Opinión
Por Jorge Enríque Robledo.- Si alguien puede saber verdades sobre los paraísos fiscales y los llamados “Panama papers”, en los que mencionan a 850 colombianos –casi todos aún ocultos–, es un ex director de la DIAN. Juan Ricardo Ortega ha hecho explicaciones que dejan en ridículo a los que ponen el énfasis, no en las generalizadas y notorias corruptelas del caso, sino en las excepciones. Porque, según Ortega y todo analista que no niegue los hechos, la razón fundamental para llevar dineros a Panamá y a países semejantes es la de ocultar que provienen de todas las formas del crimen organizado, la corrupción y la evasión tributaria (http://bit.ly/1SzHhq5 y http://bit.ly/1VHTME2). Luego el ilícito menor consiste en no pagar los impuestos, dejándoles la carga a los que sí respetan las normas.
En alguno de los papeles de la firma panameña Mossack Fonseca que se filtraron, empleados del bufete le dicen a un abogado colombiano: “Habíamos quedado pendientes en revisar un tema de refacturación que le envié propuesta (sic), pero el cliente desafortunadamente ya había sacado algunos montos y sustentado algunas partidas. Entonces concluimos que lo mejor era hacerlo para un próximo monto ya que podría ser muy visible ante la DIAN, para el mismo cliente y un riesgo para nosotros emitir una factura por un dinero que ya no está”. Y en otra comunicación hablan de “revisar cuál era la mejor forma de sacar el dinero del cliente como una inversión extranjera de colombiano afuera, para luego ese dinero pasarlo a la cuenta de una de las panameñas y traer nuevamente la plata Colombia como capitalización de la SAS” (http://bit.ly/1pqhPsr). Que nadie dude que entre los objetivos de esta firma está promover la ilegalidad de cuello blanco.
No se trata de sumas menores. El mismo Ortega comenta una tesis doctoral realizada en Francia en la que calcularon en cien mil millones de dólares las platas de colombianos en paraísos fiscales como Panamá y se calcula que la evasión tributaria por este concepto le cuesta al país seis mil millones de dólares anuales, unos 18 billones de pesos. Para darse una idea de a cuánto equivalen esas sumas, con la reforma tributaria en ciernes Santos aspira a sacarles a la clase media y al pueblo raso 16 billones de pesos en IVA y en otros impuestos. Y esto ocurre mientras, por presiones del gobierno de Panamá y de algunos nativos, Santos le retiró la clasificación de paraíso fiscal a ese país, declaratoria que permite perseguir estas corruptelas.
Dentro de la lógica de justificar a los colombianos que ilegalmente ocultan cien mil millones de dólares en Panamá y en otros paraísos fiscales, aparecen análisis en extremo cándidos o muy astutos que los presentan como víctimas, porque, dicen, en Colombia los impuestos son muy altos y para qué pagarlos si terminan en la corrupción oficial. En relación con la primera afirmación, es falso, así a toda hora repitan lo contrario, que en el país solo pagan impuestos los muy poderosos, los cuales tributan en exceso. Las cifras oficiales señalan que el impuesto de renta declarado por las cien empresas más grandes del país, sin incluir los bancos y donde 59 son extranjeras, representa menos del siete por ciento del total del recaudo de todos los impuestos, en tanto concentran el 40 por ciento de los activos de todas las compañías vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. Y se sabe de lo poco que pagan las personas naturales más poderosas. Que el debate sobre la reforma tributaria santista empiece porque el ministro de Hacienda haga públicas las cifras, certificadas, de los impuestos reales, no nominales, que cada sector paga en Colombia, porque si bien las opiniones pueden ser diversas, los hechos deben ser los mismos para todos.
Y quedan muy mal quienes arguyen que algunos tienen el derecho a enfrentar la corrupción oficial mediante el expediente de robarse los impuestos que deben pagar, al tiempo en que presionan para que se los aumenten a los pendejos que sí los pagan, mientras el país, también por una tributación exigua de acuerdo con los estándares internacionales, se hunde en el atraso, el desempleo, la pobreza y la mayor desigualdad social.
Las anteriores verdades no dejan de serlo porque también sea cierta otra realidad que indica que la filtración de los papeles de Mossack Fonseca proviene de la maniobra de un paraíso fiscal más poderoso que Panamá –este negocio existe en Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y otros 74 países y territorios–, para desplazarla de un negocio tan lucrativo como todos los que son corruptos.
Bogotá, 22 de abril de 2016.
Por Gabriel Ortiz.- La campaña política norteamericana sigue al rojo vivo, con unos candidatos que lucharán hasta el final, porque es mucho lo que está en juego, no solo para Norteamérica, sino para Latinoamérica y para el mundo entero.
Para nosotros la cosa es peor, porque Trump y gran parte de los republicanos tienen una fijación abierta contra los llamados inmigrantes hispanos e indocumentados, que son precisamente quienes, en su gran mayoría desempeñan, labores indispensables, que a pocos gringos les gustan. Cruz, el otro candidato, veladamente piensa igual.
Los demócratas tienen otra mentalidad de convivencia y tolerancia, porque valoran el trabajo de quienes han llegado a su territorio a crear riqueza e impulsar el desarrollo del primer país del mundo. Hay que tener en cuenta que los inmigrantes e indocumentados, no son únicamente los latinos, ni los hispanos, son los europeos, los asiáticos y cuantos anhelan el sueño americano.
La diplomacia norteamericana generalmente ha sido equivocada, especialmente con los hispanos. Les han dado tratamiento de tercera. Como decía el ex presidente Betancur, “nos han considerado el patio trasero”.
Hillary y Sanders, tienen mentalidades abiertas para hacer los cambios que los Estados Unidos necesitan, aprovechando la energía de las mentes y los brazos de los inmigrantes. Esa fuerza vital, leal y pujante, es la piedra angular para mantener la grandeza de un país, de una nación.
Trump, sería un peligro para la paz del mundo y el liderazgo de los Estados Unidos. Su demagogia y fobia contra los inmigrantes podrían cambiar el derrotero de un país que fue creado y engrandecido precisamente por foráneos, por forasteros, por esos inmigrantes que llegaron para sentar raíces y crear riqueza, no para saquear, y llevarse todo como nos ocurrió.
La pared de Trump, no cambiaría el rumbo de la historia norteamericana, porque como se pretendió con el “muro de la infamia” que dividió a Alemania, no se pudo eliminar una hermandad, una manera de construir vida, mundo, progreso.
Lo grave que se ve en Estados Unidos, es una fobia de los propios hispanos por sus hermanos, por su raza, por lo nuestro. Olvidan que llegaron como inmigrantes, indocumentados y perseguidos. Hoy son muchos los que adoran Trump y le entregan sus votos. ¿Quién lo creyera? Como ya resolvieron su problema, odian a quienes les siguen sus pasos… Qué insolidaridad “trompiana”.
BLANCO: Se frustró la destrucción de La Macarena.
NEGRO: La desgracia de los ecuatorianos.
Por José Gregorio Hernández.- La Constitución de 1991, que cumple veinticinco años, consagra el respeto a la dignidad de la persona como fundamento esencial del sistema político y como base necesaria del orden jurídico. Por eso, es muy clara al señalar que una de las finalidades de la organización estatal -y por lo tanto la tarea de todos y cada uno de los servidores públicos- consiste en garantizar la efectividad de los derechos, libertades, garantías y deberes de los asociados.Aquí cabe decir que un derecho puramente teórico o una garantía apenas formal no merecen sus nombres.
La Asamblea Nacional Constituyente, autora del Estatuto, ha sido reconocida a nivel internacional por haber plasmado una moderna carta de derechos -fundamentales, políticos, sociales, económicos, culturales, colectivos- y los mecanismos judiciales idóneos para su protección. Y a lo largo de este cuarto de siglo la Corte Constitucional, mediante su jurisprudencia, ha asegurado que tales derechos y sus garantías no se reduzcan al papel y, por el contrario, cobijen ciertamente a la población y puedan ser reclamados ante los jueces.
En virtud de mandatos constitucionales, como el artículo 93, se ha dado valor prevalente a los tratados internacionales ratificados por Colombia sobre derechos humanos.
La Corte Constitucional ha definido el bloque de constitucionalidad como unidad jurídica compuesta por normas y principios contemplados en tratados internacionales sobre derechos humanos, en el Derecho Internacional Humanitario, en la propia Constitución y en leyes estatutarias y en otras disposiciones, integradas entre sí con el fin de amparar efectivamente los derechos fundamentales.
Son reglas jurídicas que, aun sin aparecer formalmente en el articulado de la Carta, son utilizadas como criterios y parámetros del control de constitucionalidad de las leyes y decretos con fuerza de ley. Tales preceptos han sido integrados a la Constitución por diversas vías y por mandato de ella. Se trata entonces, como enseña la Corte, de verdaderos principios y reglas de valor y jerarquía constitucional. Son normas situadas en el nivel constitucional, aunque no estén incorporadas a la preceptiva de la Constitución en estricto sentido.
El artículo 94 de la Carta, por su parte, subraya el carácter fundamental de los derechos y sus garantías aunque no estén expresamente consagrados. Al respecto declara: “La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”.
La de 1991 es una Carta humanista, democrática, participativa y protectora de los derechos.
La dejación de armas, es uno de los cayos en la mano. El gobierno insiste en ponerle fecha y plazos. Pero otra cosa piensan los guerrilleros.
Por Jairo Gómez.- Concluyó el ciclo 49 después de tres años y seis meses de negociación en La Habana. Un escueto comunicado conjunto nos notificó a los colombianos que “Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC- EP hemos trabajado intensamente en la revisión de temas en torno al punto 3 de la Agenda Fin del Conflicto”.
Y más adelante nos señala: “En los últimos días, hemos logrado aproximar las visiones sobre los términos del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, proceso de dejación de armas y garantías de seguridad”.
Evidentemente, el punto tres de la agenda sobre “Fin del Conflicto” no iba a resultar fácil de negociar. Hoy las delegaciones nos hablan de aproximaciones. No es para menos, en toda negociación siempre habrá desencuentros y las posiciones, cuando se está al final del proceso, se endurecen; y eso pasa hoy en la mesa. Para la muestra un botón:
La dejación de armas, es uno de los cayos en la mano. El gobierno insiste en ponerle fecha y plazos. Presiona para que este proceso sea lo más breve posible. De esta posición se infiere que para los negociadores oficiales la dejación es un momento, y compete solo a la voluntad de las FARC cumplirlo.
Pero otra cosa piensan los guerrilleros que, desde su lógica, aseguran que la entrega debe hacerse paulatinamente en las zonas de conflicto conforme se vayan implementado los acuerdos y materializando la reintegración; van más allá, la dejación de las armas debe ir acompañada de un acuerdo entre las partes que identifique fórmulas de cambio en la doctrina de las Fuerzas Militares, como eliminar las estrategias contrainsurgentes, y el imperativo de regresar la Policía Nacional a las toldas del Ministerio del Interior.
Otro forcejeo en la mesa, desde la perspectiva del gobierno, es que las FARC se asienten temporalmente en puntos específicos de la geografía nacional, que sus integrantes se registren, opten por cedularse y acojan el compromiso del no rearme y la reintegración, hasta ahí todo bien. Lo que incomoda a las FARC es que los negociadores del gobierno quieran evitar que sus filas puedan reunirse con la población civil, además de exigir que las armas sean depositadas en lugares específicos, mientras dure el cese bilateral. Según el gobierno solo podrían portar el armamento necesario para la defensa personal.
Entonces, aparece la contrapropuesta de las FARC que sugiere crear, en las zonas de concentración, las “terrapaz”: áreas definidas en donde los guerrilleros pueden movilizarse libremente y hacer proselitismo con la población civil. En ese contexto, insisten los rebeldes, la dejación de armas se hará paulatinamente, y el compromiso debe ser bilateral.
Dos posiciones antagónicas que hoy van en aproximaciones. Bien lo dijo el Comisionado Sergio Jaramillo: “estamos en la etapa de temas duros y definitivos”. Desencuentros en La Habana, pero no insalvables.
Por Amylkar Acosta M.- A mediados del año pasado, el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, ante los nubarrones que se posaban sobre la economía colombiana, le daba un parte de tranquilidad al país: “la tasa de cambio flexible nos ayuda a estimular las exportaciones y a sustituir importaciones, por lo que se reduce el déficit en cuenta corriente” y remataba diciendo que “el peso más débil ayudará a la recuperación del crecimiento, llevándolo a su ´velocidad de crucero´ de entre 4.5% y 5% por año”, al tiempo que le apostó a un crecimiento del PIB para el 2015 del 3.5%.
Pues nada de lo que él previó pasó, empezando porque el crecimiento del PIB el año pasado cerró en un 3.1%, muy por debajo del 4.6% de 2014. Claro que para el Ministro Cárdenas, frente al mal de muchos, “si nos comparamos con el resto de Latinoamérica vamos bien”. Dicho coloquialmente, la habíamos sacado barata, porque nos pudo haber ido peor.
2014 y 2015 han sido dos de los tres peores años en el desempeño de la economía colombiana en la última década, afectada por la caída de los precios de los commodities y su demoledor impacto en las finanzas públicas, el desplome de la actividad industrial, la caída del consumo y la inversión privada, el déficit histórico en la cuenta corriente de la balanza de pagos, la devaluación y de contera el encarecimiento del servicio de la deuda externa. De allí que, dados los vientos en contra y el adverso entorno externo, las perspectivas de la economía colombiana sean tan sombrías.
Después de casi una década de revaluación del peso frente al dólar, en el 2015 la moneda colombiana se depreció el 37.2%, rebasando con creces la cotización del deseado “dólar Cárdenas” de los $2.000 el dólar y llegó a rozar los $3.500. Pero el peso “más débil” ni estimuló las exportaciones ni ayudó a la recuperación del crecimiento como se esperaba.
Como lo advierte el Presidente de ANALDEX Javier Díaz, “hay dificultades para retomar la senda del crecimiento, cuando uno mira el aprovechamiento de los acuerdos, este no se ha dado en buena medida porque nuestra economía sufrió una revaluación que golpeó el aparato productivo colombiano”.
Según la OMC, las importaciones mundiales se estancaron por completo entre 2010 y comienzos de 2014 y desde entonces hasta la fecha han bajado 14%. Es más, según la OMC, el comercio mundial crecerá en 2016 2.8% y no el 3.9%, que era su anterior cálculo. Y no hay que perder de vista, además, que las dos terceras partes del comercio mundial son manufacturas y sus partes o componentes.
De allí que, como lo afirma el ex ministro de comercio Carlos Ronderos, “el mundo que nos queda para ampliar nuestro comercio está relacionado con nuevos productos”, pero que, además, “vayan a mercados que hayan devaluado menos que nosotros”. Y lo corrobora Javier Díaz cuando asevera que “hay una menor demanda por nuestros productos. No basta con que el dólar esté alto para que se disparen las exportaciones y haya una reacción inmediata. Es que no hay mercado y los precios cayeron”, no sólo los de las exportaciones tradicionales sino los de las no tradicionales.
Así las cosas no es de extrañar que el año anterior, según cifras del Banco de la República, el déficit en cuenta corriente de la Balanza de pagos si bien bajó en términos absolutos con respecto a 2014 US $668 millones, al pasar de US $19.593 millones a US $18.925 millones, dicho déficit equivale al 6.4% del PIB, 1.2 puntos porcentuales más alto que en 2014, contra un déficit histórico del 3%. Esta aparente paradoja se explica por la reducción en dólares del PIB corriente.
En lo corrido del año la caída de las exportaciones persiste y registra una disminución del 31%, al pasar de US $6.035 millones FOB para el mismo período en 2015 a US $4.156 millones.
La crisis del sector externo se acentúa aún más con la caída de la inversión extranjera directa, por cuyo concepto entraron al país en 2015 US $11.427 millones, 24.37% menos que en 2014, esto es, una caída de US $3.682.07 millones en sólo un año, siendo el descenso mayor en el sector minero (US $533 millones) y petrolero (3.063 millones), cayendo el 66% y el 25%, respectivamente. La situación, entonces, es preocupante y amerita andar con pies de plomo.
Bogotá, abril 17 de 2016
www.fnd.org.co
Por Felicia Saturno Hartt.- Tal vez los que vivimos en el primer decalustro de este siglo, habiendo nacido en el anterior, tenemos la suerte de mirar en retrospectiva intensos procesos sociales y políticos que han cambiado, no sólo el quehacer de la humanidad, sino sus paradigmas e incluso ampliado el sentido de la libertad.
Pero aún son persistentes las visiones reduccionistas del mundo. Esas que hacen dueño de la verdad a quien profese un credo, a quien milite en una fuerza política, favorecida por los votos y las mentiras de cambio en spray, a los que hacen de la moral y la ética un decálogo de obligaciones sin tiempo y espacio.
Nunca pensé, cuando transitaba los espacios de mi Alma Mater, en los ya lejanos años ochenta, que, en el año 2016, aún los mismos prejuicios y estereotipos, que provocaron las grandes protestas de los años 60, 70 y 80, estarían no sólo en la reflexión colectiva, sino en las agendas políticas.
El aborto, los derechos humanos de los homosexuales y de la amplia diversidad sexual, hoy reconocida por la Ciencia, la propiedad, la familia, en sus manifestaciones más diversas y solidarias y la discriminación tuviesen, en estos días, el mismo enfoque y los mismos enemigos. Entre muchos temas que aún provocan airadas pretensiones de mesías religiosos, de corte más fundamentalista que los ayatolás, hoy más ponderados, por el cambio callado de esas sociedades.
He observado con preocupación la visión de túnel de algunos políticos, representantes de un electorado, cada vez más plural y más enterado, que votó por ellos para lograr reivindicaciones y no prohibiciones.
¿Acaso un representante, congresista o diputado, concejal o edil, tiene que defender los derechos de la gente, haya votado por él o no, por el hecho de haberse tornado en servidor público por el voto y el cobro de sus dietas o emolumentos?
La gente quiere sentirse ciudadano, porque los deberes son obligaciones que recuerda el aparato comunicacional del estado, cuando cobra los impuestos y amenaza con multas y sanciones, entre otras formas de lograrlo, y los derechos son los que deben garantizarse, por encima de cualquier diferencia.
Cuando le negamos a una persona la posibilidad de ser igual ante la ley a los otros, en términos de etnia (no raza), economía, sexo, status jurídico, libertades públicas, constitucionalmente contempladas, estamos ante una violación de sus DDHH.
Desde Rousseau hasta Berlín, todos, absolutamente todos, han expresado, de forma enfática, que lo que define a la Democracia, en sus imperfecciones, son sus condiciones: pluralidad, libertad, justicia, igualdad, respeto, desde la esfera de lo individual; y desde la dimensión social, Democracia es equidad, legitimidad, legalidad, participación y paz.
Dos esferas, dos dimensiones, que se integran y hacen posible que el ciudadano existe como tal y el Estado y su gobierno logren sus objetivos.
Precisamente, el obscurantismo ante el aborto, el totalitarismo ante los sexodiversos y el apoyo y la omisión ante la corrupción que dilapida el patrimonio de nuestras naciones, me recordaron un ensayo sobre la Libertad Política, que Isaiah Berlín desarrolló en la década de los 50, donde hablaba de la libertad negativa, cuando los obstáculos son creados por el hombre, tanto de forma deliberada como involuntaria, que depende del grado en que tales obstáculos creados sean avalados por instituciones.
Es negativa, en este contexto, porque priva gradualmente a las personas de su libertad de elección y serían sólo libres los difuntos porque ellos no tienen expectativas y deseos.
Porque el sentido de la Libertad Política radica en poder opcionar, elegir, representar, tener posibilidades de acción. Lo contrario, es el control y eso es Fascismo, la máquina del horror que iguala, esconde, viola, reprime y señala a la gente.
En esta época de profundas contradicciones requerimos estar alertas, porque aún la verdadera independencia que garantiza los valores supremos del hombre tiene enemigos poderosos y, muchas veces, los hemos elegidos nosotros mismos.
Por Luis Fernando García Forero.- En la actualidad estamos viviendo importantes y significativos cambios sociales, que han generado un nuevo orden y han puesto a prueba las visiones que tratan de organizar el mundo.
En este contexto, de cambios y desafíos, estamos en una verdadera revolución, no sólo tecnológica y comunicacional, con el poderosísimo impacto de la tecnología y las interacciones, sino una revolución sociopolítica.
La sociedad de la Era Digital está poniendo a prueba a todos los actores de la humanidad. La inmediatez, la interacción y la diversidad, propias de esta era, son nuevos retos a la política y a los que hemos hecho de ella nuestra misión de vida.
La globalización y las telecomunicaciones ampliaron las necesidades y las exigencias del mundo. En otras palabras, diversificaron los escenarios, hicieron visible a todos y, por ende, ampliaron el espectro de las demandas y expectativas políticas.
Estas demandas y expectativas, por sí solas, son una exigente prueba a los principios que comandan la acción, ya que no sólo tenemos que velar por una sociedad más justa, equitativa y con instituciones sólidas, que resguarden la vida y los derechos de los ciudadanos y sus comunidades y familias, sino aceptar los desafíos que implica legislar o proyectar para los entornos digitales, sin perder la perspectiva del derecho a la información, a la privacidad y a la accesibilidad.
Esto es una situación que amerita una reflexión profunda y una posición clara y definida, porque el Internet, en otras expresiones extraordinarias del avance tecnológico, ha conjurado los fantasmas del control y la represión en algunos gobiernos y organizaciones, porque la accesibilidad y democratización de los contenidos puede influir en las opiniones y las acciones de las personas y generar mayores y más exigentes demandas.
Como Liberal estimo que estos nuevos escenarios y contextos traen a la mesa de diálogo los temas que han enriquecido el debate liberal de todos los tiempos y todas las épocas. Sobre todo la discusión sobre la libertad y la propiedad.
La Era Digital como escenario nos exige a los políticos respeto, moderación y responsabilidad, rasgos que definen el accionar de la democracia como sistema político, en el marco de sus dos grandes cualidades: la libertad y el pluralismo.
Las pruebas del Liberalismo Moderno no están en definirse entre los extremos, sino reinventarse ante los desafíos de un mundo que seguirá cambiando, aunque no se actúe.
Esta era es una infinita posibilidad de democratización del mundo, al tener no sólo la poderosa oportunidad de relacionarnos con las necesidades, expectativas y visiones de la gente, sino de dialogar y participar como actores en esos procesos.
La comunicación siempre será un proceso antitotalitario y el mayor recurso para preservar a la Democracia de sus consecuentes enemigos.
Por Gabriel Ortiz.-Las encuestas se han convertido en el “coco” de políticos y gobernantes, también de algunos medios de comunicación. De un tiempo para acá, las encuestas sobre favorabilidad del Presidente Santos, han ido cayendo, lo mismo que las acciones de su gobierno. Según las mediciones, se está deteriorando aceleradamente. Unas lo sitúan por los lados del 34 por ciento (CNC), otras menos optimistas (Gallup) lo bajan al 24%. Y hay otras más, que tampoco coinciden.
Esa la razón para que, el uribismo se avispara y convocara una marcha para el 2 de abril y esperaba que el país entero desfilara para pedirle al presidente desde la renuncia, hasta la eliminación del proceso de paz.
El Senador Uribe, su candidato de bolsillo, Oscar Iván y sus huestes, infestaron las redes sociales y con toda suerte de apelativos, llamaban a los colombianos a desfilar. El ideólogo José Obdulio Gaviria estimó que ocho millones saldrían a la calle.
Según dicen, hubo plata a la lata para estimular a las gentes, y en algunas partes amenazas, según dijeron en su oportunidad las autoridades.
La expectativa era general, pues la efervescencia daba a entender, según las encuestas, que todo el país –o por lo menos los seguidores que tiene el uribismo- saldrían a marchar para presionar al gobierno. Los no participantes, no lo harían por estar “enmermelados” o ser apátridas y bandidos.
Vino el esperado 2 de abril. Hábilmente se empezaron a dar a conocer, por internet, las “nutridas” manifestaciones captadas con cámaras muy bien manejadas que abultaban la asistencia. Pero cuando empezaba a conocerse la realidad en Bogotá y Medellín, el cuadro se descolgó.
La policía calculó en 81.900 las personas que desfilaron en 26 ciudades. Ese estimativo desinfló el uribismo, porque como dicen los políticos, la encuesta es la del día en que se pronuncia la gente. Los anunciados 8 millones quedaron en nada. El Centro Democrático pierde credibilidad, no son tantos, o no obedecen al jefe; o Santos no está como dicen las encuestas. A propósito: ¿cuantos serán hoy los uribistas? La encuesta del 2 dijo otra cosa.
BLANCO: Se avecina la reparación de Guatapé. Aceleradamente la ejemplar EPM, trabaja para superar los daños que la dejaron por fuera. Fue un caso fortuito, no falta de mantenimiento.
NEGRO: Cuidado: nos están preparando para nuevas alzas en la energía. Y la Creg ahí.
Por José Gregorio Hernández.- En los asuntos relativos a la paz, que, como proclama el artículo 22 de la Constitución, es un derecho y a la vez un deber de todos, las cosas tienen que ser analizadas con objetividad y con mesura, sin caer en excesos. Lo correcto es apoyar los procesos, sin perjuicio de la sana crítica.
Como lo dijimos en su momento respecto a las Farc, es indudable la importancia que tiene la decisión gubernamental de entrar en conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (Eln).
Desde luego, pensamos que el Presidente de la República ha debido insistir mucho más en las exigencias mínimas a la organización guerrillera, particularmente en lo que toca con los secuestros y con los ataques a la infraestructura energética del país. Por eso, habiendo afirmado el doctor Santos, de manera terminante, que no iniciaba las conversaciones sino sobre la base de la liberación de personas plagiadas, es cuando menos una contradicción -con la consecuente pérdida de autoridad- que el proceso haya principiado cuando la liberación de Ramón Cabrales fue pagada- es decir, hubo extorsión y no acto humanitario y cuando solamente después de iniciado el proceso, el Eln ha dejado libre a un miembro de la Fuerza Pública y al ex gobernador del Chocó.
No obstante, aún con todo eso, la noticia es buena para el país. Tenemos que llegar, por la vía del diálogo y la negociación política, a la terminación plena del conflicto. En tal sentido, es lo cierto, como ya lo habíamos expresado que la paz con las Farc, si se llega a un acuerdo final tras todos estos meses de negociación, no era suficiente. Es indispensable vincular al Eln, así sea como se ha divulgado dentro de un proceso distinto y con una metodología diferente.
En todo caso, no podemos hacernos la ilusión de que la paz está a la vuelta de la esquina. Se ha avanzado mucho, pero faltan varios puntos de acuerdo con las Farc y todos con el Eln.
El asunto, entonces, no es de meses sino de años, y para ello lo mejor es que los diálogos con los delegados del Eln tengan lugar cuanto antes, y que, como se señaló en el documento divulgado, sean ininterrumpidos y con una hoja de ruta seria y cumplida.
Por Jorge Gómez Pinilla. Tomado de El Espectador.-En este conflicto armado que amenaza con agravarse, tienen razón los que decían que convenía iniciar también conversaciones de paz con las fuerzas que representa Álvaro Uribe. A la par que se desmovilizan las FARC y el ELN asistimos a la consolidación de un movimiento guerrillero neoparamilitar, que se expande con la intención de remplazar a esos grupos y ocupar territorio, hacia el objetivo estratégico de recibir tratamiento político en un futuro.
Son tres las agrupaciones que en este escenario hacen sentir su accionar desde que ocurrió la supuesta desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia: 1) Las Autodefensas Gaitanistas (AGC), que los medios identifican como el clan Úsuga o los Urabeños; 2) Los Rastrojos o Rondas Campesinas Populares (RCP), creados por Wilber Varela alias "Jabón"; y 3) Las Águilas Negras, que agrupan a los paramilitares que no quisieron desmovilizarse, entre ellos Vicente Castaño. Cada uno de estos grupos tiene presencia en 119, 76 y 39 municipios respectivamente, para un total de 234 municipios ‘influenciados’.
El paramilitarismo en Colombia no surgió por generación espontánea. Fue el resultado de una alianza entre empresarios y ganaderos que ponían la plata, mientras sectores militares de extrema derecha armaban, protegían y capacitaban a esos grupos para que hicieran el trabajo sucio de ejecutar masacres sobre cualquier vereda o pueblo del que se sospechara que apoyaba a guerrilleros, en función de lo que ellos llamaban “quitarle el agua al pez”. Eran acciones de corte terrorista, pues se trataba de sembrar el terror para cortar con baños de sangre cualquier posible vínculo anterior o futuro entre pobladores y guerrilla.
La verdad monda y lironda es que estos grupos no desaparecieron, porque el enemigo al que querían aplastar tampoco desapareció. Y en consideración a que podían requerir nuevamente de sus servicios (como viene ocurriendo), lo que hicieron fue disminuir el número de efectivos bajo la tramoya de una negociación en Ralito, pero se dejó intacta su capacidad bélica. Esta es precisamente la que hoy renace al son del paro armado que inmovilizó a 36 municipios de cinco departamentos (Córdoba, Sucre, Bolívar, Antioquia y Chocó) como antesala de la ‘celebración’ de la marcha uribista del pasado 2 de abril, a la que invitaron con panfletos intimidatorios tanto el clan Úsuga como Las Águilas Negras.
En este contexto es bien diciente lo que le dijo Uribe a Noticias RCN desde Medellín, la ciudad donde fue más concurrida la marcha: “Le dan impunidad a un grupo, aparece otro. Así Colombia no saldrá de la violencia, y nos ayuda a crear conciencia sobre el efecto destructor de la corrupción”. Luego, el mismo periodista-activista que encabezó su nota diciendo “es incalculable el número de personas que se sumaron a esta gran protesta nacional”, retomó las palabras de Uribe para señalar que “el paro armado en Colombia obedece a la corrupción que el gobierno ha ofrecido, impunidad que ha alimentado el poder de las estructuras criminales”. Y a continuación el reportero dio paso de nuevo a las palabras de Uribe, quien dijo casi lo mismo que segundos antes, como si quisiera recalcar el libreto en ese punto específico: “Cada que le dan impunidad a un grupo terrorista, surgen otros. Cuando se le da impunidad a un grupo narcoterrorista, los demás se sienten autorizados para escalar el delito”. Ojo: “autorizados”.
¿Y cuál creen que fue el titular que le encontró el noticiero que dirige Claudia Gurisatti? Un cuarto eco para la misma idea: "Cada que le dan impunidad a un grupo terrorista, surgen otros": Uribe durante marcha”. (Ver nota de RCN). No se requiere ser semiólogo para advertir que en esta reiteración semántica se aprecia un mensaje subliminal de justificación y apoyo, tanto al grupo organizador como al paro armado que había terminado el día anterior. Y hay además una amenaza intimidante, cuando el senador Uribe anuncia que “Colombia no saldrá de la violencia”.
Pero fijémonos sobre todo en la justificación, porque allí da a entender que si fue posible negociar con un grupo narcoterrorista de izquierda, igual se requerirá un día negociar con el grupo narcoterrorista de derecha que no solo patrocinó su marcha sino que puso especial empeño logístico en Córdoba, cuna del paramilitarismo en Colombia y sede de la hacienda El Ubérrimo, al ladito de Montería, paralizada 24 horas antes por ese reducto paramilitar del que el expresidente no se puede sentir orgulloso de haber desmovilizado, pero que tanto le ha ayudado a su proyecto desde la trastienda.
El gobierno de Juan Manuel Santos cometió un grave error cuando subestimó el tal paro armado y no militarizó la región para garantizar la movilidad de los ciudadanos, con lo cual le dio pólvora al uribismo, al capitalizar este a su favor la ausencia del Estado en tan crucial momento. La militarización de la vida civil se dio entonces desde la otra orilla, y a las Fuerzas Armadas se les vio asumir un papel omisivo, o cobarde, o… ¿de repliegue táctico?
Sea como fuere, estamos ante un fenómeno neoparamilitar que amenaza con crecer si no se le pone a tiempo su tatequieto, porque asume como propia la doctrina de la Seguridad Nacional que identifica en líderes populares y gente de izquierda al ‘enemigo interno’ que se debe destruir, como en efecto ha comenzado a ocurrir de nuevo. Ya el editorial de El Espectador del 2 de abril (Andan sueltos los jinetes de la muerte) alertaba sobre el alto número de “asesinatos selectivos de defensores de derechos humanos, activistas de tierras y en general líderes de izquierda afines al proceso de paz”, mientras el alto comisionado para los Derechos Humanos, Todd Howland, advertía que “casi la mitad de estas personas están relacionadas con el Partido Comunista, la Marcha Patriótica o la UP”. Demasiada coincidencia, sin duda.
El neoparamilitarismo llega con la consigna de sembrar zozobra, y esa zozobra le cae como anillo al dedo al propósito de las fuerzas oscuras interesadas en demostrar que nunca se debió negociar con los terroristas de izquierda, porque ellos, los terroristas de la derecha, persistirán en su propósito de aniquilar al enemigo desmovilizado, u obligarlo a regresar al monte.
Mejor dicho, bonito posconflicto el que nos espera con estos nuevos aliados del ‘guerrero’ Álvaro Uribe Vélez…
DE REMATE: El cubrimiento que hizo RCN Noticias de la marcha uribista fue vergonzoso: cambiaron el periodismo decente por el más impúdico proselitismo político. Le dedicaron la primera media hora a la marcha. La segunda noticia fue el anuncio del presidente Santos referido a que no habrá racionamiento. Duró dos minutos. Me apiado de los pobres periodistas a quienes obligan a hacer propaganda de exaltación al uribismo a cambio de vergonzosos sueldos.
