Opinión
“El propósito de la ley es crear medidas restaurativas, que los alejen del sistema punitivo penal acusatorio, considerando a los menores infractores como víctimas de sus conductas siendo sujetos de restablecimiento de derechos”.
Por Juana Yolanda Bazán Achury*. - En los meses de octubre y diciembre de 2023, un número significativos de jóvenes adolescentes en conflicto con la Ley Penal, se evadieron de los centros de internación o resocialización, de varias ciudades del país en los que cumplían las penas impuestas por sus infracciones, algunos se han podido reingresar a los programas de rehabilitación que son muy pocos.
Lo anterior, sumado a los menores adolescente que se encuentran en trámite de judicialización por actividades criminales, junto con aquellos que son utilizados por las bandas organizadas del microtráfico y otras actividades ilícitas como el hurto, el porte ilegal de armas, que es la asociación para delinquir; han puesto sobre la mesa nuevamente el debate sobre la eficacia del Sistema de Responsabilidad Penal para menores de edad y adolescentes, consagrado en la Ley 1098 de 2006 y la Ley 1878 de 2018.
La política criminal diseñada en este cuerpo normativo, se orienta desde el principio de responsabilidad como supuesto filosófico, el cual contrasta con el impacto en la sociedad.
Un mirada a las estadísticas de los menores infractores, acudiendo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y a los Centros de Servicios Jurídicos para Adolescentes (CESPA), evidencian un aumento de los delitos cometidos por los menores de edad en los últimos años; desde el estudio de la política criminal, el análisis del impacto de la conducta de los adolescentes trasgresores de la ley, nos lleva a la conclusión de que no se trata de hechos o fenómenos que se presenten solamente en Colombia, la situación se muestra en crecimiento en toda América Latina, lo cual plantea un verdadero desafío para la región.
En Colombia hay una distancia enorme entre el concreto marco jurídico y las prácticas del sistema, de Responsabilidad Penal Para Adolescentes.
El art. 140 de la ley 1098 consagra: “Tanto el proceso como las medidas que se toman son de carácter pedagógico, especifico y diferenciado, respecto del sistema de adultos conforme a la protección integral”.
El propósito de la ley es crear medidas restaurativas, que los alejen del sistema punitivo penal acusatorio, considerando a los menores infractores como víctimas de sus conductas siendo sujetos de Restablecimiento de Derechos.
Partiendo de lo anterior, el Estado y su política criminal deben garantizar los derechos de los menores de edad, a un desarrollo integral, y a la primacía del interés superior de los niños niñas y adolescentes.
El desarrollo de la ley es producto de las garantías consagradas en los arts. 9,10 y 44 de la Constitución Política, normas que obligan al Estado y a la sociedad a la protección de este grupo poblacional, resultando ser letra mojada.
El marco normativo se desarrolla acogiendo todos los tratados que tienen que ver con la protección de la infancia y la adolescencia que han sido ratificados por Colombia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos (1966), Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), Convención de los Derechos del niño (1989), Reglas de las Naciones Unidas para Prevención de la Delincuencia Juvenil, Reglas de RIAD (1990) que buscan la Protección de los adolescentes en riesgo, buscando alterativas de prevención y resocialización. Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores Privados de la libertad.
Estamos cerca de cumplir un siglo de las declaraciones de la Unicef y seguimos empantanados.
Todas estas normas, y unas más, forman parte del conjunto de disposiciones que se incorporaron a las leyes colombianas, al definir la policía criminal aplicable a los menores infractores de ley penal.
Se preguntarán los lectores, ¿por qué tantas garantías? Porque Colombia es un Estado Social de Derecho que debe ser absolutamente garantista de los derechos humanos y de las libertades individuales (así sea solo en el papel). Y más aún, cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, por razón del interés superior de los citados, quienes constituyen el futuro de la sociedad y deben obtener la mayor protección para que sean personas con madurez emocional, e intelectual que contribuyan al desarrollo de la sociedad. Seguimos estando solo en el papel.
La consolidación de la política criminal de los adolescentes y niños tiene que partir de un estado de madurez a la hora de cometer la conducta delictiva, por lo que es necesario tener en cuenta la supremacía del interés superior del menor de edad, permitiendo desarrollar un sistema reeducativo que evite su re victimización.
El propósito de la ley de no imponer una sanción penal, es el reconocimiento de que esta problemática posee un carácter estructural socioeconómico, basado en las condiciones de vida de los menores infractores, la mayoría de quienes está en el sistema, han sufrido abandono, vienen de hogares disfuncionales, muchos son habitantes de calle, drogadictos, pelafustanes; es cuando el Estado y la sociedad debía acogerlos como familia, para garantizar a este grupo vulnerable, de manera estable y permanente las medidas restaurativas que la ley consagra.
Debemos reconocer que el buen propósito de la ley, en aplicación de las medidas restaurativas también ha fracasado, por cuanto, a través del Sistema de Responsabilidad, se han generado espacios de impunidad consiente por parte de los mismos actores delincuenciales quienes evaden la justicia a través del uso de los menores, a sabiendas que para ellos no hay penas intramurales prolongadas.
¿La sociedad se pregunta si es eficaz el tratamiento del Sistema de Responsabilidad Penal para los adolescentes vigente? O, si por el contrario la política se debe revisar para hacerla más severa, la severidad no cuenta porque la reacción y reactividad de los jóvenes es negativa y rebelde, la rebeldía proviene de la represión que reciben en los sitios de internamiento, que está ausente de ser restaurativa.
Es necesario revisar la política pública criminal aplicable a los infractores menores de edad, para evitar que los utilicen como instrumento las bandas criminales que no son pocas.
Lo anterior, debe ir de la mano con la intervención en políticas sociales comprometidas con la reeducación, resocialización, e inclusión social de los jóvenes adolescentes infractores de la ley o en riesgo de incurrir en violación de la misma.
Si el niño es la esperanza, el hombre será un triunfador.
Bucaramanga, 26 de enero de 2024
*Abogada y exrepresentante a la Cámara
“Tengamos cuidado en pasar tan rápidamente de meras hipótesis a políticas de gobierno”.
Por José Manuel Restrepo*. - Como en la canción “a veces sí, a veces no” parece ser la relación entre el gobierno nacional y el sector empresarial. Por un lado, se hace un llamado al “Acuerdo Nacional” y se realizan esperanzadores encuentros con los grandes “cacaos”, o se invita a los gremios a discutir la posibilidad de una nueva reforma tributaria que reduzca la tasa de impuestos corporativa; y por el otro lado, se dice que se necesita subir los impuestos para financiar la reforma a la salud o se comparte una nueva “reflexión filosófica” sobre cómo las utilidades del sector empresarial fueron generadoras de la inflación en el país, anticipando mensajes muy delicados como la posibilidad de impuestos adicionales a las ganancias o medidas de intervención en los mercados. Se pregunta uno, y ¿al fin qué? ¿Se quiere o no se quiere construir confianza para motivar la inversión?
Inquieta igual, que nuevamente se traducen “reflexiones filosóficas” como la de cambiar la regla fiscal o modificar las funciones del banco central, en expresiones oficiales de actores de política pública, mezclando el atril del debate académico (que puede ser válido), con el atril del hacedor de política económica. En este caso, un estudio de académico de la dirección de política macro de minhacienda, donde se puede rebatir la argumentación, metodología, conclusiones o aproximación sobre “Seller´s inflation” en Colombia, se convierte en el sustento para un comunicado oficial del ministerio, donde ni siquiera se debate el documento, ni se abre al análisis público.
Esto es peligroso, porque como sucedió en el caso de la propuesta de ajuste a la regla fiscal, esto envía un pésimo mensaje a los inversionistas, a las calificadoras de riesgo o en general al sector empresarial. Y mucho más en un momento donde necesitamos prudencia en los mensajes para construir confianza y con ello recuperar la senda de crecimiento de la inversión privada (que lleva tres trimestres en caída libre). Tanto que, luego de esa curiosa teoría de endilgarle la inflación al sector empresarial, el Consejo Gremial en pleno tuvo que descalificar el estudio, y por ende el comunicado oficial de hacienda, por imprecisión, sesgo, ligereza y precipitud, con un llamado de atención a que estos mensajes desconocen el sector empresarial y desincentivan la inversión. Grave!.
La verdad es que los hechos demuestran cosas distintas. El comportamiento del IPP y del IPC demuestran que, al contrario, luego de pandemia, el sector empresarial tuvo que asumir mucho de la inflación de costos y no se la trasladó plenamente a los consumidores. Dicho de otra manera, el sector empresarial se tragó con pérdidas buena parte de la inflación que vivió en insumos, tasas de cambio y otros costos. Si hubo algunas mejoras en excedentes durante y luego del covid-19, fueron el resultado de mayor demanda, crecimiento, estímulos o subsidios recibidos durante esa pandemia, y unos costos financieros bajos durante la misma.
En conclusión, siempre es bienvenido el debate académico con documentos de análisis, pero tengamos cuidado en pasar tan rápidamente de meras hipótesis a políticas de gobierno, y si queremos un “acuerdo nacional” no crucifiquemos al sector empresarial, que fue clave en la exitosa reactivación económica del país.
Bogotá, D. E, 25 de enero de 2024
*Rector Universidad EIA
"Es necesario preservar el postulado de la cosa juzgada".
Por José G. Hernández*. - En lo que respecta a la función de guarda de la integridad y supremacía de la Constitución -confiada a la Corte Constitucional-, con independencia de lo que ocurra en casos específicos -bien sea al decidir la Corte sobre demandas presentadas en ejercicio de la acción pública o en virtud del control oficioso-, es necesario preservar el postulado de la cosa juzgada.
Tramitado el debido proceso -de conformidad con las reglas previstas en la Constitución y en la ley-, la sentencia proferida por la Sala Plena de esa corporación adquiere firmeza. Lo resuelto es inmodificable mientras permanezcan las normas constitucionales con las cuales se hizo el respectivo cotejo.
El artículo 243 de la Carta Política consagra ese principio y señala que los fallos proferidos en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. A lo cual añade, con carácter perentorio: “Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”.
La jurisprudencia de la Corte ha distinguido entre la cosa juzgada absoluta -cuando esa confrontación se ha efectuado a plenitud, en relación con toda la Constitución-, la cosa juzgada relativa -cuando en el fallo se estableció la conformidad de la norma con determinadas reglas, quedando otros motivos por establecer- y la cosa juzgada aparente -cuando parecía que ya la Corte había examinado la constitucionalidad de la norma, pero en realidad ello no lo había hecho-.
Nuevas confrontaciones pueden tener lugar en los dos últimos casos, en tratándose de sentencias mediante las cuales se declaró la exequibilidad, no así cuando se falló la inexequibilidad, toda vez que la norma, por ser inexequible, es decir, inejecutable por contrariar la Constitución, fue expulsada del sistema jurídico. No puede seguir rigiendo. De allí que no compartamos ciertas decisiones de la Corte Constitucional que, pese a declarar que una norma es inexequible, permiten que siga rigiendo por meses y hasta por años.
Otro asunto que conviene definir -seguramente lo hará la Corte- es el referente a la aplicación del incidente de impacto fiscal, previsto -a partir del Acto Legislativo 3 de 2011- en el artículo 334 de la Constitución. Según la norma, en relación con sentencias dictadas por una cualquiera de las máximas corporaciones judiciales, el Procurador General o los ministros pueden solicitar -el trámite es obligatorio- que se inicie dicho procedimiento, para ver si la sentencia afecta las finanzas públicas. Se decidirá “si procede modular, modificar o diferir los efectos de la misma, con el objeto de evitar alteraciones serias de la sostenibilidad fiscal”.
A nuestro juicio, ese incidente no cabe respecto a sentencias en que se ha resuelto que una norma es inexequible. No podría la Corte Constitucional, por razones fiscales, devolver la vigencia y obligatoriedad a la norma cuya inconstitucionalidad ya fue judicialmente decidida. Se violentaría el postulado de la cosa juzgada constitucional, resucitando el precepto inexequible, contra lo dispuesto en el aludido artículo 243, a cuyo tenor “ninguna autoridad” -ni siquiera la propia Corte- podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible.
Bogotá, D. E, 25 de enero 2024.
*Expresidente de la Corte Constitucional
“La virtualidad solo genera quimeras. Requerimos el liderazgo de un Petro, posado sobre la tierra, que nos saque del ostracismo y el delirio”.
Por Gabriel Ortiz*.- Desde ese 7 de enero de 2020, cuando escapó el SARS-COV-2 del laboratorio chino de Wuhan, nuestro planeta perdió la libertad de respirar, de vestir, de comportarse y de actuar.
En tiempo record, apareció la virtualidad. Para unos fue una racionalidad que los liberaba del covid19 y a otros les abrió las puertas de un mundo que devenga, sin trabajar.
Las horas laborables han ido recuperándose, más no la desfachatez de la vestimenta. A todo se asiste desharrapado, descamisado y sin respeto por la audiencia que también se ha uniformado. Los corbateros han ido a la ruina, al igual que modistos y diseñadores.
Así trajina el mundo de hoy. Bogotá, la elegante capital que imponía la moda y el decoro en el vestir, hoy bate las marcas mundiales del andrajo y el desaliño. Las tarjetas de invitación quedaron abolidas, y los requisitos de “Damas traje de coctel y caballeros traje oscuro”, desaparecieron.
En Colombia, como en todos los países las poblaciones acudieron a la virtualidad. Casi nadie asiste a las oficinas. Los trámites son propiedad exclusiva de la electrónica, que curiosamente ha servido para sacarle el bulto a los reclamos ciudadanos. Los cheques, letras y demás documentos que daban seriedad a los negocios, desaparecieron o están merced a demandas y reclamos.
Hoy todo es virtual: perdimos los Juegos Panamericanos, porque nadie supo “dónde estaba la bolita”… ni los dólares. La corrupción abunda, se multiplica, porque ya no hay nada firmado. Contratos, como los de la bodega alquilada en Davos, aparecen, se multiplican y enriquecen. Ese foro no promueve turismo, es solo para magnates que miran para otros lados. El mayor turismo internacional llegó a Colombia cuando se firmó la Paz de Santos. De las gestiones de ProColombia, poca gente se entera, nadie logra seguirles la pista.
Mientras Colombia sepultaba las víctimas de la avalancha en Carmen de Atrato, la virtualidad de nuestro gobierno, no sabía hacia dónde dirigir el avión presidencial, tras una la tardanza en la posesión del mandatario de Guatemala. Finalmente, en las playas de Puntacana, se dio la orden de tomar rumbo a Davos y de gestionar una conferencia con el Papa, en Roma.
La virtualidad desorienta e impide saber lo que acontece en la esquina noroccidente de Suramérica. Y el presidente Petro, entre tanto, ejerce un liderazgo mundial para impedir que el planeta no consuma más petróleo y defienda el Amazonas. Quiere que vivamos del turismo, en un país de avalanchas sobre unas carreteras, repletas de carísimos peajes y que implanta pico y placa que impide al turista visitar los pueblos del camino. Los mayores costos de turismo alguno, la trata de blancas, la prostitución y demás estafas que son moneda corriente, impedirán que haya gente que quiera conocer semejante belleza. Esto lo desconoce el gobierno virtual que ha generado una explosión de protestas y apoyos de grupos amigos y enemigos de Petro, de esos que marchan por calles, campos, escenarios y ciudades gritando: “fuera Petro” o “viva Petro”.
La virtualidad solo genera quimeras. Requerimos el liderazgo de un Petro, posado sobre la tierra, que nos saque del ostracismo y el delirio.
BLANCO: Los expertos reclaman baja de intereses.
NEGRO: La amenaza de derrumbes sobre la panamericana.
Bogotá, D. E, enero 21 de 2024
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
"El nuevo paradigma, la nueva era desde el campo de la sicología sistémica, es ocuparse de uno mismo".
Por Ximena Martínez León*. - El aprendizaje más importante de las personas -hombres y mujeres- en el año 2024, es cómo convertir la soledad en una fuente de madurez, conciencia y transformación.
En las consultas de pacientes de manera presencial y virtual en Colombia y el exterior, siempre me preguntan la importancia del ser humano como fuente de su propio refugio.
Desde el ámbito profesional les digo que es un regalo para el mundo. Desde hace varias décadas, hizo carrera la frase: "mi soledad es mía. De nadie más"
Esta afirmación tiene muchas interpretaciones. Quienes hoy aman la soledad, hacen los más "revolucionario", la razón: La mayoría de las personas no se ocupan en los 12 meses que tenemos por delante; de sí mismas.
La consigna es, en medio de una sociedad del consumo e inseguridad y el tsunami de las redes sociales, es pensar en los otros primero. Estoy convencida que esa acción privada y pública es una gran falacia para dilatar ocuparse de uno mismo.
El nuevo paradigma, la nueva era desde el campo de la sicología sistémica, es ocuparse de uno mismo. De seguro quienes leen está columna de opinión, no pueden negar que han llenado una "piscina olímpica con sus lágrimas a lo largo de su vida".
Todos tenemos muchos traumas y heridas. Llegó la hora en el año 2024 de ponerles luz. Ubicar la conciencia e ir sanando poco a poco desde el ámbito interior hacia el exterior, desde la óptica personal.
Los invito a conquistar la soledad en este nuevo año que tenemos ante nuestros ojos. También el hermoso escenario del sueño, en la etapa de descanso.
Estamos llamados a ganar el pulso entre soledad y sociedad. Todo a través de la propia experiencia. "Hay que dedicar mucho más tiempo a la soledad en silencio. No es lo mismo estar solos que sentirse solos".
Nacimos solos y moriremos solos. Vivimos bajo la ilusión que estamos acompañados. Pero en realidad es que estamos solos.
Lo cierto es que hay cuatro estadios de soledad: La primera, la soledad estándar, es decir no hay peor soledad que sentirse solo estando acompañado. La segunda es la soledad reactiva. Aquellas personas que no les gusta compartir con los demás, se aíslan, se encierran. Por eso triunfan las redes sociales.
Un tercer tipo de soledad es la impuesta. Se concentra en la población adulta mayor. "Es un infierno, sino se han sabido acompañar por si mismas" No la han escogido.
La cuarta soledad, es la elegida. Las personas que se encierran en casa o se van a la montaña. Esa es una soledad sociable que trasciende la madurez espiritual. Esa es la condición humana que nos impone el gran reto de amar la soledad desde nuestro "metro cuadrado" desde Colombia pasando por México, Ecuador, Perú, España, Nueva Zelanda o Alemania.
Todos necesitamos afecto. Pero no hay mejor afecto que el que nos podemos dar nosotros mismos. Toda una aventura por explorar.
A propósito de este comentario usted qué piensa? facebook/ximenamartinezleon
Chía, enero 23 de 2024
*Experta en terapia sistémica familiar.
E mail
“Hay que descartar la manida fórmula del simple aumento de tarifas a quienes ya pagan”
Por Mauricio Cabrera Galvis*. - Sorprendió la propuesta del presidente Petro de realizar otra reforma tributaria para bajar los impuestos a las empresas, aumentando los de las personas naturales. Luego el Ministro de Hacienda precisó que la reforma debe ser neutra, es decir que no buscaría aumentar los ingresos fiscales sino solo recomponer las cargas entre las empresas y las personas.
¿Se necesita una nueva reforma tributaria y de qué tipo? La respuesta es afirmativa, por dos razones. Primero, para el objetivo planeado por el presidente que es un cambio a la estructura tributaria del país que ha sido recomendado por expertos nacionales e internacionales, pues Colombia tiene una de las tarifas de impuesto corporativo más altas de la región y de la OECD.
Segundo, porque a pesar de lo dicho por el ministro la reforma no debe ser neutra sino que se necesita aumentar el recaudo tributario para compensar los menores ingresos generados por las sentencias judiciales (como aceptar la deducibilidad de las regalías) y el menor crecimiento económico, así como para cubrir el mayor costo del servicio de la deuda en los próximos años.
¿Quiénes deben pagar más impuestos para compensar la rebaja a las empresas y aumentar el recaudo? Ante todo hay que descartar la manida fórmula del al simple aumento de tarifas a quienes ya pagan; en particular los nuevos tributos no deben recaer sobre los asalariados e independientes de altos ingresos, que ya verán un significativo aumento en los impuestos que deben pagar este año.
El ministro ha planteado reducir la elusión con mayores controles a las empresas familiares que asumen los costos y gastos de sus accionistas -hasta el mercado, ha dicho-. Es una medida conveniente y necesaria, pero no se sabe todavía si daría el monto de recursos nuevos necesario.
Se deben plantear propuestas diferentes y retomar algunas que ya han sido negadas en el Congreso por el cabildeo de los afectados. Para suscitar el debate se mencionan algunas:
Hacer progresivo el impuesto de renta a las empresas estableciendo un tope de unos $500 millones a la devolución del IVA a las compras anuales de bienes de capital de todas las empresas. Las pymes que inviertan hasta $2.500 millones anuales recibirían el 100% del IVA, y empresas más grandes con mayores inversiones recibirían un porcentaje menor.
Eliminar la exención del Impuesto de Timbre a las escrituras de compraventa de bienes inmuebles de valor superior a 10.000 UVT, con una escala progresiva de acuerdo al valor del inmueble. Este es un tributo de fácil recaudo que es utilizado en muchos países del mundo con tarifas hasta del 10% o más.
Incluir a todas las iglesias dentro del régimen especial para las entidades sin ánimo de lucro. Establecer regalías variables para minerales como el carbón o el oro que aumenten de acuerdo a las variaciones de sus precios internacionales.
¿Es posible que una reforma de este tipo sea aprobada en el Congreso? Muy difícil, pero en algún momento habrá que intentarlo.
Cali, 14 de enero de 2024
*Filósofo y Economista. Consultor
Mauricio Cabrera
“Hay subsidios otorgados con precipitud, cuyo costo resulta enorme para el fisco”.
Por Juan Camilo Restrepo*.- Los subsidios son uno de los principales renglones de gasto en el presupuesto colombiano. Por ello se deben revisar periódicamente para asegurar que son útiles y que efectivamente están llegando a quienes lo necesitan.
Hay muchos subsidios que se desperdician; su focalización es ineficiente; y a menudo terminan en manos de quienes no los merecen, o que los necesitan menos que otros.
Por eso es interesante lo que se va a emprender con el montaje del registro universal de ingresos (RUI), figura que creó el plan de desarrollo y cuya reglamentación se inicia próximamente bajo la dirección del Departamento Nacional de Planeación.
El reto es inmenso: se trata de sustituir el viejo e ineficiente sistema de los “estratos socio económicos” que se viene utilizando desde hace décadas como criterio para distribuir los subsidios por otra base de datos que se supone más eficiente pues que en vez de medir las condiciones físicas de las viviendas de los potenciales beneficiarios medirá sus ingresos para repartir mejor los subsidios. Para que así se puedan focalizar los subsidios de manera más técnica privilegiando realmente a quienes de acuerdo con esta nueva medición resulten los más vulnerables o pobres.
Montar esta nueva base de datos que es bueno decirlo: no está diseñada con propósitos fiscales es un reto no solo técnico sino comunicacional. Quienes hagan el diseño del sistema deben cuidarse mucho de no dar el mensaje de que es para cobrar más impuestos lo que estropearía la confianza ciudadana en el nuevo sistema.
Su puesta en marcha requerirá tiempo y un enorme instrumental técnico por parte del departamento de planeación y del Dane para que las cosas salgan bien. Para que se logre calibrar los ingresos que perciben todos los colombianos y para que de acuerdo con la nueva metodología se pueda prescindir de la tradicional medición por estratos en la asignación de subsidios.
Hay subsidios protuberantemente ineficientes y regresivos como los que entrañan los precios subsidiados de los combustibles, puesto que la mayoría de los usuarios de vehículos (sobre todo tratándose de aquellos a motor de gasolina) los poseen personas con alta capacidad de pago.
Haber eliminado el subsidio a la gasolina durante este gobierno -lo que sin duda requirió coraje político- y para que partir de ahora que el precio doméstico empiece a fluctuar con las cotizaciones de paridad internacionales- es un gran logro.
Montar el registro universal de ingresos (RUI) si lo logra hacer bien el gobierno Petro en los próximos dos años, tiempo que toma su montaje, y haber eliminado el subsidio a los precios de la gasolina hasta llevarlo al punto en que pueda flotar de manera acorde con las cotizaciones internacionales, al alza o a la baja serán sin duda dos logros inobjetables de la actual administración.
Hay por el contrario subsidios otorgados con precipitud cuyo costo resulta enorme para el fisco y que no terminaron cumpliendo ningún propósito redistributivo o de equidad. El más reciente caso lo podemos ver en la congelación de los peajes que se decretó a comienzos del 2023. Su costo resultó enorme: cerca de un billón de pesos. No logró hacerle ni cosquillas a la inflación del último año. Y lo que es más grave: como no se pueden dejar congelados indefinidamente pues comprometerían el equilibrio financiero de los concesionarios que debe respetarse, ahora se vienen dos alzas en tanda: una del 13,12% correspondiente al ajuste que no se hizo oportunamente en 2023, y otra en el primer trimestre del 2024 que cubrirá el ajuste debido para el año en curso por un monto que rondará el 10%.
O sea, en las próximas semanas los peajes se reajustarán en cerca del 23%. Cosa que nadie agradecerá, sino que por el contrario será rechazada estruendosamente. Es un buen ejemplo de un subsidio mal definido y peor manejado.
Bogotá, D. C, 15 de enero de 2024
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
“Esta alza en la tarifa de energía se vendría a añadir a la que se derivará del cobro a partir de la factura de enero de este año”.
Por Amylkar D. Acosta M*.- La Comisión de regulación de energía y gas (CREG) levantó una polvareda con la expedición el 18 de diciembre pasado, para comentarios hasta el 15 de este mes, de la Resolución 701 028, mediante la cual “se adoptan reglas transitorias en el precio de bolsa del Mercado de energía mayorista durante el período del Fenómeno de El Niño”, asumiendo que este se prolongará hasta el mes de abril, cuando según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) se podría prolongar hasta el mes de junio.
Según el Ministro Camacho, “ninguna de las medidas tomadas va a afectar negativamente las tarifas de energía. Nosotros venimos, desde que arrancó el Gobierno, con el propósito de bajar las tarifas de energía y todas las medidas que estamos tomando buscan cumplir ese propósito”. Y añadió, “la medida que se está adoptando tiene unas condiciones que buscan aplicar en uno de los segmentos de la cadena que es la generación”. Él está pensando con el deseo. El quid del asunto está en que la adopción de tales condiciones “que busca aplicar en uno de los segmentos de la cadena”, terminan por afectar a los otros segmentos de la misma cadena y al final no sólo puede hacer nugatorio lo que se propone sino que lo puede tornar contraproducente. Y este es el caso.
De aplicarse la disposición prevista en esta Resolución que le establece un techo al precio en Bolsa, este sólo impacta, en promedio, al 20% de la energía transada, lo cual limita su efecto, traduciéndose en una reducción en uno de los cargos de la fórmula tarifaria, el de la generación (G), que podría representar una baja entre $60 y $100 el KWH. Pero, concomitantemente, como lo afirma el Director ejecutivo de Óptima consultores Alejandro Lucio, “la resolución de intervención pone a cargo de la demanda, a través del componente de restricciones, el diferencial entre el costo de la generación térmica y el nuevo precio de bolsa intervenido”. Ello se traducirá en un incremento en la tarifa al usuario final de $350 por KWH, aproximadamente, a través del cargo por restricciones (R) de la fórmula tarifaria. Si descontamos de este la disminución en el cargo por generación (G), el saldo neto en contra del usuario un incremento entre el 25% y el 30% en su factura de electricidad.
Por lo demás, como lo acota el experto Alejandro Lucio, la cifra de $530 por KWH, que sale del magín de la CREG, es “un valor completamente arbitrario. En esencia, se les limita su margen (a las hídricas), pero no se les acaba. Percibir ese valor puede ser un costo de oportunidad, pero no dejan de percibir rentas interesantes cuando venden su energía”. Y para rematar “además, y acá está la paradoja, se les está techando el precio que deben pagar por aquella generación que no puedan producir, justo cuando no la van a producir. Al final se les hace un favor” al generador hídrico a expensas de los usuarios, que es al que, según el Ministro Camacho, se busca proteger de los abusos de posición dominante en que incurran los generadores.
A todas las críticas que desde distintos flancos le han llovido a la Resolución de marras, el Ministro Camacho se ha limitado a afirmar, pero sin ningún sustento técnico, que “los impactos que esto pueda tener en otros segmentos, como en las restricciones o en la comercialización y distribución, los estamos evaluando y tomando medidas para cumplir el propósito de bajar tarifas”. Y repite la cantinela de que “todas las medidas están orientadas a bajar las tarifas y tener costos eficientes y justos para la gente”. Pero los hechos son tozudos, como lo sostiene la Directora ejecutiva de ASOENERGÍA Sandra Fonseca, “la gran mayoría de los colombianos podrían estar pagando alrededor de 2,4 billones de pesos más en sus facturas de energía entre enero y abril del 2024 en caso de materializarse el proyecto de resolución”.
Esta medida, de aplicarse tal cual como está proyectada, agudizaría la tendencia inercial al alza de la tarifa de energía y de paso acarreará, como lo sostiene el experto Alejandro Lucio, “mayores costos por confiabilidad, asumiendo que esos requerimientos de firmeza se consigan completar en la próxima subasta de cargo por confiabilidad (si es que ante esta intervención algún inversionista de un proyecto térmico se anima a participar en la misma) o en el peor de los casos, un no muy lejano déficit de energía firme que en el próxima sequía, y por qué no en la que estamos viviendo, nos lleve al apagón”.
Esta alza en la tarifa de energía se vendría a añadir a la que se derivará del cobro a partir de la factura de enero de este año, como lo dispuso la Resolución 101 029 del 24 de noviembre de 2023 expedida por la CREG, de la deuda, con sus intereses causados, que por concepto de la opción tarifaria tienen todos los usuarios con las empresas prestadoras del servicio de energía que, como es bien sabido sobrepasa la suma de los $5 billones, cuyo impago las había puesto en calzas prietas, al punto que el Gobierno tuvo que abrirles un crédito en FINDETER para solventarlas y evitar así un apagón financiero de las mismas. Esta es la cereza del pastel envenenado de la espiral alcista de las tarifas de energía, la cual tiene su principal catalizador en el déficit en la oferta de energía, debido al atraso y al aplazamiento de importantes proyectos, tanto de generación como de transmisión, con un margen de maniobra que no supera el 5%, manteniendo al Sistema interconectado nacional (SIN) en el máximo grado de stress!
Santa Marta, enero 14 de 2024
Economista. Expresidente del Congreso, exministro de minas y energía.
“Podemos estar a un paso de la desestabilización que hoy sufre Ecuador”.
Por José Félix Lafaurie Rivera*. - Entre Ipiales y Tulcán en Ecuador solo hay 11 kilómetros que se recorren en 19 minutos por la Panamericana, pero no es a esa cercanía a la que me refiero, sino a la cercanía a la desestabilización que hoy vive ese país y de la cual no estamos lejos, pues padecemos los mismos síntomas producto de las mismas enfermedades.
Al problema de una justicia con altos niveles de impunidad y el auge de doctrinas que la promueven, como la justicia restaurativa y la despenalización, se suma el de las cárceles bajo el dominio de grupos criminales y convertidas en centros de operaciones de la delincuencia, lo que no es sino el síntoma de una enfermedad también crónica en Colombia: un sistema penitenciario sobrepoblado y permeado por la corrupción, en el que la resocialización y la “alta seguridad” son un chiste. El detonante del caos en Ecuador fue la fuga, en apenas tres días, de dos peligrosos criminales, uno de los cuales no duró 24 horas arrestado.
Los problemas no surgen por generación espontánea. En 2017, Rafael Correa, antes de dejar la presidencia de Ecuador “hizo el mandado” e indultó a 3.000 personas convictas por narcotráfico. En 2018, Santos nos dejó un Acuerdo espurio con las Farc, garantizándoles impunidad por todo tipo de delitos, y… lo más grave: nos dejó 300.000 hectáreas de coca.
Así llegamos al mal de males, al cáncer que ha hecho metástasis en ambos países: EL NARCOTRÁFICO, su poder corruptor y su capacidad para suplantar al Estado, generar violencia y desestabilizar un país al amaño de sus intereses.
La fumigación con glifosato, que llevó los cultivos a niveles mínimos al final del gobierno Uribe, se movió en la frontera con Venezuela al ritmo de las fricciones con Chávez. Sin embargo, en 2007, Correa llega al poder y los dos socialistas del Siglo XXI hacen causa común contra Colombia por la fumigación, incluidas la demanda ecuatoriana ante la Corte de La Haya y la amenaza de Correa de derribar aviones de fumigación. Por esas dos fronteras resucitó el narcotráfico, que hoy es poder efectivo, tanto en la frontera nororiental en el Catatumbo, y en la suroccidental en Putumayo, Nariño y Cauca, a un paso de Ecuador; una peste que se expandió a otros territorios con la suspensión total de fumigaciones en 2015, bajo la presión de las Farc en la mesa de negociaciones.
Hoy asistimos a dos agravantes en ambos países: el desdoblamiento de las mafias en cientos de bandas criminales de enorme impacto desestabilizador en las ciudades a partir del microtráfico, y la presencia comprobada de las violentas mafias mexicanas.
El panorama en Colombia no es halagüeño: 400 municipios están bajo control territorial de grupos criminales para la protección de sus rentas ilícitas. De 48.000 hectáreas de coca pasamos a 300.000 y, de contera, en ese mayor hectareaje aumentó la productividad, de dos a cinco cosechas anuales. La mayor producción, sumada a la competencia del fentanilo y demás drogas sintéticas, generó una caída pronunciada de las exportaciones.
Estamos inundados de coca en los campos y de cocaína en las ciudades y pequeñas y medianas poblaciones, lo que ha multiplicado los “emprendimientos criminales” y la competencia mortal entre ellos, disparando una violencia anárquica y diferenciada a nivel regional, según sean los actores violentos en cada territorio.
Podemos estar a un paso de la desestabilización que hoy sufre Ecuador. La respuesta del presidente Noboa es la correcta: la restauración del orden a partir de la seguridad y el imperio de la ley… Ese es el camino: primero el orden, como condición para la verdadera libertad; lemas de nuestro escudo.
Bogotá, D. C, 14 de enero de 2024
Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
“Barranquilla no se merece este vía crucis para tener sus Juegos Panamericanos, que, de recuperarse, impulsarán su imagen como polo de desarrollo del Caribe”.
Por Hubert Ariza*. - Comenzó 2024 con un escándalo olímpico que despertó del letargo navideño a los colombianos y zarandeó al Gobierno nacional, ante la dura reacción de la opinión pública y la oposición por la decisión de Panam Sports de retirar a Barranquilla la organización de los próximos XX Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de 2027, por el incumplimiento del Estado de un contrato suscrito desde 2021, y, en especial, el no pago de cuatro millones de dólares antes de finalizar 2023. El 30 de enero de 2024 debería cancelar una cifra igual.
Se trató de una bofetada a Colombia, que evidencia la improvisación de dos administraciones nacionales que no dimensionaron lo que estaba en juego y las graves consecuencias de su parsimonia. También, de un duro golpe al Caribe colombiano, que le ha cumplido al deporte y ha honrado su palabra. Tan solo en julio del año pasado Santa Marta, gracias a la gestión del entonces gobernador, Carlos Caicedo, y la alcaldesa, Virna Johnson, recibió la visita de Neven Ilic, presidente de Panam Sports, en el proceso de validación de su aspiración de ser sede de los Juegos Panamericanos de la Juventud 2025. Y lo logró en el marco de la exitosa realización de los V Juegos Suramericanos de Playa, liderados por la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), en los que participaron 14 países y cerca de 1.000 atletas.
Ante la gravedad de lo acontecido con Barranquilla, el presidente Petro ha reaccionado y ha mostrado un liderazgo y celeridad que era necesaria unos meses atrás, quizá unos días antes, en noviembre o diciembre, cuando se debía presionar al Ministerio de Hacienda o sacudir al ineficiente Ministerio del Deporte ―cuya existencia se cuestiona con fuerza― para girar los dineros acordados y evitar este desastre político, diplomático y deportivo que nos avergüenza ante el mundo.
En este momento ya no se trata de quién tiene la culpa, sino cómo y con quiénes se encuentra una solución al problema y se le devuelve la esperanza a Barranquilla de que recuperará lo que perdió en los vericuetos de la burocracia nacional, con funcionarios hiperpolitizados que esgrimen argumentos pueriles sin hacer un mea culpa, que viven de espalda a las regiones y no entienden que su ineficiencia condena a Colombia en el escenario internacional y priva al Caribe de una posibilidad de bienestar y desarrollo.
Como no se trataba del incumplimiento del pago de un recibo de servicios públicos, y de un trámite de reconexión, el escándalo lo ha tenido que asumir el presidente Gustavo Petro, pagando un alto costo político que se medirá en los próximos estudios de opinión. Este escándalo demuestra, una vez más, que el primer mandatario no tiene fusibles y las descargas de altísimo voltaje, ocasionadas por sus subalternos, las soporta con el autoconvencimiento de que no puede darle cabezas de su equipo a la oposición, que él siempre sale ganando, y que aún tiene el suficiente teflón para resistir la crisis permanente, porque en algún momento encontrará la veta política, la lámpara mágica, que le permitirá superar todos los errores y salir victorioso, imponiendo su sucesor.
Diez días después de conocerse la decisión de Panam Sports, la ministra de Deporte, Astrid Rodríguez, sigue muy deportiva en su puesto, y si el presidente no la cambia en la tan anunciada crisis ministerial, podría estrenar la moción de censura en el Congreso de la República, donde 32 senadores ya firmaron una petición en ese sentido, acusándola de negligente, incapaz e ignorante. Mientras tanto, el ministro de Hacienda dice que Colombia está lista para pagar de manera inmediata los ocho millones de dólares acordados, que hace apenas 10 días no aparecieron.
Y el presidente alista una próxima visita a Chile ―un viaje más en su larga lista de países recorridos― para pedirle al presidente Boric y a Panam Sports que reconsidere su posición, luego de enviarle una carta ratificando la voluntad de Colombia de realizar las justas deportivas. Pero que los Juegos vuelvan a Barranquilla no depende de la decisión de un solo hombre, ni una sola nación, sino de una asamblea de 41 miembros, que se reunirá en febrero próximo, luego de que el 30 de enero se cierren las postulaciones de los países que quieran ocupar el lugar de Barranquilla. Entre estos están México, Paraguay y Brasil.
La estrategia de salvamento incluye al canciller Álvaro Leyva, a quien muchos analistas daban como seguro recambio en el esperado remezón ministerial de fin de año. Es arduo el camino trazado. Embajadores gestionando para que países amigos retiren sus aspiraciones. Lobistas internacionales gestionando ante Panam Sports para que dé reversa. Diplomacia directa del presidente Petro ante sus pares de Chile, Brasil, México, para superar el error de un burócrata ineficiente que no tramitó un desembolso pactado.
En política todo es posible. Milagros se han visto. Ojalá la estrategia funcione y esta novela macondiana tenga un final feliz. Pero no hay mucho espacio para el optimismo. Hasta el momento lo que hay es especulación y bastante escepticismo. Barranquilla no se merece este vía crucis para tener sus Juegos, que, de recuperarse, impulsarán su imagen como polo de desarrollo del Caribe, potencia deportiva y un lugar deseado para vivir sabroso.
El escándalo ha servido para que los colombianos vuelvan a preguntarse si el modelo político administrativo que tenemos es el que nos merecemos. El Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y el alcalde de Barranquilla, Alex Char, fueron invitados a la Casa de Nariño a ser parte de la estrategia de solución a la crisis. Su asistencia ratificó su disposición de trabajar en las malas y en las buenas con el presidente Petro, con espíritu conciliador, compromiso patrio y pensando en intereses colectivos y no individuales.
Este episodio ratifica, además, la urgencia de superar la hipercentralización que agobia a las regiones. Hay que dejar atrás episodios como estos, en los que unos pocos funcionarios del Gobierno central afectan con su negligencia al futuro de toda una región. ¿Qué hubiera pasado si la responsabilidad de los Juegos Panamericanos 2027 hubiera dependido exclusivamente de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico? Quizá estaríamos celebrando un ambicioso programa de inversiones millonarias que transformarían, aún más, a una de las ciudades más pujante del Caribe y de Colombia, y no suplicando, con el presidente de la República a la cabeza, que nos perdonen la improvisación y nos devuelvan la organización de los Panamericanos que teníamos ganada.
Bogotá, D. C, 14 de enero de 2024
*Periodista, internacionalista y analista político.
Tomado de El País.
