Opinión

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- No le conviene al país la confrontación entre el presidente y los medios de comunicación. Como en todas las discusiones hay un poco de razón en ambas partes, pero es necesario bajarle el tono al debate público porque ni el gobierno está imponiendo ningún tipo de censura, ni coartando la libertad de prensa, ni los medios son los responsables de las críticas al gobierno de varios sectores del país. La culpa no es del mensajero.

Dicho esto, y reiterando que considero que es indispensable el papel del periodismo, sobre todo el de investigación, para la lucha contra el autoritarismo y la corrupción, creo que siempre es oportuna un poco de crítica a la falta de objetividad con que algunos medios titulan ciertas noticias.

Me refiero a los titulares porque estos siguen teniendo una amplia influencia en la opinión pública; no solo porque mucha gente no pasa del titular al contenido de la noticia sino sobre todo porque los titulares son los que salen cuando se “googlea” un tema y porque se reproducen con mucha facilidad en las redes sociales.

Unos cuantos ejemplos de temas económicos que conozco. El más controversial es el de los nuevos contratos de exploración de petróleo. La ministra de minas ha declarado varias veces que no habrá nuevos contratos aunque en otras ocasiones, incluso en un comunicado conjunto con otros ministros, ha afirmado que el tema está en estudio y que se definirá cuando se tengan los datos más recientes de reservas de petróleo del país.

Precio de la Gasolina y Transición Energética

Más allá de la ambigüedad de la posición oficial, lo que definitivamente no es cierto es que el gobierno haya dicho que se va a acabar la exploración de petróleo; por el contrario piensa seguir con los cerca de 200 contratos ya firmados y está reactivando 35 que estaban parados. Sin embargo el 19 de enero RCN dio un titular falso: “Anuncian que no habrá más exploración de gas y petróleo”. Semana, un poco más cautelosa lo plantea como pregunta: “¿Se suspenderá la exploración de petróleo?”.

El error trasciende a los medios internacionales. El 28 de enero el titular del Wall Street Journal fue “Colombia dice no a la exploración de petróleo”. De manera similar el Financial Times del 10 de mayo tituló así su reseña de una entrevista al nuevo ministro de hacienda: “Colombia duplica su apuesta para dejar el petróleo y el gas”. Se le olvidó informar que el ministro dijo que este era un proceso de por lo menos 15 años.

Otro ejemplo es la forma como se reportaron el 10 de mayo los resultados de Ecopetrol del primer trimestre. “Ganancias de Ecopetrol cayeron 13.6% en el primer trimestre de 2023”, fue el titular de El Tiempo; “Roa recibe Ecopetrol con caída de la utilidad” dio La República y “Cayeron las utilidades de Ecopetrol, el Estado recibirá menos plata” fue el titular digital de Cambio.

Estos titulares no son falsos pero si engañosos. Es cierto que las utilidades cayeron frente al año pasado (4.9%), pero a pesar de la caída del precio del Brent la utilidad antes de impuestos subió 12%. La razón es que los impuestos aumentaron 44%. Por eso no es cierto decir que el Estado recibirá menos plata; por el contrario está recibiendo mucho más por la reforma tributaria.

No pretendo dar lecciones de periodismo, pero sí creo que titulares más objetivos contribuirían a un debate más desapasionado.

Cali, 14 de mayo de 2023

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por José Félix Lafaurie*.- Es una convicción personal, pero también una postura de FEDEGÁN frente al acuerdo con el Gobierno para la compra de tierras para Reforma Agraria, el cual seguiremos honrando.

El 11 de mayo, en San Marcos, Sucre, el Gobierno entregó las primeras tierras adquiridas en virtud del acuerdo; inmejorables, no solo por su condición agrológica y ubicación en las goteras del pueblo, sino por su dotación de riego, con pozo profundo y pivote central, y por el excelente manejo de quien fuera su propietaria, la empresa Agrolonja, con niveles ejemplares de productividad y certificación de manejo sostenible.

La empresa vendedora, además, desplegó una gran labor social en educación, transferencia tecnológica, construcción de vivienda y generación de empleo, del cual dependen 142 familias, lo cual muestra esa otra cara de la ganadería que desbarata estigmas injustos en su contra.

Por ello, esta primera entrega es un reto para la Agencia Nacional de Tierras, que recibe un núcleo productivo consolidado y con indicadores de excelencia. Desmembrarlo representaría una pérdida para la ganadería y la economía regional; preservarlo como piloto de proyecto asociativo de ganadería sostenible, sin menoscabo de las asignaciones individuales de tierras, representaría la redención económica y social para los asociados. Vale mencionar que la empresa es proveedora certificada de carne al grupo Éxito, por lo que conservar este y otros enlaces de cadena sería “arrancar con pie derecho”.

Las narrativas del odio

A FEDEGÁN, como parte del acuerdo, le interesa que este reto salga bien y, por ello, aporta su capacidad certificada de Entidad Prestadora del Servicio de Extensión Agropecuaria, EPSEA, para brindar Asistencia Técnica a este proyecto productivo ganadero y a todos los que vengan.

A eso nos comprometimos y eso cumpliremos, pues otro punto de encuentro con el Gobierno fue reconocer que la sola propiedad no redime de la pobreza, sin las condiciones que hacen la tierra productiva, como es el caso de las entregadas, en el cual, cualquiera que sea su organización, la asistencia técnica será definitiva..., y ahí estaremos.

Finalmente, dos mensajes. El primero para invitar a los ganaderos interesados en vender, a que hagan sus ofertas a través de FEDEGÁN o ante la ANT. Esta primera experiencia, con una persona jurídica inclusive, nos señala que el Gobierno está en disposición de cumplir con precios y condiciones aceptables.

El segundo para el Gobierno. Los ganaderos cumpliremos el acuerdo, porque creemos en su eficacia para consolidar una clase media rural que impulse la recuperación del campo; y lo haremos a pesar de la inclusión del artículo 61 del Plan de Desarrollo, que abre caminos a la expropiación y alcanzó a destruir algo de la confianza construida con la ANT en las regiones donde lo promovimos con éxito.

La confianza está detrás de los resultados..., los resultados están detrás de la paz.

Bogotá, D. C, 14 de mayo de 2023

*Presidente de FEDEGAN

Por Gabriel Ortíz*.- Mientras el presidente Petro y el Fiscal Barbosa, enfrentaban una efervescente y ególatra polémica en busca de sus jefes, para establecer quién manda a quién, millares de niños de apartadas y cercanas regiones, a quienes robaron su internet, deben abandonar las aulas escolares, para escapar a la opresión de una hirsuta guerrilla que los secuestra, asesina y les arrebata el candor y la inocencia. Sus juegos infantiles sus ilusiones y las primeras letras deben cambiarlas por entrenamientos para eludir las minas antipersona, las balas y las amenazas.

Sus coros y plegarias han cambiado por sangrientos estribillos: “las minas son para herir, matar y mutilar. “La noche no es para caminar”. “De la guerrilla, no nos dejemos llevar”.

Y mientras el país sigue buscando los jefes del Presidente y el Fiscal, el presente y futuro es cada vez más incierto para la niñez. Sus maestros, son atropellados y extorsionados por guerrilleros que los despojan de parte de sus salarios y los párvulos quedan en manos de grupos que los secuestran e incorporan a sus filas.

En Colombia los presidentes tienen como jefes al pueblo que lo eligió y los llevó a la Casa de Nariño, mientras el Fiscal, tiene muchos jefes, si nos atenemos las personas que aparecen, impartiendo órdenes, que Barbosa cumple, como lo afirman en sus últimas columnas, los colegas Daniel Coronell y Gonzalo Guillén.

A Duque y Barbosa se les fue la mano. El último fue tan provocador, que con altanería llamó al primero dictador, y lo culpó de cuanto pueda sucederle -¿atentados?-.

En una democracia, en un Estado de Derecho, no se pueden presentar irritaciones semejantes, entre funcionarios de tan alto calibre. Petro sabe que el Fiscal se consideró la segunda persona más importante, durante el gobierno de Duque y que ahora aspira a ser Jefe de Estado.

Esta nación y esta población están horrorizados, inmersos en el miedo y el pánico con lo que ocurre. Estamos en poder de multitud de grupos subversivos que lo manejan todo. Guerrilla, clanes del golfo, disidencias, ex y paramilitares, pandillas de venezolanos, delincuencia común y como quiera llamarse a todos los facinerosos que nos dominan. Petro lanzó un ultimátum al clan del golfo, que de inmediato rechazaron. Los otros siguen en su horripilante y aterradora acción para entrar en la llamada paz total, pero a cuentagotas, porque actúan sin descanso en campos y ciudades, asesinando, extorsionando y amedrentando a indígenas, afros, campesinos y a toda Colombia, sin piedad. Los acuerdos no van a ninguna parte. No admiten tregua alguna, ni sometimiento.

Los alzados en armas, el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal, la coca, la marihuana, la extorsión, el asalto, el crimen en campos y ciudades no dan tregua. En Colombia se atenta contra todo, mientras todos quieren ser patrones. ¿Quién manda a quién?

BLANCO: Habrá reingeniería de la policía. El nuevo comandante William Salamanca, restablece la unidad Cais-ciudadanía.

NEGRO: Nadie se explica, cómo una persona que se expulsa de un partido político, sigue siendo militante. Con Roy Barreras se le fue la mano al Consejo de Estado.

Bogotá, D. C, 11 de mayo de 2023

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por José G. Hernández*. - En próximos días el Congreso dará trámite al proyecto de ley denominado “Trabajo por el cambio”, que el Gobierno Nacional ha presentado en materia laboral, con el objeto de busca rescatar derechos y garantías que se han venido desconociendo, como las referentes a la jornada máxima, la remuneración de las horas extras, la estabilidad de los trabajadores, la igualdad y la equidad de género, entre otros.

Con independencia de la suerte que corra la iniciativa durante los debates en la rama legislativa, lo cierto es que sigue siendo incumplida la orden que impartiera el Constituyente de 1991, hace ya treinta y dos años: “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo” (Art. 53 de la Constitución). La norma contempla principios mínimos fundamentales -igualdad de oportunidades;  remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a beneficios mínimos; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades; garantía de seguridad social, capacitación, adiestramiento y descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad-, que han venido siendo desarrollados mejor por la jurisprudencia de la Corte Constitucional que por el legislador.

No se olvide que el trabajo es uno de los valores esenciales del sistema político y uno de los cuatro fundamentos señalados en el artículo 1 de la Carta, al lado del respeto a la dignidad humana, la solidaridad y la prevalencia del interés general. A la vez, su artículo 25 subraya que se trata de un derecho y de una obligación social que “goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado”. Al tenor del precepto, inherente al Estado Social de Derecho, “toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.

Al respecto, la Corte Constitucional ha sido terminante: “El mandato constitucional de proteger el trabajo como derecho-deber, afecta a todas las ramas y poderes públicos, para el cumplimiento de uno de los fines esenciales del Estado: garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes que genera esa labor humana. La especial protección estatal que se exige para el trabajo alude a conductas positivas de las autoridades, así como al diseño y desarrollo de políticas macroeconómicas que tengan por objeto fomentarlo y promoverlo, de modo que quienes lo desarrollan (los trabajadores) puedan contar con suficientes oportunidades para acceder a él y con elementos indispensables para derivar de su estable ejercicio el sustento propio y familiar.  Pero también implica, al lado del manejo económico, la creación de condiciones normativas adecuadas a los mismos fines, esto es, la previsión de un ordenamiento jurídico apto para la efectiva garantía de estabilidad y justicia en las relaciones entre patronos (oficiales o privados) y trabajadores”. (Sentencia C-479 de 1992).

En lugar de pactos entre gobierno y partidos para lograr el efecto político de la aprobación del proyecto gubernamental, lo que se debe buscar es la realización integral, objetiva y razonable de los aludidos propósitos constitucionales.

Bogotá, D. C, 10 de mayo de 2023

*Expresidente de la Corte Constitucional.

Por Amylkar Acosta*.- En los albores de la República se hizo manifiesta la polarización política en torno a la arquitectura del Estado. Mientras el Libertador Simón Bolívar defendió a capa y espada una estructura centralista, Francisco de Paula Santander tomó partido por el federalismo. No había término medio, así se gestaron dos corrientes ideológicas irreconciliables, los unos defendiendo el centralismo y los otros, en la orilla opuesta, defendiendo el federalismo. Entre estos últimos se destacó una de las figuras cimeras más descollantes de la afrocolombianidad, amigo y correligionario de Santander, Caribe él y que ocupó la Presidencia de la República, Juan José Nieto.

El Siglo XIX fue escenario de dos grandes tensiones, que provocaron una lucha feral entre dos fuerzas políticas contendientes: en política económica el proteccionismo vs el librecambismo y en cuanto a la gobernanza del país, el centralismo vs el federalismo. Huelga decir que el conservadurismo propendió y abogó por el proteccionismo y el centralismo hirsuto, mientras que el radicalismo liberal abrazó la causa de librecambismo.

En 1853 se establece la Confederación granadina, que sirvió de piedra angular del régimen federal que se constituiría posteriormente, el 8 de mayo de 1863, cuando se promulgó la nueva Constitución, aprobada el 3 de febrero del mismo año, de los Estados Unidos de Colombia por parte de la Convención de Rionegro, convocada y liderada por Tomás Cipriano de Mosquera.

Rafael Núñez, quien a mediados del siglo XIX abrazó entusiasta la causa del Radicalismo liberal, se declaró partidario del federalismo, que él no dudó en considerar como “la tierra prometida”, pues “la historia administrativa de la nueva granada, casi desde su fundación, es la historia del desarrollo de los fueros seccionales, a despecho de la más obstinada resistencia del poder nivelador, o sea del centralismo” (1855).

Posteriormente, Rafael Núñez da un viraje de 180 grados, imbuido de las ideas del positivismo spenceriano en boga en Europa. A su regreso al país se aparta de las tesis del Radicalismo liberal, declarándose liberal independiente y con su lema “regeneración administrativa fundamental o catástrofe”, planteó que la regeneración “es la política del orden y la libertad, fundada en la justicia”. Así nació el regeneracionismo.

Luego convocó una Asamblea Nacional Constituyente amañada y excluyente, para expedir una nueva Constitución política al alimón con el líder conservador Miguel Antonio Caro, dándole entierro de tercera a la Constitución de Rionegro. En la Constitución de 1886, al tiempo que se hizo tabla rasa de la anterior se entronizó la fórmula dicotómica de la “centralización política y la descentralización administrativa”. Pero, en la práctica, siempre tuvo más de centralización política que de descentralización administrativa.

Los estados soberanos de enantes fueron suprimidos, no sin antes despojarlos de lo que les pertenecía. Así quedó consagrado en el artículo 202 de la Carta: los bienes que pertenecían a los estados soberanos, ahora “pertenecen a la República de Colombia, los baldíos, minas y salinas que pertenecían a los estados (soberanos), cuyo dominio recobra la Nación”. Este fue un duro y artero golpe asestado contra las regiones de Colombia.

Bogotá, D. C, 9 de mayo de 2023

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

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Por Humberto Tobón*.- La prensa mundial mostró imágenes de la coronación – por fin – de Carlos III como Rey del Reino Unido, luego de esperar durante décadas a que su madre, la eterna Isabel II, muriera a los 96 años.

Dicen los expertos en monarquías que la ceremonia estuvo llena de simbología y de recuerdos atávicos de la casa de Windsor.  Hablaron de los Eduardo VII y VIII y de los Jorge V y VI, quienes junto con Isabel II reinaron durante 123 años. Y muchos creen que seguirá el reinado durante muchas décadas más con el príncipe William, duque de Cornualles y Cambridge y su hijo el príncipe Jorge, que acaba de completar 10 años de edad. Y si Jorge no puede, entonces seguirá Carlota, o sino Luis. Y si William no tiene más hijos y Luis tampoco puede, entonces el turno le tocará a Harry, o a los príncipes Archie o Lilibet.

Y en esa línea de linaje hay 16 príncipes más, a quienes se suman duques, duquesas, condesas, condes y vizcondes. Todos ellos pagados con los impuestos de los orgullosos ingleses, que ahora no cantarán en su himno “Dios salve a la Reina”, sino “Dios salve al Rey”, y tendrán que cambiar la cara de Isabel II por la de Carlos III en los billetes de la Libra Esterlina.

Esa libra esterlina golpeada por una inflación del 10%, que está llevando a que el Reino Unido esté a punto de entrar en recesión (se prevé un crecimiento negativo del 0,6% en 2023) y sea el motivo por lo cual los trabajadores se han movilizado para reclamar acciones del gobierno en favor de la economía.

Mientras miles de ingleses se sometían al congelamiento para ver pasar la carroza con Carlos y Camila, millones intentaban conseguir alimentos en los supermercados, que tenían sus exhibidores casi vacíos o peleaban por entrar a un comedor social en búsqueda de una sopa caliente.

La prensa británica denuncia que no hay frutas ni verduras y que las familias sólo pueden comprar un número limitado de huevos. Se me vienen a la memoria Cuba y Venezuela.

El orgullo inglés se ha tenido que resignar a hacer largas colas, durante muchísimas horas, a la espera de que los supermercados abran sus puertas y les vendan unas pocas raciones de alimentos, bastante caros por cierto.

A esto hay que agregarle que el número de familias sin vivienda ha aumentado a niveles de los tiempos de la segunda guerra mundial y los andenes se han convertido en habitáculos. Y como si fuera poco, la tasa de desempleo ya supera el 4% y entre los jóvenes está por encima del 10%.

Rishi Sunak, el flamante primer ministro inglés, miembros del Partido Conservador, reemplazante de la breve Liz Truss, ha visto cómo los problemas lo sobrepasaron, pero no tuvo empacho en destinar 120 millones de dólares para garantizar la coronación de Carlos.

Los ingleses tienen hambre y los ataca ferozmente la pobreza, pero tienen Rey.

Pereira, 9 de mayo de 2023

*Subgerente de Planeación Regional de la RAP Eje Cafetero. Economista de la Universidad Libre. Estudió Administración Financiera en la EAN y Comunicación Social en la U Jorge Tadeo Lozano.

Por Fernando Cepeda Ulloa*.- Que el Presidente enterró la Coalición de Gobierno dice en titular de primera página el principal periódico colombiano.

En Colombia no ganó una guerrilla. Ganó un exguerrillero. Y tan solo ganó la Presidencia de la República, que no es imperial ni dictatorial como creen muchos sino democrática, que representa constitucionalmente a toda la nación y no solamente a los que votaron por Petro o contra él sino a todos, incluyendo a los que no votaron, que son mayoría. En todo lo que he leído escrito por Gustavo Petro o escuchado en sus entrevistas y discursos no he encontrado por parte alguna que su aspiración sea la de ser un Castro III o un Chávez II, un Maduro II, o un Ortega II... entendí que su aspiración era la de hacer un buen gobierno desde su perspectiva de izquierda que es respetable pero que no puede ser totalmente dominante. Aquí no ganó un movimiento revolucionario sino una fuerza política que se autocalificó de centroizquierda y que, luego, afortunadamente se vio reforzada por tres grandes movimientos políticos: el Liberalismo, el Conservatismo y la U.

Digo afortunadamente porque ello permitió que el propósito de buen gobierno del presidente Petro obtuviera las mayorías que necesitaba para poder sacar adelante unos proyectos reformistas que, inevitablemente, requerían de un proceso de concertación y no de una orden antidemocrática en un sistema político que se precia de ser pluralista, que cree en la participación como un elemento central del sistema político. Es que el presidente Petro no ganó electoralmente unas mayorías en el Senado y en la Cámara. Lo proclamó, lo intentó, pero no lo consiguió. Siendo el Congreso la rama del Poder Público que aprueba la legislación y que está en capacidad de remover algunos de sus ministros por la vía de la moción de censura, el Presidente no podía darse el lujo de pretender gobernar eficazmente promoviendo un escenario de confrontación con esta rama del poder público.

Lo que la Constitución predica es la independencia del Ejecutivo y la del Legislativo, pero, también, la colaboración armónica. Por ello el anuncio un día antes de la Segunda Vuelta en el almuerzo del Hotel Marriot allá en la carrera 9ª. con 73 era la de un Acuerdo Nacional para asegurar un buen gobierno. Ministerios tan importantes como el del Interior o el de Hacienda o el de Defensa o el de Educación no se les asignaban a partidos del Pacto Histórico, ni a petristas de toda la vida sino a personalidades que habían mostrado, sobradamente, su capacidad para formar parte de un gobierno en las carteras que les asignaron o en otras. Era el Acuerdo Nacional. Era la colaboración armónica.

Así quedó demostrado con la brillante gestión del ministro José Antonio Ocampo. O con la que venía desarrollando, y que se resolvió interrumpir bruscamente, la de Alejandro Gaviria. La ausencia de reglas de juego de la coalición llevó a la brutal salida del ministro de Educación. Qué mejor para el gobierno que contar con la reciente experiencia de seis años en el manejo del Sistema de Salud. Qué oportunidad de trabajo armónico. Y terminó en una confrontación absurda y en el desprecio por ese conocimiento y esa experiencia que eran excepcionales.

La coalición, contribución de los partidos no petristas a la tarea de la gobernabilidad democrática, es indispensable. Un gobierno minoritario en el Congreso no le satisface a nadie. Un gobierno basado en la seducción individual o de facciones de los partidos de la coalición es una deformación grotesca del sistema político. Hablaría muy mal del Presidente y de los ministros que lo acompañen. Obtener la aprobación de unas reformas por la vía de la vía de votos a cambio de prebendas del más diverso orden es una corrupción institucionalizada. Se desacredita grave e irremediablemente el papel de los congresistas. Nuestra tradición democrática merece un tratamiento completamente diferente. Creo que la voluntad para lograrlo está ahí. El espíritu del Acuerdo Nacional forma parte de la tradición política colombiana y no impide que exista una oposición fuerte. Los dos mecanismos contribuyen a la gobernabilidad democrática. Al buen gobierno. A fortalecer el pluralismo político.

Bogotá, D. C, 1 de mayo de 2023

*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado.

Por Juan Camilo Restrepo*.- Causa cierta monotonía escuchar los repetidos llamados del presidente Petro para que la gente salga a la calle a apoyar sus reformas. Después del primer balconazo desde el palacio de Nariño -que costó millones por cierto y no fue tumultuario como se quería- la gente no ha vuelto a salir a pesar de los múltiples llamados presidenciales.

Queda la impresión que la pólvora de la democracia callejera se mojó. Hay un nuevo llamado presidencial en pie para este primero de mayo. Pero todo indica que el método de gobierno con el que tanto sueña el presidente Petro se ha agotado.

Y es explicable: la gente para salir masivamente a la calle requiere de unas pocas y grandes razones. No sale porque se le presente cotidianamente una mazorca de quejas. Y súmele a esto el componente de inflación, del desempleo, de la informalidad y de la inseguridad, fenómenos que golpean por parejo a los que están siendo llamados a la calle como a los que no están convocados.

A Petro le ha dado por pelear, con todo el mundo, todos los días, con espejo retrovisor y sin él, y por todo tipo de causas y razones.

¿Con quién no se ha peleado? Lo ha hecho con el gobierno del Perú, con los empresarios, con los dueños de las EPS, con los de los fondos privados de pensiones, con las empresas petroleras, con las carboneras, con las del gas. Con sus antecesores en el Palacio de Nariño. Le ha soltado destemplados epítetos al Banco de la República. Ha reñido con los banqueros, con los comerciantes. Con todos aquellos que según la clasificación de la señora Mazzucato pertenecen a los sectores estériles, o sea, no productivos como ella los llama.

Se ha enfrentado también con los usuarios de las vías, con los generadores de energía, con los prestadores de servicios públicos, con los directores de los partidos políticos que no hacen parte de su coalición, con una buena parte de los oficiales de las fuerzas armadas y de la policía. Y con los que no se ha peleado les ha hecho el desaire de dejarlos plantados o les llega tarde a reuniones programadas con semanas de antelación.

Es un estilo de gobierno curioso: da la impresión de que a Petro más que gobernar (es decir, liderar cambios con tacto y aplomo) le gusta es mantener una especie de oposición permanente desde el gobierno. Olvidando el mandato constitucional que muy claramente dice que el presidente de la República lo es de todos los colombianos. No de una porción de ellos.

Todo nace de un equívoco político que se repite a diario por los voceros de la Colombia humana: se dice que cuanta cosa se le ocurre al presidente o cuanta pelea plantea en sus trinos es un deber sagrado que debe respaldarse a cualquier costo. Y resulta que no es así: los partidos que apoyaron explícitamente al presidente Petro durante la campaña no suman más del 25% de los congresistas. Los otros 75%, o son opositores, o están unidos a una coalición que nos los obliga a renunciar a pensar o a actuar con ética política de borregos. Este equivoco es el que estamos viendo en la discusión de la reforma a la salud y el que seguiremos observando en las que vienen.

El presidente debe entender que el gobierno se hace dentro de las instituciones y observando unas reglas mínimas de cortesía política. Y no es recurriendo a reuniones tumultuarias de sus seguidores, las cuales, además de habérseles mojado la pólvora, nunca sustituirán las vías institucionales.

PD: Las movidas políticas de esta semana demuestran que el presidente Petro, al resolver gobernar solo con sus amigos, abandona la política de coaliciones. Como el petrismo puro no cuenta con más del 25% de los votos en el Congreso, el gobierno de ahora en adelante será mucho más difícil. No habrá contradictores en el Palacio de Nariño, pero habrá muchísimos más en el Capitolio.

Bogotá, D. C, 1 de mayo de 2023

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por Amylkar Acosta*. - La Asamblea de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 64/292 del 2010, reconoció el derecho humano al agua. Además, el objetivo 6 de los ODS se ocupa del agua limpia y el saneamiento. 2.200 millones de habitantes ven vulnerados este derecho fundamental. Se trata, además, de propender por la gestión sostenible de los recursos hídricos.

Colombia no es ajena a este drama. 3.2 millones de personas no cuentan con ningún tipo de servicio de agua potable, es decir el 6.4% de los colombianos. Es más, al menos 6.2 millones de colombianos consumen agua no apta para el consumo humano. Resulta dramático que, por lo menos 368.000 conciudadanos están expuestos a que el agua que consumen contenga altas concentraciones de bacterias coliformes fecales, virus, parásitos y elementos no biológicos, como minerales y sustancias químicas, todas ellas nocivas para la salud.

Increíble, pero cierto, sólo uno de cada tres municipios en Colombia suministra agua de buena calidad (¡!). Por ello no es extraño que el 71.6% de las muertes por enfermedad diarreica aguda, que afecta sobre todo a la primera infancia y a los adultos mayores, tiene como factor desencadenante la pésima calidad del agua que ingieren.

Vale la pena destacar que, por fin, después de muchas idas y venidas, vueltas y revueltas, sólo en el 2015 se creó en Colombia el Consejo Nacional del agua (artículo 250 de la Ley 1753), después de 22 años de haberse expedido la Ley 99 de 1993 que creó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). Pero hubo que esperar hasta junio del 2018 para que empezara a operar, pero desde entonces no hemos vuelto a tener noticias de su existencia siquiera. Esta es una asignatura pendiente.

Se aspira y espera que, en línea con su programa de gobierno el Presidente Gustavo Petro le dé la importancia que se merece y lo convoque a la mayor brevedad. En concepto del Director del DNP Jorge Iván González en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia que se tramita actualmente en el Congreso se “plantea, por primera vez, la importancia del ordenamiento territorial, del espacio y la geografía alrededor del agua, para transformar el campo e incrementar la productividad del país con justicia social y ambiental”.

En este sentido, vale la pena resaltar lo planteado en los artículos 21 y 22 de dicho proyecto. En el primero de ellos se hace hincapié en la prevalencia del agua como determinante del ordenamiento del territorio y el segundo en la necesidad de “fortalecer la gobernanza multinivel, diferencial, inclusiva y justa del agua y el ordenamiento del territorio en torno al agua”. Definitivamente, como lo acota el Director del DNP "si no se ordena el territorio alrededor del agua, la actividad humana no será sostenible". ¡Así de claro, como el agua!

Entre la deforestación y el stress hídrico hay una relación de causalidad evidente. Como lo explica el jefe de la Unidad Forestal de la FAO Jorge Meza, “Los bosques regulan el régimen hídrico…Cuidar los bosques de la región es también cuidar el agua”.

Bogotá, D. C, 2 de mayo de 2023

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía  

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Por José Félix Lafaurie Rivera*. -El pasado 13 de abril, en un Consejo de Seguridad con el gobernador de Caquetá, el diputado Wílder López hizo una denuncia pública de la mayor gravedad: En los municipios de San Cayetano y Puerto Rico fueron citados por las “Farc – EP Segunda Marquetalia”, cerca de ¡cien ganaderos!, obligados a pagar vacuna a ese grupo narcoterrorista.

10.000 pesos por cabeza; 10.000 por hectárea; 50 por kilo de queso y 20 por litro de leche, y si quiere, multiplique por dos, pues otros grupos ilegales, haciéndose pasar por la Segunda Marquetalia, también están cobrando. ¿A quién pagarle?, ¿cuál es la verdadera?

Cuando están en juego la seguridad y la vida no hay espacio para verificaciones.

La extorsión y la zozobra de la inseguridad en campos y ciudades vuelven a amenazar al país, que atraviesa por un momento confuso en el ámbito trascendental de la Paz Total.

En noviembre de 2022, Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN; hace unos días, Iván Mordisco, comandante del “Estado Mayor Central” de las FARC – EP; y a finales de marzo, Walter Mendoza, representante de las FARC – EP “Segunda Marquetalia”, anunciaron optimistas su ánimo de diálogo en busca de la paz.

Sin embargo, a pesar de esas declaraciones, mesiánicas todas, persisten los ataques a la Fuerza Pública y los hostigamientos a la población derivados de sus economías ilícitas, en un escenario violento al que se suman el Clan del Golfo, una veintena de bandas medianas y centenares de bandas urbanas de microtráfico, además de la acción envalentonada y creciente de las Guardias Campesinas, moviéndose en el límite del Código Penal y, como si fuera poco, los enfrentamientos armados entre unos y otros.

Ese escenario de confusión tiene como telón de fondo el Acuerdo con las Farc para “una paz estable y duradera” que nunca llegó, en tanto que el Acuerdo quedó colgado a la Constitución por la puerta de atrás y su cumplimiento es bandera del actual gobierno.

Frente a la línea base del Acuerdo del Teatro Colón, el ELN ni lo desconoce ni lo reconoce. Para Pablo Beltrán fue un acuerdo entre “cúpulas” para lograr reivindicaciones políticas y beneficios; un acuerdo a espaldas de la sociedad, cuya participación, por el contrario, es el eje de las actuales negociaciones.

Para el EMC de Mordisco, en guerra con el ELN y enemigo de la Segunda Marquetalia, a la que acusa de alianzas paramilitares, el Acuerdo ni siquiera existió. De hecho, no se consideran “disidencias”, porque ellos son las Farc y, por tanto, en una negociación empezarían de ceros.

La “Segunda Marquetalia, por su parte, es enemiga acérrima del EMC -al parecer Mordisco mandó matar a Márquez-, pero defensora del Acuerdo, del cual este último fue jefe negociador. Sin embargo, tras la muerte de Santrich, “El Paisa” y Romaña, y con Márquez fuera de escena, se muestra acéfala y debilitada.

En este maremágnum de violencias cruzadas y frente al eventual rompecabezas de tres procesos simultáneos con grupos, a cuál más dogmáticos, recalcitrantes y permeados por el narcotráfico, percibo que el ELN, cuyo proceso de negociación tiene vocación de “locomotora” de la Paz Total, podría convertir la encrucijada en oportunidad y tomar la delantera, si se decide a ofrecerle al país lo que a gritos le está pidiendo: ¡señales de paz!

Un piloto regional de cese de hostilidades, es decir, de sus actividades ilícitas en una de sus zonas de influencia, con mecanismos de verificación y con la presencia integral del Estado, que siempre ha faltado para copar los espacios con inversión social, sería una señal de paz para el país. ¿Será que la sensatez regresa a la Mesa?

Bogotá, D. C, 29 de abril de 2023

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie