Opinión

Por Humberto Tobón*En casi todas las universidades se tienen instalados, en sitios especiales, hileras de hornos microondas. No son para experimentos académicos, sino para calentar la comida que llevan los estudiantes. Es común ver a los jóvenes, sacar de sus maletines cajas plásticas con su almuerzo.

Esto de llevar alimentos al sitio de trabajo es común entre las trabajadoras de confecciones, los obreros de construcción y las empleadas domésticas. A ellos se están sumando los estudiantes, los empleados de bancos y almacenes, funcionarios públicos y profesores.

Esto sucede, en gran medida, porque el dinero que perciben ya no les alcanza para comprar alimentos en los restaurantes, lo cual obliga a que los tengan que preparar en casa y llevarlos al trabajo. A esto se agrega, que la cantidad y calidad de alimentos en el hogar ha disminuido sustancialmente, generando un problema de desnutrición, que está afectando especialmente a los niños.

¿La razón? La inflación, ese concepto económico que habla de un aumento constante de los precios, y que para muchos era del lenguaje exclusivo de los economistas, se metió de lleno en la vida de todos, no sólo en Colombia, sino en el mundo, y está causando estragos en la capacidad de compra de las familias, que hacen maromas para subsistir, a pesar de que el salario ha aumentado significativamente en los últimos dos años, pero ha sido insuficiente para responder a una inflación desatada, especialmente en el sector de los alimentos.

El ministerio de agricultura ha reconocido que la presión inflacionaria se debe a que han disminuido las cosechas por factores como el invierno y la falta de suficientes abonos, la mayoría de los cuales se importan, y que cuando llegan al productor, estos deben pagar precios muy altos, que en oportunidades hacen que prefieran no sembrar, pues no alcanzan a obtener ningún tipo de ganancia.

El ritmo inflacionario no parece ceder. Enero de 2023 tuvo una variación en el índice de precios al consumidor de 1,78% (1,67% en enero de 2022), en tanto, según el DANE, la inflación anualizada fue de 13,25% (6,94% en enero de 2022). La inflación de alimentos llegó a 2,46%.

Si la situación sigue como hoy, el precio del corrientazo se tendrá que incrementar más, y se disminuirán las porciones de comida, porque los artículos que hacen parte del menú se mantendrán por las nubes.

Ya no es tan corriente el corrientazo. Ahora lo que se impone es el portacomida.

Pereira, 2 de febrero de 2023

* Economista de la Universidad Libre. Estudió Administración Financiera en la EAN y Comunicación Social en la U Jorge Tadeo Lozano.

*Estos conceptos no comprometen a la RAP Eje Cafetero, de la que soy subgerente de planeación regional.

Por Rubén David Salas Arias*.- Viejas discusiones se convierten en nuevas discusiones. Algunas se superan con el paso de los hechos y el registro de la historia de los vencedores. Sin embargo, varios temas quedan latentes y se convierten en debates sin fin. Como puede suceder con el debate sobre el rol que debe adoptar el Estado, así como su capacidad y alcance de intervención. En el cual, siempre hay una disyuntiva entre la importancia de lo público en relación con lo privado, y viceversa. Pese a ello, se puede identificar que en el debate se busca atender a una pregunta esencial sobre: Cuál debe ser el papel del Estado en nuestra sociedad.

Es un hecho la existencia del Estado como un conjunto institucional con funciones definidas que desde la soberanía cumple con el objetivo de la organización social. Esto le da un papel importante en las interacciones humanas, porque tiene las facultades para impartir disposiciones sobre cómo debería funcionar la realidad colectiva -no es extraño que por ello sea un botín a capturar para aquellos ansiosos de poder-.

Sucede que cada interacción funciona como un juego con reglas definidas y resultados concretos, pero las reglas pueden ser insuficientes para alcanzar desenlaces en los cuales se de un equilibrio entre la justicia y la eficiencia, o, que en las interacciones existan prácticas no observables de facto que inciden sobre los resultados potenciales de manera desigual. Allí entra este agente tercero a evaluar la posibilidad de ajustar las reglas en función de una visión colectiva, o mejor dicho, la búsqueda del bien-estar social. Su papel es en principio de observador, pero cuando los resultados están desalineados de regulador.

Se espera que las actividades del Estado y su potencial influencia sobre las formas de vida deben estar orientadas con base en la garantía de todo aquello universalmente aceptable para la autorrealización de la vida. En ese ejercicio de organización social, las actividades ejercidas por el Estado se deben analizar por sus diferencias cualitativas en los modos de existencia, es decir, por el sentido que llegan a tomar en un contexto social dado. Lo cual deja de lado si las intenciones de las políticas -y sus políticos- son virtuosas o corruptas. Hay que analizar el panorama desde un sentido amplio que comprenda los múltiples elementos atados con las interacciones sociales o mejor dicho las “reglas de juego” legales o de hecho. Abogando por una intervención de practicidad por conocimiento.

El mundo no se ha construido solamente de buenas intenciones, porque una noble intención ingenua puede desencadenar en resultados perversos, e incluso, una intención maliciosa puede a la larga producir efectos favorables. Es que la confluencia de los múltiples hechos, sus motivos y mecanismos de perpetuación y transmisión son los que terminan dictando los resultados y la realidad.

Con base en lo anterior, cualquier hacedor de política que esté en posesión del marco institucional estatal debe, cual maquinista, entender para qué y cómo funcionan las interacciones, y orientar sus decisiones en función de la práctica existencial de los hombres en función del bien-estar.

Si no se muestra evidencia de ese ejercicio reflexivo, ante cualquier cambio a realizar el Estado regulador no necesariamente va a funcionar como un Estado defensor. Simplemente como un Estado reactivo sin sentido práctico que atiende a caprichos de los gobernantes de turno. En ese caso pierde la sociedad y se propician espacios de inequidad en los que ganan unos pocos, perdiendo la esencia institucional del Estado como agente regulador.

Bogotá, D. C, 13 de febrero de 2023

*Economista y Estudiante de Maestría en Economía de la Javeriana

Por Amylkar D Acosta M*.- En el año 2015 se firmó el Acuerdo de París en el marco de la Conferencia de las partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (COP21), en el cual se fijaron dos objetivos básicos: limitar el incremento promedio de la temperatura a 2 grados centígrados respecto a los niveles anteriores a la primera revolución industrial; segundo, redoblar los esfuerzos tendientes a impedir que el mismo sobrepase el umbral de 1.5 grados a finales de este siglo y tercero alcanzar la carbono – neutralidad en 2050, siendo este último, el de la descarbonización de la economía la clave para alcanzar los otros dos objetivos.

De la Transición energética /Energiew ende) se empezó a hablar desde las postrimerías del siglo pasado, cuando los movimientos ambientalistas reaccionaron en Alemania contra el avance de las instalaciones de reactores nucleares para generar electricidad, derivando posteriormente en el propósito manifiesto de descarbonizar el sector eléctrico migrando hacia fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), sobre todo después del Acuerdo de París.

Este énfasis en la descarbonización del sector eléctrico se explica porque en los países desarrollados, que son los mayores responsables del acumulado en la atmósfera de los gases de efecto invernadero (GEI) y de sus emisiones, tienen en el mismo la mayor fuente de emisiones con el 73.5%. No es el caso de Colombia en donde, a lo sumo, contribuye con el 34% de las mismas, habida cuenta de que el 68% de su capacidad instalada de generación de electricidad es de origen hídrico.

Huelga decir que las emisiones de GEI de Colombia son infimas en comparación con otros países, apenas representan el 0.55% del total de dichas emisiones. Las emisiones per capita de Colombia, alrededor de 1.6 toneladas de CO2 equivalente por persona al año, está muy por debajo del promedio mundial que oscila en torno a 4.5 toneladas e incluso del promedio de Latinoamérica, que tiene un registro de 2.6 toneladas. Dicho sea de paso, en Colombia la mayor fuente de emisiones de GEI está constituida por el cambio de uso del suelo, la agricultura, la ganadería y sobre todo por alarmante deforestación, factores estos que sumados representan más del 55% de las emisiones de GEI. Por ello, coincidimos con el experto ambientalista Juan Pablo Ruiz cuando afirma que Colombia cumpla su compromiso de reducir sus emisiones en un 51% hacia el 2030, “la prioridad nacional debe ser reducir la deforestación, mejorar el manejo de la tierra y reducir la demanda interna de hidrocarburos”.

Además de las particularidades anteriores que acusa Colombia, hay una diferencia fundamental a la hora de definir la Hoja de ruta de la Transición energética  entre aquellos países que dependen de la importación del petróleo, del gas y del carbón y Colombia, que también depende, pero de la producción y exportación de petróleo y carbón, sus dos principales renglones de exportación, superando el 50% de las mismas, así como de la generación de divisas, de ingresos para la Nación, que supera el 20% de los ingresos corrientes de la Nación, por concepto de renta petrolera y dividendos y más del 40% de los recursos para la inversión de las entidades territoriales, provenientes de las regalías que paga esta industria. Y de contera, en promedio, más del 35% de la inversión extranjera directa (IED) es atraída por el sector petrolero. Por todo ello planteamos la necesidad de una Transición energética a la colombiana, que se ajuste a sus particularidades y prioridades.

Las bajas emisiones de GEI por parte de Colombia y la reducida contribución a las mismas del sector eléctrico no la puede llevar a convertirse en el llamado peyorativamente polizón climático, cruzándose de brazos a la espera de que sean otros quienes hagan el esfuerzo tendiente a la descarbonización de la economía, pero tampoco debe asumir el papel de Atlas cargando a cuestas con el resto del mundo. Como bien lo dejó establecido la COP26, el mandato del Acuerdo de París y los compromisos adquiridos por los países que lo suscribieron, entre ellos Colombia, conllevan una “responsabilidad común pero diferenciada”, no se puede prorratear.

La encrucijada para Colombia, entonces, es doble, estamos ante el riesgo de perder la autosuficiencia en materia de hidrocarburos, lo cual la obligaría a importar, afectando nuestra balanza comercial, porque no sólo dejaríamos de percibir divisas por la exportación de crudo, provocando una hiperdevaluación del peso, sino que deberá gastar sus escasas reservas de dólares para importar el crudo requerido para cargar las dos refinerías y evitar poner en riesgo el abastecimiento de combustibles.

Barranquilla, febrero 10 de 2023

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por José Félix Lafaurie Rivera*.- Se sentaron a conversar nuevamente el presidente Petro y el expresidente Uribe, en una reunión que no estaba en la agenda del primer mandatario y tampoco tenía propósito temático alguno; fue más bien un “encuentro”, con todo lo que esta palabra significa para un país de “desencuentros” derivados de la polarización, que no es mala en sí misma, pues estar en polos ideológicos opuestos y pensar diferente no tiene por qué ser sinónimo de violenta enemistad, sino, por el contrario, de complementación y enriquecimiento.

No ha sido así, sin embargo, y por ello este país fracturado se sorprende, acostumbrado a estar dividido por mitades, desde que un gobierno calificó a una de ellas como “enemiga de la paz”, por rechazar en democracia unas negociaciones que entregaron mucho por muy poco, y un Acuerdo que prometió una paz “estable y duradera” que nunca llegó, que violentó la democracia, dejó disidencias instaladas, permitió el crecimiento desbordado de rentas ilícitas en los territorios y, como se ha venido a saber, terminó en el mayor lavado de activos de la historia.

En este país de enemigos, las reuniones entre Petro y Uribe envían un poderoso mensaje, un ejemplo de que es posible llegar a “puntos compartidos” en medio de las diferencias, para llevarlos al “Acuerdo sobre lo fundamental” que necesita Colombia para sanar sus fracturas y avanzar hacia el progreso sostenido y con equidad en todo el territorio, en el campo y en las ciudades, que es el otro nombre de la paz total.

Ese es el significado que percibí en este último encuentro, en el que la conversación y los temas fluyeron con facilidad, quizás porque no estaban preestablecidos; no se trataba de llegar a conclusiones, aunque estoy seguro de que ambos salieron con las suyas. En fin, no se trataba de acordar ni de pactar nada, ni de que Uribe convenciera a Petro de algo, o Petro a Uribe.

Se trataba de lo que el país ha perdido y es importante recuperar, si de verdad pensamos en una “paz total”. Se trataba de HABLAR sin cálculos ni reservas con quien siempre se habían tenido, y lo más importante, de ESCUCHAR a quien siempre se oía sin escucharlo, sin descalificaciones sumarias, con interés por sus argumentos y respeto a la diferencia.

No dudo de que estas conversaciones informales sin agenda previa ayudan a desarrollar relaciones personales que, si bien no se pretende que lleguen a la amistad, si se espera que alcancen para el respeto mutuo, en un ambiente que permita identificar áreas de acuerdo y soluciones creativas a problemas complejos y desafíos políticos, lo que puede ser útil donde las soluciones convencionales han fracasado.

¿Qué más significan estas conversaciones, antes de presentar unas reformas que prometen convulsionar al país? Creo que el Gobierno, con buen juicio, sabe que parte de sus mayorías en el Congreso, no se comportarán como tales frente a temas sensibles, como la salud, y sabe también que tantas y tan trascendentales reformas no se pueden imponer a espaldas del medio país al que el presidente Petro venció por 700 mil votos en las elecciones, cuando estamos en un año crucial de elecciones territoriales.

Así las cosas, las reformas sufrirán las modificaciones que expresan los intereses y expectativas del pueblo representado en el Congreso, como debe ser en una democracia liberal y civilista, no la del “fast track”.

En ese escenario, escuchar a la oposición, limpia de intereses clientelistas, es como mirarse en un espejo que no miente, es tender puentes para lograr reformas que unan al país alrededor de ellas, porque esta patria herida… no resiste más fracturas.

Bogotá, D. C, 12 de febrero de 2023

*Presidente de FEDEGAN

 @jflafaurie

Por Juan Camilo Restrepo*.- Se cuenta que, durante la revolución francesa, cuando pasaban las múltiples manifestaciones de entonces frente a la casa de Danton, éste le decía a su señora: “averíguame contra qué protestan para salir a apoyarlos”.

Ahora, cuando se están convocando por el presidente Petro concentraciones tumultuarias para salir a las calles a apoyar reformas que aún no se conocen, habría un más motivo conocido y urgente para protestar: el mercurio.

El Estado colombiano contrajo solemnes compromisos internacionales para proscribir su uso que se están incumpliendo protuberantemente. En efecto, en 2013, Colombia firmó el convenio de Minamata que estipulaba que para el 2018 el uso del mercurio debería rebajarse a la mitad y para el 2023 debería estar abolido totalmente en labores de minería. Recuerdo muy bien cuando la ley que así lo disponía la hicimos aprobar con toda energía en el congreso de la república. Nada ha pasado, sin embargo. Y, como sucede tan frecuentemente en Colombia, la ley se ha quedado escrita tristemente.

Según datos divulgados recientemente por la Procuraduría, en 85 sitios debidamente localizados se siguen explotando los placeres aluviales de oro a base de mercurio. La tragedia ambiental y sanitaria que ello acarrea se ha ilustrado recientemente con lo que viene sucediendo en Santander y en Bucaramanga. El máximo contenido tolerable de mercurio en el agua para consumo humano es de dos microgramos por litro. En el acueducto de la capital santandereana se han detectado concentraciones mucho mayores: de 55,100 y hasta 163 microgramos por litro, advirtió el gerente del acueducto de Bucaramanga.  Y el procurador delegado Guerrero ha hecho la siguiente aterradora revelación: “desde hace un año se vienen identificando en monitoreos concentraciones de mercurio de hasta 160 veces los límites permitidos en la cuenca del rio Suratá que reciben las aguas en las que se vierten los residuos de las actividades mineras, especialmente del municipio de California” en Santurbán.

Este panorama espectral no es desde luego exclusivo de Santander. Se repite en el bajo Cauca Antioqueño, en el Choco, en Bolívar, en Córdoba, en Nariño, y en otras regiones donde se siguen explotando irresponsablemente a base de mercurio los aluviones auríferos.

Recuerdo con mucha claridad cómo la primera visita que hizo el equipo del presidente Santos el 8 de agosto del 2010 fue a La Mojana, entonces completamente inundada como ahora. La comunidad, sin embargo, para sorpresa de todos los asistentes, lo que le reclamó ahincadamente al presidente recién posesionado no fue tanto por la inundación sino por la ausencia de mano firme contra la explotación minera en el bajo cauca antioqueño cuyas aguas, desbordadas, pero ante todo contaminadas con mercurio, terminaban matando los niños en los municipios de La Mojana.

De esa experiencia nació la idea de impulsar una ley que prohibiera de una vez por todas el uso del mercurio en cualquier clase de minería: grande, mediana, pequeña, formal o informal. Así se hizo con la ley 1568 del 15 de junio del 2013. Pero sus propósitos se han quedado escritos lastimosamente, como queda dicho.

Este descuido gubernamental en hacer cumplir las leyes no se puede escudar con el argumento de que con la pequeña minería de aluvión se debe ser tolerante. Pues resulta que allí se viene concentrando el mayor foco de la mortífera contaminación con mercurio.

Hay que felicitar, por ejemplo, a la fuerza pública por los valerosos operativos que viene desarrollando en comarcas como Timbiquí, Nariño, donde la utilización del mercurio se está haciendo con descaro y a la luz del sol. La destrucción de dragas y retroexcavadoras que allí se viene ejecutando es digna de todo aplauso.

Si Danton viviera en Colombia en estos tiempos nos invitaría a salir a la calle a protestar “con audacia, con más audacia y siempre con audacia”- como él decía en sus discursos- contra la utilización del mercurio en la actividad minera.

Bogotá, D. C, 12 de febrero de 2023

Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por Fernando Cepeda Ulloa*.- Desde hace varias décadas los conocedores de esta parte del mundo llaman la atención para que no se utilice este nombre genérico para referirse a esta subregión del hemisferio occidental. Las razones son muy obvias. México tiene muy poco que ver que Honduras u otros países centroamericanos. Colombia es bien diferente de Bolivia o de Argentina. Chile tiene poco que ver con Venezuela o Brasil. Entonces, siempre es conveniente hacer alusiones muy precisas a los fenómenos que se están describiendo.

Está de moda, por ejemplo, hablar de la nueva izquierda en América Latina. Pero hay una distancia enorme entre el mexicano López Obrador, Ortega en Nicaragua, Maduro en Venezuela, Lula en Brasil, Boric en Chile o Petro en Colombia. Ya el caso de Castillo en Perú hace mucho más evidente esta necesaria diferenciación. Lo que tenemos son muchas versiones que se proclaman como de izquierda o progresistas, pero cuando se examina con cuidado cada caso se llega a la conclusión de que es muy difícil hacer generalizaciones.

Por eso, por ejemplo, el presidente Biden puede invitar a la Casa Blanca al mandatario Lula del Brasil a las pocas semanas de posesionado. No lo habría hecho así con el expresidente Castillo y, mucho menos, con Maduro. El presidente López Obrador no quiso felicitar la presidencia de Biden sino hasta cuando el Colegio Electoral hizo la elección formal. No estoy seguro si fue el único presidente de la región que obró así. El tratamiento que recibe Cuba o Venezuela o Nicaragua es bien diferente del que se le otorga a Brasil o a Chile o a Argentina.

El presidente Petro ha recibido, hasta ahora, un tratamiento muy apropiado por parte de Estados Unidos y su comportamiento frente a esa nación ha sido igualmente amable, cordial como reconociendo no solamente doscientos años de relaciones diplomáticas sino dos siglos de una relación amistosa, no obstante situaciones que habrían podido generar un conflicto de mayores consecuencias en el tiempo.

El funcionamiento de cada uno de los países de la subregión es notoriamente diferente. Ninguno ha sufrido la experiencia de los presidentes peruanos en los últimos años que han sido no solamente judicializados, sino defenestrados como mandatarios. Creo que en el último período presidencial hubo seis. No hay para qué hacer cuentas. Ya se sabe que es una situación muy inestable. Qué contraste con Venezuela, que ya lleva tan solo dos presidentes en 30 años o con Cuba que tuvo a una sola familia gobernándola por 60 años.

En Chile se logró un progreso institucional, económico y social que se presentaba como modelo para el mundo. Eso estalló. Y hoy nadie se atreve a presentarlo de esa manera. Argentina, que exhibía indicadores de progreso superiores a los de Canadá a comienzos del siglo XX, hoy no es comparable, ni de lejos, con esa gran nación y cada uno de los países centroamericanos es significativamente distinto de cualquier país suramericano.

Y Colombia resulta muy difícil de entender para los observadores internacionales. Les cuesta mucho trabajo aceptar su estabilidad política e institucional no obstante lo que ha sido el papel destructor y desestabilizador de guerrillas, carteles de las drogas ilícitas y otras formas del crimen organizado. Su continuidad democrática, su tradición jurídica, su tradición electoral a muchos les parece que no es verdad.

Cuidado con las generalizaciones.

Bogotá, D. C, 12 de febrero de 2023

*Exministro de Estado.

Por Fernando Cepeda Ulloa*.- Casi a diario tengo que controvertir la opinión de personas ilustradas que me aseguran que lo que está haciendo Gustavo Petro es lo que hizo Chávez. Destruir el país, comenzando por su enorme riqueza petrolera. Empobrecerlo. Hasta el punto de encontrar satisfacción en que más de cinco millones de venezolanos constituyan hoy una de las diásporas más grandes en el mundo y, sin duda, la mayor en la historia de América Latina.

Por el contrario, he sostenido que el presidente Petro está buscando mejorar muchas situaciones y que alega, apropiadamente, que propuso un gobierno de cambio, que esa propuesta ganó y que eso es lo que está haciendo. Y muestro cómo la mayoría de los partidos políticos viejos y nuevos resolvieron formar parte de la coalición de gobierno para facilitar la gobernabilidad tan necesaria para ese proceso de cambio.

Pero el supuesto de todos esos apoyos no era la renuncia a opinar sobre esas propuestas ni, mucho menos, la aceptación de que ello pudiera ocurrir por vías inconstitucionales o ilegales. Y en ningún caso, por fuera de nuestras tradiciones democráticas. Que reconocía que Petro había llegado a la Presidencia como un jugador respetuoso de los procesos democráticos. Que había respetado perder y ganar en las elecciones, así hablara infundadamente de un fraude de más de dos millones de votos. Que había respetado la tarea de los congresistas y que él mismo se había lucido como uno de los mejores. Que, en su momento, y no obstante su rechazo a la decisión del Procurador General, aceptó abandonar la Alcaldía de Bogotá, la que luego reasumió por decisión de uno de los Organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y una decisión concurrente del Presidente Santos.

El primer semestre de su gobierno se ajustó a estas expectativas con respecto a un presidente demócrata que llegó a la Presidencia en virtud de un proceso electoral complejo y no como el resultado del triunfo de una guerrilla. Juró cumplir la Constitución y las leyes. Nada nuevo.

Este semestre se anuncia como uno de radicalización de sus posturas políticas. Como que se muestra intransigente, o autoritario o despectivo con respecto a los procedimientos constitucionales del debate democrático. Y por eso llevamos ya varias semanas con la preocupación enorme con respecto al comportamiento democrático y no populista del presidente Petro. Preferimos verlo conversando con el fiscal Barbosa, y no anunciando que le llevará el pueblo al frente de la Fiscalía para forzar algunas decisiones. Que respete plenamente la capacidad deliberativa y decisoria que le otorga la Constitución al Congreso es lo que hoy se reclama.

Por lo menos durante tres décadas se ha implementado un Sistema de Salud que desde sus comienzos mereció los mejores elogios de instituciones tan respetables como el Banco Mundial. Ahora exministros de salud que han convivido con el sistema y han hecho esfuerzos enormes para corregir deficiencias, es el caso de Alejandro Gaviria, han señalado, con el mejor espíritu, los enormes riesgos de la propuesta gubernamental y el expresidente Gaviria, quien propició el sistema existente, ha dicho en forma contundente que esta reforma no es el mejor camino. Y así de otras personas e instituciones que tienen el conocimiento y la autoridad para pronunciarse. Ojalá Luis Jorge Garay les aconseje un excelente sistema anticorrupción.

Bogotá, D. C, 5 de febrero de 2023

*Exministro de Estado.

Por Juan Camilo Restrepo*.- Los últimos días ha aparecido un verdadero rosario de caprichos del presidente Petro. Todos los días aparece uno nuevo, siempre costosos para el fisco, y de muy dudosa utilidad.

Uno de estos embelecos es meter el metro de Bogotá con trazado subterráneo por un buen trecho de la avenida Caracas. Este capricho frente a una obra que ya está licitada, financiada, con predios adquiridos y chinos trabajando, implicaría un sobrecosto -según sea la opción que se escoja- de entre $ 12 y $8 billones, lo que elevaría el valor total de la obra inmensamente. Y retardaría por lo menos seis años la terminación del metro de la capital.

No quiero referirme por el momento a la dudosa justificación que se le ha dado a este embeleco presidencial: preservar el patrimonio arquitectónico y cultural de la avenida Caracas, pues francamente no se entiende qué patrimonio se va a preservar al hacerlo subterráneo y no elevado, tratándose de una de las avenidas más feas y desvencijadas de la capital de la república.

Tampoco voy a entrar a analizar si la nueva propuesta vulnera el principio de la contratación pública que prohíbe que las obras ya adjudicadas se adicionen -sin nueva licitación- en más del 50% del valor inicial.

Voy a referirme solamente a los aspectos fiscales que la ejecución de este embeleco entraña. La línea uno ya tiene el cierre financiero asegurado de conformidad con la ley vigente de metros que estipula que en las obras de transporte masivo la nación pagará el 70% y el municipio donde la obra se realice el 30%. La alcaldesa de Bogotá -con buenas razones- le ha dicho al equipo presidencial que si quieren volver a barajar el proyecto de metro que lo hagan, pero que Bogotá no asumirá un centavo de los costos adicionales que represente el tramo subterráneo.

A lo cual el gobierno central responde orondamente: perfecto, no se preocupe señora alcaldesa. Nosotros introduciremos en la ley del Plan de Desarrollo que se va a tramitar próximamente en el Congreso una autorización para que el gobierno central pueda asumir el 100% de los sobrecostos que acarree la satisfacción del capricho presidencial.

Como las vigencias futuras pueden con todo, quizás no habrá dificultad para agregar los billones que vale esta nueva idea a la abultada suma de compromisos presupuestales futuros que ya ascienden a más de $160 billones. Pero lo que no tiene lógica alguna es que se utilice el facilismo de las vigencias futuras simplemente para atender los costos del nuevo capricho presidencial.

Sería una muestra de mal juicio fiscal que el Congreso, al estudiar la ley del Plan, se allane sumisamente a este nuevo diktat del actual inquilino de la casa de Nariño. Si lo hace, quedará sin autoridad alguna para oponerse a los muchos caprichos que están en camino.

Con un agravante: ¿qué pasará con las otras obras de infraestructura de transporte masivos que están en marcha en otras capitales o con las que se emprendan en el futuro? Pues con toda razón reclamarán un tratamiento análogo, es decir, que la nación asuma el 100% y no el 70% de los costos como lo estipula la legislación vigente.

Con este precedente -si prospera el capricho presidencial- será imposible que los futuros emprendimientos de transporte masivo demanden algún tipo de esfuerzo de parte de las municipalidades donde se vayan a realizar obras de transporte masivo. Haciendo aún más costosa e improbable la financiación de estos programas en el futuro.

Grave precedente. La actual ley de metros parte de una filosofía lógica: que el mayor esfuerzo fiscal lo haga la nación pero que las municipalidades beneficiadas hagan también el suyo. Esa sana filosofía volaría en mil pedazos si el último capricho de la casa de Nariño se abre camino finalmente.

El último capítulo de este capricho lo escribe ahora el ministro de transporte amenazando que si Bogotá no se aviene al capricho presidencial de enterrar el metro a lo largo de la Av. Caracas, entonces la nación suspenderá la financiación de otras obras que están adelantándose con la capital.

Es difícil encontrar una argumentación tan torpe como la del ministro de transporte. No solo es un chantaje inaceptable sino un verdadero prevaricato político. Hay contrato firmado para la línea uno; los recursos que la Nación le aporta a Bogotá no son una benevolencia: son la obligación legal que le impone la ley al gobierno central. Por lo tanto, no se puede chantajear a la capital con ellos.

Los caprichos presidenciales nos están saliendo muy costosos, no solo en términos económicos sino institucionales.

Bogotá, D. C, 5 de febrero de 2023

*Abogado y Economista. Exministro de Estado

Por Amylkar D. Acosta M*.- La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, declaró en el Foro Económico Mundial en Davos que en Colombia “no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y petróleo. […] es una señal de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático”. Sin embargo, según expertos y conocedores del tema, las declaraciones de la ministra han estado fuera de lugar.

La ministra Vélez se apoya en un controvertido estudio, hecho en volandas y con notoria falta de rigor técnico, en el cual llegan a la conclusión de no conceder nuevos contratos. El estudio, titulado Balance de contratos de hidrocarburos para la Transición energética justa está avalado por el Ministerio de Minas y Energía y por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), pero a la vista resalta que toda la argumentación está basada en cifras sesgadas, imprecisas y con mucha falta de rigor técnico. Es de anotar que la exviceministra Ruíz, quien aparece firmándolo, manifestó que su “nombre fue puesto allí para legitimar esas cifras y ese texto. Una vez leído, estoy en completo desacuerdo con ese documento”.

La realidad es que el documento no plantea que no se firmen nuevos contratos como lo quiere hacer ver la ministra. De acuerdo con Vélez, si se suman las reservas probadas, probables y posibles y, además, se les agrega el desarrollo de los recientes descubrimientos de Uchuva y el bloque integrado de evaluación hechos por Ecopetrol se garantizará el suministro de gas más allá del 2037. Y Va más lejos aún al asegurar que, si se le adicionan los recursos prospectivos actuales, se extenderá el suministro hasta el 2042. Las cifras de la ministra son cuentas alegres como las de la lechera de Samaniego, que nos enseñó la vanidad de girar sobre el futuro cuando ni el presente está seguro.

Según el presidente de la Asociación de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, Flover Rodriguez, no se pueden confundir los recursos probados, probables y posibles con los contingentes y prospectivos. Él dice que los prospectivos “están aún lejos de ser reservas, ya que estas deben ser descubiertas y ellas no lo son”. Dicho de otra manera, no se pueden sumar peras con manzanas.

Por lo demás, una de las mayores limitaciones del estudio es que no va más allá del mero balance de los contratos, cuando la decisión sobre si se firman o no nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos tiene unas implicaciones que van desde el impacto en la balanza comercial del país, el impacto fiscal, cambiario y también en la afluencia de inversión extranjera, entre otros.

Es evidente que los platos rotos de una decisión tan desatinada como la de marchitar la actividad hidrocarburífera en el país la pagarán los próximos gobiernos. Es irónico porque, debido al efecto inercial y a la actual coyuntura internacional, el cuatrienio de Petro será el de mayores exportaciones de petróleo y carbón, al alcanzar cifras récord en producción de volúmenes y en ingresos de divisas.

Es entendible la posición del director de Crédito Público y del Tesoro Nacional, José Roberto Acosta, al salirle al paso a la ministra Vélez y advertir que “no se ha tomado la decisión sobre la suscripción de nuevos contratos de exploración. No es una decisión de gobierno. Lo dicen las cifras, necesitamos más contratos de exploración”. Él la tiene clara, sabe que lo que está en juego es la estabilidad macroeconómica del país.

La ministra ha repetido hasta la saciedad que no cancelará los contratos vigentes. Pero de ello no es de lo que se trata, eso no está en discusión. Ni más faltaba que frenera en seco la actividad de la industria cuando hay de por medio unos contratos firmados. Se trata, según ella, de “un plan para aumentar las reservas de hidrocarburos, que consta de tres partes: potenciar contratos vigentes, destrabar los suspendidos y la utilización de técnicas como la del recobro mejorado”. El plan es plausible pero no es suficiente para la seguridad energética del país.

El recobro mejorado es una técnica que permite un mayor y mejor aprovechamiento de los recursos petroleros en los campos maduros, aquellos que ya están en etapa de declinación. Para la ministra, “si hoy Colombia aumentara su factor de recobro a promedios internacionales, podríamos contar con un aumento de cerca del 15 % en nuestros recursos de petróleo”. No obstante, aumentar el factor de recobro demanda cuantiosas inversiones y el uso de técnicas sofisticadas de última generación, lo cual implicaría mayores costos de extracción del petróleo, que sólo se justificarían cuando las señales de precio y la regulación ambiental lo favorezcan. Entonces hay que superar muchas barreras para pasar del dicho al hecho. Eso no es como soplar y hacer botellas.

Cabe preguntarse, si Colombia renuncia prematuramente a los hidrocarburos, ¿con qué vamos a suplir las divisas que dejarán de ingresar y los ingresos que dejarán de percibir departamentos y municipios? Cómo asegurar los 350.000 barriles diarios que demandan las dos refinerías para garantizar el abastecimiento de combustibles. Bien dijo Aldoux Huxley que “los hechos no dejan de existir porque se ignoren”. La única forma de mantener y/o aumentar la producción de petróleo es acrecentando las reservas probadas, que son las únicas con las que se puede contar a ciencia cierta. 

Riohacha, febrero, 5 de 2023

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Por José Félix Lafaurie*.- Se frustró el sicariato moral en redes de los “personajillos” que, con oportunismo carroñero, cayeron sobre los ganaderos, a raíz del cargamento de cocaína incautado en el buque Orión V.

El comandante de la Fuerza Naval del Caribe aclaró que el buque salió “limpio” de Cartagena y fue contaminado en aguas internacionales, presuntamente por el Clan del Golfo; y quedó claro que los ganaderos nada tienen que ver, pues venden sus animales “en finca” a un exportador que los entrega a bordo del buque y, desde ese momento, las responsabilidades se trasladan al comprador.

Siento, sin embargo, que el escándalo en medios, como el de los difamadores de oficio, es un libreto repetido en un país que hace mucho perdió su capacidad de sorpresa frente al narcotráfico.

¿De qué se sorprenden? López era presidente cuando, ¡en 1976!, el Gloria viajó a celebrar el bicentenario de Estados Unidos con más de una tonelada de coca. En 1996, el avión presidencial que iba a llevar a Samper, ya sin visa, a la Asamblea de la ONU, llevaba también 14 paquetes de droga. En 1998, a un carguero de la FAC le encaletaron más de media tonelada, todo ello sin contar los minisubmarinos y la tragedia de las “mulas”.

Paz Total: ¿Posibilidad o utopía?

Los bananeros controlan por GPS los camiones y terminarán prohibiendo la parada hasta para ir al baño, porque en cinco minutos los pueden “contaminar”. Los floricultores siempre han lidiado con ese riesgo, que hoy amenaza a las exportaciones de ganado.

¿De qué sorprenderse?, si tenemos más de 200.000 hectáreas de coca, el Gobierno baja su meta de erradicación a 20.000 y propone legalizar cultivos de hasta 10 hectáreas. Comparto la condición de víctima del campesino, pero veremos “parcelados” cultivos mafiosos y seguiremos en el sinsentido jurídico que también opera en el consumo. Se legaliza el pequeño cultivo, pero ¿a quién le vende el campesino?: al narcotraficante. Se legaliza la dosis mínima, pero ¿a quién le compra el consumidor?: al microtráfico.

La sustitución es la mejor táctica, dentro de la estrategia de recuperar el campo, pero no para lanzar al campesino a la pobreza, sino para sembrar productos agrícolas con potencial competitivo o hacer ganadería silvopastoril rentable, y entonces hablamos de vías, servicios, crédito, asistencia técnica y protección del Estado.

Si de enfocar esfuerzos y mostrar resultados se trata, ahí están los cinco municipios que concentran el 33% de los cultivos de coca, para aplicar herramientas como el Acuerdo con Fedegán para la compra de tierras con asistencia técnica a los nuevos propietarios. Todo el campo debe ser recuperado, pero allí se debería empezar, convirtiéndolos en prósperos centros de producción agrícola y ganadera.

Solo así se podrá empezar a quitarle tierra y, más importante, campesinos al narcotráfico. Solo así el país avanzará hacia la paz total, que pasa por la recuperación económica y social del campo. No hay otro camino.

Bogotá, D. C, 5 de febrero de 2022

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie