Opinión

Por José G. Hernández*.- Hace veinte años, mediante Acto Legislativo 3 de 2002, se introdujo el sistema penal acusatorio y se estableció, entre otras reglas del mismo, la vía del Principio de Oportunidad, en los siguientes términos:

“La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito” (…) No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías”.

Pero, por causa de erróneas interpretaciones, el aludido principio y los acuerdos con los procesados, en especial por delitos de corrupción que afectan gravemente el patrimonio y el interés público, se están prestando para la impunidad y el beneficio de los corruptos.

Esa no es la finalidad de esas excepcionales figuras. Si algo las justifica en el ordenamiento jurídico, es la posibilidad -real, fundamentada y efectiva- de encontrar y procesar a otros autores del delito y a sus determinadores; mejores pruebas y elementos de juicio orientados a que se haga justicia y no se configure la impunidad.

Al respecto, ha expresado la Corte Constitucional:

“Como características generales del principio de oportunidad, este Tribunal ha identificado: i) debe ser aplicado en el marco de la política criminal del Estado; ii) es una figura de aplicación excepcional y reglada; iii) las causales de aplicación deben establecerse por el legislador de manera clara, precisa e inequívoca y estar conforme a la Constitución; iv) su regulación debe ser compatible con la vigencia de un orden justo, el principio de legalidad y los derechos de las víctimas; v) el fiscal goza de un margen razonable de interpretación en la aplicación de la ley pero este no es ilimitado; vi) estará sujeto al control de legalidad por el juez de control de garantías” (…)

“…la finalidad esencial para la consagración del principio de oportunidad consiste principalmente en racionalizar la actividad investigativa del Estado en la labor de la persecución de los delitos, dada la imposibilidad fáctica de la justicia penal para satisfacer exigencias de aplicación irrestricta del principio de legalidad”. (Sentencia C-387 de 2014).

Se busca, por supuesto, asegurar mejores resultados investigativos y efectividad en la aplicación de un sistema penal que alcance sus objetivos y realice una justicia eficaz; la reparación integral y la satisfacción plena de las víctimas (entre ellas, el Estado, si se trata de delitos de contenido económico y si  está de por medio el patrimonio público); la prevalencia del interés general, y la oportunidad de reinserción social para el delincuente que, en efecto y de verdad, haya colaborado con la administración de justicia.

Tales instituciones no se conciben como formas o modalidades de ingeniosa manipulación que, en últimas, sirva solamente a los beneficios y ventajas de quien, además de haber delinquido, no ha contribuido a tales finalidades, y, en cambio, se ha burlado de la administración de justicia. Mucho cuidado.

Bogotá, D. C, 8 de diciembre de 2022

*Expresidente de la Corte Constitucional.

Por Humberto Tobón*.-En una presentación tranquila, respetuosa, austera y detallada, el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, hizo la exposición de su informe anual de gestión. El balance es bastante positivo en temas sociales, económicos y de infraestructura. Es evidente que el esfuerzo administrativo ha sido grande y aplaudido por líderes de opinión, según se destaca en reciente encuesta nacional de la empresa Cifras y Conceptos.

En el campo social, el compromiso del gobernador Tamayo, es indiscutible. Ha estado presente, durante toda su gestión, al lado de los sectores más débiles, marginados y vulnerables. Sus programas de alimentación, por ejemplo, responden a una necesidad especialmente crítica, que se traduce en que cerca de una cuarta parte de los risaraldenses consumen dos o menos comidas al día.

La crisis social originada por la pandemia de la Covid 19, el desempleo, los fenómenos climáticos y la inflación, ha llevado a que muchas familias requieran del auxilio del Estado, una situación que no es exclusiva de la región o el país, sino que también ocurre en las naciones desarrolladas, donde los gobiernos han tenido que implementar planes masivos para rescatar del hambre a muchos de sus ciudadanos.

El gobernador Tamayo tiene, además, un plus en las decisiones de acompañamiento, respaldo y financiación de proyectos, tanto en las zonas rurales como urbanas, beneficiando a los pequeños empresarios. Los campesinos gozan de una especial atención, impulsando la asociatividad y la presencia en mercados importantes del país y el extranjero. Los emprendedores urbanos, por su lado, empiezan a tener visibilidad comercial e importantes resultados en sus actividades creativas.

El trabajo emprendido por el Gobernador, desde cuando se desató la pandemia, en pro de mantener activas las empresas, brindándoles opciones para acceder a los beneficios de la administración central y acercándolos al sistema financiero con tasas de interés de fomento, sirvieron para contener, en parte, el desempleo y la clausura de actividades productivas.

Un aspecto a destacar, es la inversión que se ha realizado con recursos propios o a través de la gestión ante las entidades nacionales, en el mejoramiento de la infraestructura vial y construcción y adecuación de escuelas, colegios y canchas deportivas. Las acciones han beneficiado a todo el departamento y han llegado a sitios que no habían tenido la oportunidad de ser parte de los servicios sociales y públicos del Estado.

El trámite de iniciativas a través de recursos de regalías y el respaldo de la clase política, permiten que se hayan asegurado las partidas para la construcción del hospital regional de alta complejidad, uno de los proyectos más importantes en materia de salud en el centro-occidente del país.

El apoyo a los procesos de regionalización, la vinculación de las organizaciones étnicas, las políticas de respeto y equidad con las diferentes creencias religiosas y tendencias sexuales, la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y el trato responsable a los adultos mayores, hablan bien de un gobierno que ha cumplido, a pesar de las grandes di dificultades que ha tenido que sortear por causas externas.

Pereira 7 de diciembre de 2022 

* Economista de la Universidad Libre. Estudió Administración Financiera en la EAN y Comunicación Social en la U Jorge Tadeo Lozano.

Por Simón Gaviria*.-Todo candidato promete gastar más, pero cobrar menos impuestos. Una aritmética basada en “eficiencias” en la administración de impuestos, esfuerzos que, aunque útiles, nunca han recaudado lo suficiente para equilibrar finanzas. La disciplina del mercado no solo impone alzas de impuestos. En lo territorial es más dramático porque el gobierno nacional se queda con el desgaste de tramitar una tributaria, pero sin el beneficio del recaudo. Las entidades territoriales, especialmente los departamentos, siguen con la misma estructura tributaria de la colonia dependiendo de los impuestos al pecado. Si en serio se va a hacer una revisión de esta estructura, ojalá sea para modernizarla, no para hacer más de lo mismo.

Cuando se instaló la corona española construyó un sistema de impuestos basado en el vicio. Es una estructura tributaria territorial dispersa en tributos de escaso recaudo que solo generan carga administrativa para el contribuyente y el gobierno. De 14 impuestos, solo 5 explican el 85% del recaudo total departamental. En los departamentos, 57% del recaudo está concentrado en impuestos al pecado (54.2% cerveza, 21.7% licores y 24.0% tabaco). Salvo los de mayor desarrollo, los departamentos no tienen autonomía, sus ingresos propios tributarios representan tan solo un 27% de sus ingresos. La dependencia frente a las transferencias y las regalías es de cerca el 61%, el resto requiere gestionar frente al gobierno nacional.

A través de los años, mientras nuestra sociedad se convirtió en más virtuosa y los recaudos disminuyeron, se aumentaron las tarifas de los impuestos tradicionales de manera agresiva. Con excepción del tabaco, todas las tarifas están por encima del promedio OECD. Esta dependencia fiscal coloca a los departamentos en la incomoda decisión de que al tratar de disminuir consumos por razones de salud afecta sus propias finanzas. Con el tiempo, el recaudo departamental (1% del PIB) cayo para ser menos de la tercera parte del de los municipios. Además, es muy desigual los 7 departamentos más grandes son responsables de mas del 40% del recaudo, mientras que en los 11 más pequeños, no supera el 10%.

En la última reforma tributaria, sabiamente Min Hacienda excluyó los temas territoriales, para verlos integralmente. Se presentaron ideas para explorar: la creación de impuestos para vapeadores, la cesión de las rentas del cannabis o la transferencia del IVA de la gaseosa, las cuales, aunque tenga sentido hacerlas, se mantienen en la línea histórica de combatir lo pecaminoso. La nueva argumentación es la compensación por daños en salud, pero para efectos de recaudo nada de esto mueve la aguja. Hay esfuerzos para que el gobierno se meta en disputas privadas, cerveza vs licores o loterías nacionales vs. Internacionales porque los lobistas buscan hacerse zancadilla, pero eso tampoco logra mucho.

La solución estructural pasa por la adopción de un único Estatuto Tributario Territorial que amplíe la base y racionalice la dispersión de tributos de bajo impacto. Seguir aumentando la tarifa de lo de antes permitiría recaudar una gota más, lo cual puede que sea aplaudido por la galería, pero no resolvería ningún problema de fondo, si acaso crearía retos de contrabando. Mucho se podría hacer modernizando el recaudo, ojalá no salgan con más de lo mismo.

Bogotá, D. C, 7 de diciembre de 2022

*Simón Gaviria, actual fellow del instituto Marron en NYU. Ex-director nacional de planeación y expresidente de la Cámara de Representantes.

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Por Gabriel Ortiz*.- Empezó la puja por el salario mínimo. Pero esta vez con sensatez, cordura, voluntad y esperanza, de las tres partes, ante la caótica situación económica del país y las proyecciones que se avecinan para el 2023.

Gobierno, gremios y trabajadores se sitúan en cifras que van desde el 13.5% al 17%, pero sensatamente negociables, lo que nos permite esperar unas negociaciones menos tensas que las que se han adelantado en los últimos años.

Esta vez más que nunca, “el palo no está para cucharas”, como se dice popularmente. La inflación, los exagerados intereses fijados por el Banco de la República, el desbocado dólar, la pandemia, el extremo invierno, el desempleo, la informalidad, la extrema migración, el hambre, la reforma tributaria y la generalizada pobreza, nos tienen en una de las peores épocas que recuerde Colombia.

El hombre más rico del país, Luis Carlos Sarmiento, se ha conmovido con lo que se nos viene y hasta donde podremos llegar. Advirtió la necesidad de alcanzar un incremento equitativo del salario mínimo y advirtió que “a los trabajadores hay que remunerarlos en su valor justo”. ¡Es el hombre más rico!

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, no se quedó atrás. También la ve, la situación catastrófica y necesaria de una confrontación certera y lógica para salir adelante. Para Fedesarrollo el incremento no puede bajar del 13.5%, porque la inflación y el estimativo de crecimiento arrojan ese cálculo.

La Anif, tampoco la ve clara para el 2023, por esos mismos factores, pero no se aventuró a fijar cifra alguna para reajustar el mínimo.

El titular de la Cartera de Hacienda, José Antonio Ocampo, analiza más la reducción del desempleo, que el alto costo de vida.

Según el Dane, solo hay 2.4 millones de desocupados, aunque la informalidad llega al 57.8%, para lo cual “el gobierno tendrá una política de formalización, empresarial y laboral”, afirmó Ocampo, sin tocar el alza del mínimo.

Lo importante es que los gremios están preocupados, y seguramente soltarán las amarras para que haya un acuerdo justo para empleados y pensionados, que no los impulse aún más hacia esa ruina a la que los han conducido los últimos acuerdos anuales.

Los trabajadores deberán actuar con la sensatez que hoy se aprecia entre gremios y empresarios, para poder salir del embrollo y alcanzar remuneración en su justo valor.

Esta es la fuerza vital, con condiciones de vida sana e ímpetu laboral, que persigue Colombia para sustituir importaciones y elevar la oferta exportable, que anuncia la ministra de Agricultura.

Ese conjunto de hombres y mujeres son el futuro de esta patria que lucha para que toda su población se una contra las penurias que viene soportando por años. Para ello se requiere un alza en el salario mínimo, justo y digno que nos lleve a la vida feliz y plena.

BLANCO: La salida adelante de Hidroituango.

NEGRO: El creciente maltrato de niños y mujeres. ¿falta autoridad?    

Bogotá, D. C, 1 de diciembre de 2022

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por José G. Hernández*.- Es necesario referirnos de nuevo a la inconcebible situación de violencia y crimen que padece Colombia desde hace tiempo, pero con especial gravedad en los últimos años. Se ha incrementado hasta niveles francamente intolerables en 2022. Algo tiene que hacer el Estado al respecto, pues ha perdido el control de una situación francamente alarmante.

Una vez más hemos de decir que, en nuestro Estado -supuestamente un Estado de Derecho- las normas superiores parecen no existir, y tampoco los instrumentos que el sistema brinda a las autoridades de la República para preservar la vida y los derechos de los asociados. Hoy, más que nunca se muestra como teórica, burlada e inútil la disposición del artículo 2 de la Constitución, a cuyo tenor esas autoridades “están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

Según los datos Indepaz, en estos meses de 2022 ya van más líderes sociales y responsables comunitarios asesinados que en todo el año 2021: un total de 171. Una cifra que estremece, porque, más que una estadística -como la que podría divulgarse en muchas otras materias- se trata de seres humanos muertos a manos de otros seres humanos, en una ola criminal, sin que sepamos las causas, los móviles, los autores materiales, y menos todavía los determinadores. 

El sicariato ha regresado y con mucha mayor fuerza y capacidad de escape e impunidad. Pero no es se trata solamente de esa modalidad de violencia. Nos alarman y nos duelen sin cesar los feminicidios y los horrendos casos de violencia sexual, tortura y asesinato de menores de edad. 

La violencia es la noticia principal de cada día. Desde temprano en la mañana, los noticieros radiales y las redes sociales registran sin descanso, no uno, ni dos, sino varios crímenes cometidos en distintos lugares de nuestro territorio. Por terribles que sean sus características -como en los casos de “violencia vicaria”, en que un hombre es capaz de matar a su propio hijo para molestar a su pareja-, bien pronto la información es sustituida por otra peor, y los hechos pasan al olvido. Las autoridades ofrecen recompensas, y dicen hacer todo lo posible “para dar con los responsables”. Muy pocas veces lo consiguen, y hasta es muy posible que los sospechosos queden libres por deficiencias probatorias. 

Añádase a todo ello la creciente inseguridad en las ciudades. Ya no es tan solo la amenaza para robar el celular, la bicicleta o el dinero, sino el mortal disparo. Y, por si fuera poco, la intolerancia también termina en crimen. Recuérdese el caso del joven muerto a tiros en Bogotá por haber pisado involuntariamente a su asesino.  

Lo más grave: la sociedad parece acostumbrarse no únicamente a los crímenes, sino a la extendida impunidad. Semejante estado de indefensión de las personas en cuanto a su vida, su integridad, su honor y su dignidad, tiende a normalizarse. Eso es inadmisible.

El Gobierno, si quiere lograr una paz total, debe liderar una campaña nacional contra toda forma de violencia.

Bogotá, D. C, 30 de noviembre de 2022

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por: Guillermo García Realpe*.- En la semana que termina tuvimos la oportunidad de asistir e intervenir en un panel en la Cumbre Mundial de los Páramos en la ciudad de Bucaramanga que, contó con una amplia, variada y muy representativa participación de actores institucionales, académicos, científicos, ambientalistas como de Colombia, como de Suramérica.

Que haya sido Bucaramanga la sede, no es una casualidad. La región santandereana se convirtió en los últimos años en escenario del debate más fuerte en Colombia sobre la defensa de un Páramo ante proyectos de mega minería, como lo fue el Páramo de Santurbán.

El comité pro defensa de Santurbán, la alcaldía de Bucaramanga con el titular Dr. Juan Carlos Cárdenas a la cabeza y organizaciones muy militantes ambientales desplegaron una fuerte reacción contra la minería que iba a afectar la generación de aguas que surten los acueductos de Bucaramanga y decenas de municipios de Santander y Norte de Santander. Más de dos millones de habitantes y por supuesto el subyacente daño medioambiental.

Esta reacción ciudadana e institucional escaló el debate del nivel regional al nivel nacional. Pusieron al país a hablar de su problema y de su lucha.

Se convirtió Santurbán en una causa nacional de todos los colombianos. Los defensores de la vida y de la naturaleza se movilizaron y pronunciaron. Fue así, como tuve la oportunidad de convocar un debate en la plenaria del Senado para sumarnos a la defensa de Santurbán, pero sobre todo frenar el otorgamiento de la licencia ambiental que la empresa Minesa de origen en los Emiratos Árabes había solicitado a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA para el proyecto Sotomonte que no es otra cosa que minería en el Páramo. En Santurbán se jugaba la suerte de todos los páramos de Colombia. Si había licencia para Santurbán habría minería en todos los páramos del país. Ese era el sentido de nuestra intervención y de verdad fue una causa nacional.

Luego de unos días del debate, que fue en noviembre de 2020 la ANLA archivó el expediente de solicitud de licencia. Ojo, solo archivó, no negó la licencia. Hay una situación de indefinición, latente que deja viva la posibilidad de un nuevo intento de solicitud de licencia. Por ello, tenemos que continuar vigilantes todos nosotros que creemos que la vida y el agua es primero que el oro de los codiciosos y acumuladores de capitales que quieren pasar por encima de comunidades enteras y sobre sus derechos fundamentales.

Hicimos exposición en Bucaramanga sobre los alcances de la Ley 1930 de 2018 que tramitamos, la que versa sobre gestión integral de páramos en Colombia. Un gran instrumento de defensa.

Fue un gran escenario para quienes amamos la vida y para quienes creemos que hay que practicar también ¡Paz con la Naturaleza!, como no, en Colombia tenemos el 50% de los páramos del mundo un privilegio en riesgo. 

Bogotá, D. C, 29 de noviembre de 2022

*Exsenador Partido Liberal

Por Amylkar D. Acosta M*.- El anterior gobierno de Iván Duque estableció un derrotero de la Transición energética mediante el documento CONPES 4075 de 2022, el cual tuvo como insumo las recomendaciones de la Misión de Transformación energética que se conformó en 2019, cuyo Informe se conoció un año después. Indudablemente el banderazo en la grilla de partida de la Transición energética se la dio la expedición de la Ley 1715 de 2014, al dar paso a las primeras subastas de FNCER. Posteriormente la Ley 2099 de 2021 amplió su alcance y el espectro de sus beneficios, desplegando el abanico de las renovables, extendiéndoselos a la eficiencia energética, a la captura de CO2, así como al almacenamiento de energía a gran escala.

La administración Petro ha querido ponerle su propia impronta a la Transición energética, priorizando su “enfoque social”, habiendo sido este uno de los principales ejes de su programa de gobierno y busca también darle mayor celeridad a la misma. Desde Egipto, en donde se adelanta la 27ª Conferencia de las partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático, la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez presentó el cronograma que le permitirá al actual gobierno darle al país, a través de un “diálogo social” que tomará seis meses, la nueva “Hoja de ruta de la Transición energética justa en Colombia”. 

Colombia, como el resto del mundo tiene una matriz energética en la que predominan, con el 66% las fuentes de energía de origen fósil (carbón, petróleo y gas natural). Se impone, entonces la necesidad de reducir su consumo y el camino es la electrificación de la economía, pero como ello no se va a lograr de la noche a la mañana hay que mejorar la calidad de los combustibles que consume el parque automotor, como lo viene haciendo Colombia con la mezcla de los biocombustibles y con el uso del gas vehicular, que es menos contaminante que la gasolina - motor.

Ello es muy importante, habida cuenta que el parque automotor es responsable del 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero, amén de las de material particulado que contaminan el medioambiente. Huelga decir que el porcentaje de las mezclas de los biocombustibles, así como la sustitución de la gasolina – motor por gas natural contribuyen a la seguridad energética del país, toda vez que reducen los volúmenes de importación de combustibles. Y de contera, es importante resaltar que en la medida que los cultivos de caña y palma, para producir la materia prima de los mismos, amplían la frontera agrícola, impulsando el sector agrícola, en el cual participa con el 5.8% y contribuyendo de esta manera a la diversificación de la economía, sin la cual la Transición energética será inviable e insostenible en nuestro país.

Respecto a los hidrocarburos advierte el reputado ambientalista, consultor del PNUD y profesor Juan Pablo Ruiz que “si limitamos la oferta nacional de hidrocarburos porque no seguimos buscando petróleo y gas, sin reducir antes su demanda, en un futuro cercano (ocho a doce años) tendremos que importar hidrocarburos”. Además, la demanda por petróleo en el mundo, según la Agencia internacional de energía (AIE) sólo se aplanará a partir del 2030 y bien dijo Keynes que toda demanda crea su propia oferta, de manera que si Colombia lo dejara de producir y exportar serán otros países, sus competidores, los que satisfarán esa demanda. Así de claro. Por ello podemos decir de los hidrocarburos que es preferible tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos y peor que depender de los hidrocarburos, como efecto dependemos, es depender de su importación.

En cuanto a la matriz eléctrica de Colombia es muy diferente en su composición con respecto al resto del mundo, ya que la generación térmica participa sólo con el 30%, lo cual contrasta con el 64.9% a nivel mundial. Ello explica que mientras a nivel global el sector energético contribuye con el 73.5% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del Cambio climático, en Colombia sólo contribuye con el 31% y sólo 5 puntos porcentuales por cuenta de la generación de la generación y uso de la electricidad.

Desde luego, un componente fundamental de la hoja de ruta de la Transición en Colombia es la integración de las fuentes no convencionales de energías no renovables (FNCER) a la matriz, porque, además de contribuir a la reducción de las emisiones de GEI, la robustece y diversifica aún más, pero sobre todo porque la torna más resiliente frente al Cambio climático, dada su vulnerabilidad por depender la capacidad instalada de generación en una gran proporción del recurso hídrico. La complementariedad y el respaldo recíproco entre las FNCER y las fuentes convencionales son claves para la seguridad energética del país. Esta es una de las lecciones aprendidas de la gran crisis energética que sacude a los países que integran la Unión Europea (UE): que la Transición energética no debe poner en riesgo la seguridad energética.

Por ello, vemos con preocupación que el atraso ostensible de la ejecución del proyecto de HIDROITUANGO y la entrada de los parques eólicos en La Guajira, que sumados representan el 27% de la demanda de energía, además de estresar el sistema y presionar al alza los precios y por ende las tarifas de energía, como los han venido presionando, están poniendo en riesgo la firmeza y confiabilidad de la prestación de este servicio, abocándonos, de presentarse el fenómeno de El Niño, que no se descarta, a un racionamiento de energía hacia los años 2024 - 2025.

Medellín, noviembre 27 de 2022

Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Por Juan Camilo Restrepo*.- La tributación pertenece al dominio de las ciencias sociales. Ofrece respuestas, pero no exactas. Siempre queda un margen de incertidumbre sobre las consecuencias futuras que tendrá lo que se decide en el especioso campo de los impuestos.

La reforma tributaria que acaba de aprobarse no es una excepción. Plantea preguntas que no tienen por el momento respuestas matemáticas. Solo el tiempo las irá respondiendo.

Presento a continuación algunas de ellas:

1. ¿Cuál será el recaudo real que se obtendrá con la nueva reforma? Esto solo lo sabremos en el 2024 cuando entren al fisco los ingresos correspondientes a los nuevos impuestos. ¿Serán 20, 18, 15 billones? No se sabe con certeza. Hay estimativos gruesos, pero no certezas. Los hechos gravables sobre los cuales se liquidarán los nuevos tributos hunden sus cimientos en el cenagoso terreno de un año de bajísimo crecimiento económico como será el 2023.
2. ¿Qué tanto de este recaudo podrá llevarse a financiar nuevos programas de gasto público social como lo quiere el gobierno, y qué cantidad deberá ahorrarse y destinarse a disminuir el déficit fiscal como lo ordena la regla fiscal? Punto también a definir.
3. ¿Cuáles serán los efectos reales de esta reforma sobre el sector privado? ¿Ella entrará en aplicación en un año como el 2023 que como se sabe será de severo enfriamiento de las economías de todo el mundo, incluida la colombiana?

¿Habrá contribuyentes que ante el mazazo de la nueva reforma tributaria buscarán otras jurisdicciones para radicarse fiscalmente? ¿Se desacelerará la llegada de inversión extranjera sobre todo en el sector minero energético? Hay indicios de que algo de todo esto empieza a darse. Lo que no sabemos aún es la magnitud.

4. ¿Cuál será el efecto que las nuevas normas fiscales tendrán sobre la industria petrolera y gasífera? Todas las cifras indican que la elevación de la tributación efectiva sobre este sector será inmensa. El ministro Ocampo – en respuesta a un artículo que publiqué en estas páginas- me dice que el efecto más doloroso será en el 2023 pero que de ahí en adelante las cosas empezarán a suavizarse. Pero esto implica que el precio internacional de los combustibles bajará a partir del 2023, sobre lo cual no hay tampoco certeza.
5. Es claro que al gobierno empieza a comprender que se le fue la mano en la presión fiscal que impuso a las personas jurídicas, o sea, a las empresas. Hasta el punto que el ministro Ocampo dice que no le chocaría una nueva reforma tributaria, pero para “bajar” las tarifas que quedaron establecida para las personas jurídicas.

Recuérdese que originalmente se dijo que el propósito central de la reforma era bajar la tributación de las personas jurídicas y subir la de las personas naturales. Resultó siendo exactamente lo contrario: cerca del 66% de lo que ahora va a recoger el fisco provendrá de mayor tributación de las empresas.

6. ¿Es sostenible jurídica y económicamente en el tiempo un impuesto permanente y progresivo al patrimonio como quedó consignado en la nueva reforma? El exministro Néstor Humberto Martínez ha presentado cifras muy inquietantes según las cuales – mirando hacia el futuro- un impuesto al patrimonio como el que quedó establecido desborda los límites de la progresividad y ocupa terrenos confiscatorios. Dijo, en efecto, en uno de sus recientes escritos: “Además de convertirse en permanente surge la pregunta de si este no resulta confiscatorio y, en tal sentido deviene inconstitucional. Debería saberse que los grandes contribuyentes tuvieron que entregar por este tributo, durante los últimos 15 años, el 16% de su patrimonio. Ahora, los mayores patrimonios pagarán indefinidamente el 1% de su valor (el 1,5% hasta el próximo gobierno), de suerte que dejarán en los bolsillos gubernamentales el 15% de sus activos, en quince años, y en treinta años, el 30% de estos. Es decir, en los próximos seis lustros estos contribuyentes habrán tenido que entregarle al fisco casi la mitad de su patrimonio, si se suma lo ya pagado”. ¿Es esto defensable y sostenible?
7. ¿Si la inflación no baja y los intereses siguen por las nubes ¿cuál será el efecto sobre el servicio de la deuda y el pago de sueldos y servicios del estado? ¿Terminarán consumiendo buena parte de los nuevos ingresos tributarios?

Las preguntas podrían seguir haciéndose indefinidamente. La tributación plantea solo atisbos, pero no respuestas inapelables. Solo el tiempo -ese gran escultor de que hablara Margarite Yourcenar- es quien tiene la última palabra.

Bogotá. D, C, 27 de noviembre de 2022

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por José F. Lafaurie*.-  Apenas horas antes de su intervención ante el Congreso Nacional de Ganaderos, me enteré de que, en ella, el presidente Petro me solicitaría hacer parte de la delegación del Gobierno en las negociaciones con el Eln en Caracas. ¿Por qué acepté?

Inicialmente, respondo con otra pregunta: ¿Cómo negarme? Acababa de firmar un acuerdo con el Gobierno para la compra de tierras, como parte de su promesa de cumplir con la Reforma Rural Integral pactada con las Farc; y adicionalmente, habíamos ratificado nuestras coincidencias sobre las posibilidades de Colombia como potencia agroalimentaria y sobre la necesidad de recuperar el campo como condición para la paz; ¿Cómo negarme entonces a participar en unas negociaciones “de paz”?

De incoherente me tildarán quienes se preguntan, sin mayor análisis, por qué con Santos no y con Petro sí. Primero, porque Santos nos traicionó a sus electores, pues ofreció una cosa e hizo otra. Segundo, por mi oposición a que se negociara la reforma del campo con quienes lo habían destruido, y a espaldas de la población rural y del sector agropecuario. Y tercero, porque las negociaciones con las Farc buscaban -y lo lograron- transformar el Estado para garantizar impunidad y justificar políticamente sus crímenes.

Petro, por el contrario, ofreció negociar con el Eln. No sabemos aún qué quiere, pero nunca superará las exigencias de las Farc y, dentro de lo que alcancé a percibir en el primer encuentro, sus propuestas van más en la dirección de lograr una mayor participación de la sociedad en la construcción de una mejor democracia, que impliquen transformaciones institucionales, pero no para su beneficio, sino para buscar la paz sin olvidar a las víctimas. En suma, son más “idealistas”, si se quiere, sin que ello, por supuesto, justifique su violencia.

También puede parecer incoherente que el esposo de María Fernanda Cabal, una figura de la oposición al Gobierno, pero además miembro reconocido del Centro Democrático y presidente de un gremio percibido como “de derecha”, haga parte de una negociación con el Eln. Jorge Visbal, también reconocido por su posición de derecha y también presidente de Fedegán, participó durante el gobierno Samper en negociaciones con los mismos elenos de hoy, en Maguncia, Alemania (1998).

Pero más allá de esas acusaciones, predecibles, por demás, yo me debo a Fedegán y al gremio ganadero. Durante su Congreso Nacional, cerca de 2.000 ganaderos aplaudieron la invitación audaz del presidente, y luego, en la sesión estatutaria, los delegados con derecho a voto, que constituyen la máxima asamblea de Fedegán, aprobaron mi participación por unanimidad.

Más allá de esas acusaciones, me debo al país y atenderé también el consejo del expresidente Uribe, de que “es mejor estar que no estar”, pero estar asertivamente, por eso importa aclarar, no tanto en qué condición voy a Caracas, sino con qué actitud, con qué equipaje. Con el de siempre es la respuesta. Todo lo que pienso, lo escribo y lo hago público semanalmente desde hace más de treinta años. Ni como persona ni como dirigente gremial, como le reiteré al presidente Petro, he cambiado mis principios…, y no los cambiaré en la mesa de negociaciones.

Es más, creo que al Gobierno le sirve esa voz, no disonante, sino que marque diferencias y contrastes, ni unanimista ni contradictora por que sí, que no es mi talante. Llegaré a plantear posiciones con independencia y respeto, y a llenar la mesa de propuestas para un mejor país, a partir de la recuperación del campo, porque si al campo le va bien…, a Colombia le irá mejor, algo que el país no ha querido entender y, por eso…, estamos como estamos.

Bogotá, D. C, 26 de noviembre de 2022

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Juan Carlos Echeverry*.- ¿Qué llevó a la tasa de cambio a cinco mis pesos? Anunciar una posible modificación al precio al cual los inversionistas de portafolio comprarían las divisas para sacar sus inversiones, en la forma de un impuesto a la salida de capitales.

Luego se aumentó el precio que cobra el gobierno por dejar producir petróleo en Colombia, conocido en la industria como “la porción del Estado” (state take), que subió hasta 85%.

En tan solo tres meses la devaluación del 25% refleja este dirigismo de precios, y le ha costado el gobierno de 6 billones de pesos en más pagos de intereses.

Dos precios clave continúan controlados muy por debajo de su nivel: la gasolina y el Diésel. Vienen así de Duque y los mantienen con un costo al estado cercano a 25 billones al año.

Ahora viene la reducción a la mitad del precio del SOAT, que costará billones, y fuerza a asegurar siniestros por debajo de los costos.

Estos controles de precios, adicionados a los de energía, fertilizantes y carne hacen que el senador Bolívar se vanaglorie de un gobierno que por fin se decidió ayudarle a la gente. Al ritmo de un precio intervenido por semana terminarán “ayudándole” a todo el mundo.

Cuando se fijan precios por debajo los costos o de lo que se paga fuera del país, se induce:  a) desabastecimiento, como sucederá en el SOAT y la carne, b) altísimos costos fiscales, como sucede con el Diésel y la gasolina, c) incertidumbre y corridas, como sucede con el tipo de cambio, también con inmenso costo fiscal y privado, d) colas, mercado negro y corrupción.

¿Qué tanto los precios controlados “ayudan” a los padres de familia? Cuento una anécdota. Por allá en 1970, al ministro de Agricultura se le ocurrió bajar a la mitad el precio del aceite de cocina, para ayudarle a las mamás colombianas. Fue en las vacaciones de junio. Cada tres o cuatro días mi mamá me levantaba a las 6 am a ir a un Cafam que quedaba a ocho cuadras y hacer cola hasta las 11 am. Allí habían puesto un expendio oficial de aceite de cocina, que era un barril del que le bombeaban aceite al tarro que uno llevaba.

A los ocho años no entendí por qué gasté unas vacaciones madrugando a hacer horas de cola en Cafam. A la postre el generoso ministro se dio cuenta de la futilidad de su medida, que había generado desabastecimiento, mercado negro de aceite y corrupción. Al cabo el gobierno abandonó el control del precio del aceite de cocina, y volvieron a aparecer 20 o 30 tipos de aceite, de todos los orígenes y variedades, importados y nacionales, a los más diversos precios. Las millones de mamás colombianas verían cuál de esos aceites les convenía más.

El gobierno actual ya gastó una y media reforma tributaria en cubrir los subsidios de la gasolina y el diésel, y pagar intereses adicionales de la deuda externa en devaluados pesos. ¿Continuarán controlando precios?

El desplome de una economía se deriva de fijar ficticiamente los precios al calor de la generosidad de los ministros de turno. Una vez se reduce ficticiamente un precio, se induce una protesta, como lo muestran los taxistas, motociclistas y camioneros del país, pues creen que no les pueden subir la gasolina y el diésel. No sucede así en Chile y Perú, con gobiernos progresistas, pero que no incurrieron en ese error de consentir y malcriar a la gente.

Al final todo se paga. De una u otra manera, bien sea con desabastecimiento, impuestos, colas, mercado negro, marchitamiento económico y corrupción. Todo se paga.

Bogotá, D. C, 27 de noviembre de 2022

* *Economista. Exministro de Hacienda y Expresidente de Ecopetrol.