Opinión
Por José Felix Lafaurie Rivera*. - Leí un artículo sobre los dos policías asesinados en El Zulia, presuntamente por el ELN, en el que se anotaba que el cese al fuego, acordado a partir del 3 de agosto, se cumplirá “siempre y cuando no surjan contratiempos”.
Nos acostumbramos tanto a la violencia y la muerte, que Renzo y Gersón son “contratiempos”, como Samir, el patrullero asesinado en Tibú, o Karina, la sargento secuestrada en Arauca con sus hijos, al parecer también por el ELN, o los 22 cadetes que fueron “contratiempos” a la paz en 2019.
Habría querido escuchar a Nicolás Rodríguez negando esas autorías, pues hace unos días reiteraba el compromiso de acatar el cese “de manera sagrada, responsable y decidida”. Si, por el contrario, el ELN reivindica su responsabilidad con el argumento de que, en el marco del Acuerdo -no de la justicia-, pueden atacar a la Fuerza Pública sin consecuencias hasta el 3 de agosto, sería una macabra despedida y un mal mensaje a la sociedad, que anhela una paz realista y posible.
Sin embargo, ese “legalismo a su manera” del ELN, que les permite asesinar y secuestrar hasta el último día en que puedan hacerlo, da algo de confianza hacia delante, porque, como ellos mismos reconocen, nunca habían “firmado” un compromiso con gobierno alguno y, por ello, cumplirán lo firmado.
Extorsión: El impuesto oculto
Atrás hablé de realismo, porque la paz, como todas las categorías utópicas, como la justicia y la equidad, nunca será total, pero, como en la canción de Milanés a su amada, puede “acercarse a lo que simplemente soñamos”: vivir la paz.
Llegó la hora del realismo, pero también de la grandeza, que inspiraron a Álvaro Gómez Hurtado, cuando planteó su “Acuerdo sobre lo fundamental”; llegó la hora de poner sobre la mesa lo que ofrece y exige el ELN, y lo que ofrecen y exigen el Gobierno y la sociedad. De eso se trata.
Llegó la hora de generar condiciones efectivas para la participación de las comunidades y de todos los colombianos en la construcción de paz; de entender que si no logramos un mínimo de seguridad -la seguridad total es también utopía-, la participación a la que el ELN le otorga tanta importancia no será posible; y esa seguridad pasa por no asesinar, no secuestrar, no extorsionar, porque la libertad es la esencia de la participación y no se puede participar bajo amenaza. Llegó la hora de asumir que secuestrar y extorsionar son también “contratiempos” para la paz.
Es momento de reconocer, en la mesa inclusive, que tras la inseguridad y la violencia está el narcotráfico, que destruye naturaleza y valores; que corrompe; el narcotráfico proveedor de las bandas que se toman ciudades y, por ese camino, amenazan ¡a nuestros hijos!, al futuro de Colombia, a niños y jóvenes enfrentados al riesgo del consumo.
Para encarar la difícil situación colombiana necesitamos realismo y grandeza; sin ellos, no lograremos acercarnos a una paz posible y seguiremos teniendo “contratiempos”.
Bogotá, D. C, 9 de julio de 2023
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Por Amylkar D. Acosta M*. -La seguridad alimentaria consta de tres elementos esenciales: el primero es la disponibilidad de los alimentos, el segundo el acceso a los mismos y tercero la estabilidad o sustentabilidad, entendida esta como la garantía del primero y el segundo a lo largo del tiempo, que no sea intermitente. Como lo veremos la seguridad alimentaria, más que un problema de disponibilidad de alimentos es un problema de acceso a los mismos y este está determinado por el nivel de ingresos, el cual a su vez está correlacionado con el empleo.
Según el director del Programa mundial de alimentos (PMA) de las Naciones Unidas para Colombia Carlos Scaramella, “en Colombia el 30% de la población se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria moderada o severa, es decir, 15.5 millones de personas no tienen acceso a alimentación adecuada y tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas, por lo que deben recurrir a estrategias de consumo insostenibles y enfrentar condiciones de escasez de alimentos, hambre y malnutrición”.
Aquí hagamos una digresión para subrayar el hecho de que la soberanía alimentaria de Colombia es muy precaria, habida cuenta que el 35% de los alimentos que se consumen en Colombia son importados y los que se producen en el país tienen una alta dependencia de la importación de insumos agropecuarios. Y lo más grave es que esa dependencia es creciente: de 700 mil toneladas de alimentos que se importaron en 1991 se pasó a importar 14 millones de toneladas el año anterior. En ello ha influido mucho la apertura hacia adentro que se decretó por aquellas calendas en la administración de Cesar Gaviria (1990 – 1994), que llevó a reducir el área sembrada entre 1990 a 1999 en 936.255 hectáreas (25%). Esta situación se agravó con la negociación atolondrada de los tratados de libre comercio (TLC), dejando desguarnecido el campo colombiano.
Al desagregar las cifras se observa que los departamentos con mayor prevalencia de los altos índices de inseguridad alimentaria son los de la región Caribe, encabezados por Córdoba (70%), Sucre (63%), Cesar (55%), Bolívar (51%) y La Guajira (50%). Las dos regiones del país en las que se concentra el mayor número de hogares en condición de inseguridad alimentaria son el Caribe y el Pacífico con el 40% en promedio. No es coincidencia que sean estas dos regiones las que registran los más altos índices de pobreza, desempleo e informalidad laboral. Ello en razón de que el desempleo y la informalidad se traducen en la precariedad del ingreso y esta afecta el poder adquisitivo y en consecuencia el acceso a los alimentos.
La violencia, los conflictos sociales y sus secuelas, como el desplazamiento forzado y el confinamiento, también han contribuido a exacerbar la inseguridad alimentaria, la desnutrición y el hambre en el país. 50% de los hogares que han sido víctimas del conflicto armado padecen inseguridad alimentaria, en contraste con el promedio del 28% de aquellos que no lo han padecido. Lo propio puede afirmarse de los migrantes, que en una proporción que oscila entre el 52% y el 73% se ven afectados por la inseguridad alimentaria y de contera también en tratándose de las etnias indígenas y afrodescendientes.
La tendencia de esta tragedia humanitaria es hacia el agravamiento, dada la constatación de que el 35% de los hogares en Colombia disminuyeron sus ingresos en los últimos 12 meses, que casi la mitad de estos (46%) tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza nacional, al tiempo que el 51% de las familias tuvieron que reducir el tamaño de las porciones de alimentos y otro 42% el número de comidas al día. Según la última medición de la Encuesta Pulso social del DANE, en diciembre de 2022, el 73.5% de los hogares colombianos (6.2 millones) comen en promedio 3 veces al día, 15.4 puntos porcentuales por debajo de diciembre de 2019. De hecho, según el mismo Informe del PMA, en Colombia el 40% de la población consume dos o menos comidas al día, más de la mitad de los hogares tuvo que reducir la porción de las comidas y el 67% de los hogares tuvo que utilizar una estrategia para afrontar el hambre”.
El colmo de esta preocupante situación es que la inseguridad alimentaria, la malnutrición, la desnutrición y el hambre en Colombia se han ensañado en la niñez. Según datos del Instituto Nacional de Salud (INS) en el 2022 se presentaron 21.337 casos de desnutrición aguda en menores de 5 años y 309 niños murieron a consecuencia de la desnutrición, 111 más que los registrados en 2021.
La afectación de la niñez por la inseguridad alimentaria, la desnutrición, la malnutrición y el hambre es tanto más preocupante en cuanto que en esta etapa, los primeros mil días de existencia de la niñez son críticos, lo que se haga o se deje de hacer durante esta fase de su crecimiento es decisivo para su formación y desarrollo posterior, de ello debemos ser conscientes. El mayor desarrollo del cerebro, del lenguaje, de la motricidad y del pensamiento abstracto que caracteriza al ser humano se dan justo en esta etapa, que es irrepetible. Lo que se quiera hacer después, tratando de suplir lo que se dejó de hacer ya es demasiado tarde, el daño está hecho. Según la Fundación Éxito, “los estudios evidencian que un niño con desnutrición crónica antes de los 5 años pueden tener en la edad adulta 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de educación y 54% menos de salario que uno que no padeció la enfermedad. En otras palabras, será un adulto con grandes desventajas”. Así empieza y se perpetúa la desigualdad de trayectoria.
Riohacha, julio 8 de 2023
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
Por Fernando Cepeda Ulloa*. - Es bien conocida mi obsesión con el tema de la financiación de la vida política. En las últimas semanas hemos quedado expuestos al conocimiento de la violación del marco jurídico que la regula, el de la campaña del presidente Petro de 2022 y la de 2014 la reelección de Juan Manuel Santos desafiada por Oscar Iván Zuluaga. Y me cuesta mucho trabajo guardar silencio al respecto. Es que se trata del gobierno y de la oposición. O sea, las dos expresiones fundamentales del sistema político y que ambas estén en tela de juicio, por razón de testimonios desde la intimidad misma de las campañas le da una relevancia aún más significativa.
En la columna que publicó ayer El País de Cali “No Más” hice una primera aproximación y hoy en esta columna quiero hacer una segunda reflexión recogiendo opiniones que publiqué en mi libro “Narcotráfico, financiación política y corrupción” (ECOE ediciones 2011), particularmente del capítulo sexto “El debate internacional sobre la financiación de partidos y de campañas políticas”. Todavía no entiendo cómo Colombia no se ha convertido en un modelo en esta materia sino que, por el contrario, escándalos surgen una y otra vez.
La cita más reveladora sobre el tema la encontré en la página 208 y es tomada de un libro de la profesora Donatella Della Porta e Yves Meny. Dice así: “la monetización de la política y de los políticos ha llevado al “intercambio clandestino entre dos mercados; el mercado político y/o administrativo y el mercado económico y social. Este intercambio es oculto porque viola normas públicas jurídicas y éticas y sacrifica el interés general en beneficio de los intereses privados. En fin, esta transacción que permite a actores privados tener acceso a recursos públicos (contratos, financiación, decisiones…), de manera privilegiada y prejuiciada; (ausencia de transparencia, de competencia) les proporciona a los actores públicos corrompidos, beneficios materiales presentes o futuros para ellos mismos o para la organización de la cual son miembros”.
En la misma página recordaba la afirmación muy conocida del senador norteamericano Everett Dirksen: las tres cosas más importantes en política son dinero, dinero y dinero. Es, comentaba en el mismo párrafo, exponer a la política a quedar secuestrada por los grandes intereses económicos. Y ni hablemos si el dinero proviene de un origen mafioso. Una tentación fácil y un chantaje inescapable.
Otro senador, Warren Rudman, hablaba así: “nadie debe hacerse ilusiones idílicas acerca del papel del dinero en la política”; lo que he descrito en los parágrafos precedentes es inherentemente, endémicamente y sin esperanza, corruptor.
“Usted no puede nadar en el océano sin mojarse; usted no puede ser parte de este sistema sin ensuciarse”. El periódico The New York Times del 27 de diciembre de 1998 reclamaba en su editorial una reforma del sistema; hablaba de la “anulación virtual de las leyes que durante casi un siglo han buscado limitar las contribuciones de campañas”. La conclusión era bien dura: “como resultado los dos grandes partidos políticos de la nación han completado su transformación y han pasado de representar distritos electorales del pueblo a convertirse en maquinarias que consiguen dinero para favorecer intereses particulares”. Las citas que he identificado desbordan el espacio de esta columna y son tan dicientes como las que he recogido.
Es que lo que se debate, así lo recuerdo (pg. 143), es el grado de competencia que existe en una democracia; la naturaleza del juego democrático; la integridad del proceso político; la calidad del sistema representativo. Está más que pasada la hora de tomar muy en serio este tema.
Bogotá, D. C, 9 de julio de 2023
*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado.
Por José G. Hernández*. - Algunos acontecimientos, actos y discursos recientes sugieren la necesidad de hacer precisiones, con miras a evitar equívocos y confusiones que perjudican a la sociedad:
- Muy dolorosa, como lo es todo cuanto está ocurriendo en Ucrania, la noticia de la muerte de la escritora Victoria Amelina y doce personas civiles más, víctimas del bombardeo ruso sobre la ciudad de Kramatorsk -grave violación del Derecho Internacional Humanitario-. Milagrosamente, no perecieron nuestros compatriotas Héctor Abad, Sergio Jaramillo y Catalina Gómez.
A propósito de ese trágico episodio, debemos reflexionar sobre la manera como asuntos tan graves se tratan en las redes sociales. Es verdad que ellas son importantes canales que la tecnología nos brinda para una mayor libertad de expresión, información y comunicación, y que cada uno de sus usuarios es libre de manifestar sus opiniones y enfoques sobre los más variados acontecimientos y asuntos, pero hemos de recordar que no hay derechos absolutos, que los demás usuarios también tienen sus derechos y que, en ese uso de la libre expresión, se requiere un mínimo respeto a las personas y a las instituciones.
Por tanto, no todo es chiste. Burlas como las que se vieron en las redes sobre el aludido bombardeo y acerca del enorme peligro que corrieron nuestros compatriotas son inadmisibles y deben ser rechazadas.
- La presunción de inocencia es un principio esencial de nuestro ordenamiento jurídico. Es elemento insustituible del derecho fundamental al debido proceso. Según el artículo 29 de la Constitución, “toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”. Y, de conformidad con el artículo 248, “Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales”.
Son los jueces y tribunales de la República, no las redes sociales, los llamados a condenar o absolver a las personas, previo debido proceso. Aquéllas no pueden ser utilizadas, so pretexto de la libertad de expresión, para tratar a personas no condenadas como si fueran delincuentes. NI esa libertad de expresión llega hasta el extremo de afectar de manera irresponsable la honra y el buen nombre, que son derechos fundamentales de toda persona.
- Una precisión necesaria, a partir de algún discurso de Claudia López, es la que toca con la responsabilidad de los alcaldes ante la inseguridad, que es enorme en la capital de la República. Es verdad que, a nivel nacional, el presidente de la República es el supremo comandante de la fuerza pública, pero no se lo puede responsabilizar por asuntos propios de la competencia asignada a los mandatarios locales. El artículo 315.2 de la Constitución es claro al respecto: “El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante”.
- Los símbolos patrios, a los que alude la Ley 12 de 1984, representan la nacionalidad, la soberanía y las instituciones colombianas. Nos representan a todos los colombianos, no a un grupo o sector determinado, por respetable que sea. Sus características, consagradas de manera expresa en la ley, no pueden ser modificadas ni disfrazadas arbitrariamente.
Bogotá, D, C, 7 de julio de 2023
*Expresidente de la Corte Constitucional.
Por Gabriel Ortiz *. - Empezaron a lanzarse los sucesores de Petro. Unos creen que terminará antes, otros que habrá cansancio, y los aventajados esperan el cambio prometido.
Hay exceso de aspirantes que empiezan a mostrarse en público y en privado fabricando coaliciones o montando campañas para desprestigiar a quienes tengan posibilidades.
Germán Vargas Lleras y Claudia López tomaron la delantera para lograr mayorías de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles en las elecciones del 29 de octubre.
Ninguno de ellos reconoce afortunadas gestiones en quienes hoy manejan la cosa pública. Menos duro ha sido el exvicepresidente, porque la alcaldesa se ha venido con todas.
Claudia tiene desesperada ansiedad. Ataca a Petro y quien se cruce en su camino. Con afán sepulta su la primera parte de su alcaldía.
Sus dos primeros años fueron vacantes que ocasionaron el deterioro de una capital que reclamaba reformas, seguridad, obras, progreso y desarrollo. Inició su tercer año desbaratando y paralizando lo poco que funcionaba. No existe vía, calle o avenida que no haya estropeado, ocasionando un caos que hizo florecer la inseguridad. Atracos, robos, extorsiones, atropellos, microtráfico, asesinatos y modalidades de secuestro, fueron moneda corriente. La movilidad contribuyó a todo lo anterior, porque la parálisis benefició al hampa. Todo se lo ha endilgado a la policía, quién según ella, le “raponeó” un grupo de agentes preparados por el Distrito. La institución dice lo contrario.
La ciudad está en poder de la delincuencia, pero la alcaldesa con viveza la ubicó en la 7 con 98 -su predio-, para eludir sus responsabilidades. Los centenares de cámaras que solo controlan una velocidad que nadie conoce en Bogotá, debería dedicarlas a reforzar la seguridad.
En su último año y medio la alcaldesa no puede ver una calle en buen o regular estado. De inmediato la llena de maletines y pone a dos obreros a intervenirla. Esa parálisis dura meses.
Esa, a grandes rasgos, ha sido la “brillante” labor de una alcaldesa que ahora acusa a otros de su discutible gestión. Es su forma de llegar a la Casa de Nariño en el 26.
Nadie sabe qué sucederá con el flamante presupuesto de la capital durante la “ley de garantías”, ni con la repartija que se hará en los 1.100 municipios, los departamentos y el gobierno nacional, para incrustar los candidatos que favorezcan las pretensiones de los actuales gobernantes.
Regularmente llegan a sus nuevos cargos super endeudados con los contratistas que financian las campañas y que al final son quienes manejan los presupuestos. Ahí también figuran los grupos subversivos que permiten la realización de las elecciones.
Estos cuatro meses son cruciales y altamente preocupantes para un país que no ha podido librarse del caos inagotable en que lo mantiene la corrupción.
BLANCO: El libro de Orlando Supelano sobre Colombia, un país herido por guerras y conflictos, que hasta se reciclan.
NEGRO: Hace 25 años el ElN ofreció acabar con el secuestro y la extorsión, durante los acuerdos de Viana y Mainz. ¡Lo mismo que ahora!
MUY NEGRO: El asesinato de la escritora Victoria Amelia por Putin, el Hitler moderno que acosa al mundo.
Bogotá, D. C, 8 de julio de 2023
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por José Manuel Restrepo*. – La Constitución de 1991 creó dentro de los estados de excepción la emergencia económica como mecanismo para enfrentar hechos que amenacen gravemente el orden socioeconómico. Dicho instrumento es del Presidente, quien con su firma y la de sus ministros, responden personalmente cuando eventualmente se abuse de aquel.
Han sido cerca de diez emergencias las que se han declarado, la mayoría de las cuales exequibles según la Corte Constitucional, y han respondido a hechos excepcionales y sobrevinientes como el covid-19, terremotos, fenómenos climatológicos abruptos con afectaciones a embalses, la crisis migratoria venezolana o desastres naturales.
Este ha sido un instrumento para que el gobierno dicte decretos con fuerza de ley (Leyes de la República) sin pasar por el Congreso, para modificar tributos o para implementar medidas a corto plazo para enfrentar la emergencia.
Dado este poder, es indispensable cuidar el instrumento y lograr que responda verdaderamente a un hecho sobreviniente y que las motivaciones sean apropiadas. Sorprende por ello que se pretenda que la nueva emergencia haga “una reforma a la salud por decretos de emergencia…” así sea sólo en La Guajira. Mucho más cuando nuestro mandatario ha insistido en este instrumento tres veces. La primera en campaña cuando la propuso para enfrentar el hambre, la segunda en septiembre del2022 para enfrentar el eventual fenómeno de La Niña (lluvias) y ahora por el fenómeno del Niño que se avecina.
La preocupación con la más reciente emergencia es que el instrumento se vuelva costumbre, o se utilice para lograr lo que el Congreso no ha aprobado en salud y empleo. Mucho más cuando se combina una situación autoinfligida de deterioro en el financiamiento en salud por los pagos no realizados a EPS o los costos de empleo por decisiones como las de vivienda VIS.
En el caso de La Guajira, si bien todos los colombianos compartimos la urgencia de atención a niños y familias, y dar respuestas sociales y económicas al departamento, somos igualmente conscientes de que esto debe responder a una institucionalidad. Sorprende, por ello, que el decreto es bastante débil para demostrar que hay un hecho sobreviniente y menos sobre sus impactos (fenómeno El Niño), e increíblemente las cifras históricas que se anexan en salud por desnutrición y mortalidad infantil parecen probar todo lo contrario. Este es un decreto que seguramente requerirá mucha justificación adicional ante la Corte.
Surgen además otras dudas. ¿No se podían buena parte de las medidas vía Plan de Desarrollo o adición presupuestal si ya anticipábamos el problema?, ¿Situaciones similares no suceden en Cesar o Magdalena o problemas sociales parecidos en el Pacífico u otros departamentos de la Amazonía? ¿Medidas como la Universidad Wayúu o la pista aérea responden a una emergencia o los médicos o enfermeras o viajes que se necesitan se pueden obtener de otra forma más rápida en emergencia?
Esperamos que estas dudas se aclaren para lograr éxito en la emergencia. Pero las insinuaciones y decretos mismos parecen más una forma de enfrentar la emergencia que sufren las reformas.
Flaco favor haría a la democracia e institucionalidad abusar de la emergencia para promover reformas vía decreto, hoy en La Guajira o mañana en cualquier lugar de Colombia.
Bogotá, D. C, 7 de julio de 2023
*Rector Universidad EIA
Por Paloma Valencia Laserna *. - Gobernadores y alcaldes le están pidiendo al gobierno redireccionar su programa de “Paz Total”. El gobernador de Caquetá afirmó que volvimos a la violencia de hace 30 años, y la MOE reporta que este último año ha sido el más violento desde que tienen registros. Los ceses al fuego fracasaron y la nueva política de drogas del gobierno tiene a los grupos armados más fuertes. Con poblaciones sometidas, candidatos amenazados y cultivos de coca en máximos históricos, el país entró a un nuevo ciclo de violencia.
En lo corrido del 2023 el país ha tenido 52 masacres con 170 víctimas. El secuestro ha aumentado en un 126% con 104 casos y 144 víctimas. La trata de personas aumentó en 52% con 326 víctimas, la extorsión creció en un 33% con 4.232 casos, los delitos contra los recursos naturales aumentaron en un 7% con 1.530 sucesos. El Suroccidente está muy afectado. En Cauca donde el presidente Petro instauró el “Puesto Unificado por la Vida” cuándo recién fue elegido presidente, esta semana asesinaron a 15 personas. Candidatos de nuestro partido han tenido que renunciar a sus candidaturas por su seguridad.
En Buenaventura salen videos de encapuchados con armas llamando a la violencia con otros grupos armados. En el sur de Tolima intentaron asesinar a nuestro candidato en Alpujarra, en el Huila asesinaron al presidente de la junta de acción comunal de Tello. En Puerto Gaitán, las FARC piden 3 millones de pesos para que vehículos ingresen a Campo Rubiales. Y estas noticias solo corresponden a la última semana.
Bajo el gobierno y sin autoridad la criminalidad ha avanzado. Sus discursos y proyectos de ley favorecen a los criminales. El gobierno renunció a la estrategia de erradicación forzada de cultivos. El país tiene más de 200 mil hectáreas de coca, y a mayo de este año, la erradicación cayó en un 87%. Solo 4.511 hectáreas han sido erradicadas. El gobierno mencionó que la nueva lucha contra las drogas es la interdicción. Pero esto no ha funcionado. La cocaína incautada ha caído en un 18%, la heroína en un 45%, la marihuana en un 11%. La inmovilización e incautaciones de insumos sólidos ha caído en 41%, y de insumos líquidos en un 28%.
El ELN se burla de los colombianos. Prometieron un cese al fuego bilateral donde podrán seguir extorsionando y secuestrando. Esta semana asesinaron a tres policías en dos ataques en Norte de Santander. Además, declararon paro armado en la región del San Juan en Chocó. Sus principales jefes siguen dando órdenes y viven en Cuba desde el 2019.
En las ciudades la situación es la misma. El hurto a residencia ha crecido en un 8% con 14.054 casos, el hurto a personas subió en un 16% con 151.125 personas. Y esto solo son los casos denunciados. El general Salamanca también reconoció que cerca de 25.600 cámaras de seguridad que tiene el país, al menos el 48% no sirven. Mientras tanto el presidente Petro está próximo en lanzar su programa “Jóvenes en Paz” para que jóvenes que hagan parte de bandas criminales reciban un salario del Estado si deciden salirse de la vida delincuencial. ¿Se convertirán en los “colectivos chavistas”? ¿Por qué seguir premiando criminales?
Bogotá, D. C, 8 de julio de 2023
*Senadora del Centro Democrático
Por Paloma Valencia Laserna*.-Esta semana fue aprobado en primer debate mi proyecto de Bono Escolar. Los padres tienen el derecho a elegir el colegio privado o público que desean para sus hijos, y el Estado asume el pago total de los derechos académicos y servicios complementarios: pagos de pensión, matrícula, costos de enseñanza, herramientas de aprendizaje, salud del estudiante, comidas, administración y útiles escolares. Lo diseñamos para niños en condición de vulnerabilidad, pobreza moderada o pobreza extrema; 5,9 millones podrían beneficiarse.
Los niños más pobres de Colombia están condenados a una educación de muy mala calidad con el sistema actual. En el año 2021, los estudiantes de colegios privados obtuvieron en promedio 43,7 puntos más que los colegios públicos en las pruebas de Estado. En departamentos como La Guajira, con una pobreza monetaria de 67,8%, los colegios privados obtienen 62 puntos adicionales; en Córdoba, con una pobreza de 59%, los privados sacan 54 puntos más. Bogotá, con una pobreza de 36%, 32 puntos adicionales. O en Valle, con pobreza de 29%, 30 puntos más. Las brechas de recursos tienen su más dramática expresión en la desigualdad en la educación.
Tenemos que trabajar en conseguir igualdad de oportunidades, que empieza por acceder a la mejor educación disponible. El proyecto reivindica la capacidad de las familias para escoger los colegios de sus hijos, porque lo que debe ser público es el acceso y no el edificio. Y al mismo tiempo y de manera inmediata abre la puerta para que puedan acceder a mejor calidad. El requisito de los colegios privados es estar por encima de la media de colegios públicos, y nadie se puede pasar a un colegio de inferior rendimiento de aquel en el que está.
Colombia tuvo un programa de Bono Escolar exitoso. El programa Paces en los años 90. De hecho, el premio Nobel de economía Michael Kremer demostró que los beneficiarios tuvieron un 16% de más probabilidad de terminar la escuela secundaria a tiempo. Un aumento de la matrícula en la educación superior en un 16%, y un aumentó los ingresos formales en un 8%.
En septiembre pasado en su visita a Colombia le presentó estos resultados al entonces ministro de educación Alejandro Gaviria y le recomendó el bono escolar para mejorar la calidad educativa. Otro estudio, el de la universidad de los Andes, señala que el programa incrementó en casi 10% la probabilidad de permanecer y continuar en el sistema educativo respecto a un grupo que no obtuvo la beca.
Colombia también ha tenido colegios en concesión con resultados sobresalientes: en 2021 obtuvieron 14,1 puntos más que los colegios públicos en las pruebas de Estado. El Bono Escolar también ha sido exitoso en muchos países: en Chile con la mejor educación de Latinoamérica.
El proyecto, al que le faltan todavía tres difíciles debates, no afectará la educación pública. Se trata de recursos adicionales y se prevé que los colegios públicos también puedan recibir el bono. El caso de Suecia es muy significativo, Bohlmark y Lindahl demostraron que el bono favorece a la educación: el aumento de 10% en la proporción de alumnos de escuelas privadas se asocia con un rendimiento 1,7 veces superior al de colegios públicos.
El futuro exige decisiones audaces con resultados en el corto plazo. La peor brecha de inequidad hoy en Colombia, sin duda alguna, es la educación. Estamos segregados de acuerdo a la capacidad de pago; el Estado debe tomar medidas ahora y garantizar equidad en lo que más importa, las oportunidades y la libertad de elegir.
Bogotá, D. C, 20 de junio de 2023
*Senadora del Centro Democrático
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- La semana pasada mencionaba el enorme desequilibrio externo del país que se refleja en el cuantioso déficit en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos que llegó el año pasado a un máximo de USD 21.500 millones, equivalentes a 6.2 % del PIB. En 2015 el país había registrado déficits similares, pero con una diferencia muy importante pues en esos años el precio del crudo cayó a menos de 40 dólares por barril, mientras que el año pasado los precios del barril de petróleo fueron cercanos a USD 100, de manera que el déficit se produjo por el enorme crecimiento de las importaciones.
Cuando alguien gasta más de lo que tiene, o cuando un país compra en el exterior más de lo que vende, alguien debe financiar ese déficit; cuando esto se repite por años como ha sido el caso de Colombia después de la recesión de 1999, el país va acumulando pasivos con el exterior que lo ha hecho más vulnerable a las fluctuaciones de los mercados de capitales internacionales.
Colombia ha tenido la fortuna de contar con abundantes fuentes de financiación externa que le han permitido cubrir su déficit comercial. De una parte recursos de Inversión extranjera directa que en lo corrido del siglo suman USD 227.000 millones, De otra parte se han recibido créditos externos por valor de USD 151.000 millones, de manera que como proporción del PIB la deuda externa del país pasó del 36% al 55%.
Como en economía no hay almuerzo gratis, y hay que pagar por esos pasivos externos. En el mismo período los inversionistas extranjeros han recibido dividendos por un valor de USD 166.000 millones (casi el 75 % de lo que invirtieron), y por intereses se han pagado USD 82.000 millones. Estos dos rubros se contabilizan dentro de los egresos de la cuenta corriente y explican parte del déficit.
Por supuesto, además de acumular pasivos con el exterior, los residentes del país también adquieren activos en el exterior. Colombianos han invertido cerca de USD 73.000 millones en empresas extranjeras y otro tanto en bonos y fondos de inversión internacionales; además el Banco de la República ha acumulado reservas por USD 58.000 millones.
De todas maneras son más los pasivos que los activos externos del país, por lo que la posición de inversión internacional neta llegó a ser negativa en USD 180.000 millones en marzo pasado. No es extraño este valor dados los déficits acumulados de la Balanza de pagos, pero si es alarmante el ritmo de crecimiento, toda vez que a principios del siglo era de solo USD 25.000 millones.
La tradición de la estabilidad macroeconómica del país y su reputación de buen deudor, que nunca ha incumplido sus pagos, han permitido que hasta ahora se financien los crecientes déficits externos. Si se quieren mantener abiertas las fuentes de financiación es indispensable mantener esas condiciones, pero sobre todo es importante disminuir la vulnerabilidad externa del país con un gran esfuerzo público y privado para aumentar las exportaciones y sustituir importaciones de manera que se disminuya el déficit y se requiera menos financiación.
Bogotá, D. C, 18 de junio de 2023
*Filósofo y Economista. Consultor
Por José Félix Lafaurie Rivera *. - No es fácil entender, o mejor, “desentrañar” el Acuerdo del “Cese al Fuego” entre el Gobierno y el ELN, que tiene además una estrecha relación con el Acuerdo de Participación y, literalmente, no se puede entender el uno sin el otro.
Esa relativa complejidad da pie a interpretaciones desinformadas y juicios sesgados que terminan dándole a la sociedad visiones distorsionadas o incompletas, cuando lo que se requiere es una lectura y análisis desapasionados para comprender lo acordado.
Por ello el acuerdo obliga al ELN y al Gobierno a desarrollar acciones pedagógicas para “enseñar” el alcance de los acuerdos y protocolos, a lo que ayudaría mucho que los medios y formadores de opinión se sumaran a esta “pedagogía social”.
Me estreno en ella con una explicación apretada de estos dos acuerdos. El de cese al fuego tiene tres fases: una primera, entre el 9 de junio y el 5 de julio, de “Alistamiento” en temas de comunicaciones, protocolos pendientes, pedagogía y Mecanismo de Monitoreo y Verificación.
La segunda, entre el 6 de julio y el 2 de agosto, inicia con la orden del cese de “acciones ofensivas”, tipificadas en el “Protocolo de Acciones Específicas”, que establece lo que se puede y no se puede hacer. En esta fase, mientras avanza la pedagogía, deberá producirse un “desescalamiento” que empiece a detener el tren sin frenos de la violencia del ELN.
La tercera fase inicia el 3 de agosto con la implementación plena del cese al fuego, por 180 días prorrogables y con “vocación de continuidad”, a partir de evaluaciones periódicas con la información del monitoreo y, especialmente, de la Veeduría Social. Desde el 3 de agosto también, el Mecanismo de Monitoreo y Vigilancia, de oficio, denunciará eventuales incumplimientos, o cualquier ciudadano que, gracias a la pedagogía, ya comprende el Acuerdo y estará en capacidad de hacerlo.
Es aquí donde se encuentran los dos acuerdos, pues sin cese al fuego y también de hostilidades, la participación será instrumentalizada o impedida por el sometimiento a las comunidades derivado de acciones ilícitas, como el secuestro y la extorsión, justificadas por el ELN como “fuentes de financiación”.
El Acuerdo de Participación contempla tres fases también; la primera, de máximo seis meses, será de “diseño” del proceso por parte del Comité Nacional de Participación, cuyos 80 miembros de 30 sectores escucharán a las comunidades en los territorios.
La segunda, de “diagnóstico”, busca establecer las causas de la violencia, a mi juicio sobrediagnosticadas, a partir del diálogo con diferentes actores sociales y la compilación de información de referencia.
La tercera es el proceso de participación propiamente dicho; participación masiva y libre de las comunidades y de la sociedad toda en los territorios -así se espera-, cuyos resultados, debidamente sistematizados, se consolidan en el Plan Integral de Transformaciones, como entregable del Comité Nacional a la mesa de Diálogos.
Esta fase final, siempre acompañada de prórrogas sucesivas del cese al fuego, se extenderá hasta mayo de 2025, la fecha del malentendido presidencial, que no lo es tanto, pues el Plan Integral de Transformaciones, evaluado por la Mesa como instancia bipartita, se plasmará en decisiones vinculantes que, a su vez, serán el insumo para un Acuerdo Final que, para entonces, estaría cercano.
Recapitulemos: sin cese al fuego y de hostilidades no habrá participación posible y la construcción “colectiva” de la paz será otra promesa de valor incumplida. Por ello, estos acuerdos enfrentan el imperativo de cumplir su finalidad de generar condiciones para que la población ejerza sus derechos en libertad y, en últimas, para mejorar la vida de los más vulnerables en los territorios. Esperemos que así sea.
Bogotá, 18 de junio de 2023
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
