Opinión
Por Gabriel Ortiz*.- Colombia se ha convertido en el escondite de felonías, trastadas y delitos, desde cuando el narcotráfico tomó las riendas de la sociedad del todo vale, del enriquecimiento ilícito, la politiquería, la corrupción y la desigualdad.
Bandas de delincuentes, auspiciadas por el Estado y la oposición de entonces operaban desde mediados del siglo pasado, con “chulavitas”, pájaros y llaneros. Personajes de la época trataron de alcanzar una paz “estable y duradera”, que se lograba a medias y sucumbía por violencia política.
Llegó la época de la marihuana, o “marimba” como le decían, manejada por influyentes familias y grupos que se enriquecían y manejaban los hilos del poder. Así apareció la coca, con narcos de la costa, el Valle y Antioquia. Pablo Escobar y demás traficantes empezaron a manejar el negocio y a sembrar el terror en todo el país.
Desde entonces Colombia no ha tenido respiro alguno, porque se mezclaron todas las fechorías, a través de los insaciables del poder y la riqueza. Nos convertimos en el emporio del cultivo, florecimiento, producción, manejo, distribución, tráfico y conexiones internacionales que permitían mimetizar las ingentes cantidades de dinero que, hasta hoy, inundan el mundo entero. Las mafias penetraron nuestra sociedad y se convirtieron en los personajes a los que abrían sus puertas los más exclusivos clubes sociales, encumbradas oficinas de las ramas del poder y los recintos del legislativo.
Desde entonces flotillas de aviones, embarcaciones y enjambres de “mulas”, han inundado el mundo con coca.
Desde entonces las verdes hojitas que ubérrimamente cubren nuestros campos, sustentan y manejan nuestra economía, corrompen y destruyen una sociedad que aún no advierte que caminamos hacia el fin.
El narco maneja todo y mantiene a Colombia en vilo: es el motor de la minería ilegal, que maneja a su antojo poblaciones enteras, mientras destruye la naturaleza y contamina las aguas con mercurio. Financia los paros “cívicos”, la tala de árboles para interrumpir vías, mientras recluta niños y jóvenes para las guerrillas y asaltos de entidades oficiales; organizan bandas de extorsionistas y secuestradores. Costean vaqueros que incendian bosques y selvas que convierten en ganaderías intensivas.
Con esos grupos mafio-guerrilleros, que mantienen a millones de compatriotas amedrentados y sometidos, que van a la cama sin ingerir alimento alguno y que solo conocen la desigualdad y la pobreza extrema, se está buscando la paz total.
Con esos que manejan el microtráfico para elevar el consumo de estupefacientes en el país. Con esos que cierran comercios a su antojo y ordenan secuestrar policías, empleados y campesinos, práctica que ahora denominan “cerco humanitario”.
Esta martirizada patria, no alcanzará su redimirse y liberarse, mientras siga acosada por la corrupción y la felonía de la tal “narcoacción humanitaria”.
BLANCO: Por segunda vez, Miguel Gómez es designado decano de Economía de la Universidad del Rosario, segunda más importante de Latinoamérica. Gran acierto, porque su propósito es popularizar la economía y presentar varios proyectos de ley sobre temas fundamentales que Colombia necesita.
NEGRO: El atentado al Director de la Unidad Nacional de Protección.
Bogotá, D. C, 10 de marzo de 2023
*Periodista. Exzdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por José G. Hernández*.- Colombia es un Estado Social de Derecho, y, por tanto, a su amparo, los diferentes sectores sociales -entre ellos, el sector campesino- gozan de los mismos derechos, libertades, oportunidades y garantías. No pueden ser sometidos a discriminación.
El artículo 13 de la Carta Política destaca que el Estado está obligado a promover las condiciones indispensables para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados, como lo ha sido el sector campesino. Es necesario que los gobiernos vuelvan la mirada hacia el campo y que la actividad estatal se despliegue, con el objeto de otorgar a los campesinos y a sus familias mejores condiciones, dentro de un criterio de dignidad humana. Son sujetos de especial protección constitucional.
Según los artículos 64 y 65, el Estado ha de promover el acceso de los trabajadores agrarios -en forma individual o colectiva- a la propiedad de la tierra.
El 65 ordena que la producción de alimentos goce de la especial protección estatal. Se debe dar prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras.
Por supuesto, las organizaciones campesinas también tienen derecho -que les debe ser garantizado- a las libertades de expresión y reunión, y, en su caso, a la manifestación y protesta pacífica (arts. 20 y 37 de la Carta).
Todo eso es así, y entendemos que el actual Gobierno tiene el propósito de hacerlo realidad. Pero también es cierto que todo derecho implica deberes y responsabilidades, y que ninguna organización ni sector social puede abusar de sus derechos y garantías, so pretexto de reivindicarlos o de formular los reclamos a que haya lugar.
Lo ocurrido en el sector de Los Pozos, en San Vicente del Caguán (Caquetá) -cuando una comunidad de campesinos, alegando sus derechos, procedió a secuestrar a setenta y nueve miembros de la Policía Nacional y a seis empleados de una empresa petrolera, cuyas instalaciones fueron tomadas con violencia- es completamente inadmisible. Tanto más si se considera que, en el curso de los hechos, dos personas -un oficial de la Policía y un particular- perdieron la vida. El informe policial señala que el subintendente Ricardo Arley Monroy fue asesinado, en total indefensión.
Integrada una comisión gubernamental, se entró en diálogo con la organización campesina y -finalmente- las personas secuestradas fueron liberadas, tras varias horas de privación arbitraria de su libertad, habiendo sido sometidas a amenazas, maltratos y vejámenes.
Después, el ministro del Interior manifestó públicamente que la “retención” no fue otra cosa que un “cerco humanitario”.
Con el debido respeto, hemos de afirmar que se equivocó el ministro. Díganse las cosas como son. Lo que menos hubo en este caso fue algo humanitario. Se cometieron delitos, y muy graves. Secuestro -no “retención”- y homicidios. La administración de justicia debe adelantar los procesos pertinentes y aplicar las sanciones que establece la ley.
El Estado no puede garantizar ni consentir la impunidad. Tampoco debe perder su autoridad en lugar alguno del territorio.
Bogotá D. E, 9 de marzo de 2023
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Rubén David Salas Arias* Al expresar un pensamiento, para distinguir lo que se quiere decir (idea previa) y la narrativa (expresión posterior), las formas y los contextos son relevantes en la comprensión del sentido de la palabra. Es así como la política -desde el encuentro social- y la historia, importan en las interacciones comunicativas. En especial, porque subyacen relaciones de poder, el curso de los hechos, y las posibilidades prácticas para la ejecución de acciones resultantes de los discursos -entendidos como el conjunto de enunciados producto del encadenamiento de representaciones-. Sucede que esas herramientas humanas están articuladas e inciden en la formación de las narrativas y la construcción de la realidad.
Un ejemplo sobre la relación entre una representación y su sentido se encuentra en la obra de arte “La traición de la imágenes” de René Magritte -el icónico cuadro al óleo sobre lienzo con el enunciado Ceci n´est pas une pipe (Esto no es una pipa)-. La pintura evidencia que en la cotidianidad lo que se quiere decir no necesariamente está reflejado en la encadenación de representaciones explícitamente; por lo que, las expresiones serían una construcción de ideas ajenas a la realidad práctica. Esto generaría una brecha comunicativa que impediría la ejecución de acciones correspondientes con las ideas previas. Para lo cual, se debería acudir a especificaciones más precisas que ayuden a expresar el pragmatismo de los hechos -hay una representación de una pipa, no una pipa-.
Cada palabra -como representación- contiene una promesa de significado según ideas provenientes de la subjetividad del deseo; por lo cual, no es extraño que el sentido de las expresiones con intención de comunicar se explique por un carácter “sentimental”. De ahí que en los discursos se quiera llegar a esos sentimientos y movilizar las pasiones. Sin embargo, en esa movilización se podrían cegar los sentidos y la razón, presentándose espacios para el engaño consentido y la mala interpretación, propiciando la decepción y el desdén por la realidad ante promesas incumplidas.
Por tal motivo, es importante tener conciencia sobre a qué atiende la palabra usada en un discurso. Esas representaciones hiladas en expresiones no son la mera ejecución de una narrativa. Componen un origen, una idea y una percepción de realidad, la cual no necesariamente se expresa de manera total (siempre es aproximada). Debido a que hoy es difícil acudir al sentido exacto desde el origen, y de ahí representar lo real. A su vez, porque la inmediatez demandada en la actualidad no da espacios para las reflexiones a conciencia.
Es así como las palabras funcionan como un engaño práctico, al cual los usuarios del lenguaje acuerdan hasta qué punto se dejan enredar. Por lo tanto, cuestionemos la forma de representación de la realidad y los hechos subyacentes en los usos del lenguaje por medio de los discursos. Hagamos un análisis de las relaciones de poder en las que participamos y la historia que nos define, con la finalidad de encontrar un punto de satisfacción para el entendimiento y la comprensión de los discursos y sus narrativas evitando malentendidos comunicativos. Tras el juicio reflexivo está el sentido de la palabra.
Bogotá, D. C, 9 de marzo de 2023
*Economista y Estudiante de Maestría en Economía de la Javeriana
Twitter: @RDSalasA
Correo:
Por Humberto Tobón*.-El trabajo de los congresistas de la región RAP Eje Cafetero, ha permitido que sea posible que iniciativas esenciales para la integración territorial, estén vinculadas al proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Gustavo Petro, que se discute actualmente en el Congreso.
Las infraestructuras logísticas especializadas de La Virginia y La Dorada, se mantienen en el Plan, dada la importancia que ellas van a tener en los procesos de internacionalización de la economía. La de La Virginia, tiene el potencial de convertirse en una desconsolidadora de mercancías y plataforma agroindustrial y agrologística; en tanto, la de La Dorada, es fundamental para acercar el centro con el Caribe, a través de transporte multimodal.
Entre los proyectos que le dieron vida a la RAP Eje Cafetero en 2018, está la necesaria interconexión férrea, lo que implica solucionar primero los problemas jurídicos del Tren del Pacífico, que permitirá la conexión entre Buenaventura con el corredor central de La Dorada – Santa Marta, uniendo de paso a Tebaida y La Virginia con esta línea. Estos proyectos ferroviarios, adicionados al Tren de Cercanías entre Armenia, Pereira y Manizales, figuran en el texto del Plan de Desarrollo.
También están en el articulado de los proyectos estratégicos regionales, las conexiones viales a través del Corredor Chinchiná – Mariquita, el trayecto Pereira - Dosquebradas, los conectores entre vías del Samán Cerritos – Colibries y el mejoramiento y rehabilitación del corredor Chinchiná -Mariquita – Honda.
Figura el reasentamiento de viviendas por la ola invernal y se destaca que el gobierno nacional esté pensando en un sistema supradepartamental de la gestión del riesgo, que para el caso de la región RAP Eje Cafetero, ya fue aprobado por parte del consejo directivo, integrado por los gobernadores de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima.
Se compromete el Plan con la construcción del aeropuerto del Café y el mejoramiento de los otros que funcionan en la región. A esto se suma un plan de fortalecimiento de la red vial terciaria, para poder integrar el sector rural con los mercados urbanos, lo que es vital en el proceso de darle viabilidad a un campo productivo.
El trabajo de los congresistas permitió revivir el proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales en Pereira, así como la construcción de un teleférico en Salento y un cable aéreo en Armenia.
En la discusión del Plan de Desarrollo en el Congreso, quedan varias tareas para asegurar que otros proyectos regionales sean aprobados. Uno de ellos, es el plan de intervención del paisaje cultural cafetero, que a pesar de ser respaldado por una ley, está por fuera. Lo mismo sucede en el plan de protección del parque nacional natural de Los Nevados, sobre el que pesa una acción legal emitida por parte de la Corte Suprema. A esto, se suma el hospital regional de cuarto nivel, que ya tiene recursos en fiducia, apertura de licitación de obras y espacio presupuestal para 2023.
Pereira D. C, 1 de marzo de 2023
* Economista de la Universidad Libre. Estudió Administración Financiera en la EAN y Comunicación Social en la U Jorge Tadeo Lozano. Subgerente de Planeación Regional de la RAP Eje Cafetero
*Estos conceptos no comprometen a la RAP Eje Cafetero, de la que soy subgerente de planeación regional.
Por Juan Camilo Restrepo*.-Ante la inminencia de un bajonazo en el crecimiento económico en 2023 se empieza a hablar por algunos de la necesidad de un plan contra cíclico. Pero mencionan un plan al estilo tradicional, es decir, de mayor gasto público para contrarrestar la caída de la economía. Lo que sería una profunda equivocación.
Lo que necesitamos con apremio es que el gobierno Petro deje de arrinconar al sector privado como viene haciéndolo, y que no pretenda sustituirlo con mayor presencia gubernamental. Tal es el verdadero plan anticíclico que debe implementarse para este año de menesteroso crecimiento económico. El gobierno Petro debe entender que el sector público no tiene dinero ni capacidad administrativa para ejecutar todo lo que está proponiendo. Y que el concurso del sector privado resulta por tanto indispensable.
Todos los datos provenientes del sector privado son alarmantes. El instituto colombiano del petróleo, por ejemplo, anuncia que los planes de inversión de este sector con relación al 2022 decaen 33% en 2023. La Andi a su turno informa que los planes de inversión de sus afiliados han caído 25,5% con relación al año anterior.
El Plan de Desarrollo que empieza a discutir el Congreso es un inventario prolífico de anuncios de más y más programas estatales, en donde brilla por su ausencia el sector privado. La desafortunada y peor pensada congelación de los peajes en este año ha traído como consecuencia un retraimiento preocupante del sector privado para participar en nuevos contratos de concesión, sin los cuales se verán gravemente comprometidos los emprendimientos de nuevas obras de infraestructura. Los pocos intentos que se hacen se ven obstaculizados con una maraña de consultas que atrasan o hacen imposibles los emprendimientos privados.
El manotón estatizador que se adivina sobre en el sector de los servicios públicos lanza un manto de duda sobre el futuro de los particulares para coadyuvar con el Estado -como lo autoriza la Constitución- en la prestación y manejo de los servicios domiciliarios.
La catarata de reformas tan anunciadas y poco explicadas que asoman en el horizonte son en el fondo una madeja de nuevos programas estatizantes, en los que el sector privado está casi siempre ausente. Según los últimos estimativos la reforma laboral encarecería entre un 30% y un 35% la generación de empleo. Empujando aún más al país hacia una informalidad sin retorno ni arreglo.
Todo esto lo está percibiendo el mercado internacional que está cobrándole a Colombia los índices más altos de la región para prestarle dinero.
No hay que olvidar que el actor principal en la recuperación económica que tuvo lugar en 2022 fue el sector privado. Los hogares utilizaron aceleradamente sus ahorros, y fue el consumo de los particulares la gran palanca del buen crecimiento económico. No fue el estado ni su gasto público el que lo hizo.
Pero el sector privado está apaleado. Ha debido recibir sobre sus espaldas dos gravosas reformas tributarias que ahora se han acumulado una tras otra (la del último semestre del gobierno Duque y la del primero del gobierno Petro), y encima de eso recibe todos los días epítetos descomedidos del actual gobierno. Debe recuperar sus tasas de ahorro y ante todo la confianza.
Ese es el verdadero plan contra cíclico: que el gobierno actual deje de considerar al sector privado como un convidado de piedra. Y empiece a entenderlo como un aliado indispensable en el desarrollo. Cosa que hasta ahora no ha hecho.
Bogotá, D. C, 5 de marzo de 2023
*Abogado y Economista. Exministro de Estado
Por José Félix Lafaurie*.- Las negociaciones con el ELN no pueden perder de vista su razón de ser, porque la paz no es un intangible, sino un bien público materializado en “la gente”, que en los campos espera liberarse del yugo de los violentos para garantizar el control territorial que sostiene sus rentas ilícitas, y en las ciudades está a merced del microtráfico.
Es “la gente” ese principalísimo objetivo, por el que debemos preguntarnos qué espera Colombia de las negociaciones y cuáles deben ser sus prioridades; todo ello a partir de una convicción: Esto tiene que salir bien, pues otra ruptura con el ELN no es una opción.
Del segundo ciclo quedará una agenda acotada y avanzado el punto de “participación de la sociedad en la construcción de paz”, valorado por el ELN como denominador común de la agenda. Sin embargo, siento que la prioridad debe centrarse en encontrar “elementos transformadores” para cumplirle a la Colombia rural que soporta el mayor peso de la violencia.
No es tarea sencilla, porque la participación y las transformaciones en el territorio deben ser, primero: acotadas con realismo, pues la aproximación a la paz total no es cuestión de un día ni responsabilidad exclusiva del Estado o del ELN, sino una construcción social compleja pero alcanzable.
Los ganaderos cumplimos
Segundo: deben traducirse en acciones tempranas que le devuelvan la confianza al país, pues cuando la esperanza se pierde, las sociedades, como las personas, caen en comportamientos extremos que las alejan aún más de la paz.
Tercero: deben responder a un diagnóstico realista, no ideologizado ni político, de la Colombia rural olvidada, que nos confirmará que “la paz de la patria pasa por la recuperación del campo”.
Cuarto: Así como la participación de la sociedad debe abrir puertas al entendimiento de la realidad rural, las acciones transformadoras deben impactar los territorios, pues la paz no es solo ausencia de violencia, pero el silencio de las armas es condición para su construcción colectiva, y es en el campo donde generar opciones dignificantes de vida alejará a sus habitantes del narcotráfico y la violencia.
El mejor argumento es el ejemplo y, por ello, convendría emprender un “piloto de paz” en una región golpeada por la pobreza y la ilegalidad, a partir de un modelo de participación que convoque a los actores sociales y oriente una gran Brigada de Acción Integral del Estado y la sociedad civil, para producir transformaciones “medibles” en empleo, escolaridad, salud, etc., y también en reducción de homicidios, extorsión, área sembrada, etc.
A partir de ese mensaje de SÍ SE PUEDE, replicar el piloto requerirá una “gobernanza rural”; una acción diferenciada del Estado para una realidad también diferente, que propicie el progreso y las oportunidades, asestando un golpe a la ilegalidad y la violencia.
Solo así dejaremos atrás el abandono y “la gente” sentirá que, de verdad, la paz está cerca.
Bogotá, D. C, 4 de marzo de 20223
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Por José G. Hernández*.- No es bueno para el presidente de la República, para la estabilidad de la rama ejecutiva, ni tampoco para el país, ver a unos ministros descalificando públicamente el trabajo de una de sus colegas. Por mucha razón que tengan respecto a cualquier actividad, proyecto o programa gubernamental, el camino indicado no es la división del equipo de gobierno ante los medios de comunicación, sino el debate interno.
En nuestro criterio, el espectáculo que en los últimos días han ofrecido algunos altos funcionarios a propósito del proyecto de ley que reforma el sistema de salud no es edificante. Es inconveniente, y rompe la unidad del gobierno, generando su desprestigio, menoscabando su credibilidad y causando inseguridad en la ciudadanía.
Como lo hemos subrayado en otras ocasiones, a la luz de la Constitución Política es el presidente de la República, en su calidad de jefe del Gobierno, el llamado a dirigir, coordinar y conducir todo lo que atañe a la adopción de las grandes directrices, iniciativas y orientaciones de la administración, desde luego escuchando y dando lugar a la previa controversia interna, pero sobre la base de su liderazgo, en cuanto es él quien resultó elegido por el pueblo en las urnas. No los colaboradores que escogió. Precisamente, para ese efecto de coordinación y acuerdo interno han sido previstos los consejos de ministros, en cuyo seno habrán de ser presentadas diferentes propuestas sobre la acción gubernamental, para su deliberación, con la participación de todos.
Como en todo órgano estatal, no necesariamente hay posiciones unánimes, particularmente en asuntos de suyo controversiales. En ningún gobierno -ni en Colombia, ni en el mundo- se puede exigir la unanimidad. Habrá discrepancias, correcciones y necesidad de acuerdos, pero, concluidas las discusiones, quien tiene la última palabra es el jefe del gobierno. Una vez decide el presidente, ha sido señalado el rumbo por el cual debe seguir todo el conjunto. Si las discrepancias de alguno o algunos miembros del gobierno son de tal magnitud que se hace imposible conciliar, y no pueden apoyar al presidente, lo normal es que renuncien, como hace unos meses ocurrió en la Gran Bretaña, y como lo hemos visto en otros países.
Hacia el exterior, ante la ciudadanía, cuando ya se han adoptado las decisiones y han sido establecidos los puntos esenciales de las políticas, programas y proyectos oficiales, el Gobierno es uno solo, y las discrepancias, dudas e inquietudes han quedado resueltas. Como expresa la Constitución, tales funcionarios asumen responsabilidad y deben ser solidarios con el Gobierno o salir de él.
Ahora bien, no es leal con los colegas filtrar a la opinión pública las discrepancias que han tenido lugar en su interior y que ya han quedado resueltas. Los ministros y directores de departamento administrativo deben actuar de consuno, porque son un equipo. Está muy bien que obren en colaboración armónica, pero dentro del debido respeto a las competencias.
Según el artículo 208 de la Constitución, cada ministro y director de departamento administrativo es jefe de la administración “en su respectiva dependencia”. Bajo la dirección del presidente, formula las políticas “atinentes a su despacho”, dirige la actividad administrativa y ejecuta la ley.
Bogotá, D. C, 3 de marzo de 2023
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Amylkar D. Acosta M*.- Frente al alza desmesurada de las tarifas de energía, ya es tiempo de que pasemos de la protesta a las propuestas. Me atrevo a plantear algunas para su discusión y disernimiento:
Primero, titularizar los recursos esperados en los próximos 5 años, del FONDENERGIA, creado por la Ley 2099 de 2021, que pueden superar los $280.000 millones al año, aproximadamente, constituir un capital autónomo con esos recursos y con ellos financiar programas de formalización que contribuyan a la reducción del fraude y el no pago de la factura de energía.
Obviamente, su implementación se haría con el apoyo y acompañamiento de gobernadores y alcaldes. Otra fuente de financiación de este programa está en los recursos que por $14.8 billones, que tomó el Gobierno Nacional para financiar el Fondo de emergencia durante la pandemia del Sistema de regalías y que deberá reintegrar a las regiones. Huelga decir que las inversiones que se hagan con estos recursos no irían a la tarifa que paga el usuario final.
Segundo, a medida que mejore el recaudo y la calidad de la cartera, gracias a las acciones anteriores, ello se debe reflejar en una baja en las tarifas en lugar de ir a mejorar el P&G de las empresas prestadoras del servicio. Este sería un gana-gana, para las empresas y para los usuarios!
Tercero, debería emprenderse ya, sin tardanza, un Plan de choque, que comprometa al gobierno nacional, a los departamentales y municipales, para la instalación de paneles solares en los techos de las viviendas de los estratos 1, 2 y 3, con lo cual se podrá reducir el valor de sus facturas de energía en un 30%, aproximadamente.
Cuarto, el Congreso de la República debería revisar y reajustar los kilovatios correspondientes al consumo de subsistencia, que sirve de base para la asignación del subsidio al consumo, subvencionado via presupuesto nacional, dado que lo que se reconoce actualmente (173 KWH mes) no consulta la realidad de la región Caribe, cuyas condiciones climáticas obligan a los usuarios a un mayor consumo básico de energía, el cual supera los 200 KWH mes .
Finalmente, un aspecto primordial que debe contemplarse en estos ajustes que deberán hacerse es el que tiene que ver con el cargo por restricciones contemplado en la fórmula tarifaria, toda vez que, después del indexador y de las pérdidas reconocidas, en el caso de la región Caribe, es el otro factor que viene presionando el alza de las tarifas de energía. Como es bien sabido las restricciones son causadas por atrasos en la ejecución de los proyectos, ya sea de generación o de transmisión. Deberían asumirlas los responsables de las mismas y no los usuarios.
Como se recordará, la Resolución CREG 035 de 1995 dejó establecido que el costo total de las restricciones la asumieran por partes iguales los generadores y los comercializadores. Pero, posteriormente, mediante la Resolución 063 del 2000, modificatoria de la anterior, le cargó la totalidad de las restricciones a los comercializadores y por ende a los usuarios que desde entonces la vienen asumiendo íntegramente como uno de los componentes de la fórmula tarifaria. De manera que está en manos de la CREG su desmonte.
Pari pasu con estas medidas se debe avanzar tanto en materia regulatoria como en el diseño y operación del mercado mayorista, ambos deben ser repensados y ser objeto de una reingeniería para responder a los nuevos retos y aplicar las lecciones aprendidas después de casi 30 años de su concepción y puesta en marcha. De hecho la CREG es consciente de ello y ha venido proponiendo ajustes estructurales en procura de que se cuente con señales mucho más eficientes en la formación de precios en el mercado mayorista, lo cual deberá redundar en beneficio de los usuarios.
Ello tiene que ver tanto con la manera como se transa la energía en Bolsa como en lo que respecta al despacho diario, al mercado intradiario, concomitantemente con el mercado en tiempo real, así como la tarifa – horaria y de contera ganar en eficiencia en toda la cadena.
Ello le daría una mayor flexibilidad y dinamismo a cada día de operación. También hay que meterle la mano a los servicios complementarios que permitan el acoplamiento y la integración de las fuentes no convencionales de energía renovables (FNCER), de tal suerte que estas le sirvan de respaldo a las fuentes convencionales (hídricas y térmicas) y estas a aquellas.
Como lo afirma el experto Comisionado de la CREG José Fernando Prada, se trata de “una revisión total de las reglas de funcionamiento con más oportunidades de transacciones, con despachos vinculantes para que se hagan operaciones comerciales en firme en las que se tenga más certeza de los precios de la energía y que tengan más oportunidades para que se puedan ir ajustando las ofertas y que esto refleje las características de todas las plantas”. De esta manera se optimizará el despacho y la operación del Sistema en beneficio de los usuarios, que deberán estar en el centro de esta reforma que se ha venido “cocinando” a fuego lento.
Bogotá, marzo 4 de 2023
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
www.amylkaracosta.net
Por Rubén David Salas Arias*.- La visión del desarrollo económico por décadas se convirtió en un objetivo para muchos países. Varios entraron en el reto y, acompañado de un significativo crecimiento de sus economías, lo lograron con unas políticas económicas pertinentemente alineadas a dicha misión -de acuerdo con un análisis histórico de indicadores de crecimiento y desarrollo podemos pensar en los casos nórdicos (Noruega, Islandia, Finlandia, Dinamarca y Suecia) y asiáticos (Japón, Corea del Sur y Singapur)-. Ese camino siempre será un desafío, porque requiere de reformas estructurales sensatas, un análisis íntegro de la capacidad productiva de la economía y políticas redistributivas con sentido social. Lo bueno, es que la experiencia registrada por las ciencias económicas permite evaluar y repensar las estrategias para tener éxito en la tarea -claro está, si se quiere revisar esas experiencias y aprender de ellas-.
Ampliando el panorama para acrecentar el reto, aparece una nueva arista del desarrollo y es agregar la visión de sostenibilidad. El crecimiento económico debe ser equitativo y de largo plazo. En ese proceso, el papel del Estado está en formular políticas que orienten los resultados económicos con unas características de sustentabilidad, eficacia y equidad. Es decir, se anexa la visión de la protección del medio ambiente y que la intervención estatal debe ser lo más puntual y pertinentemente posible, corrigiendo las fallas de mercado que se presenten desde un amplio conocimiento de los propios mercados.
Las economías tienen que crecer para contar con recursos suficientes para solventar una visión de desarrollo. Esto se logra con la planeación de un país desde un ejercicio multidimensional que comprende un compromiso a largo plazo. Para ello, la participación de los actores sociales es crucial en la promoción y protección de acuerdos en los que subyace una alineación de incentivos en beneficio de toda la población.
En el proceso de la búsqueda del desarrollo, la semilla de la prosperidad está en la inversión tanto privada como pública. Esta funciona como el fuego de las posibilidades de producción, no sólo porque sirve para incentivar proyectos, sino para innovar -el núcleo para el crecimiento económico y la promoción de ingresos-. La inversión desde el desarrollo financiero funciona como un ejercicio de asignación de recursos de manera orgánica que viabiliza la transformación de medios para la producción. La innovación tecnológica es aquella estrategía que optimiza el uso de los recursos, reduce costos, amplía la capacidad productiva, abre nuevos mercados y favorece el bienestar de la población.
Para lograr una innovación tecnológica que fundamente el crecimiento y el desarrollo económico a largo plazo, hay un conjunto de ámbitos para invertir desde una visión de política social: la educación, el trabajo y la salud.
En el primero, el sector educativo es crucial para formar el futuro, porque es el lugar en el cual se prepara a la población para relacionarse con el mundo y las herramientas que les permiten transformarlo. Allí se diseminan los conocimientos de técnica así como de aprovechamiento de la tecnología para contar con un óptimo uso de los recursos y lograr ventajas en la oferta de bienes y servicios. Además de ello, en el marco de la sustentabilidad, pensar en estrategias para la producción consciente en la protección del medio ambiente. Si una sociedad no cuenta con un sistema educativo robusto, puntual, actualizado y en continuo cambio, el mundo la dejará atrás.
En el segundo, el mercado laboral es un reflejo de la capacidad para asignar el recurso del trabajo para ofertar bienes y servicios, a su vez, de la población para recibir ingresos como resultado de la producción. Una población en condición de desempleo implica el desaprovechamiento de mano de obra con potencial de empleo. También refleja un grupo que no recibe los ingresos para garantizar su bienestar. Esto está relacionado con la capacidad de la economía para crear empresas que demanden empleos, y también depende de la capacidad de la academia para formar trabajadores con los conocimientos necesarios para entrar en el mercado laboral. La salud del mercado laboral está atada a la del sector educativo, porque la academia es el insumo para el trabajo. Entonces, debemos conocer qué requiere el mercado laboral e invertir en esas demandas -capacitación-.
En este caso, démosle una mirada a los resultados de las evaluaciones internacionales en temas como: lectura, matemática y ciencias. La palabra funciona como un medio para comunicarnos y expresarnos, y la matemática junto con las ciencias como herramientas para comprender y transformar el mundo. El corazón de la innovación tecnológica está en la capacidad de desenvolvimiento en estas áreas del conocimiento, para repensar y reformar los medios de producción, así como saber comunicarlo al mundo e incluso estar a la vanguardia para no rezagarse en el ámbito productivo.
En ese sentido, también es necesario tener presente la capacidad de la población para conectarse con otros países a partir del dominio de idiomas, ampliando sus posibilidades de interacción, conocimiento y comercio. En ese aspecto se destaca el manejo del inglés como un idioma “universal” -e incluso para el caso colombiano del portugués, porque tenemos un vecino con una economía enorme y capacidades de levantamiento de capital interesantes, con el cual no sabemos hablar-.
En el tercero, el sector de salud garantiza que la población va a estar bien, ofrezca al máximo su potencial de vida y disfrute de la prosperidad resultante de la entrega. Si se protege la salud, esto implicaría una población sana y que no se necesiten altos recursos para recuperar lo pérdido. Además, la ausencia de una salud plena es uno de los determinantes de la pobreza y la desigualdad, debido a que no permite una nutrición adecuada, un desarrollo cognitivo óptimo y, por tanto, resulta en una menor capacidad de recibir ingresos -trampa de pobreza-.
La búsqueda del desarrollo es un deseo de prosperidad social, una obra a múltiples manos que requiere del compromiso de una comunidad en la perseverancia por un futuro mejor. La semilla está en la asignación de recursos desde la inversión tanto privada como pública, con el objetivo de proteger los sectores productivos y fomentar la innovación tecnológica. Este será el fuego del crecimiento y el desarrollo económico. El núcleo estará en la inversión social en educación, salud y empleo, acompañado de una visión de sustentabilidad ambiental, un juicio fiscal que garantice sostenibilidad, así como una tarea en la reducción de la pobreza y la desigualdad, y otros ámbitos más. Los resultados tomarán tiempo porque es una visión a largo plazo, pero el resultado será el bienestar de la población.
* Bogotá, D. C, 28 de febrero de 2023
*Economista y Estudiante de Maestría en Economía de la Javeriana
Twitter: @RDSalasA
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Por Juan Carlos Echeverry*.- Hemos puesto demasiada fe en la política y hemos construido una imagen del presidente como garante de esa fe, otorgándole un halo de omnipotencia, invencibilidad y lejanía de miras, que hace imposible que una persona de carne y hueso pueda ser tanto y poder tanto.
Los votantes esperamos que nos dé salud, pensiones, seguridad en calles y campos, educación a los niños y empleo a los jóvenes, prosperidad a las empresas y regiones y redención a los barrios deprimidos. En fin, ese ser sobrenatural debe poder todo lo divino y lo humano.
Por un hecho aún más incomprensible, aparecen promeseros de paraísos que dicen estar a la altura de la tarea. Que cambiarán todo para bien y crearán paraísos de leche y miel para todos. Solo hay que votar por ellos. Acto seguido, buscan apropiarse de las platas grandes de la economía: todo lo que va a la salud, casi todo lo que va las pensiones, lo que sobreviva del petróleo a pesar de su animadversión, y finalmente más y más impuestos.
Con inocencia fingida, votamos como si ignoráramos que los impuestos y la deuda no alcanza para tanto; más grave aún, que esa persona comandará un Estado inepto, amorfo, insensible, dedicado a servirse a sí mismo, a contratar a hijos, sobrinos, nietos, amantes y amigos de la Corte del presidente y de los senadores, representantes, gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. Un estado dotado y dirigido así jamás podría ni lejanamente aspirar a satisfacer tan elevadas aspiraciones. Ese juego de mentiras, unas piadosas y otras atroces, es lo que constituye la esencia de la democracia actual.
Al encarnar el cambio de manera casi Evangélica, esa persona se acompaña de personas (imagino) bien intencionadas, pero inconscientes de la arquitectura del Estado, carentes de un entendimiento mínimo de su tubería, la que lleva el agua potable a las casas y desagua las aguas hervidas; una noción elemental del cableado eléctrico del edificio social, que hace que la luz llegue a los bombillos cuando se prende el interruptor, y de la plomería para que el gas encienda las honrillas; de cómo los pacientes son tratados de sus dolencias y les llegan medicamentos y tratamientos por sistemas de pagos que permiten cubrir a casi la totalidad de la población; del arrevesado sistema que extrae y convierte moléculas del subsuelo y las transforma en combustibles para llenar los tanques de carros, camiones en las gasolinera, los aviones en los aeropuertos y los buques en los puertos marítimos, además de producir un sinnúmero de materiales que van desde fertilizantes para la agricultura hasta plásticos para la vida cotidiana. Etcétera.
Cuando se desconoce la arquitectura económica, los cambios estructurales parecen ser fáciles y rápidos. En una de esas, con tanto cambio súbito y precipitado, demuelen una columna estructural y se les viene abajo la casa.
Al calor de tanto ímpetu transformador piden facultades extraordinarias. Si no se las otorgan, la culpa de no lograr tan meritorias metas y cambios sería del congreso o las cortes, y no del gobierno. Si el Congreso y las cortes no acceden, acudirán a la calle, y en ella al poder popular. El problema es que la calle no la maneja nadie. No es de nadie, y no aguanta de nadie su desencanto.
Por eso hoy países desarrollados (Gran Bretaña) y emergentes (Perú) sufren cada día ante el peso de las calles enardecidas. Esa sucesión de eventos lleva al caos de presidentes fusibles o al totalitarismo. Es la forma como la democracia se estrangula a sí misma.
Bogotá, D. C, 20 de febrero de 2023
*Economista. Ph.D. en Economía de New York University, estudios en Economía Internacional en el Instituto de Economía Mundial, en Alemania, y de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Exministro de Hacienda y Expresidente de Ecopetrol.
