Opinión

Por José G. Hernández*. - Los tratadistas hablan del Poder Constituyente y distinguen entre el primario u originario y el secundario o derivado. El primero, que en una democracia reside en el pueblo, consiste en la potestad de fundación o establecimiento de la Constitución. El segundo, confiado a uno o a varios órganos constituidos, consiste en la atribución de introducir reformas o modificaciones a la Constitución, para ir ajustando su preceptiva a los cambios que, con el paso del tiempo, se generan en el interior de la sociedad, tanto en el orden político como en el social, económico o cultural.

Quien esto escribe ha preferido reservar el concepto de Poder Constituyente para el acto de creación o formulación originaria de la Constitución, precisamente por cuanto el pueblo, en ejercicio de la soberanía, goza de plena independencia y, por tanto, no tiene límites materiales o de contenido, al consagrar las normas fundamentales. El poder derivado, que se recibe del Constituyente, tiene los límites formales y sustanciales que la respectiva Constitución establezca. Se trata, entonces, de una facultad o competencia, y no de un poder autónomo o indeterminado que pudiera cambiar elementos esenciales de aquélla, sustituirla o derogarla. En tal sentido, preferimos hablar del poder de reforma, no de un constituyente secundario.

Ahora bien, una Constitución no puede quedar congelada indefinidamente, con un cierto texto inmodificable, porque, dada la dinámica de los acontecimientos, su absoluta rigidez puede conducir a su revaluación, exigida por la misma sociedad. De allí que la posibilidad de contemplar reformas, sin estar convocando siempre a la ciudadanía para cualquier ajuste, sea indispensable. De allí que normalmente esa competencia se confíe a los órganos representativos, como lo son los parlamentos, congresos o asambleas legislativas.

Pero es claro que, como lo hemos venido sosteniendo, la tendencia a modificar la Constitución sin que ello sea necesario, sino por motivos puramente coyunturales o con objetivos políticos de corto plazo -como lo ha hecho nuestro Congreso-, es inconveniente y negativa, en cuanto la debilita y la hace inestable y muchas veces -cuando las enmiendas no se estudian, sino que se improvisan- conduce a incoherencias y a contradicciones. Ya vamos en sesenta reformas a la Carta de 1991.

Escribió el jurista alemán Karl Loewenstein que, aunque las reformas constitucionales son imprescindibles como adaptaciones de la dinámica constitucional a las condiciones sociales en constante cambio, no deben ser introducidas por razones oportunistas, en cuanto, si así se hace, desvalorizan el sentimiento constitucional.

Así, por ejemplo, frente a una disposición tan bien concebida como la del artículo 49 de la Constitución, a cuyo tenor “el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica”, modificar su texto para legalizar la marihuana, solamente porque algunos congresistas se enorgullecen de su propia adicción, es algo que la sociedad colombiana no entiende. Se rompe la estructura constitucional, se afecta a las familias y se pone en mayor peligro la salud y la seguridad de la comunidad. Además, es el primer paso para la legalización de sustancias como la cocaína, la heroína y el fentanilo, sin ninguna necesidad y con graves consecuencias.

El poder de reforma se debe ejercer responsablemente.

Bogotá, D. C, 6 de septiembre de 2023

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Amylkar D. Acosta Medina*. - En septiembre de  2015, hace 8 años, la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), como solución de continuidad de los Objetivos de Desarrollo del del Milenio, también conocidos como Objetivos del Milenio, acordados en el año 2000. Es de destacar que los ODS fueron acogidos inicialmente por parte de la Cumbre Río + 20 que tuvo lugar en el año 2012 a iniciativa del Gobierno de Colombia. El propósito fundamental es mejorar la calidad de vida de los más de 7.000 millones de habitantes del planeta, sobre todo la de los más vulnerables.

Pues bien, la Agenda 2030 desplegó 17 objetivos de desarrollo sostenible y fijó 169 metas a alcanzar. El Secretario General de la ONU, en duro pronunciamiento sentenció que “a menos que actuemos ahora, la Agenda 2030 podría convertirse en el epitafio del mundo que pudo haber sido…a mitad de camino, esta promesa está en peligro…más de la mitad del mundo está rezagado. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible desaparecen por el retrovisor, al igual que las esperanzas y los derechos de las generaciones actuales y futuras”.

Y no es para menos, dado que transcurridos 8 años más de 40 de las 140 metas a alcanzar no sólo no muestran avances sino que incluso se ha retrocedido con respecto a algunas de ellas. El resto de ellas acusa atrasos considerables, al punto que si el cumplimiento de las mismas sigue al ritmo actual, se prevé que para el 2030 575 millones de personas continuarán atrapadas en la pobreza extrema (US $15/ día de ingreso), lo cual aunque significaría una reducción de la misma del 30% con respecto al 2015 estaría muy lejos de su erradicación, muy lejos del primer objetivo que es poner fin a la pobreza en el mundo. Sólo 15%, aproximadamente, de las 140 metas específicas se alcanzarían a cumplir al final de la década.

Y qué decir con respecto al 2º de los objetivos, Hambre cero. Según Antonio Guterres, “el mundo volvió a niveles de hambre desconocidos desde 2005”, atribuible en gran medida a dificultades de acceso a los alimentos, debido a que los precios de los mismos superan en muchos países los niveles del período 2015 - 2019. En efecto, el número de personas que sufría inseguridad alimentaria moderada o grave en 2021 se aproximó a las 2.300 millones, una de cada tres de ellas; entre tanto la desnutrición infantil sigue siendo un flagelo que azota a un gran conglomerado de la población a nivel mundial. A ello contribuyó mucho la crisis pandémica, que afecto el empleo y el ingreso, sobre todo en los países en desarrollo y de ingreso medio como Colombia.

Es más, en 2021 el número de personas que pasaban hambre estaba cerca de 800 millones, sobrepasando los niveles prepandémicos. En 2022 se estimaba que 45 millones de niños menores de cinco años sufría desnutrición grave y 148 millones habían visto afectado su crecimiento, mientras que 37 millones de niños tenían sobrepeso. Esto es alarmante!

Ante el peligro inminente del incumplimiento de la Agenda 2030 Antonio Guterres han planteado un “Plan rescate” de los ODS que pasa por la renovación del compromiso adquirido por los países signatario de los mismos, para lo cual se requiere la implementación de un plan de choque, con una inversión adicional a la ya comprometida de US 500.000 millones, para redoblar los esfuerzos y tratar de recuperar el tiempo perdido. De lo contrario, como lo afirma él “la falta de progresos supone que la desigualdad seguirá agravándose, aumentando el riesgo de un mundo fragmentado, con dos velocidades”.

En una conferencia de prensa para presentar el más reciente y sombrío reporte de las Naciones Unidas sobre el grado de cumplimiento de los ODS, el Subsecretario general de la ONU Li Junhua manifestó su deseo de que los líderes políticos del mundo tracen “una nueva hoja de ruta” en la Cumbre prevista para los días 19 y 20 de septiembre en Nueva York, con el fin de darle mayor celeridad y agilidad a las acciones tendientes a dar cumplimiento a sus metas. Sólo quedan siete años para agotar el plazo, acotó y “los esfuerzos por cumplir los objetivos están en graves problemas” y finalizó diciendo que “es hora de dar la alarma”. Para luego es tarde, Como dijo el gran escritor Jorge Zalamea Borda en su magistral poema El viento del Este, no hay tiempo qué perder, hay vidas por ganar.

Cota, septiembre 2 de 2023

*Economista. Expresidente del Congreso, exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por Fernando Cepeda Ulloa*. - El presidente Macron en Francia se reúne con sus ministros y, luego con los dirigentes de las fuerzas políticas representadas en la asamblea para encontrar salidas a la situación que están viviendo. Aunque Macron fue recientemente reelegido no cuenta con mayoría parlamentaria y ya se habla de su presidencia como si estuviera en el último año de su segundo quinquenio.

En España vemos como el resultado de las últimas elecciones tiene todavía en vilo el importantísimo tema de quién gobernará. Porque el actual gobierno no cuenta con mayoría y el alternativo, representado por el Partido Popular, tampoco. Ya han pasado varias semanas. En días anteriores el Rey cumplió con el deber de encargar a uno de los contrincantes del partido de Oposición, de conformar un gobierno. Eso, en un régimen parlamentario, quiere decir construir una mayoría en el parlamento que le permita gobernar. Tiene que construir consensos y para ello le faltan siete votos. ¿Acaso fácil? Está en juego la integridad geográfica de España.

Si el candidato de la oposición fracasa, el Rey le encargará esta misión al actual Presidente. Y si éste fracasa, habría que convocar nuevas elecciones en la esperanza de que los resultados electorales definan esa mayoría parlamentaria. Complejo. Es el arte de gobernar que busca que en la sociedad haya armonía y ojalá consensos y se pueda marchar hacia adelante en la difícil tarea de edificar bienestar general.

El presidente Petro desechó olímpicamente el consenso. Diría que como se hizo se deshizo. Carecía de reglas, no tenía una agenda compartida, no tenía un asentimiento sobre la participación en el gobierno de las fuerzas que le garantizaban una amplia mayoría en el Congreso. Todo era de no creer. Anunciar una coalición para constituir un gobierno mayoritario sin haber elaborado el trabajo complejo, muy complejo, de identificar las áreas de consenso y de disenso y los procedimientos. Y de no creer, también, la forma como desapareció. Y, no obstante, el jefe del Partido Liberal se preguntó públicamente ¿Cuál coalición? Y más interesante aún, su partido continúa como partido de gobierno.

Ojalá aprendamos algo de los procesos que se están llevando a cabo en Francia y en España ya que mirar a la historia, aún la más reciente, ¡¡¡nos parece imposible!!! Es que no miramos ni la nuestra… y tal vez por eso no se enseña desde el gobierno de Belisario Betancur. Nuestra historia está plagada de acuerdos nacionales de diversa naturaleza. ¡Cómo que no nos hemos enterado!

Gobernar en minoría implica confrontar, apelar a una retórica radical, intimidar, amenazar. Acordar para asegurar una gobernabilidad democrática implica una retórica de colaboración, de armonía, de mutuo aprecio, y ello con respecto al presente y al pasado. El gobierno sabe que no tiene la mayoría para imponer su programa y sabe también, que se reconoce que representa un sector importante de la población que demanda reformas, más justicia social, más igualdad.

¿Acaso habrá que esperar el resultado de las elecciones de octubre para saber hacia qué lado se inclina la opinión pública?

En esencia, el desencuentro que hace difícil, casi imposible, llegar a un consenso es sobre el papel del Estado y el papel del sector empresarial y de los ciudadanos en el gobierno de la sociedad. Aquí no ganó una revolución marxista ni un movimiento guerrillero como en Cuba, Petro ganó la presidencia y tan sólo eso, y no el Congreso, ni las Alcaldías ni las Gobernaciones etc., un exguerrillero que lleva treinta años compitiendo dentro de las reglas de la democracia, ganando y perdiendo.

Bogotá, D. C, 3 de septiembre de 2023

*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado

Por Mauricio Cabrera Galvis*. - El crecimiento económico se frenó hasta un mísero 0.3% anual en el segundo trimestre de este año. Así lo había previsto el Banco de la República, de manera que su Junta ahora puede decir: ¡Misión cumplida, lo logramos!.

Por supuesto el objetivo del Banco no era frenar la economía sino controlar la inflación, pero dado que en esta ocasión las principales causas del aumento de precios eran de oferta y de costos, se sabía que la subida de las tasas de interés no aumentaría la oferta y solo incidiría sobre la inflación a través de un freno a la demanda y por ende a la actividad económica.

En efecto, en el mundo entero fueron tres los choques de oferta que elevaron los precios: uno, el aumento del precio del petróleo y la energía causado por la invasión rusa a Ucrania; dos, la escasez de alimentos y materias primas provocada por esa invasión y agravada en Colombia por factores climáticos y de infraestructura vial; tres, las secuelas de los problemas de transporte y contenedores que dejó la pandemia.

En Colombia la inflación empezó a subir desde el segundo semestre del 2021, después del paro nacional, pero se aceleró a principios del 2022 por los mencionados choques de oferta, hasta llegar a un máximo de 13% al final de ese año. Después ha descendido un poco por las mejores cosechas y la disminución de la actividad económica.

Por su parte el Banco, elevó trece veces consecutivas hasta llevarlas a 13.25%. dese finales del mismo 2021, pero el aumento de los intereses no ha hecho mella significativa sobre la inflación. Tres componentes del IPC que explican el 63% de la inflación a julio: Alimentos y bebidas, Alojamiento y servicios públicos y Transporte. Sus variaciones anuales son 21.4%, 21.71% y 19.66% respectivamente y los dos últimos son precios administrados.

Donde si se ha sentido de manera clara el impacto de la subida de intereses es en el ritmo de crecimiento económico. El Indicador de Seguimiento de la Economía (ISE) viene con una clara tendencia a la baja desde mayo del año pasado.

Aún reconociendo que hay factores de incertidumbre política que han podido incidir en la desaceleración de la economía, esto no puede llevar a desconocer el impacto negativo de las altas tasas de interés sobre la actividad económica. Son varios los canales principales a través de los cuales opera este impacto.

En primer lugar el encarecimiento del crédito de consumo. Con tasas de las tarjetas de crédito superiores al 40% es inevitable que los consumidores las utilicen menos; lo mismo sucede en el caso de la venta de vehículos. Por eso no es de extrañar que en junio el sector comercio hay registrada una caída anual del- 3.2%.

El sector de la construcción registró una caída aún mayor (-3.7%) en el mismo período. El subsector que tuvo una mayor caída fue el de las obras civiles, donde el alza de tasas ha impedido el cierre financiero de proyectos ya adjudicados.

En el caso de la construcción de vivienda se conjugaron las demoras en la asignación de subsidios para vivienda de interés social, con una reducción de la demanda por las mayores tasas de las hipotecas.

La conclusión es que el país se ha quedado con el pecado de la desaceleración económica y sin el género de la menor inflación.

Cali 3 de septiembre de 2023

Filósofo y Economista. Consultor.  

Por José Félix Lafaurie Rivera*.  - En más de una ocasión y en todos los tonos, convocantes unos, desapacibles otros, el presidente Petro ha insistido en acelerar la compra de tierras para reforma agraria, pues mientras las ofertas suben en ascensor, las compras lo hacen por escalera.

En febrero, la Agencia Nacional de Tierras reportó 1,9 millones de hectáreas ofertadas y apenas anunciaba las primeras compras para marzo.

En abril, el director de la ANT, Gerardo Vega, le informaba a El Espectador que “Hemos avanzado en compras masivas, más de 147.000 hectáreas pasaron la prefactibilidad técnica y jurídica”, es decir, estaban listas para compra.

El 23 de agosto, en entrevista al diario El Tiempo, afirmó que “Nos han ofertado más de 1,6 millones de hectáreas y de ellas hay 764.000 con prefactibilidad técnica y jurídica y están dispuestas para comprar (…) Van 189 propiedades compradas, equivalentes a 32.999 hectáreas”.

Además de la diferencia entre las cifras de febrero y agosto sobre tierras ofertadas -300.000 hectáreas-, el avance en “compras masivas” no lo fue tanto, pues solo se ha comprado el 4,3% de lo disponible y el 2% de lo ofertado.

Hay problemas de información; de hecho, Fedegán ha tenido dificultades para hacerle trazabilidad a las ofertas de sus afiliados, que suman 580.000 hectáreas; pero lo cierto es que el Gobierno ya puede comprar las 500 mil de su meta para esta vigencia.

Hay la tierra; la pregunta es si hay plata para comprarla. Con la reciente adición presupuestal de 800 mil millones a la ANT con esa destinación, su presupuesto total, incluido funcionamiento, se acercó a los 1,9 billones.

No es mucho lo que se podrá comprar frente a la meta, pero cuando los recursos son escasos, las sinergias son valiosas. Si esos recursos se orientan hacia el depósito del 30% que contempla la figura de la “enajenación temprana” de bienes en proceso de extinción en la SAE, ¡340 mil! hectáreas a julio de 2022, además de 99 mil extinguidas, no solo se podrían entregar esas tierras, las mejores del país, sino liberar recursos para mayores compras.

El cuello de botella está en la operatividad del proceso, desde la oferta, pasando por la engorrosa evaluación de prefactibilidad y el avalúo comercial del IGAC, hasta la compra y posterior entrega, con proyectos productivos de la Agencia de Desarrollo Rural y el apoyo del sector privado. Hoy, precisamente, remato estas líneas desde Fonseca, Guajira, donde, junto con la ADR, la ANT, el Ministerio y Banagrario, exploramos el mecanismo de compras parciales con financiación al propietario vendedor y proyectos productivos al beneficiario, que el presidente bautizó como el 50-50.

Si el diagnóstico es de insuficiencia operativa, hacia allá hay que orientar esfuerzos, sin distraerse en alternativas, como el proyecto de decreto que establece la extinción administrativa del dominio, que amenaza la legítima propiedad privada y, lejos de ser una opción de agilidad, enrarece el ambiente y afecta el proceso de oferta verdaderamente voluntaria, que hoy sube “en ascensor”.

Por lo tanto, además de eliminar trabas y reducir trámites, el camino es fortalecer a la ANT, para que, a manera de piloto, logre ejecutar el presupuesto de la vigencia y pueda enfrentar con solvencia el reto de 2024, con una adición anunciada de 5 billones, exclusivamente para compra de tierra.

El Acuerdo suscrito entre Fedegán y el Gobierno es un componente esencial de ese proceso. El gremio ganadero está cumpliendo, pues lo entendemos como un “piloto” de diálogo, consensos y resultados, para avanzar en el Gran Acuerdo Nacional, aquel sobre lo fundamental, que Álvaro Gómez convirtió en propósito nacional; el Acuerdo aplazado que, hoy, el futuro de Colombia nos reclama.

Bogotá, D. C, 2 de septiembre de 2023

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Gabriel Ortiz *. - Con un incomprensible “mamola”, parece haber entrado en suspenso la reunión del presidente Petro con los gremios, encuentro éste que surgió para enfriar las tirantes relaciones entre gobierno y los gremios privados.

La situación del país ha reclamado con urgente premura, diálogos constructivos que pongan punto final a los asomos de una recesión que empieza a generar alta precaución, ante los bajonazos en la producción para consumo interno, para exportaciones, para el empleo y la pobreza.

Ya Petro había dejado plantado al sector empresarial, durante la asamblea que se realizó en Cartagena, debido a uno de los frecuentes ataques de malestar estomacal, que lo aquejan, según lo reveló en su entrevista al colega Daniel Coronell, en entrevista para Cambio.

Recuperado de sus dificultades gástricas, y de un viaje a Costa Rica para recibir un doctorado, bajó del avión para atender al Consejo Gremial Nacional, que agrupa a lo más importante del sector privado y de la producción de un país en grandes dificultades económicas.

Varias horas duró la reunión, aunque no el diálogo según los empresarios, que consideran difícil alcanzarlo con el actual gobierno. Extrañamente no acudió el ministro de Hacienda, pero si lo hicieron los titulares de Desarrollo, Vivienda y planeación.

Durante el periplo, para algunos hubo diálogo, pero nada concreto sobre reactivación. “El presidente escuchó”, dijo un poco más diplomático Mac Master, presidente de la Andi.

Para otros nada fue concreto, puro “bla, bla, bla”. “Necesitamos menos diálogos y más trabajo”, afirmaron.

El ambiente estuvo álgido sobre la situación de un país rumbo a la crisis, ante el bajo crecimiento y la alta inflación, que requieren un manejo más ortodoxo de las tasas de interés y control estricto a la usura, temas que pasaron por encima de las conversaciones entre el presidente Petro y los gremios económicos.

Para algunos de los asistentes, el jefe de Estado, parecía estar en las alturas de uno de sus viajes, sin aterrizar los temas sugeridos: pensaba, según algunos en la reforma laboral, que lo condujo a manifestar que el día no terminaba a las 10 de la noche para reconocer horas extras. Fue cuando exclamo: ¡mamola!

Un poco más bajo de tono, Petro entró en diálogo con los empresarios y expuso temas como la transición energética, los servicios públicos, las tierras y la seguridad.

En esos momentos recordó sus planteamientos durante el primer aniversario de su gobierno, para abrir la puerta al Acuerdo Nacional, dentro del Plan de Desarrollo y fue más allá, para pedir el apoyo a los planes sociales que cursan en el Congreso.

Total, que las relaciones de los gremios con el presidente Petro y su gobierno, parecen empantanadas y que ahora solo seguirá dialogo, más no un trabajo.

BLANCO: Apreciamos hoy los gratos recuerdos de nuestro gran amigo y colega Javier Ayala, en este segundo año de su fallecimiento. Se ofrece una misa en Santa Beatriz.

NEGRO: Tremendo plantón el que dio Petro al expresidente Duque durante una comida amigable arreglada por los Gilinski. Como siempre, el presidente los dejó esperando varias horas.

Bogotá, D. C, 1 de septiembre de 2023

Periodista. Ex director del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por José G. Hernández *. - Las leyes estatutarias -de superior jerarquía sobre las demás, y reservadas para ciertas y específicas materias- no estaban previstas en la Constitución de 1886, ni en sus reformas. Fueron establecidas en la Constitución de 1991.

Debemos recordar que tienen, como fin esencial, la regulación de materias trascendentales, que requieren un mayor rigor en su estudio y aprobación, lo que explica que la misma Carta Política plasme requisitos de trámite mucho más exigentes que los contemplados para la legislación ordinaria, a la vez que prevea un control constitucional previo y automático. Se estima que ello garantiza la observancia de los postulados constitucionales básicos y el adecuado desarrollo de los principios inherentes al sistema democrático, participativo y pluralista, a la vez que la previa y completa certidumbre sobre la constitucionalidad del trámite y contenido normativo, desde el comienzo de su vigencia.

Han subrayado la Constitución y la jurisprudencia que tales leyes deben ser aprobadas por mayoría absoluta en ambas cámaras, no por simples mayorías ordinarias. Además, solamente pueden ser tramitadas en el curso de una misma legislatura ordinaria, es decir, su tránsito en las cámaras no puede ser diferido en varios períodos, ni llevado a sesiones extraordinarias. Y están sujetas a control previo de constitucionalidad, según lo disponen los artículos 153 y 241 de la Constitución.

Las materias de las cuales se ocupan las leyes estatutarias son concretamente: los derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección; la administración de justicia; la organización y el régimen de los partidos y movimientos políticos; el estatuto de la oposición y las funciones electorales; las instituciones y mecanismos de participación ciudadana; los estados de excepción y las garantías para la igualdad electoral.

Para el trámite de leyes alusivas a esos asuntos, dada su trascendencia, la propia Constitución ha reservado el mencionado trámite especial. Nos encontramos, entonces, ante disposiciones de una categoría superior, que no deben estar incluidas en leyes ordinarias. La reserva de ley estatutaria implica un procedimiento más riguroso, pues se quiere asegurar que los temas elevados a ese nivel legislativo hayan sido objeto de especial reflexión, análisis y confrontación por parte de los legisladores, así como de una necesaria ponderación acerca de los contenidos normativos, tanto en cuanto a su conveniencia como en punto de su ajuste a los requerimientos constitucionales. Como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se procura someter tales estatutos a una exigente y reposada discusión democrática y a un control cualificado, debido a su importancia para el Estado Social de Derecho.

Por ejemplo, normas que de alguna manera afectan, limitan o restringen derechos fundamentales o sus garantías, no deben quedar aprobadas siguiendo el trámite ordinario, por simple mayoría o de “pupitrazo”, ni comenzar a regir sin suficiente certeza en torno a su constitucionalidad.

La Corte ha expuesto, en cuanto a la exigibilidad de dicho trámite, que debe tratarse de iniciativas que toquen efectivamente derechos fundamentales, afecten su núcleo esencial, pretendan regularlos integralmente, o impacten de fondo sus elementos estructurales.

Así que el Congreso, para evitar la inconstitucionalidad, debe verificar el contenido del respectivo proyecto, antes de iniciar el trámite.

Bogotá, D. C, 31m de agosto de 2023

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Fernando Cepeda Ulloa*. - Me costó mucho trabajo encontrar la manera de referirme a él con motivo del centenario de su nacimiento, por allá en un pequeño pueblo en Alemania, hijo de un padre y una madre modestos, trabajadores, de familia hebrea.

Tengo bien sabido que cuenta con críticos apasionados de su gestión como funcionario público, pero no puedo pasar por alto ejecutorias tan notables como las de haber abierto las relaciones de Estados Unidos y China, haber mejorado el entendimiento entre Rusia y Estados Unidos y haber negociado la paz que le puso fin a la guerra en Vietnam. Tan sólo eso sin contar con sus excelentes libros ni los consejos que ha prodigado por aquí y por allá por lo menos durante 75 años, ni el aprecio que por él tienen los dirigentes de países como China y Rusia, hacen inevitable que se examine con admiración su trayectoria política y académica.

Por fortuna, recordé que esa gran periodista Oriana Fallaci le había hecho una entrevista en Washington, por allá en noviembre de 1972 y tenía la idea de que ella siempre lograba poner en evidencia alguna dimensión humana del personaje a quien le formulaba preguntas complejas y osadas y supuse, correctamente, que encontraría algunos datos pertinentes y muy reveladores.

La entrevista con preguntas casi siempre largas tiene 13 páginas y aquí voy a recoger fragmentos muy dicientes sobre su personalidad. Por ejemplo: "no soy hombre que se deje llevar por las emociones. Las emociones no sirven para nada y menos para obtener la paz."  "Cuando un país está involucrado en una guerra no basta decir: hay que terminarla. Hay que terminarla con criterio".  "Cuando se tiene el poder en la mano y cuando se tiene en la mano por mucho tiempo, se acaba por considerarlo como algo que nos incumbe. Estoy seguro de que cuando deje este puesto, notaré la falta del poder".

Preguntado si le tenía mucho afecto a Nixon, respondió: " le tengo un gran respeto."  Y más adelante añadió " lo que yo he hecho ha sido posible porque él me lo ha hecho posible". Y a la pregunta muy incisiva sobre su éxito responde algo muy significativo "la razón principal... sí, se la diré. ¿Qué importa? La razón principal nace del hecho de haber actuado siempre solo. Esto les gusta mucho a los norteamericanos. Les gusta el cowboy que avanza solo sobre su caballo (...) Y añade "(...) estar solo ha formado siempre parte de mi estilo o, si lo prefiere, de mi técnica. Junto con la independencia que es muy importante en mí y para mí.  Y, por último, la convicción. Estoy siempre convencido de que lo que hago es lo que tengo que hacer".

Y complementa así: “No he pedido la popularidad, no la busco. Incluso, por si le interesa, no me importa nada la popularidad".  Y para sorpresa de todos, afirma contundentemente: "de hecho creo más en las relaciones humanas que en las ideas. Utilizo las ideas, pero necesito las relaciones humanas como he demostrado en mi trabajo”. Y cuando la periodista le toca el tema de la frivolidad y de su condición de Don Juan, respondió: "creo que la reputación de Playboy me ha sido y me será útil porque ha servido y sirve para tranquilizar a la gente. Para demostrarles que no soy una pieza de museo. Y, además, la reputación de frívolo me divierte”.

Para terminar, Oriana Fallaci le pregunta ¿Es tímido doctor Kissinger? Respuesta: "Sí. Bastante. Pero, en compensación creo soy equilibrado. Hay quien me pinta como un personaje atormentado, misterioso y quien me pinta como un tipo casi alegre que sonríe siempre, que ríe siempre. Las dos imágenes son inexactas. No soy ni lo uno ni lo otro. Soy (…) no le diré qué soy. No se lo diré jamás a nadie".

Bogotá, D. C, 27 de agosto de 2023

*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado.

Por Juan Camilo Restrepo*. - La precisión de las palabras es muy importante siempre, pero mucho más si se trata de alocuciones presidenciales que se supone marcan el rumbo de las políticas públicas.

El presidente Petro no parece preocuparse -no se sabe si por inadvertencia o deliberadamente- por la precisión en el lenguaje que utiliza.

Todos los días hay ejemplos de ello. El último fue cuando anunció que se iniciaba la “renegociación” del TLC con Estados Unidos dentro del acalorado discurso que pronunció la semana pasada en Pitalito, Huila.

Anuncio que debió ser corregido por el ministro de Comercio Exterior, quién aclaró que de lo que se trata es de poner en marcha un modesto procedimiento de “revisión” de algunos puntos específicos del tratado, más que de una pomposa “renegociación” como se anunció en Pitalito.

Resulta que los dos procedimientos son completamente diferentes: el primero es un mecanismo sencillo previsto en el capítulo 27 del tratado en donde las partes contratantes aclaran o le hacen mejoras al funcionamiento del TLC siempre por acuerdo mutuo. El segundo, el de la “renegociación”, consiste prácticamente en negociar un nuevo tratado que, en el caso de los Estados Unidos, debe ser aprobado por el Congreso de aquel país.

Lo primero sería un mecanismo normal, mientras que lo segundo sería un gigantesco disparate. Una “renegociación” total no tendría, la certeza de que sea aprobada en el Congreso de los Estados Unidos, tanto más en un momento en que en aquel país se encuentra en marcha un proceso electoral que debe conducir a la elección del nuevo presidente.

Pero, además: resulta patético y denota la improvisación que acostumbra rodear las alocuciones presidenciales que el presidente Petro haya dicho en Pitalito que va a poner en marcha la “renegociación” del TLC con los Estados Unidos porque dizque el tratado prohíbe sembrar maíz en Colombia. Gigantesca inexactitud. En el último año no más se han sembrado 300 mil hectáreas que han producido 1.2 millones de toneladas del cereal. El TLC no prohíbe que se siembre en nuestro territorio ni maíz ni ningún otro cultivo.

Otra cosa bien diferente es que quienes utilizan el maíz como materia prima en su producción (alimentos para la avicultura, la porcicultura, o alimentos balanceados para animales) en un momento determinado consideren que por razones de precio y de calidad les resulta mejor importarlo. Hay que recordar que el maíz producido en tierras templadas y con mayor luminosidad solar diaria como es el caso de los Estados Unidos, de Canadá o del Cono Sur, tienen mayor productividad por hectárea que en el trópico.

Pero lo anterior no significa que no se deban seguir haciendo esfuerzos para producir mayor cantidad de maíz en el territorio colombiano (el maíz nacional aporta apenas el 20% del consumo final de este cereal). En el pasado se han hecho programas importantes para aumentar el área maicera de Colombia que es lo que ha permitido precisamente que estemos produciéndolo maíz en 300mil hectáreas del suelo nacional.

Pero lo que sería un disparate monumental es renunciar al TLC con los Estados Unidos a lo que conduciría la “renegociación”, haciendo imposibles buena parte de nuestras exportaciones a ese país que es nuestro principal cliente comercial, y encareciendo el maíz importado desde los Estados Unidos (cuyos usuarios inmediatamente buscarían otros orígenes para traerlo del Canadá o Brasil o Argentina, que en el pasado fueron los grandes proveedores del cereal para Colombia). Encarecer con aranceles el maíz que llegue de los Estados Unidos elevaría los costos para las industrias procesadoras y el precio final para el consumidor colombiano de huevos, leche, pollos o carne de cerdo.

En tal escenario el efímero aplauso que arrancó el anuncio del presidente Petro en Pitalito terminaría por traducirse en costos enormes para la agroindustria y el consumidor colombiano.

Por eso, la precisión en los términos es importante: así haya que sacrificar aplausos momentáneos para conservar la coherencia en el mensaje.

Bogotá, D. C, 27 de agosto de 2023

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por Amylkar D. Acosta M*. - Entre las medidas tomadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto - ley 1276, expedido al amparo de la declaratoria de la Emergencia económica, social y ecológica, está  la de que dispone que los “contratos de suministro de energía media anual a largo plazo suscritos con ocasión de las subastas asociados a proyectos ubicados en el departamento de La Guajira, se modificarán en el sentido de suspender temporalmente la obligación de suministro de energía hasta que entre en operación el proyecto de generación objeto del contrato y como plazo máximo hasta el 22 de julio de 2025”.

Como es bien sabido estos proyectos acusan un notorio retraso en el cronograma de su ejecución, sólo 2 de ellos avanzan de conformidad con el mismo. Según el Decreto en mención, “esto pone en riesgo la subsistencia de las familias y sus niños por la falta de oportunidades que implica la pérdida de demanda de bienes, servicios y empleo que resultan del desarrollo de los proyectos de transición energética en la región”.

Se dice, además, que el retraso de estos proyectos trae consigo “el aumento de las situaciones de conflictividad social en las regiones con vocación extractiva”, cuando en este caso es al revés, son las “situaciones de conflictividad social” mal gestionadas por parte de los gobiernos anterior y este, la que ha retrasado la marcha de los mismos. No se puede, entonces confundir la causa con el efecto. Es cuestionable que “para hacerle frente a esta situación se requieren medidas dirigidas aliviar, mediante la suspensión de contratos de suministro de energía para generadores de FNCER en el Departamento de La Guajira”. Sí, se trata de “aliviar” a una de las partes de un contrato bilateral, a los generadores, a expensas de la otra, los comercializadores.

Ello ha sido muy controvertido, porque al llevarse de calle la seguridad jurídica inmanente a toda relación contractual entre particulares, como en este caso, de acuerdo con el artículo 868 del Código de comercio la parte afectada podrá interponer una demanda de restablecimiento del equilibrio económico alterado por la intromisión del Estado en una clara extralimitación de sus funciones y competencias, al terciar a favor de una de las partes, los generadores. Y si prospera esta acción legal ante los tribunales, podría derivar, según lo prevé el artículo 90 de la Constitución Política, en que el Estado responda patrimonialmente “por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados” a las empresas comercializadoras.

Además, con esta medida que, según el Gobierno, busca “legitimar la intervención del Estado en estos contratos para suspender temporalmente la obligación de suministro de energía hasta que entre en operación el proyecto de generación objeto del contrato”, contraviene lo estipulado en el artículo 1602 del Código civil en el sentido que “los contratos son ley para las partes”.  Será, entonces la Corte Constitucional la que tendrá la última palabra con respecto a la constitucionalidad y a la legalidad de la misma. En medio de semejante embrollo, armado por el entrometimiento del Estado en una relación contractual consentida entre particulares, el sector eléctrico está en ascuas.

Es la propia Asociación de energías renovables – SER Colombia que las representa, la que al reaccionar frente a esta medida se pronunció en los siguientes términos: “reconocemos la buena intención del Gobierno. Quizá si no se hubiesen tomado esta medidas no tendrían un buen futuro algunos proyectos. Es una situación coyuntural y puntual, pero la prioridad es el respeto al mercado y a la estabilidad jurídica”. En medio de semejante embrollo el sector eléctrico está en ascuas.

Ante semejante dislate, XM, pese a sus reservas y reparos a esta medida, no tuvo otra opción que darle cumplimiento, pues al fin y al cabo como dice el aforismo “dura lex, sed lex” y dicho Decreto tiene fuerza de Ley. XM, entonces, terminó disponiendo “suspender temporalmente las obligaciones de suministro de energía” y de contera “las garantías de cumplimiento actuales no son exigibles”.

La consecuencia inmediata es que las comercializadoras tendrán que salir a adquirir la energía contratada en la Bolsa, quedando ahora más expuestas a los altos precios a los que se cotiza la energía (por encima de los ya pactados con las empresas generadoras) a consecuencia tanto del stress a que está sometido el SIN por el atraso de la ejecución de los proyectos como por la llegada del fenómeno de El Niño. Se estima que por cada $100 que sube el precio en Bolsa impacta la tarifa al usuario final entre 1 y 2%. Y según cifras de XM, mientras el precio promedio del KWH en los contratos para abril de este año era de $281.09, el precio en Bolsa para junio alcanzó los $469.55.

Según el Director de ASOCODIS José Camilo Manzur, “hoy el precio de la energía en Bolsa puede estar 2.5 veces por encima del precio al que se adjudicaron las subastas”. Y este mayor precio repercutirá, según la experta Carmenza Chahín, en un incremento promedio de la tarifa del 5%. Los usuarios de La Guajira que, según los considerandos del Decreto in comento, supuestamente se busca favorecer, no escapa a esta escalada alcista de las tarifas, que puede ser del orden del 7%.  Según Manzur, el efecto de esta medida le significará a los usuarios, que son los paganinis, sobrecostos del orden de los $170.000 millones mensuales hasta diciembre de este año.

Bogotá, agosto 26 de 2023

Economista. ex presidente del Congreso, ex ministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net