Opinión
Por Amylkar D. Acosta M *. - Como es consabido el pasado 2 de julio el Presidente Gustavo Petro, mediante Decreto 1085, apelando al artículo 215 de la Constitución Política, declaró la Emergencia económica, social y ecológica en el Departamento de La Guajira, “con el imperativo objetivo de conjurar la crisis humanitaria y el Estado de cosas inconstitucional, que lamentablemente se vive en el Departamento de La Guajira y que se ha visto agravado de forma inusitada e irresistible” por el advenimiento del fenómeno de El Niño.
Dicho Decreto ha sido cuestionado por parte de quienes consideran que el mismo transgrede la Constitución Política, alegando que sólo procede dicha declaratoria, tal y como lo establece la Carta en su artículo 215, “siempre que sobrevengan hechos distintos a los previstos en los artículos 212 y 213”, que se refieren a la declaratoria de Guerra exterior y conmoción anterior. Y a juicio de ellos la calamitosa situación que acusa La Guajira no se puede considerar como un hecho sobreviniente sino inveterado. De hecho las medidas cautelares decretadas por la Comisión interamericana de derechos humanos (CIDH) y el Estado de cosas inconstitucional por parte de la alta Corte, datan desde el 2015 y el 2017, respectivamente.
No obstante, nos atrevemos a afirmar que cada niño que muere, como han venido muriendo de manera recurrente, por inanición, por hambre, desnutrición o enfermedades asociadas a estas lacras sociales, cuya responsabilidad comparten tanto el Gobierno Nacional como las autoridades territoriales, debe considerarse como un hecho sobreviniente. De otro modo, este hecho tan aberrante terminaría convirtiéndose en simple paisaje bajo la mirada de un Estado indolente y ausente, que no cumple con la satisfacción de necesidades tan básicas como el acceso a la salud y al agua, que es un derecho fundamental que le asiste a las comunidades más vulnerables.
Además, el artículo in comento no se limita a señalar los hechos sobrevinientes como fundamento y justificación de la declaratoria de la Emergencia económica, social y ecológica, sino que contempla otra causal, cuales son aquellos “que constituyan grave calamidad pública”. Y si no configura calamidad pública la crisis humanitaria que azota y asola al Departamento de La Guajira cabe preguntarse qué se entiende por ella o qué hace falta para reconocerla. De modo que este artículo, el 215, hay que leerlo en su integridad y no parcialmente, pues bien dijo Voltaire que “si usted me da el Padre nuestro en pedazos, le demostraré que cada pedazo es una herejía”. Y, de contera, ni la Constitución ni la Ley se deben interpretar de modo que ofenda la razón y este es el caso!
Para mí, entonces, está plenamente justificada la declaratoria de la Emergencia, económica, social y ecológica, creo que se ajusta al mandato constitucional y consulta el espíritu de la Constitución Política y está, además, bien intencionada, pues con ella se da una clara muestra por parte del Gobierno nacional de que tiene la voluntad política de actuar con la presteza y diligencia que demanda el drama que aflige a amplios sectores de la comunidad en La guajira y muy especialmente los pueblos indígenas asentados en su territorio. Y, como dice Jim Cullen, “en donde hubo voluntad hubo caminos”!
Como lo plantea la Corte Constitucional en su Sentencia T – 025 de 2004, cuando se constata “la vulneración repetida y constante de derechos fundamentales que afectan a multitud de personas, su solución requiere la intervención de distintas entidades para atender problemas de orden estructural”. Ojalá que la declaratoria de esta emergencia sirva para hacer más expedito el cumplimiento de los dispuesto en el Documento CONPES 3944 del 6 de agosto de 2018, mediante el cual se establece una “Estrategia para el desarrollo integral del Departamento de La guajira y sus pueblos indígenas”, expedido en respuesta al Auto 207 del 25 de mayo de 2017 de la Corte Constitucional que conminó al Gobierno a que lo pusiera en práctica.
Pero unas son de cal y otras son de arena, una es la justificación del medio al cual recurrió el Presidente Petro para tomar las medidas conducentes a “conjurar la crisis humanitaria y el Estado de cosas inconstitucional” en el Departamento de La Guajira y otra, bien distinta, es la legalidad y constitucionalidad de los decretos con fuerza de Ley que se expidieron al amparo de la Emergencia económica, social y ecológica. Con respecto a dichos decretos tenemos reparos, sobre todo respecto a la conveniencia y oportunidad de algunas de las medidas tomadas, de lo cual nos ocuparemos en posterior artículo.
En todo caso, como lo establece el artículo 215 de la Constitución Política, “estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el Estado de emergencia”. No se puede exceder el ejecutivo al expedirlos de las facultades extraordinarias que le otorga el ordenamiento jurídico, al cual debe ceñirse, a riesgo de que sean declarados inexequibles por parte de la Corte Constitucional que, de oficio, examina su constitucionalidad.
Riohacha, agosto 12 de 2023
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Por José G. Hernández*. - Para que el Estado -en particular, si se proclama democrático- tenga sentido como organización política de la sociedad y pueda alcanzar los objetivos y realizar los valores que ella procura, resulta indispensable que las instituciones funcionen, es decir, que los principios y normas contemplados en ejercicio de la soberanía -por la Constitución- sean aplicados, inclusive, en el evento de una crisis o en épocas turbulentas o especialmente complejas.
No podemos hablar de una democracia auténtica si, a partir de una coyuntura especialmente difícil, desbaratamos todo y volvemos a comenzar, sin dar oportunidad de operación al sistema de frenos y contrapesos, equilibrio y mutuos controles; sin que las soluciones institucionales tengan lugar, provocando o promoviendo vías de hecho ajenas al orden jurídico.
Así, ante la grave situación generada por la imputación de varios delitos al hijo del presidente de la República y a su expareja, cuando no se tiene nada claro -apenas iniciado el proceso penal- y solamente con base en confusas declaraciones y pruebas aún desconocidas en su integridad, no valoradas ni confrontadas por los jueces competentes, no es lo más democrático salir a proponer la renuncia del presidente o un juicio político en su contra, sin mayores elementos de juicio.
Hay que dejar que las instituciones operen. Desde luego, nadie está por encima del ordenamiento jurídico. Quien haya delinquido debe responder y se le debe aplicar con todo rigor la consecuencia penal correspondiente. Pero eso no se decide en las salas de redacción o las carátulas de los medios de comunicación, en los micrófonos, ni en las redes sociales, ni en una encuesta, sino en los estrados. Una vez culminado el proceso penal, mediante sentencia, con plena garantía del debido proceso, del derecho de defensa, del derecho a la prueba, la valoración y análisis de lo que se entienda probado según la ley.
Ahora bien, lo único que hasta ahora ha tenido lugar en el proceso, además del innecesario espectáculo de la captura, ha sido la imputación y la decisión judicial sobre medida de aseguramiento, sin privación de la libertad, aunque con las naturales restricciones a los imputados. Nada más.
Hay un asunto todavía más importante, y de interés público. Acerca de si a la campaña de Gustavo Petro ingresaron dineros mal habidos, y si el candidato y su jefe financiero tenían conocimiento, o si fueron excedidos los topes electorales, tampoco hay ninguna claridad, pruebas, ni decisiones judiciales o administrativas. Especulación, choques mediáticos entre opositores y amigos del Gobierno. Nada establecido. Ninguna certidumbre pública sobre lo ocurrido, aunque -a no dudarlo, por la salud del país y de su democracia, para la tranquilidad del electorado y por la legitimidad del Gobierno- las instituciones deben operar. Todo debe ser investigado a fondo, con pruebas, con fundamento, con garantías y pronto por las autoridades competentes. No puede haber impunidad.
La Constitución debe ser aplicada. Debe ser ejercido el control jurídico, y también el político a cargo del Congreso, pero no con base en los endebles elementos de los que hasta ahora se dispone. En la Constitución están previstas las consecuencias, si los hechos en referencia se acreditan. Que operen las normas.
Bogotá, D. C, 10 de agosto de 2023
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por José G. Hernández*. - Para que el Estado -en particular, si se proclama democrático- tenga sentido como organización política de la sociedad y pueda alcanzar los objetivos y realizar los valores que ella procura, resulta indispensable que las instituciones funcionen, es decir, que los principios y normas contemplados en ejercicio de la soberanía -por la Constitución- sean aplicados, inclusive, en el evento de una crisis o en épocas turbulentas o especialmente complejas.
No podemos hablar de una democracia auténtica si, a partir de una coyuntura especialmente difícil, desbaratamos todo y volvemos a comenzar, sin dar oportunidad de operación al sistema de frenos y contrapesos, equilibrio y mutuos controles; sin que las soluciones institucionales tengan lugar, provocando o promoviendo vías de hecho ajenas al orden jurídico.
Así, ante la grave situación generada por la imputación de varios delitos al hijo del presidente de la República y a su expareja, cuando no se tiene nada claro -apenas iniciado el proceso penal- y solamente con base en confusas declaraciones y pruebas aún desconocidas en su integridad, no valoradas ni confrontadas por los jueces competentes, no es lo más democrático salir a proponer la renuncia del presidente o un juicio político en su contra, sin mayores elementos de juicio.
Hay que dejar que las instituciones operen. Desde luego, nadie está por encima del ordenamiento jurídico. Quien haya delinquido debe responder y se le debe aplicar con todo rigor la consecuencia penal correspondiente. Pero eso no se decide en las salas de redacción o las carátulas de los medios de comunicación, en los micrófonos, ni en las redes sociales, ni en una encuesta, sino en los estrados. Una vez culminado el proceso penal, mediante sentencia, con plena garantía del debido proceso, del derecho de defensa, del derecho a la prueba, la valoración y análisis de lo que se entienda probado según la ley.
Ahora bien, lo único que hasta ahora ha tenido lugar en el proceso, además del innecesario espectáculo de la captura, ha sido la imputación y la decisión judicial sobre medida de aseguramiento, sin privación de la libertad, aunque con las naturales restricciones a los imputados. Nada más.
Hay un asunto todavía más importante, y de interés público. Acerca de si a la campaña de Gustavo Petro ingresaron dineros mal habidos, y si el candidato y su jefe financiero tenían conocimiento, o si fueron excedidos los topes electorales, tampoco hay ninguna claridad, pruebas, ni decisiones judiciales o administrativas. Especulación, choques mediáticos entre opositores y amigos del Gobierno. Nada establecido. Ninguna certidumbre pública sobre lo ocurrido, aunque -a no dudarlo, por la salud del país y de su democracia, para la tranquilidad del electorado y por la legitimidad del Gobierno- las instituciones deben operar. Todo debe ser investigado a fondo, con pruebas, con fundamento, con garantías y pronto por las autoridades competentes. No puede haber impunidad.
La Constitución debe ser aplicada. Debe ser ejercido el control jurídico, y también el político a cargo del Congreso, pero no con base en los endebles elementos de los que hasta ahora se dispone. En la Constitución están previstas las consecuencias, si los hechos en referencia se acreditan. Que operen las normas.
Bogotá, D. C, 10 de agosto de 2023
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Fernando Cepeda Ulloa*. - Históricamente no pocos reyes sufrieron atentados o fueron objeto de pena de muerte. Es que al llegar a las más encumbradas alturas del poder se desatan odios, envidias, venganzas que no se satisfacen sino con la eliminación de la figura más poderosa.
En los tiempos republicanos la situación no ha sido muy diferente. Si miramos la principal democracia del mundo, Estados Unidos, encontramos que figuras tan eminentes como Abraham Lincoln o John F. Kennedy fueron asesinados en espacios públicos, en presencia de sus esposas y del público. También fueron asesinados otros presidentes y por fortuna no hay que añadir a la lista los que sufrieron atentados que no lograron su propósito letal como los de Roosevelt, Truman, Gerald Ford, James A. Garfield, William McKinley.
En nuestro tiempo el problema parece ser de otra naturaleza. La seguridad para los gobernantes, por fortuna ha mejorado significativamente.
A raíz de esta situación algunos han hecho recuento de los expresidentes que han recibido tratamiento similar y se ha establecido que desde el año 2000 por lo menos 78 exjefes de gobiernos han sido procesados criminalmente. Ahora, los judicializan. Contra el expresidente Trump hay varios procesos judiciales en marcha. Recientemente fue notificado que pronto recibirá una acusación formal. Se menciona la reciente condena del presidente Sarkozy en Francia, la de Berlusconi en Italia, la de Lula en Brasil, la de los Kirchner en Argentina y no se escapan países que se consideran modelos como Uruguay y Costa Rica. Algunos han sido absueltos, otros condenados. Tantos ejemplos son indicador notorio de los riesgos del poder. Muchos de ellos tienen que ver con el tema de corrupción. No puede excluirse que en no pocos casos se trata de persecución política.
De todas maneras, un repertorio tan numeroso de investigaciones criminales contra personas que ejercieron la Presidencia o el cargo de Primer Ministro genera desencanto en la ciudadanía, no solamente en la del país de ese exgobernante sino en el mundo entero que reafirma así su desconfianza en los políticos y en el ejercicio del poder.
La transparencia es requisito indispensable en el manejo de los asuntos públicos. Es un ámbito en el cual no solamente la realidad sino las apariencias tienen que indicarle a la ciudadanía, sin lugar a dudas ni sospechas, que sus gobernantes son impecables. Cuando se pierde esa credibilidad con respecto al más alto nivel del poder político se genera un daño casi irreparable. Son diferentes los procedimientos que se utilizan cuando un dirigente ejerce una alta función oficial con respecto a los que se le aplican cuando ya no lleva la investidura que lo protege. En algunos países existen tribunales especiales para el juzgamiento de los más altos funcionarios. En otros existen procedimientos especiales ante el Congreso, Asamblea o Parlamento pero, entonces, es inevitable que lo que debería ser un juicio conforme al Derecho se convierta en un juicio político en el cual son las mayorías las que hacen el pronunciamiento final. Otro es el caso cuando no existen estos privilegios y el asunto va a la justicia ordinaria. Nada fácil. No creo que exista un país que haya encontrado la fórmula óptima para el manejo de estas situaciones. El riesgo para los gobernantes es muy grande. Y el riesgo para la vigencia de la democracia es aún mayor.
La denuncia o acusación es un recurso necesario que evita mayores males.
Bogotá, D. C, 23 de julio de 2023
*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado.
Por Juan Camilo Restrepo*-. Los abigarrados nueve protocolos que se divulgaron en La Habana, y que habrán de orientar las negociaciones con el Eln en adelante, merecen varias consideraciones.
Al momento de escribir este artículo aún no se ha concretado con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas su participación en el proceso de seguimiento y verificación. Es indispensable que esto se precise pronto, pues sin la participación de la ONU es utópico que el cese al fuego entre en vigor, efectivamente, el 3 de agosto.
El atiborrado protocolo que se refiere a la manera como se adelantará la “participación ciudadana” es a mi entender el que mayores interrogantes plantea. Resumo algunos de ellos:
El proceso de consulta con la sociedad civil durará hasta mayo de 2025, tal como se lo había precisado no hace mucho Antonio García al presidente Petro. Así está escrito en este protocolo con todas las letras: las consultas con la sociedad civil se prolongarán hasta mayo de 2025.
En el complejo mecanismo de consultas con la ciudadanía que se ha acordado habrá nueve encuentros regionales y quince grandes reuniones de carácter nacional, clasificadas temáticamente.
En estas abigarradas consultas se despacharán los primeros puntos de la agenda acordada en Méjico. La negociación sobre los demás temas solo estaría comenzando a partir de mayo del 2025. Hasta entonces nos iremos de foros en foros itinerantes a lo largo y ancho del país.
Del gran “Comité Nacional de Participación” (conformado por 81 miembros) saldrán recomendaciones que se pondrán a consideración de la mesa de diálogos.
Queda también claro que en el proceso consultivo con la ciudadanía se abordarán solamente los puntos 1,2 y 3 de la agenda. Pero que los otros complejos asuntos, como los contemplados en los puntos 4 y5 de la agenda entre los que se encuentran la entrega de armas y la desmovilización del Eln, solamente se empezarían a discutir a partir de mayo del 2025.
No queda en claro, aunque ha habido declaraciones ambiguas de los miembros de la mesa al respecto, si las recomendaciones del “comité nacional de participación” tendrán carácter “vinculante” o si serán meros insumos para la mesa.
Si se llega a pretender que las conclusiones del Comité Nacional de Participación tienen carácter “vinculante”, ello equivaldría a montar ni más ni menos una asamblea constituyente por la puerta de atrás. Este es quizás el punto más oscuro e intrigante de los protocolos divulgados. ¿Será que lo han dejado ambiguo a propósito?
El proceso consultivo con la ciudadanía concluye con la elaboración de un gran “plan nacional de la consulta ciudadana” que tampoco queda en claro ni cómo se elaborará ni qué uso se le dará.
La conclusión a la que se llega es que -si se cumple el itinerario señalado en los protocolos divulgados la semana anterior en La Habana- los diálogos con el Eln no estarán concluidos en lo que queda del periodo constitucional de Gustavo Petro.
Prácticamente todo el tiempo de ahora en adelante estará dedicado al complejísimo proceso que se ha diseñado de consultas con la ciudadanía. El próximo año y medio se nos irá en foros.
Vamos a entrar, entonces, a partir de ahora y hasta mayo del 2025, en lo que Álvaro Gómez denominaba un “estado dialogante”, en vez de una negociación de paz propiamente dicha con el Eln, que muy improbablemente concluirá durante el mandato de Gustavo Petro.
Bogotá, D. C, 23 de julio de 2023
Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por: José Félix Lafaurie Rivera*. - En Agroexpo 2023 presentamos con la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural un proyecto enmarcado en el convenio de venta de tierras ganaderas para reforma agraria, al que también hizo alusión el presidente Petro en su discurso de instalación de la nueva legislatura, como un camino para avanzar en su compromiso de gobierno con la Reforma Rural Integral.
El proyecto se basa en dos realidades:
La primera: que hay ganaderos con tierras subutilizadas en ganadería extensiva, y la segunda: que no lo hacen por “engorde ocioso”, como predican las narrativas contra la ganadería, sino porque la conversión de esas tierras a sistemas más productivos, como los silvopastoriles, exige inversiones que el ganadero no puede asumir.
Ahora, la solución del Proyecto:
Primero: el ganadero vende al Gobierno el 40% de su tierra. Segundo: con otra fórmula ganadora (capital de venta + crédito de fomento + asistencia técnica), el ganadero reconvierte su 60% restante a Sistemas Silvopastoriles Intensivos. Tercero: el terreno comprado es adjudicado a beneficiarios de reforma agraria, acompañado de un proyecto productivo de la Agencia de Desarrollo Rural, ya sea en ganadería sostenible, con lo cual se aprovechan las sinergias de la vecindad y la asistencia de FEDEGÁN, o en otros renglones productivos.
¿Quién gana?
El Gobierno, no solo porque impulsa su programa de Reforma Agraria hacia la nueva meta que formuló el presidente, de un millón y medio de hectáreas durante su periodo, sino porque avanza en su programa contra el cambio climático, gracias a la capacidad restauradora de los Sistemas Silvopastoriles.
El beneficiario de reforma agraria, pero solo si el gobierno marca realmente una diferencia con la INTEGRALIDAD (riego, crédito, asistencia, asociatividad y un largo etcétera); si no lo hace, algunos miles más de pobres sin tierra pasarán a ser pobres con tierra y el campo sufrirá una nueva frustración…, otra de tantas.
El ganadero, pues los Sistemas Silvopastoriles Intensivos le permiten mayor productividad y rentabilidad, con potreros, literalmente, convertidos en bosque con pasturas mejoradas, especies forrajeras y árboles, para que las vacas coman “mirando p’arriba” como explicó coloquialmente el presidente en su discurso.
Las ventajas de este sistema son todas: una capacidad de carga hasta cinco veces mayor, es decir, más animales en menos tierra y, por ende, mayor producción de carne y leche; mayor bienestar y menores problemas de salud animal; mayor captura de carbono y menor emisión de gases de efecto invernadero; mayor fijación de nitrógeno en el suelo y menor utilización de químicos; y quizás las más importante desde el punto de vista ambiental: la recuperación de las cuencas hídricas y de la biodiversidad.
Finalmente, gana la ganadería como actividad económica, con un mayor y mejor aporte a la seguridad alimentaria y a las exportaciones, a partir de productos orgánicos altamente demandados por los mercados, por sus mayores valores en elementos nutracéuticos, como el Omega 3.
En 2006, en nuestro Plan Estratégico 2019, planteamos que la ganadería podría devolver a la naturaleza y a la producción de otros alimentos 10 millones de hectáreas, hasta triplicando su producción en los restantes 20 millones, en los que podría albergar hasta 90 millones de animales en condiciones de sostenibilidad, lo que nos llevaría a los primeros lugares de la ganadería mundial y, de paso, a convertirnos también en paradigma de reconversión productiva sostenible.
Lo seguimos afirmando, pero no lo podemos lograr solos. Que el Gobierno así lo haya entendido es un primer paso hacia una gran revolución agraria. Es cuestión de replantear la meta y avanzar, porque la ganadería sostenible es una forma de paz social y de paz.
Bogotá, D. C, 23 de julio de 2023
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Por Gabriel Ortiz*. - A Colombia nada la conmueve. La polarización a la que hemos llegado conduce a 50 millones de habitantes, a pasar por encima de cualquier acontecimiento por importante o trascendente que sea.
Ni los más encumbrados personajes reaccionan, cuando los hechos nacionales o internacionales tienen que ver con la soberanía, la independencia, la vida de las gentes, la seguridad y la economía.
Que se recuerde, el último acontecimiento que movió masas fue la visita del Papa Francisco, que congregó físicamente a gentes en todas las ciudades, campos y regiones.
Otras, muy pocas reacciones localizadas, obedecen a rechazos a la inseguridad que parece no tener fin, porque una comunidad frágil, temerosa y escondida lo permite.
Los que no pierden la oportunidad para mostrarse y expresarse pública y violentamente, son los hinchas de ciertos equipos, cuando les resultan contrarios los resultados de los encuentros.
Es decir: somos el país indolente que apreciamos el jueves 13 de julio, cuando Colombia alcanzó quizás, el mayor triunfo diplomático y territorial de su historia. El litigio marítimo, que teníamos con Nicaragua desapareció de una vez por todas. No habrá posibilidad para que ese país, pueda volver a meter sus narices en nuestro mar. ¡Este mar es nuestro! Como dice la canción.
Infortunadamente hubo demoras. Una de ellas, cuando el expresidente López Michelsen pidió ser recibido por el entonces mandatario Uribe Vélez, para exponerle la fórmula salvadora del litigio, como la renuncia al Pacto de Bogotá. Su colega no lo recibió, pero le envió a su canciller Fernando Araujo, a quien le fue explicada la solución. Nadie sabe si Araujo no transmitió el tema a Uribe, o que a este poco le interesó el tema, y prefirió seguir en La Haya.
En el 2012, el Nobel Juan Manuel Santos, siendo presidente, con su Canciller Holguín, asumieron un fallo que reconocía la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, pero afectaba 70.000 kilómetros de mar territorial. Santos fue enfático en desconocer la pretensión de Nicaragua, porque “los límites de Colombia solo pueden ser fijados o modificados por la Constitución”, ¡y punto!
Así las cosas, Santos y sus sucesores continuaron afrontando el litigio, hasta este 13 de julio, cuando todo quedó resuelto a favor de Colombia y sin apelaciones, ni reclamaciones. La generalidad de la población no entendido, lo sucedido. Tímidamente recibió la noticia. Ni siquiera Petro, quien anunció que esperaría el fallo en las Islas, cumplió la cita. Tardíamente twiteo el hecho sin decirle al país que era el mayor triunfo diplomático. La verdad, verdadera a pocos les interesó. Otra nación, se hubiera tomado plazas, calles y avenidas para celebrar.
Somos un pueblo inmerso en la polarización, al que solo lo motivan orientaciones, colores, tendencias de manipuladores de opinión.
El Oh Gloria y demás explosiones de júbilo y alegría, desaparecieron, al igual que la historia y la geografía del pensum escolar.
BLANCO: La caída del dólar: ¿seguirá, subirá, o continuará igual?
NEGRO: Nadie reacciona a nada: se censuró el libro de la periodista Laura Ardila y nada ha pasado.
Bogotá, D. C, 23 de julio de 2023
Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por Mauricio Cabrera Galvis *. - La Guajira es el departamento con el mayor número de personas viviendo en situación de pobreza y de miseria, sin acceso a agua potable y otros servicios básicos. Lo increíble es que esta dramática situación no se debe a la falta de plata, pues el departamento ha recibido mucha, sino a la debilidad institucional, y, sobre todo, a la corrupción que ha desviado los cuantiosos recursos de regalías que ha recibido a unos cuantos bolsillos privados, en lugar de beneficiar a toda la población.
La situación de pobreza es apabullante: dos terceras partes de la población del departamento (67.4%) vivían con ingresos mensuales inferiores a $354.000, que es el mínimo que estima el DANE para definir la pobreza monetaria. En contraste el promedio de pobreza nacional es de 39%.
La situación de pobreza extrema, o miseria, es la de aquellas personas que no tienen ni siquiera para la alimentación básica, pues sus ingresos mensuales en 2021 eran inferiores a $161.000. De nuevo la Guajira tiene el deshonroso primer lugar con un 40.4% de su población en esas condiciones, que es más de 3 veces el promedio del resto del país, y nueve veces más que el departamento con mejores condiciones que es Risaralda con el 4.8%
Como consecuencia la calidad de vida de la mayoría de los guajiros es deplorable. Para enfrentar esta situación el presidente Petro y todo su gabinete se movilizaron a ese departamento, desde donde despacharon por una semana, anunciando un plan de choque con proyectos prioritarios para atender las necesidades más urgentes, y decretando una emergencia económica para desarrollar soluciones estructurales.
Lo inexplicable es que se mantenga esa situación inhumana en un departamento que ha recibido cuantiosos recursos por concepto de regalías del carbón y el gas. En efecto, desde 1994, la Guajira ha recibido más 15 billones de pesos (de 2023), que deberían haber sido suficientes por lo menos para dotar de agua potable a todos sus habitantes, o para conectarlos a las redes de energía.
En realidad si se han adelantado múltiples proyectos, pero muchos han quedado inconclusos, o se culminan pero no se les da continuidad ni mantenimiento. Por ejemplo, en el caso del suministro de agua se han construido 6.400 pozos y jagueyes, pero la mayor parte de estos sistemas se encuentran fuera de servicio debido a fallas en los esquemas organizativos que permitan responder frente al mantenimiento, operación y sostenibilidad.
Una de las explicaciones de este desperdicio de recursos es sin duda la debilidad institucional. En 12 años la Guajira ha tenido 15 gobernadores distintos, algunos que solo han durado unos cuantos meses y la mayoría destituidos al ser vinculados a casos de corrupción, delitos electorales y otros procesos penales abiertos.
Lo peor es la impunidad sistemática. Según la secretaría de Transparencia de la Presidencia, entre 2010 y 2023 se presentaron 922 delitos contra la administración pública y solo en el 16 por ciento de los casos hubo capturas; en un 2 por ciento se dictaron condenas, y las imputaciones fueron del 24 por ciento. En consecuencia, el 86% delitos relacionados con hechos de corrupción en la región está en inminente riesgo de prescripción, mientras que el 11% por ciento ya han prescrito.
Para que la Emergencia Económica y Social decretada por el Gobierno para la Guajira tenga éxito, debe incluir medidas de emergencia judicial contra la corrupción.
Cali, 8 de julio de 2023
Filósofo y economista. Consultor.
Por José Felix Lafaurie Rivera*. - Leí un artículo sobre los dos policías asesinados en El Zulia, presuntamente por el ELN, en el que se anotaba que el cese al fuego, acordado a partir del 3 de agosto, se cumplirá “siempre y cuando no surjan contratiempos”.
Nos acostumbramos tanto a la violencia y la muerte, que Renzo y Gersón son “contratiempos”, como Samir, el patrullero asesinado en Tibú, o Karina, la sargento secuestrada en Arauca con sus hijos, al parecer también por el ELN, o los 22 cadetes que fueron “contratiempos” a la paz en 2019.
Habría querido escuchar a Nicolás Rodríguez negando esas autorías, pues hace unos días reiteraba el compromiso de acatar el cese “de manera sagrada, responsable y decidida”. Si, por el contrario, el ELN reivindica su responsabilidad con el argumento de que, en el marco del Acuerdo -no de la justicia-, pueden atacar a la Fuerza Pública sin consecuencias hasta el 3 de agosto, sería una macabra despedida y un mal mensaje a la sociedad, que anhela una paz realista y posible.
Sin embargo, ese “legalismo a su manera” del ELN, que les permite asesinar y secuestrar hasta el último día en que puedan hacerlo, da algo de confianza hacia delante, porque, como ellos mismos reconocen, nunca habían “firmado” un compromiso con gobierno alguno y, por ello, cumplirán lo firmado.
Extorsión: El impuesto oculto
Atrás hablé de realismo, porque la paz, como todas las categorías utópicas, como la justicia y la equidad, nunca será total, pero, como en la canción de Milanés a su amada, puede “acercarse a lo que simplemente soñamos”: vivir la paz.
Llegó la hora del realismo, pero también de la grandeza, que inspiraron a Álvaro Gómez Hurtado, cuando planteó su “Acuerdo sobre lo fundamental”; llegó la hora de poner sobre la mesa lo que ofrece y exige el ELN, y lo que ofrecen y exigen el Gobierno y la sociedad. De eso se trata.
Llegó la hora de generar condiciones efectivas para la participación de las comunidades y de todos los colombianos en la construcción de paz; de entender que si no logramos un mínimo de seguridad -la seguridad total es también utopía-, la participación a la que el ELN le otorga tanta importancia no será posible; y esa seguridad pasa por no asesinar, no secuestrar, no extorsionar, porque la libertad es la esencia de la participación y no se puede participar bajo amenaza. Llegó la hora de asumir que secuestrar y extorsionar son también “contratiempos” para la paz.
Es momento de reconocer, en la mesa inclusive, que tras la inseguridad y la violencia está el narcotráfico, que destruye naturaleza y valores; que corrompe; el narcotráfico proveedor de las bandas que se toman ciudades y, por ese camino, amenazan ¡a nuestros hijos!, al futuro de Colombia, a niños y jóvenes enfrentados al riesgo del consumo.
Para encarar la difícil situación colombiana necesitamos realismo y grandeza; sin ellos, no lograremos acercarnos a una paz posible y seguiremos teniendo “contratiempos”.
Bogotá, D. C, 9 de julio de 2023
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Por Amylkar D. Acosta M*. -La seguridad alimentaria consta de tres elementos esenciales: el primero es la disponibilidad de los alimentos, el segundo el acceso a los mismos y tercero la estabilidad o sustentabilidad, entendida esta como la garantía del primero y el segundo a lo largo del tiempo, que no sea intermitente. Como lo veremos la seguridad alimentaria, más que un problema de disponibilidad de alimentos es un problema de acceso a los mismos y este está determinado por el nivel de ingresos, el cual a su vez está correlacionado con el empleo.
Según el director del Programa mundial de alimentos (PMA) de las Naciones Unidas para Colombia Carlos Scaramella, “en Colombia el 30% de la población se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria moderada o severa, es decir, 15.5 millones de personas no tienen acceso a alimentación adecuada y tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas, por lo que deben recurrir a estrategias de consumo insostenibles y enfrentar condiciones de escasez de alimentos, hambre y malnutrición”.
Aquí hagamos una digresión para subrayar el hecho de que la soberanía alimentaria de Colombia es muy precaria, habida cuenta que el 35% de los alimentos que se consumen en Colombia son importados y los que se producen en el país tienen una alta dependencia de la importación de insumos agropecuarios. Y lo más grave es que esa dependencia es creciente: de 700 mil toneladas de alimentos que se importaron en 1991 se pasó a importar 14 millones de toneladas el año anterior. En ello ha influido mucho la apertura hacia adentro que se decretó por aquellas calendas en la administración de Cesar Gaviria (1990 – 1994), que llevó a reducir el área sembrada entre 1990 a 1999 en 936.255 hectáreas (25%). Esta situación se agravó con la negociación atolondrada de los tratados de libre comercio (TLC), dejando desguarnecido el campo colombiano.
Al desagregar las cifras se observa que los departamentos con mayor prevalencia de los altos índices de inseguridad alimentaria son los de la región Caribe, encabezados por Córdoba (70%), Sucre (63%), Cesar (55%), Bolívar (51%) y La Guajira (50%). Las dos regiones del país en las que se concentra el mayor número de hogares en condición de inseguridad alimentaria son el Caribe y el Pacífico con el 40% en promedio. No es coincidencia que sean estas dos regiones las que registran los más altos índices de pobreza, desempleo e informalidad laboral. Ello en razón de que el desempleo y la informalidad se traducen en la precariedad del ingreso y esta afecta el poder adquisitivo y en consecuencia el acceso a los alimentos.
La violencia, los conflictos sociales y sus secuelas, como el desplazamiento forzado y el confinamiento, también han contribuido a exacerbar la inseguridad alimentaria, la desnutrición y el hambre en el país. 50% de los hogares que han sido víctimas del conflicto armado padecen inseguridad alimentaria, en contraste con el promedio del 28% de aquellos que no lo han padecido. Lo propio puede afirmarse de los migrantes, que en una proporción que oscila entre el 52% y el 73% se ven afectados por la inseguridad alimentaria y de contera también en tratándose de las etnias indígenas y afrodescendientes.
La tendencia de esta tragedia humanitaria es hacia el agravamiento, dada la constatación de que el 35% de los hogares en Colombia disminuyeron sus ingresos en los últimos 12 meses, que casi la mitad de estos (46%) tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza nacional, al tiempo que el 51% de las familias tuvieron que reducir el tamaño de las porciones de alimentos y otro 42% el número de comidas al día. Según la última medición de la Encuesta Pulso social del DANE, en diciembre de 2022, el 73.5% de los hogares colombianos (6.2 millones) comen en promedio 3 veces al día, 15.4 puntos porcentuales por debajo de diciembre de 2019. De hecho, según el mismo Informe del PMA, en Colombia el 40% de la población consume dos o menos comidas al día, más de la mitad de los hogares tuvo que reducir la porción de las comidas y el 67% de los hogares tuvo que utilizar una estrategia para afrontar el hambre”.
El colmo de esta preocupante situación es que la inseguridad alimentaria, la malnutrición, la desnutrición y el hambre en Colombia se han ensañado en la niñez. Según datos del Instituto Nacional de Salud (INS) en el 2022 se presentaron 21.337 casos de desnutrición aguda en menores de 5 años y 309 niños murieron a consecuencia de la desnutrición, 111 más que los registrados en 2021.
La afectación de la niñez por la inseguridad alimentaria, la desnutrición, la malnutrición y el hambre es tanto más preocupante en cuanto que en esta etapa, los primeros mil días de existencia de la niñez son críticos, lo que se haga o se deje de hacer durante esta fase de su crecimiento es decisivo para su formación y desarrollo posterior, de ello debemos ser conscientes. El mayor desarrollo del cerebro, del lenguaje, de la motricidad y del pensamiento abstracto que caracteriza al ser humano se dan justo en esta etapa, que es irrepetible. Lo que se quiera hacer después, tratando de suplir lo que se dejó de hacer ya es demasiado tarde, el daño está hecho. Según la Fundación Éxito, “los estudios evidencian que un niño con desnutrición crónica antes de los 5 años pueden tener en la edad adulta 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de educación y 54% menos de salario que uno que no padeció la enfermedad. En otras palabras, será un adulto con grandes desventajas”. Así empieza y se perpetúa la desigualdad de trayectoria.
Riohacha, julio 8 de 2023
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
