Opinión

Por Amylkar D. Acosta M*. - La Comisión de Regulación de energía y gas (CREG) ha venido dando tumbos, zarandeada por decisiones desatinadas que han venido prolongando su interinidad, entorpeciendo su normal funcionamiento. Como se recordará, el Presidente Petro intentó, sin éxito, hacerse a las competencias propias de la CREG mediante la expedición del Decreto 227 del 16 de febrero de 2023, a lo cual se interpuso el Consejo de Estado dejándola sin efecto, a través de un fallo en respuesta a la demanda del mismo. 

Se procedió, entonces, a designar los expertos comisionados ante las vacantes que generó la decisión del Consejo de Estado al declarar la nulidad del nombramiento de varios de ellos por parte del Presidente Duque. Pero dichos nombramientos no lo fueron en propiedad sino en calidad de encargados, a contrapelo de lo dispuesto por la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, que les establece un periodo fijo de 4 años, para así garantizar la independencia administrativa que le atribuye a la CREG el artículo 69 de la misma. 

Esta interinidad de la CREG llegó al extremo de tornarla inoperante, a tal punto que el 5 de octubre del año anterior, al vencerse los términos del encargo de los expertos comisionados encargados, se quedó sin quorum para decidir, conduciendo inexorablemente a un apagón regulatorio. 

Tuvo que intervenir la Procuradora general Margarita Cabello, quien mediante Oficio 678 del 10 de octubre pasado, le requirió al Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho proveer las plazas de los expertos comisionados, el cual tuvo por respuesta el nombramiento de 4 de los 6 expertos comisionados, pero solo uno de ellos (Omar Fredy Prías) en propiedad. 

Tan anómala situación llevó al Tribunal administrativo de Cundinamarca el 25 de enero de este año a ordenarle al Presidente Petro que “dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la Sentencia se realicen las acciones y gestiones necesarias para integrar la CREG con 6 expertos en asuntos energéticos DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA, nombrados por el Presidente de la República PARA PERÍODOS DE 4 AÑOS”.

A pocos días de cumplirse el plazo perentorio establecido por el Tribunal de Cundinamarca para el cumplimiento de su Sentencia, en lugar de su cumplimiento el Gobierno la recurrió ante el Consejo de Estado. Entre tanto,

se les venció el encargo de los tres comisionados designados en tal calidad, sin abandonar su vinculación laboral con la UPME y con el Despacho del Ministro (José Medardo Prieto, Antonio Jiménez y Manuel Peña Suárez) volvió a quedar la CREG en interinidad y sin quorum para tomar decisiones, ya que para ello se requiere contar con al menos 4 de los 6 expertos comisionados que la integran. Y ello, en momentos de alta tensión del sector eléctrico por cuenta de la severidad del fenómeno de El Niño que ha venido afectando los embalses de las hidroeléctricas cuyo agregado a la fecha está en un 46,7% y el crecimiento de la demanda de energía registra un preocupante 7.8%!

Esto es inaudito y es una pésima señal a los agentes de la cadena del Sistema, cuando más se requiere inspirarles confianza y garantizarles mayor seguridad jurídica, que se ha visto conturbada en estos días por la propuesta contemplada en el anunciado proyecto de ley que presentará el Gobierno para su trámite en el Congreso de la República para reformar la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, mediante el cual se le atribuirían al Presidente de la República las funciones y competencias que hoy están en cabeza de la CREG y de la Comisión de regulación de agua potable (CRA).

En el artículo 40 del borrador del proyecto se propone un cambio drástico en materia regulatoria, al establecer que “la regulación de los servicios públicos estará a cargo del Presidente de la República, quien puede ejercer esta función directamente, según lo estipulado en el artículo 68 de la presente ley o delegarla en las comisiones de regulación”. Y para que no quede duda sobre las intenciones del Gobierno, se prevé en el artículo 131 del mismo que las funciones delegadas en la CREG podrán ser ejercidas si y sólo sí el Presidente de la República así lo dispone, “de lo contrario, dichas funciones deberán ser ejercidas directamente por el Presidente”. Más claro no canta un gallo!

Su sólo anuncio ha causado escozor y está minando la confianza entre los inversionistas por los temores a los cambios en volandas de las reglas de juego que han regido con éxito la prestación de los servicios públicos domiciliarios, ininterrumpidamente, durante tres décadas. Y de contera, al pretender darle a la Superintendencia de servicios públicos poderes discrecionales y funciones jurisdiccionales, ello puede dar pábulo al abuso y a la arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones y competencias.

Bogotá, febrero 25 de 2024

*Economista. Expresidente del Congreso y exministro de Minas y Energía.

“Pese a que el Gobierno prometió convertir al país en potencia mundial de la vida, el desprecio por ésta sigue siendo el sello de nuestra realidad macondiana”.

Por Hubert Ariza*. - Han pasado 18 meses del Gobierno del presidente Gustavo Petro, quien prometió convertir al país en potencia mundial de la vida y, a pesar de su empeño en lograr la paz total con procesos de negociación paralelos con guerrillas, paramilitares y bandas criminales, Colombia no deja de contar muertos, masacres, desplazamientos, confinamiento de poblaciones y constatar el envalentonamiento de la ilegalidad.

Siete años después de los acuerdos de paz en La Habana, los fusiles de los ilegales no se silencian. El odio continúa siendo una epidemia que rechaza la vacuna de la tolerancia y carcome la democracia. Por los ríos de las regiones más apartadas siguen bajando los cadáveres de las víctimas, solo que ya no se escucha el célebre estribillo: “nos están matando”. El desprecio por la vida sigue siendo el sello de nuestra realidad macondiana. El dolor es inmarcesible y no hay júbilo inmortal.

Para despertar de ese letargo, con la consigna “Para la guerra. ¡nada!”, miles de colombianos de la sociedad civil, los gobiernos locales, el Gobierno nacional y líderes políticos y de opinión se concentraron, el pasado 20 de febrero, en varias plazas del país y exigieron a los actores armados ilegales que dejen de matar a los líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz. Por unos instantes se registró en los medios, una vez más, la voz valiente y desgarrada de un sector de la población hastiada, honestamente, de la violencia fratricida, que no cesa en su empeño de proteger la vida, defender la democracia y hacerse oír en un país ensordecido por el conflicto armado, la polarización política, la corrupción y la crisis del proceso de paz con el ELN.

Aunque no se trató de una movilización de millones de personas, como sucedió antaño contra las Farc o durante el estallido social contra Iván Duque, ese día, nuevamente, en la Plaza de Bolívar se sintió con esperanza que el tema de la protección a la vida estaba de regreso a la agenda política, como lo fue durante la procuraduría de Fernando Carrillo Flórez y su campaña Lidera la Vida, que unió alrededor del ministerio público a la sociedad civil organizada, la cooperación internacional, el periódico El Espectador y Caracol Televisión.

Para muchos, la movilización del pasado 20 de febrero fue el punto final a un compás de espera al primer gobierno de izquierda en Colombia, para que pase de los discursos a los hechos y haga realidad la promesa de campaña de diseñar una audaz política pública que contribuya a detener la máquina de la muerte, que se devora impasible en las regiones los liderazgos sociales de hombres y mujeres que, literalmente, se juegan su vida por defender sus territorios del embate depredador de la ilegalidad armada, que a sangre y fuego destruye el tejido social, la naturaleza y los procesos comunitarios.

Precisamente, un informe de Amnistía Internacional, del pasado 9 de noviembre de 2023, sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia, concluyó que “el cambio de Gobierno no significó mejoría alguna” en este tema.

Los números no mienten y la violencia contra los firmantes de paz y líderes sociales no ha cesado. Los ilegales matan igual en un gobierno de derecha que en uno de izquierda. En lo corrido del año se han contabilizado el homicidio de 20 líderes sociales y cinco firmantes de paz y diez masacres, según Indepaz. En total van 413 exguerrilleros de las Farc dejados sin vida por las disidencias.

A pesar de los esfuerzos del Estado, la comunidad internacional y la sociedad civil organizada, esa población víctima sigue siendo estigmatizada, perseguida, desplazada y asesinada, sin que, en la mayoría de los casos, se esclarezcan esos delitos, se capture a los autores materiales e intelectuales, y la sociedad despierte y exija a los actores armados ilegales respetar la vida y al Gobierno nacional diseñar una política pública eficaz, con recursos, que erradique la impunidad y la estigmatización, y detenga ese fenómeno que debilita la democracia y demuestra la incapacidad estatal para proteger la vida, ocupar los territorios y garantizar los derechos de los colombianos.

Las cifras de víctimas de la estigmatización y la intolerancia varían cada año, y cambian dependiendo de qué institución u organización las emita. Según la Defensoría del Pueblo en 2017 fueron asesinados 126 líderes; en 2018, 178; en 2019, 134; en 2020, 182; en 2021, 145; en 2022, 215; en 2023, 181. En 2024 ya van 20 casos. Los departamentos más afectados son Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo, Córdoba y Chocó.

Esas cifras, sin embargo, de acuerdo con el informe anual de violencia en Colombia 2023 de Indepaz, son mucho más bajas que las recopiladas durante los dos períodos del presidente Uribe, cuando la política de seguridad democrática no impidió que fueran asesinados, aproximadamente, 7.768 líderes y defensores de derechos humanos. Hay que recordar que, según las cifras de la JEP, en ese mismo período se evidenció, además, el fenómeno de los falsos positivos, que dejó un saldo de 6.402 víctimas mortales.

En comparación con los dos gobiernos anteriores, en la administración Petro las cifras por violencia contra defensores no se han reducido drásticamente, como se esperaba: en 2022, se registraron 215 casos; y en 2023, 181, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.

Ante la incapacidad del Estado para responder a la crisis humanitaria generada por la violación generalizada y sistemática de derechos fundamentales de esa población, la Corte Constitucional declaró, el pasado 10 de diciembre de 2023, el Estado de Cosas Inconstitucional, ECI, y le ordenó al Gobierno nacional diseñar un Plan Integral de Protección a la Vida, con enfoque de género, asignando los recursos presupuestales para garantizar los derechos fundamentales de la población objetivo.

Es lamentable que sin importar que se decreten ceses al fuego con los actores armados ilegales en el marco del proceso de paz total, los asesinatos de los líderes sociales no se detengan y, por el contrario, puedan aumentar ante la eventualidad de una profundización de la crisis que vive la mesa de negociación con el ELN.

En medio de la pugnacidad y polarización política, la exigencia de una respuesta institucional al asesinato de los líderes sociales es hoy bandera de la oposición, incluso de la extrema derecha, que ahora luce preocupada por un tema que en el pasado ignoraba. Lo importante es que el Gobierno reaccione y cumpla lo ordenado por la Corte Constitucional.

En esa tarea es importante contar con las autoridades territoriales, alcaldes y gobernadores, que deberán incluir ese tema en sus planes de desarrollo, armonizándolos con el Plan Nacional de Desarrollo, así como cumplir con las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Y, por supuesto, trabajar de la mano con la Fiscalía General de la Nación, que deberá dar un salto cualitativo en la lucha contra la impunidad, que es del 95% en este campo, según han denunciado las organizaciones sociales. De ahí, además, la importancia del arribo de una nueva fiscal, mucho más comprometida con la defensa de la vida.

Pero hay que dar un paso más: exigir en las mesas de negociaciones que los grupos armados ilegales asuman un compromiso público y verificable de no asesinar a los líderes sociales y firmantes de los Acuerdos de Paz. La voluntad de reconciliación debe expresarse de manera directa y expresa, parando la máquina de la guerra. Al igual que el fin del secuestro, el cese al fuego contra esa población debería ser un punto central de la agenda de negociación, la agenda política y la opinión pública. No para ganar votos, sino para salvar vidas. Y blindar la débil democracia, que muere a pedazos cada vez que asesinan un líder social y se trunca un proceso comunitario.

Bogotá, D. E, 25 de febrero de 2024

*Periodista, internacionalista y analista político.

 Tomado de El País.

"En estos días, a propósito del trámite señalado para la elección de la persona que haya de ejercer la Fiscalía General de la Nación, no han sido pocos los equívocos e imprecisiones que han circulado, causando mucho daño a las instituciones y al país.

Por José G. Hernández*. -Desde el punto de vista jurídico -en especial cuando hablamos de la Constitución y cuando se trata del ejercicio de las funciones públicas de mayor trascendencia- es fundamental la precisión en el uso de los términos y en la alusión al contenido material de las reglas establecidas.

En estos días, a propósito del trámite señalado para la elección de la persona que haya de ejercer la Fiscalía General de la Nación, no han sido pocos los equívocos e imprecisiones que han circulado, causando mucho daño a las instituciones y al país.

Se afirmó, por ejemplo, que criticar públicamente -en columnas periodísticas o en las redes sociales- la ostensible demora de la Corte Suprema de Justicia en elegir implicaba una presión indebida sobre ella y una injerencia en sus decisiones judiciales.

Doble inexactitud: en primer lugar, el artículo 20 de la Constitución garantiza a toda persona el derecho fundamental a expresar con libertad su pensamiento y opiniones, y puede hacerlo respecto a la actividad de cualquier funcionario o autoridad estatal, desde luego con el debido respeto, sin calumniar ni injuriar. En segundo lugar, la función de la que se trata no es de carácter judicial -y, aunque lo fuera, se podría disentir desde el punto de vista académico-. Es función administrativa.

Una congresista de oposición señaló que el presidente de la República quiere forzar a la Corte para que vote sobre “su terna”, lo cual -estimó-, es indebido. A lo cual respondió el presidente que él tiene “el derecho” de remitir a la Corte una terna para la elección de fiscal.

Dos inexactitudes. No es que el actual presidente tenga un capricho y quiera imponer “su terna” a la Corte. Es la Constitución la que, en su artículo 249, dispone: “El Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República”. El presidente, a su vez, también se equivoca: no es "su derecho" enviar la terna, porque los derechos se pueden ejercer o no. Aquí se trata de una función. Enviar la terna es su deber constitucional, y no puede eludirlo ni dejar de cumplirlo oportunamente.

Se ha dicho también que la Corte Suprema es dueña de “sus tiempos” para elegir, que es “soberana” y que, como no está previsto un término exacto para la elección, puede postergarla indefinidamente.

Cabe aclarar al respecto:

-La Corte Suprema -como todos los altos tribunales- merece respeto, y, aunque no es “soberana” -porque la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, como lo proclama la Constitución-, es autónoma e independiente en el ejercicio de sus funciones. ¿Puede haber manifestaciones populares, protestas o apoyos a su gestión? Sí, ello está garantizado en la Constitución, siempre y cuando se trate de reuniones pacíficas.

-El hecho de que no haya un término específico, no significa que la Corte pueda aplazar indefinidamente la elección, si recibió oportunamente la terna, como ahora ocurre. Salvo fuerza mayor, al terminar su período el fiscal saliente, lo normal es que la sucesión sea inmediata. Los antecedentes en sentido contrario no son excusa para las demoras injustificadas.

Bogotá, D. C, 22 de febrero 2022

Expresidente de la Corte Constitucional

“Planteamos que así como las comercializadoras le aplicaban la opción tarifaria a sus usuarios otro tanto se debía permitir a las comercializadoras por parte de las generadoras para repartir la carga financiera que la misma comporta”.

Por Amylkar D. Acosta M*. - Cómo se recordará en octubre del año pasado XM, la empresa que administra el mercado mayorista, alertó sobre el riesgo del efecto dominó que podía derivar en una crisis sistémica que comprometiera la prestación del servicio de energía, debido a la insolvencia que podían enfrentar 36 comercializadoras a consecuencia de la abultada deuda contraída con ella por parte de sus usuarios por cuenta de la aplicación de la opción tarifaria que se aplicó a raíz de la pandemia, como alivio temporal, difiriendo las alzas tarifarias. En su momento planteamos que así como las comercializadoras le aplicaban la opción tarifaria a sus usuarios otro tanto se debía permitir a las comercializadoras por parte de las generadoras para repartir la carga financiera que la misma comporta. Se habló entonces del riesgo de un apagón financiero.

Solo cuando una de ellas, Air- e, entró en crisis por su insolvencia y estuvo a punto de enfrentar una limitación de suministro que conduciría a su intervención por parte de la Superintendencia de servicio públicos domiciliarios se pellizcó el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho y expidió una Resolución permitiendo diferir hasta el 20% de las obligaciones mensuales con los generadores, pero solo hasta el pasado 31 de diciembre.

Pero esta medida no pasaba de ser un placebo, no un remedio. Ante la insuficiencia de la medida se recetó por parte del Ministerio otro placebo, autorizando a FINDETER para que abriera una línea de crédito por un monto de solo $1 billón cuando la deuda por la opción tarifaria sobrepasaba los $5 billones, a la cual se vino a añadir la deuda del Gobierno por concepto de reconocimiento de los subsidios aplicados por las comercializadoras a sus usuarios de los estratos 1, 2 y 3 que asciende a $1.5 billones más $1 billón que le adeudan los usuarios oficiales y constitucionalmente protegidos, que sumados ascienden a $7.5 billones.

Aquí hagamos una digresión a propósito de la morosidad de las entidades públicas para decir que, según reza el artículo 318 de la Ley 1955 de 2019, “el incumplimiento por parte de cualquier entidad estatal de sus deberes como usuarios de servicios públicos, especialmente en lo relativo a la incorporación en los respectivos presupuestos de apropiaciones suficientes y al pago efectivo de los servicios utilizados, es causal de mala conducta para sus representantes legales y los funcionarios responsables, sancionable con destitución”. Por su parte el entonces Procurador General de la Nación Edgardo Maya expidió la Circular 048 del 11 de septiembre de 2008, con base en el artículo 12 de la Ley 142 de 1994, notificándoles a los alcaldes y gobernadores que el incumplimiento de dicha disposición es una “falta gravísima”. Huelga decir que las autoridades deben predicar con el ejemplo.

Ante el requerimiento de las empresas, el Congreso de la República, que en ese momento tramitaba el proyecto de presupuesto, aprobó ampliar el cupo de crédito en FINDETER hasta la concurrencia del valor total de la deuda por concepto de la opción tarifaria. Sin embargo, hasta el momento solo se han desembolsado $450.000 millones del billón inicialmente autorizado y más recientemente se autorizó ampliar el cupo de crédito en otro billón más. Así, a cuentagotas es como vienen fluyendo los recursos del crédito con el que se busca solventar la angustiante situación que afrontan las comercializadoras.

Ello ha llevado a las comercializadoras a poner nuevamente el grito en el cielo: “si no tenemos oxígeno (liquidez), las empresas se podrán ver en aprietos" exclamó el director ejecutivo de ASOCODIS José Camilo Manzur. Y ello, en medio de los avatares, incertidumbres y la inclemencia de un fenómeno de El Niño fuerte, que está poniendo a prueba la fortaleza de todos los eslabones de la cadena del Sistema eléctrico. Uno de ellos que falle y estaremos en problemas para sortear esta contingencia.

Y, como afirma el Gerente general de Air-e Santiago Posso, “la línea de crédito desembolsada por Findeter ha brindado un alivio temporal por un corto plazo. Sin embargo, es evidente que se requieren medidas regulatorias más sólidas y una mayor disponibilidad financiera para afrontar esta situación a largo plazo en medio de un fenómeno de El Niño como el que actualmente atraviesa el país", que es retador.

También se solicita por parte de ASOCODIS que, además del giro inmediato del pago pendiente del monto de los subsidios por parte del Ministerio de Hacienda,  se dé la pronta intervención de la Procuraduría, “para que tome acciones ejemplarizantes y disciplinarias contra las cabezas de las entidades estatales que tienen millonarias deudas por el no pago del servicio de energía eléctrica, pese a que por ley deben apropiar los respectivos recursos en sus presupuestos”. Para luego es tarde!

Piden, además, que “se prorrogue la norma que permite diferir hasta el 20% de las obligaciones mensuales de pago por transacciones en el Mercado de Energía Mayorista, ya que perdió su vigencia el pasado 31 de diciembre”. Y, de contera, le urgen al Gobierno el giro de los subsidios en mora.

Hasta ahora el único paso que ha dado el Gobierno es la expedición por parte de la CREG de una Resolución autorizando a las comercializadoras para que empiecen, a partir de este mes de enero, en el transcurso de los próximos diez años, cobrar a los usuarios el monto adeudado por concepto de la opción tarifaria, que debe marchar concomitantemente con el acceso al financiamiento de las empresas comercializadores, para evitar una crisis de insolvencia que les dificulte el flujo de caja.

Cota, febrero 17 de 2024

*Economista. Expresidente del Congreso y ex ministro de minas y energía.

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“…La unión solidaria y pacífica… disuade a los violentos”.

Por José Félix Lafaurie Rivera*.  -   18 de enero. Cientos de personas invaden la finca ‘La María’, municipio de La Paz, Cesar; incendian, arrasan lo que encuentran a su paso e instalan sus ranchos. “Primero se cansa el ganadero, antes de que nos saquen”, fue su amenaza a los propietarios.

5 de febrero. Es secuestrado el ganadero Óscar Mauricio Torres, en la Hacienda Yarí, municipio de Tauramena, Casanare.

13 de Febrero. 28 novillos son hurtados de la Hacienda Betulia, municipio de Maceo, Antioquia.

14 de febrero. Cuatro camiones con ganado, es decir, entre 50 y 60 animales adultos son hurtados en la Hacienda La Ignacia, municipio de Caimitos, Sucre.

Un informe reciente de la Policía Nacional da cuenta de ¡33.650! casos denunciados de robo de ganado entre 2010 y 2023; un promedio de 1.300 al año, de cuatro por día y una estimación de más de 3 millones de animales robados.

De la extorsión ni hablar. Es un impuesto oculto y maldito que nunca se fue de las regiones ganaderas, protegido por el silencio a que obliga el miedo a la pérdida del patrimonio, de la libertad o de la vida.

Hoy, más de 400 municipios en la extensa ruralidad colombiana, casi la mitad del país, están bajo control territorial de los bandidos, afectando la vida campesina, la producción agropecuaria y la ganadería principalmente. ¿La razón?: Porque la “paz estable y duradera” de Santos, que nunca llegó, se convirtió en “violencia creciente y duradera” al amparo de la permisividad con el narcotráfico, en lucha por la expansión del control territorial que el Estado ha perdido, dejando a merced de los violentos a millones de compatriotas.

Ese entorno de violencia generalizada es el porqué de los “Frentes Solidarios de Seguridad Ganadera” que impulsa FEDEGÁN y cuyo diseño y organización encomendamos a un verdadero experto, el general (r) Fernando Murillo, exdirector del Gaula de la Policía, de la Dijin y de Interpol Colombia.

Como ha explicado el general Murillo, no “inventamos el agua tibia”, pues los Frentes de Seguridad son un programa de la Policía Nacional, basado en la colaboración ciudadana con la Fuerza Pública. De hecho, existen más de 10.000 Frentes de Seguridad Ciudadana en los barrios de nuestras ciudades y más de 4.000 Frentes de Seguridad Empresarial.

Ahora, ¿para qué? Para recuperar el territorio, porque ¡el territorio no puede ser de los bandidos!; para construir un “Tejido Solidario de Protección” que actúe como muro de contención contra la delincuencia y derrote el miedo a punta de solidaridad y colaboración con la Fuerza Pública y las autoridades, porque no hay peor consejero que el miedo, que trazó el camino de experiencias pasadas que el país no quiere volver a transitar. Y el gran para qué: la gente; para devolverle la paz y las posibilidades de progreso.

Finalmente, el cómo. Primero, con “articulación virtuosa” con la Fuerza Pública y las autoridades; con sus altas instancias, por supuesto, pero más importante aún, con quienes están en los territorios, con quienes podemos establecer una relación de cercanía, con el teniente a cargo del Comando Municipal, con el alcalde, el fiscal, el juez y el personero.

Segundo, con “inclusión gremial solidaria”. Nuestros Frentes van más allá de los afiliados a un comité de ganaderos. Su mayor valor es ponerlos al servicio de todos y, principalmente, del pequeño ganadero, para quien lo poco que le pueda arrebatar la violencia puede ser todo.

La colaboración pacífica y desarmada con las autoridades es uno de los fundamentos de la estrategia, pero el esencial es LA SOLIDARIDAD, porque la solidaridad hace fluir la unión gremial ganadera; porque la unión solidaria y pacífica… disuade a los violentos.

Bogotá, D. E, 17 de febrero 2024

*Presidente FEDEGAN

@jflafaurie

“Corte Suprema de Justicia sí debería resolver con prontitud quién habrá de desempeñar en propiedad durante los próximos cuatro años la Fiscalía General de la Nación”. 

Por José G. Hernández*. - Aunque en torno a los hechos del jueves 8 de febrero frente al Palacio de Justicia en Bogotá algunos medios y usuarios de redes sociales difundieron informaciones falsas -por ejemplo, hablaron de magistrados apedreados, heridos o evacuados en helicóptero, sin que fuera verdad-, el episodio de las protestas orientadas a presionar la elección de fiscal no fue nada edificante ni apropiado para el fin que se buscaba. 

En efecto, debemos reiterar que, si bien es legítimo reclamar una pronta definición en el mencionado asunto -que no es de poca monta y existen motivos válidos para evitar la interinidad que se avecina- el llamado presidencial a la protesta ciudadana, precisamente ante la Corte Suprema y el día de la sesión correspondiente, no fue lo más prudente. La Constitución garantiza los derechos fundamentales a la libre expresión, a la reunión, a la manifestación colectiva y a la protesta, pero resulta equivocado pretender que esa vía sea la más indicada con miras al oportuno ejercicio de la aludida función. 

Subrayamos que, aun existiendo razones válidas, no toda controversia tiene que ser resuelta por el pueblo en las calles o frente a los edificios públicos, menos aún si -en medio de una enorme polarización política como la actual-, el movimiento puede desembocar en disturbios o vías de hecho. Además, una manifestación, marcha o movilización popular debe ser espontánea, no provocada por llamado del Gobierno, menos todavía si se trata de presionar la decisión de otra rama u órgano del poder público. 

En la democracia, el sistema jurídico asigna funciones, competencias y responsabilidades, así como las reglas y procedimientos aplicables. Y la ciudadanía cuenta con otros mecanismos viables, sin riesgo de indeseables desbordamientos, que pueden ser más eficaces para exponer argumentos, opiniones o solicitudes, así como para invocar criterios, razones e interpretaciones de la normatividad vigente. 

Por supuesto, en este caso, la Corte Suprema de Justicia sí debería resolver con prontitud quién habrá de desempeñar en propiedad durante los próximos cuatro años la Fiscalía General de la Nación. El presidente de la República remitió a esa corporación, desde hace más de cuatro meses, una terna de excelentes candidatas, quienes ya hicieron sus exposiciones ante los magistrados, cumple los requisitos exigidos y fueron aceptadas para el efecto por la misma Corte. 

Pero la Corte no debe ser presionada. Se puede disentir de su inconveniente demora. Se puede estimar que se ha equivocado. Discrepar de sus decisiones o indecisiones, pero -desde luego- el debate debe tramitarse en el ámbito y mediante los procedimientos legales, con respeto. No por vías de hecho.

Bogotá, D.E, 15 de febrero 2024

*Expresidente de la Corte Constitucional.

“Caminamos hacia un estado en abandono, rodeado por el odio entre la dirigencia, los tres poderes, la población, los partidos políticos y las diferentes etnias”.       

Por Gabriel Ortiz*. -Esa premisa a la que todos acuden para mostrar su superioridad, riqueza y fortaleza dentro de esta sociedad colombiana, sacude todas nuestras estructuras sociales.

Hay de quienes desconozcan la señal del índice superior, o del volumen del dinero. Así se gobierna, se maneja, se orienta y se obliga a actuar a este país.

Colombia hace parte de esta armazón. Don poder y don dinero, no dan lugar para la liberación de este pueblo al que, por años solo le dan ordenes, quienes pregonan que: “usted no sabe quién soy yo”

Tenemos tres poderes, que a diario nos dicen que son independientes, pero que valga la realidad, están por fuera de esos principios que la democracia ordena y se convierten en ruedas sueltas a las que la politiquería, la economía y extraños intereses convierten en marionetas.

Hemos observado en estos últimos meses, la forma como el ejecutivo y una desdibujada y feroz fiscalía, han puesto en aprietos al legislativo y al judicial que, aunque requieren reformas inmediatas, prefieren aplicar gordura a sus vistas.

En forma desmañada ejecutivo, legislativo y judicial, han entrado en una puja para culparse de la situación en que andamos. Tosca e irreflexiva, fue la citación por parte del ejecutivo de enfrentar y “encerrar” a las Cortes, para impedir que Barbosa impusiera, en su reemplazo a quien tiene comprometedores enjuiciamientos. El rifirrafe envolvió a toda una ciudadanía que desconocía los caminos a seguir.

Entre tanto la nación entera sigue atónita, frente a una violencia que se riega por campos, ciudades y barriadas. La paz total ha resultado una farsa, una comedia y bofetada al país entero. Aparecen guerrillas, paramilitares y bandidos por todas partes, que ofrecen lo divino y lo humano durante diálogos que no cumplen.

Dicen no secuestrar por dinero, pero lo practican, reclutan niños, asaltan buses escolares como ocurrió en Piamonte Cauca. Ordenan paros armados, con los que amedrentan e intimidan a millares de colombianos en campos, selvas pueblos y ciudades. A quienes no asesinan a bala, condenan a muerte por hambre y falta de medicamentos como ocurre en la zona del rio San Juan en el Chocó,

Se han apoderado de ciudades como Tuluá en el Valle, con grupos de asesinos microtraficántes que inclusive figuraban como funcionarios del municipio.

El “nadie sabe quién soy yo”, lo aplican las guerrillas y la delincuencia común para robar y extorsionar. Hay criminales que buscan dinero y poder. Caminamos hacia un estado en abandono, rodeado por el odio entre la dirigencia, los tres poderes, la población, los partidos políticos y las diferentes etnias.       

Existe una falta absoluta de autoridad, que ninguna de las extremas en que estamos divididos, endereza. Aquí hasta el presupuesto aprobado por el congreso, se irrespeta con reparticiones amañadas. El todos contra todos, amerita con urgencia, templanza y serenidad entre izquierda y derecha, si queremos sacar a Colombia de la hecatombe. Pensando con honestidad, podremos salir adelante.

BLANCO: El café colombiano se enfrenta al te en China y Asia. Buen cambio en Fedecafé.

NEGRO: Cuidado con la libertad de prensa. Solo la Flip, condenó lo ocurrido el 8 de febrero.

Bogotá, 16 de febrero 2024

*Periodista. Exdirector Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

“El Congreso de la República tiene la palabra y la responsabilidad de no ser inferiores al reto de equilibrar las cargas y los ingresos fiscales entre la Nación y las entidades territoriales”. 

Por Amylkar D. Acosta M*. - En su primera Cumbre del 2024 de la Federación Nacional de Departamentos, los 32 gobernadores se hicieron eco del clamor de las regiones en demanda del cabal cumplimiento de la autonomía territorial “para la gestión de sus intereses” prescrito por la Constitución Política en sus artículos 1º y 287. En su Declaración, firmada en Cartagena de Indias enfatizaron en que “están comprometidos con impulsar un modelo de mayor autonomía territorial”, tan venida a menos en los tiempos que corren en los que la recentralización ha sido la constante durante los 33 años de vigencia la Constitución expedida por la Constituyente de 1991.

El principal reclamo planteado al Presidente Gustavo Petro es la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP), la bolsa de recursos que la Nación le transfiere a las entidades territoriales, los cuales tienen como destinación específica la financiación de los programas seccionales de educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Originalmente la Constituyente creó al Situado fiscal, reglado por los artículos 356 y 357 de la Carta y estableció una senda de crecimiento de dicha transferencia hasta alcanzar el 47% de los ingresos corrientes de la Nación (ICN).

No obstante, en el transcurso de estas últimas tres décadas se ha venido dando en el país una descentralización que no dudo en catalogar como disfuncional, consistente en delegar funciones y competencias a las entidades territoriales, pero sin girarle los recursos para poder asumirlos, violando flagrantemente el artículo 306 de la Constitución Política que a la letra dice: “no se podrán descentralizar responsabilidades sin la previa asignación de los recursos fiscales para atenderlas”. Es el caso del PAE, por ejemplo.

Y lo que es peor, en lugar de cumplir con lo dispuesto cuando se creó el Situado fiscal, se reformó la Constitución mediante los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007. Como lo acotan en su Declaración los gobernadores advierten, a consecuencia de estos dos actos legislativos, en lugar del 47% “apenas llegamos a obtener un 20% de los ingresos corrientes de la Nación”. De acuerdo con un estudio del Banco de la República, entre los años 2002 y 2023, las entidades territoriales dejaron de recibir por cuenta de esas dos reformas la friolera de $387.953.907 millones de pesos constantes a diciembre de 2018.

Ni los recursos propios de las entidades territoriales, como son los ingresos provenientes del ejercicio del monopolio de los juegos de suerte y azar, han escapado a la voracidad y glotonería del centralismo, pues en la Ley 1995 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo (2022 – 2026), se dispuso que los mismos deben ser administrados por COLJUEGOS, una entidad del Gobierno central y no por parte de los departamentos y el Distrito capital, como lo mandaba la Ley 643 de 2001. Increíble, pero cierto!

De allí la urgencia de la reforma del SGP tendiente a incrementar gradualmente  la participación de las entidades territoriales hasta el 47% de los ICN, no sin antes establecer cuáles de las funciones y competencias que le han sido delegadas deberán ser asumidas como propias por parte de ellas y en caso tal asegurarles los recursos para cubrir los gastos que las mismas le demanden. De otra parte, el Ministerio de Hacienda debe acordar con los departamentos y municipios el reintegro de los $14.8 billones de los cuales dispuso arbitrariamente el Gobierno anterior mediante el Decreto de emergencia 444 de 2000 para financiar el Fondo de mitigación de emergencias (FOME) del Sistema general de regalías (SGR), recursos estos que son propiedad de las entidades territoriales.

La respuesta del Presidente Petro, aunque lacónica, fue contundente: “sí hay que cambiarlo. Estoy de acuerdo con que se tramite un proyecto de ley para transformar el SGP”. Por su parte el Gobernador del Atlántico y Presidente de la Región administrativa y de planificación (RAP) del Caribe Eduardo Verano resaltó el hecho de que el Presidente Petro les “ha dado su palabra para iniciar un proceso de cambio en el SGP”. El Congreso de la República tiene la palabra y la responsabilidad de no ser inferiores al reto de equilibrar las cargas y los ingresos fiscales entre la Nación y las entidades territoriales. Cabe advertir que para cambiar o transformar el SGP debe tramitarse un proyecto de Acto legislativo y no de Ley, por tener rango constitucional

Como se recordará, el Congreso de la República, mediante la Ley del Plan de Desarrollo (2018 – 2022) 1955 de 2019, facultó al ejecutivo para conformar una Misión de descentralización, la cual se integró por parte del anterior Gobierno a través del Decreto 1665 de 2021, contando con la Secretaría técnica del DNP. Dicha Misión, cuya coordinación ha estado a cargo del Darío Indalecio Restrepo desde noviembre de 2022, tiene por cometido “con base en el análisis del modelo de descentralización, presentar propuestas para la definición y distribución de competencias entre niveles de gobierno, orientadas a garantizar una provisión eficiente de bienes y servicios públicos mediante una adecuada aplicación de los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad, subsidiariedad y solidaridad”.

Se anunció por parte del saliente Director del DNP Jorge Iván González que la Misión se apresta a rendir su informe el próximo mes de abril, de modo que el mismo servirá de insumo para el debate del proyecto de acto legislativo, que deberá ser muy incluyente, el cual deberá conducir a su trámite expedito por parte del Congreso de la República y de ser necesario objeto de mensaje de urgencia por parte del Gobierno, porque dicha iniciativa lo amerita. Manos a la obra! 

Cota, febrero 10 de 2024

Econo0mista. Expresidente del Congreso. Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

“180 días después no basta el compromiso de dejar de secuestrar, sino de liberar a los secuestrados”.

Por José Félix Lafaurie Rivera*. - Al regresar de Cuba después del sexto ciclo de negociaciones con el ELN, me siento obligado, como en rondas anteriores, a compartir con los lectores mis percepciones, algunas agridulces, otras esperanzadoras. 

Sobre las primeras, el informe no presentado del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, MMV, era importante para la decisión de prórroga del cese, pero su vocero oficial, la Misión de la ONU, a mitad de camino se inhibió en medio del escollo por las “interpretaciones” del ELN, ya no solo semánticas —secuestros que son “retenciones” y extorsiones que son “impuestos” —, sino de valoración de sus compromisos firmados. 

En cuanto al secuestro, el Acuerdo de Cese al Fuego adoptó como “marco de referencia” el Derecho Internacional Humanitario; entonces, si el DIH proscribe la “toma de rehenes”, el Acuerdo también debe proscribirla y, por supuesto, obligar al ELN, precisando además que todo secuestrado es rehén, ya sea para exigir un pago o por razones “políticas”, lo cual incluye a los miembros de la Fuerza Pública, pues en el DIH para conflictos internos no existen “prisioneros de guerra”. 

El tema del Mecanismo no es de poca monta, como investigador y notario frente a eventuales incumplimientos —que los hubo—, y garantía para la sociedad, en un proceso que necesita apoyo ciudadano, pero además compromete la vocería y el prestigio de la ONU. Como los espacios se llenan, al cierre de la ronda se publicó el informe del CERAC, externo y no vinculante, pero registró durante el cese 20 eventos violentos, 16 de ellos presuntas violaciones y cuatro incumplimientos. 

Mi segunda percepción tiene que ver con el ambiente de dificultad en medio de discusiones circulares que parecían sin salida y obligaron al aplazamiento de la clausura. Pero bueno, la dificultad les da mayor valor a los resultados. 

Pasemos a las esperanzadoras: al final, hubo resultados. El primero es la prórroga del cese por 180 días, con el compromiso de suspender retenciones económicas —secuestros extorsivos—, que ahora serán objeto de seguimiento por el MMV; no obstante, empañado por la imposición de dos condiciones: “unilateral y temporal”, pues dejar de secuestrar no es un favor unilateral del ELN a la Mesa o al Gobierno, sino una exigencia del país, y no temporal sino permanente, por ser un crimen de lesa humanidad, con o sin cese. 

El segundo resultado es el compromiso de no reclutar menores, y su mancha es calificar como tales a los menores de 15 años. Aunque así lo establece el DIH, considero infame darle un fusil a un adolescente de 16 años; por ello me quedo con la mayoría de edad legal en Colombia y, sobre todo, con el Protocolo de la Convención de Derechos del Niño sobre su participación en conflictos armados (2002), que la prohíbe para menores de 18 años. 

El tercer resultado es el Fondo Multidonante, sobre el cual hay que insistir en que se trata de buscar donaciones de países acompañantes, garantes o interesados, mas no para entregarle dinero al ELN, sino para actividades transformadoras de paz en los territorios, derivadas de los acuerdos de la Mesa, algo en lo seremos rigurosos para que no se desvíe un solo peso. 

Ahora bien, 180 días después ha disminuido la violencia del ELN, pero no ha cesado y la zozobra persiste en los territorios; 180 días después no basta el compromiso de dejar de secuestrar, sino de liberar a los secuestrados. El ELN debe decir cuántos y quiénes son. 180 días después no basta dejar de reclutar menores, sino devolver los reclutados a sus familias. 

180 días después…, la paz de Colombia está muy lejos todavía, pero menos que ayer.

Bogotá, 09 de Febrero 2024.

*Presidente FEDEGAN

@jflafaurie

“Petro hoy parece más radicalizado. El líder que tomó juramento con un discurso de unidad ha dado paso a un aguerrido luchador con agenda propia, en la que no caben ideas ajenas”. 

Por Hubert Ariza*.- Mientras un torbellino de populismo y autoritarismo sacude el continente, el mundo vive dos guerras que han puesto patas arriba el ordenamiento internacional y en Estados Unidos el expresidente Trump amenaza con regresar al poder para recomenzar su agenda de profunda derechización y aislamiento, Colombia camina sobre el filo de la navaja y nuestra democracia imperfecta se ve amenazada por el embate de la polarización y la intolerancia. 

Vivimos tiempos de enorme incertidumbre, pesimismo, crispación política y posverdad. Colombia parece un barco que cruza aguas embravecidas, en una noche de tormenta perfecta, en medio de enormes glaciares, en el que el capitán paranoico advierte que hay un amotinamiento, con grumetes conspirando y los pasajeros temen que haya un colapso inminente y el futuro desaparezca. Y, sin embargo, lo único que mantiene vivos a los pasajeros, y a flote el barco, es la fortaleza de la democracia y la carta de navegación escrita en la Constitución de 1991, que les ha permitido seguir vivos, superando peores tormentas, con otros capitanes, en otras aventuras.

Colombia atraviesa el más fuerte período de polarización en muchas décadas con un presidente radicalizado frente a los ataques de la oposición de derecha, que ha cuestionado sus reformas políticas y económicas, a las que han interpuesto todo tipo de obstáculos en el Congreso, y, además, ha enfrentado la incontinencia verbal de un fiscal en abierta campaña presidencial, que ha logrado que su vicefiscal ―envuelta en un escándalo por supuestamente proteger a un delincuente― lo reemplace transitoriamente mientras la Corte Suprema de Justicia elige una fiscal en propiedad.

El jefe de Estado también ha sufrido lo que considera una arremetida política de la procuradora, quien suspendió al canciller Álvaro Leyva, que logró esquivar esa decisión durante 13 días, con todo tipo de argucias jurídicas. La sanción se dio por supuestas faltas del disciplinado en una oscura licitación de pasaportes que podría costarle al país 116.000 millones de pesos. Con su paso al costado, Leyva acepta, por fin, que no está blindado jurídicamente ni tiene licencia alguna para romper el Estado de derecho y quedarse a las malas en el cargo.

Este episodio, sumado al proceso en la Fiscalía contra Nicolás Petro, el hijo del presidente, por los escándalos que rodean la financiación de la pasada campaña presidencial, ha empujado al jefe de Estado a hablar de una supuesta ruptura institucional para sacarlo del poder y a levantar la bandera electoral, para defender en la calle su proyecto político y exigir la elección de una nueva fiscal, de la terna enviada hace varios meses a la Corte Suprema de Justicia, ante el fin del período constitucional del titular. La Corte, como era de esperar, ha actuado con independencia y no se ha dejado presionar. 

El allanamiento de la Fiscalía a Fecode, para recoger supuestas pruebas de la financiación ilegal a la campaña presidencial, elevó aún más el delirio golpista y de ruptura institucional del primer mandatario. Un concepto que no comparte la mayoría de los colombianos, pero que Petro defiende con la convicción de un revolucionario dispuesto a hacerse inmolar en la Casa de Nariño, rodeado de su pueblo, antes que dejarse inmovilizar o sacar a sombrerazos del poder por la derecha. 

Por eso ha convocado a las calles al pueblo. A los más de 11 millones de colombianos que votaron por el cambio en mayo de 2022; a los nadie, a las minorías y poblaciones ancestrales, a los campesinos, indígenas, negros y comunales, a sindicalistas, maestros, a los antes invisibles para el Estado, para que se hagan sentir y exijan la elección de la nueva fiscal, la aprobación de las reformas atascadas en los laberintos del Congreso de la República, y ratifiquen su apoyo a la agenda de negociaciones con los grupos armados ilegales, que en las encuestas marcan en rojo.

Petro hoy parece más radicalizado. El líder que tomó juramento el 7 de agosto de 2022 con un discurso de unidad ha dado paso a un aguerrido luchador con agenda propia, en la que no caben ideas ajenas. Y quiere a su lado a un equipo leal a esa causa. Nada de aguas tibias, ni discursos liberales. Nada de gente que quiera congraciarse con el establecimiento. Con el único que quiere estar bien es con su pueblo. Y ese pueblo aún no sale en masa a las calles. Ni se está haciendo escuchar como en períodos de crisis en países vecinos. Incluso, ni siquiera como en el estallido social contra el presidente Duque. Esa masa, sencillamente, pareciera no entender hacia dónde avanza este barco, ni qué es lo que quiere el capitán. El mensaje no llega. No se entiende. Hay mucha incertidumbre, incluso miedo de sectores que temen que el país se hunda y esta oportunidad histórica de cambio se esfume.

Desde muchas partes se escucha el SOS por esta democracia imperfecta que ha soportado tantos años de guerra, tantos golpes del narcotráfico, tanta corrupción y desidia administrativa. Por eso se requiere volver a la calma, al trámite sereno de las disputas políticas, al debate de ideas y el logro de consensos. A pensar en una mesa de diálogo donde sea posible trazar una ruta política por la unidad nacional, para sacar adelante un consenso que permita las reformas, los acuerdos de paz, la transformación del territorio, la verdadera descentralización, el fin de la polarización que mantiene intoxicada la agenda política. Antes que insistir en solucionar los problemas del planeta, es urgente pensar colectivamente en desactivar la crisis que amenaza con hundir el barco.

Un primer paso es erradicar el lenguaje pendenciero e incendiario, pensar más en salvar la democracia y menos en ganar elecciones y llevarse por delante a los contradictores. No hacerlo es permitir que el país amanezca cada día con nuevas y más graves tormentas, que justifiquen a quienes se mantienen alzados en armas y aumenten el caudal de seguidores de la extrema derecha. En el continente, Bukele y Milei son estrellas polares de mentes extasiadas con el extremismo político. El espejo donde se mira la extrema derecha colombiana.

Bukele cree que está reinventado la democracia, en un modelo que pulveriza la oposición, establece un partido único, un Congreso sin oposición y un poder judicial silenciado. Milei busca lo mismo, aunque ha encontrado la resistencia vigorosa del Congreso argentino. ¿Qué tan lejos esta Colombia de contagiarse de esa enfermedad crónica de populismo autoritario que convierte el Estado en rehén de un solo hombre? Nadie lo sabe, pero esta crisis política permanente, esta tormenta perfecta que ataca a la democracia, nos amenaza sin que se escuche con fuerza la voz sensata del pueblo exigiendo un cese al fuego verbal y el respeto absoluto a la Constitución de 1991, nuestra bitácora y brújula, para llegar a puerto seguro y calmar el alebrestamiento de los grumetes que amenazan con hundir el barco. 

Bogotá, D. C, 11 de febrero 2024

*Periodista, internacionalista y analista político.

 Tomado de El País.