Opinión
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Cómo desarrollar una región como la Orinoquía, con 254.000 Km2 de los cuales solo el 4% está cultivado y el 40% dedicado a ganadería extensiva y de baja productividad? ¿Cómo superar todos los obstáculos y falencias que han impedido que se convierta en la gran despensa agrícola de Colombia, a pesar de las declaraciones de todos los gobiernos desde hace décadas?
Una tarea de tal magnitud requiere el esfuerzo mancomunado del sector público y el privado, pero sabiendo que a su vez cada uno de ellos incluye una multiplicidad de actores. En el caso del sector público debe coordinarse la acción de varios ministerios del nivel nacional con la entidades territoriales de la región; en cuanto a los privados, deben estar presentes tanto las grandes empresas agroindustriales como los emprendedores y los pequeños y medianos productores, pero también organizaciones de la sociedad civil junto con la academia y centros de investigación.
Un prerrequisito para que la acción conjunta de tantos actores se eficaz, es que se defina un gran objetivo común alrededor del cual se articulen los aportes y actividades de cada uno de ellos. Como dicen los expertos en planeación, es la estrella polar que debe orientar el accionar de todos los involucrados.
Hay cierto grado de consenso en lo que se debe buscar en la Orinoquía y muchas formas de escribirlo o expresarlo. La Asociación Empresarial para el Desarrollo de la Orinoquia – ASORINOQUIA una entidad privada sin ánimo de lucro cuyo objetivo es “Contribuir al desarrollo equitativo, sostenible y sostenido del territorio”, en su propuesta para la Misión Orinoquía lo ha planteado así:
“Para 2030, convertir la Orinoquía en la gran despensa alimentaria de Colombia, con producción agrícola y pecuaria sostenible que proteja el medio ambiente, integrando a las empresas agroindustriales con modelos asociativos que fortalezcan la economía campesina, generen inclusión social y mejoren la calidad de vida de la población.”
Un planteamiento de este estilo puede quedarse en una formulación bonita, grabada en pergamino y letra de estilo como dicen las condecoraciones, si no se tiene, entre otros elementos indispensables, un plan de acción con prioridades bien definidas, cronograma y metas específicas, dolientes y medición de resultados. Para ello se necesita desgranar y concretar el gran objetivo en proyectos bien definidos y estructurados, que a su vez tengan sus propios objetivos y metas.
Hay proyectos cuyo objetivo debe ser la provisión de bienes públicos tales como el Aseguramiento del Bienestar de la Población, el Fortalecimiento de la economía campesina e indígena, la Seguridad ciudadana en el contexto dela Paz Total, la solución al problema de la titulación de la tierra para pequeños, medianos y grandes propietarios, o la dotación de infraestructura de vías y comunicaciones, tanto en la región como para su conexión con el Pacífico.
El sector privado también debe asumir el liderazgo de difundir y expandir proyectos que ya han desarrollado tales como el aumento de la productividad agrícola mediante el desarrollo y difusión de paquetes tecnológicos adaptados a las condiciones de la región, la expansión de la Ganadería sostenible y regenerativa, o la extensión de la cadena de proteína animal que empieza con la producción de soya y maíz y culmina en la comercialización de carnes.
Con todos estos proyectos se debe buscar el aumento de la producción agropecuaria no solo para lograr la soberanía alimentaria nacional, sino también para generar excedentes de exportación.
Cali, 1 de abril de 2023
*Folósofo y Economista. Consultor.
Por Lorena Rubiano.- “Me hierve la sangre, al observar tanto obstáculo, tantas dificultades que se vencerían rápidamente si hubiera un poco de interés por la Patria”: Manuel Belgrano
Se nos arruga el corazón, se compunge el alma y se llenan de lágrimas nuestros ojos, al conocer la triste noticia que nueve jóvenes soldados que prestaban sus servicios en el Carmen, Norte de Santander, fueron vilmente asesinados en una emboscada, por salvajes guerrilleros.
Tanto sacrificio, y esfuerzos por lograr una paz y estos bandidos le dan un portazo a esa posibilidad, solo por mantener sus intereses económicos y criminales.
No es el momento de asumir la crisis tomando partido o siendo personalistas. El país entero debe por unanimidad rechazar estas masacres y asesinatos de jóvenes que ilusionados se incorporan a las filas de nuestro ejército, para prestar un servicio a la patria y a la ciudadanía.
En este momento la paz debe convertirse en un propósito nacional, si queremos que el país sobreviva. La búsqueda de la paz es deber de todos. Solo así le encontraremos sentido a la vida en Colombia.
Esta vil masacre enluta las familias de los héroes asesinados sino de toda Colombia y porque no de la comunidad internacional.
Expresamos nuestra solidaridad a sus familias, a sus padres, hermanos e hijos de los dos suboficiales y siete soldados profesionales fallecidos: el cabo segundo Brayan Gómez Gamboa y el cabo tercero Juan Benavides Bohórquez. Los soldados Kevin Acevedo Osorio, Hercel Fernández Bonivento; Johan Gómez Gelvez, José David Pushaina Epiayu; Fabio Epiayu Ipuana, Rafael Jiménez y Jaime Manuel Redondo Uriana Jaime Manuel, asesinados para demostrar que esos terroristas están en contra de la paz.
Y también rendimos homenaje a los militares heridos: el subteniente Carlos Pacheco, Álvaro Epieyu, Arrieta de Armas, Adolfo Epieyu; Brayan Guerrero López, Gabriel Herrera Orozco, Luis Angarita Muñoz; Joselito Henríquez González y Julio Molina. Que Dios permita se recuperen pronto.
Insisto en un llamado a todos los colombianos porque esto no es un problema partidista, personal, ni político; debemos unirnos para salvaguardar los intereses patrios. No podemos ser inferiores a nuestra responsabilidad con Colombia, con nuestras familias y nuestros hijos de dejarles como legado, la paz.
La sociedad entera debemos exigir y hacer prioritaria la exigencia de cese el fuego y de cese de hostilidades, como condición necesaria para adelantar la participación de la ciudadanía en este proceso de paz.
Al Estado le corresponde propiciar el desarrollo con alivios y programas en zonas donde ha sido cruenta la batalla, los desplazamientos, asesinatos y robos de todo lo que encuentran a su paso.
Ante estos hechos, el Comisionado de Paz Danilo Rueda expresó que "la paz se construye con hechos, haya o no cese el fuego. La continuidad de la violencia beneficia a los intereses del conflicto. El Eln no está escuchando al pueblo: comunidades en toda Colombia quieren la paz con justicia social y que los hermanos dejen de verse como enemigos.
Bogotá, D. C, 12 de abril de 2023
Por Rubén David Salas Arias*.-Observando al mundo desde el margen, divisando el orbe de la existencia social como una unidad semejante, la cual devela sus múltiples vínculos que componen las sinfonías constructoras de la historia. En el eje de los hechos se encuentra al poder como el elemento posibilitador de la apertura de oportunidades que le dan cuerda al mundo. Sucede que, en el núcleo de los sucesos está la potencia de formarlos, es decir, para gestar un hecho es imperativo reconocer las licencias necesarias para ejercer una acción desde la aprobación del conjunto de voluntades adyacentes a nuestras existencias -desde la individual, hasta la colectiva-, que permiten proceder en un contexto determinado a partir del uso de los elementos disponibles a la mano para transformar la realidad.
Desde el origen del ejercicio del poder, cimentado en la primera conquista de las voluntades y su continua acumulación, hay una determinación de las posibilidades futuras y la perpetuación de los elementos condicionantes de existencia. Es así como surge en el bienaventurado de la bendición colectiva -el poderoso- un cambio en su vida que buscará conservar a toda costa, incluso intergeneracionalmente, manteniendo en el transcurso de los hechos unas condiciones de anclaje que hacen la historia ir y venir, una y otra vez, encerrándose en situaciones con actores y espectadores similares sin importar el tiempo o el espacio.
La acumulación del poder conlleva a la desigualdad en oportunidades producto del acuerdo habitual de las voluntades que también temen al cambio en el curso de los hechos -seres sujetados por la necesidad, para seres sujetados por el deseo-. Actualmente, al entrar en una monotonicidad en el consumo de bienes, servicios y experiencias que adquirimos, se da la perpetuación del poder en los mismos -empresarios, políticos, famosos, focos de opinión, medios de comunicación, etc-. Sin embargo, no hay que olvidar quiénes son los dueños de la autoridad, quiénes componen las colectividades de voluntades que se unen en un deseo. Hay que caer en cuenta de ello como sociedad para liderar el curso de los hechos. De lo contrario, la coerción voluntaria es mera complicidad.
En el ejercicio de construir un mundo con un poder para el aprovechamiento del potencial colectivo, hay que dar oportunidades a lo distinto y emergente que busca abrirse paso en estanques enormes llenas de peces grandes. Es necesaria la conciencia de ser para quitarle autoridad a lo conocido y aparentemente perpetuo, porque dar una oportunidad a lo nuevo es redistribuir el poder. Pero, esa tarea debe ser continúa e impidiendo el aletargamiento de las pasiones. Hay que abrirse a escuchar nuevas voces y comprender ideas por fuera de lo habitual, debatirlas y tomar lo mejor de cada experiencia. El poder también se distribuye desde la apertura de las posibilidades en los múltiples aspectos deseantes de nuestras vidas -domar la libertad-. Rompamos las cadenas de los mismos con las mismas, de los apellidos redundantes, de los poderosos y sus afortunados herederos, y de las trampas del progreso. Evidenciemos que el poder no es para pocos, es para todos. El poder está en las oportunidades.
Bogotá, D. C, 2 de abril de 2023
*Economista y Estudiante de Maestría en Economía de la Javeriana
Twitter: @RDSalasA
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Por Amylkar D. Acosta M*.- Según la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se entiende por seguridad alimentaria “cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa”. En concepto de la FAO la seguridad alimentaria es lo más fundamental de las necesidades y de los derechos humanos
La seguridad alimentaria consta de tres elementos esenciales: el primero es la disponibilidad de los alimentos, el segundo el acceso a los mismos y tercero la estabilidad o sustentabilidad, entendida esta como la garantía del primero y el segundo a lo largo del tiempo, que no sea intermitente. Como lo veremos la seguridad alimentaria, más que un problema de disponibilidad de alimentos es un problema de acceso a los mismos y este está determinado por el nivel de ingresos, el cual a su vez está correlacionado con el empleo.
Al contrario, la inseguridad alimentaria en los hogares es una condición en la que sus integrantes no tienen acceso satisfactorio a la comida, que está fuera de su alcance, lo cual deriva en la malnutrición, la desnutrición y el hambre. En los casos extremos se considera severa y moderada cuando para paliar la falta de ingesta alimentaria se recurre al rebusque, vendiendo enseres para procurársela.
Entre las principales causas de este drama humano se distinguen aquellas de carácter estructural de las coyunturales. Entre las primeras se destacan la pobreza monetaria, el desempleo, la informalidad y la violencia, las cuales en no pocos casos se padece la sumatoria de ellas. En cuanto a las coyunturales merecen mencionarse el Cambio climático, la inflación, pandemias como el COVID 19 y eventos geopolíticos como el conflicto en Ucrania, que provocó la escasez de alimentos e insumos agrícolas (úrea, fertilizantes, abonos nitrogenados, etc), con la consiguiente especulación y la espiral alcista de sus precios, encareciéndolos.
Como lo anotó el ex director de investigaciones del FMI Pierre Gourichas, “los precios de la energía y de los alimentos están muy relacionados”, tanto más en cuanto la mecanización de la agricultura torna esta cada vez más intensiva en consumo de energía y advirtió que “la situación crítica de estos aspectos no constituye un problema transitorio”. Y la pavorosa crisis alimentaria actual ha terminado por darle la razón. De ello se sigue la gran sensibilidad de los precios de los alimentos a cualquier cambio, generalmente al alza, de los energéticos, exacerbada por la afectación de las cadenas de suministros y el transporte a consecuencia de la crisis pandémica.
Así ha ocurrido históricamente. Y no es para menos, pues se estima que cerca del 30% de la demanda total mundial de energía se relaciona con los sistemas alimentarios en las fases de producción, distribución y acceso. De modo que las fallas en el sector energético, como la que se ha presentado recientemente en los países que integran la Unión Europea, repercute en la cadena alimentaria, afectando no sólo la seguridad sino también la soberanía alimentaria.
Los avances en las técnicas de control de la natalidad y la tecnología aplicada a la agricultura y a la producción de alimentos obligaron a replantear la hipótesis catastrofista del demógrafo británico Thomas Malthus según la cual mientras la población crecía de manera exponencial la producción de alimentos crecía en una progresión aritmética, lo cual abocaría a la humanidad a una hambruna sin remedio. Si bien es cierto que el crecimiento de la población venía acelerándose, en las últimas décadas se ralentizó.
Tomando como referencia el primer año de nuestra Era, cuando la población mundial era de sólo 250 millones de habitantes, sólo hacia el 1650 se duplicó para alcanzar los 500 millones, 150 años después se duplicó para alcanzar la cifra que alarmó a Malthus. Y así sucesivamente hasta alcanzar su punto de inflexión en el año 2000 cuando se triplicó la población finalizando el siglo XX, registrando la cifra de los 6.144 millones de habitantes (¡!). No obstante, después del crecimiento de la población a un ritmo del 2.04% anual hasta las postrimerías de los años sesenta, dicha tasa de crecimiento ha disminuido sensiblemente hasta situarse en el 1.35%. Y las proyecciones para el período 2025 a 2030 vaticinan un crecimiento de la población del 0.8% anual.
Por ello, la presión poblacional y su demanda por alimentos se viene relajando con el paso de los años, mientras la capacidad, así como la productividad y el potencial de producción de alimentos avanza vertiginosamente gracias a la creciente mecanización y tecnificación de la agricultura, amén de los procesos productivos con los que se cuenta, más sostenibles y eficientes, cubriendo la demanda de mercados globales. Lamentablemente 349 millones de personas en 79 países enfrentan una inseguridad alimentaria aguda, frente a los 287 millones en 2021 y 200 millones más con respecto a los niveles previos a la pandemia del COVID – 19. Pero, al establecer la causa de ello, se concluye fácilmente que el problema más que en la disponibilidad de los alimentos está en el acceso a los mismos, que tiene que ver, como ya lo vimos, en el desempleo, la falta de ingreso y el bajo poder adquisitivo, la pobreza y la desigualdad, que son lacras sociales que laceran a los más vulnerables.
Santa Marta, abril 1 de 2023
Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
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Por Fernando Cepeda Ulloa*.- EL presidente Petro, en sus intervenciones nacionales e internacionales, insiste en afirmar que la lucha contra las drogas ha fracasado. Todo indica que ese es un tema que como el de la corrupción o el del cambio climático está consagrado en las más solemnes declaraciones multilaterales, pero que en la realidad es muy poco lo que se logra. La lucha contra la corrupción es un fracaso nacional y global y la del cambio climático viene ya recorriendo el mismo camino por mucho tiempo.
El de las drogas es un asunto en el cual Colombia es una potencia mundial. Casi toda la cocaína que llega a los Estados Unidos proviene de Colombia. También invade mercados en Europa y en África. Lo que es evidente es que Colombia no se comporta como una potencia mundial en esta materia. Estamos pendientes de lo que digan otros países, principalmente, los Estados Unidos. Carecemos de los centros de investigación que nos debieran dar un liderazgo en el debate académico y político. Carecemos de estímulos para la publicación de libros e investigaciones pertinentes y las personas que han dedicado buen tiempo a entender un tema que tiene dimensiones internacionales y domésticas, no merecen la atención debida. Y cuando tenemos oportunidad de hacer una presencia trascendental como lo que se está dando en Viena, en el correspondiente organismo de las Naciones Unidas, generamos una decisión burocrática que deja perplejos a los países que allí se encuentran debatiendo esta cuestión. Un momento crucial y muy favorable para el gobierno. Los relatos periodísticos del 15 de marzo son decepcionantes.
No creo que exista un país que haya sufrido más como consecuencia de la producción de coca y de cocaína (y, antes, de la marihuana), de su exportación, de su conversión, gracias al lavado de dinero, en significativas inversiones, entre ellas en la vida política, y así una deformación en el funcionamiento de sus instituciones, en todos los niveles, del sistema tradicional de valores y del fervor por el enriquecimiento ilícito y rápido. Aterrador.
La llegada de Joe Biden a la Presidencia de los Estados Unidos pareció abrir un horizonte diferente, gracias a un informe de los Estados Unidos en el mes de diciembre antes de su inauguración. Personas muy cercanas al presidente Biden habían participado en su elaboración. Se hablaba de un enfoque holístico, la utilización de datos científicos, de un mayor énfasis en el tema de la salud y de la lucha contra el consumo y un particular énfasis en el propósito de una estrategia mucho más eficaz para controlar el lavado de dinero.
Esperé una respuesta con un informe similar por parte de Colombia o de la región latinoamericana. No se produjo. Y desde entonces ha habido una actitud diferente frente a la lucha contra las drogas ilícitas en el hemisferio y, bien probable, en otras regiones.
Recientemente el corresponsal colombiano más curtido y diligente en Washington, Sergio Gómez, envió un informe en el que alerta sobre un cambio de actitud en el gobierno de Biden, que parece dejar atrás el informe del primero de diciembre de 2021 y volver a algunas de las más duras políticas. Y ello en coincidencia con fuertes ataques del Partido Republicano que ponen muy a la defensiva las aspiraciones presidenciales de los demócratas. Lucha contra las Drogas y crítica a la política migratoria, dos banderas que pueden resultar muy efectivas para los republicanos. Y escuchamos unas declaraciones muy contundentes de una alta funcionaria en los Estados Unidos con referencia a lo que sería la actitud de su gobierno frente a las personas que de alguna manera propicien o sean complacientes con el tráfico de drogas. Declaraciones que el expresidente Andrés Pastrana, en solitario, recogió hace pocos días.
Inclusive, hay quienes se atreven a volver a plantear el tema de la descertificación. Recordemos que estamos en el mayor nivel de producción de coca que algunos predicen que pronto llegará a las trescientas mil hectáreas. Y no pasemos por alto escándalos que tienen que ver con funcionarios colombianos claves en la lucha contra las drogas que han sido recientemente retenidos pese a que muchos los consideraban como intachables.
Prefiero no dar sus nombres por si, se dice, ha existido una equivocación. Y persisten las informaciones que desde hace años nos afectan tanto sobre el involucramiento de los narcotraficantes en la financiación de campañas electorales. Y cuando vemos el poderío del Clan del Golfo que mantiene una acción de control sobre una zona clave del país, según las denuncias del gobernador de Antioquia. ¿Acaso estamos en la mejor situación para lidiar con una estrategia como la que se anuncia en Estados Unidos?
Bogotá, D. C, 20 de marzo de 2023
*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado.
Por Juan Camilo Restrepo*.- Se están recordando por estos días cien años de la llegada al país, bajo el gobierno del general Pedro Nel Ospina, de la primera misión Kemmerer. Hubo una segunda misión presidida por el mismo profesor que, sin embargo, no tuvo el brillo de la primera.
¿Por qué se recuerda con respeto la primera misión Kemmerer, en un país que ha sido sobre diagnosticado y objeto de tantos informes de misiones extranjeras y nacionales?
Quizás la respuesta es que ninguna otra como la primera misión Kemmerer ha dejado una huella tan profunda sobre la institucionalidad económica colombiana. El gobierno del general Ospina llama esta misión en un momento en que el mundo experimentaba transformaciones inmensas ocasionadas por la primera guerra mundial. El profesor Edwin Kemmerer de la universidad de Princeton gozaba en aquel momento de un gran prestigio, que luego se opacó como consecuencia de que sus teorías ortodoxas chocaron con las teorías Keynesianas del New Deal que se juzgaron más adecuadas para superar los tiempos de la gran depresión en los años treinta.
La misión, cuyas recomendaciones sirvieron para crear el Banco de la República en 1923, estuvo inspirada en los más férreos principios de patrón oro, que fueron la regla inflexible de conducta monetaria hasta cuando en 1931 Inglaterra abandona la convertibilidad de la libra esterlina; desencadenando el abandono generalizado del patrón oro que desde comienzos del siglo XIX había regido las relaciones económicas internacionales.
El Banco de la República creado por la misión Kemmerer hace cien años no era por supuesto el mismo que hoy tenemos. Su apego irrestricto al patrón oro le hacía lejano y casi indiferente frente a las tribulaciones de una gran recesión como la que se experimentó en los años treinta. Todavía se recuerdan las sentidas quejas del ministro de hacienda del gobierno Olaya Herrera, el doctor Esteban Jaramillo (quien había sido por lo demás secretario de la misión), ante la indiferencia del banco central para ayudar a sacar el país de la dura depresión que nuestro país como el resto del mundo vivió por aquella época.
A la misión Kemmerer debemos también- entre otros muchos aportes- la creación de la Superintendencia Bancaria (antecesora de la actual superintendencia financiera) y de la Contraloría General de la República. Como dato curioso y para apreciar cómo se ha modernizado el país desde entonces, vale la pena recordar que el profesor Kemmerer consideraba que no había en Colombia nadie capacitado para ocupar la delicada función de jefe de la supervisión bancaria, y recomendaba que la jefatura de la superintendencia de bancos la ocupara un extranjero. Recomendación que por supuesto y afortunadamente se desechó.
El profesor Kemmerer llegó a tener prestigio en América Latina, y misiones análogas a la nuestra tuvieron gran acogida en países como Ecuador y Bolivia, donde formuló recomendaciones similares para modernizar sus instituciones económicas.
En este año se cumple, pues, el centenario del Banco de la República inspirado por las recomendaciones de la misión Kemmerer. Mucha agua ha corrido desde entonces bajo los puentes de nuestro Banco Central. De un banco controlado inicialmente por la banca privada se pasó luego a uno de claros acentos oficiales con la creación de la junta monetaria durante el gobierno del presidente Valencia, y luego, con ocasión de la constitución de 1991, al banco central moderno e independiente que hoy conocemos.
Pero, aunque los tiempos han cambiado, no deja de ser pertinente recordar la misión que tanto contribuyó hace un siglo a modernizar nuestro instrumental económico.
Bogotá, D. C, 20 de marzo de 2023
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por Amylkar D. Acosta M*.- “Sólo se alcanza lo posible intentando lo imposible una y otra vez”. Max Weber
Se cumplieron ya más de 40 años del primero (Santa Marta, marzo 26 – 28 de 1981) de una serie de foros costeños itinerantes y participativos con la autonomía, la integración y el desarrollo regional como sus ejes. Frutos de ellos fueron el primero y único Plan regional de desarrollo de la región Caribe y del país Un viaje hacia el futuro y la Ley 76 de 1985 que le dio vida a las regiones de planificación más conocidas como CORPES. Gracias a estos la región Caribe ganó en capacidad de interlocución frente al Gobierno central, la regionalización de las partidas del Presupuesto general de la Nación y que la participación de la región Caribe en este pasara del 8.3% al 23.2%, entre otros logros.
Luego la Constituyente de 1991, gracias a los delegados a la misma de la región Caribe Eduardo Verano, Orlando Fals Borda, Carlos Rodado, Eduardo Espinoza y Raimundo Emiliani, se logró, por fin, consagrar en la Constitución Política como principio fundamental la autonomía territorial (artículos 1 y 287), en lugar de la fórmula dicotómica de la Constitución de 1886 de la “centralización política y la descentralización administrativa”, que le sirvió de coraza centenaria al agobiante centralismo. También se hizo posible que las regiones se pudieran constituir como regiones administrativas y de planificación (RAP) y a la postre como entidades territoriales (artículos 306 y 307), lo que era impensable hasta entonces. Este primer paso, que se dio en las postrimerías del siglo XX, significó un cambio de paradigma para la gobernanza en Colombia y desbrozó el camino para un mayor empoderamiento hacia el futuro por parte de las regiones.
La Ley 152 de 1994, en su artículo 51, al establecer la transición de las regiones de planificación a las regiones administrativas y de planificación, dispuso que “mientras se constituyen las RAP, las funciones y atribuciones que le son asignadas en esta Ley, serán ejercidas por los actuales CORPES”. Con tal fin les extendió la vigencia de estos por dos años más, los cuales se ampliaron hasta el 1º de enero del 2000 mediante la Ley 290 de 1997, cumplido este plazo y al no prorrogarse desaparecieron los CORPES sin que se les hubiera dado vida a las RAP. Ello debido a que después de 18 intentos frustráneos en el Congreso de la República no había sido posible aprobar la Ley orgánica de ordenamiento territorial (LOOT), requisito sine qua non para su creación, lo cual se convirtió en una talanquera.
Entre tanto, los centros de pensamiento de la región, entre ellos el Centro de estudios regionales del Banco de la República, el Observatorio del Caribe y la Fundación para el desarrollo del Caribe (FUNDESARROLLO) a través de encuentros y coloquios académicos animaron el debate en torno a las estrategias para el desarrollo económico y social de la región, los cuales concluyeron y confluyeron en un Taller final que se realizó en el teatro Amira de la Rosa en Barranquilla en agosto de 2007, con motivo de los 10 años de la creación de los mismos. De este ejercicio surgieron dos iniciativas de la mayor importancia: la propuesta de crear un Fondo de compensación regional, con miras a la canalización de recursos del Presupuesto nacional con destinación al cierre de la brecha entre el centro y la región y el Compromiso Caribe, suscrito por los gobernadores, que identificó y priorizó los proyectos claves para sacar la región del letargo y el estancamiento de su desarrollo económico y social.
Ante la reticencia del Gobierno Nacional en darle desarrollo al precepto constitucional, los gobernadores y los parlamentarios de la región Caribe, secundados por las organizaciones sociales, liderados por ex constituyente y a la sazón Gobernador del Atlántico Eduardo Verano, apelaron al constituyente primario. Se le propuso al Consejo Nacional Electoral que se permitiera incluir en la elección del legislativo del 14 de marzo de 2010 un tarjetón adicional al de los candidatos al Congreso de la República para consultarle a los ciudadanos sobre su apoyo a “la constitución de la Región Caribe como una entidad territorial de derecho público, con autonomía, para que promueva un desarrollo económico y social en nuestro territorio, dentro del Estado y la Constitución colombiana”.
Por unanimidad el Consejo Electoral autorizó el sufragio por el Voto Caribe y 2.5 millones de refrendaron la voluntad y la decisión del Caribe de encaminarse hacia su constitución como entidad territorial. Aunque para el Magistrado del Consejo Nacional Electoral Marco Emilio Hincapié el mismo no pasaba de ser un ejercicio pedagógico “sin consecuencias jurídicas ni vinculantes”, fue un hecho político contundente que no se podía desconocer ni soslayar. Uno de sus efectos fue forzar al Presidente Santos para que se intentara, una vez más, el trámite de la LOOT, esta vez con el apoyo del Gobierno. En efecto, se presentó el proyecto por parte de este, con tan mala suerte que lo aprobado (Ley 1454 de 2011) fue sólo un saludo a la bandera, que llevó a afirmar a Eduardo Verano que con ella “prácticamente se burlaron del espíritu del Voto caribe”.
Tuvimos que esperar hasta el año 2019 para que se expidiera la Ley 1962, que le dio vida a las RAP y de paso le allanó el camino, que había bloqueado la Ley anterior, para que, transcurridas las primeras dos décadas del siglo XXI, las regiones se pudieran constituir como entidades territoriales. Increíble, pero cierto, hemos tenido que esperar 20 años, para que el Congreso de la República expidiera un remedo de LOOT y 28 años para que las regiones se pudieran constituir como RAP, en el entendido de que esta es la escala técnica para llegar a nuestro destino que es la región como entidad territorial.
Cartagena, marzo 18 de 2023
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Por José Félix Lafaurie Rivera*.- Armado de prudencia, confianza y buena fe, y con el ánimo de servirle a la paz de Colombia, aunque fui declarado su enemigo, me he sentado en la mesa de negociaciones con el ELN.
Prudencia, confianza y buena fe, fue mi respuesta a un trino mezquino de Humberto de la Calle, en el que pretendía adivinar motivos interesados en mi silencio frente a un tema de la paz. Hoy, en una carta me plantea consideraciones respetables sobre las negociaciones con el ELN, al tiempo que cuestiona nuevamente las motivaciones de mi rechazo a las que él lideró con las Farc.
Otra vez adivinando, Humberto sugiere que mi reacción fue una respuesta emotiva y subjetiva a la traición de Santos, que él llama “rectificación”; pero, aunque lo he explicado mil veces desde que acepté la invitación del presidente Petro en mi condición de presidente de FEDEGÁN, no tengo reparo en volver, una vez más, sobre cuáles fueron mis motivos.
Las Farc, a partir del falso discurso de la presunta concentración de la tierra como causa de la pobreza y la violencia, exigieron que el primer punto fuera la Reforma Rural, con pretensiones enormes de tierras para repartir y para Zonas de Reserva Campesina.
El gobierno, por su parte, garantizó que el modelo de desarrollo era “innegociable”, pero puso sobre la mesa el de desarrollo rural, es decir, el campo abandonado y el sector agropecuario. ¿Algún otro sector productivo iba a ser afectado por el Acuerdo? Ninguno, solo el agropecuario y la ganadería en particular, que estaba en peligro, junto al derecho a la propiedad privada de la tierra. Era mi deber salir en su defensa. Así de sencillo.
Pero, además, advertimos entonces lo que terminó sucediendo. Hoy, desde la perspectiva de los resultados, tenemos que reconocer que eso salió mal, pese a que Santos proclamó en la ONU: “La guerra en Colombia ha terminado”, pero la guerra nunca terminó. Por el contrario, estamos inmersos en una vorágine de violencia en los campos y ahora también en las ciudades.
Se desmovilizaron 13.000 guerrilleros, pero nos dejaron disidencias y Marquetalias en guerra por el control territorial mafioso en vastas regiones, y la guerra territorial del microtráfico en las ciudades, con armas provistas por el dinero que producen 300.000 hectáreas de coca. La Ley de Justicia y Paz de Uribe, dejó el país con 42.000 hectáreas y desmovilizó a 54.000 paramilitares y guerrilleros.
Sin embargo, prefiero mirar hacia delante y apostarle a que las negociaciones con el ELN tienen que salir bien; primero; porque nadie está dividiendo ahora el país entre amigos y enemigos de la paz; paz utilizada como bandera política en 2014 para ganar la reelección.
Segundo: las Farc exigieron la Reforma Rural como primer punto, porque necesitaban mostrar algo en el papel; el ELN exigió debatir primero la participación de la sociedad en la construcción de paz, porque, al parecer, quieren mostrar resultados tempranos en la vida de la gente en las regiones, porque toda la gente, no solo las víctimas, es el objeto de la paz; de ahí el interés, que comparto, en implementar lo que se vaya acordando.
Y tercero: mientras el proceso con las Farc estuvo marcado por la descalificación de medio país y la guerra política, el actual debe convocar a los partidos para lograr primero algo esencial: Paz política, como requisito para el Gran Acuerdo sobre lo fundamental”, y lo fundamental es la paz.
Lo invito, doctor De la Calle, a aportar su conocimiento y experiencia, a seguir haciendo comentarios para mostrar caminos y señalar peligros. Lo invito a que miremos hacia delante…, porque allá está la paz.
Bogotá, D. C, 19 de marzo de 2023
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- La forma como se han determinado el precio de la vivienda de interés social (VIS) y los subsidios que da el gobierno para facilitar su adquisición ha implicado un sobrecosto para el presupuesto nacional y que miles de familias no puedan acceder a su casa propia.
La VIS es aquella vivienda cuyo valor máximo lo ha fijado el Estado en 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes SMLV. Dentro del programa “Mi Casa Ya”, para familias con ingresos inferiores a 2 SMLV el gobierno otorga un subsidio de hasta 30 SMLV.
Así, el precio de una VIS crece todos los años lo mismo que el salario mínimo. En 1999 cuando el SMLV era de $236.480, una VIS se vendía por $31.9 millones, y el año pasado su precio era de $135 millones, lo que representa un aumento de 323%. Como en el mismo período la inflación acumulada fue de 217%, si el precio de la VIS hubiera crecido con la inflación, en 2022 hubiera sido de $101.2 millones, es decir que la familia compradora solo hubiera pagado 101 SMLV.
En cuanto al monto del subsidio, pasó de $7.1 millones en 1999 a $30 millones en 2022, mientras que si se hubiera incrementado solo con la inflación anual, su valor en este último año hubiera sido de $22.5 millones, de manera que con el mismo monto de recursos del presupuesto nacional se hubiera podido subsidiar un mayor número de familias.
En ocho años del programa “Mi Casa Ya” se han asignado 262.000 subsidios por un valor de $5.64 billones; si desde 1999 el valor de cada subsidio hubiese crecido con la inflación y no con el SMLV, el costo para el Estado hubiera sido de $4.18 billones, es decir que se hubiera ahorrado casi $1.5 billones, que le hubiera permitido otorgar otros 90.000 subsidios.
Si el precio de la VIS ha subido más que la inflación ¿qué ha pasado con los costos de construirla? Según el DANE desde 1999 todos los costos de construcción de vivienda, con excepción de la tierra y la utilidad del constructor, han subido menos que la inflación, 201%. Esto significa que el precio de la VIS ha subido 40% más que los costos de construirla, ¿Quién se ha ganado la diferencia?
Es posible que los constructores hayan incrementado un poco su margen de utilidad, pero la hipótesis más probable es que la mayor parte de esta diferencia haya ido a los bolsillos de los dueños de los lotes, pues hay evidencia del mayor aumento de los precios de la tierra.
La diferencia es mucha plata. Suponiendo que todas las VIS del programa “Mi Casa Ya’ se vendieron a 135 SMLV, el valor total de las transacciones hubiera sido $31.3 billones; si en cambio su precio se hubiera ajustado cada año por el IPC, este valor sería de $23.2 billones, unos $8 billones de utilidad adicional que ha sido una renta generada por la forma como el Estado ha fijado el precio de la VIS por encima de sus costos.
COLETILLA. La dramática caída de las ventas de vivienda en lo corrido de este año es consecuencia directa de la subida de las tasas de interés de los créditos. El Banco de la República está logrando su objetivo de frenar la economía para controlar la inflación.
Bogotá, D. C, 19 de marzo de 2023
*Filósofo y Economista. Consultor
Por Paloma Valencia Laserna*.- El gobierno presentó en el Congreso una ley de sometimiento; que de ello solo lleva el nombre. Pareciera que el objetivo del Gobierno Petro es extender la impunidad otorgada en el Acuerdo de la Habana a cualquier delincuente del país.
Un artículo de nuestra constitución permite el tratamiento diferenciado para los delitos cometidos por razones políticas. Yo he presentado varias veces proyectos para abolir ese artículo. Ningún colombiano puede ejercer violencia sobre otro por razones políticas, ni por ninguna razón. Sin embargo, el Gobierno ya le dio estatus político al ELN, y pretende hacer lo propio con las disidencias (las que no negociaron y las otras que incumplieron). Esto significa, que para todos ellos aplicarán medidas semejantes a las que le aplicaron a las FARC.
Creíamos que las bandas criminales, los grupos armados organizados y los delincuentes comunes no podían tener negociaciones que dieran lugar a impunidad. Pero este gobierno quiere negociar con ellos, incluyendo el traqueto y las organizaciones mafiosas.
El asunto no es menor, se trata de una política criminal de ir liberando delincuentes, sobre la base -en mi opinión, equivocada- de que con este borrón y cuenta nueva, el delito en el país irá disminuyendo.
La violencia en Colombia -y no me canso de repetirlo- tiene más que ver con los negocios ilegales que con asuntos políticos. Mientras subsistan el narcotráfico y la minería criminal tendremos un desafío muy grande como nación. Y no es cierto que por sacar a los hombres que hoy ejercen esos negocios el país mejore en seguridad; aún creyendo en que todos los que se comprometan cumplan. Tan pronto salgan unos entrarán otros; como ya ha venido ocurriendo.
Y se preguntará alguno quien me lee, y no coincide en la conclusión, si no valdrá la pena intentarlo; y tengo que decirle no, rotundamente. Lo hemos hecho y fracasamos, basta observar lo que ha pasado con las FARC, cuyos hombres desmovilizados fueron ya superados por los nuevos ingresados a todos los grupos. Pero más aún, considérese el efecto frente al futuro: cada nuevo grupo, sentirá que tiene derecho a esa negociación y se nos abre un camino que legitima la vida en el crimen, que concluye con 6-8 años de cárcel y la legalización del 6% de las ganancias, hasta un máximo de 11 mil millones de pesos.
El Presidente Petro afanosamente busca equiparar los beneficios que otorgamos a los grupos con estatus políticos con los que se le podrían otorgar a las demás organizaciones criminales.
Aun sin ley de sometimiento, quiso levantar las órdenes de captura de cabecillas criminales e incluso de narcos solicitados en extradición. El Fiscal Barbosa tuvo que detener la extraña operación.
Ahora con la ley de humanización de cárceles y la mal llamada “ley de sometimiento” pretende esconder amnistías e indultos bajo la figura de principio de oportunidad. Delincuentes desde Clan del Golfo hasta el traqueto. El narcotráfico se estaría legalizando; levantan órdenes de captura y pretenden darle impunidad.
A esto hay que sumarle la suspensión de toda política antidrogas. Bajaron las incautaciones de cocaína en más de 30% y de heroína en más de 70%. No se erradicó ni una sola hectárea de coca en enero de este año. Además de las nuevas políticas donde se prohibió la erradicación forzada, el bombardeo, la fumigación y se pasó al acompañamiento de las asambleas cocaleras, que inspira además a que al “secuestro” se le llame “cerco humanitario”. La sacada de más de 70 generales de la cúpula militar, más las masivas renuncias que hoy conocemos de muchos oficiales; los ceses bilaterales al fuego por parte del Gobierno Nacional, que sólo aplican a las Fuerzas Armadas. Empieza con todo lo anterior a generar un escenario peligroso para la seguridad y el futuro de Colombia.
Aquí no hay un proceso de paz total, sino uno de impunidad total. Letal para las instituciones y de alto riesgo para la ciudadanía de Colombia cada vez más desprotegida ante los violentos y con un gobierno concentrando en conversar con los criminales y no con la ciudadanía. Y aparece como una sombra adicional a todo esto, la noticia sobre los dineros que los mafiosos entregaron con destino a la campaña Petro Presidente a través del hijo y las visitas del hermano del presidente a las cárceles ofreciendo impunidad a cambio de apoyos políticos, incluso a extraditables. Una sola sombra larga.
Bogotá, D. C, 19 de marzo de 2023
*Senadora del Centro Democrático
