Opinión

Por Juan Manuel Galán*.-Con bombos y platillos celebró el Gobierno la reunión entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro en el palacio de Miraflores en Caracas. Un encuentro que, sin lugar a duda, produjo gran expectativa en el país y en toda la región. Selló la semana la victoria del presidente Lula Da Silva en Brasil, lo que sin duda sitúa a nuestro continente en la “marea roja”. Sin embargo, la victoria de Lula refleja un país profundamente dividido y polarizado.

En la agenda binacional con Venezuela se trataron los temas de fortalecimiento a la comunidad andina, relaciones diplomáticas, económicas y comerciales, la “consideración” del reingreso de ese páis al sistema interamericano de derechos humanos, la protección de la Amazonia y el reinicio de labores de inteligencia. Todos anuncios importantes, aunque parece que se “pidieran favores” sin garantía de cumplimiento.

Así las cosas, en cuanto a los derechos humanos, el presidente Petro debió haberle expresado a Maduro la gran preocupación que existe en la comunidad internacional por su evidente violación, sobre todo, contra los sectores de oposición, que no tienen ningún tipo de garantía para ejercer su rol. Esto es primordial para que cualquier democracia funcione y demuestra que el régimen venezolano de Maduro es antidemocrático, dictatorial y autoritario.

Sorprende que no se hizo referencia a los más de 2.2 millones de migrantes que actualmente viven nuestro país. Es necesario que de manera urgente se establezca un mecanismo internacional que le dé corresponsabilidad al estado venezolano sobre la situación de los migrantes. Los colombianos hemos sido solidarios para agradecer al pueblo venezolano que durante décadas recibió a compatriotas migrantes. Sin embargo, es imposible atender a los migrantes con cargo exclusivo al presupuesto nacional.

Igualmente, y de gran trascendencia, es restablecer la cooperación en materia de seguridad y judicial para enfrentar a las mafias de contrabando, minería ilegal y narcotráfico que tienen azotada a la frontera. Entre todas estas estructuras criminales, hay una que debe parar ya y es la de trata de menores de edad con fines de explotación sexual entre el ELN y bandas delincuenciales venezolanas. Nuestros niños son absoluta prioridad, y su abuso no puede quedar en la impunidad.

Celebro que se haya reabierto la frontera, la reunión de los presidentes, pero son grandes los retos binacionales. El costo del “cerco diplomático” a Venezuela de Duque, lo tendremos que pagar durante décadas. No solamente se trata del desafío económico. Tiene una gran tarea el embajador Benedetti. El cuidado de la dignidad humana y del planeta deben ser el eje de Colombia como “potencia mundial de la vida”.

Bogotá, D. C, 07 de noviembre de 2022

*Estudió en el Instituto de Estudios Políticos de París y realizó una Maestría en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown. Ocupó cargos diplomáticos en Londres, exsenador de Colombia.

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- El Congreso colombiano tiene una eficiente peluquería. Así lo demostró con la peluqueada que le hizo a la reforma tributaria, que entró aspirando recaudar $25 billones y saldrá con unos $19 billones. Lo lamentable del resultado es que se hizo para mantener los privilegios y exenciones de unos cuantos afortunados y la reforma resultó menos equitativa y progresiva.

La más significativa desde el punto de vista de la equidad es el rechazo al impuesto a las megapensiones. Utilizando el demagógico argumento de proteger a los pobres pensionados, los congresistas estaban defendiendo sus futuras pensiones y los privilegios de una minúscula minoría de tan solo 16.500 personas (el 0.7% de los 2.5 millones de pensionados) que reciben un cuantioso subsidio de los contribuyentes, porque lo que cotizaron no les alcanza para la elevada pensión que están recibiendo.

Otro recorte que atenta contra la equidad fue la decisión del Senado de no gravar las actividades comerciales de las iglesias, con otro argumento demagógico que era la defensa de la libertad de cultos y de la labor social de las iglesias. Nadie niega que la mayoría de las iglesias adelantan importantes obras en beneficio de las comunidades, sobre todo de las más pobres y marginadas, pero a estas actividades no se les iba a poner ningún impuesto. Lo que es inexplicable es que no se apruebe que las iglesias tengan el mismo tratamiento de las demás entidades sin ánimo de lucro y ONG, que no pagan ningún impuesto si sus excedentes son destinados a obras de beneficio social, pero sí deben pagarlos cuando los desvían para fines particulares. Es la mejor forma de controlar los abusos que desafortunadamente existen en algunos casos con lo diezmos y primicias que pagan los fieles. La Cámara si aprobó este tratamiento y pueda ser que en la conciliación se confirme.

Aunque no lograron tumbarlo, en el Congreso sí trasquilaron los impuestos a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, no solo aplazando su entrada en vigencia sino también excluyendo varios ítems y rebajando el monto del tributo en proporción al contenido de azúcar. Pudo más la presión de los empresarios que la salud de la población.

La peluqueada más inexplicable es la del sector minero. Si bien es cierto que la no deducibilidad de las regalías es para todo el sector, el impacto fuerte de esta medida es solo para el petróleo y el carbón, pues el oro, la plata, el cobre y todos los demás minerales pagan regalías irrisorias. Por el contrario la sobretasa variable que depende de los precios internacionales, solo la pagarán los hidrocarburos mientras que los demás minerales quedaron exentos. Otro triunfo del cabildeo de las empresas.

La peluquería del Congreso no atendió el llamado del ministro Ocampo que siempre estuvo abierto a revisar la reforma, pero esperaba propuestas que compensaran los impuestos eliminados. Solo se hicieron unas dos o tres, y por eso se redujo tanto el monto del recaudo esperado.

Bogotá D.C, 07 de noviembre de 2022

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por Amylkar D. Acosta M*.- Uno de los temas más controvertidos del proyecto de reforma tributaria que radicó el gobierno nacional en el Congreso de la República fue la propuesta de un impuesto del 10% de las exportaciones del petróleo y el carbón, habida cuenta de sus altas cotizaciones en los mercados internacionales. Para ponernos en contexto citemos a dos economistas de campanillas, quienes hace más de una década se pronunciaron sobre el particular.

El ex ministro de hacienda Rodrigo Botero, planteó en el 2010 “gravámenes adicionales a ese sector, ya sea por intermedio de un impuesto a las ganancias ocasionales o de regalías crecientes para recaudar la mayor proporción de los aumentos de precios internacionales del petróleo y la minería”. Por su parte el hoy Ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, planteó para entonces, mucho antes de volver a ser ministro, que “la mejor política para manejar la bonanza es un impuesto a la exportación de minerales. Se replicaría en este campo la manera como manejamos las bonanzas cafeteras en el pasado, con éxito bien reconocido”.

Más recientemente, el Secretario General de las Naciones Unidas Antonio Guterres manifestó: “urjo a todos los gobiernos a gravar estas ganancias excesivas y a utilizar los fondos para apoyar a las personas más vulnerables en estos tiempos difíciles”. Y añadió: “lo que estamos diciendo es que el dinero que se obtenga con ese gravamen se debe poner a disposición de los más vulnerables y golpeados precisamente por los altos precios que benefician a un número muy limitado de compañías en el mundo”.

Este impuesto fue muy criticado e incluso se llegó a afirmar que era violatorio de los tratados de libre comercio (TLC) suscritos por Colombia, que se estaría exponiendo con ello a sanciones por parte de la Organización Mundial de Comercio (OMC) e incluso a medidas retaliatorias por parte de aquellos países con los que tiene intercambio comercial. Por ello, el Ministro de Hacienda se transó por imponer más bien una sobretasa sobre la renta y el pulso con los gremios del sector lo llevó a reducir y flexibilizar la tasa impositiva.

En efecto se trata, en el caso del petróleo, de una sobretasa del 5% cuando el precio promedio del año gravable se sitúe entre el 30% y el 45% por encima del precio móvil de los 10 años anteriores, del 10% cuando el aumento del precio oscile entre el 45% y el 60%, aplicándole el 15% cuando supere este rango. En tratándose del carbón, dicha sobretasa aplicable será del 5% cuando el aumento del precio fluctúe entre el 65% y el 75% y el 10% cuando supere dicho límite, tomando siempre como referencia la media del precio de los 10 años anteriores al año gravable. De ello se sigue que la sobretasa es temporal, porque tan pronto caigan los precios por debajo de dichos niveles se desactiva.

Una observación muy importante: en mi concepto esta sobretasa sólo debería ser aplicable a los contratos anteriores al 2002, ya que los firmados con posterioridad a esta fecha con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) contemplan ya la cláusula de precios altos (windfall profits). La primera vez que se estableció esta cláusula fue en el contrato de asociación TEXAS – ECOPETROL en 2002, el cual se extendió para desarrollar el proyecto Catalina, mediante el cual se perforaron dos pozos horizontales para elevar la producción del campo de gas de Chuchupa en La Guajira. Ello fue posible gracias a la renegociación de dicho contrato por exigencia del entonces Contralor General Antonio Hernández.

Hay una razón de peso, además de las anteriormente expuestas, que justifica esta sobretasa, con la salvedad anotada y es la reciprocidad. Por que, así como cuando los precios se han desplomado y las empresas del sector han afrontado dificultades, perdiendo competitividad frente a sus pares, el Estado (gobierno y congreso de la república) ha sido generoso y les ha tendido la mano. Dos ejemplos al canto: la flexibilización del régimen de regalías en la ley 756 de 2002 y el beneficio tributario y arancelario que se derivó para el sector al poderse acoger al régimen de Zona franca. De la misma manera, las empresas, en momentos que los precios se elevan muy por encima de sus previsiones y expectativas deben compartir con el Estado las ganancias ocasionales que se derivan de tales coyunturas. 

Riohacha, octubre 31 de 2022

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.    

www.amylkaracosta.net

Por Juan Camilo Restrepo*.- El arrogante Musk, una vez cerró la negociación de Twitter, y luego de despedir buena parte de altos ejecutivos de la empresa y de recibir las efusivas felicitaciones del señor Trump que va a ser reintegrado a la plataforma de donde había sido expulsado por comportamientos antiéticos, concluyó: “el pájaro ha sido liberado”.

La Unión Europea le respondió inmediatamente: “el pajarito de Twitter podrá ser liberado también en nuestro territorio, pero tendrá que cantar bajo las normas de la UE”.

La defenestrada de Carlos Gustavo Cano de la presidencia de la junta Ecopetrol, un día después de que la junta lo había elegido por unanimidad, obedeció según se supo a un diktat imperial que lanzó el presidente Petro, por no estar de acuerdo con la decisión unánime que la junta había adoptado la víspera sobre el nombre del presidente de su junta.

Es cierto que los presidentes de la República han contado siempre con personas de su confianza en la presidencia de la junta de Ecopetrol. Lo que resultó chocante en esta ocasión es que el presidente Petro hiciera dar marcha atrás a una decisión que había sido tomado por unanimidad. Habría que decir entonces - siguiendo con los símiles animales- que en esta ocasión “la iguana resultó maltratada”.

Más allá de lo pintoresco de este episodio, hay que decir que la decisión del presidente es cuestionable por dos razones:

Primera, porque si bien es cierto la mayoría de las acciones de Ecopetrol pertenecen al estado colombiano cuya personería ostenta el poder ejecutivo, no es menos cierto que las decisiones tomadas por unanimidad por la junta de la petrolera deben respetarse por el accionista mayoritario.

Si los representantes presidenciales no consultaron previamente la decisión inicial con la casa de Nariño puede ser algo infortunado. Pero no justificaba de ninguna manera la contraorden presidencial. Y es un mal preludio de lo que puede suceder en adelante con las decisiones que tome la junta que quedan sujetas al precedente de que las cambien desde la Casa de Nariño.

Y, en segundo lugar, porque Ecopetrol está pasando por un momento difícil en el que lo menos que se pueden dar son mensajes contradictorios como éste. A diferencia de lo que está sucediendo con todas las petroleras en el mundo que se han valorizado espectacularmente por los altos precios de los combustibles, Ecopetrol ha perdido en las últimas semanas cerca del 40% de su cotización bursátil.

Quizás la mayor responsabilidad en esta pérdida de valor bursátil provenga de la ambigüedad que ha rodeado el mensaje gubernamental sobre si al fin se van a firmar nuevos contratos de exploración, o no. Toda la evidencia científica disponible indica que no hacerlo llevaría en el mediano plazo a bajar producción severamente; a perder ingresos fiscales; a depender de inciertas exportaciones; a hacer imposible la reposición de las maltrechas reservas energéticas del país; y lo más grave: a perder la autosuficiencia que con tanto esfuerzo ha adquirido Colombia.

En los últimos días, y casi con tirabuzón, se ha logrado que el gobierno haya abierto una tenue posibilidad según la cual sí firmará los mencionados contratos. En hora buena. La renuencia para corregir este mantra de la campaña petrista es lo que más negativamente ha afectado la acción de Ecopetrol en las últimas semanas. A lo cual, por supuesto, contribuyen mensajes desafortunados como éste de la contramarcha que costó la cabeza como presidente de su junta al Dr. Carlos Gustavo Cano. Y que ha terminado por golpear la imagen de la Iguana.

Tirios y troyanos coinciden en que hay que avanzar en la tarea de la transición energética. El punto es: ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? En casi todos los países del planeta lo que se está haciendo es encarecer el uso de combustibles fósiles para desestimular su consumo. O sea, desestimular la demanda. En Colombia, por virtud de la consigna lanzada durante la campaña presidencial se está trabajando en otra dirección: sofocar la oferta de combustibles fósiles a base de cerrar el grifo de nuevas exploraciones.

Ojalá estos últimos episodios sirvan para que el gobierno recapacite.  Y no solo para que respete en el futuro las decisiones de la junta de Ecopetrol. Sino para que entienda que la mejor manera de avanzar hacia la transición energética inteligente no es sofocar la oferta de hidrocarburos, lo que tendría costos inimaginables. Ni la de echar atrás desde la Casa de Nariño decisiones adoptadas por unanimidad por la junta directiva de la empresa.

Bogotá, D. C, 6 de noviembre de 2022

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por José Félix Lafaurie*.-El 89% de los ganaderos colombianos tiene menos de 100 animales y, dentro de ese gran segmento de pequeños productores, el promedio es de 21 animales y 25 hectáreas.

Ahora bien, esa caracterización es relativa, porque un ganadero con 100 vacas lecheras y tierra donde alojarlas en la Sabana de Bogotá, ni es pequeño ni es pobre, pero en gran parte de la Orinoquía y en otras regiones, la Unidad Agrícola Familiar, UAF, definida como la cantidad de tierra para que una familia pueda sostenerse y generar algún excedente, supera las 1.000 hectáreas, sin que se pueda hablar de ganadería improductiva, sino de tierra improductiva. En ese escenario, un ganadero con las 25 hectáreas promedio, no solo es muy pequeño, sino muy pobre, con “tierra insuficiente” y además improductiva.

El gran reto de la reforma agraria es sacar de la pobreza a ese pequeño ganadero y, así, ir construyendo una clase media que dinamice la economía campesina y la generación de empleo y riqueza.

¿Cómo hacerlo? Una alternativa es darle tierra “suficiente” y “acompañada” de condiciones de producción (vías, energía, riego, crédito, etc.), porque la tierra insuficiente -la “parcelita”- y la falta de integralidad -la “parcelita pelada”-, fueron la razón de anteriores fracasos.

La segunda opción, también acompañada de condiciones, por supuesto, es convertirle sus 25 hectáreas en tierra productiva, es decir, hacérselas “suficientes” sin tener que darle tierra adicional. ¿Cómo? La respuesta son los Sistemas Silvopastoriles Intensivos, SSPI.

Un modelo de simulación diseñado por FEDEGÁN, compara la productividad y capacidad de generación de ingresos de esa parcela promedio, con ganadería convencional y con SSPI. En el primer caso, con 21 animales, generaría un ingreso neto mensual de $924.000 en un horizonte de diez años, sin contar los animales. Si el productor tuviera que cubrir esa inversión inicial, su ingreso mensual se reduciría a $488.000, menos de un salario mínimo.

Pero si en esas 25 hectáreas desarrolla un SSPI, incluso con menos hectáreas, solo 20, podría tener hasta 105 bovinos, saliendo del rango de pequeño ganadero. Se requiere una inversión estimada en $7,3 millones/hectárea, $148 millones para 20 hectáreas, pero multiplicaría por cinco el número de animales, hasta 105, que le costarían unos $251 millones. La inversión sube, pero también los ingresos, por mayor producción en leche y en kilos del novillo gordo.

Así las cosas, en un proyecto a 10 años para amortizar la inversión de $399 millones, el ingreso neto mensual sería de $5,2 millones sin préstamo y $3,4 millones con financiamiento, a una tasa de 10% E.A.

Ahora bien, nuestro ganadero puede complementar su proyecto silvopastoril con una actividad como la apicultura, de gran impacto restaurativo y de interesantes ingresos por la venta de las divisiones de las colmenas.

En un SSPI, donde ha resurgido el bosque y la naturaleza, con una baja inversión podrá tener 40 colmenas, dos por hectárea, y en un horizonte a 10 años, esta combinación SSPI + abejas, generaría ingresos mensuales de $5,6 millones con financiamiento.

Y hay más, porque las 20 hectáreas silvopastoriles podrían hacer parte de un proyecto asociativo de Pago por Servicios Ambientales, y en las cinco restantes puede hacer agricultura de pancoger y hasta producir humus con el estiércol de los animales. Con esta última combinación (SSPI + abejas + humus), por ahorro en fertilizantes o la venta de humus, los ingresos llegarían a $9,6 millones sin financiamiento y $7,7 con financiamiento.

No lo podrá hacer solo; necesita financiación y asistencia técnica, pero si las tiene, ese campesino, ahora de clase media…, podrá conocer el mar y darles un futuro a sus hijos.

Por Paloma Valencia Laserna*.-La situación fiscal de la nación no es buena. Con la pandemia crecimos sustantivamente nuestra deuda pública y quedó por encima del 60%, tomamos decisiones de ampliación del gasto estatal en subsidios como el nuevo “ingreso solidario”, giros adicionales a varios de los existentes y se mantuvo el subsidio a la gasolina -que hoy nos deja un hueco de más de 34 billones-.

Es cierto que Petro recibió un país con una situación fiscal difícil, no por un mal gobierno de Duque -como dicen los petristas- sino porque tuvimos una pandemia. El Covid-19 significó una prolongada cuarentena, y hay que recordarlo, eran entonces, estos mismos petristas los que la exigían inmediata, total y casi permanente.  La presión sobre el gobierno obligó a un temprano confinamiento, que empezó el 24 de marzo del 2020 y se prolongó hasta donde fuimos capaces de resistirlo.

Días antes de la medida el entonces senador Petro trinaba “la protección de la vida implica frenar la economía. El confinamiento debe ser permanente obligatorio y con medidas sociales”.  Así se hizo, y eso costó. Ahora parecieran sugerir que el gasto fue excesivo, pero también recuerdo -a mediados del 2021, el actual presidente Petro increpaba al entonces presidente Duque pidiéndole una nueva cuarentena de 14 días y exigiendo que se entregaran bonos a las familias financiados por el Banco de la Republica.

Tendrá muchos reparos el actual presidente Petro sobre las decisiones de su antecesor, sin embargo, hay también que traer a la memoria que entonces Petro propuso que no se pagaran más arriendos, ni servicios, ni deudas. Nos hubiera llevado a la quiera del sistema financiero, de las empresas de servicios públicos y a un caos social sin precedentes… en fin. Eran tiempos difíciles que explican decisiones difíciles.

Los países después de la pandemia contrajeron el gasto, y esa es tal vez la única crítica que se le puede hacer al presidente Duque con razones. Sin embargo, esa no es la intención de este gobierno que nos propone seguir gastando cuando la inflación terminará el año por encima del 11%, y los alimentos hoy suben un 27%. En 2023 el escenario se anuncia muy sombrío, creceremos menos del 1%, perdimos el grado inversión y con una tasa de interés del Banco de la República que está en 11%.

La reforma tributaria de Petro puede agravar aún más lo que viene para el sector productivo. Las tasas efectivas de tributación son tan altas que alientan a muchas empresas a irse del país, a empresarios a sacar su capital. El aumento del salario mínimo deberá tener aquello en cuenta. Para el ciudadano es de esperar una inflación que seguirá aumentando, lo más grave será en los alimentos, pues los impuestos saludables gravaran mucho de lo que consumen los más pobres.

Para las finanzas nacionales sigue habiendo más preguntas que soluciones. No es claro cómo se utilizará este recaudo, una gran parte debería destinarse a aliviar las deudas de la nación. Si para cumplir el cielo que han prometido nos embarcan aun en más gastos, estaremos muy cerca de un tremendo fracaso de nuestra macroeconomía. Y la tributaria como está ya nos causa grave daño: los excesivos impuestos sobre el sector de hidrocarburos nos pueden llevar a la ruina a todos. No se trata de defender un sector, sino el sector que provee el 15% de los ingresos nacionales, en 30% de los regionales, y el 40% de las exportaciones. Sin hidrocarburos no hay vivir sabroso, no hay ni siquiera vivir como estamos viviendo.

Bogotá, D. C, 3 de noviembre de 2022

*Senadora del partido Centro Democrático.

Por Gabriel Ortiz*.-Cuando solo se cumplen 90 días del nuevo gobierno, hay hechos que mantienen al país al borde de una angustia, que aprovechan los especuladores con dólares para vociferar, sembrar pánico económico y multiplicar sus ambiciones, capitales e intereses, sin que les importe la ruina de este pueblo.

Es claro que, la disparidad de enunciados que lanzan, quienes han llegado a las altas esferas del poder, aportan mucho a la desinformación y los rumores que despistan a la opinión pública.

Todo arrancó con las falsedades, consejas y mentiras que penetraron las campañas, utilizando las llamadas “bodegas”.

El tema de la eliminación de exploración y explotación de hidrocarburos, fue uno de los mayores errores porque, aunque tenía el encomiable propósito de defender el medio ambiente, se prestó para pregonar un desastre económico en Colombia, cuando era un hecho inherente a la trepada de los precios del petróleo por, la guerra Rusia-Ucrania, que hizo sentir el más desgarrador frio a los Europeos.

Otros “pecadillos” se han registrado, sin que el aparato informativo gubernamental haya salido a aclarar cada una de las cábalas, tretas y conjuras de sus adversarios.

El presidente del Congreso, Roy Barreras, es tal vez el único, con la ministra de Agricultura, que han desvirtuado las consejas y aclarado que no habrá la intervención sobre hidrocarburos y que la reforma agraria se adelantará sin invadir terrenos.

Hoy a 90 días de su posesión, Petro tiene en su agenda nada más, ni nada menos que una reforma tributaria a punto de aprobarse, aunque por solo 20 billones; el restablecimiento de las relaciones con Venezuela, que restaurará el comercio, estaba vedado por considerarse que nadie puede “negociar con una dictadura”, así otras naciones lo mantengan.

Izquierda y derecha son una cosa, mientras los negocios y los dólares son otra, que no se manejan con conciertos fronterizos.

Adicionalmente, la paz total, puede fortalecerse con acuerdos entre Petro y Maduro, para frenar el trajinar de la guerrilla fronteriza e influir para restablecer la democracia venezolana.

La reforma tributaria, atemperará el nerviosismo del dólar, el desenfreno de los intereses, quietud a la deuda, encajar con la regla fiscal, doblegar la inflación, crear empleo, sembrar confianza inversionista y atemperar una economía que, busca ante todo desarrollar programas sociales.

Solo le falta al proyecto de reforma una norma que termine con la corrupción que se lleva entre 60 y 80 billones cada año. No se ve un solo artículo que la contenga. Solo uno que da cárcel a los evasores de impuestos, pero contra la corrupción nada. Tampoco busca impedir los “elefantes blancos”, que pululan. Basta echar un vistazo a los informes de Margarita Ortega en CM&, para sumar las billonadas que llenan los bolsillos de ciertos contratistas… aún vigentes.

BLANCO: Colombia no tendrá cómo compensar el triunfo que le dieron nuestras SUB-17. Es mucho lo que debemos a nuestras mujeres.

NEGRO: El pan en Colombia busca afanosamente un salvador. Es de los pocos alimentos que se pueden ingerir.  

Bogotá, D. C, 3 de noviembre de 2022

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por José G. Hernández*.- La propuesta de paz total, una de las más importantes del gobierno encabezado por el presidente Gustavo Petro, merece el apoyo del país, sin que mezquinos intereses políticos conduzcan a frustrar un frustrado propósito de la mayoría de los colombianos desde hace años. Ojalá se lograra para que podamos entregar a nuestros hijos y nietos un país en que la convivencia y el ejercicio de los derechos y libertades no fuera tan difícil. 

Según los textos divulgados como proyectos -todavía en trámite-, introducen modificatorios de la Ley 418 de 1997, y pretenden que el Estado garantice “la seguridad humana, para la construcción de la paz total”. Se promoverá, entonces, un conjunto de respuestas centradas en las personas y en las comunidades, “adaptadas a cada contexto, orientadas a la prevención, y que refuercen la protección de todas las personas y todas las comunidades”.  

Es política -agrega el proyecto- “será prioritaria en los asuntos de Estado, transversal a estos, e integral, tanto en lo referente a la implementación de acuerdos, como con relación a procesos de negociación, diálogo y acogimiento a la justicia”. 

Además, se expresa que “la política de paz será una política de Estado, en lo concerniente a los acuerdos de paz firmados y a los que se llegaren a pactar, así como a los procesos de paz en curso, y los procesos dirigidos al sometimiento y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”. 

Objetivos plausibles, a los que no creemos que nadie se oponga. Pero, desde luego, lo más difícil -en donde parece que no hay consenso- serán las específicas características del proceso, y las reglas en que se prevea el método, las condiciones y los procedimientos para alcanzar dichas finalidades.  

Aquí efectuaremos el análisis correspondiente, desde la perspectiva jurídica, cuando se surta la conciliación -pues son diferentes los textos aprobados en el Senado y la Cámara de Representantes- y el texto final se sancione por el presidente de la República y se promulgue. 

Por ahora, queremos hacer énfasis en que se trata de una ley de la República, de la mayor trascendencia, pero que no lo puede todo, y que no se trata de una reforma constitucional. No será posible que mediante ella se solucionen, como por encanto, todos los problemas y dificultades que suscita el, hasta ahora frustrado, anhelo de una paz completa, estable y duradera. Ni será posible, únicamente al amparo de esa ley, modificar normas constitucionales, ni los contenidos de actos legislativos introducidos como implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las Farc-Ep. 

Por ejemplo -en nuestra opinión-, con quienes participaron en las negociaciones de La Habana e inclusive suscribieron el Acuerdo Final de Paz, y después regresaron a la actividad guerrillera o volvieron a delinquir, no es viable propiciar o aceptar negociaciones de nueva paz o de regreso a los vínculos, derechos, garantías y prerrogativas propios de dicho pacto, ya que las normas que lo desarrollaron, incorporadas a la Constitución y ya examinadas mediante sentencias de la Corte Constitucional, previeron una fecha límite: 1 de diciembre de 2016. No ampararon hechos delictivos posteriores o incumplimientos de lo acordado. 

Bogotá, D. C, 2 de noviembre de 2022

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Humberto Tobón*.-Para una mujer es muy difícil lograr sumar, a la edad de 57 años, las 1.350 semanas que exige el sistema de prima media para alcanzar una pensión. Tampoco es fácil acumular más de $250 millones para obtener su pensión de salario mínimo en el sistema de ahorro individual.

Es tan grave la situación de las mujeres en materia pensional, que sólo una de cada cinco logran obtenerla, frente a tres de cada cinco hombres. Esto demuestra la enorme inequidad de género que existe en esta materia y que se materializa en altos niveles de pobreza femenina en Colombia.

Las estadísticas nos revelan que el desempleo femenino en agosto de 2022, por ejemplo, fue de 13,8% y el 8,9% entre los hombres. En esta diferencia porcentual subyace una razón terriblemente discriminatoria: las empresas prefieren no contratar personal femenino por las posibilidades de que se embaracen; además de una excusa casi inhumana, la presunta disminución de productividad durante el periodo de menstruación.

Quienes más sufren por estas causas son las mujeres jóvenes, cuya tasa de desempleo llega al 19%, mientras es del 13% para sus pares masculinos. En términos sencillos, las mujeres se demoran más para integrarse al mercado laboral.

Si a las mujeres no les dan empleo a edad temprana, ¿cómo van a lograr cumplir con las semanas que exige la ley para obtener la pensión? Por ello, es apenas justo que los congresistas revisen con responsabilidad y equidad la posibilidad de que ellas puedan obtener la pensión una vez cumplan los 57 años, pero con una acumulación de 1.100 semanas. Es lo justo.

A esto se debe agregar que podrían obtener una pensión del salario mínimo con un ahorro equivalente al 83% del que se exige actualmente por parte de los fondos privados, teniendo como base un hecho comprobado: las mujeres tienen un desequilibrio salarial frente a los hombres del 17% cuando ejercen una misma función o responsabilidad.

El DANE nos ofrece una fotografía de la realidad laboral de las mujeres. Representan el 51,3% de la población; su tasa global de participación es 51,6% (hombres, 76,4%); la tasa de ocupación alcanza el 44,5% (hombres, 69,6%); son el 52% de la población en edad de trabajar, apenas el 42,2% de la fuerza de trabajo y el 69% de la población fuera de la fuerza de trabajo. Son datos que reflejan que las mujeres han sido víctimas permanentes de discriminación e inequidad

Este panorama se puede superar con decisiones jurídicas, por ejemplo, el reconocimiento de su trabajo en el hogar, el cual debería ser tenido como un factor que se agregue a la acumulación de semanas laborales y cuyas cotizaciones deberían ser pagadas por el Estado.

Por eso, la afirmación de que el sistema de benévolo con las mujeres, al permitir que ellas se puedan jubilar a los 57 años, cinco menos que los hombres, es puro cuento.

*Estos conceptos no comprometen a la RAP Eje Cafetero, de la que soy subgerente de planeación regional.

Bogotá, 1 de noviembre de 2022

Economista de la Universidad Libre. Estudió Administración Financiera en la EAN y Comunicación Social en la U Jorge Tadeo Lozano.

@humbertotobon

Por Amylkar D. Acosta*.-Después de afirmaciones tan categóricas como las de la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez, en el sentido que “no vamos a firmar nuevos contratos de exploración y explotación”, enfatizando que “esta decisión no es caprichosa…estamos cumpliendo una promesa de campaña”, secundada por su Viceministra Belizza Ruíz, que, en un tono desafiante, les dijo a los delegados al Congreso de NATURGAS que no sabía “qué parte de esa frase no han entendido”, tuvo que salirles al paso el Ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, afirmando que esa decisión “aún no está tomada”.

Este zambapalo en el seno del gabinete ministerial del Presidente Petro mandó mensajes equívocos y equivocados al mercado, que terminaron pasándole factura a la economía exacerbando la devaluación del peso, que ha pegado un brinco del 32% entre junio y octubre de este año y a ECOPETROL, de la cual la Nación mantiene el 88.49%,  desplomando la cotización de su acción en la Bolsa, que ha acumulado una caída del 29.42% ¡!) entre el 2 de mayo ($3.252) y el 27 de octubre ($2.295).

No hay duda que el zar de las finanzas del gobierno, el Ministro Ocampo, sabe que tiene en el Ministerio de Minas y Energía la caja registradora. Sólo ECOPETROL, en el primer semestre de este año, gracias a los precios altos de la actual coyuntura, reportó utilidades de $17 billones, más de los $16.7 billones de todo el año anterior y se proyectan utilidades del orden de los $34 billones, mucho más de lo que se espera recaudar con el proyecto de reforma tributaria que cursa en el Congreso de la República, al cierre del 2022.

Desde luego, Colombia no puede perder su Norte que apunta hacia la Transición energética para contribuir al objetivo de alcanzar la carbono neutralidad hacia el 2050, pero como bien lo dijo la 26 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (COP26) “esperamos obligaciones más estrictas bajo el principio de responsabilidad común pero diferenciada”. El mensaje es claro: todo los países, todos a una como en Fuenteovejuna, deben contribuir a dicho objetivo, pero los mayores responsables de esta debacle, que significa el Cambio climático, son los que deben hacer el mayor esfuerzo. En este contexto, cuanto hagamos en Colombia, más alentados por el voluntarismo que por el realismo, no le mueve la aguja a esta problemática de dimensiones colosales.

Y no hay que perder de vista que la Transición energética no debe poner en riesgo la seguridad energética y aún más la soberanía energética. Esta es una de las lecciones aprendidas de la crisis que agobia a los países que integran la Unión Europea. Y de contera son muchos los estragos que se han derivado de la misma, abocándolos a una recesión acompañada de una inflación galopante (estanflación).  No se puede jugar con candela!

Por todo lo anterior es que ha sido muy bien recibido el anuncio del Director de crédito público del Ministerio de Hacienda José Roberto Acosta dejando entrever que el Gobierno nacional está reconsiderando la decisión, aupada por la Ministra de Minas y Energía y su Viceministra, de no más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Como es bien sabido el Marco fiscal de mediano plazo (MFMP) es la Carta de navegación del Ministerio de Hacienda y lo que ha dicho Acosta es que para que se cumplan sus presupuestos y metas es menester que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) reanude sus rondas para ofertar y contratar la exploración y explotación de nuevos bloques en áreas con potencial hidrocarburíferas en el territorio nacional.

El análisis de esos números “definitivamente serán los que guien la decisión final en aras de esa sostenibilidad fiscal donde estos ingresos son muy importantes”, refiriéndose a los provenientes de la industria de los hidrocarburos. Este anuncio disipó muchos temores, muchas dudas y sobre todo mucha incertidumbre, desatada por pronunciamientos erráticos y errados que no le hacen bien al país.

De hecho la propia Ministra Irene había dado las primeras puntadas en su entrevista el pasado domingo en El Espectador, bajándole el tono a sus anteriores declaraciones, advirtiendo que “no se ha tomado una decisión a futuro, el Gobierno está analizando los escenarios y las necesidades que vaya presentando el país”. Y añadió que “en cuanto a la exploración de petróleo y gas, este es un tema que está en análisis para ver qué necesita el país mientras se lleva a cabo esa transición”. Dicho de otra manera, esta vez no descartó la firma de nuevos contratos de exploración y explotación!

Bogotá, D. C, 31 de octubre de 2022

*Economista. Expresidente del Congreso y exministro de Minas y Energía.

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