Opinión
Por Alexander Kudascheff. * Foto: DW.- Hace tiempo que el terrorismo, el terrorismo Islámico, se convirtió en una pesadilla. Ataca a las sociedades libres por todas partes: en restaurantes, aeropuertos, hoteles, estadios de fútbol, clubs, trenes, playas, escuelas y ahora también en la calle. El terrorismo está en todas partes y el miedo avanza en las sociedades libres, y también en otras. El peligro se intuye y se siente. La amenaza está en todas partes, en el día a día y en las vacaciones. El terrorismo reta a las democracias, sobre todo a Francia, que ha sufrido el tercer horrible atentado. Es una guerra asimétrica. De terroristas en solitario o pequeños grupos que, sin excesivos recursos logísticos, asesinan sin piedad mientras los demócratas tienen que temer por su libertad.
Un terror omnipresente
Parece que el Estado ya no pudiese cumplir con su tarea más importantes. Pese a los organismos de investigación, los servicios secretos, el aumento de la vigilancia del ciudadano y el inmenso despliegue policial, el Estado no puede proteger a sus ciudadanos. El terror es omnipresente porque procede de la misma sociedad. Fascinados por la fuerza del islamismo e impulsados por la yihad, jóvenes, en su mayoría hombres, parten para enfrentarse a nuestra sociedad que también es la suya. Masacran sin piedad y quieren cumplir un objetivo. Quieren perturbar la sociedad libre y lo están consiguiendo. Mientras las fuerzas de seguridad tradicionales no sean capaces de proteger al ciudadano, los propios ciudadanos irán perdiendo esa serenidad que hasta ahora fue ejemplar. Amenazan fenómenos sociales en los que triunfarán el odio, el rechazo y el racismo. Toda una pesadilla para una sociedad abierta.
Terminar con el Estado Islámico
Ahora está claro que hay que emprender una guerra, una guerra contra el Estado Islámico. Es políticamente necesario, pero también es un tema delicado porque habrá que estar al lado de los rusos y del asesino sirio Bashar al Assad. Pero no hay otro camino posible. Hay que conquistar Rakka, vencer al Estado Islámico, juzgar a los combatientes supervivientes y terminar con la pesadilla del Califato Islámico. Aunque no sea política ni diplomáticamente atractivo, habrá que colaborar con todas las potencias. Después habría que preguntarse por qué tantos jóvenes musulmanes son seducidos por un islam violento, no solo en la Europa secular, sino también en la América de la diversidad religiosa. ¿Qué quiebra con su identidad al punto de que sigan a los autodenominados califas de Rakka o enaltezcan a terroristas suicidas en la red como si fuesen héroes?
En cualquier caso, se trata de un proceso social más largo. Las sociedades libres tendrían que aprender antes a superar su indefensión. Hay que aumentar la presión sobre la escena de los simpatizantes. Hay que hacerlo con rigor. Los musulmanes tienen que deshacerse de secretas simpatías hacia los predicadores del odio y echarlos de las mezquitas. Es necesario acabar con la tolerancia pasiva para defender la libertad y nuestro estilo de vida libre. De lo contrario, las sociedades cambiarán y se irán distanciando de la democracia. El Frente Nacional de Francia se saldría con la suya.
*Redactor en Jefe de DW.
Por Iván Díaz Mateus.-Ninguna sorpresa ha causado el entierro de tercera que la Corte Constitucional le ha hecho a la llamada Reforma de Equilibrio de Poderes, la razón muy alarmante y cruda: La justicia en Colombia, especialmente en lo que tiene que ver con las Altas Cortes es sencillamente irreformable e intangible, y lamentablemente la opinión ya está tan acostumbrada a ello que no se inmuta ni se preocupa porque esto suceda.
Uno de los pilares de esta Reforma Constitucional consistía en eliminar la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes encargada de investigar y pedir el llamamiento a juicio de determinados y específicos servidores públicos: Presidente de la República, Magistrados de las Altas Cortes y Fiscal General. Sobre la inoperancia de la comisión no hay duda alguna y sobre la posibilidad de que una de las Cortes actuara contra sus propios jueces, si así lo deseaba o lo veía necesario o justo, tampoco había duda alguna. Durante su larga existencia la Comisión nunca llegó más allá de lo que hasta ahora ha llegado en el caso del Magistrado Jorge Prettel.
Con ese panorama se decidió crear un Tribunal de Aforados conformado por Magistrados independientes, con amplia formación jurídica, y elegidos por partes iguales entre el Congreso, el Presidente y la misma Judicatura. Con ello se buscaba, entre otras cosas, independencia y autonomía, solvencia para investigar a los aforados sin temor a retaliaciones o presiones políticas, solidez jurídica para que obrara más el derecho que la misma política, y valoración de hechos y circunstancias con mayor seriedad y cuidado. Sin embargo, eso no fue posible, la Corte Constitucional que es la encargada de velar por la primacía de la Carta Política, en lo relativo a los vicios de forma, acaba de anunciar que la creación del Tribunal de aforados no se ajustó a la norma superior por tanto su creación ha quedado invalidada.
Esa decisión tiene una gran trascendencia Jurídica y política, tal vez la más grave es que al Congreso de Colombia no le quedó claro -cuando actúa como constituyente delegado reformando la carta, cosa que ha hecho muchas veces-, que puede y que no puede tocar ya que la Corte ha dicho que en ciertas decisiones sustituye la Constitución, es decir la cambia en lo sustancial y que eso no se puede hacer. ¡Se ha podido pero en este caso no se puede!
Una segunda consecuencia es que, muerta la reforma, las cosas vuelven a su statu quo, es decir sigue vigente la muy desprestigiada e ineficaz Comisión de Acusaciones, y esto favorece claramente a quienes están bajo su órbita judicial que saben a ciencia cierta, porque la experiencia se lo ha demostrado, que allá no pasa nada con las denuncias que se presenten en su contra. En otras palabras son y seguirán siendo un minúsculo grupo de colombianos a quienes es casi imposible aplicarles justicia, y lo que es más singular, cuando se trata de crear un organismo que lo haga, ellos mismos deciden que eso no es válido con argumentos un tanto traídos de los cabellos. Solo para que permanezca en su cabeza un privilegio que envidiaría cualquier gobernante o ciudadano: no tener juez.
Sigue consolidada una élite muy reducida de colombianos que se saben, Jurídicamente intocables y están habilitados para impedir que eso cambie.
Twitter:@idiazmateus
Por Jorge Enrique Robledo.- Luego de décadas de estar siendo aplicada, es obvio que la globalización neoliberal consiste en crear un mercado de envergadura global, para que los capitales trasnacionales de esa misma talla, localizados en cada país, hagan negocios entre ellos mismos. En ese mundo pueden moverse libremente los capitales y las mercancías, mas no las personas del común, condenadas a quedar presas en los países satélites de la potencias, y el poder del Estado se pone al servicio de los monopolios para que puedan arruinar, anquilosar o expoliar en sociedades leoninas a todos los capitalismos nacionales, empezando por los medianos y menores, pero sin excluir a los mayores. Como el concepto de clase media es relativo, ahí pueden caber incluso los de arriba a quienes les entre a competir algún King Kong extranjero.
Aurelio Suárez explica que la línea es imponer en todos los sectores lo que él llama el Modelo Transmilenio (http://bit.ly/2a4gplc), consistente en entregarle a un puñado de magnates –subsidiados y protegidos por un Estado a su servicio–, el monopolio del gran negocio que antes compartían miles de pequeños y medianos empresarios. La razón última del paro camionero reside en el rechazo de esta clase media empresarial a la exigencia de Estados Unidos para que se tomen medidas que monopolicen el transporte de carga (http://bit.ly/29CpAoI). Y crecen los reclamos de los pequeños propietarios de estaciones de servicio de combustibles porque la trasnacional Terpel está usando el poder de la gran ganancia de la distribución mayorista de los combustibles para desplazarlos y tomarse también el comercio minorista (http://bit.ly/29OVbWW).
La ultra concentración del comercio al detal, que desplaza a los pequeños y medianos empresarios, avanza a toda máquina, bajo el libertinaje de poder instalar grandes superficies en cualquier parte, contrario a lo que sucede, por ejemplo, en Europa, donde les ponen límites (http://bit.ly/29JFAox). Los hipermercados además incursionan en el negocio de las bombas de gasolina, las agencias de viajes, el corretaje de seguros y en lo que se les antoje, desplazando también a quienes no son de su talla monopolística, tamaño que igualmente usan para imponerles condiciones leoninas a sus proveedores agrícolas e industriales. Estas trasnacionales, más otras especializadas en el formato de los supermercados de escala reducida, con toda agresividad arruinan, persiguiéndolos de barrio en barrio y de pueblo en pueblo, a los tenderos y a los comerciantes menores. Y es notorio que las multinacionales de las ferreterías y las farmacias desplazan a la clase media que por décadas vivió de ese sector.
Abierta o solapadamente, crece la retórica que de manera falaz sostiene que entraban el progreso del país las explotaciones agropecuarias inferiores a las de decenas de miles de hectáreas, discurso anti campesino e indígena, por supuesto, pero que también se dirige contra el empresariado rural de clase media, víctima como los que más del libre comercio que lo empuja hacia la ruina y la pérdida de sus tierras.
Como otro ejemplo de lo que ocurre, cada día le entregan más la contratación pública de infraestructura a unas cuantas trasnacionales y banqueros, que sacan del negocio a las firmas de ingeniería menores, y hasta a algunas mayores, sin siquiera aportar capitales de riesgo dignos de ese nombre. Y se probó que Vargas Lleras cambió la ley para poder concentrar la construcción de las cien mil casitas entre unas pocas grandes empresas y entregarle al mayor banquero del país la intermediación de cuatro billones de pesos.
De esta manera, cabe la pregunta del título de este artículo, al igual que plantear el debate sobre el tipo de capitalismo que debe darse en Colombia: si uno absolutamente monopolizado, y ojalá por los extranjeros y su capital financiero, como el que impone Juan Manuel Santos, o si otro en el que también quepan y prosperen las empresas y el empresariado nacional no monopolista, es decir, la que puede llamarse clase media empresarial –y la asalariada, por supuesto, también maltratada de tantas maneras–, sector que le ofrece al interés nacional una ventaja principalísima: que no actúa con el principal objetivo de las trasnacionales, el de montarle a cada negocio un dolarducto, un tubo por el que les exportan a sus casas matrices los dólares de la riqueza que se crea en el país.
Santos y Vargas Lleras pusieron de Fiscal al representante en el país de la mayor trasnacional de abogados del mundo, selección que no tiene nada que ver con lo democrático y sí todo con lo plutocrático. “Es que ustedes no saben quiénes somos”, expresan con cinismo.
Por David Luna Sánchez*.- Ante la inminente digitalización de la economía, las empresas adaptaron sus esquemas de producción, comercialización y portafolio de servicios y productos basados en la tecnología. Entre 2003 y 2014, el mercado de software creció cinco veces, lo que indica su potencial para ser motor de desarrollo económico. Quedan muchos retos y desafíos, pero creemos que con mejorar el talento TI (Tecnologías de la Información) seguiremos potenciando este renglón de nuestra economía a instancias de talla mundial.
De acuerdo con el Observatorio TI (Tecnologías de la Información), iniciativa del MinTIC y Fedesoft, en 2012 la industria TI tenía 0,6% del PIB, mientras que en 2014 representó el 1,19%; un aumento significativo que avala las grandes oportunidades para digitalizar diferentes sectores productivos.
La industria TI de Colombia tiene cerca de 4.016 empresas, con ventas de 8,9 billones de pesos en 2014 y crecieron 51% en el último periodo; 90% son Mipymes (pequeñas y medianas empresas). Desde el MinTIC fortalecemos la industria TI nacional con acciones en diferentes frentes para contribuir a fortalecerlas.
La industria TI nacional emplea más de 70.318 personas, en su mayoría nacionales, contribuyendo al desarrollo de tecnologías "made in Colombia". Siendo ésta una "industria de conocimiento" requiere talento humano idóneo, pero según los estudios del Observatorio TI, la oferta de profesionales TI es poca: el déficit sería de 53.042 personas en el 2018. Hay necesidad de fortalecer los programas académicos de TI para que los profesionales tengan mejores competencias para aportar al desarrollo de la industria TI colombiana.
Esto muestra importantes desafíos para formar talento humano para la industria TI, para contribuir al crecimiento del sector, aumentar el empleo y la generación de emprendimientos como start-ups, que tomaron fuerza en Chile, México y Colombia.
Se requiere talento humano competente en todas las regiones del país, con perfiles diversos y que fomenten la transformación digital de todos los sectores económicos. Así, la productividad y la competitividad de la industria nacional será viable, y ayudará a reducir las brechas sociales.
Para lograr este cometido hay que agrupar a instituciones del Gobierno, academia, emprendedores y de empresarios para promover el desarrollo del sector TI, generar sinergias estratégicas para cofinanciar proyectos para agro, salud, turismo y gobierno. Desde MinTIC lideramos la red de clústeres TI del país, desde ocho regiones: Centro, Oriente, Llanos, Pacífico, Centro-Sur, Eje Cafetero, Antioquia y Caribe.
Queremos transformar a nuestra industria TI en un sector altamente productivo y competitivo. Quedan muchos retos y desafíos, pero creemos que con mejorar el talento TI seguiremos potenciando este renglón de nuestra economía a instancias de talla mundial.
*Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Por Jorge Gómez Pinilla.- Es lo que ocurre con Leszli Kálli, una mujer de rostro cautivador que se hizo célebre por el libro que escribió tras el secuestro del que fue víctima en 1999, cuando el Eln se apoderó del avión de Avianca donde viajaba. Leszli es de esas personas que al principio pintan bien y con su sola presencia generan una inmensa expectativa, pero con el paso de los días flaquean y terminan en el légamo del desprestigio por un manejo equivocado de su inteligencia emocional.
Luego de la dolorosa experiencia del secuestro –que al parecer le dejó secuelas psicológicas- Kálli viajó a Canadá, donde estudió cuatro años de Diseño Gráfico, y a su regreso comenzó a ser conocida como diseñadora y defensora de animales. Por cosas de la vida terminó trabajando en la revista Soho, donde además se desnudó para su edición 150 con una única foto retadora en topless y cucos rojos para el Procurador General de la Nación, a quien por ser un redomado taurófilo le dijo esto: “Señor Alejandro Ordóñez: vida es vida, venga de donde venga, una gota de sangre es una gota de sangre de un ser viviente. La vida se respeta, sea de un feto o sea de un toro. No queremos doble moral”.
Leszli Kálli y Gustavo Petro se conocieron por Twitter, y la empatía entre ambos se habría dado por el tema animal. Ella misma le confesó a El Espectador que en enero de 2012 le envió un DM a Petro diciéndole que quería acompañarlo en su Alcaldía, y unos días después fue vinculada con una asignación mensual de $5’100.000.
Luego vino el escándalo que ya se conoce, cuando por supuestos celos de la esposa de Petro la fueron relegando y trasladando de una entidad a otra, hasta que en diciembre de ese año fue desvinculada, y a ello contribuyó que “su personalidad era difícil”, sumado a que se tomaba atribuciones que no le correspondían. Sea como fuere, lo llamativo es que el escándalo estalló casi un año después, y la pregunta del millón es por qué guardó silencio tanto tiempo y por qué conservó durante meses la grabación de una charla privada que sostuvo con el asesor de Comunicaciones, Daniel Winograd, la cual al final no tuvo ningún peso probatorio porque había sido editada.
Tras su regreso a Bucaramanga, Leszli Kálli fue contratada por la campaña de Carlos Fernando Sánchez, el candidato del coronel Hugo Aguilar a la Gobernación de Santander, y se dedicó a atacar desde su cuenta de Twitter a los oponentes de este, diciéndole a Holger Díaz que era “LADRÓN de la Salud” y a Didier Tavera que “usted no me intimida”. Pero tras el triunfo de este último recapacita, se le acerca a Iván Aguilar y publica un trino donde dice que “una de las cosas positivas del gobierno de @DidierTavera es @ivanfaguilar. Lo defendí y lo defiendo. ¡PUNTO!” (ver trino).
Hablando de recapacitar, está un artículo suyo titulado “Lo acepto, fui mamerta pero recapacité”, donde se esperaba una exposición coherente de por qué cayó en brazos del uribismo, pero aparece una sarta de insultos mal redactada contra Petro y su esposa, que culmina en una entrega desvergonzada a la nueva causa que acababa de abrazar: “¡Que gire el país a la derecha ya!”.
Como Leszli no sabe escoger a sus enemigos y le dispara a lo que se mueva, terminó metiéndose con la subdirectora de Vanguardia Liberal, Diana Giraldo, a raíz de que esta se sorprendió al verla pidiéndole puesto al secretario de Desarrollo de Bucaramanga, Jorge Figueroa, pese a que durante la campaña había arremetido contra él y contra Manolo Azuero, hoy Jefe de Gobernanza (ver trino). Pero apenas salió elegido Rodolfo Hernández corrió a publicar un trino a favor de Figueroa, y no habían pasado 15 días de la posesión del nuevo alcalde cuando le lanzó otro flechazo en el mismo tono (ver trino), y como Diana Giraldo se sorprendió ante semejante incoherencia, descargó contra ella su artillería verbal tildándola de “diva intocable de tres pesos”.
Lo cierto es que al final no le dieron el puesto que le lagarteó a Figueroa, y unos meses después pasamos de la extrañeza al asombro al verla disculpándose con el zar de las basuras de Santander, Fredy Anaya (ver disculpa), por unos trinos donde lo atacó, pero cuyo contenido corrió a borrar para evitar que lo agregaran a su rosario de incoherencias, como la de alegrarse por la muerte de un torero al que tildó de “asesino”, o la de ponerse a favor de Paloma Valencia en lo del ‘oso’ que protagonizó cuando quiso pasarle cuenta de cobro al plantígrado.
¿Y a dónde va todo esto?, se preguntará el escandalizado lector. Va a que con motivo de mi última columna, donde conté algo que percibí luego de una experiencia profesional de cuatro meses con la Gobernación de Santander, Leszli Kálli arremetió contra mí en compañía del ‘periodista’ Laureano Tirado mediante una andanada de acusaciones bajas (“contratos suscritos en cañerías”) con las que pretendieron poner en entredicho mi solvencia profesional. Yo expliqué hasta la saciedad que había escrito sobre lo que conocí “después” de una muy corta vinculación, no “durante”, y que estando libre de cualquier atadura puedo escribir sobre lo que me venga en gana, pero eso les entraba por un ojo y les salía por el otro.
Por Amylkar D. Acosta M[1].- El pasado 4 de julio se conmemoraron en la emblemática ciudad de Rionegro (Antioquia), cuna de la Constitución de 1863 prohijada por el Radicalismo liberal, los primeros veinticinco años de la Constitución que nos rige desde 1991. Su expedición se originó en una “séptima papeleta” que nunca se escrutó, pero que la Sala Plena de la otrora Corte Suprema de Justicia validó y consintió, mediante la cual se convocó, a través del Decreto de Estado de Sitio 1826 de 1990, una Asamblea Constitucional para reformar la Constitución de 1886.
Ya reunida y a poco andar dicha Asamblea se declaró omnímoda y se trastocó en Asamblea Nacional Constituyente y en lugar de reformar la Constitución, que fue su cometido primigenio, una vez más con la anuencia de la Corte Suprema de Justicia, la cambió de cuajo, dándole al país una nueva Constitución. A ello se llegó después de varios intentos fallidos en años anteriores de reformar la Carta y de los acuerdos que hicieron posible la desmovilización y reincorporación a la sociedad civil de varios grupos insurgentes, encabezados por el M- 19, el Quintín Lame, el EPL y el PRT.
Es de anotar que con esta nueva Constitución se completaron 9 en el decurso de nuestra era republicana, de las cuales sólo tres, la de 1863, la de 1886 y la de 1991 perduraron más de 20 años de vigencia. Las demás sólo fueron flor de un día. Se volvió un lugar común decir que la partera de todas las constituciones que nos han regido fueron las constantes guerras civiles que en número de nueve a escala nacional padeció nuestro país en el siglo XIX. Sin embargo, según el autorizado concepto del historiador Eduardo Posada Carbó, sólo las de 1863 y 1863 tuvieron ese origen, “hubo otras fruto de acuerdos, como las de 1853, las reformas sustanciales de 1910 y, claro, la de 1991”.
Y el anunciado “revolcón” institucional anunciado por el Presidente Cesar Gaviria al instalar las sesiones de la Asamblea se hizo realidad. La nueva Carta de navegación que esta Constituyente le dio al país resultó ser de carácter garantista, amparando los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, que ahora son iguales ante la Ley y significó el paso de la democracia representativa de enantes a otra de participación. Fueron varios los mecanismos de participación que se crearon, tales como la Consulta popular, el Referendo, el Plebiscito, ahora tan en boga, Cabildos abiertos y hasta iniciativa popular legislativa.
Del Estado confesional entronizado por Rafael Núñez, al alimón con Miguel Antonio Caro, en la Constitución de 1886 se pasó, sin vísperas, a un Estado social y de derecho, pluralista, que reconoce a las minorías nacionales, que salvaguarda sus derechos. Además, se les dotó de unos valiosos instrumentos para hacerlos valer, tales como la Acción de Tutela, la Acción Popular y de Grupo, la Acción de Cumplimiento, así como la posibilidad de la revocatoria del mandato a los mandatarios seccionales que son elegidos popularmente. Los alcaldes y los gobernadores, estos últimos también elegidos a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, son depositarios del voto programático y su incumplimiento les puede acarrear su revocatoria.
La Constitución de 1991 ya ha tenido 41 reformas, que han modificado 127 artículos. Y ahora se espera que para poner a tono la Constitución con los acuerdos de La Habana se prevé por parte de los expertos que puede conllevar unas 35 reformas más.
El fetichismo normativo alienta esta fiebre reformista, al creer que todos los problemas se resuelven expidiendo una nueva Ley o reformando la Constitución. Ello pone de manifiesto la gran inestabilidad jurídica de nuestro ordenamiento constitucional, a lo cual vienen a sumarse los recurrentes cambios de jurisprudencia de parte de la Corte Constitucional, creada para servir de guardiana de la Constitución. Los temores del inmolado magistrado de la Corte Suprema de Justicia Manuel Gaona cruz de que la Constitución Política de Colombia devendría en una Carta a la Carta no eran infundados.
Tegucigalpa, julio 12 de 2016
www.fnd.org.co
[1] Director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos
Por Juan Manuel Galán.- Llevamos tan solo un cuarto de siglo con la nueva Constitución y algunos, a pesar de varias reformas sufridas, ya quieren cambiarla del todo! El problema no está en la carta, pues su utilidad o ineptitud para sobrellevar los nuevos tiempos, es más bien de sus intérpretes.
Por eso, debemos abandonar la idea de que una nueva Constitución será la "solución mágica" para resolver los problemas del país o la pócima medicinal que todo lo cura y más bien, entender que la clave está en todos los ciudadanos que la interpretamos o en nuestra voluntad política para materializarla.
En Colombia hay varios intérpretes de la Constitución: la Corte Constitucional por supuesto, en un actor fundamental en el proceso de explicar o traducir el sentido del texto. Sin embargo, no es el único. Las organizaciones sociales y los ciudadanos a través del Congreso de la República son también intérpretes, es decir, participan del proceso de entender y traducir el sentido de la Constitución y de reformarla de acuerdo con los cambios históricos.
Esto, se convierte en una oportunidad para desarrollar temas constitucionales apenas enunciados. Me refiero, al principio de descentralización política y administrativa que en los últimos años ha sufrido un fuerte retroceso inclinándose hacia una tendencia más centralizadora; específicamente, en el manejo de regalías, administración de recursos y toma de decisiones sobre protección del medio ambiente.
Sabemos que aunque el texto de la Constitución de 1991 aumentó la transferencia de recursos y responsabilidades desde el gobierno central a los departamentos, distritos y municipios; hoy día, son muchos los reparos de las autoridades territoriales que constantemente denuncian la desconfianza con que son vistos sus departamentos y la imposición desde el gobierno central de funcionarios encargados de administrar y priorizar sus recursos desconociendo la realidad de sus regiones.
Más allá de reformas jurídicas lo que la descentralización necesita ahora es voluntad política para institucionalizar el Estado local en toda su majestad. Un sistema que redistribuya sus poderes entre las regiones generando autonomía y protagonismo para cada una de ellas. En palabras de mi padre, el Estado necesitaría someterse a una verdadera "dieta" para perder peso entregando competencias y recursos a todas las entidades territoriales. Para que la dieta sea efectiva, se requiere un cambio cultural, una nueva manera de pensar la integración Estado-Nación y Territorio.
Por Gabriel Ortiz.- ¿Quién azuzará, aconsejara, susurrará y estimulará al frente uno de las Farc, a ese mismo al que Santos le aplicó la Operación Jaque que permitió, entre otras incursiones, la liberación de Ingrid Betacourt, considerada la más perfecta acción militar realizada por las fuerzas armadas en esta lucha contra la subversión?
Alguien hay detrás de estos combatientes, “dando pedal” para que a cambio de algo, traten de malograr los acuerdos de La Habana. No de otra manera puede explicarse que de la noche a la mañana ese frente quiera hacer valer sus “triunfos” bélicos para exigir, quien sabe que cosas, como condición para atender a sus jefes y respetar los acuerdos.
Quieren permanecer en la lucha y continuar sus fechorías contra el pueblo colombiano, no propiamente contra el gobierno, sino contra la población civil, contra las instituciones y contra el querer de una amplia mayoría de nuestros conciudadanos.
Quiere esto decir que en su zona, continuaremos asistiendo al triste espectáculo de los secuestros, la extorsión, los ataques a los pueblos, las muertes y demás acciones que estamos a punto de olvidar para siempre.
Pero el Presidente fue claro al hacerles un nuevo llamado a la paz y a la cordura. No habrá tregua con quienes quieran desconocer el desarrollo de las negociaciones que están llegando a su final: “o se someten al proceso o tendrán cárcel o una tumba”.
Esto no tiene reversa, estamos por la senda final de un proceso de 4 años, durante los cuales hemos visto como disminuye la violencia, como se empieza a vislumbrar el cambio que estamos esperando desde hace 50 y más años.
Son pocos, muy pocos los colombianos que pueden recordar esas épocas durante las cuales dialogaban con respeto, tolerancia, sin agresividad y sin odio. Cuando se podía pescar de noche como añoraba el Maestro Darío Echandía y los abuelos que, en lo más remoto de sus pensamientos, tienen guardadas esas lejanas memorias de convivencia y felicidad.
Las lágrimas, el olor a pólvora y sangre, enloquecen a unos grupos, que infortunadamente incluyen a jóvenes que se creían civilizados. Esos son quienes lucharan por impedir que Colombia logre superarse y salir de las cenizas en que nos quieren encriptar los sepultureros de la paz.
BLANCO: Univalle con su aporte a generar energía limpia.
NEGRO: El descontrol del dólar y las otras medidas que van a duplicar la inflación.
Por Humberto de la Calle. Foto: Colprensa.- La médula de la Constitución sigue siendo un instrumento válido para el logro de la paz.
El origen
Si bien la muerte de varios candidatos, Luis Carlos Galán entre ellos, fue la chispa que prendió la mecha del proceso constituyente de 1991, otros factores concurrieron a configurar ese oleaje reformista. La Asamblea fue como una especie de mortero en el que se mezcló la alquimia del nuevo orden.
A la expresión del “basta ya” que recorrió las universidades, se sumaron varios intereses: erradicar la politiquería y el clientelismo, establecer normas más duras para el enriquecimiento ilícito, transformar el aparato judicial, descuajar el bipartidismo, caminar hacia la democracia participativa, abrir espacio a movimientos sociales, atenuar el presidencialismo, vigorizar el control constitucional, visibilizar las etnias y los afros, racionalizar el manejo de la economía y profundizar la planificación, abjurar del uso inmoderado de los estados de excepción y dictar una carta nueva de derechos.
La sombrilla suprema, la que permitió a la Corte darle su aval a un mecanismo extraconstitucional, fue el anhelo de la paz, convertida por cierto en derecho y en deber durante las deliberaciones. La Constitución como “tratado de paz”, evocando a Norberto Bobbio, fue el pasaporte que permitió sobrepasar el último retén: el retén de la Corte.
Pero ¿se logró la paz con la nueva Constitución?
La paz lograda
La mala memoria es una constante. Ahora se quiere minimizar lo logrado. La paz con el M-19 y otros tres grupos fue un suceso importante. En lo militar y en lo político. Se ensayaron nuevos caminos bajo la guía de Virgilio Barco y César Gaviria. Quedó escrita una “jurisprudencia” para los procesos de paz por venir, cuyos efectos no pueden pretermitirse. Dirigentes de esos grupos ingresaron lealmente al ejercicio civil de la política y hoy prestan importante servicio a través de ideas frescas tamizadas por la sensatez.
La paz esquiva
No obstante, otros grupos guerrilleros, agrupados en la época bajo el lema de la Coordinadora Nacional Guerrillera, desecharon la oportunidad. No creo que por razones ideológicas porque la Asamblea abría un camino en ese momento todavía virgen. Imperaron dos tipos de razones: una militar, basada en la creencia de ‘Manuel Marulanda’ sobre una posible victoria militar contra las fuerzas del Estado. Y la otra, situada en el campo del simple cálculo político. El Gobierno ofreció 5 escaños a la guerrilla sin necesidad de someterse al escrutinio electoral, mientras esta aspiraba a 25.
De ese modo, la guerra continuó. Y no solo eso. Entró en un laberinto de degradación que ha generado hoy una oposición al proceso de La Habana hasta ahora inédita. Diálogos anteriores gozaron de un consenso bastante universal, mientras que hoy hay no solo una oposición difusa e instintiva, sino una fuerza crítica organizada. Una respuesta a los errores de la guerrilla: secuestros inhumanos, extorsión a tutiplén, narcotráfico.
La Constitución actual como vehículo de paz
No hay que atascarse en el pasado. El deseo de cambio está a flor de piel. La Constitución no es intocable. Pero tampoco es cierta la idea de que la Carta actual sea un obstáculo para el logro de la paz.
Hay fallas indudables. El ejercicio político sigue bajo el manto opaco de la manipulación y el descrédito, pero no necesariamente por ausencia de normas. Hay materias que admiten nuevas regulaciones, sin duda. La financiación de la política todavía tiene espacio para la innovación normativa. Pero no hay que equivocarse. La verdadera lucha contra el clientelismo es el desarrollo. Es una sociedad con diversidad de líneas de producción independiente, por fuera del Estado, y con más educación, la única que puede formar una genuina opinión política independiente. La justicia ha fracasado. La democracia directa se ha quedado en el tintero, pero después del brexit es mejor pensarlo dos veces. La necesidad de un cuerpo elegido, representativo, que medite, sopese y llegue a acuerdos, sigue siendo una pieza insustituible así su desaprobación sea de tamaño bíblico.
Pero la médula de la Constitución sigue siendo un instrumento válido para el logro de la paz.
En efecto, ¿qué reparo hay a la carta de derechos? Por el contrario, quienes la critican pertenecen más bien a la órbita del oscurantismo. ¿Y el carácter multiétnico y pluricultural de la Nación es una carga negativa? ¿Impide la paz que el abuso de los estados de excepción sea cosa del pasado? ¿Obstaculiza los acuerdos un escenario de menos presidencialismo, una mayor repartición del poder, la elección de alcaldes y gobernadores, la junta independiente del Banco de la República para afianzar la moneda sana? ¿El control constitucional independiente y audaz entorpece la búsqueda de la paz? ¿La tutela es un palo en la rueda? ¿O el cuidado del medioambiente?
Claro que no. Categóricamente no. La estructura esencial de la Constitución sigue intacta como instrumento para favorecer la implantación de una paz firme y duradera.
En cuanto al modelo económico, es cierto que la inequidad en nuestro suelo es superlativa. Es una tarea urgente remediar esta deficiencia. A eso pueden contribuir por cierto acciones de intervención estatal. Un marco progresivo de la regulación tributaria ha demostrado ser un instrumento eficiente para lograrlo. Marco que no necesariamente exige cambios constitucionales. Pero aun con situaciones de iniquidad aberrante, el mejor entorno económico para superar la pobreza sigue siendo el modelo de libertad económica, con intervención estatal donde sea necesaria. El socialismo ha demostrado, de manera empírica y hasta dramática, que es un camino equivocado.
Por su lado, si se miran los acuerdos de La Habana, se encuentra que la necesidad de reformas constitucionales es más bien de carácter puntual, sin perjuicio eso sí de la incorporación de la Jurisdicción Especial para la Paz que requiera sin duda una adición profunda al ordenamiento actual.
La Constitución tiene plena validez como escenario para el “tratado de paz” originalmente proclamado.
Para una paz en democracia. No lo es si se busca una paz socialista. Pero una paz socialista no es una paz genuina.
Por Bernie Sanders.-Tomado de New York Times en Español. ¡Qué sorpresa! Los trabajadores en el Reino Unido, muchos de los cuales han visto cómo ha disminuido su estándar de vida mientras los más ricos de su país se vuelven más ricos, le han dado la espalda a la Unión Europea y a una economía globalizada que les está fallando a ellos y a sus hijos.
No solo los británicos están sufriendo. Esa economía cada vez más globalizada, establecida y mantenida por la élite económica del mundo, le está fallando a la gente en todas partes. Por más increíble que parezca, las 62 personas más ricas del planeta tienen tanta riqueza como la mitad más pobre de la población mundial, cerca de 3 mil millones de personas. El uno por ciento ahora posee más riqueza que el resto del 99 por ciento. Los muy muy ricos disfrutan lujos inimaginables mientras miles de millones de personas sufren pobreza extrema, desempleo y carecen de educación, vivienda, agua potable y seguridad social adecuada.
¿Este rechazo al estado actual de la economía global podría darse en Estados Unidos? Por supuesto que sí.
Durante mi campaña para la nominación presidencial del Partido Demócrata visité 46 estados. Lo que vi y lo que escuché demasiadas veces fueron las dolorosas realidades que pasan desapercibidas por la élite política y los medios.
En los últimos 15 años, han cerrado cerca de 600.000 fábricas en el país y han desaparecido más de 4,8 millones de trabajos de manufactura bien pagados. Gran parte de este problema está relacionado con acuerdos comerciales desastrosos que animan a las corporaciones a mudarse a países con salarios más bajos.
A pesar del gran aumento en la productividad, la media de los hombres trabajadores en Estados Unidos gana hoy 726 dólares menos que en 1973, mientras que la media de mujeres trabajadoras gana 1154 dólares menos que en 2007, después de ajustar la inflación.
Cerca de 47 millones de estadounidenses viven en la pobreza. Unos 28 millones no tiene seguro médico y muchos otros tienen malos seguros. Millones de personas están luchando con niveles escandalosos de deuda estudiantil. Tal vez por primera vez en la historia moderna, nuestra generación más joven probablemente tendrá un estándar de vida menor que el de sus padres. Aún más alarmante: millones de estadounidenses con una educación deficiente tendrán una esperanza de vida menor que la generación previa pues sucumben ante la desesperación, las drogas y el alcohol.
Mientras tanto, en nuestro país el uno por ciento más rico ahora tiene casi tanta riqueza como el 90 por ciento de los más pobres. Cincuenta y ocho por ciento de todo el nuevo ingreso se está yendo hacia ese uno por ciento. Wall Street y los multimillonarios, mediante sus “super-PAC” (Comités de Acción Política), pueden comprar elecciones.
En mi campaña, hablé con trabajadores incapaces de ganarse la vida con apenas 8 o 9 dólares la hora; jubilados que sufren para comprar la medicina que necesitan aunque reciben 9000 dólares al año en seguridad social; jóvenes que no pueden pagar la universidad. También visité a ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico, donde el 58 por ciento de los niños vive en la pobreza y solo un poco más del 40 por ciento de la población adulta tiene un trabajo o está buscando uno.
Hablemos claro: la economía global no está funcionando para la mayoría de las personas en nuestro país ni en el mundo. Este es un modelo económico que desarrolló la élite económica para beneficiar a la élite económica.
Necesitamos un cambio verdadero.
Pero no necesitamos un cambio con base en la demagogia, la intolerancia y el sentimiento antiinmigrante que tanto ha prevalecido en la retórica de la campaña de la salida de la Unión Europea, y que es fundamental en el mensaje de Donald Trump.
Necesitamos a un presidente que apoye vigorosamente la cooperación internacional que estrecha lazos entre la gente a nivel global, que reduzca el hipernacionalismo y disminuya la posibilidad de una guerra. También necesitamos a un presidente que respete los derechos democráticos de las personas y que luche por una economía que proteja los intereses de los trabajadores y no solo los de Wall Street, las empresas farmacéuticas y otros intereses especiales.
Fundamentalmente, necesitamos rechazar nuestras políticas de “libre mercado” y movernos hacia un mercado justo. Los estadounidenses no tendrían que competir contra trabajadores en países que pagan sueldos bajos y que ganan centavos por hora. Debemos tumbar el Acuerdo Transpacífico. Debemos ayudar a los países pobres a desarrollar modelos económicos sostenibles.
Necesitamos acabar con el escándalo internacional en el que las grandes corporaciones y los más ricos no pagan billones de dólares en impuestos a sus gobiernos nacionales.
Necesitamos crear decenas de millones de trabajos a nivel mundial, combatiendo el cambio climático global y transformando el sistema energético mundial para que se elimine el uso de combustibles fósiles.
Necesitamos un esfuerzo internacional para disminuir el gasto militar en el mundo y abordar las causas de las guerras: la pobreza, el odio, la desesperanza y la ignorancia.
La noción de que Donald Trump podría beneficiarse de las mismas fuerzas que promovieron la salida del Reino Unido de la Unión Europea debería prender una alarma en el Partido Demócrata en Estados Unidos. Millones de votantes estadounidenses, como los ingleses que apoyaban el brexit, se sienten comprensiblemente enojados y frustrados con las fuerzas económicas que están destruyendo la clase media.
Estamos ante un momento clave, donde el Partido Demócrata y el nuevo presidente demócrata necesitan dejar claro que apoyamos a los que están luchando y a los rezagados. Debemos crear economías nacionales y globales que funcionen para todos, no solo para un puñado de billonarios.
Bernie Sanders, Senador de Vermont, es un candidato para la nominación Presidencial del Partido Demócrata
