Opinión

Por José Félix Lafaurie*.- En octubre de 2022 se firmó el Acuerdo entre el Gobierno y Fedegán para compra de tierras, como resultado de una real “confluencia” de convicciones sobre el campo, la producción agropecuaria y la Reforma Agraria, como una acción integral del Estado y la sociedad, más allá de la entrega de tierras.

Este es el primer gran valor del Acuerdo: trabajar en lo que nos une, en lugar de ahondar lo que nos separa. Como manifestó el secretario general de la ONU, “Es una clara demostración de que todos los sectores de la sociedad colombiana pueden y deben contribuir significativamente a la implementación del Acuerdo Final”.

Es cuestión de buscar puntos de encuentro, con sectores también estigmatizados y con mucho que aportar, como hidrocarburos y minería extractiva, con proyectos de compensación ambiental a través de Sistemas Silvopastoriles Intensivos, con gran capacidad de recuperación ambiental e ingresos adicionales por mayor productividad y captura de carbono por hectárea.

Para Antonio Guterrez es “alentador” el Acuerdo con Fedegán; un respaldo internacional que, sumado al apoyo local de amplios sectores políticos y de opinión, nos comprometen aún más, no solo para sembrar esperanza en medio de la violencia y la tragedia invernal que se ensañan con el campo, sino para silenciar con resultados a escépticos y detractores. El Acuerdo debe salir bien y debe salir pronto, con resultados tempranos que manden un mensaje positivo a Colombia y al mundo.

Recordemos sus elementos: La compra de tierras a los ganaderos para entregar a quienes no la poseen o la poseen insuficiente, pero con “acompañamiento integral”, representado en crédito de fomento, asistencia técnica, asociatividad que mejore la competitividad campesina en los mercados, dotación de infraestructura física y social, con prioridad en vías terciarias, entre otros.

Como parte del Acuerdo, Fedegán aporta su compromiso, conocimiento técnico y experiencia en Sistemas Silvopastoriles Intensivos, SSPI, como opción de utilización de la tierra en al menos un millón de los tres millones de hectáreas; algo que comulga con el Acuerdo y con la propuesta ambiental planteada por el presidente Petro en la 27º Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, en El Cairo.

El Acuerdo podría ser un “piloto” del establecimiento de SSPI asociativos, que amojone el camino que estamos abriendo para transformar la ganadería, porque construir bosques sin dejar de producir alimentos, debe ser una estrategia paralela a la reconversión energética.

Si no podemos cortar de tajo los combustibles fósiles, mientras tanto podemos convertir millones de hectáreas ganaderas en “aspiradoras gigantes de carbono” que, a partir de la recuperación del paisaje arborizado, enriquecen los suelos y nos devuelven nuestra biodiversidad en riesgo. Ese es el futuro..., un futuro posible.

Bogotá, D. C, 16 de enero de 2023

*Presidente de FEDEGAN.

Por Paloma Valencia Laserna*.- El gobierno de Petro se ha mostrado con la convicción insuperable de que en Colombia, antes de ellos, no ha habido gobernantes inteligentes ni propositivos. Por eso, desprecian todo lo que se ha hecho y tienen el ánimo de derrocarlo todo para hacerlo todo de nuevo, con la promesa de que será mejor. Hasta ahora solo nos proponen destruir; nadie, ni ellos mismos, tiene claridad sobre lo que harán. Improvisan en la creación del nuevo mundo; pero con contundencia destruyen lo que tenemos.

A unas fuerzas armadas reconocidas entre las más destacadas del continente, le sacan más de 70 generales, anuncian anotaciones en las hojas de vida para quienes no sean efectivos en evitar las acciones de los criminales, bajan los subsidios de vivienda. ¿Cuál es la propuesta de reforma a las fuerzas? Lo único conocido es la mala idea de pasar la policía a ser una fuerza bajo el control de un ministerio político (que Colombia ya tuvo y se vio obligada a corregir) y pretenden cambiar las alianzas que teníamos con el ejército  EE.UU. por relaciones con el de Venezuela.

En hidrocarburos, donde hemos sobresalido pese a no ser grandes productores, nos llevaron a la suspensión de exploración de petróleo y gas, con la promesa de comprarlos en Venezuela. Perderemos la soberanía energética, perderemos empleo e ingresos para empezar a financiar la dictadura de Venezuela. En nada nos aporta esta decisión, destruye un sector sin justificación ambiental ni económica.

En materia de salud aún no sabemos qué pretenden hacer, pero son explícitos -eso sí- en su propósito de destruir las EPS y con ellas el sistema que hoy tenemos. En nada los conmueven los resultados que hemos obtenido, nada les importa la satisfacción de los ciudadanos con el acceso a la salud.

Mucho nos falta en materia pensional, pero para solucionar el problema de la cobertura nos proponen agravar de manera irresponsable la sostenibilidad del sistema. No solo es irresponsable sino dramático lo que puede significar en términos fiscales.

Ante la inflación galopante del mundo y el encarecimiento de los alimentos -causada en primera instancia por el paro nacional que promovieron desde la oposición- aparecen con la idea de impuestos saludables que gravan los alimentos que consumen los estratos más pobres de nuestra población.

Para los criminales aseguran que no habrá extradición, ni fumigación, ni bombarderos. Nada de lo que se hacía se hará, pues declaran fracasada la lucha contra las drogas. Tampoco sabemos aún qué es lo que harán. Nos proponen todo nuevo. Grupos armados en negociaciones, al igual que narcos, y criminales.  No más cárceles, delincuentes que no estén en la cárcel, sino que salgan de día. Además de ofertas de sueldos e impunidad para los de la primera línea. Improvisan a tal punto que decretan ceses bilaterales al fuego, que dejan al Estado quieto unilateralmente, pues los grupos ilegales no saben del supuesto acuerdo. Hablan de legalizar o regularizar la cocaína sin tener en cuenta los contextos internacionales y cesando toda acción contra las normas, en breve se verán los resultados del crecimiento exagerado del negocio.

Hablan de crecimiento económico y de la industria nacional, pero odian el sector productivo que existe. Quieren demoler estos empresarios para que surjan otros, y en otros sectores. Por supuesto, no han planteado una línea de política industrial, pero aprobaron una reforma tributaria que no sólo subirá los precios de todo, sino que le restará competitividad a las empresas nacionales.

El gobierno Petro está conformado por los profetas del post-apocalipsis: llegaron a un país donde no había nada, según dicen; y se les va a ir el gobierno destruyendo todo lo que había.

Ojalá recapaciten y construyan sobre lo construido.

Bogotá, D. C, 16 de enero de 2023

*Senadora Centro Democrático.

Por Amylkar D Acosta M*.- No puede ser más paradójico, mientras Colombia está en el radar de la Transición energética a nivel global en un lugar muy destacado y se convierte en un polo de atracción de las inversiones en proyectos para generar energía a partir de fuentes no convencionales y renovables (Fncer), la ejecución de los proyectos que fueron asignados en las tres subastas que tuvieron lugar entre el 2019 y el 2020, la primera de Obligaciones de Energía Firme (OEF) del cargo por confiabilidad y las dos últimas convergentes, que compromete 2.400 MW de potencia, llegándose a acuerdos de compra-venta de energía entre generadores y comercializadores a 15 años, está empantanada y la entrada en operación de los mismos al Sistema Interconectado Nacional (SIN) se atrasa y pospone debido a obstáculos que lo han impedido.

En efecto, Bloomberg NEF (por sus siglas en inglés), un servicio de Bloomberg Professional, considerada como una de las plataformas más prestigiosas y consultadas del mundo financiero, en su más reciente reporte del climatescope (o climascopio en español), fechado el pasado 18 de noviembre, mediante el cual mide los avances alcanzados en materia de Transición energética y en descarbonización del sector energético, ubicó a Colombia entre los primeros cinco países que más y mejor están desarrollando e impulsando la generación y uso de las energías renovables y limpias, particularmente la eólica y la solar - fotovoltaica, aprovechando el potencial de las mismas que ofrece el Caribe colombiano, en especial el departamento de La Guajira.

No obstante, concomitantemente con este gran posicionamiento de Colombia, que se debe, como ya lo dijimos, a su desarrollo normativo y regulatorio y al gran apetito que han despertado de la inversión y los inversionistas para ejecutar los proyectos, estos han tropezado con el que yo no he dudado en calificar como el nudo gordiano del desencuentro entre las empresas desarrolladoras de los mismos y las comunidades indígenas, que ha impedido superar con éxito las consultas previas que, por ministerio de la Ley, se debe tramitar.

Y mientras este paso no se surta el Grupo Energía Bogotá, que tiene a su cargo la instalación de la estación colectora en el Municipio de Uribia, al norte de La Guajira, la energía que generen los parques eólicos quedará confinada in situ sin poder transportarse hasta La Loma y Bosconia (Cesar), en donde empalmarán las líneas de transmisión con el SIN.

De la misma manera que la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, ha anunciado y se ha propuesto a destrabar los contratos firmados entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y las empresas petroleras con el fin de activar la búsqueda y hallazgo de mayores reservas de crudo para conjurar el fantasma de las importaciones, debería también dar los pasos conducentes para desatascar estos proyectos que el Sistema energético está requiriendo a gritos y sin los cuales la aceleración de la Transición energética justa que pregona el gobierno se va a quedar en sólo anuncios.

Bogotá, D. C, 16 de enero de 2023

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Por Gabriel Ortíz*.- Nada es nuevo en Colombia, porque aquí todo se puede, todo se admite, todo lleva el signo pesos impreso y hasta visto con admiración y Aprecio.

La corrupción es apetecida por la facilidad de practicarla, disfrutarla y eludir castigos y sanciones oficiales y sociales.

De tiempo inmemorial existen mecanismos para burlar los controles del Estado, de las agrupaciones políticas, entes de control, sociedad y comunidades, porque la corrupción es tan productiva, que alcanza para las más jugosas reparticiones.

Los corruptos poseen herramientas poderosísimas que les permiten escapar, disfrazar y hasta legalizar fraudulentamente sus fechorías. Conforman grupos de seguidores a través del fanatismo -que es ciego-, el populismo y la polarización. El signo pesos, enturbia ojos, ensordece, enmudece y enriquece.

En este país y en la casi totalidad de naciones, está vigente el poema de Francisco Quevedo: “…yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado poderoso caballero es el dinero”.

Este poema llama la atención de muchos. Hace poco AMLO, el presidente de Méjico lo utilizó para denunciar la estruendosa corrupción en su país, al advertir que no se admitirá que “poderoso caballero sea don dinero: ya no comprará jueces…”

Aquí la cosa es moneda corriente: no hay licitación que no lleve la coima para repartir entre los ganadores, funcionarios y demás participantes. Funciona desde los pliegos sobre medidas, el estudio, las garantías y demás “articulitos”, hasta la celebración. La reciente licitación de los 70.000.000 de Centros Poblados es apenas una radiografía insignificante del universo anual.

Pero también existe el “caballero don dinero”, en decisiones estatales que ciertos funcionarios consideran ejemplares proezas.

Para muestra un botón: el llamado “pico y placa voluntario” que estableció la alcaldesa de Bogotá y que el año pasado llenó las arcas del Distrito Capital con 270.000 millones de pesos, a los que nadie les ha encontrado destino. Que se sepa, ni un solo centavo se ha destinado para tapar los millones de huecos que, podrían albergar el metro subterráneo.

“Poderoso caballero es don dinero”, dijo la administración a los usuarios de las vías públicas, fomentado de paso la “lucha de clases”. En una sociedad democrática y justa, existe igualdad para todos, no para “don dinero”. Quienes deben llevar sus hijos a los colegios, tienen que pagar el bendito ‘solidario”, por los altos costos del transporte escolar. El trabajo y las diligencias requieren el oneroso pago de la alcabala disfrazada e ilegal. Si Quevedo hubiera conocido a Claudia -¿próxima candidata presidencial?- la incluiría en su poema, porque “hace iguales al rico y al poderoso”. Y no se hable del abismo entre el Soat que pagan las motos al que se aplica a los carros. ¡Poderoso caballero es don dinero!

BLANCO: La suspensión de la crisis por parte de Petro. Se elimina cese al fuego y el ELN, seguirá aplicando pena de muerte a los colombianos.

NEGRO: La forma como se despidió a la viceministra de Minas, Belizza Ruiz. Ningún ministro admite que alguien lo supere y por ello requieren amanuenses.

Bogotá, D. C, 13 de enero de 2023

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por José G Hernández*. - Algunos hechos recientes nos llevan a concluir, con gran pesar y preocupación, que la democracia no tiene segura su vigencia en ningún país del mundo; que los ataques contra sus instituciones y contra el Derecho en ellas inspirado no han desaparecido, y que las asechanzas -ocultas o públicas- de sus enemigos continúan. Los demócratas tenemos la obligación de seguir en el empeño de corregir sus fallas y equivocaciones, con el objeto de resguardar el que Winston Churchill catalogara como el menos malo de los sistemas de gobierno.

- En Washington, hace dos años -el 6 de enero de 2021- un grupo de terroristas partidarios del expresidente Donald Trump irrumpió con violencia en el Capitolio -la sede del Congreso de los Estados Unidos-, alegando a gritos desconocer y rechazar los resultados de las elecciones en que resultó triunfante el actual presidente Joe Biden.

Antecedente: desde cuando fueron divulgadas las cifras de la votación, en noviembre de 2020, Trump se negó a reconocer su derrota y anunció acciones legales, afirmando estar convencido de su victoria y asegurado que los comicios eran inválidos y que, por tanto, el proceso correspondiente estaba muy lejos de terminar.

-El 7 de diciembre de 2022 la policía alemana detuvo a 25 personas, en su mayor parte pertenecientes a una organización de ultraderecha que de tiempo atrás conspira, con el propósito de derrocar al gobierno y formar uno nuevo. Según las autoridades, se trata de una asociación extremista denominada “Reichsbürger” (Ciudadanos del Reich), que rechaza la República Federal de Alemania y desconoce por completo todo su ordenamiento jurídico, comenzando por la Constitución vigente. Los violentos quisieron ingresar por la fuerza en el Bundestag, la cámara baja del Parlamento, con la finalidad de dar un golpe armado, asaltar las actuales instituciones, abolir la organización republicana y restaurar el imperio alemán abolido en 1918.

-El miércoles 7 de diciembre, horas antes de que la rama legislativa del Perú debatiera, sin cumplir los requisitos constitucionales, una moción orientada a destituir al presidente Pedro Castillo, éste   anunció su decisión de disolver -también inconstitucionalmente- el Congreso, para convocar a nuevas elecciones. Horas después, el pleno del Congreso, sin un debido trámite procesal, resolvió destituirlo y dar posesión a la vicepresidenta Dilma Boluarte. Lo que ha seguido no ha sido nada diferente del caos, con destrucción y muerte. La democracia desapareció.

El pasado domingo en Brasilia, en un evento similar al de Washington, numerosos partidarios del expresidente Jair Bolsonaro invadieron el Congreso, el Tribunal Supremo y el palacio presidencial de Planalto -sedes del poder público-, causando pánico y destrozos, para reclamar una intervención militar que derrocara al recién posesionado presidente Luis Inácio Lula da Silva.

Dos semanas antes de la segunda vuelta, Bolsonaro -como, en su momento, Trump- proclamó su desconfianza en el sistema electoral, y denunció, sin pruebas, que le iban a robar las elecciones. Después, ya derrotado, salió del país y no estuvo presente en la transmisión de mando a Lula Da Silva, como ha debido ocurrir.

La democracia sigue siendo atacada por las extremas de todos los signos y orientaciones. Debemos defenderla de ellas, siempre dispuestas a su descrédito y destrucción. 

Bogotá, D. C, 11 de enero de 2023

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Humberto Tobón*.- Lo que pase en el mundo económico en 2023 afectará directamente a Colombia. Ningún hecho es tan lejano como para no tener incidencia en esta región del mundo. Ya lo hemos comprobado con creces en los últimos años. La globalización es una buena amiga, pero también una enemiga furiosa y despiadada.

El primer hecho que tiene la capacidad de seguir impactando negativamente la economía, es la guerra entre Rusia y Ucrania, que parece se profundizará en intensidad, dada la decisión de algunos gobiernos de entrar a respaldar o de continuar apoyando el esfuerzo de Volodímir Zelenski por frenar el avance de las agresiones de Putin.

El segundo hecho con efectos en el desempeño económico, es la caída de la producción China por un pésimo manejo de la pandemia de Covid 19, que está generando millones de contagiados y miles de muertes diarias, lo que se convierte también en una amenaza sanitaria mundial. China tiene un desempleo en aumento, crisis en la manufacturera, caída del sector inmobiliario, bajas ganancias de las corporaciones y pérdida de mercados en Europa y Estados Unidos.

Un tercer acontecimiento que empieza a asomarse, es la posibilidad de que haya una nueva crisis financiera en Estados Unidos, debido a las deudas asumidas por el tesoro norteamericano, el aumento significativo del precio de los bienes raíces, que estarían configurando una nueva burbuja inmobiliaria, el aumento de los créditos del sector privado, la sobrevaloración de la moneda, las crecientes tasas de interés, la desbordada inflación y el bajo crecimiento del PIB.

La cuarta circunstancia, que suena tenebrosa, es el anunció de las autoridades monetarias internacionales de que en 2023 habrá recesión en las tres economías más grandes del mundo: Estados Unidos, China y Unión Europea. Si resultan ciertas estas predicciones, la situación de países tan subordinados como el nuestro, será francamente preocupante, no sólo en términos económicos, sino también sociales.

Todos estos hechos están ocurriendo de manera simultánea, con consecuencias ya conocidas como la escasez de alimentos, materias primas e insumos, originada por unas cadenas de distribución rotas o muy deterioradas, lo que se traduce en una inflación acelerada, que conlleva a un problema adicional, la rápida contracción de la demanda y, por tanto, la ralentización del crecimiento económico a niveles críticos.

Para Colombia las perspectivas para 2023 se ensombrecen, luego de dos años iluminados por un crecimiento alto, impulsado especialmente por los excelentes precios del petróleo y el café en los mercados externos y por un alto consumo interno.

El panorama gris que ya han empezado a pintar los especialistas para Colombia, se traduce en un crecimiento cercano al 1% del PIB. Ellos abordan variables esenciales como, por ejemplo, el riesgo de una disminución sustancial de la cotización internacional del petróleo, la persistencia de la inflación, la devaluación de la moneda, tasas de interés que frenarán la producción y el consumo, decrecimiento de las exportaciones y la imposibilidad de incrementar el gasto público.

Pereira, 10 de enero de 2023  

* Economista de la Universidad Libre. Estudió Administración Financiera en la EAN y Comunicación Social en la U Jorge Tadeo Lozano.

*Conceptos que no comprometen a la RAP Eje Cafetero, de la que soy Subgerente de Planeación Regional.

Por José Félix Lafaurie Rivera*. - La mesa de La Habana convoca el Foro de Desarrollo Agrario Integral, al cual asisten 1.314 personas de 522 organizaciones que, en dos días, presentan 546 ponencias y hacen 411 intervenciones sobre 6 ejes temáticos, cuyos resultados fueron entregados en enero de 2013.

Diciembre de 2022. El Gobierno convoca una Convención Nacional Campesina, con 2.000 participantes que, también durante dos días, sesionan sobre 4 ejes temáticos divididos en 54 mesas y submesas. Su relatoría, de 570 páginas, incluye una gran variedad de proposiciones sobre Desarrollo Rural, a mano y en hojas de cuaderno algunas, y otras extensas y sesudas, no presentadas por campesinos, sino por organizaciones y “expertos” que se abrogan su representación.

¿Qué diferencias y similitudes hay entre estos dos procesos que, en el fondo, se ocuparon de lo mismo con diez años de diferencia?

El primero tuvo una intención meramente legitimadora, exigido por las Farc utilizando de “validadores” a la Universidad Nacional y a la ONU. Los temas, “propuestos” por la Mesa, eran los que las Farc ya habían negociado con el Gobierno, pues, rápidamente, en mayo de 2013, el punto 1 se declara oficialmente “acordado”, con una participación tan “cosmética” y tan a espaldas de la población rural lo negociado, que dos meses más tarde estalla “el tal paro agrario” que no existió para Santos, pero que, presionado por su reelección, lo obligó a compromisos que tampoco cumplió.

El segundo fue convocado por el Gobierno, como parte de sus compromisos de vincular a la ciudadanía a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo y de cumplir la Reforma Rural Integral, pero sobre todo de sus propuestas, que compartimos, de un Desarrollo Rural verdaderamente integral y de convertir a Colombia en potencia agroalimentaria. Los temas centrales fueron formulados por el Gobierno a partir de estas premisas, aunque en el proceso aparecieron propuestas de todo y para todo, algunas que poco o nada tienen que ver con la ruralidad campesina.

En resumen, el primero fue un montaje; el segundo un proceso permeado por narrativas extremas, pero democrático. Frente a las similitudes, ayer como hoy, persiste el radicalismo de colectivos ideologizados que se quedaron varados en viejas narrativas de odio, frente a un Gobierno “de izquierda”, pero que entiende el valor de buscar puntos de encuentro y avanzar en la recuperación del campo.

En esa convicción se basa el acuerdo con Fedegán para la compra directa de tierras, descalificado por esos segmentos radicales como la legalización del despojo paramilitar, frente al cual exigen expropiación pura y dura de las tierras ganaderas.

En esa misma convicción, el presidente Petro sostiene conversaciones en Brasil sobre Reforma Agraria con la muy capitalista y tecnificada Corea del Sur, buscando modelos exitosos en otras latitudes, aunque algunas organizaciones campesinas radicales descalifiquen el modelo capitalista de “sectores como Fedegán, que ven el futuro en la tecnificación del campo, siguiendo ejemplos como Israel, Brasil o Argentina”, y le añado Corea del Sur. ¡Ojalá los siguiéramos!

Entretanto, el Gobierno avanza en una Reforma que no se quede en la propiedad de la tierra, sino en la dotación de condiciones que la conviertan en factor de cambio. Seguramente mostrará resultados tempranos y marcará derroteros, mientras otros persisten en la narrativa del odio, asociada al “latifundista” y a un paramilitarismo que ya no existe y del que los ganaderos también fuimos víctimas, reemplazado por el narcotráfico que los ataca y ni siquiera mencionan.

Los resultados son la mejor estrategia contra el odio que se atraviesa a la recuperación integral y pacífica del campo. Por ello, a pesar de todo…, no pierdo la esperanza.

Bogotá, 9 de enero de 2023

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Amylkar D. Acosta M*.- La economía colombiana, entonces, cierra el año 2022 con un crecimiento del PIB que supera el 7%, producto del efecto rebote y comienza el 2023 con una marcada tendencia a la desaceleración del ritmo de crecimiento, entrando en barrena. Después de haber alcanzado un pico de crecimiento del 17.2% en mayo del año pasado, el mismo ha venido perdiendo fuerza e impulso y termina el año en su cuarto menguante. Es así como el crecimiento del PIB el tercer trimestre de 2022 con respecto al trimestre anterior fue escasamente del 1.6% (¡!).

De acuerdo con la previsión del Banco de la República, se espera un crecimiento anémico de la economía, reduciéndose a un exiguo 0.5%, lo cual repercutiría en una sensible reducción del PIB per cápita, toda vez que dicho crecimiento estaría por debajo del crecimiento vegetativo de la población, lo cual sólo se ha dado en Colombia dos veces en los últimos 23 años, durante la recesión económica en 1999 y en 2020 a consecuencia de la crisis pandémica. Y, lógicamente, ello también incidirá en una merma del ingreso y la capacidad adquisitiva de los colombianos en 2023.

Ello será otro lastre con el que tendrá que cargar el crecimiento de la economía, ya que en el último tramo del año anterior el consumo de los hogares ha sido uno de los mayores impulsores del crecimiento del PIB, tanto más en cuanto que se ha visto impactado y de qué manera por la inflación galopante, que en lo corrido del año anterior hasta el mes de noviembre se trepó hasta el 12.54%, superando en más de 7 puntos porcentuales la del mismo período del 2021. Esta inflación, que tiene un gran componente importado, sólo se compara con la que se registró hace 23 años. 

La Junta del Banco de la República, en su afán de contener esta escalada alcista de los precios y de paso responder a la seguidilla de aumentos en la tasa de intervención decretada por la Reserva federal, que ha provocado un éxodo de capitales desde los demás países, incluido Colombia, hacia EEUU, ha venido también incrementando la tasa de interés de intervención desde el 3% de un año atrás al 12% actual con el que cerró el 2022.

Como es obvio, ello se ha traducido en una restricción y encarecimiento del crédito, sin lograr su cometido de contener la inflación. El comportamiento de la Junta del Banco emisor es lo más parecido al perro que da vueltas sobre su propio eje tratando en vano de morderse la cola. En consecuencia, el costo del crédito es el más alto desde 2001 (¡!). Con las medidas tomadas el Banco de la República aspira y espera que para finales de este año la inflación se reduzca hasta el 7% y regrese a su meta de inflación objetivo de 3% sólo en 2024. Lo ha dicho en forma rotunda el Ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, para el 2023 “en vez de más inflación y tasas de interés, esperamos menos inflación y bajas en las tasas de interés”.

El sector externo se ha visto favorecido por el aumento sin precedentes de los precios de sus dos principales productos de exportación, como los son el carbón y el petróleo, aupados por la crisis energética global que se desató a raíz de la confrontación de los países que integran la OTAN, encabezados por EEUU y Rusia. Y muy seguramente esta tendencia se va a mantener en el curso de este año por el doble efecto de la inercia, de los mayores volúmenes y mejores precios ya negociados de sus exportaciones y de contera por la prolongación del conflicto en Ucrania. En el caso del petróleo habrá de contribuir a mantener sus precios al alza el anuncio de Putin de no venderle petróleo a los países rivales.

En medio de los vientos cruzados que soplan a nivel internacional y la incertidumbre que generaron los primeros anuncios de la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez, de parar en seco la firma de nuevos contratos petroleros y del Director de la Agencia Nacional Minera (ANM) de hacer lo propio en minería, llama poderosamente la atención el comportamiento de la inversión extranjera directa (IED) en el sector minero-energético. Al cierre de octubre pasado el total de la IED creció el 62.8% con respecto al mismo período del año anterior, ascendiendo a la suma, nada despreciable, de US $9.491 millones. Según el Banco de la República desde el 2015 no se registraba una cifra tan alta como esta. Se destaca el hecho que entre petróleo y minería acaparan el 72% del total de la IED, con US $6.866 millones, para un incremento del 77.7% con respecto a los primeros diez meses del 2021.

El mayor reto que tiene la economía colombiana para este año es sortear los factores desestabilizadores que vienen desde el exterior, que no favorecen la reactivación, largamente aplazada, los cuales se transmiten a través de los vasos comunicantes de nuestra balanza de comercio exterior, en momentos en los que el déficit en la cuenta corriente de la Balanza de pagos supera el - 7% (¡!). Le tocará maniobrar con mucha habilidad al Ministro Ocampo para que la economía colombiana tenga un aterrizaje suave este año y evitar a toda costa un aterrizaje forzoso!

Bogotá, enero 7 de 2023

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energíawww.

amylkaracosta.net

Por José G. Hernández *. - La Constitución Política de 1991 ha sido reformada más de cincuenta veces y lo sigue siendo. La legislatura que se reinicia el 16 de marzo tendrá a su consideración varias propuestas de acto legislativo -algunas ya avanzadas-, y se anuncian y preparan otros proyectos de modificación constitucional.

Además, el Ejecutivo continuará en su política orientada a lograr la paz total, y no es extraño que, de los diálogos con las organizaciones armadas y de lo que se acuerde, surjan nuevos compromisos de reforma de la Constitución y las leyes, como ocurrió tras el proceso de paz adelantado durante la administración Santos.

Por otra parte, no faltan quienes insisten en la convocatoria de una asamblea constituyente, y otros hablan de posibles referendos, con distintos propósitos.

Todo ello significa que, pese a ser -en teoría- una constitución rígida, que contempla exigentes requisitos para su modificación, en la práctica nuestra Carta se ha ido flexibilizando, especialmente por razones de carácter político y coyuntural. 

Ahora bien, como lo han expresado los tratadistas, sin bien toda constitución debe irse adaptando a los cambios y desafíos que van surgiendo en el interior de la sociedad, por múltiples causas y razones -sociales, económicas, políticas, jurídicas, endógenas y exógenas-, y, por tanto,  no puede permanecer inmodificable, lo que sí requiere es una mínima estabilidad, de modo que no se convierta en pieza normativa manipulable y débil, sometida a los caprichos de quienes ejercen el poder y sujeta al vaivén propio de las conveniencias políticas de corto plazo.

Indudablemente, hay disposiciones vigentes desde 1991 que deben ser revisadas. Por ejemplo, las que consagran el alambicado sistema de fueros, que ha terminado rompiendo por completo la igualdad de los colombianos ante la ley y la justicia, y ocasionando impunidad. O las reglas para elegir a los titulares de la Fiscalía y los órganos de control, para que sean -de verdad- autónomos e independientes, como lo proclama el artículo 113 de la Constitución.

Igualmente, es preciso que los ciudadanos recuperemos la acción pública de inconstitucionalidad, plasmada con fortuna desde 1910, pero obstruida desde hace unos años por la propia Corte Constitucional, que se inventó exigencias formalistas a las demandas, convirtiendo ese derecho político en un complicado recurso extraordinario de casación, y periclitando ella en el ejercicio de la guarda judicial de la integridad y supremacía de la Carta Política.

Pero una cosa es introducir necesarios ajustes y correcciones al ordenamiento superior -lo que, inclusive, garantiza que los hechos y los nuevos retos sociales no le hagan perder vigencia-, y otra cosa muy distinta improvisar y aprobar -a las carreras- innecesarias enmiendas, sin previo y detenido estudio acerca de sus alcances y consecuencias. Además, hay el riesgo de acoger proyectos de acto legislativo cuyo contenido, más que reformar, acabe sustituyendo la Constitución, sus postulados y valores intangibles.

No caigamos en el error histórico de convertir a la Constitución Política -base y sustento de nuestro sistema democrático- en una suma de disposiciones inestables, inconexas y hasta contradictorias entre sí, que se acomodan a la coyuntura política dominante, y que se van introduciendo irracionalmente, en la medida de las momentáneas conveniencias.

Bogotá, D. C, 4 de enero de 2023

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Juan Camilo Restrepo *. - El debate sobre la adquisición de una nueva y costosa flotilla de aviones de combate, para reemplazar a los Kfir, es bueno ponerla en sus justas proporciones.

Yo celebro el cambio de opinión del presidente Petro. Seguramente los argumentos que recibió como mandatario le hicieron modificar los que tenía como candidato. Y ha entendido que esta costosa adquisición de aviones coincide con los mejores intereses del país y de su seguridad. Un presidente no puede aferrarse a prejuicios anteriores; y tanto más tratándose de asunto tan delicado.

Ahora bien: el fortalecimiento de nuestras fuerzas militares no se reduce a adquirir una nueva flotilla de aviones de combate. También hay que mirar lo que está sucediendo con el equipamiento del ejército y de la policía. Causó, por ejemplo, mucho estupor -que aún no ha sido dilucidado- la reducción en el presupuesto de las fuerzas en la suma de $800.000 con relación al que venía ejecutándose. Por los lados de la policía hay también desasosiego. Un reciente informe de la fundación “ideas para la paz” da cuenta por ejemplo de la caída notoria que han tenido las operaciones militares este año. Y en no poca medida esto parece estar relacionado con deficiencias en el equipamiento y en los contingentes profesionales de nuestras fuerzas militares.

Flota en el ambiente el sentimiento de que el gobierno Petro es indiferente frente a las necesidades inmediatas de las fuerzas militares. Está bien que renovemos la flotilla de los desuetos Kfir. Pero con la misma lógica el gobierno debe poner extrema atención en concurrir a las necesidades más inmediatas, pero no menos importantes, de nuestras fuerzas militares.

La situación de orden público del país atraviesa por una época critica. A veces se tiene la sensación de que los esfuerzos de nuestro ejército y policía quedan desbordados por el poder creciente de los agresivos grupos narco delincuentes. Según ha informado el comandante del ejército, el general Ospina, los contingentes de los grupos de alta criminalidad ascienden a 5000. Y con otro tanto cuenta el Eln que, contrariamente a lo que afirmó el gobierno Duque no está disminuido, sino que por el contrario está altamente fortalecido.

Las tratativas para comenzar diálogos de “paz total” con unos y otro son bienvenidas. Pero esto va a tomar tiempo. Y mientras tanto la capacidad ofensiva de nuestras fuerzas militares debe fortalecerse al máximo. El propio gobierno anunció recientemente que su táctica en el Cauca cambiaba: ahora, dijo, se pasa a la ofensiva apoyándose en soldados profesionales. Y esto requiere fuerzas con renovada capacidad táctica.

Lo anterior recibe un argumento adicional con los anuncios que se pueden vislumbrar de la nueva política antidrogas que ha dejado conocer el gobierno. En efecto, ha dicho el presidente Petro que los cultivos ilícitos se tolerarán hasta que la rentabilidad de los lícitos supere los rendimientos de los cultivos de coca. Esto ha creado desconcierto. No es poca la gente que adivina en este anuncio una tolerancia indefinida con los cultivos ilícitos sin política alguna de erradicación.

Ya el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha reclamado “cautela” del gobierno colombiano, y le ha solicitado que defina con claridad una política contra los cultivos ilícitos que aún no se logra adivinar de los confusos trinos presidenciales sobre la materia.

Lo único concreto que ha dicho el gobierno Petro es que en ausencia de una política de no erradicación forzosa se intensificarán las operaciones de interdicción contra el trasiego de narcóticos. Pero aún para poner en marcha este nuevo postulado se requerirá fortalecer la disponibilidad de equipos y militares especializados, capaces de llevar a cabo algo tan complejo como es una política eficaz de interdicción.

No solo, pues, es asunto de una nueva flotilla de aviones: se requiere mucho más.

PD: Mis mejores deseos para un buen año 2023 a todos los amables lectores de esta columna.

Bogotá, D. C, 2 de enero de 2023

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.