Opinión

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Un serio riesgo que tiene el país es que cuando se complete la reforma agraria que ya ha iniciado con mucha decisión el gobierno, y los campesinos tengan la tierra, junto con el crédito, la asistencia técnica, los canales para comercializar sus productos, y todo lo que necesitan para desarrollar sus proyectos productivos, se continúe la tendencia de despoblamiento del campo y la tierra se quede sin campesinos.

La reforma agraria ya comenzó a buen paso. La Ministra de Agricultura, Cecilia López, anunció la titulación de 618.000 hectáreas que ya se están repartiendo y que se tienen identificadas otras 125.000 hectáreas expropiadas a los narcos; también se firmó un acuerdo con Fedegan para la compra de tres millones de hectáreas.

Pero desde hace casi un siglo se inició un masivo proceso de migración del campo a las ciudades. Hacia 1950 en el campo vivían cerca del 60% de los colombianos, medio siglo más tarde este porcentaje había bajado al 30%, y hoy solo un poco más del 20% de la población vive en la zona rural.

Esta tendencia a la urbanización del país se refleja también en la dinámica del empleo. Entre 2001 y 2021 se crearon en el país 5.4 millones de empleos, pero de estos solo 316.000 (menos del 6%) fueron en la zona rural. La tasa anual de crecimiento del número de ocupados en las ciudades fue del 42%, mientras que en el campo fue de solo 7.1%, a pesar de que el PIB agrícola creció 65% en el mismo período. Como consecuencia en varias regiones del país se siente ya una escasez de mano de obra para las labores agropecuarias.

No hay duda que los campesinos despojados de sus tierras quieren volver a sus parcelas, y que los que siempre han trabajado en campo ajeno esperan con ansia la posibilidad de tener su propio terreno. Lo que no es seguro es que sus hijos quieran quedarse en el campo realizando las mismas labores a sol y agua con las que envejecieron sus padres y abuelos, o más bien prefieran migrar a las ciudades.

Porque la realidad es que en la ciudad los jóvenes tienen la posibilidad de obtener subsidios para vivienda, así como acceso a mejores escuelas, y servicios de salud más completos que los precarios puestos de salud de sus veredas.

La reforma agraria debe incluir la provisión de bienes públicos que mejoren la calidad de vida de los campesinos. No es suficiente que tengan un pedazo de tierra propia o que logren mayores ingresos en sus proyectos productivos; tampoco que tengan oportunidades de trabajo decente como mejores salarios y prestaciones sociales.

Cali, 23 de octubre de 2022

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por Fernando Cepeda Ulloa*.- En el mundo existen varias experiencias, algunas fracasadas, otras exitosas. Los que conocen el tema empresarial dicen que los fracasos son buen camino para aprender las mejores prácticas. No creo que esta sea la primera vez que en Colombia se habla de un banco que dedique toda su actividad financiera a ayudar a los más pobres. Para ello es indispensable que no exista toda esa maraña de requisitos que imposibilitan que una persona sin recursos pueda acceder al crédito. Existen incontables condiciones y requisitos que no son otra cosa que barrera discriminatoria que no permite a una persona que carece de finca raíz o depósitos significativos en los bancos ofrecer garantía que satisfaga al banco. Imposible.

Hace muchos años, patrocinado por una organización que se llamaba Viva Río, allá en la bellísima ciudad de Río de Janeiro, visité por varias horas unas favelas Y pregunté a las señoras que manejaban salones de belleza, como negocio muy popular en esas secciones tuguriales, cómo obtenían el dinero para montar ese atractivo y popular servicio. Todas me dijeron que recibían un préstamo de algo así como un millón de pesos de entonces... hoy serian cinco millones. Decían que no requerían respaldo alguno de finca raíz o fiadores. Y que el negocio les permitía pagar la deuda. Averigüé, también, con las instituciones que prestaban el dinero y todas coincidieron en afirmar que los pobres eran muy cumplidos en los pagos. Que eran muy pocos los casos de incumplimiento.

Entonces y ahora, a raíz de la columna de Juan Manuel Acevedo sobre el sistema financiero que utilizan los pobres en Colombia, el gota a gota, recordé el título de un libro famoso que escribió un británico, y que en muy pocas palabras lo dice todo y mucho más, "Los Pobres Pagan Mas" no sólo en materia de créditos, sino del valor de otros bienes. Es que aquí no sólo pagan unos intereses usurarios, inadmisibles, injustos, sino que el incumplimiento se paga con la vida propia o la de un familiar. Imposible aceptar que una sociedad pueda tolerar un sistema financiero de esas características.

Lo menos que se puede ofrecer a una persona carente de mínimos recursos es que pueda adquirir la propiedad de sus elementos de trabajo. El taxista debe poder acceder a la propiedad de su instrumento de trabajo, el automóvil, y es bien sabido que podría pagarlo en varios años y alcanzar además seguridad social, salud, pensión. Quizás estoy dando un ejemplo muy complejo, pero bien mirado me cuesta trabajo creer que los números no dan. El peluquero, la maquilladora, la que corta las uñas, los vendedores ambulantes deben ser propietarios de su instrumento de trabajo. Y así de otros oficios. Cuántas madres han sacado adelante a sus hijos gracias a su trabajo con una máquina de coser.

¡Muy joven fui testigo del surgimiento de esa próspera industria que se llama Ponqué Ramo (por el nombre de su propietario)!  Recuerdo el garaje donde se inició y el papel determinante que jugó su esposa. En los años cincuenta. Espero no ser víctima de una leyenda, pero creo que el Banco Popular de entonces tuvo mucho que ver con un emprendimiento tan sorprendente.

Hacen mucha falta historias que cuenten casos de éxito de esta naturaleza. ¡Eso sí que ayudaría!

Bogotá, D. C, 23 de octubre de 2022

*Abogado y Politólogo. Ex diplomático. Ex Ministro del Gobierno.

Por Juan Camilo Restrepo*.- Las chicas que agredieron el cuadro Los Girasoles de Van Gogh en Londres con sopa de tomate llevaban camisetas que decían perentoriamente “pongan fin al petróleo”. Pero, además: hicieron recordar las múltiples agresiones verbales de que ha sido víctima Ecopetrol últimamente. Con la diferencia de que nuestra empresa petrolera no cuenta con protector de cristal como afortunadamente tenía el cuadro del pintor holandés.

Esto significa que la multitud de disparos verbales, de trinos y de anuncios desafortunados del gobierno sobre el futuro de Ecopetrol y de la política energética, está haciéndole mella y pueden terminar por hacerle daño irreparable a la empresa insignia de la economía colombiana.

Todas las cifras que empiezan a publicarse así lo indican. Y no es un perjuicio hipotético el que se vaticina: es un demérito que empieza a reflejarse ya en los balances y en las proyecciones de Ecopetrol. Por ejemplo, Ricardo Ávila en un excelente análisis que publicó en El Tiempo del pasado 16 de octubre, demostró cómo el valor bursátil de la empresa ha perdido casi un 40%, al descender de 145 billones de pesos que llegó a valer a finales de marzo de este año a 89 millones a la fecha. Los bonos internacionales de Ecopetrol se han desvalorizado igualmente un 8%.

Naturalmente este fenómeno no obedece a una sola causa. Pero no deja de ser sorprendente que cuando todas las petroleras del mundo están ganando- casi sin excepción- cotización bursátil debido a los precios estratosféricos de los combustibles en los mercados internacionales, la nuestra haya perdido valor de manera tan abultada.

Pero quizás la mejor explicación de este inquietante fenómeno es la confusión que rodea la política energética que se va a desarrollar en el país en los años venideros. Todos los días hay pronunciamientos contradictorios de las altas directivas gubernamentales que se sientan en la junta directiva de Ecopetrol. Mientras la ministra de Minas y Energía, así como su viceministra, repiten insistentemente el mantra de que no se firmarán nuevos contratos de exploración de crudo ni de gas natural (“porque así se dijo en la campaña”), el ministro de Hacienda responde en solitario que sí se firmarán; y que bajo ninguna circunstancia se frenará la firma de nuevos contratos de exploración, sobre todo en materia de gas.

Este es un asunto fundamental sobre el cual ya existe un extendido consenso entre los expertos de que quien tiene la razón es el ministro Ocampo, pero que sin embargo el gobierno no ha logrado dilucidar. Y mientras pasan los días sin que esto se aclare, el valor de Ecopetrol se sigue contrayendo a la vista de los exigentes mercados nacionales e internacionales.

Los datos que contiene la carta que Ecopetrol dirigió recientemente al Congreso denunciando los efectos devastadores que para sus finanzas tendrá la reforma tributaria, tal como fue aprobada en las comisiones económicas en primer debate, no son menos inquietantes: el conjunto de la nueva sobretasa del 5% más el anticipo implicará un drenaje a la caja de Ecopetrol el año entrante de $3,6 billones; la exigencia para poder seguir beneficiándose del régimen tributario franco que beneficia  su la actividad refinadora le implicará aumentar sus exportaciones en el equivalente a 44 millones de barriles al año desabasteciendo el mercado doméstico, al paso que la nación tendrá que importar gasolina por US $ 2,8 billones; la no deducibilidad de las regalías en la ecuación fiscal de la empresa le significará un aumento en la base gravable de $7,6 billones; la tributación efectiva de Ecopetrol se aumentará hasta el 81%; las regalías pagadas a departamentos y municipios se contraerán en $ 2 billones entre 2023 y 2026; los suministros de la refinería se recortarán en el equivalente a 30.000 barriles por día; y en general todo su programa de inversiones a lo largo de la cadena productiva se verá mutilado.

Con un panorama como éste, no es sorprendente que Ecopetrol esté corriendo con menos suerte que el cuadro Los Girasoles de Van Gogh.

Bogotá, D. C, 23 de octubre de 2022

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por Amylkar D. Acosta*.- Como es bien sabido la fórmula tarifaria (CU = G + D + T + C + PR + R) contiene 6 cargos, uno por cada uno de los 4 eslabones de la cadena y dos clavijas, que son  las llamadas eufemísticamente restricciones (R) y las pérdidas reconocidas (PR). Ya nos hemos referido a las restricciones, hablemos ahora, a propósito del publicitado “pacto por la justicia tarifaria”,  de las pérdidas reconocidas. 

Según el anuncio de la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez, como resultado de la renegociación de los contratos bilaterales entre generadores y comercializadores se logró una reducción de la tarifa a partir del mes de noviembre en un rango entre el 4% y el 8%. Particularmente, en el caso de los usuarios de Air-e del 5.65% y de los de Afinia 2.9%, por debajo de dicho rango, irrisorio en ambos casos, que no se compadece con los incrementos registrados que superan el 40%.

Y la verdad es que mientras no se toquen las pérdidas reconocidas (PR), del 29% para los usuarios de Air-e y 27.2% para Afinia, en contraste con el 10%, en promedio, para el resto del país, va a ser asaz difícil lograr rebajas significativas en las tarifas en la región Caribe. Y no es para menos, habida cuenta que el componente de las PR pasó de representar el 8% en octubre de 2020 al 30% en julio de 2022 en el costo unitario (CU), que es la tarifa que se le cobra al usuario final. Su contribución al incremento del CU en 2021 fue del 70% y en los primeros siete meses de 2022 del 54%, de acuerdo con el estudio que adelantó FUNDESARROLLO.

Pero, como es bien sabido dicho tratamiento se deriva de lo dispuesto en las resoluciones 010 de 2020, 024 y 078 para Air-e y 070 para Afinia en 2021 de la CREG, las cuales a su vez se fundamentan en las leyes 1955 de 2019 y 2010 de 2019, los decretos 645 de 2019 y 1231 de 2020 que la reglamentan y en la Adenda Integral al reglamento convenido entre la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios y los nuevos operadores de red. Por ello, cualquier cambio deberá ser consentido por ellos.

Así las cosas, al descontento y la inconformidad de los usuarios se le vino a añadir ahora el desconcierto, puesto que este pacto no satisface sus expectativas, por lo que se auguran más y mayores movilizaciones y manifestaciones de protesta por parte de los usuarios, tanto los regulados como los no regulados, que se sienten frustrados con el paso dado.

El Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, deberá hacer un esfuerzo adicional tendiente a meter en cintura las tarifas de energía, dado que ellos se sienten agobiados por lo que se considera un verdadero atropello a sus derechos de contar con un servicio de energía que cumpla con el principio de equidad consagrado en la Ley de servicios públicos 142 de 1994!

Ello es tanto más urgente en cuanto que a la espiral alcista de las tarifas de energía se le ha venido a sumar ahora la de los precios, la cual tarde que temprano terminará castigando a los usuarios del servicio con más alzas y ello en momentos en los que los embalses de las hidroeléctricas están a full. Si ello se está dando ahora, qué podemos esperar cuando el fenómeno de la Niña toque a su fin y se empiece a avizorar el advenimiento del Niño con su sequía e hidrología crítica.

Bogotá, D. C, 23 de octubre de 2022

*Economista. Expresidente del Congreso y exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Por José Félix Lafaurie*.-Comparto con mis lectores dos trinos recientes a raíz de las invasiones de tierras. El primero afirma que “No es coincidencia que @jflafaurie hace poco haya propuesto revivir las Convivir”; y el segundo que “Alcalde de Plato convocó Ejército y Policía a respaldar ganaderos en caravanas para intimidar supuestos invasores; imágenes y vídeos recuerdan a autodefensas y ningún participante desmiente impulso a iniciativa de @jflafaurie de retomar las Convivir”.

Estos sorpresivos trinos no son de un ciudadano cualquiera, sino de la primera autoridad del departamento del Magdalena, el gobernador Carlos Caicedo, quien se apuró a tildar de paramilitares a un grupo de sus gobernados, que solo buscaban proteger pacíficamente sus propiedades; y no contento con ello, se despachó contra mí por haber convocado a la solidaridad ganadera, con afirmaciones irresponsables, que lindan con el Código Penal -injuria y calumnia- y con el régimen disciplinario de los servidores públicos, competencia de la Procuraduría.

No es de extrañar, pues no es de ahora su animadversión hacia la ganadería, al punto que, en su proyecto de Plan de Desarrollo 2020 – 2023: “MAGDALENA RENACE”, tal “renacimiento” estaba concebido a partir de la destrucción de la ganadería departamental, lo que nos obligó a defenderla ante la Asamblea, con verticalidad, con argumentos… y con éxito. Me temo que hoy esté pagando esa derrota, pero la defensa de la ganadería magdalenense bien lo vale.

Por esa misma razón debo referirme al texto infamante del segundo trino de Caicedo. Primero, reitero que jamás he propuesto retomar las Convivir y, por lo tanto, mal podría alguien desmentir o no algo a lo que jamás me he referido.

Segundo, reivindicó la actitud de cumplimiento del deber del alcalde Peña, del Ejército y la Policía, que además califico de solidaria con la ciudadanía.

Tercero, no sé qué recuerdos tenga el señor Caicedo de los paramilitares ni de su propio tránsito por organizaciones armadas ilegales, pero debo insistir en que es una infamia y una falta grave por parte de un funcionario público, hacer señalamientos infundados, como el de paramilitarismo, que ponen en riesgo la vida de las personas.

Cuarto, si los invasores se intimidaron, pues se logró el objetivo de mostrar que el ganadero no está solo, que estamos unidos entre nosotros y con las autoridades. ¿Quién ha dicho que es ilegal intimidar pacíficamente a quien pretende irrumpir en nuestra casa?; hacer ruido, llamar vecinos, informar a la policía, fue lo que, valga la comparación, hicieron los manifestantes solidarios de la caravana. Pero, además, ¿desde cuándo está limitado el derecho de los ganaderos a la asociación?, ¿en dónde nuestra legislación prohíbe a los ciudadanos “colaborar”, sin entorpecer, con las autoridades en la protección de derechos fundamentales, en este caso el derecho a la propiedad?

Por el contrario, la colaboración ciudadana solidaria es un deber consagrado en el artículo 95 de la Constitución, que nos demanda “Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”.

Por ello me ratifico en mi invitación, que el país conoce y que ya ha sido atendida por miles de ganaderos, a conformar grupos voluntarios y solidarios de reacción inmediata, que acompañen pacíficamente al ganadero afectado, que agradecerá nuestro apoyo y mañana estará dispuesto a brindarnos el suyo.

Ese es el propósito, mostrarles a los invasores, a la sociedad y también a las autoridades, que el ganadero no es un “lobo estepario”, que, por el contrario, somos una “manada” organizada y pacífica; que nos une el trabajo de la tierra y que, en su defensa…, somos solidarios.

Bogotá, D. C, 22 de octubre de 2022

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Alfredo Benavides Castillejo*.- Ecopetrol generó una utilidad de 16.7 billones de pesos el año pasado y es posible que la duplique en el presente año 2022 esto en su mayoría por la venta a altos precios del petróleo producido. ¿Pero es posible que otra industria con cero emisiones pueda reemplazar estos ingresos a la nación en el corto plazo es decir en menos de 10 años? La respuesta es sí…

No sería otra industria, es la misma Ecopetrol la que lo haría, pero produciendo Hidrogeno verde. Recordemos que el petróleo y el gas se componen de carbono (80%) e hidrogeno (20%) aproximadamente. Entonces es continuar con lo mismo solo que eliminando el carbono, que a la postre generador de los gases de efecto invernadero, es decir el contaminante mundial.

Colombia tiene un territorio extraordinariamente privilegiado para esto, tan grande como un País de Europa, y es La Guajira, con una radiación solar de 6 kw por encima en más del 50% del promedio mundial (U. Antioquia) y con vientos de mas de 9 metros por segundo a 80 metros de altura (Asociación de energías renovables ), lo cual podría generar lo de 10 hidroituangos algo así como 20.000 MW y eso sin contar con la energía que se pudiese producir en el mar adentro de La Guajira con los mismos vientos.

Mientras se instalan los gigantes aerogeneradores o molinos de vientos requeridos (ya hay unos instalados) y se “tapiza” gran parte del desierto de La Guajira con paneles solares, se construiría una gran planta desalinizadora, es decir, que le retire la sal al agua marina para volverla potable, esto es necesario ya que sometiendo agua potable con energía eléctrica, se obtiene hidrogeno verde.

No toda el agua potable se destinaría a la producción de hidrogeno verde, un porcentaje iría a abastecer a toda la población de La Guajira que por siempre ha padecido su ausencia, se podría pensar en generar agro debajo de los paneles solares u otras tierras, algo soñador pero posible o sino Israel que tiene 5 grandes plantas desalinizadoras en su desierto, no sería exportador de tomates.

Las 450 toneladas hora de hidrogeno verde producido podrían ser conducidas conjuntamente con el gas natural por la red de gasoductos que inician en La Guajira y abastece a todo el País e incluso llegan a la refinería de Barrancabermeja y Cartagena, con esto se podría hacer el hidrotratamiento que requieren las refinerías para producir combustibles libres de azufre y metales e ir eliminando la necesidad del petróleo o por lo menos reducirlo.

Aumentaría y garantizaría la necesidad de gas residencial e industrial de Colombia. De igual manera el hidrogeno diluye el crudo pesado, en esta dilución el País gasta mas de 1000 millones de dólares anuales al importar diluyentes, este solo ahorro justificaría la construcción de las plantas desalinizadoras y de producción de hidrogeno.

El hidrogeno verde se vende en el mercado a un precio entre 8 a 10 dólares por kilogramo es decir si vendiéramos el 50% de lo producido en la Guajira eso daría 225 toneladas o sea 225.000 kilogramos por 8 dólares da 1`800.000 dólares por hora, es decir, serian 43`200.000 dólares al día, comparado con la exportación de petróleo que en promedio son 400.000 barriles día vendidos en promedio a 90 dólares , los cuales dan 36`000.000 dólares día , resultaría mejor exportar hidrogeno verde y hacer un control estricto a los más de 200 contratos vigentes de exploración de petróleo y gas de manera que si se tiene éxito se podrían incluso asignar más áreas a los mismos o si por el contrario se fracasa, entonces estudiar la asignación o no de nuevos contratos.

En otras palabras, dejar de explorar , explotar y producir petróleo y gas aunque moderada e inteligentemente, mientras se construyen estas plantas entre tres a diez años, porque lo que se tenía que hacer a 50 años, la guerra Rusia-Ucrania y la inminente recesión mundial, acortaron los tiempos energéticos a menos de 20 años .

Replicando lo anterior en la costa pacífica, Santander y los llanos orientales, Colombia se convertiría en potencia exportadora de hidrogeno verde.

Los carros actuales con motores a gasolina y diésel, pueden ser modificados a hidrogeno de manera económica y subsidiada. La empresa Toyota ya anunció la producción masiva de nuevos carros a precios asequibles incluso de alta gama a base de hidrogeno. Lo único que saldrá por el exosto de esos carros es agua.La fuente es la inagotable agua del mar y el hidrogeno que se consume vuelve y se

convierte en agua, la potencia del hidrogeno en un motor es 20% mayor que un motor de gasolina. Varios países desarrollados ya iniciaron esta carrera del hidrogeno verde.

Colombia podría participar como líder mundial.

Bogotá, D. C, 21 de octubre de 2022

* Ingeniero. Consultor.

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Por Gabriel Ortíz*.- El vertiginoso y desbocado dólar, habrá pasado los 5 mil pesos y, nuestra economía, estará en cuidados intensivos, cuando aparezca esta columna.

Extrañamente la anunciada recesión del 2023 se anticipó, mientras el DANE anunciaba un crecimiento económico en agosto del 8.6%.

Difícil entender semejante incremento, con la aparatosa caída al 0.7% que calcula el Banco de la República para el 2023.

Hay fenómenos que vienen ocurriendo y que podrían ser los causantes del encabritado dólar en Colombia y en países tan poderosos como Inglaterra, Francia, Chile y tantos más. Puede obedecer a la guerra entre Rusia y Ucránia, a la inflación mundial, a la crisis climática en Europa y a la hambruna que va en los hombros de este planeta.

Miremos el caso de Colombia. El país viene de serias dificultades económicas, producto del endeudamiento externo, la escasez de alimentos por la falta de oportunos programas agroindustriales, la pandemia, la olla raspada, el pésimo manejo de una adversa situación económica, producto del crecimiento excesivo del gasto público, y desde luego la rampante corrupción.

El nuevo gobierno se embarcó en la reforma tributaria, para poder adelantar los programas sociales y nivelar la maltrecha economía, que despierta toda suerte protestas. Simultáneamente debió adelantar en el Congreso la ley de presupuesto para el 2023. Para ello, adelantó un acertado dialogo político que le garantizó unas mayorías suficientes para lograr su cometido. Pero surgieron rencillas y desacuerdos que fueron dificultando la situación.

Como si fuera poco, el Banco de la República -con su altivez- veía llegar el monstruo de la inflación y el desbarajuste, pero simplemente aplicó manidas teorías económicas que aún consideran que son las tasas de interés las únicas que funcionan.

Todo se encareció en este país en el que el 43% de los alimentos son importados mientras el dólar arreció su carrera alcista. Se desató así una especulación incontrolable con el dólar, porque el Emisor no intervino el mercado de divisas, como ocurre en economías racionales.

Fue aquí cuando se desató la fuga de capitales de quienes, defienden las teorías del neoliberalismo, o aprovechan el mar revuelto para su propio beneficio. Acudieron también al rumor, sobre un supuesto control de cambio, impuesto a los giros y nueva alza de los intereses, para encender a la opinión pública.

De nada han servido las categóricas rectificaciones del ministro Ocampo, ni las reiteradas afirmaciones del presidente Petro. El rumor causa estragos que lanzan una economía al vacío.  

Otros aprovechan para comprar barato. Se apoderan de empresas, bienes y servicios a precios irrisorios, mientras los vendedores sacan su dinero y colocan nuevos peldaños a la escalera del dólar.

Estamos en la antesala de una hecatombe económica, si el Emisor sigue mirando al revés y fomentando la especulación.

Se requiere un diálogo constructivo y la unidad nacional, antes de que sea tarde, porque hasta los especuladores y las fugas de capitales verán la cara del desastre.

BLANCO: Una buena: podemos ir a Inglaterra sin necesidad de visa.

NEGRO: Nuevo asesinato de un colega: Rafael Emiro Moreno, fue abandonado por la UNP.        

Bogotá, D. C, 21 de octubre de 2022

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telepacifico y Notisuper

Por Paloma Valencia*.- Petro empieza a dar señales sobre su propósito de legalizar la cocaína en Colombia. El asunto no es menor. Lo hemos dicho: las drogas han sido el mayor factor de violencia en Colombia. Han financiado todas las violencias, de todos los pelambres y con todas las justificaciones. El narcotráfico es un monstruo de varias cabezas, se le corta una y le brota otra. Es cartel, paramilitar, guerrilla maoístas, guerrilla leninistas, pseudo guerrilla, grupos ilegales, y hasta estructura criminal.

El peor problema de esta propuesta es que sirve de distractor. Con el discurso de legalizar o regular el gobierno está envolatando la discusión sobre lo que harán ahora con el narcotráfico. Seamos serios; aun aceptando que el discurso de legalizar avance a buena velocidad no será este gobierno quien lo vea. Estados Unidos y Europa están muy lejos de aceptarlo y más lejos aún China y Rusia. La opción de legalizar de manera unilateral es una quimera; equivaldría al cierre de nuestros mercados internacionales y quedarnos con todos nuestros productos de exportación y también con la coca. No habría a quien venderla, salvo que el Gobierno quiera pasarla ilegalmente por las fronteras. Esperar a que el mundo quiera legalizar será lento; y mientras tanto seguirá creciendo en área y en violencia en nuestro país.

Es cierto que la guerra contra el narcotráfico no se gana. Nada puede contener la producción de un producto que se consume y se paga a buen precio. La guerra contra las drogas se limita a buscar reducir su efecto en nuestro territorio y golpear las finanzas de los ilegales que asesinan con y por esos recursos. Me temo que con el discurso legalizador o regulador sólo nos distraen de la dificultad que enfrenta el gobierno de tener que tomar medidas contra el narcotráfico, habiendo pregonado por todas partes de que la guerra contra las drogas fracasó. ¿Qué harán estos 4 años además de hablar sobre el fracaso de la guerra y la necesidad de legalizar? ¿Dejarán que el narcotráfico siga creciendo?

Recordemos que durante las negociaciones de la Habana en 2016, la sola posibilidad de que las familias recibieran dinero por erradicar y la suspensión de la aspersión aérea, los cultivos ilícitos pasaron de 47.788 a 146.140 ha; y hoy tenemos más de 200 mil. Ya se anunció que no se erradica manual, ni forzosamente, ni se fumiga, ni se bombardea. Y ahora se anuncian miles de millones para la erradicación voluntaria (pese a los malos resultados que se han obtenido). En el corto plazo la sola declaración de Petro traerá consecuencias.

Y claro que hay grados en la guerra contra las drogas. En el año 1999 el lavado de dinero del narcotráfico en Colombia equivalía al 10% del PIB. Según la fiscalía entre 1990 y 2016 las Farc tuvieron ingresos por 7 billones por narcotráfico y 17 mil millones por minería ilegal. Con el modelo de lucha contra las drogas (aspersión, sustitución voluntaria y sustitución forzada) se alcanzó mínimos históricos con cerca del 2% PIB por lavado en el 2010; desde la firma del acuerdo de la Habana ha crecido al 5% del PIB.

¿Son buenas para la salud humana? La respuesta es no. La legalización o regulación hacen más fácil el acceso, y sobre todo disminuyen el discurso de rechazo social. Me duele que las madres que hoy enfrentan las dificultades de la crianza de sus hijos mientras ellas trabajan, tengan que enfrentar un ambiente donde las drogas sean más asequibles.  Entonces nos dicen que debe tener el tratamiento con impuestos, de similar manera como se ha hecho con el cigarrillo. Se ponen altos impuestos y esto ha demostrado eficacia en la reducción del consumo. Sin embargo, no es claro que logremos monopolizar, y que la competencia de la ilegalidad desaparezca. Dicen que seguirá el destino de la legalización del alcohol, pero puede que se parezca más al oro, qué aun siendo legal, reporta los segundos mayores ingresos para grupos ilegales a través de minería criminal. La legalización, en ese sentido, haría aún más difícil el combate.

Bogotá, D. C, 21 de Octubre de 2022

*Senadora del Centro Democrático.

Por Robinson Castillo*.- La diferencia debe ser una fortaleza. Nos reconocemos como un país de regiones, con expresiones culturales propias, pero con serias distancias económicas y sociales, entre unos y otros departamentos. Muy oportuno abrir el debate sobre retornar a una Colombia Federal. Ya lo fuimos entre 1853 y 1885.

El centralismo no lo es todo y todo no es centralismo. Los entes territoriales hace mucho tiempo vienen reclamando más autonomía administrativa, convencidos que una política federal, implicará más desarrollo y disminución de brechas económicas. Es clave una reflexión profunda del tema.

El filósofo Daniel Innerarity es un precursor de este modelo de país: “Tanta federación como sea necesaria, tanta diversidad como sea posible. Es decir, no se trata de generar varias repúblicas, sino crecer en lo distinto.

No será un debate fácil. La costumbre se reafirma sobre lo aparentemente inesperado, pero desde la Federación Nacional de Departamentos que agrupa a los 32 gobernadores del país, han dado el paso para comenzar a socializar su propuesta federalista, que requiere de una reforma a la Constitución.

El desafío es hacer comprensible lo que parece complejo. Es clave que la ciudadanía entienda las oportunidades que brindaría un Colombia Federal. Es una tarea que se han echado en sus hombros los mandatarios regionales. La pedagogía es necesaria para ser escuchados.

Los problemas de cada región no se resuelven de forma individual. Será a través de acciones colectivas, que podrán superarse muchas de las adversidades acumuladas por décadas. El progreso no se logra con egoísmo.

Un Estado Federal es una forma de gobierno unitario. Es tal vez la representación más cercana a la división de poderes, genera instituciones con una independencia para una nación con regiones con arraigo social y cultural fuerte. El federalismo unirá más los territorios, sin sacrificar las diferencias, tan necesarias para fortalecer la idiosincrasia de cada departamento.

"Estamos proponiendo un camino hacia la federalización que nos permita formular un documento que se convierta en un proyecto de Acto Legislativo y así profundizar en las autonomías de los territorios", enfatizó el presidente de la Federación Nacional de Departamentos y gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa.

La verdadera esencia de un país es regional. Con expresiones gastronómicas, musicales, lo que se pueden esperar de un Estado Federal es que respete la diversidad para fortalecer la unidad. Los territorios son los que realmente conocen a fondo sus problemas. Llegó el momento de dialogar muy en serio, del federalismo.

Bogotá, D. C, 19 de agosto de 2022

*Comunicador Social-Periodista

Por José G. Hernández*.-Por lo que le hemos escuchado decir al presidente Gustavo Petro, en su condición de demócrata, no se opone a la libre expresión de las ideas -así sean contrarias a las suyas-, es respetuoso de la crítica y favorece el diálogo como camino civilizado hacia el logro de acuerdos y consensos.

Entre las propuestas y programas gubernamentales o provenientes de los partidos que lo apoyan, encontramos muchos -expuestos durante la campaña electoral- que son válidos y convenientes, así sean difíciles, como el consistente en luchar contra la enorme desigualdad existente, el que busca lograr la paz, el que estimula la participación regional en la elaboración de los planes de desarrollo, la política de protección ambiental, o el muy urgente desafío de cerrar todas las puertas a la corrupción. Los compartimos plenamente, en cuantos objetivos de primer orden, que son de interés general y merecen el respaldo de la sociedad entera. En tal sentido, consideramos exagerada y negativa la actitud de la oposición extrema, que todo lo descalifica y ataca, sin mayor análisis, y sin argumentos.

Otros proyectos, como la legalización de la marihuana, y -peor todavía- el de legalizar la cocaína, formulado por el director de la Dian, no solamente son inconvenientes sino altamente dañinos, y no los podríamos aceptar, ni respaldar, sin traicionar nuestras convicciones.

Pero no se olvide que Colombia es, como lo proclama la Constitución, es una democracia. Y en una democracia hay ramas del poder y órganos autónomos e independientes, y, aunque la batuta la lleve el presidente como jefe del Estado, existen unas reglas fundamentales dentro del orden jurídico, y un sistema de equilibrio, frenos y contrapesos. El Gobierno, mediante proyectos, propone los cambios y ajustes que, en su criterio, se deberían introducir a la propia Carta Política y a las leyes. Es el Congreso el que debate, discute y vota las iniciativas, y la Corte Constitucional la encargada de examinar, de oficio o a partir de la acción pública, la conformidad o discrepancia de cuanto se apruebe, a la luz del ordenamiento fundamental.

Hacemos énfasis en el papel que juega el Congreso, cuyos integrantes, elegidos por el pueblo, deben representar los intereses populares, no los oficiales, y obrar con seriedad, conocimiento, responsabilidad y buen criterio, no por consideraciones o beneficios o aspiraciones personales o de grupo, ni a cambio de estímulos burocráticos o de otra índole.

La función legislativa, y con mayor razón el poder de reforma, son esenciales en el sistema democrático. El nuevo Congreso debe asumir su función con independencia, y entender que el país reclama una renovación en su manera de actuar, para corregir vicios arraigados de tiempo atrás. Los proyectos, tanto los de origen gubernamental como los de sus miembros, o los que provengan de la iniciativa popular o de otras instituciones con iniciativa, merecen ser considerados a fondo, valorados, discutidos y votados -no por el irresponsable sistema del “pupitrazo”-, sino con el suficiente estudio e intercambio de opiniones; con argumentos y con la finalidad de alcanzar, mediante las normas, el bienestar colectivo y la preservación de valores constitucionales, como la vida, la igualdad, la justicia, la libertad y la paz.  

Bogotá, D. C, 19 de octubre de 2022

*Expresidente de la Corte Constitucional.