Opinión
Por Juan Camilo Restrepo*.- Se cuenta que Barak Obama tuvo como senador un éxito inmenso con la utilización del Twitter. Luego, ya siendo presidente, quiso seguir utilizándolo febrilmente. Pero fue tal el desconcierto administrativo que esto provocó en los Estados Unidos que sus propios consejeros de la Casa Blanca le recomendaron que abandonara el Twitter. Y así lo hizo.
Es entendible: el Twitter en manos de un presidente se transforma en arma mortal para dar órdenes perentorias o que se interpretan como tales por la administración pública y por la gente. Un trino presidencial no tiene el mismo significado que el de un ciudadano cualquiera.
Termina desinstitucionalizando gravemente la buena marcha del Estado. La inmediatez que rodea las ordenes u opiniones presidenciales lanzadas a través de trinos conduce a que los propios ministros se enteran a menudo de las orientaciones gubernamentales, no en los consejos de ministros como sería lo normal, sino a través de las redes sociales. Las mismas decisiones de la administración pública se transforman en fogonazos electrónicos detrás de las cuales no hay ni el debido estudio, ni el soporte presupuestal, ni la sindéresis apropiada. Y, por supuesto, como son el fruto de la improvisación, frecuentemente tienen que corregirse o echárseles para atrás.
Y eso es precisamente lo que le viene sucediéndole a la administración Petro.
Un día anuncia por Twitter que el gerente de la federación de cafeteros debe hacerse a un costado, cuando tal no es el procedimiento ni para remover ni para elegir la cabeza de un gremio privado como el cafetero. Otro día da órdenes para construir una variante de doble calzada entre Popayán y Pasto sin tener la más remota idea de sus costos y sin ningún tipo de estudios. Así como anuncia un tren entre Barranquilla y Buenaventura lo hace para advertir que primero renuncia sin hay que elevar la edad de las pensiones en Colombia, a pesar de que su ministro de hacienda acababa de decir que ese era un tema que debería al menos considerarse.
En otra ocasión anuncia, también por Twitter, que ha reconsiderado su afirmación de campaña y que ahora sí va a renovar la flotilla de aviones de combate para renovar la desueta de Kafires. Pocos días después nos sorprende un nuevo Twitter palaciego en sentido contrario: ya no habrá -al menos por el momento- nuevos aviones. El 31 de diciembre pasado anuncia jubiloso por Twitter que hay un cese al fuego listo con el Eln y que será por seis meses. El reproche vino inmediatamente, como es sabido, de las toldas del mismo Eln.
Y así podríamos seguir recordando la seguidilla de trinos presidenciales que ha sido necesario revocar o matizar por el gobierno del cambio.
Las normas de la administración pública tenían como principio cardinal aquel de: “publíquese y cúmplase” como vía para anunciar y fijar la vigencia de las normas jurídicas. Así se les daba les daba la debida publicidad publicándolas en los diarios oficiales, la gente se familiarizaba con ellas, y su vigencia comenzaba normalmente cuando terminaba el plazo señalado en su correspondiente publicación.
En este gobierno las cosas no parecen darse así. Las órdenes gubernamentales, como los ukases en la antigua Rusia, comienza a tener vigencia a partir de la fecha en que los Twitter presidenciales hacen su sorpresiva aparición en las redes sociales.
Sería bueno volver a la sana costumbre que recomendaba el viejo y sabio código de régimen político y municipal: las normas se anuncian y rigen solo a partir de su publicación en el diario oficial; y es en ese momento cuando normalmente comienza su vigencia.
Eso lo entendió muy bien Barak Obama: ojalá Gustavo Petro siga también ese sabio consejo. El “publíquese y cúmplase” de siempre, no es recomendable sustituirlo ahora por el novedoso “trínese y cúmplase”.
Bogotá, D. C, 22 de enero de 2023
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por Fernando Cepeda Ulloa*.- Estados Unidos, España, Brasil, Chile, Colombia, lidian con un tema que hoy está en la primera página de los medios de comunicación y en la agenda de gobiernos y partidos políticos.
Varios hechos así lo ilustran. En las librerías de Estados Unidos ya se encuentran diversas ediciones del “Informe sobre el 6 de Enero”, cuidadosa investigación realizada por una Comisión del Congreso de Estados Unidos, 724 páginas. Y la pregunta es qué hará la justicia con una narrativa que responsabiliza al entonces presidente Donald Trump de un intento de golpe de estado, una insurrección en términos constitucionales de ese país.
En Brasil el 8 de enero de este año ocurrió algo similar, pero en contra de un presidente, Lula da Silva, recientemente posesionado y debidamente elegido, pero que se extendió a las tres ramas del poder público. Se hacen acusaciones contra el expresidente saliente Bolsonaro. Ambos casos se refieren a una negación del resultado electoral.
En Chile, dos ministros se ven obligados a renunciar porque no informaron suficientemente al presidente Gabriel Boric sobre el caso de manifestantes que estaban presos y que el mandatario ordenó liberar.
Muy interesante, tanto desde el punto de vista político como desde la perspectiva jurídica. Y, claro está, desde una correcta concepción de la democracia.
En Brasil encarcelan masivamente, destituyen militares, y altos funcionarios y, también, excarcelan en números apreciables. El presidente Lula habla de vandalismo. Ojalá se elaborara un Informe tan enjundioso como el de Estados Unidos.
En España van más adelante. Ya reformaron el Código Penal y el periódico El País, del 18 de enero, informa sobre las interpretaciones jurídicas de la nueva legislación, que como se sabe, si es favorable se aplica con efecto retroactivo. Se trata de los acontecimientos que tuvieron que ver con la lucha por la independencia de Cataluña y los procesos penales que se venían adelantando contra sus principales dirigentes. La nueva legislación elimina el concepto de sedición y lo sustituye con el de “desorden público agravado”. Describe una controversia al respecto entre la Fiscalía y la Magistratura, que es imposible desarrollar aquí.
En Colombia estamos en controversias semejantes entre el Fiscal Barbosa, los jueces, la Procuraduría y el Gobierno. Y la ciudadanía contempla el espectáculo de encarcelaciones en Brasil, indultos en Chile e intentos de excarcelaciones en Colombia. Es inapropiado decir que la Fiscalía y la Procuraduría se ha convertido en la oposición del Gobierno. De ninguna manera. Si sus interpretaciones son incorrectas existen los procedimientos legales para desvirtuarla, de buena fe, que se debe presumir, están cumpliendo con sus funciones. Se reconoce que el tema es muy controversial porque está referido a una práctica de acción política que tiene enormes implicaciones.
El tema es de primera importancia. Implica una concepción del derecho democrático a la protesta social o política. Y la legislación debe ser interpretada en igual forma por gobiernos de izquierda o de centro o derecha. Al respecto debiera existir claridad y consenso, entre otras razones porque es evidente que la calle, la protesta multitudinaria, ha entrado a formar parte de la vida política, pero ahora con herramientas tecnológicas y recursos que la hacen más efectiva y que amenazan con desconocer otros derechos no menos fundamentales. Hay que hacer un cuidadoso seguimiento de la evolución del tema en diferentes regímenes.
Bogotá, D. E, 22 de enero de 2023
*Exministro de Estado.
Por Amylkar D. Acosta M*.- Según el Grupo Intergubernamental de expertos de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (IPCC), integrado por más de 200 científicos de multiplicidad de países, de distintos credos y creencias, ideologías y religiones, han llegado al consenso de que a mayores concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI), especialmente del dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera más alta es la temperatura global y mayor el efecto invernadero. De hecho la temperatura global ha subido 1.1 grados celsius con respecto a la era pre-industrial (alrededor de 1780). Una segunda conclusión a la que arribaron es que el mayor responsable de las mismas es la actividad humana y por ello hablan de causas antropogénicas.
Hablemos de las características del Cambio climático, el cual, en rigor, es mejor denominarlo como Variabilidad climática. En primer lugar, se caracteriza por fenómenos extremos de alta pluviosidad (la Niña) o sequía (el Niño), en segundo término, estos fenómenos no son cíclicos o estacionales, de serlo serían previsibles y pronosticables y no lo son, son, en cambio, recurrentes. Además, dichos fenómenos extremos son cada vez más frecuentes, más intensos y de mayor durabilidad y por lo tanto sus estragos son mayores.
Hay un antes y un después de 2015 en la lucha de la comunidad internacional contra el Cambio climático. A finales de este año tuvo lugar la 21ª Conferencia de las Naciones sobre el Cambio climático (COP21), en la cual se aprobó el Acuerdo de París, el cual ha sido firmado por 193 partes (192 países más la Unión Europea). Dicho Acuerdo contempla como estrategia fundamental la descarbonización de la economía, con el propósito de reducir las emisiones de GEI y de esta manera contener el aumento de la temperatura global.
El Acuerdo de París se fijó como objetivo impedir que el aumento de la temperatura global con respecto a la era pre-industrial supere los 2 grados Celsius. Dicho umbral se redujo en una Conferencia posterior de las Naciones Unidas (COP26) a sólo 1.5 grados. Según los estudios del IPCC, de superar este umbral, estaríamos en presencia de la más alta temperatura experimentada en los 10.000 años de historia de la civilización y de darse la Casa común, como llama el Papa Francisco a nuestro Planeta tierra, se tornará mucho más peligroso e inhabitable. Y, por lo pronto, no tenemos otro Planeta habitable, no disponemos de Plan B (¡!)
El Secretario de las Naciones Unidas Antonio Guterres ha sido enfático en que “nos acercamos al borde del abismo…Si no cambiamos la dirección corremos el riesgo de cruzar el umbral en el que podemos evitar el cambio climático desbocado”. Nos quedan, muy pocos años para tomar medidas urgentes para evitar el desastre y salvar nuestro Planeta. Como lo afirmó el último líder de la URSS y premio Nobel de paz Mijail Gorbachov, “el futuro dependerá de si somos capaces de encontrar una síntesis de los valores ecológicos, liberales y sociales, lo que yo llamo ´los valores perennes´”.
No hay duda de que los mayores responsables de la acumulación en la atmósfera de los GEI, de sus emisiones y del Cambio climático son las grandes potencias, encabezadas por China, EEUU, la Unión Europea y la India. A nivel global es el sector energético el de las mayores emisiones de GEI con el 73%, le sigue el sector agropecuario y la deforestación con el 19%. En este punto es bueno recalcar que en Colombia, a diferencia del resto del mundo, las mayores emisiones provienen de este último sector, con el 59% y no del sector energético, que a lo sumo contribuye con el 38%. Las bajas emisiones de GEI del sector energético del país se explica en gran medida porque mientras en el resto del mundo el 68% de la generación de energía es de origen térmico, en Colombia ese mismo porcentaje corresponde a la generación hídrica.
Por ello, la Transición energética en marcha, que tiene por finalidad contribuir a la descarbonización de la economía, difiere de país a país y por ello su hoja de ruta y las acciones a seguir no puede ser la misma en todos los países. Colombia no puede calcar su hoja de ruta de otros países con otras realidades diferentes a la suya. No puede ser igual la hoja de ruta de la Transición energética en aquellos países que dependen de la importación de petróleo y carbón a otro, llamado Colombia que depende de su producción y exportación. Por ello, hablamos de la Transición energética a la colombiana.
Manila, enero 21 de 2023
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Por Lorena Rubiano.- Siembra en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan... Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón: María Montessori.
Un gran malestar y repudio creó en el país el influencer que utilizó un niño para ganar dinero, haciéndolo pasar por un gran matemático, a través de las redes sociales. En el video aparece el “niño calculadora” mostrando su destreza.
El creador de esta novela, Andrés Arango, al parecer lo hizo sin querer queriendo, utilizando al menor Juan José, de 11 años quien reside en el municipio de Cartago, Valle del Cauca y sirvió para ratificar el poder de las redes sociales.
El video ganó vertiginosamente audiencia, se volvió viral e incluso frente a varias vitrinas de venta de televisores en la calle se veía a la gente viendo el video que era repetido una y otra vez…Al final caímos todos.
Muchos colombianos, funcionarios del gobierno, alcaldes y gobernadores, comenzaron a localizar el niño en todo el país para ofrecerle becas y brindarle apoyo, para sacar a su madre y dos hermanitos de la pobreza absoluta. El propio gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se dedicó a buscar al menor para ofrecerle ayuda y otorgarle una beca para su estudio.
Lo cierto es que al conocerse que el video no era real, que había sido programado, y que todo era un engaño para asaltar la sensibilidad de los colombianos y por eso se desató una polémica en torno a las personas que lo habían publicado y sobre todo por la utilización de un menor al que finalmente le dieron 200.000 pesos, mientras ellos ganaban ingentes sumas de dinero, por la entrada de las personas a las redes para ver el video, a la familia le tocó mudarse de municipio para esconderse, para que no se supiera dónde estaba el niño, porque temían de alguna represalia.
“Ayúdenme a encontrar este impresionante genio”. Se decía por las redes. Él y todos nuestros niños y niñas merecen estar en el camino virtuoso de la educación y las oportunidades. Unidos vamos a apoyarlo. Por favor quienes tengan información me escriben, escribió el mandatario departamental en su cuenta de twitter.
Después de varias investigaciones, se supo que el niño pertenece al Club Deportivo de Fútbol de Cartago y su familia es quién cubre los gastos, pero no siendo suficientes. Además, el padre del niño está vivo, contrario a lo que dijo en el video que llegó hasta las manos del gobernador antioqueño, quien lo pensaba apoyar brindándole estudio.
A raíz de este hecho quedan en el ambiente muchos sinsabores y la molestia causada a muchos colombianos que estuvieron prestos a apoyar al menor. Yo creo que penalmente no hay nada, pero si hay que tener cuidado de no repetir estos hechos, para no ir minando la credibilidad de los compatriotas y cuando de verdad se necesite un apoyo ya no crean.
Bogotá, D. C, 21 de enero de 2022
lorenarubianof @gmail.com
Por Juan Bazán Achury*.- El crecimiento poblacional, la falta de civismo y conciencia ciudadana, junto con la ausencia de administraciones visionarias, han hecho de Bucaramanga, una ciudad adornada y maquillada para mantener el nombre de la Ciudad Bonita: caos vehicular, trancones a toda hora, piratería, transporte informal, mototaxismo, todo ello, como consecuencia del mal funcionamiento del transporte público masivo Metrolínea y de los buses urbanos.
Los huecos en las vías, la suciedad, el aumento desmedido de los habitantes de calle que se tomaron la ciudad en todos los sectores, durmiendo en los andenes y haciendo sus necesidades fisiológicas en las esquinas y rincones de la ciudad; la desmedida ocupación del espacio público, en bocacalles y andenes hay ventas ambulantes, sin permiso, sin orden, sin ninguna responsabilidad con el ciudadano de a pie.
Sumado a ello, los sectores de entretenimiento, como la mal llamada Cuadra Play, son verdaderos sectores en los que pululan el desorden, la prostitución, el consumo y la comercialización de estupefacientes.
No se escapa la venta de comidas callejeras sin ninguna asepsia, alimentos que consumen los transeúntes sin ningún escrúpulo, poniendo en riesgo la salud pública.
Existen clandestinamente garitos o sitios de juego en residencias y apartamentos privados, y para completar ese cuadro tan desagradable, la inseguridad y el crimen que ya no permite que los bumangueses y turistas se sientan seguros en las calles, restaurantes o bares, prácticamente en ningún lugar.
Los atracos callejeros, el fleteo, el raponeo de celulares y bolsos se convirtió en una constante en las esquinas de los barrios, en el comercio y parques de la ciudad. En fin, echamos de menos lo que fue la Ciudad Bonita: ordenada, agradable, segura, buen vividero como se consideraba en el entorno Nacional.
Todo se ha incrementado por la ausencia absoluta de autoridad y la permisividad de la administración. Nuestro alcalde brilla por su ausencia, llamado por muchos bumangueses como el “alcalde fantasma”. ¡Quien lo creyera!, la Ciudad Bonita se convirtió en paraíso de mafiosos y maleantes.
Bucaramanga requiere que el próximo alcalde y los concejales, con el conjunto de la sociedad, hagamos un frente cívico ciudadano para poner en marcha las políticas públicas que permitan la recuperación de la ciudad, lo cual pasa necesariamente, por la participación ciudadana.
Se requiere la construcción de vías que permitan el desembotellamiento de la ciudad. No solo eso, es inminente e indispensable, una campaña muy agresiva de apoyo ciudadano para desestimular el uso del vehículo particular y estimular el uso de la bicicleta. Urge un transporte público ágil, eficiente y oportuno. De esta forma también se puede combatir la piratería.
En relación con los sectores de entretenimiento, se deben establecer en lugares seguros, equidistantes de las zonas residenciales, para garantizar la tranquilidad de quienes actualmente habitan en los alrededores.
En las grandes urbes, estos sitios ya están alejados de las zonas residenciales con el objeto de respetar lo que establecen los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), que velan por la tranquilidad ciudadana.
Hay que llevar a Bucaramanga nuevamente por la senda del buen vivir, tener una ciudad segura, con buena movilidad, con ciudadanos comprometidos con el aseo, con una administración trabajando por la gente y comprometida por cambiarle la cara a la ciudad, hay que implementar programas agresivos con los habitantes de calle buscando la marera de resocializarlos.
En fin, hay mucho por hacer y esa tarea le corresponde a la nueva administración.
¡Es urgente y es ya, esto no da espera! Los males pueden tener remedio, ¡recuperemos la Ciudad Bonita que muchos añoramos!
Bogotá. C. C, 20 de enero de 2023
*Exrepresentante a la Cámara por Santander.
Tomado de https://corrillos.com.co
Por Gabriel Ortiz*.- Colombia hace parte de las naciones con mayor índice de violencia infantil, por parte de grupos armados, estamentos políticos corruptos, trata de personas, organizaciones narcotraficantes y la pobreza que se anida especialmente en comunidades indígenas, nativas, e informales.
Los verdugos de los inocentes recorren territorios a sus anchas, para sembrar muerte, pánico y miseria en regiones apartadas o cercanas a los asentamientos de una sociedad que cohonesta con este estado de cosas.
Un espeluznante y pavoroso informe del colega Gerardo Reyes en Univisión, ha puesto al descubierto la forma infame como se atenta contra los niños, niñas y adolescentes en el Guaviare, donde son moneda corriente los abusos, especialmente contra las poblaciones indígenas Nükak Makú, Jiw, Sikuani, Tucano, Karijona, a las que arrebataron su selva, explotan su desnudez y esclavizan.
Desde luego, la miseria, la violencia caustica, hirsuta y áspera, de guerrilleros, paramilitares, cuerpos del Estado y sociedad complaciente, se apropian de todo, mientras gobierno, congreso, poder judicial, Bienestar Familiar, fiscalía, procuraduría y demás Estado, ven actuar sin control alguno a los verdugos de los inocentes.
La denuncia de Univisión causó escozor, que quiere minimizarse por parte de la Fiscalía, en cuyos informes esta violencia infantil aparece como “supuestas violaciones o delitos”. La palabra “supuesta”, entierra cualquier investigación, dicen quienes denuncian semejantes atropellos, porque se convierte en conjetura o hipótesis para beneficiar a los criminales explotadores.
La pobreza también fomenta este tipo de atropellos contra niños, niñas y adolescentes. Familias indigentes, padres irresponsables y grupos étnicos los venden, prestan o alquilan a narcos, paras y guerrillos, para sobrevivir. Otros quedan en poder de la prostitución.
Los grupos armados reclutan a la niñez, a la que torturan, esclavizan e instruyen política y militarmente. Inicialmente los utilizan como sirvientes de limpieza de cambuches o “carne de cañón” durante sus combates. Si alguno trata de huir o incumple órdenes, es fusilado. “Les aplican la pena de muerte”.
La triste existencia de nuestra niñez es tolerada por autoridades, políticos y sociedad, sin que haya el menor esfuerzo, que permita encontrar la ruta para su emancipación. No se ve el final de esta violencia que los azota desde hace más de 60 años, ni mucho menos el abrazo, la tranquilidad y el sosiego que requieren y anhelan.
Los alzados en armas solo buscan mantenerse activos para matar, secuestrar, torturar, destruir y extorsionar. Su palabrería sobre alto el fuego, freno al delito y acuerdos de paz, se convierten en meras promesas para lograr beneficios y ocultar sus fechorías.
Bienestar Familiar, gobierno y sociedad, no alcanzan a entender lo que nos está ocurriendo y por ello dejan a los inocentes en poder de sus verdugos. Los niños, ni siquiera podrán ahora reclamar su crianza y manutención, a progenitores irresponsables, porque hasta la cárcel les será eliminada por el Minjusticia. Los inocentes seguirán en poder de sus verdugos.
BLANCO: Los peajes ya no serán venas rotas.
NEGRO: Ojo al nuevo alcalde Distrital. Bien diferente a Claudia: constructor de vías, sin odio al carro y que reviva a la Atenas Latinoamericana.
Bogotá, D. C, 20 de enero de 2023
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y de Notisuper.
Por Paloma Valencia Serna*.- La Ministra Irene Vélez de acuerdo a las instrucciones del Presidente Petro, ha vuelto a decir que no habrá más contratos de exploración de petróleo y gas. El hecho no es menor, pues cuando se le hizo la moción de censura precisamente por la indignación que causó ese anuncio; tanto ella como el Ministro Ocampo dijeron que los contratos de exploración de petróleo y gas continuarían.
Ahora para perplejidad de todos, incluyendo los asistentes al foro de Davos, la ministra vuelve a decir que se prohíbe la exploración de gas y petróleo.
La transición energética que tiene planeada el mundo no supone la desaparición de los hidrocarburos. La carbono neutralidad se piensa aun utilizando petróleo y gas en muy altos porcentajes. Toda la teoría supone mecanismos para disminuir los GEI, atrapándolos, o incluso con aerosoles en la atmósfera para reflejar los rayos solares antes de que queden atrapados.
Petro y su ministra posan de ambientalistas falsamente. No es cierto que esta medida en algo contribuya a luchar contra el calentamiento global. Dejar de explorar o incluso de explotar, no significa que el consumo y sus emisiones disminuyan. Lo explico: si dejamos de producir petróleo y gas, aquello no conlleva a que nuestra demanda cambie: seguiremos usando gasolina, acero, urea, concreto... Tampoco significa que no se produzca; se producirá en otra parte, no sabemos si en su producción se emita más o menos; recordemos que la producción de hidrocarburos en Venezuela hoy en día es bastante más sucia que la producción nacional: se emiten allá más GEI por barril.
Así las cosas, en nada mejora el panorama de emisiones de GEI para Colombia o el mundo por esta decisión. Solo se restringen los ingresos nacionales. En ese sentido, vale la pena reparar en que el 15% de las rentas nacionales viene de los hidrocarburos, como el 30% de las regionales.
Este no es un tema menor. En el mundo cuando se habla de la transición energética justa, el mayor debate se centra en qué países pueden explotar hidrocarburos. Los países en desarrollo dicen que sus explotaciones ya hechas pueden cubrir la demanda hasta el 2050 y que, por lo tanto, nadie más debería explorar y ellos explotarán todo. Los países en vía de desarrollo por su parte, sostienen que los países desarrollados ya han extraído gran parte de sus hidrocarburos y han tenido esa riqueza y, por lo tanto, debería corresponder solo a países en vía de desarrollo la posibilidad de explorar y explotar hidrocarburos.
Impresiona que el presidente Petro esté alineado con los intereses de los países más ricos. Duele que aun viendo lo que ha sufrido Europa al haber renunciado a su soberanía energética, quieran conducirnos por esa vía. Pareciera que los intereses de Maduro tienen más peso en las decisiones del presidente de Colombia que las de su propio pueblo.
También vale la pena que todos sepamos que Colombia solo emite el 0,56% de todos los GEI del mundo. Es decir, si Colombia no emitiera nada, el fenómeno en nada se alteraría. Nuestras emisiones vienen principalmente de la deforestación. Además, Colombia es un país con una grandeza de transición energética; planeada y bien ejecutada. Sin embargo, su mayor desafío no es ese, sino la mitigación. Seremos uno de los países con mayor afectación en el cambio climático y para llevar a cabo las obras necesitaremos muchos ingresos. Esos que hoy el gobierno Petro nos quita.
Bogotá, D. C, 20 de enero de 2023
*Senadora del Centro Democrático.
Por José G. Hernández*.- Acudió a mi oficina un ciudadano del común, quien, sin ser constitucionalista ni abogado, estimó que una norma legal que debe cumplir viola, en su criterio, la Constitución. Presentó por escrito una demanda contra la norma, acogiéndose a la acción pública de inconstitucionalidad -garantizada desde el Acto Legislativo 3 de 1910-, creyendo que para ello era suficiente ser ciudadano -como lo dice la Carta y lo han reiterado, antes la Corte Suprema de Justicia y después la Corte Constitucional, en numerosos fallos-.
Tuve ocasión de examinar el texto de la demanda, tal como lo hacía cuando fui magistrado de la Corte Constitucional, y encontré que el ciudadano había cumplido todos los requisitos formales que contemplan los artículos 40, 241 y 242 de la Carta y 2 del Decreto 2067/91.
Según el artículo 40 superior, “todo ciudadano (como el mencionado) tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: (…) 6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley”.
De conformidad con el artículo 241 de la Constitución, a la Corte Constitucional se le confía la guarda de su integridad y supremacía, y debe decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen; contra las leyes y contra los decretos con fuerza de ley.
El 242 señala: “Cualquier ciudadano podrá ejercer las acciones públicas previstas en el artículo precedente, e intervenir como impugnador o defensor de las normas sometidas a control en los procesos promovidos por otros, así como en aquellos para los cuales no existe acción pública”.
La norma del Decreto 2067 señala: “Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán: 1. El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas; 2. El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas; 3. Las razones por las cuales dichos textos se estiman violados; 4. Cuando fuere el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y 5. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda”.
Todos los enunciados requisitos estaban cumplidos en el caso al que me refiero. El ciudadano se había esforzado en acatar las normas. No siendo abogado, sino sencillo trabajador, pensaba que podría defender la Constitución, atacando el precepto que estimaba contrario a la Carta, ante la corporación encargada de preservarla -la Corte Constitucional-, a la cual la cual se dirigió.
Para su sorpresa, mediante auto -muy mediocre, por cierto-, una magistrada le dijo que le inadmitía su demanda porque no cumplía los requisitos de certeza, claridad, eficiencia, pertinencia, suficiencia…y otros -que no están en la Constitución, ni en las leyes, y que la Corte ha inventado-.
Entonces, la Corte Constitucional, contra la Carta que debe defender, convirtió la acción pública en una compleja y difícil casación, inalcanzable para el ciudadano del común. Lamentable. Debe corregir.
Bogotá, D. C, 18 de enero de 2023
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Humberto Tobón*.- Luego de terminar la temporada vacacional de final y principio de año, se empezaron a conocer reacciones de los viajeros sobre sus experiencias en el eje cafetero y varios columnistas regionales han expresado sus opiniones, casi todas negativas.
Este no es un tema menor. El turismo se ha concebido como un puntal de la mayor importancia para el crecimiento económico de los departamentos y municipios de esta región. Los gobiernos han hecho esfuerzos por concertar políticas públicas con los actores vinculados a este sector, así como la formulación de proyectos, intentando que haya inversión privada, que desemboque en generación de empleo.
Y es indudable que, durante los últimos años, el turismo ha tenido un crecimiento muy acelerado. Muchos más municipios están haciendo parte de la oferta turística regional, algunos con propuestas innovadoras y muy exclusivas como el parapente o el avistamiento de aves. Otros, promueven sus recursos naturales y muchos parques temáticos y sus atractivos arquitectónicos y culturales.
Sin embargo, ese crecimiento no significa progreso y desarrollo. Municipios sin la adecuada infraestructura vial, con problemas en la oferta de servicios públicos básicos y sin los suficientes y adecuados servicios comerciales, se han visto desbordados por la masiva presencia de visitantes, que terminan frustrados por no encontrar lo que esperaban en su destino.
Hemos conocido experiencias no gratas, de familias que llegaron a la región atraídas por promociones muy llamativas, pero quedaron atrapadas en trancones interminables para poder ingresar a su destino, donde no lograron conseguir espacio en los restaurantes y debieron sufrir el calvario de perder mucho tiempo para regresarse. La reacción fue “no volveré”, tal como lo relata el columnista de El Diario, James Fonseca Morales.
Los alcaldes son conscientes de los efectos negativos de las visitas masivas, pero señalan que no tienen las herramientas para controlarlas y en diferentes foros han expresado su preocupación por la mala imagen con la que quedan los turistas.
En turismo, más no significa mejor. Muchos destinos turísticos nacionales, pero especialmente internacionales, tomaron la decisión de evitar la masificación, poniéndole límite al número de visitantes que pueden llegar cada temporada, en el entendido que es preferible tener menos, pero que dejen mayor rentabilidad y se vayan más satisfechos.
Hay coincidencia nacional de que el eje cafetero es espectacular, por los maravillosos paisajes, el colorido y la arquitectura de las viviendas y, sobre todo, por la amabilidad de la gente y la calidad de la atención. Estas potencialidades se deben aprovechar para concertar un plan regional de turismo, que ofrezca un único destino, que permita tener turistas por varios días, con buena capacidad de gasto y con una oferta variada que contribuya al fortalecimiento económico y al bienestar social. En eso anda la Región Administrativa y de Planificación – RAP.
Si no actuamos de manera coordinada y solidaria, veríamos retrasada la posibilidad de que esta región del eje cafetero sea una de las grandes beneficiadas de un turismo de clase mundial.
Bogotá, D. E, 18 de enero de 2023
* Economista de la Universidad Libre. Estudió Administración Financiera en la EAN y Comunicación Social en la U Jorge Tadeo Lozano.
*Conceptos que no comprometen a la RAP Eje Cafetero, de la que soy Subgerente de Planeación Regional.
Por Juan Camilo Restrepo*.- La medida adoptada por el gobierno consistente en volver permanente el arancel del 40% sobre buena parte de las importaciones de textiles y prendas de vestir tiene un propósito plausible, pero entraña graves riesgos.
El propósito plausible consiste en proteger la industria y el empleo generado en el sector textil y de las confecciones. La competencia desleal que llega de la China es su enemigo permanente. El nuevo decreto establece un arancel del 40% a las importaciones de cualquier origen. Se conservan los aranceles escalonados más bajos para los insumos utilizados por la cadena confeccionista.
Desde tiempos inmemoriales el contrapunto entre protección y libre cambio se ha centrado en torno a los textiles. El imperio británico se fundó sobre la protección a su industria textil. El debate viene desde el siglo XIX y aún desde antes. Siempre que se adoptan medidas en este complejo campo hay argumentos en pro y en contra. No existen fórmulas perfectas.
Cuatro incógnitas pesan, sin embargo, en la coyuntura actual sobre la bondad de esta medida:
Primera: es el peor momento para haberla tomado. Un arancel del 40% -con carácter permanente- sobre las importaciones de textiles y confecciones, cuando estamos sufriendo un grave problema inflacionario, no es ciertamente la más inteligente decisión. Toda alza en los aranceles se transmite a los consumidores. Y el renglón de textiles, prendas de vestir y confecciones ocupa un lugar importante en la medición de la inflación que elabora el Dane. Esta decisión le va a pegar al índice de precios, en momentos cuando el gobierno trata de tomar desesperadamente medidas contra la inflación.
Segunda, la mejor protección a la industria y al empleo nacional la proporciona hoy en día el dólar caro. Como bien lo señaló el presidente de Analdex Javier Díaz: “un sector con dólar a $5.000 que requiere de un arancel del 40%, está en serias dificultades y no precisamente por las importaciones”.
Tercera, unos aranceles tan altos (40%) van a generar más contrabando. Siempre ha habido importaciones ilegales de estos productos: ahora habrá muchas más. La manera racional de combatir el contrabando (que se exacerbará aún más con esta medida) no es ciertamente elevando aranceles.
Debe anotarse también que uno de los primeros damnificados con esta medida, además de los consumidores, va a ser el comercio formal, toda vez que las prendas de vestir que llegan de contrabando se venden usualmente a través de cadenas informales. A menudo manejadas por los propios comerciantes chinos como se demostró en las redadas que no hace mucho hizo la policía fiscal y aduanera en Bogotá.
Cuarto, es muy probable que esta medida vaya a desencadenar una ola de otros aranceles para beneficiar sectores que tendrán similares argumentos. No faltará ahora quienes pidan el mismo tratamiento.
Cuarto, tenemos unos compromisos en la OIC sobre aranceles topes que debemos cumplir. Recientemente Colombia perdió una batalla jurídica en un panel de esta organización donde se nos acusó de haber subido ilegalmente los aranceles a las importaciones de papa. Es un campanazo que debemos atender antes de escuchar los cantos de sirena de quienes creen que las inmoderadas alzas de aranceles son el ábrete sésamo para proteger la industria nacional. Alzas que en una primera instancia arrancan aplausos en los grupos de presión que las promueven pero que a mediano plazo se terminan pagando caro.
La protección de la industria nacional (cuando hay competencia desleal) tiene que ser indeclinable. Pero la única arma para librar esta lucha no son los aranceles. Además del control al contrabando hay un abanico de otras medidas como el antidumping que pueden utilizarse con más claridad jurídica y comercial que los aranceles.
La pelea comercial con la China no es fácil. Pero como lo demostró la fracasada táctica que implementó Trump: el alza ofuscada de los aranceles no resulta ser a mediano plazo el arma más recomendable para librar esta dura batalla.
Bogotá, D. C, 16 de enero de 2023
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
