Opinión

Por Paloma Valencia Laserna*.- La reforma a la salud del presidente Petro destruirá un sistema que para que funcione nos ha tomado unos 40 años. Las EPS son el corazón del sistema.

La ley 100 creó las Entidades Promotoras de Salud-EPS-. Las EPS son aseguradoras que pueden ser públicas, privadas o mixtas. El Estado solo le da a cada EPS un valor fijo al año de 1,2 millones de pesos por colombiano no importa cuánto valgan los medicamentos y procedimientos. Esto ha logrado que tengamos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Somos el segundo país de la OCDE con precios más bajos en el sistema de salud y ocupamos el segundo puesto de ciudadanos que menos usa gasto de bolsillo en salud. El sistema les da acceso gratuito a los colombianos al 93,6% de los medicamentos listados en el país y al 96,9% de los procedimientos. De igual manera, el sistema tiene un reaseguro llamado “reservas técnicas” que hoy equivale a 8 billones de pesos.

Las EPS tienen varias funciones fundamentales: gestión y auditoría, que con la reforma quedarían a la deriva. Las EPS garantizan el acceso y se encargan de organizar la red para conectar al afiliado con las IPS-Clínicas y hospitales-. Verifican la IPS -alta, mediana o baja complejidad-, hacen seguimientos de los tratamientos y tienen el historial clínico de los pacientes. La reforma a salud destruye esto para pasarnos a todos a un sistema estatal. Las EPS se acaban.

La idea simplista de la ministra Corcho es que los recursos de toda la salud, de todos los colombianos los maneje el Estado a través del ADRES. Una entidad que sería pagadora y tendría niveles en los municipios y departamentos.

Si pasa la reforma, los colombianos tendrían que ir a unos centros de atención primaria a “afiliarse” y esperar que desde ahí les den las citas, los medicamentos, los redirijan a centros más complejos.

Las EPS hacen las negociaciones de largo plazo para establecer los precios de todos los servicios (exámenes, consultas, medicamentos, etc). Los incentivos ayudan a que se busquen los procedimientos de mejor costo-calidad para los pacientes. A las EPS les ha costado 30 años aprender a negociar y establecer precios fluctuantes en el mercado. Experiencia que se pierde con la reforma. La solución de Corcho es mala.  Remplazaría esta negociación con un manual tarifario. Es decir, le pagarían lo mismo a un buen hospital que a uno malo, lo que llevaría a que toda la calidad descienda.

Además, las EPS auditan las facturas de las IPS y hacen los pagos correspondientes. Esto impide la sobre-facturación, verifica que el servicio se haya prestado y sobretodo, evalúa que el procedimiento sea lo que el paciente requiere. Lo que evita que la plata se la roben, como se roban algunos de los dineros del SOAT.

Con la reforma el sistema se quedaría sin asegurador ni auditor independiente. Ahora será el Estado que de manera directa girará los recursos a Hospitales y Clínicas por medio de la entidad ADRES. Está se dividirá regionalmente y será administrada por un Consejo dónde estarán los alcaldes y gobernadores. Le van a entregar la plata de la salud a los políticos. Esto sumado a que el Gobierno entregará el 80% de los recursos sin verificar la autenticidad de las facturas. Hoy las secretarías de salud territoriales no han logrado verificar ni el 3% de las facturas en el 2018 y 2019.

Sin auditor, los médicos tendrán unas juntas autorreguladoras para que ellos mismos determinen si es mucho o poco lo que están recetando.

El gobierno también dará prioridad a los medicamentos que se produzcan en el país así sean de menor calidad y más costosos que en el exterior. El sistema de salud estatizado de Petro será un agujero negro de recursos.

No podemos controlar la corrupción en las ESEs y hospitales públicos, y ahora ampliaremos su campo de acción sobre los recursos de todo el sistema. No solo es arriesgado, sino que además deja por fuera el enorme problema de ineficiencia que tiene el Estado. Pero la fiesta burocrática promete apoyo en el Congreso: crearán 5.167 nuevas entidades gubernamentales con la reforma.

Los colombianos no tendrán libre elección sobre clínicas y hospitales; ni podrán escoger entre prestadores privados o públicos. Quedamos todos en lo público, con su corrupción, su ineficiencia y su alto costo. La sola construcción y organización de los Centros de Atención Primaria le valdrán al Estado 25 billones de pesos. ¿Cuánto costará las otras 5 mil entidades?

Bogotá, D. C, 19 de febrero de 2023

*Senadora del Centro Democrático.

Por Amylkar D. Acosta M*.- Si Colombia renuncia prematuramente y en solitario a los hidrocarburos como una “señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático”, como lo anunció la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez en Davos, con qué vamos a suplir las divisas que dejarían de percibirse y los ingresos que dejarían de recibir los departamentos y municipios. Ninguno de los países petroleros en el mundo se está planteando dejar de firmar nuevos contratos de exploración y producción (E&P). Por el contrario, Noruega, principal productor y exportador de petróleo y gas de la Unión Europea está ofertando 92 nuevos bloques para la exploración. Y ello, no obstante contar con un Fondo soberano, que no tiene Colombia, de US$1.4 trillones, alimentado por la explotación de los hidrocarburos. El Reino Unido, por su parte, hace apenas unas semanas abrió el proceso para adjudicar un centenar de nuevos contratos de E&P.

Cabe preguntarse también cómo asegurar los 350.000 barriles/día que demandan las dos refinerías para garantizar el abastecimiento de combustibles. Bien dijo Aldoux Huxley que “los hechos no dejan de existir porque se ignoren”. La única forma de mantener y/o incrementar la producción de crudo es acrecentando las reservas probadas, que son las únicas con las que se puede contar a ciencia cierta y ello no será posible si se frena la exploración. En ese sentido, como dice el adagio popular, vale más un pájaro en mano que cien volando!

Desde luego que el país no se puede resignar a seguir dependiendo, como depende, de la actividad extractiva del petróleo y el carbón, a sabiendas de que en el largo plazo la demanda se va a contraer y para entonces sobrevivirán para entonces los productores con menores costos, entre los cuales no está Colombia. Se impone, entonces, la necesidad de acompasar la Transición energética con una estrategia de Transformación productiva, con el propósito de diversificar la economía y la canasta exportadora. En ello coincido con la Ministra cuando afirma qué hay que “no sólo se trata de una transformación en la matriz energética, sino de generar otras economías a escala nacional y a escala local”.

Pero, ello toma su tiempo y demanda ingentes inversiones. Según estudio de FEDESARROLLO, liderado por el experto Juan Benavides, el costo anual de la Transición energética hacia el año 2035 sería del orden de los US $38.000 millones y la única fuente de financiamiento con la que cuenta actualmente el país es justamente la que se tiene en la actividad extractiva, por más que se le abomine. Como suele decirse entre los economistas, no hay almuerzo gratis!

A Chile, por ejemplo, le tomó 25 años para convertirse en uno de los mayores exportadores de frutas a nivel mundial, para no depender sólo de las exportaciones de cobre, que son del orden de los US $53.424 millones, que representan el 40.5% de sus exportaciones totales y sus ingresos por cuenta del mercado de las frutas ronda a lo sumo los US $4.800 millones, el 25% de lo que le ingresa a Colombia por concepto de sus exportaciones de petróleo (¡!).

Una actividad a promover, dentro de ese esfuerzo de diversificación, es el turismo, pero el reto es enorme, si tenemos en cuenta que hoy por hoy los ingresos que generan esta actividad le significa a la Nación ingresos  del orden de los $4.94 billones, el 17.2% de los dividendos que le gira ECOPETROL a la Nación, que son del orden de los $28.56 billones, sin tomar en consideración lo que le reportan las exportaciones de carbón. El esfuerzo para que este sector logre posicionarse como el gran generador de empleo e ingresos es gigantesco y en ello tanto el gobierno central como las entidades territoriales deben emplearse a fondo para lograrlo. El tiempo apremia!

Lo que no se puede es dar un salto al vacío volteándole la espalda a los hidrocarburos cuando aún no tenemos al alcance de la mano otro sector, otra fuente de crecimiento, empleo e ingresos que lo sustituya. No podemos dejar lo cierto por lo dudoso. Colombia se tiene que cuidar de no incurrir en el mismo error de Alemania, que se apresuró a apagar las plantas térmicas de generación de electricidad y los reactores nucleares sin contar con la capacidad de generación suficiente a partir de FNCER, para después tener que volver a encenderlas. Y ese error lo está pagando caro. Nada nos ganamos con acelerar en neutro. Otra lección de la crisis energética que afronta Alemania y en general los países que integran la Unión Europea es que tanto o más importante que la seguridad energética es la soberanía energética, para no estar a expensas de otros países.

Finalmente, tenemos que decir que así como es de importante que la Transición energética sea justa, única manera de que sea sostenible, también debe ser responsable. Como lo aconsejó el Presidente Luis Ignacio Lula da Silva, “mientras no tengas energías alternativas seguirás usando la energía que tienes”. Esta es una verdad de perogrullo. Como lo advirtió, con mucha antelación a la actual crisis energética global, el premio Nobel de economía Joseph Stiglitz, se requiere “una transición tranquila y eficiente”, a riesgo de enfrentar “una transición caótica” y, añadiría yo, traumática. Para evitarlo sólo basta tener una buena dosis de sensatez, realismo y pragmatismo.

Santa Marta, febrero 19 de 2023

Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Por José Félix Lafaurie Rivera*.- Un anónimo maestro rural, en Labranzagrande, Boyacá, vereda Guayabal-Cueta, confinado en una escuela desvencijada y sin servicios, viviendo y durmiendo solitario en lo que también es salón de clase, el día que colapsó su contacto con la modernidad, un panel solar, decidió pedir ayuda y decir “Aquí estoy, también soy colombiano”, pensando más en sus cinco alumnos que en su bienestar, para que, en sus palabras, “en un futuro sean personas que le sirvan al país”.

Germán Yanquén personifica la grandeza de su profesión y la resiliencia de quienes habitan la “Colombia profunda”, no porque estén en los confines del país, pues menos de 100 kilómetros separan a Labranzagrande de Sogamoso, importante ciudad industrial, sino porque esa “profundidad” tiene que ver más con el abandono que con la distancia.

Con lo que le quedaba de señal, Germán llamó al programa social de La W y, con su historia, produjo la solidaridad que surge cuando le ponemos rostros a la pobreza. Apareció una planta solar y muchas cosas más, entre ellas una empresa que decidió levantar una nueva escuela, sin importar las dificultades ni el número de alumnos.

Aunque parezca relato decimonónico, se necesitaron cuatro meses y ¡1.200 viajes! a lomo de mula, apoyados por los vecinos y el Ejército, para transportar materiales por trochas que eran, quién lo creyera, mejores en la Colonia, cuando los jesuitas fundaron estos pueblos y construyeron caminos para transportar ganado entre Casanare y la capital, los mismos que soportaron el paso del ejército libertador, los que, desmejorados y peligrosos, transitan los alumnos de Germán.

Hoy Cueta tiene una hermosa escuela, pero su situación anterior es la de miles de escuelas rurales en todo el país, y la educación una de las muchas carencias del campo, abandonado a su suerte por el que, con acierto, Julio Sánchez calificó como “un aparato estatal lento e ingrato”.

Esta historia no termina ahí, sin embargo. El DANE publicó las cifras de crecimiento de 2022, con incremento del PIB del 7,5%; buena cifra, aunque el globo se desinfla al desentrañar la realidad sectorial, cuando menos para el sector agropecuario, el único con crecimiento negativo (-1,95%), y se desinfla aún más para la ganadería, la actividad de los padres de los estudiantes de Cueta, con cifras negativas en los cuatro trimestres de 2022, comparados con los de 2021, lo cual confirma las cifras de FEDEGÁN, de una caída del 5,2% en la producción de leche y del 5,8% en el sacrificio de ganado.

Estas cifras “frías”, traen detrás unas causas, generan consecuencias e imponen retos. Detrás sigue estando el abandono del Estado y de la sociedad, con destellos que iluminan la esperanza, como el que ya vimos. La ilegalidad y la violencia que imperan en la Colombia profunda, y con ellas la pobreza y más abandono, siguen siendo la consecuencia del abandono mismo.

No pude evitar referirme a la historia de Germán en la plenaria de la Mesa con el ELN, en México, para significar que el reto de las negociaciones es buscar caminos para articular recursos y voluntades que permitan introducir elementos transformadores de la realidad rural.

De lograrlo, avanzaremos en un Gran Acuerdo Nacional que, con transformaciones visibles, desarme a los violentos y devuelva la esperanza a los colombianos de esa otra Colombia, que tienen derecho a una vida digna.

Entretanto, Germán Yanquén, ese colombiano del común que logró hacer oír su voz en medio de sus limitaciones, debe ser inspiración para todos: Gobierno, sectores económicos y sociales y, también, para el ELN. Con su actitud y su ejemplo, la esperanza no será esquiva y la paz será posible.

Bogotá, D. C, 18 de febrero de 2023

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Juan Camilo Restrepo Salazar*.- La tasa de cambio por debajo de $ 5.000 está pegada con alfileres. Si éstos se caen, podríamos llevarnos una desagradable sorpresa en los próximos meses. Son varios los factores que le están dando fragilidad a la almohadilla de los alfileres cambiarios.

El primero es la inestabilidad. El gobierno Petro no ha logrado darle un rumbo estable a la política ni a la economía. El presidente se la pasa cazando peleas inoficiosas por Twitter, mientras los grandes asuntos nacionales siguen sin definirse. La revista “The Economist” dedicó en su última entrega un largo editorial al estilo de trabajo de la administración Petro del que no sale nada bien librado.

Uno de los aspectos más criticados por la revista inglesa es el método errático que utiliza Petro para manejar algunas de sus políticas: un día se anuncia una cosa, al siguiente se matiza, y a la postre se termina pactando con los contradictores. El caso del metro para Bogotá es paradigmático. Pero igual sucede con los anuncios epilépticos sobre política energética, EPS y servicios públicos. Asuntos que quizás terminarán ajustándose, pero en el entretanto se habrán perdido preciosas semanas en desgastantes polémicas que parecen encantarle al presidente.

Si el Plan de Desarrollo se aprueba en el Congreso (o si se expide por decreto en el evento de que se venza el término legal para que sea aprobado mediante ley) al gobierno no le va a quedar tiempo sino para reglamentarlo y desarrollarlo. Se piden cerca de doce facultades extraordinarias que deben ser utilizadas a lo largo del 2023 para los asuntos más disimiles, y se crean decenas de programas -y aún entidades nuevas- cuya organización devorará al escaso tiempo que le queda a este desorganizado gobierno. Se acentúa la vía estatizante y se minimiza el papel del sector privado.

Al paso que a la coalición de gobierno se le observan profundas grietas se supone que deberá tramitar en esta legislatura nada menos que un presupuesto adicional, las hasta ahora ignotas reformas pensional, a la salud, y laboral, además de otra decena de proyectos de ley como el de la justicia. Menuda tarea de cuyo éxito depende una gran parte de los alfileres cambiarios. Tampoco hay claridad sobre los costos que tendrán estas reformas. Por ejemplo, la ministra Corcho dice que el de la reforma a la salud será cero o insignificante, al paso que otros cálculos hablan de cuarenta billones (dos reformas tributarias). El ministro de Hacienda debe hacer claridad sobre el costo fiscal de esta catarata de reformas que llegan al congreso. Es su responsabilidad.

Hablando del Plan de Desarrollo llama la atención que allí se señale la intención de gubernamental para empezar a aplicar un arancel llamado “inteligente”, cuando el manejo de todo lo concerniente con el arancel corresponde a la órbita presidencial. Esta es una de las pocas materias que por disposición constitucional no requiere de ley: como se hizo recientemente con el arancel del 40% para textiles y confecciones.

El anuncio del arancel inteligente que trae dicho Plan y que no parece tener un IQ muy alto, puede ser el inicio de una cerrazón inconveniente de la economía lo mismo que de estímulo adicional al contrabando. Tanto más si se sigue ignorando a alguien al que poco se consulta en estas materias: el consumidor.

Siguiendo con el Plan llama mucho la atención el artículo 55 que proponer el “registro universal de ingresos” que llevará Planeación nacional con el propósito plausible de refinar la focalización de subsidios y de la oferta de ayudas sociales. Lo dudoso sobre esta iniciativa es que ella se apoyará, entre otras fuentes, en una “autodeclaración universal de ingresos”, de conformidad con reglamentación que expedirá el departamento de planeación. Quedan varias incógnitas: ¿La autodeclaración será obligatoria? ¿Está el departamento de planeación en capacidad de manejar una autodeclaración universal de ingresos de todos los ciudadanos que habitan el país? ¿No se va a asustar la gente de que está información sirva para propósitos fiscales?

A todas estas la inflación sigue altísima -no ha empezado a declinar como se había previsto- e igualmente altos continúan el déficit en la cuenta corriente y las tasas de interés.

Otro alfiler que está bailando es el de la “paz total”. No ha resultado fácil intentar pescar la paz con atarraya, es decir simultáneamente con varios grupos criminales y con el Eln, en vez de hacerlo con anzuelo como se había hecho en ocasiones anteriores.

Los tumbos que se dieron con el hijo de ‘La gata’ la semana pasada a quién finalmente se le despojó de la condición erradamente otorgada de facilitador y la tremenda confusión que se ha armado con unos ceses al fuego mal diseñados y peor anunciados con los grupos de delincuencia organizada como el de las disidencias de las Farc (que se anunciaron desde el pasado 31 de diciembre del 2022 pero que solo hasta ahora se divulgan), muestra que en esto de “la paz total” estamos caminando por el estrecho desfiladero de la confusión total. Y, recordémoslo: éste es el principal alfiler del que está colgada la estabilidad cambiaria.

Bogotá, D. C, 18 de febrero de 2023

*Abogado y economista, abogado, político y economista colombiano, especializado en derecho económico y administrativo. Exministro de Estado.

Por Fernando Cepeda Ulloa*.En ocasiones olvidamos que países muy exitosos son resultado de políticas migratorias muy generosas que, con el tiempo, han venido siendo limitadas, por razones obvias. Estados Unidos, Canadá son ejemplos emblemáticos. Y en América Latina: Argentina, Chile, Uruguay, Brasil.

Colombia, históricamente, ha sido muy hostil o indiferente frente a las corrientes migratorias. Casi que podríamos recitar los nombres de las familias extranjeras, alemanas, suizas, italianas, etc. Lo propio podría decirse con respecto a la comunidad judía. La proliferación del secuestro hizo que esas pequeñas olas migratorias se detuvieran o que muchos se fueran del país. Nos hemos beneficiado, en gran medida, pero de muy pocos migrantes, por ejemplo, en la vida académica. Venezuela fue un país muchísimo más abierto que Colombia.

De la noche a la mañana la grave situación venezolana nos trajo un número impensable de migrantes, algunos citan la cifra de tres millones. Quizás la migración más significativa y permanente ha sido la de los sirio-libaneses, particularmente en la Costa Caribe. Muy exitosa. Diría que cambiaron la manera de hacer política, no precisamente en el mejor sentido. Han contribuido a desarrollar industria y no han sido ajenos a las labores agrícolas.

Al mismo tiempo, hemos sido un país que ha generado olas migratorias muy significativas, por ejemplo, hacia Venezuela antes de que se instaurara el régimen chavista. Se trataba de un país rico frente a Colombia. Millones de colombianos llegaron allá. Quizás la migración más sofisticada salió hacia Estados Unidos, huyendo del secuestro, la violencia y el desempleo profesional. El número de médicos colombianos que desempeñan altas posiciones en hospitales y universidades no ha merecido un análisis cuidadoso y no se toma en cuenta para el mejoramiento de la prestación del servicio médico entre nosotros. Entiendo que la clínica Luis Carlos Sarmiento ha hecho un esfuerzo meritorio en ese sentido y seguramente otras de alto nivel, como la Cardio Infantil o la del Valle de Lili, en Cali. Me ha sorprendido mucho el éxito de abogados colombianos que han sido contratados por bufetes, firmas y universidades en los Estados Unidos.

Cuando se examina el éxito o fracaso de algunas olas migratorias latinoamericanas es de rigor mencionar el éxito de los cubanos en Estados Unidos, en todos los campos, incluyendo el político, y, claro está, el académico. Lo primero que exportó Fidel Castro fue la élite intelectual y empresarial cubana. Hablaban inglés, tenían contactos en Estados Unidos, conocían el medio. Al respecto hay estudios muy reveladores. Más que una carga fueron gran contribución.

Años después llegarían muchas ondas de “Marielitos” que iban en busca de supervivencia pero que también han hecho importante contribución en sectores que los necesitaban. No sé qué ha ocurrido con la migración venezolana de alto nivel. El Programa de Becas Ayacucho formó miles de profesionales en las mejores universidades. Supongo que el régimen chavista despreció todo ese talento. Y Colombia no creo que lo haya aprovechado suficientemente; espero no equivocarme a este respecto.

Los migrantes colombianos son hoy una fuente vital de ingreso. Constituyen, preferiría no hablar así, uno de los principales productos de exportación. Contribuyen con diez mil millones de dólares al año. Varias reformas tributarias. Y al buen manejo de estas remesas contribuyó desde sus inicios, Manuel Orozco, un funcionario del Diálogo Interamericano, quién como nadie conoce el tema en todas sus dimensiones. Gracias a él ya no es tan costoso, como lo fue, el envío de estas remesas. Miles de familias colombianas dependen de estos giros.

Bogotá, D. C, 18 de febrero de 2023

 *Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado.

Por Juana Yolanda Bazán Achury*.- Para analizar la justicia social tomaré planteamientos de Nancy Fraser, feminista norteamericana, quien considera que el análisis de la justicia, desde la perspectiva moderna requiere, la redistribución (donde se ubicarían los problemas relativos a las estructuras políticas y económicas) y el reconocimiento  (donde se ubicarían problemas de índole cultural) En el mundo real las economías de lo cultural y político se encuentran entrelazadas y por lo tanto todas las luchas contra la injusticia implican exigencias de redistribución y reconocimiento.

Las trasformaciones culturales por lo general se mezclan con los cambios económicos. Por lo que se podrían identificar dos concepciones amplias de injusticia: la socioeconómica, arraigada en la estructura político-económica de la sociedad como la privación de bienes y servicios necesarios para una vida digna o la marginación económica propia de los trabajos indeseables.

La otra la injusticia social, arraigada en los patrones sociales de representación, interpretación y comunicación, por ejemplo, la dominación cultural de una sociedad androcéntrica y patriarcal que con frecuencia considera a las mujeres solo por sus diferencias con los varones y a su vez se define por la construcción autoritaria de normas que privilegian los rasgos asociados con la masculinidad:  Encaja en lo que se ha llamado como el sexismo cultural que no es otra cosa que: la difundida devaluación de aquellas cosas que se codifican como femeninas que se expresan en un conjunto de lesiones que sufren las mujeres, entre ellas el ataque sexual, las explotación sexual y la difundida violencia doméstica e incluso el feminicidio.

El modelo citado, ha privilegiado a los varones en la toma de decisiones en los espacios públicos y privados, lo que dificulta en muchos ámbitos el acceso real de las mujeres a los servicios y la posibilidad de relaciones más igualitarias con los hombres.

Injusticia cultural es el no reconocimiento, es decir, hacerse invisibles a través de prácticas representativas, comunicativas e interpretativas propias de los varones, dejando a menudo en la marginalidad a las mujeres, tanto en el reconocimiento de sus necesidades específicas como el clásico uso que hacen las mujeres en la protección y cuidado de otros, ya de los hijos, los padres, los esposos y de todos aquellos que demandan cuidados especiales.

Tanto la justicia cultural como la económica, están difundidas en la sociedad si bien hay una franja que se ve mayormente afectada, pasa por las mujeres campesinas que en un alto porcentaje tiene un enorme atraso socio-cultural también, mujeres que no han podido acceder a la educación, y las que, pese a estar en grandes ciudades no han tenido posibilidades de incorporarse de manera real a la sociedad, permaneciendo en la marginalidad y la pobreza extrema.

Este tipo de injusticia, la cultural y la económica, se perciben a través de las normas que se institucionalizan en el Estado y su economía, estableciendo desventajas que impiden la participación igualitaria en la construcción de la cultura en las esferas públicas y en la vida cotidiana.

Uno de los avances más importantes conseguido por las mujeres, en el concierto internacional, ha sido el reconocimiento de los derechos humanos, como parte inalienable e indivisible, esto implica una serie de obligaciones para los Estados, al adoptar en sus legislaciones, los tratados internacionales.

Los Estados deben respetar, garantizar, y proteger sus derechos, enriqueciéndolos en su interpretación y alcance, de acuerdo a las expectativas de vida propias en cada una de sus regiones.

En Colombia, se expresan tales compromisos en los artículos 1 y 13 de la Constitución Política y en la ratificación y adopción de los tratados internacionales.

En las constituciones y tratados Internacionales, algunos de carácter jurídico y otros que expresan consensos internacionales sobre sus derechos: la convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención de Belén Do Para, el Plan de Acción de el  Cairo y la Plataforma de Acción de Derechos Humanos Beijín, todos incluyen verdaderos compromisos de Estado para legislar en materia de equidad de forma permanente y trasversal a las políticas pública, en lo nacional y regional.

Estos instrumentos ratificados por nuestro país, pretenden mejorar las condiciones de las mujeres en todos los ámbitos sociales y culturales, teniendo presente que el enfoque de los problemas de las mujeres desde los Derechos Humanos, implica que la dignidad como base de los mismos, elimine las inequidades existentes en su vida.

Ello supone que las mujeres se auto determinen, puedan tener control sobre sus cuerpos y sexualidad, y en  todas las esferas de su vida  desarrollando con ello, los dos elementos  fundamentales  de los derechos humanos: la libertad y la igualdad,  superando la falta de balance  entre los miembros  privilegiados de la sociedad y los no empoderados,  en el caso de la mujeres,  parte del creciente reconocimiento  de la exclusión, opresión y subordinación injusta,  a través de estereotipos de género practicados desde las instituciones.

En el abordaje de los derechos humanos, es fundamental reconocer todas las necesidades de las mujeres, desde su condición de dadoras de vida, en un marco de integralidad que supone la atención durante todo el ciclo vital.

Todo lo anterior, nos lleva a una concepción compleja de la equidad de género, que supone unir los pensamientos de la igualdad y la diferencia. Debemos trabajar para   erradicar la pobreza y la explotación; propugnar por la igualdad en el ingreso y garantizar el respeto, tanto en lo público como en lo privado.

En nada avanzamos si no establecemos, en forma contundente, las condiciones necesarias para nuestra participación verdadera en la sociedad, aniquilando la cultura patriarcal, de lo contrario, los hombres continuarán representando la norma de lo humano.

Bucaramanga, 17 de febrero de 2023

* Abogada con especializaciones en Derecho Comercial, Alta Gerencia, Derecho Constitucional y Parlamentario y Derecho a la Información. Exrepresentante a la Cámara por Santander.

Por Rubén David Salas Arias*.- Alguna vez Jorge Luis Borges enunció una memorable frase sobre la democracia describiéndola como: “…una superstición, basada en la estadística…” debido a que “…Toda la gente no entiende de política, como no podemos entender todos de retórica, de psicología o de álgebra…”. El enunciado comprende un sentido irónico y ofrece una seria reflexión sobre este sistema de elección política.

La observación evidencia una enorme grieta en la pared que se trata de evitar de mirar y resulta imposible. Es interesante describir a una institución como una “superstición”. En el fondo es algo más allá de la realidad práctica porque comprende una forma ideal. Pero, qué sucede cuando caen los dioses, así como podrían estar cayendo ese tipo de ideas (institucionales). Los hechos quedan en manos de los mortales.

En ese proceso de "caída" como consecuencia de los recientes resultados electorales en múltiples escenarios políticos del mundo, en los medios hay afirmaciones como que la democracia está en crisis por cuenta de la polarización, la facilidad en la manipulación de la opinión pública, la desconfianza, la abstención electoral, la toma de vías de hecho como medios para expresar necesidades, entre otras circunstancias más.

Varias de las problemáticas suceden por falencias en la representatividad democrática. Usando otra frase de Borges, puede que la democracia llegue a ser “…un abuso de la estadística…”, porque entre la agregación de individualidades perdemos esas expresiones particulares en favor de una generalidad, la cual incluso no llegaría a ser universal, y no sería efectivamente la voz de la totalidad de la población -si es posible alcanzar esa idea-.

Aunque, del ejercicio democrático destaco la posibilidad de llegar a acuerdos públicos dejando al yo en favor de unos otros para crecer en comunidad, y si no rescatamos eso; entonces, qué más se puede hacer. En ese sentido, si evidenciamos unas problemáticas, estas tienen que ser atendidas por la propia sociedad. A menos que las elecciones políticas las deleguemos en manos de terceros -incluso privados- y perdamos la libertad de elegir.

Si hay problemas de polarización, las propias instituciones y los ciudadanos propiciemos espacios de diálogo para llegar a acuerdos sin conflictos. Si hay problemas de manipulación de la opinión pública, la población tiene que contar con mecanismos para verificar la precisión de la información, así como espacios para generar opiniones críticas con apertura al diálogo, y la información debe verificarse por agencias independientes con recursos suficientes para ello. Si hay problemas de abstención electoral, busquemos mecanismos que incentiven el interés por la política y la participación de nuevos liderazgos que atraigan a esas poblaciones. La confianza se recupera desde actos puntuales y en esto confluye que la solución está en manos de la ciudadanía.

Para finalizar, la democracia es un llamado a la elección libre y está compuesta por una serie de reglas para cumplir a cabalidad por los seres políticos. Esa libertad de elegir está acompañada por la responsabilidad de respetar los resultados y de hacerse cargo de la elección propia, incluso para aquellos que se consideran “apolíticos” y supuestamente no eligen -Sobre esto último, ser “apolítico” no tiene sentido porque las decisiones que se tomen desde un aparato institucional influyen sobre todas las formas de vida-. Es así como desde cada una de nuestras individualidades que hacen parte de un conglomerado social podemos promover la comunión llegando a acuerdos desde distintas orillas. En ese proceso está la esencia de la democracia no como una mera elección, sino como un reconocimiento entre múltiples alternativas, oportunidades y posibilidades de existencia. Resulta que en la vida en sociedad es imposible no entender de política, la vivimos a cada día en nuestras interacciones de manera directa e indirecta: opinando, participando, decidiendo, ejerciendo poder, asumiendo posiciones de estatus, entre otras situaciones políticas en la convivencia en el hogar, el trabajo, el transporte, los espacios públicos, etc. Tan solo hay que familiarizarnos con ese hecho de la vida en sociedad para, ante cualquier situación de elección, reconocer que somos capaces de decidir con propiedad.

Bogotá, D. C, 18 de febrero de 2023

*Economista y Estudiante de Maestría en Economía de la Javeriana

Twitter: @RDSalasA

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Por Mario Ramírez Arbeláez*.-Los seres humanos, sensatos y pacíficos jamás estaremos de acuerdo con las guerras, conflictos y confrontaciones armadas entre países o entre sectores de una misma nación.

Somos ajenos a la violencia y a resolver las diferencias por las armas. Por eso no nos gusta la guerra que soterradamente y en cuerpo ajeno propiciaron y lograron que se iniciara entre Rusia y Ucrania.

A Ucrania la están utilizando como carne de cañón, como trompito de poner o como ratón de laboratorio, para medirle las fuerzas a Rusia y ver como la debilitan ante una posible gran confrontación internacional.

No se oyen voces de paz, ni de acuerdos, son voces que solo hacen anuncios de más y más armas de todo tipo para escalar el conflicto y mantenerlo en el tiempo. Llegan armas de última generación, tanques, aviones, lanza cohetes, drones, para probarlos y ver qué tan posicionadas están para están confrontaciones y estos envíos están obviamente auspiciados por los fabricantes de armas. Que son los que al final ganan en las guerras porque venden sus productos de muerte.

Y esta confrontación, entre Rusia y Ucrania, se veía venir por las intenciones de occidente de rodear y acercar sus armas cada vez más cerca de las fronteras de Rusia y Ucrania que se prestó para ser el puente final.

Los Estados Unidos han presionado a los países latinoamericanos para que cambien su posición neutral en el conflicto de Ucrania y presten asistencia técnico militar y personal armado a Kiev.

Moscú se ha venido acercando a la región, por varias vías, especialmente durante la pandemia de Covid-19 cuando las naciones ricas acapararon las vacunas, el Kremlin supo responder presente: la Sputnik V fue la primera vacuna en llegar a Argentina, Bolivia, Nicaragua, Paraguay y Venezuela.

Rusia, tiene presencia en Brasil, Argentina, Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia, incrementado su influencia en  los últimos 10 años con base en la estrategia de proyección global.

Esto hace que la amenaza de extender el conflicto a la región, está latente, entre Rusia y los países miembros de la Organización Trans Atlántica. Aunque ningún país latinoamericano, se ha alineado incondicionalmente con Rusia frente a su operación militar especial en Ucrania y pese a la enorme presión estadounidense, el hiperconflicto hibrido, solo se desarrolla, en el territorio de Ucrania. Por eso todo el mundo está tranquilo, mientras la guerra y los muertos sean en otro lugar y mejor, si es bien lejos.

A pesar de que Latinoamérica no es un actor relevante en el escenario de las tensiones geopolíticas ocasionadas por el conflicto Rusia-Ucrania, esta nueva situación global impacta a América Latina y el Caribe porque los precios de todas las materias primas que producen Rusia y Ucrania, se han disparado. En particular, el petróleo y el gas. Pero también varios metales: aluminio, neón, titanio, níquel, cobre, hierro, paladio. Algunos productos alimenticios: trigo, aceite de girasol, maíz. Y también los fertilizantes y el sector turístico se están viendo fuertemente afectado porque podría hacer perder, unos 500.000 mil visitantes y miles de millones de dólares.

El presidente Colombiano, Gustavo Petro , El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el presidente brasileño, Lula da Silva, el presidente argentino, Alberto Fernández y Nicolas Maduro de Venezuela , se pronunciaron  en contra del envío de armas a Ucrania y abogaron por la neutralidad de los países que no están involucrados en el conflicto.

Petro aseveró que América Latina, en vez de escoger entre los bloques de potencias mundiales, tiene que optar por la paz y construcción del diálogo.

La guerra, está trayendo consecuencias impredecibles para Latinoamérica y el resto de continentes, ante la posibilidad de que esta se extienda a las dos superpotencias, enfrentamiento que pondría en riesgo la supervivencia de los humanos en el planeta tierra.

Bogotá, D. C, 18 de febrero de 2023

*Abogado y Periodista.

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Por Gabriel Ortiz*.- Finalmente, y tras 7 meses, se dejó ver el proyecto de reforma de la salud, que muy pocos hasta ahora han auscultado, pero de la cual todos hablan, tratan de entender y mucho para explorar.

La piedra angular que se suponía, serían las EPS, no desaparecieron, aunque les metieron un “tijeretazo” que persigue, según el gobierno, quitarle los aportes que entregan hoy a las IPS. Había cierta razón para hacerlo, debido a las quiebras, desapariciones y casos de corrupción que se han presentado. A las clínicas y hospitales, será la Adres, (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) la que surtirá esos dineros.

Hay de todo en el proyecto que debe estudiar, modificar y aprobar el legislativo, cosa que obligará a todos los parlamentarios a profundizar en las letras grandes y menudas que contempla el documento que, el presidente Petro dio a conocer el lunes.

Hay mucha tela para cortar y alcanzar un entendimiento, despejar las conjeturas que surgieron en estos 7 meses, sobre la calidad de la salud en Colombia. Unos la consideraban la peor del mundo, mientras otros con válidos argumentos la calificaban, respaldados con estadísticas internacionales, como una de las mejores del planeta.

Se incluye un nuevo sistema de atención a los pacientes, con novedosos Centros de Atención Primaria CAP, que atenderán a unas 25 mil personas y familias en una misma zona, y en la Colombia Oculta, que según sus padecimientos podrán ser trasladados a centros complementarios para ofrecerles tratamientos más avanzados.

Contempla la autonomía médica, que era objetivo principal que querían eliminar las EPS, y plantea la “dignificación de los trabajadores de la salud”. Establece la autorregulación, con ética y evidencia científica. Condiciones laborales justas y dignas y facilidades para que se actualicen y alcancen una educación continuada y de calidad para todos los trabajadores de la salud. Proyecta crear universidades de la salud en territorios apartados y abandonados.

Hay pues de todo, como en “botica”. La medicina prepagada, también tiene sus renglones que la dejan prácticamente en iguales condiciones a las de hoy.

Algo que destaca, aunque existe en los centros de salud más avanzados del país, es el establecimiento del sistema de información pública disponible en línea y la aplicación de la inteligencia artificial.

Deja sin embargo rendijas e intersticios, con unas comisiones intersectoriales departamentales, distritales y municipales determinantes sociales en salud. Es decir, una puerta abierta para la corrupción que manejarían gobernadores y alcaldes, con sus jefes políticos.

Será mucho lo que tendrán que analizar parlamentarios, gobierno y opinión, antes de entregar facultades extraordinarias al presidente, menos ahora, cuando enardecido pide al pueblo, a ese mismo que lidera para alcanzar la “paz total”, levantarse para imponer sus reformas, cuando existen mecanismos constitucionales y democráticos para lograrlo, sin llegar al Estado de opinión.

BLANCO: El FMI pide a Colombia diversificar sus exportaciones.

NEGRO: El presidente debe comprender que en Colombia aún la prensa es libre.   

Bogotá, D. C, 16 de febrero de 2023

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por José G. Hernández*.- Son varios los asuntos de especial importancia sobre los que habrá de ocuparse el Congreso durante el presente año. Provenientes de la iniciativa gubernamental, los legisladores deberán resolver sobre los proyectos en materia de diálogos y procesos orientados a la búsqueda de una paz total, el Plan Nacional de Desarrollo y las reformas al sistema de salud, a la administración de justicia -entre otras-, y hay varias propuestas de ley y de reforma constitucional que han tenido origen en los partidos políticos, tanto los que apoyan al Gobierno como los independientes y de oposición.

Además, se ha anunciado que, en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, el Ejecutivo solicitará al Congreso facultades extraordinarias, entre varios propósitos más, para regular las condiciones especiales de reclusión de los miembros de pueblos y comunidades indígenas; crear, escindir, fusionar, suprimir, integrar, o modificar la naturaleza jurídica de entidades de la rama ejecutiva;  modificar los objetivos, funciones, estructura orgánica y régimen jurídico de las entidades de la misma rama; capitalizar las empresas que se creen, fusionen, escindan o integren; establecer las condiciones de aporte de capital de la Nación; crear la entidad pública de la rama ejecutiva nacional que utilice su infraestructura para la prestación de servicios de salud, la investigación en salud, así como reglas para su funcionamiento; regular los usos alternativos de la planta de coca, los usos alternativos del cannabis y los fines medicinales, terapéuticos y científicos de sustancias psicoactivas, y otros numerosos asuntos objeto de la función legislativa.

Tanto el Gobierno como los senadores y representantes deben tener en cuenta el sentido estricto que, para este tipo de facultades, contempla el artículo 150-10 de la Constitución, toda vez que nuestro sistema democrático -si bien es presidencial, no parlamentario- confía al Congreso, como regla predominante y básica, la función legislativa. La atribución presidencial de expedir decretos con fuerza material de ley se encuentra contemplada con carácter limitado y taxativo, según definición expresa que debe hacer la norma habilitante. Se excluye toda extensión, generalización, afinidad o analogía. 

Como ha subrayado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, “la institución de las facultades extraordinarias conferidas por el Congreso al Ejecutivo está caracterizada por su sentido restrictivo en cuanto son excepcionales, ya que la función legislativa corresponde, por cláusula general de competencia, al Congreso de la República”.

Ello -dice la Corte- significa que, mediante una ley de facultades no se confiere al presidente una investidura legislativa general, sino que “se lo comisiona por el Congreso para actuar en calidad de legislador respecto de asuntos precisamente definidos, de modo que, cumplida la comisión se entiende agotada la facultad” (Sentencia C-514 de 1992, entre otras).

El Congreso no puede trasladar al Ejecutivo -de modo amplio e indeterminado- sus atribuciones legislativas. Solamente caben las facultades extraordinarias “cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje”, como lo advierte perentoriamente el precepto constitucional. Las facultades deben ser precisas, de suerte que el Gobierno, al ejercer una función que normalmente no es suya, ha de obrar estrictamente ceñido al texto legal que lo autoriza.

La importancia misma de los asuntos arriba mencionados exige evitar cualquier motivo de inconstitucionalidad.

Pereira 15 de febrero de 2023

*Expresidente de la Corte Constitucional