Opinión
Por Juan Fernando Londoño.- Lograr cambiar balas por votos no afecta nuestra democracia, por el contrario, la fortalece. Pero tal parece que el uribismo no cree que haya espacio para nadie más en nuestra vida electoral.
El documento presentado por el Centro Democrático con el título de “Bases de un acuerdo nacional de paz” contiene propuestas nunca antes mencionadas para criticar los acuerdos de La Habana en materia de participación política, pero que resultan clarificadoras sobre la posición de ese partido sobre la democracia, que claramente puede ser mejor calificada de antidemocrática. Vale la pena revisar los aspectos más relevantes y lo que significan.
En primer lugar, el Centro Democrático (CD) critica que exista un compromiso en los acuerdos para sacar adelante un Estatuto de la Oposición. No está claro cuál es el problema con el hecho de que según ellos, el Acuerdo “gradúa a las FARC como legítimo opositor del gobierno”, pues de lo que se trata es justamente de eso. Un proceso de paz supone dar garantías a quienes usaron las armas para que puedan seguir defendiendo sus ideas sin apelar la violencia. En nuestro caso para que las FARC transiten a la vida política electoral con el propósito de oponerse al actual orden de cosas, y no de compartir el gobierno (como sucedió entre liberales y conservadores durante el Frente Nacional).
El uribismo parece no aceptar que la democracia colombiana pueda acoger una organización que deja las armas y pasa a la oposición sometiéndose a las reglas establecidas. Si ellos no aceptan eso cabe preguntarse entonces cuál es el papel que se espera de una organización que abandona la lucha armada. Y recordar también si acaso no ha sido bueno para el país que antiguos miembros del M-19 enriquezcan la vida política colombiana. Lograr cambiar balas por votos no afecta nuestra democracia, por el contrario, la fortalece. Pero tal parece que el uribismo no cree que haya espacio para nadie más en nuestra vida electoral. No sobra entonces recordar el tratamiento despectivo y criminalizante que el expresidente Uribe le dio a sus opositores durante el tiempo que ejerció la presidencia para enfatizar la importancia de que se tramite dicho Estatuto.
El siguiente argumento en contra de los acuerdos consiste en hacer una defensa clara de nuestro status quo. El ‘Centro Antidemocrático‘ propone que no se modifiquen las normas relativas a los umbrales para acceder al congreso, esto significa en plata blanca que solo quienes hacen política hoy en día pueden hacerlo en el futuro. Según esta interpretación nuestro sistema de partidos debe quedar congelado y la paz no debe implicar que nuevas fuerzas políticas aparezcan en el escenario nacional. Los acuerdos de La Habana reconocen que la construcción de la paz debe permitir una nueva “Apertura Democrática” que refresque con nuevas voces y expresiones nuestro espectro político, no restringidas a la organización política que surja de las FARC, sino abierta a voces y opciones resultantes de la nueva situación de vigencia y garantías para el ejercicio de los derechos políticos.
Lo que resulta más revelador de esta posición de defensa del status quo es que el Centro Democrático propone que las curules transitorias de las circunscripciones de paz sean para los mismos partidos tradicionales. Si esto se aceptara tendríamos la paradoja de que las nuevas curules destinadas a las víctimas quedaran al servicio de las bancadas de los partidos tradicionales. ¿Vamos a recompensar entonces a los partidos políticos tradicionales por el dolor que han sufrido las víctimas en las zonas de conflicto? La propuesta sería graciosa, de no ser tan cínica y reveladora de la falta de respeto de ese partido con las víctimas en Colombia. Vale la pena recordar que el propósito de esas circunscripciones transitorias es reparar el socavamiento de los derechos que comunidades enteras han sufrido por la mala fortuna de haber vivido en medio del conflicto.
Esos colombianos no han podido ejercer en forma real los derechos asociados al concepto de ciudadanía que se supone garantiza la Constitución Política. Para compensar su abandono se requiere que sean ellos mismos, a través de las organizaciones que constituyan los que recuperen su sentido de pertenencia a una Colombia que poco ha hecho por ellos. Y por esa vía conseguir también que el Estado haga presencia legitima en esos territorios mediante la representación política que los vincula a la nación. Entregarle esas circunscripciones a los partidos tradicionales –que en todo caso podrán hacer campaña en esos territorios– es desvirtuar totalmente el propósito de la iniciativa.
Pero en donde más antidemocrática resulta la visión del grupo uribista es en su aversión a la participación ciudadana. Tanto en sus críticas al punto de participación política, como al punto de Reforma Rural Integral, se percibe un desprecio por toda opción de los ciudadanos organizados para atender los asuntos públicos. De hecho, despectivamente lo califican de “comunitarismo”, olvidando quizás los propios intentos del uribismo de crear aquel engendro de populismo y autoritarismo que en su momento propusieron como “Estado comunitario”.
El mensaje es claro, si la gente participa para apoyar al líder en escenarios manipulados (los consejos comunitarios del gobierno de Uribe), constituye una buena forma de acción colectiva y una forma aceptable de gestión pública, pero si lo hacen por iniciativa propia y en torno a sus propios intereses, es una transgresión del deber de las comunidades de “respetar la capacidad propositiva de los candidatos a las gobernaciones y alcaldías y preservar el voto programático”, es decir, traspasar los límites de la democracia representativa que con tanto ahínco defienden.
En su conjunto, la propuesta del Centro Democrático revela su idea de la democracia para el país, que puede resumirse de la siguiente manera: la política colombiana funciona bien, y debemos garantizar que los mismos y las mismas sigan gobernando.
* Exviceministro del Interior - director Centro de Análisis y Asuntos Públicos - En Twitter: @JuanFdoLondono
Por Jairo Gómez.- ¿Dónde está la mente brillante que nos saque de este atolladero de la guerra o la paz? Todos opinamos y nadie tiene la fórmula mágica.
Pero intentemos algo: el sentido común dice que hacer política es darle forma a la realidad. ¿Por qué no hacerlo? Colombia pretende ser una nación sofisticada políticamente y no lo es, nunca lo ha sido. Al no existir un proyecto de país, aquí todo se resuelve dependiendo de la coyuntura y son muchos los ejemplos. Hagamos un repaso por nuestra historia reciente.
Se inventaron el Frente Nacional y zanjaron la violencia bipartidista, se repartieron el poder, excluyeron el movimiento social, las víctimas nunca fueron reconocidas, le echaron tierra a la verdad y provocaron un conflicto peor.
En el Gobierno de Lleras Restrepo, se buscó resolver el inveterado problema de la propiedad de la tierra a través de una reforma agraria, pero llegó Pastrana Borrero al poder, después de unos cuestionados escrutinios, y en connivencia con los terratenientes se inventó el pacto de “Chicoral” y anuló, de un tajo, los vientos reformadores que beneficiaban a los campesinos. Y de ñapa, creó el inolvidable UPAC.
Los vientos marimberos le proporcionaron al país importantes e inesperados ingresos, mayores o iguales al Café. ¿Cómo asimilar esos dólares de más en la economía? López Michelsen, sin pensarlo dos veces, se inventó la “Ventanilla Siniestra” en el Banco de la República para capturar esos verdes que inundaban el sistema. Hoy, eso se llama “lavado de activos” y es un delito penal.
Todos los presidentes a su manera gobiernan y Turbay Ayala agobiado por la escalada violenta de los grupos guerrilleros, optó por el célebre “Estatuto de Seguridad” para perseguir a la izquierda armada, pero fueron los civiles quienes pagaron el pato; muchos fueron los torturados y otros los desaparecidos.
Al conservador Betancur, le tocó bailar con la más fea: tras el fracaso del proceso de paz con las FARC, después el M-19 le quiso hacer un “juicio”, y se tomó el Palacio de Justicia. Vino la retoma por decisión suya (¿o de los militares?) y a sangre y fuego se superó esa tragedia nacional.
Barco, con las fuerzas del Estado combatió el narcoterrorismo de Pablo Escobar, que un su estrategia desestabilizadora asesinó a Galán; afrontó el genocidio de dos candidatos presidenciales de la izquierda por las llamadas “fuerzas oscuras”. Fueron cuatro años caóticos que Cesar Gaviria, su sucesor, capitalizó convocando a una Asamblea Nacional Constituyente.
Y así ha transcurrido la historia reciente del país. Por ejemplo Samper, logró, con triquiñuelas presidencialistas, que la Cámara lo absolviera de los pecados financiadores del “Cartel de Cali”. Pastrana Arango, con la Constitución en la mano, despejó 42 mil kilómetros para hacer la paz con la FARC. Álvaro Uribe, hoy senador, determinó que cuatro años no eran suficientes y decidió comprar apoyos para hacerse reelegir. Con su “Seguridad Democrática” quiso acabar a las FARC y no pudo. Terminó enfrascado en los llamados “Falso Positivos”.
Los presidentes en democracia gobiernan y adoptan medidas impopulares o antipopulares para recomponer el camino. Hoy le tocó el turno a Santos, premio Nobel de Paz, asumir con decisión encausar los acuerdos de La Habana y la Constitución le da los instrumentos para hacerlo, dicen connotados juristas; hágalo presidente, si quiere pasar a la historia.
* Periodista -
Por Diego González.- En el entorno del sistema político Colombiano ha sido frecuente advertir la hegemonía del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo como una de las causas de los límites de la democracia en nuestro país, la debilidad del Poder Legislativo Colombiano ha impedido una efectiva facultad de control del Legislativo sobre el Ejecutivo que involucre a toda la administración pública.
Controlar el proceder gubernamental es una de las funciones primordiales de cualquier Congreso en un Estado constitucional, precisamente porque este tipo de Estado no sólo encuentra uno de sus fundamentos más importantes en la división de poderes, sino también en el equilibrio entre ellos, es decir, la existencia de controles recíprocos, de pesos y contrapesos que impidan el ejercicio ilimitado e irresponsable de las actividades públicas.
En la labor del fortalecimiento del Poder Legislativo deben contribuir todos los órganos del Congreso, principalmente los instrumentos que con fundamento en nuestra Constitución han sido diseñados para ejercer un control legislativo más detallado de las actividades del Ejecutivo.
Uno de estos instrumentos es la denominada irresponsabilidad de los congresistas, es decir, que los representantes del pueblo puedan emitir de manera libre sus votos y opiniones, sin temor a que éstos puedan ocasionar persecuciones judiciales o de cualquier índole, con lo cual se garantiza la plena libertad e independencia en la formación de la voluntad colectiva del Congreso.
La doctrina constitucional y la práctica jurisprudencial coinciden en señalar que esta prerrogativa es una garantía institucional en favor del Congreso y de la democracia y no un privilegio personal para senadores o representantes, de otro lado, la inviolabilidad es perpetua, es decir, el congresista escapa a cualquier persecución judicial por sus votos y opiniones, incluso después de que ha cesado en el ejercicio de sus funciones.
Nuestra Constitución Política faculta al Congreso para enjuiciar a los altos dignatarios del Estado fundamentalmente al Presidente de la República, porque la remoción de su cargo es un hecho que tiene consecuencias políticas inevitables y profundas, por lo cual debe atribuírsele esa decisión a los representantes del pueblo, a fin de que puedan considerar la dimensión política que tiene todo proceso en contra de un Presidente y decidir si procede o no su enjuiciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia, principalmente porque sólo amparados por la inviolabilidad, pueden los senadores y representantes gozar de la suficiente independencia para ejercer esta importante labor de control, sin temor a represalias.
El control parlamentario es un control de carácter político cuyo agente es el Congreso y cuyo objeto es la acción general del gobierno y, por extensión, también la acción de toda entidad pública, por esta razón, el reto al que está llamado nuestro Congreso es el de la adaptación a las tendencias modernas democratizadoras, lo cual no será nada fácil, pero es necesario emprenderlo si queremos que éste siga siendo la llave de nuestro sistema representativo y el principal pilar de nuestro sistema democrático.
Por Humberto de la Calle.- De manera falsa se ha venido difundiendo la información de que el Acuerdo de La Habana contiene elementos de la llamada ideología de género. No es cierto. Se trata de una maniobra para atacar el Acuerdo como un todo. Lo que hicimos en La Habana fue adoptar un enfoque de género que tuviera en cuenta las diferencias en las consecuencias dañinas del conflicto, reconociendo que la mujer ha sufrido un impacto enorme, no solo como víctima directa de graves crímenes, la violencia sexual entre ellos, sino también en su condición de hija, madre, esposa y, en muchos casos, responsable solitaria de la preservación del hogar. Este punto de partida implica el compromiso de acentuar en la mujer el proceso de reparación, así como instaurar políticas y herramientas concretas que atenúen, y a la larga supriman, la discriminación ancestral que ha sufrido la mujer.
Vamos al texto y dejemos la especulación. En la página 10 del Acuerdo se lee: “Igualdad y enfoque de género: reconocimiento de las mujeres como ciudadanas autónomas, sujetos de derecho que, independientemente de su estado civil, relación familiar o comunitaria, tienen acceso en condiciones de igualdad con respecto a los hombres a la propiedad de la tierra y proyectos productivos, opciones de financiamiento, infraestructura, servicios técnicos y formación, entre otros; atendiendo las condiciones sociales e institucionales que han impedido a las mujeres acceder a activos productivos y bienes públicos y sociales. Este reconocimiento implica la adopción de medidas... teniendo en cuenta las necesidades específicas y condiciones diferenciales de las mujeres, de acuerdo con su ciclo vital, afectaciones y necesidades”.
Y dentro del amplio marco de la no discriminación, la mención de la comunidad LGBTI busca un compromiso dirigido a evitar el gueto cultural que han padecido, en menoscabo de derechos fundamentales a toda persona.
El Acuerdo no toca los temas del matrimonio, la familia, las parejas del mismo sexo ni nada de lo que uno pudiera imaginar como ingrediente de la llamada ideología de género. Entendemos y respetamos la sensibilidad de estas disyuntivas morales. El enfoque de género corresponde exactamente a los principios constitucionales vigentes. Su única ideología es la Constitución.
Para quienes se oponen al Acuerdo en este punto, hay dos caminos: o entienden que han sido informados de manera sesgada, o aceptan que su verdadero propósito es mantener a la mujer confinada a patrones discriminatorios y a la población LGBTI presa de la homofobia.
Esa es la verdadera discusión.
Apostilla: circula en redes sociales una intervención mía sobre este tema, la cual ha sido recortada y malinterpretada. Mis expresiones incluyeron una cita literaria, cuyo propósito no era desconocer realidades anatómicas y fisiológicas de hombres y mujeres. No cometería esa tontería. El propósito era señalar que el rol asignado a ellos, si bien parte de realidades genéticas, se alimenta también de patrones sociales. De allí surge el machismo, por ejemplo, que ha menospreciado el papel de la mujer y ha dificultado su desarrollo pleno.
Un enfoque de género busca obtener la integralidad del reconocimiento de los derechos de la mujer en la vida social. Y en cuanto a la población LGBTI, me inspiré en las palabras del papa Francisco: los miembros de la población LGBTI “no deben ser objeto de discriminación y deben ser respetados y acompañados espiritualmente”.
HUMBERTO DE LA CALLE
Por Carlos Ibañez Muñoz.- Título coloquial para explicar la adopción de medidas punibles por las autoridades de tránsito a quienes infrinjan las normas de tránsito en cuanto a sobrepasar mínimos de velocidad en la ciudad. Por ahí no se empieza, un pueblo no se culturiza a punta de represión con penas y sanciones. Si queremos construir un nuevo hombre eduquémoslo primero, iniciemos el proceso desde la casa con el buen ejemplo de los padres y desde la escuela con la formación e instrucción que impartan los maestros como con cariño los llamábamos.
Independientemente de la ausencia de una buena infraestructura vial , de semaforización moderna, de señalizaciones adecuadas, del excesivo incremento del parque automotor; vehículos y motos, de ausencia de autoridad; nosotros somos los actores del caos vial de la ciudad. SI, nuestro desconocimiento de la normatividad de tránsito, nuestro ánimo pendenciero, nuestro comportamiento soportado en que todo se vale, el del mas avispado, el del mas abeja en términos populares, el del atarvan el de por aquí me meto, el del dicho de malas, son conductas deplorables que hacen parte de la cotidianidad de la vida del peatón y conductor en la ciudad que la "justifican " para sobrevivir ante el desorden, caos vial y ausencia de autoridad.
Todas estos comportamientos deben ser conjurados por las autoridades sean policiales o de tránsito ; pero , insisto, las sanciones que deben aplicarse tienen que ser precedidas por un mayúsculo esfuerzo de CULTURIZACION VIAL diseñado por la administración municipal donde participen todas las fuerzas vivas de la ciudad empezando por las escuelas , colegios y universidades a través de simposios pedagógicos ; con charlas especializadas de las oficinas de recursos humanos en las empresas en ciertas horas de receso laboral con acompañamiento de los gremios económicos y las compañías aseguradoras, sobre todo en aquellas donde sus trabajadores utilizan la moto como medio de transporte; convocatorias pedagógicas en las comunas a través de sus JAC y JAL ; estrategia mediática donde participen los medios de comunicación masivos de la ciudad , prensa , radio , cines , redes sociales etc ; toma de parques por las autoridades de tránsito y policía impartiendo instrucciones sobre buen comportamiento vial, en fin insertar en la ciudad una cultura de movilidad y respeto a las autoridades y las disposiciones de tránsito.
Una vez abordada esta política en forma masiva , y si esta no prospera , pues se hace necesario como sucede en la mayor parte de las grandes capitales del mundo, colocar dispositivos tecnológicos que permitan controlar el cumplimiento de las normas de tránsito y así coadyuvar a los agentes viales que nunca y en ningún país serán suficientes para controlar la movilidad y el cumplimiento de normas .
Por eso me parece que acá comenzamos al revés, primero los dispositivos electrónicos y las penas sancionatorias y luego la pedagogía. Aunque auguro de entrada precarios resultados; Control exceso de velocidad? Y cómo? si acá el represamiento vial o trancones no nos permiten movernos a más de 10 kmts por hora si nos va bien.
Empecemos a cambiar la mentalidad del ciudadano, nos ahorramos el castigo y aliviamos el bolsillo.
Por Paul Krugman. Esto todavía está lejos de acabarse, pero, como dicen los analistas especializados en temas de información secreta, es muy probable que Hillary Clinton gane estas elecciones. Los modelos basados en sondeos situaban sus opciones en torno al 90 % a principios de esta semana (y eso, antes de que la campaña se volviese no apta para menores).
Pero ¿qué será capaz de lograr realmente nuestra primera mujer presidenta? Eso depende de lo grande que sea la victoria que obtenga. No me refiero a la magnitud de su “misión”, que no significa nada: a juzgar por los años de gobierno de Obama, los republicanos se opondrán a todo lo que Clinton proponga, por muy derrotados que salgan. La pregunta, más bien, es qué pasará con el Congreso.
Piensen, primero, en las consecuencias de una victoria por la mínima: Clinton se convierte en presidenta, pero los republicanos se aferran a ambas cámaras del Congreso. Una victoria así no sería insignificante. Evitaría la pesadilla de una presidencia de Trump y también bloquearía el programa radical de privatización y bajada de impuestos que Paul Ryan, el presidente de la Cámara de Representantes, ha dejado claro que impondrá si Trump se las arregla para ganar. Pero dejaría poco margen para acciones positivas.
Las cosas serían muy distintas si los demócratas reconquistaran el Senado. Según los modelos basados en sondeos, la probabilidad de que eso ocurra es de solo el 50 %, pero quienes apuestan sobre las elecciones les dan muchas más posibilidades, dos o tres contra uno. Ahora bien, ni siquiera un Senado demócrata posibilitaría que Clinton aprobase leyes si en la Cámara se topa con una mayoría republicana de un obstruccionismo implacable. No obstante, le permitiría colocar a alguien en el puesto del Tribunal Supremo que quedó vacante tras la muerte de Antonin Scalia.
Si piensan quedarse en casa el día de las elecciones porque el resultado está asegurado, no lo hagan
Esto tendría enormes consecuencias, en especial para la política ambiental. Durante sus últimos años en el cargo, el presidente Obama ha dado un gran impulso a las medidas medioambientales recurriendo a sus poderes normativos; por ejemplo, haciendo mucho más estrictas las normas de emisiones de los camiones pesados. Pero la pieza más importante de su programa —el Plan de Energía Limpia, que reduciría en gran medida las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas que funcionan con carbón— está parada actualmente, a causa de una suspensión impuesta por el Tribunal Supremo. La conquista demócrata del Senado eliminaría ese obstáculo.
Y tengan presente que el cambio climático es, con creces, el problema más importante al que se enfrentan Estados Unidos y el mundo, aunque por alguna razón, la gente que escoge las preguntas de los debates presidenciales se niegue a sacarlo a colación. Dicho de forma bastante simple: si los demócratas conquistan el Senado, tal vez tomemos las medidas mínimas necesarias para evitar una catástrofe; si no lo logran, no las tomaremos. ¿Y qué hay de la Cámara de Representantes? Todos, y subrayo lo de todos, los logros legislativos del Gobierno de Obama tuvieron lugar durante el periodo de dos años en el que los demócratas controlaron las dos cámaras del Congreso. ¿Puede volver a suceder?
Hasta hace unos días, la probabilidad de que la Cámara cambiase de manos parecía baja, aun cuando, como ahora parece casi seguro, los candidatos demócratas obtengan en total más votos que los republicanos. Ello se debe, en parte, a que los gobiernos estatales controlados por el Partido Republicano han emprendido una campaña de manipulación de las circunscripciones generalizada y, en parte, a que las minorías, que votan mayoritariamente al Partido Demócrata, se encuentran agrupadas en un número relativamente pequeño de distritos urbanos.
Pero una victoria de Clinton lo bastante amplia podría cambiar la situación, sobre todo si las mujeres de clase acomodada dan la espalda a un Partido Republicano que se ha convertido en el partido de los sobones. Y eso permitiría a Clinton sacar adelante un programa mucho más ambicioso. En qué consistiría ese programa no tiene mucho misterio. No sé por qué hay tantos expertos que afirman que Clinton carece de una visión para Estados Unidos, cuando de hecho ha proporcionado una cantidad poco habitual de detalles en su página web y en sus discursos.
En términos generales, reforzaría considerablemente la red de seguridad social, sobre todo en el caso de los niños y las personas muy pobres, haciendo hincapié en asuntos relacionados con la familia como la baja por maternidad o paternidad. Esos programas costarán dinero, aunque no tanto como afirman los detractores; Clinton propone, y es verosímil, recaudar ese dinero subiendo los impuestos a las rentas más altas, de modo que el resultado general sería una reducción de la desigualdad.
El control demócrata de la Cámara también abriría la puerta a las inversiones a gran escala en infraestructura. Si resultase factible, sé que muchos economistas progresistas —entre los que me incluyo— instaríamos a Clinton a ir mucho más allá de lo que ahora propone.
Si todo esto les suena a una segunda ronda de lo que hizo el presidente Obama en 2009-2010, es porque lo es. ¿Y por qué no? A pesar del obstruccionismo republicano, durante el mandato de Obama ha aumentado notablemente el número de estadounidenses con seguro médico, se ha reducido considerablemente la pobreza y se han creado más de 11 millones de puestos de trabajo en el sector privado.
En cualquier caso, la conclusión es que, si piensan quedarse en casa el día de las elecciones porque el resultado está asegurado, no lo hagan. Salvo una catástrofe política equivalente al impacto de un meteorito, Hillary Clinton será la próxima presidenta, pero la magnitud de su victoria determinará la clase de presidenta que pueda ser.
Por Claudia López.-Con lealtad democrática quienes perdimos en el plebiscito aceptamos la derrota y pedimos a quienes ganaron que asumieran la responsabilidad de su victoria. Mientras Marta Lucía Ramírez, Pastrana y algunas iglesias sí han presentado propuestas concretas, el Centro Democrático, que se apropió de la vocería del ‘No’, ha hecho gala de su oportunismo y ambición. Primero su jefe de campaña confesó que hicieron una campaña basada en mentiras para causar indignación e incentivar el voto “verraco” por el ‘No’. Segundo, se lavaron las manos diciendo que no sabían quién era su propio gerente ni qué había hecho. Y tercero, no presentan propuestas sino “lineamientos” que en nada reducen la impunidad de “la Farc” sino la de ellos mismos.
Por ejemplo, que no se actualice el catastro, no se cobre predial rural, no se dé tierra a campesinos, y que los militares que cometieron falsos positivos reciban beneficios judiciales sin confesión, ¡no va y sea que nombren al jefe! Dilatan y dilatan, demostrando que lo que les preocupa es minimizar su riesgo por el prontuario pasado y maximizar sus ambiciones electorales del 2018.
Ante ese panorama quienes sí queremos destrabar la paz tenemos que responder lealmente al resultado del plebiscito, tomar la iniciativa y proponer ajustes sustanciales, no solo maquillaje, sobre los temas críticos que, más allá de las mentiras y ambiciones de algunos del ‘No’, generan legítimas preocupaciones en sectores de la ciudadanía y víctimas de las Farc. Dejo algunas propuestas a consideración.
1. No incluir todos los Acuerdos de La Habana en la Constitución indefinidamente. Si bien los Acuerdos de Paz pueden constituir un Acuerdo Especial conforme a los Convenios de Ginebra, al bloque de constitucionalidad solo debe entrar lo estrictamente relacionado con los compromisos relacionados con DIH y DDHH, por un tiempo limitado, y como criterio de control e interpretación para su implementación.2. Precisar el área, condiciones y obligaciones en las que se restringirá la libertad de sentenciados como máximos responsables de delitos atroces para que constituya una sanción efectiva y no simbólica. Si los del ‘No’ insisten en que solo puede ser cárcel, la misma sanción debe aplicarse no solo a exguerrilleros condenados por delitos atroces sino a cualquier aforado, incluyendo expresidentes (cuya impunidad se garantizaba en los Acuerdos que fueron rechazados con la victoria del ‘No’).
3. Reconocer la conexidad, pero no amnistiar, sino juzgar el delito común del narcotráfico en la Jurisdicción Especial para la Paz, aplicando los beneficios judiciales allí contemplados, pero sujetos a confesión y colaboración efectiva: erradicación y sustitución de cultivos ilícitos, entrega de información y de bienes para reparar materialmente a las víctimas de las Farc.
4. Que los derechos de participación en política de los condenados por graves delitos se recuperen progresivamente tras el cumplimiento efectivo de la pena. Esto en la práctica implicaría que esos condenados no podrían ser candidatos en elección alguna antes del 2022. Para entonces el grueso de las sanciones, erradicación de narcotráfico y desminado debería haberse completado y la sociedad podrá juzgar el cumplimiento de lo acordado.
5. Ponerle un límite de máximo 15 años al cumplimiento de los Acuerdos y a la existencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuyas garantías de imparcialidad deben maximizarse.
6. Asegurar la participación plural de las autoridades y comunidades en las instancias de seguimiento e implementación de los Acuerdos, sin limitar las competencias de las autoridades locales ni permitir el monopolio de exguerrilleros de las Farc en las mismas.
7. Que las Farc den razón precisa de los secuestrados, desaparecidos y niños reclutados. Además de movilizar la #PazALaCalle y exigir #AcuerdosYA tenemos que reconocer preocupaciones legítimas del ‘No’, ser propositivos y pedirle al Presidente que cierre antes del 30 de octubre la recepción de propuestas y pase a la renegociación con las Farc para tener unos nuevos Acuerdos este mismo año. ¡Por la paz todo! ¡A la guerra, nunca más!
Por Amylkar D. Acosta M.-En Colombia, según el DANE, se registra un número que supera los 5 millones de niños y niñas con edades que oscilan entre 0 y 5 años, que hacen parte de la primera infancia, así definida en el Código de la infancia y la adolescencia. Colombia ha logrado avances importantes en la superación de la pobreza, no así en lo relativo a la desigualdad. Las brechas existentes entre unas regiones y otras e incluso al interior de las mismas regiones es enorme. Y las poblaciones más vulnerables son las que llevan la peor parte a causa de estos desequilibrios socioeconómicos. Tal vez la población más vulnerable entre los vulnerables, sobre todo por su alto grado de indefensión, es la población infantil. Por ello no es de extrañar que para el año 2015 el 40.3% de la niñez estaba en condición de pobreza, la cual se traduce en su desprotección. Y ello a pesar de que el artículo 44 de la Constitución Política consagra la prevalencia de sus derechos.
La situación de la niñez en Colombia es dramática, el cuadro que muestra es dantesco. Basta con decir que 9 de cada 100 niños y niñas que nacen al año, presentan bajo peso al nacer, es decir pesan menos de 2.500 gramos. En ello influye muchísimo el estado de la madre en la etapa de gestación, que se extiende después en la de la lactación. La desnutrición crónica, que se manifiesta en el retraso en la talla para la edad del infante y la aguda, que afecta su estatura, sigue siendo muy alta en todo el país, siendo mayor en las regiones periféricas del país, que acusan los más altos índices de necesidades básicas insatisfechas. Ello se traduce en una alta tasa de mortalidad infantil, especialmente en departamentos como Vaupés, Guainía, Vichada, el Chocó y La guajira.
Lo más preocupante es que la desnutrición, al igual que la mal nutrición en esta edad temprana afecta tanto el desarrollo físico como el cognitivo de quien la sufre, causándole al niño o la niña un daño irreversible e irreparable, que se convertirá en una tara con la que tendrá que arrastrar irremisiblemente por el resto de sus día. Eso hace que no todos los niños y las niñas partan de la misma grilla. Ello, entre otros motivos es lo que va dando lugar a la desigualdad de trayectoria, al ponerlos en desventaja frente a sus semejantes. Los primeros mil días de existencia de la criatura son criticos, lo que se haga o se deje de hacer durante esta fase de su crecimiento es decisivo para su formación y desarrollo posterior, de ello debemos ser conscientes. El mayor desarrollo del cerebro, del lenguaje, de la motricidad y del pensamiento abstracto que caracteriza al ser humano se dan justo en esta etapa, que es irrepetible. Lo que se quiera hacer después, tratando de suplir lo que se dejó de hacer ya es demasiado tarde, el daño está hecho. De allí que influya tanto en dónde se nace y se crece en la suerte de los niños y las niñas.
A los factores de riesgo anteriores se vienen a sumar los peligros del maltrato infantil, los delitos sexuales de los cuales son objeto, así como la violencia intrafamiliar que los asedian. Según registros del ICBF en el año 2015 este adelantaba 7.771 procesos administrativos motivados por el maltrato a niños, niñas y adolescentes; mientras tanto, según el Instituto de Medicina Legal, este adelantó en el 2014 21.115 exámenes médicos por presuntos delito sexual contra menores. La violencia intrafamiliar, que viene in crescendo, cobró en 2015 6.269 victimas por violencia entre parejas, amén de 735 niñas y adolescentes que fueron agredidas por parte de un familiar o de quienes las cuidaban. Y para rematar, más de un millón de niños trabajan, pese a su prohibición, en su inmensa mayoría en condiciones de gran precariedad y apartándolos del aparato educativo y de contera, con una frecuencia cada día mayor se presentan casos de embarazos en niñas menores de 19 años, la mayor parte de ellos indeseados.
Y no podía escapar la niñez de esa tragedia humanitaria que ha significado la violencia armada de todos los pelambres que se ha enseñoreado en Colombia durante tantos años. En las zonas más afectadas por esta violencia irracional es justamente en donde se registran los niveles más altos, aberrantes, de desnutrición y de enfermedades transmitidas por vectores. De 7.6 millones de víctimas del conflicto debidamente registradas 2.5 millones (1 de cada 3) son niños y niñas; además, cerca de 45.000 de ellos han muerto, cerca de 2.3 millones han sufrido con sus familias el desplazamiento forzado y 8.000 más han desaparecido y nada se sabe de ellos, desde que se iniciaron la recopilación que data desde 1985. Como si lo anterior fuera poco, más de 1.000 niños y niñas (1 cada día, en promedio) han sido reclutados y enrolados en actividaes delictivas por parte de los grupos armados al márgen de la Ley.
Beijing, octubre 15 de 2016
www.fnd.org.co
Por Mario Vargas Llosa. Tomado de El País Global.- Algo mareados por los fastos de la espectacular movilización con que se celebró la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, los partidarios del Sí nos llevamos una mayúscula sorpresa cuando, desmintiendo todos los sondeos, el No se impuso en el plebiscito. Lo más desconcertante de aquella consulta no han sido los pocos miles de votos que derrotaron a quienes estaban a favor, sino el casi 63% de electores que se abstuvieron de ir a votar.
Conviene hacer un esfuerzo y juzgar aquel resultado con la cabeza fría. Es evidente que no hay ni puede haber tres cuartas partes de Colombia a favor de esa guerra que, desde hace más de medio siglo, causa estragos en el país, con los millares de muertos y heridos, los secuestrados y chantajeados, el terrorismo, el obstáculo que significa para la vida económica las vastas regiones paralizadas por las acciones armadas, la inseguridad reinante y la letal alianza de la guerrilla y el narcotráfico fuente de copiosa corrupción institucional y social. El voto negativo y la abstención no implican un rechazo a la paz; manifiestan un escepticismo profundo frente a la naturaleza del acuerdo firmado en el que, con razón o sin ella, una gran mayoría de colombianos ve a las FARC como la gran triunfadora de la negociación y beneficiaria de concesiones que le parecen desmedidas e injustas.
No tiene sentido discutir si esta opinión sobre el tratado de paz es justa o injusta, porque los defensores de una u otra alternativa jamás se pondrán de acuerdo al respecto. En una democracia una mayoría puede acertar o equivocarse y el veredicto de una consulta electoral, si es legítimo, hay que aceptarlo, nos guste o nos disguste; en ello reside la esencia misma de la cultura democrática.
¿Significa esto que la guerra debe inevitablemente regresar a Colombia? En absoluto. Las reacciones tanto del Gobierno como de las propias FARC indican que ni uno ni otro lo creen así. Por su parte, los propios líderes de los partidos que promovieron el No —los ex Presidentes Uribe y Pastrana— insisten en que su oposición al Acuerdo no lo era a la paz, sino a una paz injusta, por lo que estimaban concesiones excesivas a la guerrilla sobre todo en lo concerniente a la impunidad para los autores de delitos de sangre y los “crímenes contra la humanidad” así como los privilegios que obtenían las FARC en su mutación de movimiento subversivo a fuerza política legal. Esto significa que queda siempre una oportunidad para la paz; basta que prevalezca en ambas partes cierto espíritu pragmático y una pizca de buena voluntad.
A mí, en medio de la desazón que me produjo el resultado del plebiscito, me levantó algo el ánimo —más todavía que las palabras alentadoras con las que Timochenko comentó el resultado de la votación— ver a los jefes guerrilleros, en La Habana, con sus impecables guayaberas, sus puros entre los dedos y, acaso, los vasos de ron al alcance de la mano, siguiendo expectantes el recuento del escrutinio. No era ese el espectáculo de combatientes nostálgicos de la dura y sacrificada vida del monte y la intemperie, sino la de un grupo de hombres envejecidos y cansados, acaso conscientes en el fondo de sus corazones (aunque nunca lo reconocerían) que aquello que representan está ya fuera del tiempo y de la historia, condenado irremisiblemente a desaparecer. Si no fuera así, no hubiera habido Acuerdo de Paz. Y puede volver a haberlo, a condición de que las partes saquen las conclusiones adecuadas de la consulta democrática que acaba de ocurrir.
La primera de ellas es que la popularidad de las FARC, que en algunos momentos del medio siglo transcurrido llegó a ser alta, ha caído en picada y que una clara mayoría del pueblo colombiano no cree ya en lo que hacen ni en lo que dicen. Y que su aspiración máxima es que no sólo se vayan de las montañas y la selva sino también de la vida política. Eso significa que a los antiguos guerrilleros les costará muchos esfuerzos y una entrega real al quehacer político pacífico para recuperar un papel importante en la Colombia del futuro.
Los partidarios del No, ganadores del plebiscito, no deben dejar que los obnubile la victoria y demostrar con hechos que, efectivamente, quieren la paz. Una paz mejor que la que proponía el Acuerdo, pero la paz, no de nuevo la guerra. Eso implica negociar, hacer y conseguir concesiones del adversario, algo perfectamente realista, a condición de que no confundan el triunfo del No con unas FARC derrotadas a las que se puede humillar e imponer toda clase de exigencias.
Será difícil llegar a ese nuevo acuerdo, pero no es imposible. No todavía. Lo han conseguido en Centroamérica y en Irlanda del Norte, donde quienes se entremataban con ferocidad sin igual hace pocos años, hoy coexisten y, mal que mal, se aclimatan a la democracia. Lo importante es ser conscientes de que la vieja idea-fuerza, que en los años sesenta y setenta movilizó a tantos jóvenes, que la justicia social está en los fusiles y las pistolas, es ahora letra definitivamente muerta. Quienes murieron fascinados por esa ilusión mesiánica no contribuyeron un ápice a disminuir la pobreza y las desigualdades y sólo sirvieron de pretexto para que se entronizaran atroces dictaduras militares, murieran millares de inocentes, y se retrasara todavía más la lucha contra el subdesarrollo. En América Latina ha ido renaciendo, en medio de ese aquelarre de revoluciones y contrarrevoluciones, la idea de que, a fin de cuentas, la democracia es el único sistema que trae progreso de verdad, ataja la violencia y crea unas condiciones de coexistencia pacífica que permiten ir dando solución a los problemas. Es menos vistoso y espectacular de lo que quisieran los impacientes justicieros, pero, juzgando con los pies bien asentados sobre la tierra, ¿cuáles son los modelos revolucionarios exitosos? ¿La trágica y letárgica Cuba, de la que millones de cubanos siguen tratando de escapar, cueste lo que les cueste? ¿La destrozada Venezuela, que se muere literalmente de hambre, sin medicinas, sin trabajo, sin luz, sin esperanzas, secuestrada por una pequeña pandilla de demagogos y narcotraficantes?
Los partidarios del No que agitaban el espectro de una Colombia que podría volverse “castrochavista” si ganaba el Sí, sabían muy bien que no era cierto. Si en algún momento “el socialismo del siglo XXI” ejerció alguna influencia en América Latina, aquello ya quedó muy atrás y, dado el estado calamitoso adonde ha llevado a Venezuela, el chavismo se ha convertido más bien en el ejemplo luminoso de lo que no hay que hacer si se quiere vivir con paz y libertad y progresar.
Colombia ha seguido siendo una democracia en el medio siglo y pico que ha durado la guerrilla y eso es ya un extraordinario mérito. Un esfuerzo más, de todos, para que la paz sea posible.
Por Juan Fernando Londoño.- El Presidente Santos anunció la prórroga del cese bilateral del fuego hasta el 31 de diciembre, con eso brinda oxígeno a la discusión para introducir ajustes al Acuerdo de Paz firmado con las FARC, y también logra quitar presión para poder atender los otros frentes con los cuales tiene que responder su gobierno, en particular concentrar las energías en sacar adelante la reforma tributaria.
Hasta hace dos semanas, el gobierno –apoyado en la victoria que esperaba obtener en el plebiscito- confiaba en tener la legitimidad y fuerza política necesaria para tramitar una reforma impositiva sin mayores inconvenientes. Varios factores ayudaban a confirmar esta presunción, el más importante de ellos, que sería fácil vender la idea de conseguir más recursos para financiar el posconflicto, pues con el apoyo a la paz en las urnas nadie se iba a oponer a la necesidad de financiar dichos compromisos. Ahora que no se sabe cuándo empezará la construcción de paz el único discurso posible es reconocer ante la ciudadanía la difícil situación fiscal de la nación y esto va a resultar no solo doloroso sino costoso para el gobierno que tendrá que explicar qué quedo de los años de bonanza petrolera.
No hay que descartar tampoco que el gobierno incluso hubiese contemplado tramitar la reforma tributaria por el procedimiento legislativo especial pues si su justificación era que el objetivo de los recursos era para financiar los compromisos derivados de los Acuerdos tenía mucho sentido usar ese mecanismo para el trámite, aunque con claros riesgos jurídicos posteriores.
El último factor que facilitaba un trámite holgado de la reforma tributaria era la cohesión que la coalición gubernamental habría tenido luego de la victoria. Así como quienes apostaron por el No hoy sacan pecho, el caso contrario habría permitido que la Unidad Nacional aprobara sin mayores dificultades el paquetazo impositivo.
Hoy nada de eso existe. Ni la justificación del postconflicto, ni el trámite legislativo especial, ni una coalición unificada. Y en cambio sí existe el riesgo gigante de deteriorar la perspectiva crediticia del país y sumarle una crisis económica a la crisis política que existe por cuenta de la derrota en el plebiscito.
Ahora el gran desafío para el gobierno es sacar una reforma tributaria que no le rompa la coalición parlamentaria. Un par de meses atrás, cuando al presidente le advirtieron que no rompiera los pactos del Congreso nominando a Néstor Humberto Martínez para la Fiscalía, el presidente contestó que no le importaba las consecuencias de esa decisión. Ahora lo único que no le puede pasar al presidente Santos es perder la mayoría parlamentaria, pues eso implicaría el fin de su gobernabilidad. Ya el Centro Democrático anunció que no apoyará la reforma, pues ni tontos van a asumir los costos de subirle impuestos a la gente. Es probable que tampoco el Polo apoye en todo o en parte la iniciativa. Así que si uno de los grandes partidos decide apartarse no solo la tributaria y la perspectiva económica sufrirán, también los acuerdos para adelantar la implementación de los acuerdos de paz.
El aspecto más difícil será la concertación en torno al IVA que al final es lo único que puede ayudar a aliviar la situación del fisco nacional. Los sueños de tramitar una reforma estructural y cosas por el estilo parecen cada vez menos viables en el callejón de la falta de tiempo para el trámite legislativo que debe culminar en diciembre. Como de costumbre, presenciaremos una nueva reforma para tapar huecos, víctimas como somos del dilema general de la política tributaria, y es que en épocas de vacas gordas nadie cree que se necesite, y en épocas de vacas flacas nadie quiere asumir el costo de hacerlas.
Así pues, el cese al fuego con las FARC para poder intentar los ajustes que resulten viables para el acuerdo también le permite al gobierno usar los últimos cartuchos políticos que necesita para poder salvar la reforma tributaria. Por fortuna para Santos, el congreso de Colombia ha sido capaz de tumbar reformas constitucionales pero nunca le ha negado una reforma tributaria a los presidentes.
