Opinión

El Censo Agropecuario confirmó lo sabido: que avergüenza ante el mundo la enorme pobreza y miseria rural, la gran concentración de la tierra y el escandaloso atraso tecnológico. Pero más apena que confirme que Colombia tenga el peor modelo agrario del mundo, dado que el 70 por ciento de las tierras con potencialidad agrícola -sin contar la Altillanura- no se destina a la producción sino a la especulación inmobiliaria, como lotes de engorde. Y a la par se importa el 30 por ciento de los alimentos que consumimos, de acuerdo con la política de reemplazar a los productores nacionales por los extranjeros.

La excelencia de la arquitectura institucional del sector y su reconocimiento internacional, los avances en materia regulatoria y los logros en materia de cobertura y calidad en la prestación del servicio, excepción hecha de la región Caribe por razones bien conocidas, no nos debe llevar a la autocomplacencia. Ya en su momento, a instancias de la ANDI, el Gobierno Nacional a través de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo y Minas y Energía, se contrató un estudio con la firma ECSIM, el cual estuvo encaminado a identificar aquellos factores que han impedido que bajen los precios de la energía, para que estos no afecten la competitividad de la industria colombiana. Y ello, partiendo de la base que la competitividad de un sector de la economía no se logre a expensas de otro sector.

En dicho estudio se detectaron algunas fallas en el funcionamiento del mercado que deben corregirse, tales como la gran concentración de la oferta, el alto grado de integración vertical, directa e indirecta, de parte de algunos agentes, que causan distorsión y hace vulnerable el mercado al abuso de posición dominante. Ello obliga a introducir mejoras en el funcionamiento de la Bolsa por parte de la CREG, no con ánimo intervencionista, sino con el criterio de que el Estado debe ejercer su poder regulatorio, que es su última trinchera, para que el mercado funcione apropiadamente corrigiendo sus imperfecciones.

Entre las 30 recomendaciones de este estudio, además de los ajustes en materia regulatoria, se proponen acciones tendientes a hacer un uso más racional y eficiente de la energía, dado que el costo de esta no se reduce a su precio sino que la factura del servicio que se recibe depende también de las buenas prácticas por parte del consumidor, sea este industrial, comercial o domiciliario. 

Precisamente, en respuesta a tales recomendaciones, al expedirse la Ley 1715 de 2014, además de “promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía”, buscando contar con un sistema energético más sostenible ambientalmente, se busca promover la gestión eficiente de la energía, que comprende tanto la eficiencia energética como la gestión de la demanda. De hecho ya se dio un primer paso al reglamentarse dicha Ley, permitiendo que autogeneradores y cogeneradores puedan comercializar sus excedentes de energía utilizando las redes de transmisión del Sistema. Ello le va a representar importantes economías al sector industrial. En cuanto a la gestión de la demanda, se están contemplando medidas que den señales e incentivos tendientes a inducir bajos consumos, tales como la medición horaria, cargas interrumpibles, medidas todas que pueden contribuir a reducir el valor de la factura, que es lo que al final importa al usuario. 

Se propende, además, por la generación y uso de energías alternativas, preferiblemente de aquellas que son renovables y limpias como la energía solar y eólica.  En la región ejemplos dignos de imitar por parte del sector productivo en procura de ahorrar energía, hacer un uso más eficiente de esta y reducir el costo de la factura por la prestación del servicio. En Chile la estatal minera CODELCO cuenta con tres calderas industriales que venían consumiendo 60.000 barriles de diesel al año para el laboreo de la Mina llamada Gabriela Mistral en honor a la poetiza chilena y ahora una planta termosolar que consta de 3.000 paneles solares y operada por el consorcio integrado por la empresa chilena Energía Llaima SpA y la danesa Arcon-Sunmark le están proporcionando el 80% de la energía requerida. Y estamos hablando de una energía renovable, limpia y de bajo costo, después de soportar durante años algunos de los costos energéticos más altos del mundo. 

Es más, según la consultora Ernst & Young, el sector minero en Latinoamérica invertirá de aquí al año 2022 más de US $1.000 millones en proyectos de energía renovable, que contrasta con los US $37 millones que se invirtieron en 2013. Allí hay un filón enorme a explotar en un país que, como Colombia, cuenta con un gran potencial en esta materia, en momentos en que los costos de la energía eólica y solar caen dramáticamente y se tornan cada vez más competitivas (los precios de las turbinas y equipos para generación han caído el 40% en la última década). A ello apunta la Ley 1715 expedida el año anterior, al incentivar la generación y el uso de las energías no convencionales en Colombia. 

Riohacha, septiembre 12 de 2015

www.fnd.org.co

Por Gabriel Ortiz.-El embuste, la farsa, el engaño y la mentira, tienen al borde del fracaso a la revolución bolivariana de Venezuela, que a pasos agigantados empobrece, irrita, amordaza y elimina los derechos humanos de nacionales e inmigrantes.

Por Jorge Gómez Pinilla. Tomado de El Espectador.-Del mismo modo que hace diez años el industrial Fabio Echeverri Correa descubrió el ‘articulito’ que se requería derogar para que Álvaro Uribe fuera presidente de Colombia por segunda vez, la última columna de Daniel Coronell podría estar aportando el ‘correíto’ que el país necesitaba para descubrir el verdadero rostro del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez.

Por José Gregorio Hernández.-La función  de administrar justicia corresponde al Estado, que la debe ejercer de acuerdo con normas previas y claras, debidamente promulgadas ante la comunidad y por autoridades competentes. Su necesidad es una de las razones para la existencia de la organización política, pues sin justicia es imposible la convivencia.

Por Amylkar Acosta M.-James Carville, asesor de campaña del ex presidente de EEUU Bill Clinton en 1992 cuando este se enfrentaba sin éxito a Bush padre, le dio un giro a la campaña con su frase “es la economía, estúpido”, al conectar a Clinton con el elector, catapultándolo desde la Gobernación de Arkansas a la Casa blanca. Traemos a colación este episodio para referirnos a la patética situación por la que atraviesa la economía venezolana, estragada por cuenta de los desatinos de la política. No se equivó el gran hacendista colombiano Esteban Jaramillo cuando dijo “dadme una buena política y os daré una buena economía”.

Por Juan Manuel Galán.-Mientras escribo esta columna, más de 8.300 colombianos han salido de Venezuela, incluyendo a más de 1.380 deportados de los cuales más de 200 son menores de edad. Esto es infame. La violación de los derechos humanos de nuestros compatriotas no es un asunto únicamente de Colombia. De la misma manera que las muertes de los refugiados en el mar Mediterráneo no es un asunto únicamente de Siria ni cosa de Afganistán, ni exclusivamente un tema de los europeos. Se trata de un asunto que le compete a toda la comunidad internacional. Si olvidamos eso, en realidad estamos olvidando parte de nuestra humanidad.

Por Mauricio Cabrera Galvis.-¿Cómo explicar el comportamiento de la economía colombiana en la que se frena el crecimiento del PIB y al mismo tiempo se reduce el desempleo? Según la teoría económica cuando se desacelera el crecimiento debería subir el desempleo y viceversa, pero eso no es lo que está sucediendo en Colombia hoy.

El fenómeno de la drogadicción entre los jóvenes es una enfermedad más extendida y más dramática cada día que pasa. Hoy casi todos los hogares sufren la terrible presencia de este mal que acaba a las personas, deteriora las relaciones familiares y destruye la sociedad. Para combatirla, casi todas las prácticas tradicionales han fracasado. Afortunadamente, la sociedad asume que la drogadicción es un mal que requiere de un manejo sicológico, educativo y de readaptación al medio social y no de la actividad represiva del Estado, en el entendido de que quien merece todo el peso de la ley y la aplicación de medidas punitivas es el productor del estupefaciente y el distribuidor del mismo: el consumidor es víctima de ellos, y del libérrimo desarrollo de su personalidad cuando decidió cultivar el vicio.

Por Gabriel Ortíz.-Este prefabricado conflicto que ha montado la trinca que hoy gobierna a Venezuela, no deja de ser un escudo para defender la politiquería y los carteles que rapan la inmensa riqueza de nuestros vecinos. Es un gobierno que cae en barrena, que ha fracasado, porque el dinero fue “donado” a otros países para ganar adhesiones –como lo vimos en la votación de la OEA-, para atender los costosísimos caprichos de las hijas de Chávez y para llenar las bolsas de Maduro, Diosdado y el cartel de los soles.