Opinión

“Planteamos que así como las comercializadoras le aplicaban la opción tarifaria a sus usuarios otro tanto se debía permitir a las comercializadoras por parte de las generadoras para repartir la carga financiera que la misma comporta”.

Por Amylkar D. Acosta M*. - Cómo se recordará en octubre del año pasado XM, la empresa que administra el mercado mayorista, alertó sobre el riesgo del efecto dominó que podía derivar en una crisis sistémica que comprometiera la prestación del servicio de energía, debido a la insolvencia que podían enfrentar 36 comercializadoras a consecuencia de la abultada deuda contraída con ella por parte de sus usuarios por cuenta de la aplicación de la opción tarifaria que se aplicó a raíz de la pandemia, como alivio temporal, difiriendo las alzas tarifarias. En su momento planteamos que así como las comercializadoras le aplicaban la opción tarifaria a sus usuarios otro tanto se debía permitir a las comercializadoras por parte de las generadoras para repartir la carga financiera que la misma comporta. Se habló entonces del riesgo de un apagón financiero.

Solo cuando una de ellas, Air- e, entró en crisis por su insolvencia y estuvo a punto de enfrentar una limitación de suministro que conduciría a su intervención por parte de la Superintendencia de servicio públicos domiciliarios se pellizcó el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho y expidió una Resolución permitiendo diferir hasta el 20% de las obligaciones mensuales con los generadores, pero solo hasta el pasado 31 de diciembre.

Pero esta medida no pasaba de ser un placebo, no un remedio. Ante la insuficiencia de la medida se recetó por parte del Ministerio otro placebo, autorizando a FINDETER para que abriera una línea de crédito por un monto de solo $1 billón cuando la deuda por la opción tarifaria sobrepasaba los $5 billones, a la cual se vino a añadir la deuda del Gobierno por concepto de reconocimiento de los subsidios aplicados por las comercializadoras a sus usuarios de los estratos 1, 2 y 3 que asciende a $1.5 billones más $1 billón que le adeudan los usuarios oficiales y constitucionalmente protegidos, que sumados ascienden a $7.5 billones.

Aquí hagamos una digresión a propósito de la morosidad de las entidades públicas para decir que, según reza el artículo 318 de la Ley 1955 de 2019, “el incumplimiento por parte de cualquier entidad estatal de sus deberes como usuarios de servicios públicos, especialmente en lo relativo a la incorporación en los respectivos presupuestos de apropiaciones suficientes y al pago efectivo de los servicios utilizados, es causal de mala conducta para sus representantes legales y los funcionarios responsables, sancionable con destitución”. Por su parte el entonces Procurador General de la Nación Edgardo Maya expidió la Circular 048 del 11 de septiembre de 2008, con base en el artículo 12 de la Ley 142 de 1994, notificándoles a los alcaldes y gobernadores que el incumplimiento de dicha disposición es una “falta gravísima”. Huelga decir que las autoridades deben predicar con el ejemplo.

Ante el requerimiento de las empresas, el Congreso de la República, que en ese momento tramitaba el proyecto de presupuesto, aprobó ampliar el cupo de crédito en FINDETER hasta la concurrencia del valor total de la deuda por concepto de la opción tarifaria. Sin embargo, hasta el momento solo se han desembolsado $450.000 millones del billón inicialmente autorizado y más recientemente se autorizó ampliar el cupo de crédito en otro billón más. Así, a cuentagotas es como vienen fluyendo los recursos del crédito con el que se busca solventar la angustiante situación que afrontan las comercializadoras.

Ello ha llevado a las comercializadoras a poner nuevamente el grito en el cielo: “si no tenemos oxígeno (liquidez), las empresas se podrán ver en aprietos" exclamó el director ejecutivo de ASOCODIS José Camilo Manzur. Y ello, en medio de los avatares, incertidumbres y la inclemencia de un fenómeno de El Niño fuerte, que está poniendo a prueba la fortaleza de todos los eslabones de la cadena del Sistema eléctrico. Uno de ellos que falle y estaremos en problemas para sortear esta contingencia.

Y, como afirma el Gerente general de Air-e Santiago Posso, “la línea de crédito desembolsada por Findeter ha brindado un alivio temporal por un corto plazo. Sin embargo, es evidente que se requieren medidas regulatorias más sólidas y una mayor disponibilidad financiera para afrontar esta situación a largo plazo en medio de un fenómeno de El Niño como el que actualmente atraviesa el país", que es retador.

También se solicita por parte de ASOCODIS que, además del giro inmediato del pago pendiente del monto de los subsidios por parte del Ministerio de Hacienda,  se dé la pronta intervención de la Procuraduría, “para que tome acciones ejemplarizantes y disciplinarias contra las cabezas de las entidades estatales que tienen millonarias deudas por el no pago del servicio de energía eléctrica, pese a que por ley deben apropiar los respectivos recursos en sus presupuestos”. Para luego es tarde!

Piden, además, que “se prorrogue la norma que permite diferir hasta el 20% de las obligaciones mensuales de pago por transacciones en el Mercado de Energía Mayorista, ya que perdió su vigencia el pasado 31 de diciembre”. Y, de contera, le urgen al Gobierno el giro de los subsidios en mora.

Hasta ahora el único paso que ha dado el Gobierno es la expedición por parte de la CREG de una Resolución autorizando a las comercializadoras para que empiecen, a partir de este mes de enero, en el transcurso de los próximos diez años, cobrar a los usuarios el monto adeudado por concepto de la opción tarifaria, que debe marchar concomitantemente con el acceso al financiamiento de las empresas comercializadores, para evitar una crisis de insolvencia que les dificulte el flujo de caja.

Cota, febrero 17 de 2024

*Economista. Expresidente del Congreso y ex ministro de minas y energía.

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“…La unión solidaria y pacífica… disuade a los violentos”.

Por José Félix Lafaurie Rivera*.  -   18 de enero. Cientos de personas invaden la finca ‘La María’, municipio de La Paz, Cesar; incendian, arrasan lo que encuentran a su paso e instalan sus ranchos. “Primero se cansa el ganadero, antes de que nos saquen”, fue su amenaza a los propietarios.

5 de febrero. Es secuestrado el ganadero Óscar Mauricio Torres, en la Hacienda Yarí, municipio de Tauramena, Casanare.

13 de Febrero. 28 novillos son hurtados de la Hacienda Betulia, municipio de Maceo, Antioquia.

14 de febrero. Cuatro camiones con ganado, es decir, entre 50 y 60 animales adultos son hurtados en la Hacienda La Ignacia, municipio de Caimitos, Sucre.

Un informe reciente de la Policía Nacional da cuenta de ¡33.650! casos denunciados de robo de ganado entre 2010 y 2023; un promedio de 1.300 al año, de cuatro por día y una estimación de más de 3 millones de animales robados.

De la extorsión ni hablar. Es un impuesto oculto y maldito que nunca se fue de las regiones ganaderas, protegido por el silencio a que obliga el miedo a la pérdida del patrimonio, de la libertad o de la vida.

Hoy, más de 400 municipios en la extensa ruralidad colombiana, casi la mitad del país, están bajo control territorial de los bandidos, afectando la vida campesina, la producción agropecuaria y la ganadería principalmente. ¿La razón?: Porque la “paz estable y duradera” de Santos, que nunca llegó, se convirtió en “violencia creciente y duradera” al amparo de la permisividad con el narcotráfico, en lucha por la expansión del control territorial que el Estado ha perdido, dejando a merced de los violentos a millones de compatriotas.

Ese entorno de violencia generalizada es el porqué de los “Frentes Solidarios de Seguridad Ganadera” que impulsa FEDEGÁN y cuyo diseño y organización encomendamos a un verdadero experto, el general (r) Fernando Murillo, exdirector del Gaula de la Policía, de la Dijin y de Interpol Colombia.

Como ha explicado el general Murillo, no “inventamos el agua tibia”, pues los Frentes de Seguridad son un programa de la Policía Nacional, basado en la colaboración ciudadana con la Fuerza Pública. De hecho, existen más de 10.000 Frentes de Seguridad Ciudadana en los barrios de nuestras ciudades y más de 4.000 Frentes de Seguridad Empresarial.

Ahora, ¿para qué? Para recuperar el territorio, porque ¡el territorio no puede ser de los bandidos!; para construir un “Tejido Solidario de Protección” que actúe como muro de contención contra la delincuencia y derrote el miedo a punta de solidaridad y colaboración con la Fuerza Pública y las autoridades, porque no hay peor consejero que el miedo, que trazó el camino de experiencias pasadas que el país no quiere volver a transitar. Y el gran para qué: la gente; para devolverle la paz y las posibilidades de progreso.

Finalmente, el cómo. Primero, con “articulación virtuosa” con la Fuerza Pública y las autoridades; con sus altas instancias, por supuesto, pero más importante aún, con quienes están en los territorios, con quienes podemos establecer una relación de cercanía, con el teniente a cargo del Comando Municipal, con el alcalde, el fiscal, el juez y el personero.

Segundo, con “inclusión gremial solidaria”. Nuestros Frentes van más allá de los afiliados a un comité de ganaderos. Su mayor valor es ponerlos al servicio de todos y, principalmente, del pequeño ganadero, para quien lo poco que le pueda arrebatar la violencia puede ser todo.

La colaboración pacífica y desarmada con las autoridades es uno de los fundamentos de la estrategia, pero el esencial es LA SOLIDARIDAD, porque la solidaridad hace fluir la unión gremial ganadera; porque la unión solidaria y pacífica… disuade a los violentos.

Bogotá, D. E, 17 de febrero 2024

*Presidente FEDEGAN

@jflafaurie

“Corte Suprema de Justicia sí debería resolver con prontitud quién habrá de desempeñar en propiedad durante los próximos cuatro años la Fiscalía General de la Nación”. 

Por José G. Hernández*. - Aunque en torno a los hechos del jueves 8 de febrero frente al Palacio de Justicia en Bogotá algunos medios y usuarios de redes sociales difundieron informaciones falsas -por ejemplo, hablaron de magistrados apedreados, heridos o evacuados en helicóptero, sin que fuera verdad-, el episodio de las protestas orientadas a presionar la elección de fiscal no fue nada edificante ni apropiado para el fin que se buscaba. 

En efecto, debemos reiterar que, si bien es legítimo reclamar una pronta definición en el mencionado asunto -que no es de poca monta y existen motivos válidos para evitar la interinidad que se avecina- el llamado presidencial a la protesta ciudadana, precisamente ante la Corte Suprema y el día de la sesión correspondiente, no fue lo más prudente. La Constitución garantiza los derechos fundamentales a la libre expresión, a la reunión, a la manifestación colectiva y a la protesta, pero resulta equivocado pretender que esa vía sea la más indicada con miras al oportuno ejercicio de la aludida función. 

Subrayamos que, aun existiendo razones válidas, no toda controversia tiene que ser resuelta por el pueblo en las calles o frente a los edificios públicos, menos aún si -en medio de una enorme polarización política como la actual-, el movimiento puede desembocar en disturbios o vías de hecho. Además, una manifestación, marcha o movilización popular debe ser espontánea, no provocada por llamado del Gobierno, menos todavía si se trata de presionar la decisión de otra rama u órgano del poder público. 

En la democracia, el sistema jurídico asigna funciones, competencias y responsabilidades, así como las reglas y procedimientos aplicables. Y la ciudadanía cuenta con otros mecanismos viables, sin riesgo de indeseables desbordamientos, que pueden ser más eficaces para exponer argumentos, opiniones o solicitudes, así como para invocar criterios, razones e interpretaciones de la normatividad vigente. 

Por supuesto, en este caso, la Corte Suprema de Justicia sí debería resolver con prontitud quién habrá de desempeñar en propiedad durante los próximos cuatro años la Fiscalía General de la Nación. El presidente de la República remitió a esa corporación, desde hace más de cuatro meses, una terna de excelentes candidatas, quienes ya hicieron sus exposiciones ante los magistrados, cumple los requisitos exigidos y fueron aceptadas para el efecto por la misma Corte. 

Pero la Corte no debe ser presionada. Se puede disentir de su inconveniente demora. Se puede estimar que se ha equivocado. Discrepar de sus decisiones o indecisiones, pero -desde luego- el debate debe tramitarse en el ámbito y mediante los procedimientos legales, con respeto. No por vías de hecho.

Bogotá, D.E, 15 de febrero 2024

*Expresidente de la Corte Constitucional.

“Caminamos hacia un estado en abandono, rodeado por el odio entre la dirigencia, los tres poderes, la población, los partidos políticos y las diferentes etnias”.       

Por Gabriel Ortiz*. -Esa premisa a la que todos acuden para mostrar su superioridad, riqueza y fortaleza dentro de esta sociedad colombiana, sacude todas nuestras estructuras sociales.

Hay de quienes desconozcan la señal del índice superior, o del volumen del dinero. Así se gobierna, se maneja, se orienta y se obliga a actuar a este país.

Colombia hace parte de esta armazón. Don poder y don dinero, no dan lugar para la liberación de este pueblo al que, por años solo le dan ordenes, quienes pregonan que: “usted no sabe quién soy yo”

Tenemos tres poderes, que a diario nos dicen que son independientes, pero que valga la realidad, están por fuera de esos principios que la democracia ordena y se convierten en ruedas sueltas a las que la politiquería, la economía y extraños intereses convierten en marionetas.

Hemos observado en estos últimos meses, la forma como el ejecutivo y una desdibujada y feroz fiscalía, han puesto en aprietos al legislativo y al judicial que, aunque requieren reformas inmediatas, prefieren aplicar gordura a sus vistas.

En forma desmañada ejecutivo, legislativo y judicial, han entrado en una puja para culparse de la situación en que andamos. Tosca e irreflexiva, fue la citación por parte del ejecutivo de enfrentar y “encerrar” a las Cortes, para impedir que Barbosa impusiera, en su reemplazo a quien tiene comprometedores enjuiciamientos. El rifirrafe envolvió a toda una ciudadanía que desconocía los caminos a seguir.

Entre tanto la nación entera sigue atónita, frente a una violencia que se riega por campos, ciudades y barriadas. La paz total ha resultado una farsa, una comedia y bofetada al país entero. Aparecen guerrillas, paramilitares y bandidos por todas partes, que ofrecen lo divino y lo humano durante diálogos que no cumplen.

Dicen no secuestrar por dinero, pero lo practican, reclutan niños, asaltan buses escolares como ocurrió en Piamonte Cauca. Ordenan paros armados, con los que amedrentan e intimidan a millares de colombianos en campos, selvas pueblos y ciudades. A quienes no asesinan a bala, condenan a muerte por hambre y falta de medicamentos como ocurre en la zona del rio San Juan en el Chocó,

Se han apoderado de ciudades como Tuluá en el Valle, con grupos de asesinos microtraficántes que inclusive figuraban como funcionarios del municipio.

El “nadie sabe quién soy yo”, lo aplican las guerrillas y la delincuencia común para robar y extorsionar. Hay criminales que buscan dinero y poder. Caminamos hacia un estado en abandono, rodeado por el odio entre la dirigencia, los tres poderes, la población, los partidos políticos y las diferentes etnias.       

Existe una falta absoluta de autoridad, que ninguna de las extremas en que estamos divididos, endereza. Aquí hasta el presupuesto aprobado por el congreso, se irrespeta con reparticiones amañadas. El todos contra todos, amerita con urgencia, templanza y serenidad entre izquierda y derecha, si queremos sacar a Colombia de la hecatombe. Pensando con honestidad, podremos salir adelante.

BLANCO: El café colombiano se enfrenta al te en China y Asia. Buen cambio en Fedecafé.

NEGRO: Cuidado con la libertad de prensa. Solo la Flip, condenó lo ocurrido el 8 de febrero.

Bogotá, 16 de febrero 2024

*Periodista. Exdirector Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

“El Congreso de la República tiene la palabra y la responsabilidad de no ser inferiores al reto de equilibrar las cargas y los ingresos fiscales entre la Nación y las entidades territoriales”. 

Por Amylkar D. Acosta M*. - En su primera Cumbre del 2024 de la Federación Nacional de Departamentos, los 32 gobernadores se hicieron eco del clamor de las regiones en demanda del cabal cumplimiento de la autonomía territorial “para la gestión de sus intereses” prescrito por la Constitución Política en sus artículos 1º y 287. En su Declaración, firmada en Cartagena de Indias enfatizaron en que “están comprometidos con impulsar un modelo de mayor autonomía territorial”, tan venida a menos en los tiempos que corren en los que la recentralización ha sido la constante durante los 33 años de vigencia la Constitución expedida por la Constituyente de 1991.

El principal reclamo planteado al Presidente Gustavo Petro es la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP), la bolsa de recursos que la Nación le transfiere a las entidades territoriales, los cuales tienen como destinación específica la financiación de los programas seccionales de educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Originalmente la Constituyente creó al Situado fiscal, reglado por los artículos 356 y 357 de la Carta y estableció una senda de crecimiento de dicha transferencia hasta alcanzar el 47% de los ingresos corrientes de la Nación (ICN).

No obstante, en el transcurso de estas últimas tres décadas se ha venido dando en el país una descentralización que no dudo en catalogar como disfuncional, consistente en delegar funciones y competencias a las entidades territoriales, pero sin girarle los recursos para poder asumirlos, violando flagrantemente el artículo 306 de la Constitución Política que a la letra dice: “no se podrán descentralizar responsabilidades sin la previa asignación de los recursos fiscales para atenderlas”. Es el caso del PAE, por ejemplo.

Y lo que es peor, en lugar de cumplir con lo dispuesto cuando se creó el Situado fiscal, se reformó la Constitución mediante los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007. Como lo acotan en su Declaración los gobernadores advierten, a consecuencia de estos dos actos legislativos, en lugar del 47% “apenas llegamos a obtener un 20% de los ingresos corrientes de la Nación”. De acuerdo con un estudio del Banco de la República, entre los años 2002 y 2023, las entidades territoriales dejaron de recibir por cuenta de esas dos reformas la friolera de $387.953.907 millones de pesos constantes a diciembre de 2018.

Ni los recursos propios de las entidades territoriales, como son los ingresos provenientes del ejercicio del monopolio de los juegos de suerte y azar, han escapado a la voracidad y glotonería del centralismo, pues en la Ley 1995 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo (2022 – 2026), se dispuso que los mismos deben ser administrados por COLJUEGOS, una entidad del Gobierno central y no por parte de los departamentos y el Distrito capital, como lo mandaba la Ley 643 de 2001. Increíble, pero cierto!

De allí la urgencia de la reforma del SGP tendiente a incrementar gradualmente  la participación de las entidades territoriales hasta el 47% de los ICN, no sin antes establecer cuáles de las funciones y competencias que le han sido delegadas deberán ser asumidas como propias por parte de ellas y en caso tal asegurarles los recursos para cubrir los gastos que las mismas le demanden. De otra parte, el Ministerio de Hacienda debe acordar con los departamentos y municipios el reintegro de los $14.8 billones de los cuales dispuso arbitrariamente el Gobierno anterior mediante el Decreto de emergencia 444 de 2000 para financiar el Fondo de mitigación de emergencias (FOME) del Sistema general de regalías (SGR), recursos estos que son propiedad de las entidades territoriales.

La respuesta del Presidente Petro, aunque lacónica, fue contundente: “sí hay que cambiarlo. Estoy de acuerdo con que se tramite un proyecto de ley para transformar el SGP”. Por su parte el Gobernador del Atlántico y Presidente de la Región administrativa y de planificación (RAP) del Caribe Eduardo Verano resaltó el hecho de que el Presidente Petro les “ha dado su palabra para iniciar un proceso de cambio en el SGP”. El Congreso de la República tiene la palabra y la responsabilidad de no ser inferiores al reto de equilibrar las cargas y los ingresos fiscales entre la Nación y las entidades territoriales. Cabe advertir que para cambiar o transformar el SGP debe tramitarse un proyecto de Acto legislativo y no de Ley, por tener rango constitucional

Como se recordará, el Congreso de la República, mediante la Ley del Plan de Desarrollo (2018 – 2022) 1955 de 2019, facultó al ejecutivo para conformar una Misión de descentralización, la cual se integró por parte del anterior Gobierno a través del Decreto 1665 de 2021, contando con la Secretaría técnica del DNP. Dicha Misión, cuya coordinación ha estado a cargo del Darío Indalecio Restrepo desde noviembre de 2022, tiene por cometido “con base en el análisis del modelo de descentralización, presentar propuestas para la definición y distribución de competencias entre niveles de gobierno, orientadas a garantizar una provisión eficiente de bienes y servicios públicos mediante una adecuada aplicación de los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad, subsidiariedad y solidaridad”.

Se anunció por parte del saliente Director del DNP Jorge Iván González que la Misión se apresta a rendir su informe el próximo mes de abril, de modo que el mismo servirá de insumo para el debate del proyecto de acto legislativo, que deberá ser muy incluyente, el cual deberá conducir a su trámite expedito por parte del Congreso de la República y de ser necesario objeto de mensaje de urgencia por parte del Gobierno, porque dicha iniciativa lo amerita. Manos a la obra! 

Cota, febrero 10 de 2024

Econo0mista. Expresidente del Congreso. Exministro de Minas y Energía.

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“180 días después no basta el compromiso de dejar de secuestrar, sino de liberar a los secuestrados”.

Por José Félix Lafaurie Rivera*. - Al regresar de Cuba después del sexto ciclo de negociaciones con el ELN, me siento obligado, como en rondas anteriores, a compartir con los lectores mis percepciones, algunas agridulces, otras esperanzadoras. 

Sobre las primeras, el informe no presentado del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, MMV, era importante para la decisión de prórroga del cese, pero su vocero oficial, la Misión de la ONU, a mitad de camino se inhibió en medio del escollo por las “interpretaciones” del ELN, ya no solo semánticas —secuestros que son “retenciones” y extorsiones que son “impuestos” —, sino de valoración de sus compromisos firmados. 

En cuanto al secuestro, el Acuerdo de Cese al Fuego adoptó como “marco de referencia” el Derecho Internacional Humanitario; entonces, si el DIH proscribe la “toma de rehenes”, el Acuerdo también debe proscribirla y, por supuesto, obligar al ELN, precisando además que todo secuestrado es rehén, ya sea para exigir un pago o por razones “políticas”, lo cual incluye a los miembros de la Fuerza Pública, pues en el DIH para conflictos internos no existen “prisioneros de guerra”. 

El tema del Mecanismo no es de poca monta, como investigador y notario frente a eventuales incumplimientos —que los hubo—, y garantía para la sociedad, en un proceso que necesita apoyo ciudadano, pero además compromete la vocería y el prestigio de la ONU. Como los espacios se llenan, al cierre de la ronda se publicó el informe del CERAC, externo y no vinculante, pero registró durante el cese 20 eventos violentos, 16 de ellos presuntas violaciones y cuatro incumplimientos. 

Mi segunda percepción tiene que ver con el ambiente de dificultad en medio de discusiones circulares que parecían sin salida y obligaron al aplazamiento de la clausura. Pero bueno, la dificultad les da mayor valor a los resultados. 

Pasemos a las esperanzadoras: al final, hubo resultados. El primero es la prórroga del cese por 180 días, con el compromiso de suspender retenciones económicas —secuestros extorsivos—, que ahora serán objeto de seguimiento por el MMV; no obstante, empañado por la imposición de dos condiciones: “unilateral y temporal”, pues dejar de secuestrar no es un favor unilateral del ELN a la Mesa o al Gobierno, sino una exigencia del país, y no temporal sino permanente, por ser un crimen de lesa humanidad, con o sin cese. 

El segundo resultado es el compromiso de no reclutar menores, y su mancha es calificar como tales a los menores de 15 años. Aunque así lo establece el DIH, considero infame darle un fusil a un adolescente de 16 años; por ello me quedo con la mayoría de edad legal en Colombia y, sobre todo, con el Protocolo de la Convención de Derechos del Niño sobre su participación en conflictos armados (2002), que la prohíbe para menores de 18 años. 

El tercer resultado es el Fondo Multidonante, sobre el cual hay que insistir en que se trata de buscar donaciones de países acompañantes, garantes o interesados, mas no para entregarle dinero al ELN, sino para actividades transformadoras de paz en los territorios, derivadas de los acuerdos de la Mesa, algo en lo seremos rigurosos para que no se desvíe un solo peso. 

Ahora bien, 180 días después ha disminuido la violencia del ELN, pero no ha cesado y la zozobra persiste en los territorios; 180 días después no basta el compromiso de dejar de secuestrar, sino de liberar a los secuestrados. El ELN debe decir cuántos y quiénes son. 180 días después no basta dejar de reclutar menores, sino devolver los reclutados a sus familias. 

180 días después…, la paz de Colombia está muy lejos todavía, pero menos que ayer.

Bogotá, 09 de Febrero 2024.

*Presidente FEDEGAN

@jflafaurie

“Petro hoy parece más radicalizado. El líder que tomó juramento con un discurso de unidad ha dado paso a un aguerrido luchador con agenda propia, en la que no caben ideas ajenas”. 

Por Hubert Ariza*.- Mientras un torbellino de populismo y autoritarismo sacude el continente, el mundo vive dos guerras que han puesto patas arriba el ordenamiento internacional y en Estados Unidos el expresidente Trump amenaza con regresar al poder para recomenzar su agenda de profunda derechización y aislamiento, Colombia camina sobre el filo de la navaja y nuestra democracia imperfecta se ve amenazada por el embate de la polarización y la intolerancia. 

Vivimos tiempos de enorme incertidumbre, pesimismo, crispación política y posverdad. Colombia parece un barco que cruza aguas embravecidas, en una noche de tormenta perfecta, en medio de enormes glaciares, en el que el capitán paranoico advierte que hay un amotinamiento, con grumetes conspirando y los pasajeros temen que haya un colapso inminente y el futuro desaparezca. Y, sin embargo, lo único que mantiene vivos a los pasajeros, y a flote el barco, es la fortaleza de la democracia y la carta de navegación escrita en la Constitución de 1991, que les ha permitido seguir vivos, superando peores tormentas, con otros capitanes, en otras aventuras.

Colombia atraviesa el más fuerte período de polarización en muchas décadas con un presidente radicalizado frente a los ataques de la oposición de derecha, que ha cuestionado sus reformas políticas y económicas, a las que han interpuesto todo tipo de obstáculos en el Congreso, y, además, ha enfrentado la incontinencia verbal de un fiscal en abierta campaña presidencial, que ha logrado que su vicefiscal ―envuelta en un escándalo por supuestamente proteger a un delincuente― lo reemplace transitoriamente mientras la Corte Suprema de Justicia elige una fiscal en propiedad.

El jefe de Estado también ha sufrido lo que considera una arremetida política de la procuradora, quien suspendió al canciller Álvaro Leyva, que logró esquivar esa decisión durante 13 días, con todo tipo de argucias jurídicas. La sanción se dio por supuestas faltas del disciplinado en una oscura licitación de pasaportes que podría costarle al país 116.000 millones de pesos. Con su paso al costado, Leyva acepta, por fin, que no está blindado jurídicamente ni tiene licencia alguna para romper el Estado de derecho y quedarse a las malas en el cargo.

Este episodio, sumado al proceso en la Fiscalía contra Nicolás Petro, el hijo del presidente, por los escándalos que rodean la financiación de la pasada campaña presidencial, ha empujado al jefe de Estado a hablar de una supuesta ruptura institucional para sacarlo del poder y a levantar la bandera electoral, para defender en la calle su proyecto político y exigir la elección de una nueva fiscal, de la terna enviada hace varios meses a la Corte Suprema de Justicia, ante el fin del período constitucional del titular. La Corte, como era de esperar, ha actuado con independencia y no se ha dejado presionar. 

El allanamiento de la Fiscalía a Fecode, para recoger supuestas pruebas de la financiación ilegal a la campaña presidencial, elevó aún más el delirio golpista y de ruptura institucional del primer mandatario. Un concepto que no comparte la mayoría de los colombianos, pero que Petro defiende con la convicción de un revolucionario dispuesto a hacerse inmolar en la Casa de Nariño, rodeado de su pueblo, antes que dejarse inmovilizar o sacar a sombrerazos del poder por la derecha. 

Por eso ha convocado a las calles al pueblo. A los más de 11 millones de colombianos que votaron por el cambio en mayo de 2022; a los nadie, a las minorías y poblaciones ancestrales, a los campesinos, indígenas, negros y comunales, a sindicalistas, maestros, a los antes invisibles para el Estado, para que se hagan sentir y exijan la elección de la nueva fiscal, la aprobación de las reformas atascadas en los laberintos del Congreso de la República, y ratifiquen su apoyo a la agenda de negociaciones con los grupos armados ilegales, que en las encuestas marcan en rojo.

Petro hoy parece más radicalizado. El líder que tomó juramento el 7 de agosto de 2022 con un discurso de unidad ha dado paso a un aguerrido luchador con agenda propia, en la que no caben ideas ajenas. Y quiere a su lado a un equipo leal a esa causa. Nada de aguas tibias, ni discursos liberales. Nada de gente que quiera congraciarse con el establecimiento. Con el único que quiere estar bien es con su pueblo. Y ese pueblo aún no sale en masa a las calles. Ni se está haciendo escuchar como en períodos de crisis en países vecinos. Incluso, ni siquiera como en el estallido social contra el presidente Duque. Esa masa, sencillamente, pareciera no entender hacia dónde avanza este barco, ni qué es lo que quiere el capitán. El mensaje no llega. No se entiende. Hay mucha incertidumbre, incluso miedo de sectores que temen que el país se hunda y esta oportunidad histórica de cambio se esfume.

Desde muchas partes se escucha el SOS por esta democracia imperfecta que ha soportado tantos años de guerra, tantos golpes del narcotráfico, tanta corrupción y desidia administrativa. Por eso se requiere volver a la calma, al trámite sereno de las disputas políticas, al debate de ideas y el logro de consensos. A pensar en una mesa de diálogo donde sea posible trazar una ruta política por la unidad nacional, para sacar adelante un consenso que permita las reformas, los acuerdos de paz, la transformación del territorio, la verdadera descentralización, el fin de la polarización que mantiene intoxicada la agenda política. Antes que insistir en solucionar los problemas del planeta, es urgente pensar colectivamente en desactivar la crisis que amenaza con hundir el barco.

Un primer paso es erradicar el lenguaje pendenciero e incendiario, pensar más en salvar la democracia y menos en ganar elecciones y llevarse por delante a los contradictores. No hacerlo es permitir que el país amanezca cada día con nuevas y más graves tormentas, que justifiquen a quienes se mantienen alzados en armas y aumenten el caudal de seguidores de la extrema derecha. En el continente, Bukele y Milei son estrellas polares de mentes extasiadas con el extremismo político. El espejo donde se mira la extrema derecha colombiana.

Bukele cree que está reinventado la democracia, en un modelo que pulveriza la oposición, establece un partido único, un Congreso sin oposición y un poder judicial silenciado. Milei busca lo mismo, aunque ha encontrado la resistencia vigorosa del Congreso argentino. ¿Qué tan lejos esta Colombia de contagiarse de esa enfermedad crónica de populismo autoritario que convierte el Estado en rehén de un solo hombre? Nadie lo sabe, pero esta crisis política permanente, esta tormenta perfecta que ataca a la democracia, nos amenaza sin que se escuche con fuerza la voz sensata del pueblo exigiendo un cese al fuego verbal y el respeto absoluto a la Constitución de 1991, nuestra bitácora y brújula, para llegar a puerto seguro y calmar el alebrestamiento de los grumetes que amenazan con hundir el barco. 

Bogotá, D. C, 11 de febrero 2024

*Periodista, internacionalista y analista político.

 Tomado de El País.

“La reportería y la ética, son la madre del periodismo de ayer, de hoy y de siempre”.

Por Gabriel Ortiz*.- Se celebra un nuevo día del periodismo, con un premio mayor, que se ha llevado el colega Oscar Domínguez, un machucateclas, como él mismo se califica, al que nada le ha quedado grande en este oficio.

Que mejor que entregarle a él, la estatuilla El Sacrificado de Arenas Betancur, que le imprime el gran honor de destacar la vida y obra de un periodista durante la época en que se ha dedicado a ejercer la profesión más bella del mundo, como la calificó nuestro Premio Nobel, Gabriel García Márquez.

Domínguez, ese reportero que se las sabe y ha vivido todas, casi se desmaya ese 10 de diciembre de 1998 en Estocolmo, cuando García Márquez, trajeado con liquiliqui, recibió el Nobel en la Sala de Conciertos y brindó en el Ayuntamiento con una elegante copa de Champaña. Bernardo Sánchez, el vicepresidente de Propal, empresa caleña, hizo el milagro que permitió a Oscar, cubrir el evento con la calidez, riqueza, profundidad y certeza que siempre ha imprimido a sus escritos.

Sus infinitas hazañas, investigaciones, recorridos y olfatos lo han llevado a auscultar la realidad de los hechos, convirtiéndolo en un todero de cuantas formas tiene el periodismo.

Nada lo ha detenido en su incontenible manera de desplegar la reportería. Desde la árida economía, la frivolidad de los deportes, hasta las entrañas de la salud incluyendo los hechos de sangre, tan repetitivos en esta violencia que por años han azotado a Colombia, son sus escenarios. Los muy cuidados zapatos, trajes deportivos y chaquetas de cuero, lo han librado del frio bogotano y de los recios veranos de pueblos, campos y ciudades de muchos países.

Su manera de ser unta de generosa amistad a cuanto personaje, colega o jefe estrecha su mano. Muchas fuentes le sueltan “chivas”, casi sin darse cuenta.

Con la misma facilidad describe un atraco, un concierto, un accidente, un asalto guerrillero o la posesión de un jefe de Estado. Su tradicional buen humor, lo convierte en el mejor conversador y contertulio dentro de las salas de redacción o fuera de ellas.

El ingenio, jocosidad, salero y donaire que utiliza en sus escritos, crónicas y reportajes, lo convierten además en uno de los más agudos humoristas del periodismo colombiano. Por ello Amparito Pérez, Andrés Monpotes, Gustavo “cóndores”, Juan Lozano y demás jurados, lo escogieron y exaltaron.

Imposible pasar por alto su gran colección de ocurrencias de niños, hermanitos, hijos y nietos de sus colegas, que resaltan las agudezas de la infancia de estos párvulos en varios de sus libros.

Este gran amigo, este gran contertulio, este exquisito reportero de todos los frentes y todos los tiempos, nos permite aconsejar a los colegas que nos suceden, no abandonar por nada de la vida, la reportería y la ética, que son la madre del periodismo de ayer, de hoy y de siempre.

Felicidades apreciado Oscar, brindamos por ti.

BLANCO: La unidad de una nación como Chile para rendir homenaje al presidente Piñera. ¡Aprende Colombia, archiva los odios!  

NEGRO: Por fin el ELN dejará el secuestro extorsivo. ¿Cuánto nos costará el fondo multidonante?   

Bogotá, D. C, 9 de enero de 2024

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.    

“Los recursos del SGP tienen como destinación específica la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico, que se verán diezmados a consecuencia de este fallo”.

Por Amylkar D. Acosta M*. -Una de las propuestas más osadas y al mismo tiempo de las más controvertidas del proyecto de reforma tributaria que presentó en el 2022 el ex ministro de Hacienda José Antonio Campo fue el parágrafo 1º del artículo 19 de la Ley 2277 de 2022, aprobado por el Congreso y que a la letra dice: “la contraprestación económica a título de regalía de que tratan los artículos 360 y 361 de la Constitución Política no será deducible del impuesto sobre la renta ni podrá tratarse como costo ni gasto de la respectiva empresa”.

De esta manera se pretendía dejar sin efecto la norma que permitía la deducción del monto que las empresas pagan por regalías de la base gravable del impuesto de renta por parte de la empresas extractivas, vigente desde 2005, amparadas en el concepto  No. 015766 del 17 de marzo, emitido por la DIAN a solicitud de parte. De esta manera, a contrapelo de lo dispuesto en el artículo 116 del Estatuto tributario, se hizo extensiva a las empresas particulares el tratamiento que sólo estaba reservado única y exclusivamente a los organismos descentralizados. Así lo dejó establecido el Tribunal contencioso administrativo de La Guajira en Sentencia proferida el 15 de agosto de 2018, al “amparar el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público vulnerado por la DIAN”. Fallo este que fue posteriormente anulado en segunda instancia por parte del Consejo de Estado y desde entonces empezó el tire y afloje alrededor del tema.

La empresas afectadas por la no deducibilidad demandaron ante la Corte Constitucional la inexequibilidad de dicha norma por considerar que la misma le vulneraba el principio de equidad tributaria, al gravar lo que ellas consideran un costo como si fuera renta. En su providencia C – 489 del 16 de noviembre de 2023 la dejó sin efecto, accediendo a sus pretenciones. Sostiene la Honorable Corte que “no existe un mandato constitucional que prevea la conservación de la propiedad a favor del Estado una vez el recurso natural no renovable es explotado”.

Con todo el respeto que nos merece el alto tribunal, pero ya en 1817, uno de los clásicos de la teoría económica, David Ricardo, explicaba que “si las minas fueran abundantes e igualmente fértiles no producirían ninguna renta a sus dueños. Pero, no siéndolo, la persona o país que las posee ha de recibir una renta por ellas”. Este el fundamento del artículo 360 de la Constitución Política, que a la letra dice : “la explotación de un recurso natural no renovable causará a favor del Estado, una contraprestación económica a título de regalía”. La jurisprudencia de la propia Corte reconoce inequívocamente que “lo que genera el deber constitucional de pagar regalías es el hecho mismo de la explotación de los recursos naturales no renovables” (C – 1071 de 2003).

Es claro, entonces, que la empresa extractiva de los recursos naturales no renovables paga las regalías al Estado, como contraprestación económica por el recurso extraído, del cual este “es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables”, tal como lo define el artículo 332 de la Carta. Y no puede ser de otra manera, pues se trata de un activo, tal cual como ocurre cuando se suscribe un contrato de participación o con el reconocimiento de dividendos cuando el particular toma en usufructo un bien del Estado. En ningún caso puede dar lugar a la deducibilidad del impuesto sobre la renta.

Con razón acota en su salvamento de voto el Magistrado Juan Carlos Cortés que “bajo este entendido, la mayoría no tuvo en cuenta que las regalías son una contraprestación constitucional con régimen propio y no son un costo o un gasto del contribuyente de renta”. A este respecto lo único que se le ocurrió decir a la mayoría de la Corte es que “la naturaleza jurídica de las regalías es diferente a la de los recursos que se explotan”.

Ahora bien, cabe preguntarse cuál será el impacto para el fisco de la declaratoria de inexequibilidad de la norma que proscribía la deducibilidad de las regalías del impuesto de renta. Según el Ministerio de Hacienda ello le significará a la Nación $6.6 billones menos en el Presupuesto general para las vigencias de 2023 y 2024. Esta suma equivale a la asignación presupuestal en 2023 del Departamento de prosperidad social (DPS) de la Presidencia de la República que administra los programas de más alto impacto social en favor de los más vulnerables. Hacia el 2034, según el Ministerio de Hacienda, el Estado dejaría de percibir alrededor de US $7.000 millones.

Huelga decir que aunque las entidades territoriales no dejarán de recibir las regalías provenientes del Sistema General de Regalías (SGR), sólo que el giro al mismo provendrán de la Nación y no de las empresas extractivas. Así de claro! Pero sí se verán afectadas porque siendo que la base de cálculo y liquidación de los recursos que se les transfiere a través del Sistema General de Participaciones (SGP) son los ingresos corrientes de la Nación (ICN), estos se verán menguados en la misma proporción en que se reducirán los recaudos del impuesto de renta, esto es $6.6 billones menos. Y no hay que perder de vista que los recursos del SGP tienen como destinación específica la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico, que se verán diezmados a consecuencia de este fallo.

A solicitud del Ministro de Hacienda y con fundamento en el principio de Sostenibilidad fiscal, contemplado en el artículo 334 de la Constitución Política, la Corte Constitucional accedió a abrir un incidente de impacto fiscal, así se denomina, mediante Auto 003 y le otorgó al Ministro de Hacienda el término de 30 días a partir de su notificación, para que sustente las razones por las cuales considera que su decisión de tumbar la deducibilidad de las regalías del impuesto de renta se afectaría a la ciudadanía y de paso a la sostenibilidad fiscal de la Nación. La Corte Constitucional, a partir de sus propias conclusiones dispondrá si procede modular, modificar o diferir el cumplimiento de su fallo en procura de evitar alteraciones serias en cuanto al cumplimiento de la Regla y la sostenibilidad fiscal, a juicio del Gobierno amenazadas por el mismo.

Riohacha, febrero 3 de 2024

Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

“Paz en su tumba y mi solidaridad para doña Lily, Julio, Jaime, Alberto y Gerardo, su gran y apreciada familia”.

Por Gabriel Ortiz*.- El periodismo colombiano lamenta la partida de uno de los más grandes exponentes de la profesión, la producción de televisión, la recreación y la caballerosidad.

Julio E. Sánchez Vanegas, se nos anticipó y con él un ejercicio ético, de cuanto tiene que ver con las comunicaciones en la Colombia que lo admiró, respetó y acompaño, desde el mismo momento en que apareció en la pantalla chica, para anunciar el ingreso del más completo medio al país.

La radio fue su pasión y participación en las grandes, medianas y pequeñas estaciones, que acompañaban a la creciente audiencia que tenía como única distracción lo que se divulgara a través de las ondas hercianas.

Siempre se dio el lujo de pasearse por cuanto lugar tenía el mundo, para servirle a su cada vez más creciente audiencia. Durante las noches hacía concentrar a todo un país que buscaba parejas y ganaba dinero. Ningún artista de renombre, nacional e internacional se le escapaba.

Las noticias lo apasionaban y lo conducían a crear noticieros radiales y “panoramas” de TV, con los más atractivos, novedosos y pegajosos formatos que rompían moldes y electrizaban. Los “rating” lo perseguían, al igual que los anunciantes, que hacían largas “colas”, para ingresar a su mundo.

Quienes tuvimos la fortuna de acompañarlo y formar parte de sus proyectos, encontramos siempre al creativo, al compañero y al amigo. Cuando en los años 70 compró Emisoras Eldorado, conformó un atractivo informativo, que dirigimos el gran reportero político Eduardo Camargo Gámez, el veterano Manuel Prado y el suscrito. Me correspondió la última parte en los años 77 y 78. “Noticiario Eldorado”, se llamó el informativo que llenaba las mañanas, mediodías y noches, alcanzando extraordinaria sintonía. Un día durante nuestros frecuentes almuerzos de El Refugio Alpino para degustar el “cochinillo a la parrilla de Camilo, le propuse que hablara con sus “grandes amigos de tantas emisoras que nos llamaban a solicitarnos noticias, para conformar con ellos una gran cadena informativa. La creatividad de Julio nadie rechazaba. Así que nos fuimos a Telecom, para solicitar tres espacios diarios que nos permitieran conformar una gran cadena radial.

Así nació La Red Jes que alcanzó a enlazar 62 estaciones a lo largo y ancho del país, con las que estrenamos las selecciones de Turbay Ayala el 4 de junio de 1978. Hertz nos patrocinó la transmisión.

La ETB, nos dotó de 20 líneas telefónicas que usaban nuestros reporteros con monedas de 20 centavos, ya que entonces no existían los celulares. La Red Jes y El Noticiario Eldorado, coparon la sintonía durante mucho tiempo.

Con las 20 líneas de la ETB, Julito, el mayor de Julio “El Grande”, quien había terminado brillantemente sus estudios de Producción de TV en Italia, conformó un “DJ”, que se convirtió en el programa musical del momento.

El Noticiario Eldorado continuó por un tiempo más, que lastimosamente se truncó cuando llegaron a comprarle la emisora a Julio. Mucho lo pensó, pero no pudo rechazar la oferta de los equipos de TV que había desplazado la norteamericana ABC, para transmitir unos juegos deportivos en Ecuador.

Julio se hizo a una unidad móvil y equipos de última generación, que fueron el inicio de Producciones Jes, la empresa que mejor calidad ofreció desde entonces.

Paz en su tumba y mi solidaridad para doña Lily, Julio, Jaime, Alberto y Gerardo, su gran y apreciada familia.

Bogotá, D. C, 3 de febrero 2024

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.