Opinión

Por José F. Lafaurie*.-  Apenas horas antes de su intervención ante el Congreso Nacional de Ganaderos, me enteré de que, en ella, el presidente Petro me solicitaría hacer parte de la delegación del Gobierno en las negociaciones con el Eln en Caracas. ¿Por qué acepté?

Inicialmente, respondo con otra pregunta: ¿Cómo negarme? Acababa de firmar un acuerdo con el Gobierno para la compra de tierras, como parte de su promesa de cumplir con la Reforma Rural Integral pactada con las Farc; y adicionalmente, habíamos ratificado nuestras coincidencias sobre las posibilidades de Colombia como potencia agroalimentaria y sobre la necesidad de recuperar el campo como condición para la paz; ¿Cómo negarme entonces a participar en unas negociaciones “de paz”?

De incoherente me tildarán quienes se preguntan, sin mayor análisis, por qué con Santos no y con Petro sí. Primero, porque Santos nos traicionó a sus electores, pues ofreció una cosa e hizo otra. Segundo, por mi oposición a que se negociara la reforma del campo con quienes lo habían destruido, y a espaldas de la población rural y del sector agropecuario. Y tercero, porque las negociaciones con las Farc buscaban -y lo lograron- transformar el Estado para garantizar impunidad y justificar políticamente sus crímenes.

Petro, por el contrario, ofreció negociar con el Eln. No sabemos aún qué quiere, pero nunca superará las exigencias de las Farc y, dentro de lo que alcancé a percibir en el primer encuentro, sus propuestas van más en la dirección de lograr una mayor participación de la sociedad en la construcción de una mejor democracia, que impliquen transformaciones institucionales, pero no para su beneficio, sino para buscar la paz sin olvidar a las víctimas. En suma, son más “idealistas”, si se quiere, sin que ello, por supuesto, justifique su violencia.

También puede parecer incoherente que el esposo de María Fernanda Cabal, una figura de la oposición al Gobierno, pero además miembro reconocido del Centro Democrático y presidente de un gremio percibido como “de derecha”, haga parte de una negociación con el Eln. Jorge Visbal, también reconocido por su posición de derecha y también presidente de Fedegán, participó durante el gobierno Samper en negociaciones con los mismos elenos de hoy, en Maguncia, Alemania (1998).

Pero más allá de esas acusaciones, predecibles, por demás, yo me debo a Fedegán y al gremio ganadero. Durante su Congreso Nacional, cerca de 2.000 ganaderos aplaudieron la invitación audaz del presidente, y luego, en la sesión estatutaria, los delegados con derecho a voto, que constituyen la máxima asamblea de Fedegán, aprobaron mi participación por unanimidad.

Más allá de esas acusaciones, me debo al país y atenderé también el consejo del expresidente Uribe, de que “es mejor estar que no estar”, pero estar asertivamente, por eso importa aclarar, no tanto en qué condición voy a Caracas, sino con qué actitud, con qué equipaje. Con el de siempre es la respuesta. Todo lo que pienso, lo escribo y lo hago público semanalmente desde hace más de treinta años. Ni como persona ni como dirigente gremial, como le reiteré al presidente Petro, he cambiado mis principios…, y no los cambiaré en la mesa de negociaciones.

Es más, creo que al Gobierno le sirve esa voz, no disonante, sino que marque diferencias y contrastes, ni unanimista ni contradictora por que sí, que no es mi talante. Llegaré a plantear posiciones con independencia y respeto, y a llenar la mesa de propuestas para un mejor país, a partir de la recuperación del campo, porque si al campo le va bien…, a Colombia le irá mejor, algo que el país no ha querido entender y, por eso…, estamos como estamos.

Bogotá, D. C, 26 de noviembre de 2022

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Juan Carlos Echeverry*.- ¿Qué llevó a la tasa de cambio a cinco mis pesos? Anunciar una posible modificación al precio al cual los inversionistas de portafolio comprarían las divisas para sacar sus inversiones, en la forma de un impuesto a la salida de capitales.

Luego se aumentó el precio que cobra el gobierno por dejar producir petróleo en Colombia, conocido en la industria como “la porción del Estado” (state take), que subió hasta 85%.

En tan solo tres meses la devaluación del 25% refleja este dirigismo de precios, y le ha costado el gobierno de 6 billones de pesos en más pagos de intereses.

Dos precios clave continúan controlados muy por debajo de su nivel: la gasolina y el Diésel. Vienen así de Duque y los mantienen con un costo al estado cercano a 25 billones al año.

Ahora viene la reducción a la mitad del precio del SOAT, que costará billones, y fuerza a asegurar siniestros por debajo de los costos.

Estos controles de precios, adicionados a los de energía, fertilizantes y carne hacen que el senador Bolívar se vanaglorie de un gobierno que por fin se decidió ayudarle a la gente. Al ritmo de un precio intervenido por semana terminarán “ayudándole” a todo el mundo.

Cuando se fijan precios por debajo los costos o de lo que se paga fuera del país, se induce:  a) desabastecimiento, como sucederá en el SOAT y la carne, b) altísimos costos fiscales, como sucede con el Diésel y la gasolina, c) incertidumbre y corridas, como sucede con el tipo de cambio, también con inmenso costo fiscal y privado, d) colas, mercado negro y corrupción.

¿Qué tanto los precios controlados “ayudan” a los padres de familia? Cuento una anécdota. Por allá en 1970, al ministro de Agricultura se le ocurrió bajar a la mitad el precio del aceite de cocina, para ayudarle a las mamás colombianas. Fue en las vacaciones de junio. Cada tres o cuatro días mi mamá me levantaba a las 6 am a ir a un Cafam que quedaba a ocho cuadras y hacer cola hasta las 11 am. Allí habían puesto un expendio oficial de aceite de cocina, que era un barril del que le bombeaban aceite al tarro que uno llevaba.

A los ocho años no entendí por qué gasté unas vacaciones madrugando a hacer horas de cola en Cafam. A la postre el generoso ministro se dio cuenta de la futilidad de su medida, que había generado desabastecimiento, mercado negro de aceite y corrupción. Al cabo el gobierno abandonó el control del precio del aceite de cocina, y volvieron a aparecer 20 o 30 tipos de aceite, de todos los orígenes y variedades, importados y nacionales, a los más diversos precios. Las millones de mamás colombianas verían cuál de esos aceites les convenía más.

El gobierno actual ya gastó una y media reforma tributaria en cubrir los subsidios de la gasolina y el diésel, y pagar intereses adicionales de la deuda externa en devaluados pesos. ¿Continuarán controlando precios?

El desplome de una economía se deriva de fijar ficticiamente los precios al calor de la generosidad de los ministros de turno. Una vez se reduce ficticiamente un precio, se induce una protesta, como lo muestran los taxistas, motociclistas y camioneros del país, pues creen que no les pueden subir la gasolina y el diésel. No sucede así en Chile y Perú, con gobiernos progresistas, pero que no incurrieron en ese error de consentir y malcriar a la gente.

Al final todo se paga. De una u otra manera, bien sea con desabastecimiento, impuestos, colas, mercado negro, marchitamiento económico y corrupción. Todo se paga.

Bogotá, D. C, 27 de noviembre de 2022

* *Economista. Exministro de Hacienda y Expresidente de Ecopetrol.

Por Gabriel Ortiz*.-La inflación y la especulación amargarán la navidad de los colombianos, que día a día ven con asombro, cómo los efectos de la pandemia no han cesado; no por acción del covid19, sino por la inexistencia de un frente común que oriente la economía con medidas racionales de recuperación y defensa de los consumidores.

Expertos calculan que la inflación puede ubicarse este año en el 13%, ya que al finalizar noviembre será del 12.34%.

Al Emisor le brillan los ojos para elevar un punto más la tasa y llevarla al 13%. Mi amigo Fernando Barrero, experimentado periodista económico, me aclaró que los bancos centrales utilizan ese mecanismo en tiempos inflacionarios. Esa era la teoría de los sabios financieros de MIT y Harvard. Pero han aparecido, otros sistemas que con éxito han logrado excelentes resultados, con los que controlan las devaluaciones y los precios de los bienes de consumo, la inflación.

Si el Emisor solo mira las tasas, disminuirá los consumos familiares, pero a precios tan escandalosos que empujarán la inflación y la pobreza.

Ya lo advirtió el presidente Petro, cuando explicó que la canasta familiar está manejada por la especulación. Por ejemplo, la carne, la comida en general, la electricidad -en un país que mantiene repletas las represas por el invierno- los arriendos y demás consumos, sobrepasan los presupuestos de la población.

Dijo, con toda razón, que la riqueza se concentra en los dueños de medios de producción, para manejar a su antojo los precios.

Durante la navidad habrá, quiérase o no, una explosión del consumo, tras estos dos años de penurias y limitaciones generadas por la pandemia. Habrá una especie de liberación que invadirá comercios y disparará las ventas para compensar la escasez que padecieron familias y comunidades.

La banca, el comercio y el sector financiero, serán los beneficiados porque las utilidades los inundarán con el crédito que, a nivel de usura, se aplicarán, sin miramiento a los colombianos postpandemia.   

En enero y de ahí en adelante, tarjetas de crédito, prestamistas y agiotistas, verán a su clientela desfilar por juzgados, tribunales, tinterillos y oficinas de cobranzas que los exprimirán, asfixiarán y arruinarán.

Entre tanto, el dólar continuará su carrera alcista, porque el Emisor no actúa. Deja el mercado cambiario a la deriva. No saca reservas para impedir la carrera desbocada, especulativa e inflacionaria que trae la divisa.

Todo esto nos conducirá a un incremento desmedido del salario mínimo, que cuando sea recibido por la fuerza laboral, ya no tendrá valor alguno. La especulación, la inflación y el enriquecimiento del sector financiero, aguarán esta navidad a toda Colombia.

CUATRO COLEGAS: Felicitaciones a Daniel Coronell, Periodista del Año del Premio Bolívar. Gran e indiscutible merecimiento.

Tras una vida ejemplar, Lucy Nieto deja su extraordinaria columna que escribe desde 1963.

Ineludible galardón otorgó el Premio Bolívar a Fidel Cano, digno sucesor de una estirpe y un linaje.

Nuestro entrañable amigo Juán Gossain, sigue luchando por su brillante vida. Lo acompañamos con nuestras oraciones.

Bogotá, D. C. 26 de noviembre de 2022

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por Paloma Valencia Laserna*.- Empiezan diálogos con el ELN y muchos nos preguntamos ¿habrá aprendido el gobierno de los errores del pasado? Quiero sacar unas conclusiones, sin pretender que sean todas, sobre las lecciones que nos dejó la negociación con las Farc.

En 2016 las FARC desmovilizó 13.957 hombres- quienes hoy tienen un sueldo mensual de por vida- En cumplimiento de los acuerdos se liberaron 2.124 criminales que estaban en la cárcel.  La Fiscalía dijo que las Farc habían acumulado una cuantiosa fortuna de 22 billones de pesos, sin embargo, el gobierno Santos no les exigió un porcentaje de aquello, les pidió en cambio, que fueran ellos los que inventariaran los bienes, y las Farc dijeron que sólo tenían 967 mil millones de pesos en bienes. De eso, solo entregaron el 4%. En los próximos 15 años, el acuerdo le costará al país según el Marco Fiscal 129 billones de pesos. Nos quedamos con los criminales de lesa humanidad sentados en el Congreso, sin votos y con curules y con recursos que les giró el Estado por 9.847 millones. Y la impunidad rampante, ninguna condena “alternativa” por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. La única decisión sobre un guerrillero que ha resonado es la amnistía por rebelión sobre Granda -el Canciller de las Farc- sobre quien pesa una circular roja de la Interpol por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente del Paraguay.

Aunque la desmovilización de esos hombres en armas mejoró la seguridad por algunos meses, la dicha no duró mucho. En agosto de 2022 el país ya contaba con 13.101 nuevos hombres en armas, faltaban 800 hombres solamente para reemplazar integralmente el número de desmovilizados. Hemos dicho, pero hay que repetirlo, el narcotráfico es la causa principal de la violencia en Colombia. El asunto no fue tenido en cuenta en el acuerdo con las FARC, no hubo delación de rutas, ni socios, ni verdad sobre ese que es el combustible de todas las violencias. Todo lo contrario, los anuncios de pagos a los cultivadores, la prohibición de fumigar y las “nuevas políticas” para enfrentar el narcotráfico generaron el crecimiento desmedido de los cultivos. Llegamos a más de 200 mil hectáreas. Preocupa que esas “nuevas políticas” sobre la coca son las mismas que quiere seguir implementando el gobierno Petro.

La legalización no soluciona el problema por dos razones; primero, debe ser una decisión multilateral aceptada por países consumidores. De nada sirve legalizar en Colombia si no se puede exportar. Ni en EE.UU. ni en la UE han dado síntomas de legalizar la cocaína, en cambio sí de descertificar y sancionar a los países que no la combaten. Segundo, su legalización no significa de manera inmediata la legalización de los mercados. Colombia tiene una arraigada cultura de la ilegalidad, por ejemplo, la explotación de oro es legal en Colombia, y sin embargo, el 65% de la explotación es ilegal y financia grupos criminales. Usan el discurso de la legalización como un escudo para no hacer nada. Dicen que buscan nuevas políticas para combatir las drogas, pero son muy parecidas a las del Gobierno Santos, podemos aventurarnos a decir que fracasarán.

El ELN tiene 2.743 hombres en armas, 2.654 hombres en redes de apoyo constituidas en 71 estructuras armadas, 6 frentes de guerra rurales,1 frente de guerra urbano, 1 frente internacional, con incidencia en 21 departamentos y 167 municipios. El ELN es federado, por lo cual, no es claro que tenga unidad de mando. Si, como sostienen muchos expertos, cada frente del ELN es libre ¿Cuántas mesas de negociación serán necesarias? Luego de la negociación con las FARC, unos incumplieron y otros no quisieron incorporarse al dialogo, y eso que las Farc tenían unidad en su mando. ¿Cómo se garantiza que cumplan lo que prometen? Más aun cuando le dan nuevas alas a Iván Márquez quien firmó e incumplió, le dicen al ELN que incluso firmando tienen derecho a incumplir y posteriormente, cuando bien les convenga, volver a negociar. 

Bogotá, D. C, 25 de noviembre de 2022

*Senadora del Centro Democrático.

Por José G. Hernández*.- El artículo 5 de la Constitución proclama: “El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad”. El 42 reitera que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad; dice que “la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”; que “las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes” y que “cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley”. La misma disposición consagra que la pareja tiene el deber de sostener y educar a sus hijos “mientras sean menores o impedidos”. Es decir, es un derecho, una función y un deber de la familia hacerse cargo de su educación, en todos los aspectos, y con plena libertad, según sus valores y criterios. Es algo que no corresponde al Estado sino a los padres, y el Estado no puede invadir esa órbita.

Por otro lado, el artículo 44 de la Constitución dispone que los niños serán protegidos contra toda forma de violencia física o moral, y contra el abuso sexual, entre otros peligros. Y agrega que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. El 45 estipula, respecto a los adolescentes, que tienen derecho a la protección y a la formación integral.

Es claro que, a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas que adopte el Estado son las apropiadas para “proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual”, mientras se encuentre bajo la custodia de los padres o de quien lo tenga a cargo. 

Estas normas -tanto las constitucionales como las convencionales- buscan la protección de los niños, no su madurez prematura en materia sexual.

A nuestro juicio, el legislador no debe -contra la Constitución y los tratados- promover iniciativas que conspiren contra esas garantías esenciales, ni despojar a los padres de familia de las indicadas funciones y derechos, en lo que atañe a la educación sexual. Es equivocado trasladar al Estado el papel de la familia, y despojar a los padres de su libertad de enseñanza. Y muy grave hacer obligatoria la denominada “ideología de género”, que los padres -en ejercicio de la libertad que la Constitución les garantiza- pueden o no compartir, y tienen todo el derecho a no educar a sus hijos dentro de ella. 

En estos días, en España, una ley -supuestamente orientada a proteger a los menores-, ha conducido -por el contario- a la libertad de violadores y abusadores, sobre la errónea base según la cual no es delictiva la relación sexual con un menor, si éste da su consentimiento.

La ministra española de la Igualdad, autora de la iniciativa, ha culpado a los jueces y tribunales por el efecto perverso de una norma improvisada y equívoca. Que no pase aquí lo mismo.

Bogotá, D. C, 24 de noviembre de 2022

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Humberto Tobón* Todo indica, de acuerdo con los anuncios meteorológicos, que las lluvias seguirán arreciando y que podrían extenderse, por efectos del “fenómeno de la Niña”, hasta comienzos de 2023. Una verdadera tragedia.

El impacto social de esta temporada de lluvias es catastrófico. Lo que se sabe hasta el momento es que son 243 muertos por efectos directos de la lluvia, 500.000 personas damnificadas y daños cercanos a los 400.000 millones de pesos.

Frente a esta situación, ha empezado a surgir una pregunta clave: ¿Se podía prevenir este desastre? La respuesta depende de si se tiene o no un mapa de riesgo detallado y un plan de acción para la prevención. Y de acuerdo con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la mayoría de los municipios del país no tienen estos instrumentos.

Se sabía, de acuerdo con los anuncios de las autoridades, que las lluvias en el segundo semestre de 2022 serían cada vez más fuertes y frecuentes. Ante esto, el presidente electo Gustavo Petro, les pidió a los alcaldes en julio que tuvieran listos sus planes de riesgo climático. Muy pocos respondieron afirmativamente.

Ante la magnitud de los daños, lo que les corresponde a las autoridades es reaccionar con los elementos de los que disponen, que en general son muy escasos. El gobernador de Boyacá, por ejemplo, aseguró que no tiene cómo atender las emergencia en 120 de los 123 municipios de su departamento. Lo mismo señaló el gobernador de Cundinamarca, donde 82 de los 116 municipios están afectados por inundaciones y deslizamientos.

Con lo que está ocurriendo ahora, viene a la memoria la temporada de lluvias de 2010 y 2011, que le costó la vida a miles de personas y los daños fueron billonarios. En ese momento se dijo que era necesario avanzar en los planes de prevención, porque esta situación se volvería a presentar. Y el resultado que tenemos a la vista, es que no se actuó.

Con los actuales niveles de lluvia, las vías terciarias están prácticamente destruidas, lo que impide la movilización de los campesinos hacia los cascos urbanos, a lo que se adiciona que vías secundarias y troncales nacionales también están deterioradas, impidiendo que los alimentos y muchas otras mercancías lleguen a las ciudades, acelerando la escasez y el aumento de precios.

La inflación de los alimentos tiene muchas explicaciones, que van desde la ausencia de fertilizantes, la baja productividad nacional, el costo de las importaciones, la devaluación del peso y la especulación del comercio. Sumándose, ahora, la baja oferta interna por la imposibilidad de llevar productos agrícolas y pecuarios a los centros de abasto, plazas de mercado y de ferias y centros de sacrificio.

Alimentos más costosos, daños en las tierras productivas y pérdidas de cosechas, nos pondrán, además, frente a otras situaciones socialmente muy preocupantes: el aumento de la pobreza y del hambre.

Ojalá, con esta nueva emergencia sea posible tomar en serio la formulación y aplicación de los planes de gestión de riesgo de desastres.

*Estos comentarios no comprometen a la RAP Eje Cafetero, de la que soy Subgerente de Planeación Regional.

Bogotá, D. C, 23 de noviembre de 2022

* Economista de la Universidad Libre. Estudió Administración Financiera en la EAN y Comunicación Social en la U Jorge Tadeo Lozano.

Por Paloma Valencia Laserna*.- El presidente Petro fue a la COP 27 y dio 10 recomendaciones. Solo puedo compartir dos: la referida a la importancia del Amazonas y los esfuerzos nacionales e internacionales que serán necesarios para salvarlo. La segunda, una idea que muchas veces ha rondado; cambiar deuda internacional por cuidado ambiental, y en el caso de Petro, por inversiones en adaptación y mitigación ante el cambio climático.

Las otras recomendaciones son una escalada de insensateces, nuevamente con una táctica poética que disfraza realidades complejas con mentiras sonoras pero al fin y al cabo falsas.

La más burda de todas sus propuestas es la que invita a que la banca internacional y multilateral deje de financiar hidrocarburos.  Suena bien, pero olvida -o esconde- el Presidente el hecho de que hoy casi todo lo que hacemos involucra combustibles fósiles. Los proyectos del agro incluyen toda la urea. Este principal e indispensable abono se obtiene de las explotaciones de gas -con GEI-. También la construcción tiene un severo impacto en el calentamiento global, pues involucra el acero que hoy no podemos hacer sin carbón coque -con GEI- y concreto cuya producción también involucra combustibles fósiles -con severos GEI-. A esto habría que sumarle todo el sector transporte que sigue siendo dependiente de los hidrocarburos. La transición energética avanza, pero no a la velocidad que se quisiera. No hay aviones eléctricos, ni energía suficiente para pasar todo el transporte a esa modalidad.  Así someramente, el Petro le pidió a la banca no volver a financiar proyectos de agro, ni de construcción, ni de transporte… y habría que agregarle todo lo que use plásticos también provenientes de los hidrocarburos. En fin, la propuesta es absurda.

Sugirió al mundo hacer lo que el pretende con Colombia; acabar con el sector de hidrocarburos. Suena bien, pero no es tan simple. Si mañana no se produjera una gota de petróleo o gas o carbón la humanidad la pasaría muy mal. No solo por el invierno que se avecina, sino porque muchos países en su provisión energética también dependen de hidrocarburos: no habría transporte, ni concreto, ni comida, ni luz, ni muchas cosas que definen hoy la vida misma.

Pero además esa idea tiene una falacia fundamental: prohibir un sector necesariamente activa otros. Cabe recordar que las grandes petroleras del mundo como BP, Shell, Chevron, Total, Eni, Exxon invierten miles de millones de dólares en investigación de nuevas energías. Seguramente serán ellas, como Ecopetrol en Colombia, quienes liderarán la producción de nuevas energías. Si se quiebran las petroleras esa riqueza desaparece y no habrá quien invierta en esa investigación. Se requieren eso sí más y mejores incentivos económicos para que se invierta más y más rápido en energías limpias. Eso es lo que el Presidente parece no entender.

La solución es y pesa por el mercado, al contrario de lo que opina Petro. Dijo: “Es la hora de la humanidad y no de los mercados”. Se equivoca al ponerlos como antagonistas. Si queremos mayores energías renovables, necesitamos que los mercados las produzcan y las financien.

Cuando Petro propone la agenda de solo la “planificación pública y global, multilateral, la que permite pasar a una economía descarbonizada” dirigida por la ONU no solo contradice su propia visión de que “el acuerdo de tecnócratas influidos por los intereses de las empresas del carbón y el petróleo” no sirve para solucionar el problema del cambio climático, sino que además propone la idea comunista de una económica centralmente planificada. Que no funciona, no ha funcionado ni en la Unión Soviética ni en Cuba ni en Venezuela ni funcionará a nivel global.

Su desprecio por el mercado denota una profunda desconfianza en las libertades ciudadanas. Sobretodo demuestra su desconocimiento sobre cómo los incentivos económicos son capaces de influir los mercados y marcar el rumbo de las economías.

Eso se refleja en su reforma tributaria -sin un solo aporte a la política industrial- y en su visión estatista de todos los ámbitos vitales. Ahora el Estado nos dice que podemos comer con el rótulo de saludable; que nos debe gustar restringiendo prácticas culturales; y nos quiere administrar la salud, producir los remedios, y quien sabe que más.

Bogotá, D. C, 10 de noviembre de 2022

*Senadora del Centro Democrático

Por Gabriel Ortiz*.- La capital colombiana, va de mal en peor, por culpa de sus habitantes, sus gobernantes, sus visitantes, sus acusadores, sus defensores, sus autoridades, sus servicios, etc.

Orgullosamente se identificaba como Bogotá, D.C., nombre que ya se cambió por Bogotá, U.C.I., porque ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos, como último recurso para buscar nuevos, íntegros, entusiastas e idóneos gobernantes y dirigentes la revivan y la saquen de la postración.

Está invadida de “maletines naranja”, que antes de considerarlos como apoyo a la movilidad y la organización, se les aprecia como el gran negocio para fabricantes, vendedores y compradores.

El “pico y placa”, que algunos esperaron sirviera para descongestionar el tránsito, es ahora un filón ideado por Claudia, para paralizar la ciudad.

Los escasos días que se puede usar un vehículo que, paga el más abultado impuesto de rodamiento, se debe disponer del día entero para cualquier diligencia. Las anteriores calles, avenidas y rutas, ya no se pueden tomar, las angostaron para instalar antitécnicas ciclorrutas y franjas exclusivas para buses que pasan desocupados ante las congestiones y la inseguridad. El poco espacio que aún queda para los vehículos, debe compartirlo con millares de motos, que, “culebrean”, por entre los carros, sin respetar la menor norma de tránsito.

Nada se diga del pésimo estado en que se encuentran las pocas vías, llenas de huecos. El “reparcheo”, es de pésima calidad, pero valiosamente contratado. ¿Y qué tal las obras mínimas que taponan calles enteras? ¡Planeación, por favor!

Nadie sabe a ciencia cierta, si en Bogotá, U.C.I., hay gobernantes, subalternos, expertos en movilidad, Concejo, policía, poder judicial, fiscalía o solo existe una comunidad sumisa y tolerante que debe se somete a lo que le impongan. Esa que votó por falsos espejismos.

Capítulo aparte tiene la inseguridad. Ya no hay quién pueda escapar al hampa que se apoderó de todo: que asesina, atraca, hurta, extorsiona, secuestra, ejerce el feminicidio, el rapto de niños y niñas para prostituirlos. Son organizaciones criminales criollas, reforzadas por las que Duque dejó entrar de Venezuela. Desde las propias cárceles de Maduro, manejan el pingue negocio criminal en Bogotá.

La alcaldesa trata de eludir sus responsabilidades, acusando a la justicia -que en realidad cohonesta- porque liberara a los capturados por la policía, la fiscalía y la ciudadanía. La gran escuela del crimen se “cuela” en Transmilenio, que se ha convertido en su territorio natural.

Adicionalmente Bogotá, U.C.I., es la ciudad más fea de Colombia, con esas basuras depositadas en las horrorosas canecas que invaden los andenes. Con desechos que tapan las alcantarillas e inundan vías y barriadas. Los espantosos grafitis y demás arandelas que desdibujan casas, muros, y edificios, han destruido la Capital, la Atenas Suramericana, la ciudad amable y la joya de la corona que antes fue. ¿Vendrá algún alcalde que la rescate?  

BLANCO: Será posible que el “metro subterráneo”, abra el tránsito de Bogotá. ¿Probamos?

NEGRO: Papas, huevos, carne y el alza de intereses, dispararon la inflación. ¿Alguien pondrá el cascabel al gato emisor?

Bogotá, D. C, 10 de noviembre de 2022

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por José G. Hernández*.-La convivencia -que es propia de cualquier sociedad, por rudimentaria que sea- se está haciendo imposible en Colombia. Las relaciones de toda índole entre las personas no se desenvuelven en un clima de mínimo respeto, entendimiento y mutua consideración, como seres racionales y supuestamente civilizados, sino en un escenario cada vez más hostil, de individualismo, insolidaridad, inseguridad, agresividad, deshonestidad, intolerancia, polarización, violencia, discriminación, delito e impunidad.

Hemos llegado a extremos inconcebibles que, se suponía, eran evitables mediante la educación, la moral social, la acción estatal y la vigencia de un orden jurídico eficaz: masacres diarias, sicariato, extorsiones, amenazas, violencia sexual en aumento, permanente peligro para las mujeres y los niños. A medida que el tiempo pasa, la situación se torna más grave. Las autoridades han perdido el control. Y lo peor: la sociedad se ha ido acostumbrando a ese estado de cosas, y en su interior ha venido normalizando lo que debería ser por completo anormal y excepcional. Se ha perdido todo respeto a la vida y a la dignidad humana.

La sociedad no cesa de preguntarse qué hay detrás de las repetidas masacres que tienen lugar en distintas regiones, y de los asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, ambientalistas y desmovilizados.

La colectividad no entiende cómo ha sido posible que, en un hotel de Melgar, un padre haya asesinado a su hijo de cinco años, con el único propósito de causar dolor a su pareja, la madre del menor. Y que, pese a las previas denuncias de la mujer y a la existencia de registros en Comisaría de Familia sobre violencia intrafamiliar y violencia psicológica, hubiesen sido autorizadas las visitas.

Tampoco hay explicación para el crimen cometido por sicarios en Cartagena, quienes dieron muerte a un hombre y su niña de diez años, tras recoger a sus hijos en el colegio. Ni para la violencia sexual ejercida sobre una menor en una estación de Transmilenio en Bogotá. Ni para el horrendo crimen cometido en Andes -Antioquia- contra una joven de dieciocho años, quien fue torturada, violada y asesinada por sus captores. Ni para la acción de una madre desnaturalizada que, tras dar a luz a su bebé, ordenó a sus otros hijos menores, abandonarlo en un basurero.

Todo se quiere resolver mediante la violencia. Un sencillo llamado de atención por parte de agentes de tránsito a un infractor da lugar a la reacción energúmena de éste, a la grosería, la vulgaridad y la amenaza. Una protesta indígena por incumplimientos de la administración provoca el ataque violento contra miembros de la Policía, entre ellos una joven agente recién vinculada. Para proclamar un supuesto derecho al aborto, mujeres enmascaradas pretenden incendiar la Catedral de Bogotá. El acto de violencia de la menor en Transmilenio -que jamás ha debido ocurrir- provoca enfurecido ataque contra el medio de transporte, las estaciones y los buses, causando daño al patrimonio público y a miles de personas totalmente ajenas al delito cometido.

Sobre estos y otros hechos, Colombia debe reflexionar. ¿Qué hemos venido haciendo mal, desde hace años, en todos los frentes, para que hayamos convertido la convivencia social y el mutuo respeto en imposibles? 

Bogotá, D. C, 10 de noviembre de 2022

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Humberto Tobón*.-No están China, Rusia e India, tres de los grandes contaminadores mundiales, en la Conferencia de las Partes – COP27, que se realiza en Egipto. Esto quiere decir que de este evento saldrá, nuevamente, una declaración reducida, de buenas intenciones y de compromisos gaseosos.

Los acuerdos, presionados esencialmente por intereses políticos y económicos, seguirán tratando de proteger una economía tradicional basada en energías fósiles, mientras se escucharán potentes discursos hablando de la necesidad de salvar el planeta, que está dando muestras continuas de deterioro. Hipocresía en un máximo nivel.

Este encuentro sobre el clima, se produce en un momento donde las naciones europeas dan pasos atrás en sus compromisos de transición energética y regresan al carbón para poder garantizarle a su gente una fuente de energía, luego de la decisión de Rusia de no provisionarlas de suficiente gas, especialmente en la temporada de invierno.

Esta crisis en Europa, demuestra la inmensa incapacidad de los gobiernos de la Unión de avanzar hacia el desarrollo de tecnologías que oferten energías limpias. Todo lo que promocionaron durante décadas fueron mentiras. Cuando llegó el momento, ni Francia, ni Alemania, ni España, ni Italia, ni Portugal, ni nadie, tenía cómo darle una respuesta tranquilizadora a su población sobre la oferta de una energía suficiente y amigable con el planeta.

Lo que se ve hoy en Egipto es el desfile de los más poderosos lobistas del mundo, negociando con los gobiernos, especialmente los que representan a las naciones más ricas, el aplazamiento de decisiones cruciales sobre el petróleo y el carbón. “Todavía hay mucha existencia de estos combustibles, como para dejarlos enterrados en el suelo”, dirán.

La ambición humana, la corrupción gubernamental, el poderío de los grandes capitales  y la insensatez de nosotros los consumidores, contribuyen a un deterioro acelerado del planeta, que se evidencia a través del cambio climático, cuyas consecuencias están dejando una estela de destrucción, dolor y muerte.

El futuro de la Tierra está en manos de gentes como los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos, que le prohibieron al gobierno controlar las emisiones contaminantes de las grandes empresas. O de personajes como Trump, que muy seguramente ganaría la presidencia norteamericana si decide lanzarse, que no cree en el cambio climático y retiraría a su país de todos los acuerdos sobre el ambiente.

Cuál esperanza se puede tener en líderes como Putin, dispuesto a impulsar una guerra atómica; o Xi Jinping​ que sigue basando su economía en el carbón; o Narendra Modi, que tiene sumida a gran parte de su nación en la pobreza extrema.

Macron, Sánchez, Scholz, Meloni y Sunak, no tienen el peso para imponer una agenda climática mundial más ambiciosa y obligatoria. Tampoco lo tiene Biden, que, a pesar de sus buenas intenciones, está preso por el poder de las industrias automotriz y petroquímica.

Las conclusiones de la COP27, se sumarán a las de otros encuentros, que han resultado ser mentiras arropadas por un buen discurso. Sólo venden humo.

Bogotá, 08 de noviembre de 2022

Economista de la Universidad Libre. Estudió Administración Financiera en la EAN y Comunicación Social en la U Jorge Tadeo Lozano.

@humbertotobon