuerdo de
2. Que a través de este compromiso se haga realidad la terminación de la Carretera intermunicipal del Carare – Opón.
3. Infraestructura de comunicaciones
   1. Intervenir las vías terciarias necesarias para el mejoramiento de la comunicación y la comercialización de productos
   2. Impulsar la navegabilidad del río
   3. Reactivación de la vía férrea como impulso de la economía y transporte interno de la región
4. Construcción de un hospital de tercer nivel de complejidad para la
5. Garantizar el   acceso  al   agua   potable   como   derecho fundamental
6. Titulación de tierras a los campesinos
7. Desarrollo de catastro multipropósito a través de brigadas en cada uno de los municipios
8. Revisión de títulos mineros para la protección ambiental y socialización de estos a la comunidad
9. Acciones de promoción del turismo en la Provincia de Vélez
10. Que nos proporcionen la capacitación necesaria en los aspectos relacionados con los programas y políticas de orden nacional y departamental que van dirigidas a la población vulnerable y víctima del
11. Consideramos a la universidad industrial de Santander como una aliada estratégica para el cumplimiento de los propósitos restaurativo que se afianzan el día de hoy. Para ello proponemos que el gobierno nacional y departamental fortalezcan esta institución educativa para que sus carrerassionales se desarrollen en su totalidad en esta sede regional y se amplié la oferta de programas académicos.

Nuestro compromiso, seguir avanzando en la construcción de escenarios de reconciliación, exigir al gobierno nacional el cumplimiento de las peticiones arriba relacionadas, como resarcimiento colectivo por los hechos que afectaron de manera grave a toda la provincia de Vélez y el Magdalena Medio. La paz se construye con soluciones y voluntad política.

Bucaramanga, 18 de marzo de 2024

Ex – Representante a la Cámara.

“En estos países el presidente juega un papel y ejerce una influencia que va mucho más allá de lo que dice la Constitución”.

Por Fernando Cepeda Ulloa*. -Pluralismo político. Diferencias de pensamiento. Libre debate. El mercado libre de las ideas. Ausencia de censura. Son diferentes maneras de referirse a un tema central de la vida democrática que es el de la libertad de expresión. Así como no se concibe un régimen autoritario, una dictadura, o un gobierno comunista con libertad de expresión. Impensable. Estos tipos de gobierno abominan la libertad en todas sus formas, pero principalmente la libertad de expresión. Y una democracia es exactamente lo contrario. Reclama, necesita, promueve, estimula, tolera, respeta, la libertad de expresión porque ella es la que permite el pluralismo político, la que propicia el desacuerdo y lo canaliza por vías civilizadas y legítimas. Si algo ha debilitado las democracias contemporáneas es precisamente el manejo abusivo de las redes sociales. Es que la libertad de expresión supone un manejo responsable. No se trata de decir cualquier cosa así ésta resulte falsa, calumniosa, ofensiva, denigrante y todos los conceptos que se le parezcan.

Colombia es un país estéril para la censura. Así lo consagran algunos textos de distinguidos historiadores. El más reciente recuerdo es el del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla que clausuró el periódico El Tiempo y lo propio hizo con El Espectador. Fue un intelectual corajudo, el fundador de la Universidad de los Andes, Mario Laserna, quien inmediatamente fundó un periódico que denominó El Mercurio que circuló por varios meses y ello como una manera de contrarrestar, por no decir desafiar, una decisión dictatorial.

La publicación de diarios oficiales, que también ocurrió en esa época, no debería repetirse. Y entiendo que hay formaciones que hablan de dos diarios oficiales por falta de uno. Eso no está bien. Como no lo está el tema de la pauta publicitaria, en ocasiones exagerada, del gobierno nacional y de los gobiernos subnacionales. Que el gobierno tenga que pagar para poder promover sus programas o informar a los ciudadanos sobre las oportunidades que ellos tienen, por ejemplo, para ingresar gratuitamente al sistema educativo en sus diferentes niveles o para aprovechar el sistema de salud, o el régimen pensional, o la posibilidad en la contratación pública y de otros beneficios y oportunidades nunca me ha parecido que deba ser objeto de una publicidad pagada y la existencia de una emisora o canal de televisión oficial, independiente del gobierno o de otros factores de influencia, es una propuesta que siempre ha dado lugar a debates y que no logra, las más de las veces, su real objetivo.

La BBC de Londres es un ejemplo universal y cada día son más las críticas que se formulan por la ausencia de independencia o por los silencios o las complicidades. Nada fácil. Lo que sí es indispensable es mantener una actitud muy despierta frente al desempeño de los medios de comunicación tanto los privados como los oficiales. Frente a estas dos formas de expresión es necesario mantener una actitud muy crítica y una permanente exigencia de objetividad, transparencia, apego a la verdad y a la imparcialidad. Nada fácil. Un apreciado embajador estadounidense recomendaba que al presidente Chávez había que juzgarlo por lo que hacía, pero no por lo que decía. Creo que el paso del tiempo demostró que eso era un error. No se puede despreciar la palabra presidencial. En estos países el presidente juega un papel y ejerce una influencia que va mucho más allá de lo que dice la Constitución. Sus palabras pueden ser más influyentes que una norma legal, en algunos casos. Está bien entonces que expresiones fuertes o injustas o descalificadoras del presidente se miren con ojo muy crítico porque se corre el riesgo de que ellas se traduzcan, en realidad, en muy dolorosas e irremediables.

Bogotá, D. E, 17 de marzo 2024

*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado

"La política monetaria, es decir la baja de la tasa de interés, es el principal instrumento de política macro disponible ahora para impulsar la reactivación económica."

Por Mauricio Cabrera Galvis*. - En la jerga de los financieros se 200 puntos básicos (p.b.) es lo que para el resto de los mortales es un 2 %. Cualquiera sea la forma como lo quiera uno llamar, este es el monto en que la Junta del Banco de la República debería bajar la tasa de interés de política monetaria (TPM) en su próxima reunión.

Nadie se atrevería a afirmar hoy que el Banco no debe bajar su tasa. Lo que se discute es el tamaño y la velocidad de la reducción. De hecho, la mayoría de los analistas esperan una rebaja entre 50 a 75 p.b. Pero en las circunstancias actuales de la economía eso sería muy poco, por varias razones.

Primera, porque la inflación ha bajado mucho más rápido de lo esperado, mientras que la tasa de interés se ha quedado pegada del techo, de manera que hay bastante espacio para la reducción.

La variación del IPC alcanzó un punto máximo de 13.3 % en marzo del año pasado, y desde entonces viene bajando todos los meses; se espera que al final de este mes se ubique alrededor de 7.4 %, es decir una caída de casi 600 p.b. en 12 meses. Por su parte, el máximo de la tasa del Banco fue de 13.25 % en mayo de 2023, y desde entonces la junta solo se ha movido dos veces para bajarla a 12.75 %, es decir solo 50 p.b.

Como consecuencia hoy la diferencia entre la tasa de interés y la de inflación es de casi 5.5 %. Es una postura de política claramente contractiva que algunos podrían justificar aduciendo que la inflación está todavía por encima de la meta del Banco (entre 2 % y 4 %), pero que resulta excesiva si se toman en cuenta las tendencia de los precios y el estado de la economía.

Segunda, porque el país está en riesgo de caer en una recesión. Las mediciones de Bancolombia muestran que en este año el nivel de actividad económica completa dos meses consecutivos en terreno de contracción (-1,6 % y -0,6 %, respectivamente), con caída en sectores tan importantes como la construcción, el comercio, y la industria.

La política monetaria, es decir la baja de la tasa de interés, es el principal instrumento de política macro disponible ahora para impulsar la reactivación económica. El otro instrumento, que es el gasto público, está muy limitado por el tamaño del déficit fiscal y el aumento de la deuda pública, de manera que a pesar de llamado de los gremios a que el gobierno gaste más, no se podría hacer este año sin romper la regla fiscal.

Tercera, el alto nivel de las tasas de interés domésticas frente a las internacionales es un imán poderos para la atracción de capitales golondrina que aumentan la oferta de dólares presionando a la revaluación de la tasa de cambio, que ya ha caído por debajo de $3900, lo que va a desestimular las exportaciones no tradicionales, agravando la caída de la producción.

Cali, 17 de marzo 2024

*Filósofo y Economista. Consultor.

¡Todo pasó sin que pasara nada!

Por Amylkar D Acosta M*. - En medio de una gran expectativa tuvo lugar en Sincelejo el pasado 9 de marzo la que se calificó como Cumbre Caribe, en torno a la problemática de la inusitada alza de las tarifas del servicio de energía, que tiene agobiado a los usuarios. Esta estuvo precedida, sin resultado alguno por otra Cumbre en la Casa de Nariño encabezada por el Presidente Pedro y la asistencia de los parlamentarios del Caribe y el posterior debate de control político al Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho, el curso del cual hubo más calor que luz.

El ministro Camacho se anticipó a expedir en volandas un Decreto para comentarios que, según se anunció está encaminado a bajar las tarifas, pero de la lectura del mismo se concluye fácilmente que no hay nada nuevo bajo el sol. Empezando porque en el mismo simplemente se le ordena a la inoperante CREG “la revisión completa de todos los componentes de la tarifa eléctrica” función esta que está entre sus atribuciones y competencias, las mismas que está en incapacidad de cumplir por la dejadez del propio Gobierno, que se ha negado sistemáticamente a nombrar en propiedad a los 5 restantes expertos comisionados.

Cabe advertir que la CREG se ha convertido en el nudo gordiano de la problemática del sector energético, que no encontrará salida hasta que el mismo se desate y para ello hace falta la voluntad política y la decisión del alto Gobierno. Lo que está en juego es la supervivencia de la institucionalidad del sector que se está poniendo en riesgo con las políticas erráticas del Gobierno, que minan la confianza de los agentes de la cadena.

Y en materia de tarifas, aunque en su artículo 1º el Decreto de marras alude a la baja de las tarifas y con tal fin plantea que la CREG expedirá una nueva fórmula tarifaria, como es apenas obvio, “dentro del año siguiente de la fecha de la terminación de la vigencia de cualquiera de los componentes de la fórmula”, que en el caso de las dos empresas operadoras, que prestan el servicio en la región Caribe, Air – e y Afinia, se cumple en abril del año entrante. De ello se sigue que los 2.6 millones de resignados usuarios del servicio de energía de la región Caribe tendremos que esperar hasta entonces para vislumbrar un asomo de alivio en las facturas del servicio de energía que promete el Ministro. Y mientras tanto, que nos coma el tigre!

Llama poderosamente la atención que, contrariamente a lo que se aspiraba y esperaba de esa Cumbre, el Ministro Camacho, no le dio respuesta a ninguna de las propuestas que se le presentaron con la debida antelación. Según el Ministro en su intervención, “este Gobierno ha venido a enfrentar problemas estructurales de un modelo económico neoliberal. 30 años después de este modelo de servicios públicos las empresas no le han garantizado los derechos a la gente”. Pero qué ocurre. Al sabotear el normal funcionamiento de la CREG, el máximo órgano regulatorio, que constituye la pieza maestra de todo el andamiaje del Sistema, se compromete seriamente su normal funcionamiento. En tales circunstancias, el mal llamado, peyorativamente, “modelo económico neoliberal” se torna inoperante y no podrá garantizar “los derechos de la gente”. Y de este modo, con la excusa del “cambio” de Modelo, estaríamos en presencia de una profecía autocumplida, que es aquella que se anuncia y luego se hace todo lo posible para que se cumpla.

Con esta monserga lo que se busca es utilizar la baja en las tarifas como señuelo para abrirle camino en el legislativo a su proyecto de reforma de la Ley de servicios públicos, condicionándola a su aprobación por parte del Congreso. Es de advertir que es imperiosa la necesidad de actuar ya, sin más dilaciones, las soluciones no dan más espera, el Gobierno debe proceder antes de que sea demasiado tarde. De ninguna manera es admisible que las soluciones se supediten al trámite y aprobación de la tan anunciada reforma de dicha Ley, convertida en espejismo.

También ha afirmado el Ministro que “lo primero que hay que decir es que en el centro están los usuarios, así que todas las alternativas son bienvenidas y las seguimos analizando, pero que no nos sigan planteando que la solución es seguir salvando a empresas”. Lo cierto es que ninguna de las propuestas sometidas a su consideración está encaminada a salvar a las empresas, aunque si las empresas generadoras, transportadoras, comercializadoras y operadoras de red no están a salvo, tampoco estaría a salvo la prestación del servicio y el servicio más costoso es aquel con el que no se cuenta cuando se necesita. O acaso por qué y para qué expidió el Ministerio el Decreto 1637 de 2023, habilitando una línea de crédito por $1 billón, que se amplió posteriormente en $2.3 billones, para solventarlas y así evitar el temido efecto dominó que había anunciado la empresa operadora del Sistema y administradora del mercado mayorista XM, debido a los problemas de iliquidez de las empresas operadoras de red por cuenta de la abultada deuda de los usuarios por concepto de la opción tarifaria. De esta manera se evitó un apagón financiero que podría conducir a un apagón eléctrico.

Esta Cumbre, que sirvió de escenario para un diálogo de sordos, como otras, se han convertido en un verdadero botadero de corriente que en nada contribuyen a la búsqueda y hallazgo de soluciones prontas y eficaces requeridas, más allá de la vacua palabrería. Esta vez, como ya quedó dicho, las propuestas presentadas, todas ellas tuvieron la cayada por respuesta. Esta Cumbre terminó sin terminar y concluyó sin conclusiones. Por ello, no le falta razón a la Directora de El Heraldo Erika Fontalvo cuando, con su proverbial franqueza, tituló su Editorial “Cumbre energética, sin pena ni gloria” y añadió “tarifas no bajarán por ahora, mucho ruido y pocas nueces. Otros dirán pura paja. Estas populares expresiones bien resumen lo que pasó, o mejor lo que no pasó, en la tan cacareada Cumbre energética del Caribe”. Más claro no canta un gallo capón, al que en el Caribe le tenemos cuento! 

Cota, marzo 17 de 2024

Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

"Hay que hacer algo para que a más de 300 mil pequeños ganaderos, muchos de ellos dentro de las cifras de pobreza rural, no les paguen por un litro de leche en finca menos de lo que cuesta cualquier bebida azucarada".

Por José Félix Lafaurie Rivera*. - La leche ha sido, en muchas culturas y religiones, símbolo de alimento por excelencia y de prosperidad; símbolo de vida. No en vano Yahvé le prometió a Moisés, como un destino de redención tras la esclavitud, como un verdadero renacer, que llevaría a su pueblo a “una tierra donde mana leche y miel” (Éxodo 3-17). ¿Qué hacer para que, en un país que quiere ser “potencia de vida”, a nadie se le niegue un alimento que es vida?

Colombia sobrepasó los 7.000 millones de litros de producción anual de leche, pero la industria formal no acopia siquiera el 50% y, adicionalmente, aunque el consumo promedio es de 155 litros persona/año, mientras un colombiano de estratos altos consume hasta 190 litros, uno de los sectores populares apenas alcanza los 37.

Tan inequitativa distribución está ligada a la pobreza. En 2022, el 33,6% de la población estaba por debajo de la línea de pobreza monetaria, es decir, tenía un ingreso mensual de hasta $396.864, mientras el 11% sufría pobreza extrema, con no más de $198.698. En el campo la situación es aún más crítica, con 45,9% de pobreza monetaria, ¡la mitad de la población!, una condición que, dicho sea de paso, cobija a los productores de leche, en su mayoría pequeños campesinos minifundistas.

Pero los porcentajes esconden la realidad, que se destapa cuando ese 33,6% se transforma en más de ¡18 millones! de pobres, y ese 11% en casi ¡7 millones! que, en 2022, vivían y, por supuesto, comían con $6.600 pesos diarios.

Así pues, el tema de la desnutrición no se limita a la niñez y la mortalidad infantil, pero aunque un solo niño muerto es una desgracia, y una enorme que murieran por esa causa 325 en 2022 y 246 en 2023, la desnutrición invisible, esa que no mata niños ni adultos, pero disminuye su humanidad a límites aberrantes, es un universo dantesco de 18 millones de humanos viviendo en condiciones “infrahumanas”, pues una persona que apenas llega a los $400.000 mensuales de la pobreza monetaria, si paga arriendo no come.

Por ello, en carta reciente a la ministra de Agricultura, al tiempo que le expuse las disfunciones de la cadena láctea, que afectan a los productores de leche y muy especialmente a lo que hacen parte de la pobreza rural, le planteé propuestas para romper esa inequidad estructural del consumo, propuestas que hemos presentado a todos los gobiernos, desde hace 20 años, siempre recibidas con “buenos ojos” pero con escasa voluntad política.

La primera es un fondo tripartito para que el presupuesto nacional, los recursos ganaderos y la industria, se unan, para que esta última ofrezca a los sectores populares leche pasteurizada -no ultra-, en empaque sin pretensiones y sin gastos de publicidad.

Otra propuesta posible es una reorientación de las compras públicas, con leche de producción nacional en la dieta diaria de la Fuerza Pública, en los jardines del ICBF y en la mezcla de la bienestarina; leche diaria y no jugos azucarados como elemento obligatorio para los contratistas del PAE, para que los niños reciban en la escuela lo que no reciben en sus casas.

Hay que hacer algo para que la leche deje de ser un costoso producto en hermosas cajas que cuestan más que lo que contienen; hay que hacer algo para que a más de 300 mil pequeños ganaderos, muchos de ellos dentro de las cifras de pobreza rural, no les paguen por un litro de leche en finca menos de lo que cuesta cualquier bebida azucarada.

Hay que hacer algo para convertir a Colombia en un país donde mane leche… para todos.

Bogotá, D. E, 17 de marzo de 2024

Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

“Es tal la cantidad de cargos y negocios del gobierno, que -seguramente- no le han permitido al Jefe de Estado encontrar entre sus súbditos y vasallos, personas que ofrezcan la pulcritud que deben ejercer los funcionarios públicos”.

Por Gabriel Ortiz*. - El computador de Palacio, ese que tiene las listas de los agraciados con los nombramientos gubernamentales está en crisis: difícil encontrar honrados para encargarles puestos oficiales.

Esa la razón para las permanentes bacantes, destituciones y vacancias que se registran, casi a diario, en las nóminas estatales.

Muchos colombianos suficientemente preparados y rectos estaban listos desde antes del 7 de agosto de 2023, para acompañar al nuevo presidente en millones de cargos que entraron en vacancia, por solicitud del equipo-Petro.

Los nombres del nuevo gabinete, oficinas y asesorías que dejó plasmados la pluma de Petro, desde el momento en que, con la espada del Libertador, ingreso por la puerta principal de la Casa de Nariño, dieron confianza, hasta sus acérrimos y obcecados contradictores. Quién podría haber dudado de la acrisolada preparación y capacidad de Ocampo, Cecilia y tantos más que el nuevo presidente llamó para que lo asesoraran con su sabiduría, hidalguía y generosidad.

También contó con muchos de sus adeptos y seguidores, que el país conoce hace mucho tiempo y que, dicho sea de paso, le ofrecen aportes valiosos y al cuidado de su imagen. Estos nunca han practicado la corrupción y antes por el contrario han sido los principales acusadores de otros líderes que han gozado de las mieles, los dineros y prebendas del Estado.

Como a cada noche le llega su luna, es tal la cantidad de cargos y negocios del gobierno, que -seguramente- no le han permitido al Jefe de Estado encontrar entre sus súbditos y vasallos, personas que ofrezcan la pulcritud que deben ejercer los funcionarios públicos. Ha tenido que reducir los méritos que tradicionalmente se exigían a quienes quisieran ocupar un empleo. Ya no se requiere título profesional o experiencia para muchísimos cargos públicos.

Estas han sido las fallas que tanto le están costando al Presidente Petro. Ha nombrado a corruptos sin categoría, que lo han llevado al colmo de tener que destituirlos en público y frente a las placas y cámaras de los medios, a los que aborrece e injuria. Uno de los ejemplos es el caso de los 80 carrotanques que costaron 70.000 millones de pesos, cuando valían una tercera parte. Y qué decir de los proyectos que cursan en el Congreso, con vicios de forma y sin fundamento ni presupuesto. Son colchas de retazos para crear más burocracia y corrupción.

La reforma a salud, prácticamente se hundió por una votación responsable en el Senado. En la cámara pasó gracias al apoyo de frascos de mermelada.

La salud está manga por hombro, mientras el sistema actual no es sostenible, no posee medicamentos y los pocos que se consiguen para tratar ciertas enfermedades, están fuera del alcance de la población.

Esa es la radiografía de lo acontece en Colombia, producto de un computador casado con la mediocridad y un Jefe que aspira a gobernar por decreto.

BLANCO: Sin necesidad de manifestaciones insolentes contra la Corte, fue elegida la magistrada Luz Adriana Camargo, nueva Fiscal. Todo se puede lograr, sin necesidad de la fuerza bruta.

NEGRO: El presidente Petro, no cesará de cobrar su idea del Metro subterráneo. Y así ocurre con todas sus ideas de un alcalde frustrado.

Bogotá, D. C, 14 de marzo de 2024

Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

“En ejercicio de una mal entendida libertad de expresión, el insulto, la ofensa, la acusación sin fundamento, son cosa de todos los días”.

Por José G. Hernández*. -Durante un reciente foro académico acerca de la libertad de información, uno de los asistentes manifestaba: “Hablando de la información, debo decirles que he perdido por completo la confianza en los noticieros de radio y televisión. Ya uno no sabe qué creer, ni a quién creerle. Todos están politizados”.

Reflexionemos. En medio de la insoportable polarización política vigente -que, al parecer, continuará causando daño-, algunos medios han resuelto tomar partido y ya no es extraño encontrar información sesgada o manipulada, casi siempre orientada a comprometer a personas de uno y otro bando en actos de corrupción o delictivos, sin sustento, sin pruebas, sin confrontación, sin consulta, no importa si a las pocas horas esas informaciones son desvirtuadas, corregidas o respondidas mediante otras informaciones, no menos sesgadas, contra personas del bando contrario. Aunque años después, si las sindicaciones son llevadas a la administración de justicia -que ahora está cojeando como nunca-, se dictamine que no había sustento alguno en las sindicaciones, ya el daño se ha causado, en detrimento de la honra, del buen nombre y del prestigio de las personas afectadas.

En las redes sociales, dentro de la misma polarización, se procede de modo aún más irresponsable. En ejercicio de una mal entendida libertad de expresión, el insulto, la ofensa, la acusación sin fundamento, son cosa de todos los días. No importa. Si el afectado acude a la administración de justicia, se llega fácilmente a una conciliación y el calumniador “rectifica” y no ha pasado nada. Buscará otra forma de atacar a quienes pertenecen al bando contrario.

El artículo 20 de la Constitución garantiza dos derechos fundamentales que son inherentes al concepto de democrático y al orden jurídico que lo caracteriza: la libertad de expresión y el derecho a la información. También señala que los medios de comunicación son libres, aunque “tienen responsabilidad social”.

El artículo 15, por su parte, declara que “todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar”.  El 21 garantiza el derecho a la honra. El 29 señala que “toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”.

El derecho a la información, esencial en una democracia, está asegurado en el mismo artículo 20 de la Constitución, advirtiendo que debe ser veraz e imparcial. En cuanto al público, receptor de la información, también tiene un derecho de carácter fundamental a recibirla con esas características: veracidad e imparcialidad.

Reiterando lo dicho desde 1992, la Corte Constitucional, en Sentencia T-040 de 2013, advierte que “la libertad de información protege la comunicación de versiones sobre hechos, eventos, acontecimientos, gobiernos, funcionarios, personas, grupos y en general situaciones, en aras de que el receptor se entere de lo que está ocurriendo. Es un derecho fundamental de “doble vía”, que garantiza tanto el derecho a informar como el derecho a recibir información veraz e imparcial”.

Para aludir a la queja del ciudadano mencionado, cabe recordar que la radio y la televisión hacen uso del espectro electromagnético, que es un bien público, y deben respetar al ciudadano e informar de manera veraz e imparcial.

Bogotá, D. E, 13 de marzo de 2024

*Expresidente de la Corte Constitucional