Opinión
Por Jorge Gómez Pinilla. Tomado de El Espectador.- Lo más interesante del libro del notable periodista Gerardo Reyes donde ‘Frechette se confiesa’, es que si al lector le diera por ponerse de detective descubriría en sus páginas más de una verdad altamente explosiva.
El ex embajador de Estados Unidos en Colombia durante el gobierno de Ernesto Samper le habla a Pedro para que entienda Pablo, y en ciertos temas es más lo que oculta adrede que lo que cuenta, pero va dejando pistas sobre asuntos cuyos velos no puede descorrer del todo, quizá por haberse enterado de ellos en condición de diplomático.
Siguiendo el orden del libro, lo primero que salta a la vista es una revelación sobre Fernando Botero Zea, ministro de Defensa en el gobierno de Ernesto Samper y preso en un batallón del Ejército por lo del proceso 8.000. De él, con su habitual tono de virrey cuenta que “en ciertas cosas hacía exactamente lo que habíamos acordado”. Sin embargo esa no es la revelación, sino cuando deja escapar que “Botero tenía tres amantes en la prisión y a las tres les había dicho que se iba a casar con ellas”. (Pág. 68).
Esto es muestra de cómo durante esos años azarosos Frechette fue la persona mejor informada que había en Colombia, al punto de conocer hasta la minucia de lo que conversaba tan encopetado preso en su confortable sitio de reclusión. Y es cuando el capcioso lector se pregunta dos cosas: por qué revela una información tan privada, y cómo hizo para obtenerla. En respuesta al segundo interrogante se atreve uno a sospechar que todo el tiempo estuvieron grabando a Botero, una tarea por cierto muy fácil.
Antes de entrar en materia, hay otro tema que también se inscribe en el melodrama: es cuando Frechette cuenta que el entonces ministro del Interior, Horacio Serpa –el mismo que acuñó la expresión ‘gringo maluco’-, y la madre del embajador “se entendieron como palomitas. Un día vino a tomarse el desayuno y empezó a hablar con mi mamá, ella muerta de la risa con los chistes de él. ¡En mi casa con mi mamá!” (Pág. 86). Ahí no para la infidencia, porque en la página siguiente revela que “mi mamá estuvo por ahí dos o tres semanas, creo que se vieron por segunda vez y pasó la misma cosa”. Y aquí de nuevo el lector capcioso se sorprende con ese “creo que”, porque hace pensar que no estaba muy seguro de dónde estuvo la mamá durante los días de su visita, pero sí lo tenían bien ‘dateado’ sobre las cosas que Botero Zea conversaba con sus amantes. Y no lo decimos en plan de mala leche, no, sino para brindar claridad en que cualquier información sobre Colombia que necesitara el representante de la nación más poderosa del mundo, tenía los medios para acceder a ella.
Y ahora sí, entremos en materia: lo que en ese libro más llamó la atención de este inoficioso lector está en la página 58, donde Reyes le pregunta a Frechette quién estuvo detrás del asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, y él se refiere a unos militares que “le habían pedido que encabezara un gobierno que sería formado después de un golpe de Estado contra Samper”. Y en lo que podría interpretarse como un lapsus (o como una carga profunda) dice, no a manera de hipótesis sino ya de afirmación: “ellos, los militares jubilados, le pidieron a él que encabezara ese gobierno y él lo ponderó por algún tiempo, le puso cabeza pero finalmente dijo que no, entonces fue que lo mataron. No tan solo por desquitarse por lo que ellos consideraban una traición, sino también para cerrarle la boca. Porque si por alguna razón el gobierno hubiera podido jalarle la lengua, de pronto se van todos ellos al calabozo”.
Más adelante menciona al general Harold Bedoya –ex comandante de las Fuerzas Militares- a quien se refiere en estos términos: “¿Se acuerda de la carátula de Semana con el titular Ruido de sables? El general Bedoya, todo eso”. Esa misma carátula -de julio de 1995, cuatro meses antes del asesinato de AGH- la mencionó en entrevista a la W Radio, con una insistencia que pareciera encerrar un acertijo. (Ver entrevista).
En este escenario no puede quedar por fuera lo que el 23 de enero de 2015 le respondió Frechette a Juan Carlos Iragorri, de NTN24, ante la misma pregunta de Reyes: “Creo que fueron algunos derechistas y militares los que pensaron en eso, quienes habían hablado con Álvaro Gómez de un posible golpe que se venía discutiendo mucho en Bogotá”. (Ver entrevista).
La diferencia entre una y otra versión reside en que en la primera entrevista –la de Iragorri- se refiere a “algunos”, mientras en la de Reyes ya habla de “los militares jubilados”, y hasta donde sabemos “los” militares retirados están agrupados en ACORE, Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, de la que el general Bedoya hoy forma parte en condición de jubilado.
Si quisiéramos meterle mayor intriga a la trama desplegada por el embajador, basta ir a la página 109, donde afirma que a su embajada “llegó una persona bastante distinguida de la sociedad colombiana y me dijo embajador, ¿cuál sería la reacción de Estados Unidos si hubiera un golpe contra Samper”? La única debilidad que presenta el libro de Gerardo Reyes es que olvidó preguntarle a su entrevistado quién fue tan anónimo y misterioso personaje, pues ahí podríamos estar ante el eslabón perdido que enlazaría el crimen de Álvaro Gómez con sus verdaderos autores.
La impresión final que deja la lectura de ‘Frechette se confiesa’ es que él sabe quiénes fueron los que asesinaron a Álvaro Gómez, pero no puede revelarlo. Y es por ello que prefiere dejar ciertos cabos sueltos, como sin querer queriendo, a ver si un día de estos aparece un Fiscal General de la Nación bien corajudo, sin veleidades políticas, que le dé por unir esos cabos (o generales, si es el caso), y enrumbar la investigación por donde debe ser.
Duélale a quien le duela, hasta llegar a la verdad.
Por Luis Fernando García Forero.- Ayer el horror trazó otro punto en el mapa y de nuevo atacó a los inocentes. Como lo expresaron los Imanes de Bruselas, el Terrorismo no tiene religión. Y yo añadiría no tiene nada que lo identifique con lo trascendente, con lo divino.
Porque el problema no es el Islam, el enemigo es esa organización criminal que se autodenomina el Estado Islámico, con todo su aparato propagandístico de muerte, robo y represión, que hoy amenaza con crucificar un sacerdote como un botín de guerra contra Occidente.
Como periodista me gusta definir las situaciones como son. Y mucho tiempo se ha hablado del extremismo islámico, con el grave peligro de desarrollar un peligroso discurso del odio, como el que se podía ayer leer en Twitter, donde las reacciones islamofóbicas ocultaban a los verdaderos responsables y estigmatizaban a las comunidades musulmanas. Una cosa es ser musulman y otra terrorista yihadista.
Todo esto sucede cuando nosotros en Colombia estamos construyendo, con sus aciertos y errores, un proceso de Paz irreversible, con una reconciliación verdadera.
Y sin duda alguna, existen quienes no desean la Paz. Ni en Colombia, ni en Bruselas, ni en Siria. Los convocantes del odio, los que comercializan con armas, niños, tierras o drogas, les conviene un mundo agresivo, hostil y desesperanzado. Los que miran desde su mundo individual sus propios intereses, disfrutan del horror porque ellos tienen garantizada la vida.
Pero existe un sentimiento colectivo que rechaza, cada vez más, la violencia, sea ésta terrorismo, tráfico de armas, personas o de drogas, latifundio o cleptocracia. Porque el futuro está atado a estas múltiples violencias y sólo la Paz, aun imperfecta, puede ser el territorio para vencer los miedos que las alimentan.
Por ello solicito a todos abandonar el discurso del odio, de las diferencias y la estigmatización. Llamemos las cosas por su nombre, porque las palabras construyen caminos, pero también murallas y el éxito de la violencia radica en inmovilizarnos.
Elevemos una plegaria por Bélgica y por todos los pueblos que sufren las infinitas formas de violencia.
Por José Félix Lafaurie.- El Presidente Santos suele ser víctima de sus entusiasmos de ocasión. Cuando escribo estas líneas ya se sabe que el 23 de marzo no habrá firma de acuerdo final, como anunció con gran seguridad hace 6 meses, movido por el entusiasmo de otra firma -la del acuerdo de justicia transicional en septiembre de 2015- que terminó siendo algo a medio terminar y causa de una de las trifulcas de la mesa.
Sin bajar el entusiasmo se apareció en la Asamblea General de la ONU -de eso se trataba el afán- a pregonar la firma de esa justicia a medio hacer y, con todavía más entusiasmo, a anunciar que “…el próximo año, cuando regrese a esta Asamblea, lo haré –Dios mediante– como presidente de una Colombia en paz” porque, “en menos de 6s meses (el 23 de marzo) repicarán las campanas que anuncien la hora de la paz”. Dios no quiso mediar en ese propósito porque -y advierto que soy creyente de la divina providencia- el asunto realmente es de “las Farc mediante”, algo que Santos debería tener en cuenta para cumplirle a la ONU.
En otro septiembre, el de 2012, entusiasmado por la apertura de negociaciones en Oslo, afirmó que “el acuerdo va a ser una cuestión de meses, no años”, y en medio de la euforia de su campaña reeleccionista, que esperaba “pasar la próxima Navidad con un proceso de paz firmado”.
Así pues, ya estamos acostumbrados, pero lo importante no es la ilusión rota ni la promesa incumplida, algo que parece ser de la esencia de nuestros políticos, lo grave son las consecuencias de este monotema de las Farc, de gobernar al son de La Habana y no de las necesidades del país, que trascienden las negociaciones con ese grupo narcoterrorista.
Lo grave es la reforma tributaria estructural en suspenso, aplazada para después de un plebiscito que solo será posible “las Farc mediante”, y de la cual dependen no solo los ingresos para cerrar el presupuesto y atender el post- acuerdo, sino, más grave aún, el grado de inversión del país, con el riesgo de que la extranjera directa se desplome y se cierren las puertas del mercado mundial de capitales.
Lo grave es el descontento social, porque los trabajadores sienten que los engañaron con el mínimo; los pensionados reclaman la promesa electoral de bajar a 4 % el altísimo porcentaje que les quitan las EPS; y los colombianos de a pie están hastiados de corrupción y de la inseguridad que se tomó las ciudades y el campo ante la impotencia de las autoridades.
Cada día hay una noticia peor. El sector rural quedó arrasado por El Niño; el apagón es inevitable; el país se volvió a llenar de coca; el ELN le está haciendo el reemplazo terrorista a las Farc; la justicia no funciona y las cárceles son una vergüenza; mientras el Gobierno se dedica a sostener las negociaciones a toda costa y a perseguir a sus desafectos.
Ya llega el 23 de marzo y no hay acuerdo final, ni podía haberlo si se tiene en cuenta la cantidad de salvedades pendientes, es decir, de asuntos difíciles que han quedado en el tintero. Si llevamos 4o años en lo fácil, ¿cuánto más demandará discutir y acordar lo difícil? ¿O será que, por el afán de la firma, se está fraguando un conejo más grande que el de Fonseca?
Nota Bene: Frente a las pretensiones de Nicaragua el país se unirá en defensa de su soberanía, pese a la deficiente defensa y las consecuencias inciertas de no comparecer ante la CIJ.
Por Amylkar D. Acosta.- Este 14 de marzo se cumplieron seis años de una jornada histórica, en la cual 2´502.726 sufragantes depositaron su “voto a favor de la constitución de la región Caribe como una entidad territorial de derecho público, con autonomía para la gestión de sus intereses, que promueva el desarrollo económico y social de nuestro territorio dentro del Estado y la Constitución colombiana”.
Así quedó expresada la voluntad y decisión de la Región Caribe de reafirmar su vocación autonomista, amparadas por la propia Constitución Política que abrió esa posibilidad en 1991, tanto en su artículo 1º como en el 286, lo cual enantes le estaba vedado.
Colombia desde siempre ha sido un país de regiones, bien dijo López de Mesa que “Colombia es un archipiélago de regiones” y la región Caribe es una de ellas, tal vez la más claramente definida e identificada, pese a su diversidad étnica que hace de ella un crisol de razas, una especie de caleidoscopio genético o, como diría el reputado periodista Juan Gossain, un “sancocho” de gentes.
A la Constitución de 1991 le cabe el mérito de haber reconocido la existencia de las regiones y lo que es más importante les reconoce a las mismas su “autonomía para la gestión de sus intereses” en su artículo 287.
Así como con la reforma constitucional de 1968 el ex presidente Carlos Lleras Restrepo entronizó el principio de la descentralización, la Constituyente de 1991 introdujo el de la autonomía. Como lo acota apropiadamente el ex magistrado del Consejo de Estado Javier Henao Hidrón, al distinguir la una de la otra, cuando hablamos de descentralización se trata de “la capacidad de gestión administrativa” y la autonomía se entiende como “la capacidad de decisión política”.
La Constitución Política en su artículo 307 prevé que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) que debía expedir el Congreso de la República en desarrollo de tales preceptos debía establecer “las condiciones para solicitar la conversión de la región en entidad territorial”. No obstante la LOOT que expidió el Congreso mediante la Ley 1454 de 2011 en lugar de hacerlo bloqueó esa posibilidad mediante subterfugios y leguleyadas, que hicieron de la misma, como ya lo dije en una oportunidad, una Ley inicua, inocua y vacua.
Sólo sobrevivió a esta la posibilidad de crear la Región Administrativa y de Planificación (RAP); eso sí, tuvieron el cuidado de emascularla, dejando establecido en su artículo 32 que la misma “no generará gasto de Presupuesto General de la Nación, ni del Sistema General de Participación, ni del Sistema General de Regalías”.
Pese a ello, lo(a)s 8 gobernadore(a)s de los departamentos que integran el Caribe Colombiano, convocados para celebrar el acontecimiento de los 6 años cumplidos del Voto Caribe consideraron que, a pesar de sus limitaciones, como diría Pambelé, es mejor contar con la RAP que no contar con ella y resolvieron constituirla.
Ya la región Centro se constituyó como tal y la región Pacífica está dando los primeros pasos para integrarla, tomándole la delantera a la región Caribe que ha sido pionera en esta lucha. Nos estaba dejando el tren. Se trata, entonces, de retomar el liderazgo perdido y para ello se arribó a un “Acuerdo de intención” para constituir la RAP Caribe, entendiéndola “como un primer paso que nos conducirá a constituir la RAP”. Esta es sólo una “escala técnica” en el itinerario de la región Caribe que tiene como destino final RET.
Contando ahora con la RAP la Región Caribe dispondrá de un mecanismo que le permitirá aglutinarse, integrarse, ganar en sinergias y en capacidad de interlocución frente al Gobierno central, avanzar en el propósito de darse su Plan regional de desarrollo y de contera poder identificar, priorizar y sacar avante a través de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) del Sistema General de Regalías (SGR) aquellos proyectos de mayor impacto regional.
La RAP también le puede servir a la bancada parlamentaria del Caribe, que tendrá en ella un soporte para su mejor gestión congresional en beneficio de la región. Desde la RAP, como lo dijeron los gobernadores en su Declaración, se darán su hoja de ruta para “promover el desarrollo regional, económico y social con el aval y el acompañamiento del Gobierno Nacional”.
Desde luego, no nos resignaremos a tener una RAP sin que esta cuente con los recursos necesarios para su funcionamiento, que no serán muchos, porque sólo se necesita de una estructura reducida y liviana, no una pesada y costosa fronda burocrática. Por ello se convino, también, promover una reforma del artículo 32 de la Ley 1454 con el fin de levantar esa absurda prohibición que le impide acceder a fuente alguna para su financiamiento. Hasta el trayecto más largo para recorrerlo hay que dar el primer paso y este se acaba de dar, no resta más que desearle a la Región Caribe buen viento y buena mar!
Sincelejo, marzo 18 de 2016
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Por Horacio Serpa.- Es común y hasta ordinario decirlo, pero la visita del Presidente de los Estados Unidos a Cuba es histórica. Lo es porque hace casi un siglo un mandatario norteamericano no pisaba la Isla; lo es porque durante más de medio siglo los dos países no tuvieron relaciones diplomáticas; también porque los Estados Unidos son el símbolo universal del capitalismo y Cuba sigue siendo socialista; lo es porque con la llegada de Obama a La Habana se marca un precedente de profundas repercusiones en la diplomacia mundial.
También es una visita revolucionaria porque significa un radical cambio de actitud; porque modifica esquemas esenciales en la conducta de un País que a 90 millas de la Isla mantuvo durante diez lustros un recalcitrante desafecto político; porque cambia los comportamientos de una sociedad que se torna insolidaria cuando se trata de juzgar a los países que no están bajo el contexto de los intereses norteamericanos.
Una actitud nueva, democrática, valiosa, que merece aplausos. No solo para el Presidente Obama, sino para su gobierno, los partidos políticos y la sociedad estadounidense, así todos no compartan la corajuda disposición del Comandante en Jefe.
Es el fin de una época demasiado larga. La revolución cubana comenzó hace 57 años con el beneplácito de todos. La derrota de Fulgencio Batista, dictador, atrabiliario, corrupto, fue aplaudida por el propio gobierno americano, que antes lo apoyaba, como respaldó otras satrapías en el continente. Cuando Castro y sus barbudos tomaron el camino del comunismo soviético, la cosa fue a otro precio. La crisis de los cohetes y la invasión a Bahía Cochinos selló la enemistad. Era la guerra fría entre dos sistemas. Cuba fue la punta de lanza del régimen soviético en las propias barbas del Tío Sam. Eso hay que entenderlo.
Cuba resistió con valor y sacrificios. Tuvo de su lado a grandes naciones que le permitieron sobrellevar el bloqueo. Cuando cayó “el telón de acero” las dificultades fueron mayores pero el régimen se sostuvo con compromiso y apoyo popular. Sin entrar en disquisiciones filosóficas ni políticas, que siempre son interesadas, hay que elogiar el coraje cubano para resistir y sobrevivir. ¿El sistema? Es distinto al nuestro, con otros parámetros, ¿quiénes somos para juzgarlo con entera justicia?
Los Estados Unidos son el país más poderoso del mundo, una democracia. Barak Obama es el estadista más poderoso del mundo. Que haya llegado a Cuba después de abrir relaciones diplomáticas, es grande.
También es grande que el pueblo cubano, formado en un ambiente de hostilidad hacia la gran potencia, lo reciba con beneplácito.
El mundo está cambiando, para bien. En Cuba el gobierno de Colombia discute con las Farc un acuerdo de paz que está cerca. En nuestras selvas luchan los descendientes de los guerrilleros, que hace 50 años se formaron en la causa guevarista para llevar la revolución a América. No se pudo; no será posible. Ahora solo cabe la paz. Que el abrazo de Raúl Castro con Barak Obama en La Habana sea la mejor señal para la paz de Colombia.
Por Mauricio Cabrera. Tomado de Vanguardia Liberal.- La gente está descontenta con la situación del país: el gobierno enfrenta una tormenta perfecta de adversidades, tropiezos, complicaciones y problemas; la popularidad del presidente está en niveles bajísimos y aunque el gobierno hace esfuerzos por mostrar el vaso medio lleno, la sensación predominante es que está medio vacío y en este río revuelto todos tratan de sacar provecho para sus agendas particulares.
Es larga la lista de cosas que no están funcionando bien, varias de las cuales son sin duda responsabilidad de las políticas de este gobierno, pero en aras de la objetividad hay que reconocer que otras son producto de factores externos e incontrolables, así como hay otras que son de responsabilidad compartida pues son heredadas de gobiernos anteriores.
Aunque en un régimen presidencialista como el de Colombia el presidente tiene muchísimo poder, nadie en sus cabales se atrevería a decir que Santos es el responsable del desplome de los precios del petróleo, de la crisis de Venezuela o del fenómeno del Niño y la sequía que ha dañado cultivos y limitado la generación hidroeléctrica, así como tampoco sus políticas causaron el daño de la represa de Guatapé o de una termoeléctrica en la Costa Caribe, ni motivaron que Venezuela incumpliera su compromiso de vendernos gas. Por eso el aumento de la inflación no se le puede achacar a este gobierno ni a políticas laxas del Banco de la República, así como tampoco el riesgo de un apagón o racionamiento de agua o energía; sí se le puede reclamar que no haya prendido las alarmas con antelación y que la buena campaña de ahorro de energía no la hubiera empezado meses antes.
La mayoría de los problemas del país no surgieron hace unos meses sino que vienen de años y décadas atrás. Frente a estas herencias este gobierno -que ya lleva 5 años- sí es corresponsable, aunque hay que diferenciar entre aquellos que ha tratado de corregir o aliviar y aquellos que por acción u omisión ha empeorado.
Frente a esta situación están protestando los colombianos. Lo hicieron esta semana convocados por las centrales obreras, y lo harán el próximo mes por convocatoria del Centro Democrático. Sin embargo se trata de dos protestas muy diferentes: la del CD también es en contra del proceso de Paz, mientras que los sindicatos y los partidos de izquierda sí apoyan el esfuerzo de terminar conflicto armado. El CD utiliza el descontento para atacar al presidente, ocultando que la actual situación es producto de las mismas políticas y el modelo que ellos montaron y que van a reforzar si vuelven al poder. Es puro oportunismo, que además les sirve para tapar las graves acusaciones contra sus líderes y sus familiares.
Por Gabriel Ortiz.-A quién se le habrá ocurrido el disparate de aplicar un nuevo impuesto a los bogotanos, que ya no dan más. Sus bolsillos no resisten otra metida de mano.
A algún alcabalero se le ocurrió aplicar una sobretasa a las zonas de parqueo, como si las actuales tarifas de los parqueaderos estuvieran al alcance de la gente. Petro, en una de sus alcaldadas redujo los precios de los estacionamientos, con el ánimo de hacerle la vida más amable de los propietarios de vehículos. Ahora se pretende elevarlos en más de un ciento por ciento. La medida busca desincentivar el uso del carro particular, como si estos no fueran un elemento de trabajo para la gran mayoría.
Si no quieren que se utilicen los carros particulares, que proporcionen un transporte público adecuado y humano. Con el “transmilleno” y un retrasado metro, es imposible cubrir las necesidades de los millones de bogotanos que deben movilizarse de un lado a otro de esta caótica ciudad. Los taxis cada vez son menos eficientes, seguros y cómodos. Los Uber no están reglamentados y las vías, en su gran mayoría, son intransitables.
Y como si fuera poco, no hay estacionamientos suficientes para el parque automotor que tiene la ciudad. Por ello, los vehículos se tienen que dejar en zonas prohibidas, o invadir el espacio público.
Si se persigue desincentivar el uso de los carros particulares, el Alcalde tiene armas en sus manos: ahí está el pico placa, para paralizar más carros cada día, si de descongestionar las vías se trata. Si se busca limpiar el medio ambiente, puede ordenar la chatarrización de aquellos vehículos con más de 10, 15 o 20 años de uso.
También puede acudir a solicitar la prohibición de la importación de carros, ya que ni la capital, ni otras ciudades cuentan con las vías suficientes para un parque automotor tan desproporcionado. Claro que con los importadores nadie se mete. Así que dejemos esta medida de lado.
Grave, grave el disparate que se ha propuesto al Concejo y, más grave, en la disyuntiva en que se encuentran los concejales, porque los bogotanos ya no resisten más gravámenes. El impuesto va para las otras ciudades. Además, ¿a dónde irá a parar esa plata del nuevo impuesto? Seguramente a la corrupción.
BLANCO: Los beneficios de la jornada única en los colegios.
NEGRO: Los uribistas no resisten la paloma de la paz.
Por Jorge Gómez Pinilla.- Tomado de El Espectador. En mi columna de la semana pasada me referí a la marcha que Álvaro Uribe Vélez promueve para el 2 de abril diciendo que “la salida a las calles es una necesidad para defender la democracia”. Frente a eso afirmé que “es una necesidad, sí, pero no para defender la democracia sino para su proyecto desestabilizador”. (Ver columna) Y en asunto de marchas recordé la del 4 de febrero de 2008, cuando verdaderos ríos humanos colmaron las principales ciudades del país exigiendo a grito herido “No más FARC”.
La organización de aquella primera marcha surgió como una iniciativa ciudadana de repudio contra esa guerrilla, después de que el 4 de enero de ese año se frustró el intento de liberación de Clara Rojas. Fue entonces cuando el barranquillero Óscar Morales creó un foro en Facebook para invitar a sus amigos a juntar "un millón de voces contra las Farc". El llamado se regó como pólvora hasta trascender las fronteras, y fue así como además de las atiborradas capitales nacionales ese 4 de febrero hubo concentraciones de colombianos indignados en Nueva York, Washington, Dubai, Estambul, Tokio, Nueva Delhi, Tel Aviv, Río de Janeiro, Buenos Aires, París, Londres o Munich, 163 ciudades en total.
Ocho años después de esa marcha la seguidilla de escándalos, investigaciones, capturas y condenas entre los allegados a Uribe –que remató con la orden de detención a su hermano Santiago- permite pensar que las cosas son a otro precio para el hoy senador del Centro Democrático, porque ya mucha gente no le come cuento. La prueba es que cuando su bancada se declaró en rebeldía y ‘marchó’ sobre el Palacio de Nariño para exigir la renuncia del “dictador”, la indignación solo contagió a sus guardaespaldas y a cuatro pelagatos.
La diferencia entre la marcha del 4-F y la del próximo 2 de abril es que la primera expresaba el rechazo casi unánime del país al secuestro de civiles por parte de las FARC. La segunda por el contrario obedece a la urgencia que tiene Uribe de meterle pueblo a su pretensión de distraer con acusaciones contra el gobierno las fundamentadas acusaciones que les hace la justicia a su hermano, a sus hijos y a su partido, a este último por el espionaje que en la campaña de 2014 le ordenaron realizar al hacker Andrés Sepúlveda y a otras “células” para tratar de abortar el proceso de paz, lo cual si se hubiera concretado les habría dado el triunfo, como se lo dio a Uribe el fracaso del Caguán. (Ver declaraciones de Sepúlveda).
Es precisamente eso lo que hoy tiene a Óscar Iván Zuluaga –también- a las puertas de la cárcel, motivo por el cual huyó –también- a otro país, como en su momento lo hicieron María del Pilar Hurtado, Andrés Felipe Arias, Luis Carlos Restrepo y Luis Alfonso Hoyos, acusado este último por lo mismo que se investiga a OIZ: concierto para delinquir, violación de datos personales y uso de software malicioso.
El uribismo en abigarrada cohesión, que incluye a sus corifeos en columnas de prensa o en medios como RCN, se ha alzado en pie de lucha para encubrir lo que en el ámbito jurídico se conoce como una “empresa criminal”, nombre este que la Corte Suprema les dio a las chuzadas del DAS pero se hace extensivo a todos los investigados y condenados por concierto para delinquir.
En la columna arriba citada sugerí que el CD más bien debería llamarse Fuerzas Uribistas Reaccionarias de Colombia (FURC). En consonancia, se hace urgente que los colombianos que se oponen a ese proyecto sedicioso –al cual se le da camuflaje de político- se manifiesten y hagan sentir su voz de protesta. No se puede permitir que en busca de conseguir impunidad para su familia y sus allegados más cercanos (y lejanos), el expresidente arrase con la justicia y con la credibilidad que todavía les queda a las instituciones.
Con motivo de esa columna, espontáneos como Luz Marina Arango en Facebook o Federico Gärtner y Emma Flood en Twitter (a quienes no conozco en persona) se lanzaron al ruedo de las redes sociales a proponer una marcha que permita pasar “de la indignación a la acción”, y en tal medida contribuya a contrarrestar semejante proyecto reaccionario, cómplice de actividades criminales, parte de cuya rufianesca dirigencia hoy es prófuga de la justicia.
Si hubiera que buscar una justificación adicional, sorprende cómo en coincidencia con la captura del ‘apóstol’ de Yarumal se ha desatado una ola de asesinatos de dirigentes populares, que la revista Semana definió como el regreso del fantasma paramilitar y haría pensar en los coletazos de una bestia herida, a modo de advertencia tanto de lo que les puede pasar a los guerrilleros desmovilizados tras la firma de los acuerdos de paz, como del poder ‘subversivo’ de la Mano Negra.
Nunca antes en mi vida he participado en la organización de ninguna marcha –aunque sí he asistido a manifestaciones- pero he decidido acoger en esta columna las voces de quienes proponen convocar a una movilización masiva en rechazo a la cada vez más peligrosa extrema derecha, hoy convertida en una jauría de perros rabiosos domesticada y envalentonada por el accionar conspirativo del expresidente Álvaro Uribe.
Propongo que la marcha nacional en cuestión se realice el sábado 9 de abril, y si bien su nombre está por definir (se escuchan sugerencias), la idea central es que logremos aglutinar más de un millón de voces contra Uribe y sus FURC.
DE REMATE: Debe quedar bien claro que no es una manifestación de apoyo al gobierno, pero sí en parte a sus esfuerzos por alcanzar la paz. Mejor dicho, no sobra repetir estas palabras de Adolfo Zableh en columna reciente: "Lo que menos me gusta de los uribistas es que me hacen sentir simpatía por Juan Manuel Santos".
En Twitter: @Jorgomezpinilla
Por José Gregorio Hernández.-Un repaso a la historia fidedigna del establecimiento de la Constitución de 1991 nos permite recordar que una de las motivaciones más importantes de sus artífices, además de la búsqueda de un estatuto que permitiera al Estado afrontar con mayor éxito el terrible embate de la violencia narcotraficante -recordemos que el movimiento estudiantil impulsor de la séptima papeleta se denominó “Todavía podemos salvar a Colombia” y que el fundado y encabezado por el doctor Álvaro Gómez Hurtado se llamó “Movimiento de Salvación Nacional”-, consistió en desarrollar los criterios y principios propios del Estado Social, Democrático y Participativo de Derecho, a la vez que en hacer efectivos los derechos, las libertades públicas y las garantías de unos y otras.
Un balance objetivo y desapasionado de estos veinticinco años de vigencia de la Carta lleva necesariamente a varias conclusiones que deberían ser tenidas en cuenta en momentos en que, desde distintos y hasta contrarios sectores políticos y de opinión, se quiere precipitar, más que reformas resultantes del proceso de paz, la convocatoria de una asamblea constituyente que -algunos así lo desean- arrase con todo, deseche los contenidos constitucionales y jurisprudenciales hasta ahora logrados en este cuarto de siglo, y formule de nuevo, desde cero, un sistema político diferente, no sabemos muy bien si para avance o retroceso respecto de lo hasta ahora construido.
En efecto:
-Sin que esta Constitución lo haya inventado o creado todo -pues ello sería injusto y carente de rigor histórico-, lo cierto es que los colombianos hemos adquirido una mayor conciencia acerca del valor y la importancia de un sistema constitucional democrático y con sentido social;
-Aunque (por causas dignas de análisis) los mecanismos de participación, no han sido plenamente desarrollados, es evidente que el ciudadano tiene un criterio más claro acerca de su papel protagónico en la toma de decisiones sobre el futuro colectivo;
-Pese a que en muchos sectores impera todavía una forma de vida y una cultura de intolerancia y de violencia, en general se tiene una conciencia más abierta de la sociedad sobre el necesario imperio del Derecho y acerca del valor y los beneficios de una auténtica democracia, del pluralismo, de la tolerancia y del respeto a la diversidad;
-La persona del común sabe que es titular de unos derechos fundamentales e inalienables; políticos; sociales y económicos; colectivos, y que hay instrumentos judiciales para hacerlos respetar.
En fin, no todo se ha conseguido, pero mucho hemos logrado. ¿Lo echaremos por la borda?
Por Amylkar Acosta M.-La caída de los precios del crudo ha puesto en aprietos a la industria petrolera y ha obligado a las empresas a apretarse el cinturón, muchas de ellas han tenido que pasar por una reingeniería y ajustes severos para poder sobrevivir. Todas andan en las mismas. Las fusiones de unas con otras están al orden del día, también la contracción de sus actividades a su Core business, desinvirtiendo y batiéndose en retirada de aquellas actividades que ahora están dejando de estar en el foco de sus planes de contingencia. Eso significó el recorte y el aplazamiento de las inversiones en el sector, que según algunas fuentes se redujeron en un 57% en el último año. Particularmente en las actividades de exploración y producción la baja de la inversión fue del 28% y se proyecta un repliegue adicional del 16% este año.
Esta crisis a la que se ha visto abocada esta industria enfrentó a las empresas a un grave predicamento, en el que sus estados financieros se empezaron a resentir. No pocas de ellas cerraron el año 2015 en rojo. Es el caso, a guisa de ejemplo, de la estatal Statoil de Noruega, líder en el mundo en la explotación de hidrocarburos costa afuera, que tuvo pérdidas del orden de los US $4.234 millones, después de haber registrado utilidades en 2014 de US $2.497 millones (¡!). La OXI, por su parte, después de haber asentado en sus libros ganancias que se cifraron en US $2.497 millones paso a tener pérdidas por US $7.829 millones. O el de la mexicana PEMEX, que pasó de tener pérdidas en 2014 de US $15.433 millones en 2014 a US $30.315 millones de mayores pérdidas en 2015, casi el doble. Ello se tradujo, como era de esperarse, en un desplome generalizado de la cotización en bolsa de las empresas petroleras.
ECOPETROL, empresa en la que el Estado es el mayor accionista, que hace rato dejó de ser una empresa industrial y comercial del Estado para convertirse en una Sociedad anónima por acciones, listada en bolsa y regida por un régimen corporativo, también está expuesta a los avatares del mercado petrolero y por ello mismo no podía ser la excepción a la regla. Es bien sabido que Colombia, como país productor se ha visto afectado por partida doble, tanto por la destorcida de los precios como por la caída del volumen de su producción. El año pasado la meta de la producción de crudo fue de un millón de barriles/día y, luego de un gran esfuerzo, se alcanzó el 1´005.400 bpd, pero ya para este año la meta es menos ambiciosa, se fijó inicialmente en 955 mil barriles/día para luego revisarla y se proyecta a sólo 944 mil barriles/día.
En lo que concierne a ECOPETROL, particularmente, su producción no repunta, está estancada, a duras penas pasó de 755.400 barriles/día en 2013 a 760.700 barriles/día en 2014 y en lo corrido de 2016 ronda los 696 mil barriles/día. Las metas de producción del país y las de ECOPETROL, desde luego, se ven amenazadas por dos factores, tanto por el agotamiento de las reservas, que están en función del precio como por la baja de este. En cuanto a las reservas probadas con las que cuenta el país, según el dato de la ANH, en febrero del año anterior eran de 2.308 millones de barriles, con un precio de referencia que estaba en el rango de US $50 a US 60 el barril, al bajar este a un precio Brent que oscila alrededor de los US $34, dichas reservas se reducen a sólo 1.712. Y de 6.4 años de horizonte de autoabastecimiento, según CAMPETROL, se pasa a menos de 5 años (¡!). En cuanto a ECOPETROL se refiere, las reservas de crudo declaradas en 2014 de 2.084 millones de barriles también se han visto afectadas por los precios y ya para 2015 cayeron por cuenta de estos a 1.849 millones, un 11% (¡!). Ahora la esperanza de vida de las sus reservas pasaron de 8 años en 2014 a 7.4 años en 2015.
Y no es para menos, pues a medida que el precio baja hay yacimientos que dejan de ser comerciales y a ECOPETROL le ha tocado parar su explotación; es el caso del campo Akacías del Bloque CPO-9, en el Meta, uno de los más promisorios y el de Caño Sur Este, también en el Meta, los cuales dejaron de producir hasta que los precios repunten. Lo ha dicho claramente el Presidente de ECOPETROL Juan Carlos Echeverri, “el precio al cual producimos caja está entre US $20 y US $30 y el nivel en el cual damos utilidades está entre US $30 y US $40”[1]. Como es bien sabido el precio al cual vende ECOPETROL su canasta de crudo, en la cual el 53% es crudo pesado, se sitúa US $8.3 por debajo de la cotización del Brent y US $9.3 por debajo del WTI. En diciembre pasado, por ejemplo, ese precio fue de sólo US $28 el barril.
Muy seguramente, como lo advierte Daniel Guardiola, Jefe adjunto de investigaciones de Larraín Vial en Colombia, “Ecopetrol tendría que añadir 236 millones de barriles para mantener sus reservas en el mismo nivel, asumiendo además la plena ejecución del plan de producción”[2], que como es bien sabido el recorte en las inversiones este año en un 24%, aproximadamente, la va a impactar. Pero, para incorporar esos 236 millones de barriles a las reservas ECOPETROL tendrá que redoblar sus esfuerzos tendientes a optimizar su producción en los campos ya descubiertos, invirtiendo en desarrollo tecnológicos que le permitan alcanzar una mayor tasa de recobro, pero también en una campaña exploratoria agresiva para así tener nuevos y mayores hallazgos. Pero, aunque hasta ahora ECOPETROL ha sido exitosa en aumentar la tasa de recobro, especialmente en el Campo Rubiales, que revierte a mediados de este año, ello tiene su límite, es así como la producción en este campo permanece estancada por tercer año consecutivo y ahora se espera su pronta declinación. En relación a la exploración, mientras la inversión en 2014 fue de US $1.450 millones en 2015 ella bajó a la mitad, US $720 millones. Ello explica que los kilómetros de sísmica cayeran a los niveles de hace 20 años, a sólo 2.200 kilómetros. En cuanto a pozos perforados se pasó de 115 pozos en 2014 a 27 en 2015 y de estos sólo 8 productores, un desplome de 77.8%, retornando a los niveles de hace 10 años. Se salva la sísmica costa afuera, la cual ya ha arrojado sus primeros resultados positivos en el Caribe colombiano, que sólo se redujo un 6%, al pasar de los 32.492 kilómetros en 2014 a los 30.481 kilómetros en 2015. De allí que el hallazgo petrolero en Colombia se haya reducido de un año a otro en un 39%. Ello no deja de ser motivo de preocupación, pues el fantasma de la importación de crudo vuelve a asomarse peligrosamente.
Este es el telón de fondo que tendrá la Asamblea de accionistas de ECOPETROL el próximo 31 de marzo, quienes han visto cómo la cotización de su acción ha caído en los últimos dos años desde los $3.425 el 27 de enero de 2014 a hasta los $990 el 27 de enero de 2016. ECOPETROL cerró el año 2015, por primera vez, con pérdida neta de $3.9 billones. No obstante, las directivas de la empresa aducen que los “efectos contables introducidos por la presentación de los estados financieros bajo NIIF; sin el efecto de los castigos contables (impairments) la compañía habría arrojado una utilidad neta de $2.4 billones”[3], que era la esperada. Lo cierto es que la caída de los precios golpeó rudamente a ECOPETROL, al punto que por el sólo concepto del menor precio de la canasta promedio de crudos y productos (US $28.3 por barril) ECOPETROL dejó de recibir $5 billones.
Así las cosas, es de esperar que este año los accionistas de ECOPETROL tendrán una Asamblea lúgubre, sin presente para los asistentes a la misma y lo más seguro es que tampoco reciban dividendos, porque no hay de donde echar mano para repartir. En la medida que “en el ejercicio social del año 2015 la Compañía presentó una pérdida neta, no hay lugar a distribución de utilidades”[4] ha dicho la empresa. De hecho ya venían de capa caída, pues en 2014 se distribuyó $9.4 billones en dividendos, 42% menos con respecto a 2013 y en el 2015, cuando ya se había hecho sentir el impacto del desplome de los precios del petróleo, cayeron a “sólo” $4.1 billones, a menos de la mitad del año anterior.
Las directivas de ECOPETROL están haciendo ingentes esfuerzos para sobreponerse a este mal momento y guarecerse de este chaparrón, que ya va para largo, pues aunque en los últimos días el precio del petróleo parece haber tocado fondo y empezó a rebotar, nadie asegura que la tendencia de su recuperación se pueda sostener por mucho tiempo. Mientras tanto a las directivas de ECOPETROL no les queda otro camino que el de abrojos y espinas de la austeridad; de allí el propósito de reducir costos por una cuantía de $1.6 billones, que se vienen a sumar a los $2.8 billones de ahorro del año pasado. También están al orden del día las desinversiones y están saliendo de aquellos activos y participaciones que no son estratégicos para la empresa, tales como ISA, Propilco y EEB, entre otros. Ecopetrol, que es de todos los colombianos, la Joya de la Corona, está pasando por una prueba de resistencia, de la que saldrá airosa dada su solidez, su consistencia y el respaldo con que cuenta por parte del Estado.
Bogotá, marzo12 de 2016
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