Opinión
No se ha discutido lo fundamental, es decir ¿cómo está financiado el presupuesto?
Por: Juan Camilo Restrepo Salazar*. - La ley de rentas y apropiaciones es la más importante que aprueba cada año el Congreso.
No deja de ser sorprendente entonces la banalización en que ha caído su discusión en los últimos dos años.
No se ha discutido lo fundamental, es decir ¿cómo está financiado el presupuesto? ¿es alarmante o no que el déficit fiscal estará bordeando el 8% del PIB este año o no lo es? ¿es inquietante que como consecuencia de la suspensión de la regla fiscal vayamos a tener un nivel de endeudamiento superior al 65% del PIB, o no lo es?
Estas deberían ser las discusiones profundas en torno al presupuesto. Sin embargo, ellas se han reducido a discutir cual debe ser el monto del presupuesto para el año entrante. O sea, ¿si el recaudo esperado de la nueva reforma tributaria debe aparecer ex– ante en el monto del presupuesto o no?
El gobierno creyó equivocadamente el año pasado y aún lo cree en éste, que inflando el monto del presupuesto en cierta manera se tuerce el brazo del Congreso para que apruebe la nueva reforma tributaria.
Esta es una apreciación equivocada por supuesto: en la ley de gastos y apropiaciones solo deben aparecer como tales los ingresos ciertos. Mientras que los provenientes hipotéticos de una ley de financiamiento son inciertos. Y confundirlos en una misma coctelera con los demás ingresos fiscales es un disparate similar al que se cometería si en el balance de una empresa se revolviera ingresos ciertos con los de las cuentas de orden.
Desde la Constitución del 91 se permite que, si el presupuesto básico está en desequilibrio, o sea, si el cálculo de sus ingresos es inferior al programa de gastos, se debe presentar por aparte una reforma tributaria cuyos ingresos solo podrán incorporarse a las disponibilidades presupuestales cuando ella es aprobada por las cámaras.
Mientras esta aprobación no se dé los ingresos ciertos del presupuesto deben quedar aislados y diferenciados de los contingentes, que pueden provenir de la ley de financiamiento solamente si ella es aprobada.
Por eso dice con toda claridad el artículo 55 del Estatuto Orgánico del Presupuesto lo siguiente: “si el presupuesto fuere aprobado sin que se hubiere expedido el proyecto de ley sobre los recursos adicionales a que se refiere el art 347 de la Constitución Política, el gobierno suspenderá mediante decreto las apropiaciones que no cuenten con financiación hasta tanto se produzca una decisión final del Congreso”.
Lo anterior significa que, así el producido de la ley de financiación se incorpore al “monto” del presupuesto, es indispensable que los gastos que vayan a ser atendidos con el producido de la ley de financiamiento se especifiquen y se identifiquen de antemano para que, en el evento de que dicha ley no sea aprobada (como es lo más probable que suceda en esta ocasión), el gobierno pueda proceder a eliminar dichos gastos del presupuesto definitivo.
Este es en el fondo la polémica central que hoy se está dando. Polémica sin sentido. Puesto que como lo ordena el Estatuto Orgánico del Presupuesto es indispensable identificar los gastos a financiar con la reforma tributaria (cosa que no se ha hecho), para que, si finalmente no lo es, se proceda a recortar los gastos específicos que iban a atenderse con la reforma tributaria.
El asunto central no es pues cuál es el monto del presupuesto, sino qué partidas del gasto se pretenden atender con la ley de financiamiento para que si esta no es aprobada se proceda al recorte correspondiente.
Y lo anterior no se sanea por el hecho de que el ministro de Hacienda haya dicho que reduce el ámbito normativo de la nueva reforma de $26 a $16 billones. Aun así, los gastos a financiar por $16 billones deben identificarse con suma precisión al momento de aprobar el presupuesto básico.
Todo lo anterior lo digo para destacar la importancia del documento “Análisis del sistema presupuestal colombiano y oportunidades de mejora” que ha elaborado el grupo de destacados profesionales de la Contraloría dirigidos por el Dr. Alejandro José Ovalle, cuyo análisis nos convoca en el día de hoy.
Lo que ha venido sucediendo con la discusión del presupuesto muestra cuán pobre y deficiente es el basamento conceptual sobre el que se apoyan trascendentales decisiones presupuestales en el país.
Este estudio de la Contraloría que merece un gran elogio es, justamente, un paso en la dirección correcta para mejorar el buen entendimiento de las normas presupuestales del país.
El Estatuto Orgánico del Presupuesto “decreto 111 de 1996” cumple el año entrante 30 años. En el entretanto se han dictado muchísimas leyes, varias de las cuales modifican o adicionan el Estatuto Orgánico original. La jurisprudencia constitucional en materia presupuestal ha sido también abundante. Razón por la cual el país debe irse preparando para compendiar todo lo concerniente a las normas orgánicas del presupuesto en un solo Estatuto que reúna y modernice al aparataje normativo de todo lo presupuestal en el país.
El tema es muy delicado, pero también muy importante pues, recordémoslo, las normas orgánicas tienen carácter cuasi constitucional toda vez que parten de la expresa mención que a ellas hace la Carta Política.
El estudio de la Contraloría que hoy nos reúne es justamente un aporte que habrá de tenerse en cuenta cuando, más pronto que tarde, el país emprenda la tarea ingente de modernizar su Estatuto presupuestal.
Quiero destacar algo que me parece un gran logro del estudio, a saber: que se parte de lo concreto a lo teórico. Y no a la inversa. Los autores del estudio se han tomado el trabajo de destilar de todos los estudios de auditoría de la Contraloría que tocan con los temas presupuestales lo que podríamos llamar el inventario de errores más frecuentes en el manejo presupuestal, llegando a las siguientes conclusiones. “entre 2019 y 2023, la Contraloría General de la República (CGR) realizó auditorías financieras al Presupuesto General de la Nación (PGN) de acuerdo con las Normas ISSAI, identificando incorrecciones por un valor de $23 billones, lo que representó entre el 0.9% y el 2% del PGN. Las principales debilidades encontradas estuvieron relacionadas con la contravención del principio de anualidad (48,1%) y de planificación (36.5%). Además, se encontraron fallas en los gastos (54,3%) y las reservas presupuestales (39,3%).
Felicitaciones pues a la Contraloría por este invaluable aporte para entender mejor cómo está funcionando el presupuesto colombiano y cuáles son las principales mejoras que deben hacérsele en el futuro.
(Mis palabras en el acto de presentación del estudio de la Contraloría: “Análisis del sistema Presupuestal Colombiano y oportunidades de mejora”, septiembre 26 de 2025),
Bogotá, D. C, 5 de octubre de 2025
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
El sueño de sostenibilidad o sistemas silvopastoriles intensivos dejó de ser una utopía y se volvió realidad.
Por: José Félix Lafaurie Rivera*. - Se sorprendería el gran colonizador, Rodrigo de Bastidas, con la subasta de ganado bovino realizada por Fedegán, frente al mar en Santa Marta, como cierre de la XIX gira técnica al Cesar y Magdalena, que permitió a miles de productores de todas las regiones del país, comprar animales de alta y selectiva genética.
El remate orgullece al gremio en el sentido que los 450 asistentes que venían de la gira técnica y los miles de conectados a través de la plataforma tecnológica, acudieron a la comercialización de alta selectividad genética. Sobresalió un asistente virtual que adquirió desde el departamento del Putumayo un ejemplar de raza Gyr que se encontraba físicamente en la subasta frente al mar.
La alta tecnología fue el núcleo de la subasta donde hace cinco siglos arribó el colonizador, Rodrigo de Bastidas con ganado bovino y, puso la semilla para que esta actividad, se implementara como un factor clave de dinamismo de la economía del país.
Luego de su arribo, pasaron cerca de 300 años para que hubiera ganadería en las diferentes regiones y el método de compra y venta era tradicional, de persona a persona, en la plaza de mercado de su región.
Ahora en el siglo XXI, se acude a la alta tecnología a la que se vinculan miles de personas y en la que la negociación es sencilla, fácil y práctica, porque el propietario ofrece un mayor conocimiento de lo ofertado y, la venta, es presencial o virtual.
Rodrigo de Bastidas estaría orgulloso de este desarrollo. Vería con satisfacción que las 200 vacas que bajaron de sus barcos en Santa Marta, hace 500 años, se multiplicaron a tal nivel que hoy conforman un inventario de 30 millones de ejemplares y que su propósito en materia económica se hizo realidad.
En esa proporción la oferta carnicera para el mundo sale de Colombia y de América Latina. El país se perfila como un gran jugador que colocará en la próxima década un millón de toneladas de este super nutritivo alimento con lo que generará un comercio de exportación de algo más de US$ 5.000 millones.
Se sorprendería Rodrigo de Bastidas, al ver la manera como la ganadería se enfrenta, vence y supera los paradigmas y acude al desarrollo. La subasta, proporcionó igualdad de participación en la selectiva genética prime ofertada para la producción de carne.
La unión de las plataformas tecnológicas de las casas de subastas -TVgan, Sugaberrío, Cencogán, Cogasucre, Suganar, Comercializadora Asocebú y Subagan- deja el legado del liderazgo, el beneficio común y el trabajo en equipo en el que prima el gana-gana. Fue un gran ejemplo que hace honor al pensamiento de Peter Drucker, el gurú y padre de la administración del siglo XX quien creo y promulgó su exitosa teoría de que la tecnología, la información y el conocimiento, transforman los mercados y la economía.
Así como miles de ganaderos se llevaron el conocimiento y el ejemplo de la unidad de esfuerzos para lograr un objetivo común, asimismo, vieron en la gira que el sueño de sostenibilidad o sistemas silvopastoriles intensivos dejó de ser una utopía y se volvió realidad.
El remate fue inédito, así como la simultánea celebración del Día Nacional del Ganadero -creado en honor y en memoria de José Raimundo Sojo Zambrano, exdirigente de Fedegán, asesinado por las Farc en 1995-.
Es la primera vez que tiene lugar un evento de grandes magnitudes en los que vinculó a miles de ganaderos de todas las regiones del país y es un ejercicio que el gremio repetirá, en algún lugar del país, para estimular y hacer crecer a la ganadería colombiana.
Bogotá, D. C, 5 de octubre de 2025
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Un país donde ser mujer y hacer política aún es un acto de valentía
Por Clara Daniela Velasco*. - En Colombia, la participación política de las mujeres sigue siendo, más que un derecho, un desafío. A pesar de las leyes, las cuotas y los discursos oficiales, abrirse espacio en un país atravesado por el machismo estructural implica nadar contra la corriente: enfrentar prejuicios, amenazas, exclusiones y violencias que buscan silenciar nuestras voces.
Pero aquí estamos, y aquí seguimos. Porque la democracia sin nosotras está incompleta.
Entre los avances y la dura realidad.
No podemos desconocer los logros: para finales de 2024, el 48,26 % de los cargos directivos en el sector público fueron ocupados por mujeres. En cargos del Máximo Nivel Decisorio alcanzamos un 46,62 %, y en otros niveles decisorios un 49,92 %.
En 2025, el gobierno expidió el Decreto 0859, que obliga a garantizar un 50 % de representación femenina en cargos directivos de la Rama Ejecutiva. Un paso que, sin duda, marca un hito en la historia administrativa del país.
Pero cuando hablamos de cargos de elección popular —gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales, concejos municipales— el panorama cambia: en muchos casos, la representación femenina no supera el 20 %.
Y lo más doloroso: la violencia política de género sigue golpeando con fuerza. En 2024, la Misión de Observación Electoral (MOE) registró 98 agresiones contra mujeres lideresas, incluyendo 13 asesinatos y 9 secuestros. No son cifras, son vidas truncadas por atreverse a levantar la voz.
Mi experiencia: impulsar cambios desde adentro
Desde mi trabajo en el Ministerio del Interior, en la Subdirección de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha contra la Trata, trabajé en 2024 en la promoción activa de la participación política de las mujeres.
Impulsamos procesos de formación, acompañamiento y empoderamiento para candidatas y lideresas. Además, brindamos apoyo a mujeres víctimas de violencia política, generando espacios de denuncia segura, protocolos de atención integral.
Adicional de promover la importancia de la comisión para la equidad en concejos y asambleas, donde se evidencio que los hombres excluían a las mujeres a participar solo de esa comisión o rechazaban participar, algunos por desconocimiento otros por el machismo.
Esa experiencia me enseñó que las leyes son fundamentales, pero insuficientes si no se transforman en acciones concretas. Proteger a las mujeres que hacen política es proteger la democracia.
Carolina Corcho: un símbolo de resistencia
Hoy, el liderazgo de la precandidata Carolina Corcho encarna lo que significa abrir brechas en un escenario donde la violencia y el machismo intentan cerrar puertas. Su presencia en la contienda política no solo visibiliza el poder de las mujeres en espacios de alta competencia, sino que también refleja un compromiso claro con mitigar la violencia política y construir un modelo más justo e inclusivo.
Su voz nos recuerda que el poder también puede ejercerse con empatía, valentía y compromiso social.
Gracias a su iniciativa de medidas cautelares, Carolina Corcho pudo asegurar su participación dentro del Pacto Histórico, obligando a que las reglas del juego se abrieran a la inclusión y la pluralidad. Eso significa que el movimiento político más importante del país no podrá decidir de espaldas a las mujeres, ni excluir sus liderazgos bajo acuerdos cerrados. La participación política de las mujeres en Colombia no es una concesión: es una conquista. Cada mujer que decide dar el paso, cada lideresa que no se deja callar, cada institución que protege su derecho suma a una transformación profunda que ya nadie puede detener.
El CNE, al concederlas, reconoció que limitar su inscripción como precandidata implicaría una vulneración directa a los derechos políticos de las mujeres, especialmente en un escenario donde la equidad de género sigue siendo una deuda histórica.
La democracia colombiana será verdaderamente fuerte solo cuando las mujeres podamos ejercer el poder sin miedo.
Por eso, este es mi compromiso y el de muchas: no aceptar un “no” como respuesta. Seguir avanzando, resistiendo, construyendo. Porque esta lucha no es solo por nosotras, sino por todas las que vendrán.
Con fuerza, con valentía y amor.
Por nosotras, por ellas, por todas.
Bogotá, D. C, 28 de septiembre 2025
* Profesional en Administración Pública de la ESAP, especialista en Contratación Estatal.
¡El signo de los tiempos para las finanzas públicas en Colombia es la incertidumbre y la crisis de confianza!
Por Amylkar D. Acosta M*. - Todos los países son observados por las firmas calificadoras del riesgo soberano de la deuda que ellos han contraído mediante la emisión de títulos con respaldo de la Tesorería General de la Nación y su concepto es de mucha relevancia, pues da cuenta tanto de la capacidad como de la voluntad de los gobiernos de turno de cumplir sus obligaciones de pago, sobre todo en tratándose de los países considerados como emergentes como Colombia.
Ello es determinante para el acceso a los recursos de financiamiento y también de la afluencia al país de la inversión extranjera directa (IED), de tal modo que una baja en la calificación se traduce en dificultades para el acceso al crédito y en el encarecimiento del mismo. En este orden de ideas lo peor que le puede pasar a un país en este frente es la pérdida del grado inversionista de su deuda soberana por que dicho mensaje denota riesgo y pérdida de confianza.
Recientemente el Ministro de Hacienda hizo alarde del supuesto “éxito” que se había anotado al colocar $15 billones en TES, que según él mostró el gran apetito por ellos, cuando la realidad es otra, su afirmación es falaz. Prueba al canto: los intereses pactados fueron de 11,304% para los TES con vencimiento en 2029, 12,49% los de 2033, 13,120% los de 2040, 13,196 para los de 2046 y 13,060 para los de 2050, todos por encima de los niveles registrados al cierre de 2024. Como lo asegura el Director de Fedesarrollo Luis Fernando Mejía Colombia actualmente paga la segunda tasa de interés más alta en títulos de deuda a 10 años entre las 40 economías más importantes del mundo. Según él, “según la percepción del mercado, las tasas de interés que paga Colombia por su deuda son demasiado altas en comparación con la calificación crediticia que tiene el país.
En otras palabras, el mercado considera que Colombia está pagando intereses más altos de lo que debería, dado su nivel actual de riesgo crediticio”. Huelga decir, que el desequilibrio fiscal, sumado a la reducción de la calificación, además de incrementar las tasas de los bonos de deuda pública, le resta espacio de maniobra al Banco emisor para mantener la senda de la baja de la tasa de interés de intervención, que tanto presiona el Gobierno.
Pues bien, como se recordará, en 2021, en simultánea, las calificadoras de riesgo S&P y Fitch Ratings rebajaron la nota a la deuda soberana de la deuda de Colombia de BBB- a BB+, en enero de 2024 S&P, no obstante que mantuvo la calificación BB+, rebajó la perspectiva a negativa y en junio de 2024 la firma Moody´s, aunque mantuvo la nota en Baa2, cambió la perspectiva a negativa. Y más recientemente, a raíz del incumplimiento primero y luego del abandono de la Regla fiscal por parte del Gobierno al apelar a la Cláusula de escape de la misma llevaron a las calificadoras de riesgo, empezando por Fitch Ratings (BB+), a revisar y a degradar la calificación de la deuda con todas sus consecuencias.
En efecto, en junio 26 Moody´s, que es la única calificadora que le mantiene el grado de inversión éste bajó hasta el último escalón, Baa3, a un paso del grado especulativo. En concepto de Moody´s, “la decisión de suspender la Regla Fiscal “es negativa porque confirma que el deterioro del déficit y las métricas de deuda observado en el 2024 se va a repetir en el 2025”. Por su parte para Fitch Ratings “la suspensión de la Regla fiscal y las amplias desviaciones de las proyecciones presupuestarias han afectado la credibilidad de la política fiscal”.
Además, plantea que “el plan de reducción del déficit se basa en medidas de ingresos inciertas, incluyendo una reforma tributaria no especificada y recortes de gastos atrasados que implementará la próxima administración tras las elecciones del próximo año…La falta de medidas de consolidación detalladas en el Marco fiscal y su calendario propuesto implican una gran incertidumbre en las perspectivas de implementación”. ¡Definitivamente, el signo de los tiempos para las finanzas públicas en Colombia es la incertidumbre y la crisis de confianza!
En estas circunstancias, tramitar y aprobar por parte del Congreso de la República el proyecto de presupuesto general de la Nación (PGN) presentado a su consideración por parte del Congreso, no obstante estar desfinanciado, es una pésima señal, pues las firmas calificadoras de riesgo tomarán atenta nota de ello y pueden deteriorar aún más la calificación, al tiempo que se le dificultará aún más el acceso al crédito a Colombia, amén del encarecimiento de su deuda. Huelga decir que con el aumento de la deuda pública, que ya supera el 60% del PIB y el servicio de la misma le restan espacio en el PGN a la inversión, que es la única partida flexible del mismo.
Si bien el Ministro de Hacienda accedió a recortar $10 billones al monto del mismo, quedando en $546.9 billones, $16.9 siguen sin respaldo presupuestal, por lo que será menester aplazar o recortarlo, de no aprobarse por parte del Congreso el proyecto de ley de financiamiento para arbitrarlos, como ya sucedió con el presupuesto de la actual vigencia.
Cota, septiembre 27 de 2025
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Poderosas organizaciones del crimen organizado están pendientes de las urgencias económicas de los 127,000 candidatos a la presidencia, al Congreso, a las Asambleas y a los Concejos municipales.
Por Fernando Cepeda Ulloa*. - Muy temprano el jueves 25 de septiembre, los noticieros informaban desde París que el expresidente Nicolás Sarkozy había sido condenado a cinco años de prisión en un asunto judicial relacionado con la financiación de su campaña presidencial exitosa del 2007.
El presidente Sarkozy ha venido siendo objeto de investigaciones judiciales, desde hace casi 15 años. Y ahora se produce una sentencia judicial que no tiene antecedentes en la historia política francesa, pero que encuentra ejemplos en otros países. Es una decisión que afecta no solamente el buen nombre de un vigoroso dirigente político, sino la de la propia Francia que, en este momento, está pasando por una coyuntura política, bastante precaria.
Desde hace mucho tiempo, vengo pregonando la necesidad de que el tema de la financiación de las campañas políticas, y, en ocasiones, de la vida de los propios políticos, esté regulada de tal manera que sus principales dirigentes, los aspirantes a la presidencia o los que la han ejercido no estén expuestos a acusaciones de violaciones de las normas que rigen el financiamiento de las campañas electorales. Es que no se puede exponer a ningún país a la suspicacia permanente sobre la honestidad o el buen comportamiento de sus más altas figuras políticas, sin causarle grave daño a la confianza que la ciudadanía debe tener con respecto a sus principales dirigentes y a la administración de justicia.
En Colombia existe una razón muchísimo más poderosa que la que pueda darse en otros países, y es la de la existencia de poderosas organizaciones del crimen organizado (narcotráfico, contrabando, corrupción, etc.) que desde hace un buen tiempo están pendientes de las urgencias económicas de los 127,000 y supongo que ahora más candidatos a la presidencia, al Congreso, a las Asambleas y a los Concejos municipales. Nuestra situación es casi única en ese sentido, y por ello deberíamos tomar medidas también excepcionales, que no serían de buen recibo en otras partes del mundo, para asegurar que la democracia colombiana no está para la venta en ninguno de sus niveles.
La financiación indebida o ilícita de las campañas políticas distorsiona la formulación de las políticas públicas, el proceso de selección de los representantes del pueblo en las corporaciones públicas y su propio desempeño, como tales. No se trata simplemente de que hubo más o menos dinero, obtenido en forma irregular, sido del impacto enorme y gravísimo que esta situación tiene en el funcionamiento de nuestra democracia, que así se ve contaminada e interferida perversamente.
A la salida de la audiencia el expresidente Sarkozy declaró que el odio no tiene límites y que si quieren que él duerma en una prisión lo hará con la cabeza en alto. El 13 de octubre se fijará la modalidad de la ejecución de la sentencia, cuya implementación no podrá demorarse más de cuatro meses. Sarkozy tiene 70 años, y por esa razón podrá solicitar una libertad condicional.
Bogotá, D. C, 28 de septiembre 2025
*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado
Las tarifas del gas seguirán subiendo. El porcentaje importado para atender la oferta nacional continuará creciendo.
Por Juan Camilo Restrepo*. - El gobierno Petro mantiene el mensaje permanentemente de que hay que bajar las tarifas. Tanto las del servicio domiciliario de gas natural como las de la energía eléctrica. Lo repite a diario. Pero infortunadamente los resultados no resultan acordes con las buenas intenciones del estribillo tarifario gubernamental.
Hay una asincronía entre lo que se anuncia y lo que resulta en la práctica. Olvida el gobierno que la gente no va a aplaudir porque se anuncie que van a bajar las tarifas, sino que lo hará cuando efectivamente bajen.
En esta semana, por ejemplo, se anunció con bombos y platillos la expedición de un decreto por el cual el subsidio que hoy reciben los usuarios de energía de los estratos 1,2 y3 se empieza a cambiar por la instalación en los techos solares de los hogares de quienes están ubicados en los estratos señalados. Agrega jubiloso el ministro de Minas y Energía que estos compatriotas tendrán energía gratis.
Se cambia el subsidio por paneles solares. Anuncio por supuesto bien intencionado. Pero, ¿cuándo y cómo se llevará a la práctica?
Los cálculos que se han hecho con mucho esmero indican que si todo el subsidio -que hoy por lo demás no se está pagando oportunamente y tiene al borde del colapso a las empresas distribuidoras- se destinara a asumir los costos de los equipos familiares de paneles solares y su instalación en los hogares que habitan los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, se alcanzaría a cubrir solo el 2% al año de los hogares beneficiados.
Buena idea. Pero tardará 50 años para alcanzar una cobertura que pueda beneficiar al universo de todos los hogares de los consumidores de energía ubicados en los estratos uno, dos y tres.
Desde el punto de vista fiscal, el costo promedio de un sistema solar para un hogar tipo (4-5 personas) ronda los $30 millones. Si se destinaran los aproximadamente $6 billones que actualmente se invierten en subsidios anuales a la compra de paneles, solo podrían beneficiarse cerca de 200.000 hogares. Esto representaría menos del 2% de los aproximadamente trece millones de hogares que actualmente reciben subsidios en energía, dejando el 98% restante desprotegido frente a las tarifas del mercado que son, en promedio del doble del valor facturado (60% del subsidio en estrato 1 y 50% en estrato 2)
Mientras tanto se despierta tremenda expectativa. No hay congruencia entre los tremendos decibeles del anuncio gubernamental y la débil capacidad para llegar a los hogares de todos los compatriotas a los que se les quiere beneficiar con el cambio bien intencionado del subsidio.
Otro tanto sucede con las tarifas del gas domiciliario, que es tema predilecto de los anuncios gubernamentales.
Repiten hasta el cansancio que están a punto de bajar las tarifas, pero como van las cosas, no lo van a lograr en lo que queda de mandato al gobierno Petro. Por el contrario: las cosas tienden a gravarse.
Las cifras son verdaderamente inquietantes:
-Los proyectos de nuevos pozos de gas natural no darán frutos hasta después de 2030. Tal cosa acontece con el pozo Sirius -en más importante- que entre otras linduras requerirá para que la primera molécula llegue del mar adentro donde está ubicado a tierra firme de 116 consultas previas. Un absurdo total.
-Las reservas de gas natural han caído 64% en trece años y hoy solo alcanzan para 6 años.
-Ya se está teniendo que importar gas, no solo para las térmicas sino para las industrias y los hogares en cantidades que alcanzan el 17,6% del consumo total nacional, y a un costo tres veces mayor que el producido domésticamente.
-Un déficit combinado con El Niño podría llevar al racionamiento del gas y la electricidad, toda vez que la demanda está creciendo a un ritmo mucho mayor que la oferta.
-Han salido del país importantes empresas desanimadas por el mal trato y la tributación extorsiva que les viene imponiendo el gobierno.
Mientras tanto, el gobierno, animado con el plausible deseo de evitar que las tarifas sigan subiendo, como indefectiblemente sucederá a medida que se acentúe el déficit en la producción doméstica, se limita a insultar al sector privado, a anunciar inciertas importaciones de Venezuela y lejanas plataformas de Ecopetrol para importar gas del mercado internacional que a la fecha ni siquiera cuentas con el llamado cierre financiero.
Las tarifas del gas seguirán subiendo. El porcentaje importado para atender la oferta nacional continuará creciendo. Y las excusas gubernamentales de por qué no se hicieron a tiempo las inversiones requeridas para producir más gas seguirán oyéndose todos los días.
Infortunadamente los insultos ni el infaltable espejo retrovisor hacen aumentar la oferta del gas. Que es lo que se requiere para que las buenas intenciones de que no sigan subiendo las tarifas, se hagan realidad.
Bogotá, D. C, 28 de septiembre 2025
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Se pusieron de moda las asonadas -que son delitos-, y los secuestros de miembros de la Fuerza Pública. No ha sido un caso solamente. Se está volviendo costumbre.
Por José G. Hernández*. - Si algo caracteriza el Estado Social de Derecho es la efectiva sujeción de todos -funcionarios y particulares- a las normas constitucionales, legales y administrativas. Eso garantiza la real vigencia de la normatividad, el respeto a los derechos, el cumplimiento de los deberes y la pacífica convivencia.
En ese sistema, las vías de hecho -definidas por la Corte Constitucional como actuaciones judiciales o de otra índole que, de manera flagrante y evidente, se apartan del ordenamiento jurídico y vulneran el orden social y derechos fundamentales, colectivos o sociales. Son inaceptables conductas, claramente contrarias a lo dispuesto en las reglas básicas y al interés general. Una vía de hecho no puede ser sustento de derechos, especialmente si lesiona derechos ajenos o perturba el orden jurídico. Por eso, dice el artículo 16 de la Constitución que todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, pero con las limitaciones que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. El 95 establece que el ejercicio de los derechos y libertades implica responsabilidades y que son deberes de la persona y del ciudadano “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”.
La Constitución se refiere, en general, a todas las autoridades -judiciales, administrativas, disciplinarias, militares, policiales-, cada cual, en su ámbito de competencia, que tienen la función de preservar y hacer valer la normatividad en sus distintos niveles. Están instituidas, como estipula el artículo 2, para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
Sin embargo, son muchos los casos en que, en abierta vulneración de las disposiciones, quedan éstas sin ninguna aplicación, con graves perjuicios para el Estado y la colectividad. Hay delitos e infracciones, impunidad, víctimas desprotegidas y un orden jurídico burlado.
Se pusieron de moda las asonadas -que son delitos-, y los secuestros de miembros de la Fuerza Pública. No ha sido un caso solamente. Se está volviendo costumbre.
Se ha llegado, inclusive, a luchas físicas, como la que ocurrió en La Plata (Huila), entre militares y particulares, en cuanto a la captura de un reconocido delincuente. Es inconcebible que haya prevalecido la vía de hecho, se haya derrotado a las autoridades y se haya producido la huida del reclamado por la ley, quedando impunes quienes lo ayudaron.
Estipula el artículo 469 del Código Penal: “Los que en forma tumultuaria exigieren violentamente de la autoridad la ejecución u omisión de algún acto propio de sus funciones, incurrirán en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses”.
También hemos visto recientes providencias judiciales que conceden la libertad a personas contra las cuales existen sólidos elementos probatorios brindados por la Fiscalía y otras autoridades. Ello contraría el derecho sustancial, al que alude el artículo 228 de la Constitución.
Las normas no se pueden quedar escritas. Si la autoridad es dominada por vías de hecho, se desacredita, pierde eficacia -esencial a su función-, inutiliza al Estado y desconoce un postulado básico del sistema democrático: el orden, con prevalencia del Derecho.
Bogotá, D. C, 25 de septiembre 2025
*Expresidente de la Corte Constitucional.
¡El signo de los tiempos que corren en el sector minero-energético es la incertidumbre, la cual, en lugar de atraer a la inversión y a los inversionistas, los aleja!
Por: Amylkar D. Acosta M*. - La situación del sector energético tiende a gravarse, viene de mal en peor, sin que se vislumbre una solución. El riesgo de un racionamiento en la prestación del servicio de energía sigue latente. Yo distingo el riesgo inmanente del riesgo inminente. En cuanto al primero, al depender de una matriz eléctrica en donde la capacidad instalada hídrica supera el 60%, estamos expuestos a un riesgo de racionamiento cuando nos enfrentamos a una hidrología crítica a causa del fenómeno de El Niño, tanto más en cuanto que de los 24 embalses que le sirven a la hidroeléctricas solo uno de ellos, el de El Peñol, con el que opera Guatapé, tiene una capacidad de regulación que supera el año, el resto de ellos es de solo 4 meses.
En cuanto al riesgo inminente, gravitan sobre el sistema dos factores determinantes del mismo. El primero de ellos es el stress del Sistema de transmisión nacional (STN), debido al déficit de la oferta de energía en firme (OEF) con respecto a la demanda, que crece a un ritmo que duplica el crecimiento de la oferta. De allí que, según la firma XM, que administra el mercado mayorista y opera el STN, en este momento la OEF está en 237.55 KWH y la demanda en 241.89 KWH, esto es tenemos un déficit de -1.8%, el cual será mayor el año entrante, estimándose en -2.5%.
Y ello obedece, a su vez, al ostensible atraso en la ejecución de importantes proyectos tanto de generación como de transmisión, empezando por Hidroituango, que ha debido entrar en operación en 2018, pero debido a una contingencia que se presentó de sus 8 unidades, con capacidad de 300 MW de potencia cada una, hasta la fecha solo han entrado 4. Y debido los 2.400 MW de capacidad de generación de energía eólica que fueron asignados en las subastas entre 2019 y 2021, los primeros parques eólicos a instalarse en La Guajira hasta la fecha a duras penas, ha entrado uno de ISAGEN de solo 24 MW, el 10%.
El otro factor que amenaza con un riesgo de racionamiento inminente es la crítica situación financiera que afrontan las empresas comercializadoras de energía, debido fundamentalmente a la deuda de los usuarios por concepto de la Opción tarifaria, cuyo saldo al corte de agosto de 2025 era del orden de los $2.6 billones, de los cuales el Presidente Petro se comprometió en mayo del año pasado a asumir la de los estratos 1, 2 y 3, que representa el 80% de la misma, pero hasta la fecha es una promesa incumplida. A ello se viene a sumar la deuda del Gobierno Nacional para cubrir los subsidios al consumo de los estratos1, 2 y 3, que las empresas ya les descontó y el Gobierno debe reintegrarles a ellas.
Al corte del mes de agosto dicha deuda ascendía a $2.4 billones. A ello se vienen a sumar deudas con las distribuidoras de gas natural de $760.000 millones y a las de GLP $41.700 millones. Y lo más grave es que en el Presupuesto de la actual vigencia solo se apropiaron los recursos para cubrir los subsidios del primer trimestre de este año. Es decir que la partida de subsidios para los tres restantes trimestres está desfinanciada. De tal modo que el faltante en el Presupuesto de la actual vigencia asciende a los $3.6 billones, de los cuales $2.7 billones corresponden a energía eléctrica. Entre tanto, para la vigencia de 2026, en el proyecto de Presupuesto para 2026 de $8.9 billones que se van a requerir el aforo es de sólo $7.5 billones.
Esta situación llevó a la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios públicos de la empresa Air-e, que le presta el servicio a los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira. Y la razón fue su insolvencia, iliquidez y falta de flujo de la caja, que la llevó a acumular deudas con sus proveedores del orden de $1.9 billones, la cual quedó en suspenso su pago con la intervención y la contraída con posterioridad a esta ya asciende a los $1.7 billones, de los cuales $1.5 billones corresponden a la deuda contraída con las empresas generadoras por la energía que le han despachado. Y la Superintendencia se ha cruzado de brazos, dice que el Fondo empresarial que administra y que es la fuente de ingresos para solventar a las empresas intervenidas está también insolvente y por ello no le puede girar a Air-e ni un peso.
Tal situación llevó a los organismos de control (CGR y PGN) a pronunciarse alertando sobre el riesgo inminente de un apagón financiero de las empresas comercializadoras que puede dar lugar a un efecto dominó que puede conducir a una falla sistémica, que puede llegar a comprometer la prestación del servicio. La reticencia del Gobierno en girar lo que adeuda a las empresas comercializadoras y evitar el colapso de la empresa Air-e, a sabiendas del riesgo inminente de un racionamiento, lo lleva a uno a concluir que, imitando la política que tiene al sector salud en la UCI, estamos en presencia de una crisis inducida del sector eléctrico. La Superintendencia, con su inacción se ha convertido en parte del problema.
Mensajes del Presidente Petro con afirmaciones falaces y tendenciosas como que “Colombia es el único país en América Latina donde las tarifas de energía no están reguladas por el Estado”, a sabiendas de este si las regula a través de la CREG, en virtud de la Ley 143 de 1994, llegando al extremo de decir, mentirosamente, que “unas pocas empresas en manos de unos pocos pueden fijar precios que benefician sus propios intereses y no los de la gente” y que en consecuencia “las tarifas de energía que hoy nos cobran en Colombia son ilegales”, son señales que atentan contra la confianza inversionista y contra la percepción de la estabilidad jurídica, a causa de los reiterados anuncios de reformar las leyes 142 y 143 de 1994, con el ánimo de intervenir el mercado y fijar los precios y tarifas a su arbitrio.
Es bien sabido que es más fácil hacer política con los precios y tarifas que agenciar una política de precios y tarifas. Bien dijo el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz que “las inversiones en confianza no son menos importantes que las inversiones en capital humano y maquinaria”. Podemos concluir diciendo que el signo de los tiempos que corren en el sector minero-energético es la incertidumbre, la cual en lugar de atraer a la inversión y a los inversionistas los aleja!
Bogotá, septiembre 20 de 2025
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Fue un hombre que defendía la democracia incluso cuando el costo político era altísimo.
Por: Horacio José Serpa*. - Horacio Serpa era un hombre decente. Un luchador que defendía sus ideas con carácter, pero siempre con respeto. Era puntual, respetuoso del tiempo de los demás y un ejemplo de familia: no hubiera permitido que nosotros, sus hijos, estuviéramos en malos pasos ni un solo día.
Era un liberal socialdemócrata que creía en gobernar entre distintos, pero siempre apegado a la ley. Creía en el poder de las instituciones, en la Constitución de 1991 que ayudó a construir y en el diálogo como herramienta de cambio. No en la amenaza desde la plaza pública ni en el insulto por redes sociales.
Serpa era leal a sus amigos, respetuoso de las altas cortes y de los medios de comunicación. No inventaba cortinas de humo ni haría sonar trompetas de guerra con países hermanos. No se atravesaría a grandes proyectos de país como el Metro de Bogotá ni a las obras que necesita la gente para mejorar su calidad de vida.
Fue un hombre que defendía la democracia incluso cuando el costo político era altísimo. Denunció la parapolítica cuando muchos callaban, defendió la paz cuando otros agitaban la guerra. Y lo hizo sin odio, sin rabia, sin buscar destruir al que pensara distinto. Su estilo era de firmeza y diálogo, no de gritos ni amenazas. Creía en la política como un espacio para construir consensos, no para incendiar el país ni convertir la división en estrategia de poder.
Hoy veo un país gobernado a punta de trinos, de insultos y de división, y me pregunto: ¿qué diría mi papá? Él estaría del lado de quienes buscan unir, no de quienes siembran miedo; del lado de quienes creen en la justicia, no de quienes amenazan jueces; del lado de las mujeres que marchan, no de quienes las descalifican. No aplaudiría el caos económico, ni la persecución política, ni la estrategia de bloquear el desarrollo del país para ocultar la falta de resultados. Creía en construir sobre lo construido, no en destruir por revancha ni en refundar el país cada cuatro años.
Por eso estoy seguro: mi papá no sería petrista. Si estuviera aquí, sería una voz firme, valiente y respetuosa. Denunciaría los abusos de poder, señalaría el caos institucional, exigiría resultados y aplaudiría lo que se hace bien. Sería, como siempre fue, un demócrata del lado de quienes defienden la Constitución de 1991, la separación de poderes y el respeto por las instituciones.
Bucaramanga, 22 de septiembre 2025
*Administrador de Empresas, especializado en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos con experiencia en el área financiera y relaciones públicas. Exconcejal de Bogotá, exsenador.
Lo que no puede hacerse es un coctel en el monto del presupuesto, en el que se mezclen ingresos ciertos con recaudos contingentes o aleatorios.
Por: Juan Camilo Restrepo*. - Presentando de manera muy simple el debate sobre el presupuesto que se ha venido dando por estos días, que es el mismo del año pasado, puede sintetizarse de la siguiente manera:
El gobierno insiste en incluir en el monto del presupuesto para la vigencia 2026 el recaudo esperado con la reforma tributaria que ha presentado para equilibrar el presupuesto de rentas y apropiaciones del año entrante.
A ese recaudo que originalmente era de $ 26,5 billones ya el ministro de hacienda le ha hecho una rebajona de $ 10 billones. Con lo cual la reforma tributaria ha quedado trasquilada con un corte alto de peluquería como los que ahora están de moda. Puesto que se dieron cuenta que la versión inicial si afectaba a la clase media, y ahora solo produciría- en el evento hipotético de que la apruebe el congreso- $ 16, 5 billones.
Pero los disparates conceptuales del debate subsisten: en primer lugar, el gobierno sigue empecinado en que en el monto total del presupuesto aparezca tanto los ingresos ciertos del fisco el año entrante como los que hasta el momento no son más que ingresos eventuales o hipotéticos: los provenientes de una reforma tributaria que ni se ha aprobado por las cámaras y ni siquiera se ha empezado a discutir en la sede parlamentaria.
Resulta que el monto de un presupuesto no puede ser una coctelera en la que se revuelvan sin distinción algunos ingresos ciertos con ingresos eventuales o contingentes.
La Constitución y el estatuto orgánico del presupuesto (decreto 111 de 1996) dice claramente que si se presenta una ley de financiamiento paralelamente con la ley de rentas y apropiaciones cuando ésta última esté desbalanceada, se debe señalar (identificar) con claridad cuáles gastos se van a financiar con los ingresos que provendrán de la nueva ley de financiamiento. Para que si ésta última no la aprueba el Congreso se proceda a cancelar, o sea a borrar de la lista de gastos autorizados, los gastos que se han quedado sin fuente de financiamiento.
Lo que no puede hacerse es un coctel en el monto del presupuesto, en el que se mezclen ingresos ciertos con recaudos contingentes o aleatorios. Pues en el evento en que el Congreso no apruebe la nueva reforma tributaria quedarían como autorizados gastos cuya financiación ha periclitado.
Pero quizás eso es lo que quiere el gobierno: que la figura del monto presupuestal se vuelva un caballo de Troya para dar a entender que el Congreso tiene que aprobar forzosamente la ley de financiamiento, de la cual, ni siguiera se ha ocupado el congreso hasta ahora.
Por eso los gastos que se van a financiar con el producido de la reforma tributaria deben identificarse con precisión (cosa que no se ha hecho), para que si el congreso no aprueba las nuevas rentas (cosa que muy probablemente puede suceder) se puedan eliminar borrar con facilidad los gastos que se han quedado huérfanos de recursos.
Esta falla en que se viene incurriendo en los debates iniciales del presupuesto por parte de las comisiones económicas del congreso no se sanea con el exabrupto de adoptar el presupuesto del año entrante por decreto. Aún en esa hipótesis -que es inconstitucional- el presupuesto decretado seguiría manejando impropiamente el monto inflado del presupuesto para pretender que la reforma tributaria está aprobada. Así ya se le haya hecho una gran trasquilada de $10 billones.
Bogotá, D. C, 22 de septiembre de 2025
*Abogado y Economista. Exministro de Hacienda y de Comercio.
