Opinión

Por Paloma Valencia*.- El gobierno Petro se jacta de que escucha, de que dialoga; en realidad monologa. He sabido por asistentes a los “diálogos regionales vinculantes” que solo las voces de sus seguidores se escuchan. Las voces divergentes apenas se pronuncian por el ambiente sectario que se respira. Claro que ese será el diálogo vinculante, porque escuchan exactamente lo mismo que ellos planean hacer. Dijéramos, para ser más precisos, que los diálogos regionales son justificantes.

Pero esa misma forma de “diálogo” es que se evidencia en todas las esferas. La tributaria ha sido un despliegue de una gran pantomima. Dicen que han oído, que se han reunido, que han escuchado, que han ido por todo Colombia (Cali, Barranquilla y Cúcuta); que la oposición habló, y habló… y sí; nosotros y los colombianos hablamos, opinamos, pedimos, recomendamos y ellos se hacen los que oyen. Nada escuchan: hacen lo mismo que tenían pensado.

Esa técnica de fingir que escuchan se empieza a ver en todos los episodios políticos. 

La senadora Padilla, por ejemplo, tiene un proyecto que prohíbe las corridas de toros bravos, las corralejas y también las riñas de gallo. La plenaria aprobó que se hicieran foros regionales. Ella lo avaló -según parece sin leerlo- y después dijo que ella ya había hecho un recorrido por toda Colombia y no lo aceptaba. Tuvo que citar a una subcomisión. Estuve ahí de principio a fin. Nos puso a todos a opinar. La reunión duró más de dos horas y media. Al terminar de oírnos -con las mayorías que la acompañan- simplemente dijo que todo seguía como venía. Si su recorrido por Colombia fue en un diálogo como el que tuvo con nosotros entiendo la frustración de todos esos sectores; los oyen como un proceso formal, que se cumple y no cambia nada.

La simulación de diálogo es peor que la imposición, porque nos hace perder tiempo y confunde a la opinión pública haciéndoles creer que son amplios en su criterio. Dialogar tiene como  presupuesto previo la disposición de ceder, de entender y buscar puntos medios. La esencia del diálogo es el acuerdo. Un diálogo donde no hay acuerdo, es un fracaso.

El totalitarismo de imponer, no tener en cuenta a los otros, es controlar todo de acuerdo a una sola voluntad: le cabe perfectamente al petrismo. Lo hacen con disimulo, sacan a relucir miles de reuniones donde nos oyeron, sin contarle a nadie que no escuchan, que en nada de lo que se les dice les penetra, ni les importa, ni los mueve. Es un diálogo con sordos.

Coletilla: La reforma tributaria le quita los recursos al sector ambiental. Eliminan la destinación de los ingresos del impuesto al carbón que hoy financia el sector ambiental. Desde 2018, el 5% de esos recursos se direccionan al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el 25% al Ministerio de ambiente, y mediante un artículo de mi autoría en el Plan Nacional de Desarrollo de 2019, un 15% para la conservación de los bosques de la región amazónica. Esto se acaba con la reforma de Petro. Y me preocupa también la modificación de la ley de regalías -que ya han anunciado- donde también logré que el sector ambiental reciba regalías. El presupuesto del Ministerio de Ambiente es de 1,3 billones de pesos. Lo que alcanzamos con la reforma regalías para el ambiente suma otros de 1,5 billones de pesos más los ingresos por carbono unos 65 mil millones más por año.

La Amazonía colombiana está compuesta por 476 mil kilómetros cuadrados. Al año se deforestan entre 98 mil y 140 mil hectáreas que equivale al 60% de la deforestación de Colombia. Se requiere recursos para proteger nuestras selvas y se los están quitando. El compromiso ambiental era solo discurso.

Bogotá, D. C, 13 de octubre de 2022

*Senadora del Centro Democrático

Por Jorge E. Robledo*.- Sobre el texto de la reforma tributaria que las comisiones empezaron a aprobar a pupitrazo el jueves, sea lo primero mi rechazo enfático a que se votó sin que los congresistas ni los colombianos supiéramos cuánto nos costará en impuestos cada una de las partes de la ley, en especial lo que se les encarecerán las bebidas azucaradas y las comidas procesadas los sectores populares, la suma en la que no se reducirá el impuesto de renta de las pymes aunque es un mandato constitucional y lo de más que les sacarán a las clases medias y a los pensionados con la falacia de que son parte de los “más ricos” de Colombia.

Porque es obvio que al no saberse cuánto pagará cada sector social, los congresistas partidarios del gobierno votaron como irresponsables, sin conocer lo que aprobaban, y a los colombianos –los paganinis– no nos trataron como ciudadanos sino como súbditos de la Casa de Nariño. Y dejo constancia de que esta información se la reclamé con anticipación al ministro de Hacienda, porque él sí la conocía.

De otra parte, el candidato Gustavo Petro les prometió a los pequeños y medianos empresarios que sus tasas de impuesto de renta serían inferiores a las de las mayores, según el tamaño de las ganancias, como llevan años solicitándolo con serios argumentos económicos y sociales, microeconómicos y macroeconómicos, las agremiaciones que representan a las pymes.

Pero a la hora de la verdad, el Presidente del “cambio” se opuso a esta modificación. Porque insiste en que las pymes sigan pagando tasa de renta del 35 por ciento, la misma de las empresas con ganancias centenares o miles de veces superiores. Con un agravante: las pequeñas y medianas tienen menos cómo recurrir a la alquimia tributaria para defenderse, con lo que, en realidad, pagan tasas más altas que las mayores y las supermayores.

La progresividad tributaria de las empresas hace parte de las concepciones democráticas en las economías de mercado, existió en Colombia con las sociedades anónimas y las compañías limitadas, hasta que llegó el neoliberalismo en los días de la creación del IVA, y está expresamente consagrada en el artículo 363 de la Constitución nacional. Y como se sabe, son progresivos los impuestos prediales, con tasas diferentes según los montos a gravar.

Un alto funcionario de este gobierno rechazó la progresividad a favor de las pymes con el cuento de que se promovería la evasión. Paja. En la era de los computadores la persecución de los tramposos dejó de ser un problema técnico para convertirse en negligencias corruptas y corrupciones descaradas. A propósito: en esta reforma el gobierno no propone la cárcel que se merecen los evasores de impuestos, también a diferencia de lo que sucede en otros países, un cambio que sí que hace falta.

La falacia del funcionario la refutan los países donde existe la progresividad en las tasas empresariales, entre ellos, Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, Holanda, Australia, Brasil, Corea del Sur, China, Sudáfrica e Indonesia, luego no echen cuentos. Y existe porque esa política les sirve a los países para estimular la creación de más riqueza y más y mejores empleos.

En anteriores reformas tributarias estuvimos a pocos votos de ganar la progresividad tributaria a favor de las pymes. Mi invitación cordial a los congresistas de todos los orígenes a que esta vez sea la vencida.

Bogotá, D. C, 12 de octubre de 2022

*Exsenador de la República.

Por José G. Hernández*.-Se discute en el Congreso el proyecto de ley, de origen gubernamental, que introduciría otra reforma tributaria. Entre los varios puntos discutibles de esa iniciativa está la consagración de un impuesto sobre las pensiones que consideran "altas", es decir, superiores a diez millones de pesos. 

Como lo han expresado varios juristas, esa propuesta debería ser retirada por el Ejecutivo, o negada, pues resulta abiertamente inconstitucional. 

Al tenor del artículo 48 de la Constitución, modificado por Acto Legislativo 1/05, “por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho.”. La disposición constitucional ordena: “En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos”. 

De conformidad con el artículo 363 de la Constitución, “el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad”. No es equitativo, eficiente, ni progresivo establecer impuesto sobre las pensiones. Quienes reciben pensiones "altas", en razón del nivel salarial, no son los responsables de las normas que previeron su cálculo, y no pueden ser castigados por ello. Téngase en cuenta que también sus aportes fueron altos, en proporción a su remuneración.

De conformidad con el artículo 53 de la Carta, “el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales”. Si lo que está allí garantizado, como lo prevén igualmente cláusulas de la OIT y normas de tratados internacionales, es el reajuste, resulta evidente que lo que recibe el pensionado se debe incrementar, período por período, con el fin de asegurar que conserve el poder adquisitivo de la moneda. Ello tiene hoy especial importancia, dada la espiral inflacionaria, la más alta en mucho tiempo, que golpea a los trabajadores y también a los pensionados. Del perentorio mandato constitucional resulta que las pensiones no pueden -contra su claro texto- ser recortadas, disminuidas, ni gravadas.  

Por otra parte, según la jurisprudencia constitucional (ver Sentencia C-177/98), la pensión de vejez es un derecho social conquistado por los trabajadores, que no puede ser afectado, eliminado, ni disminuido en su cuantía, en cuanto no se trata de un regalo, subsidio o cortesía del Estado, sino de la justa retribución del ahorro efectuado a lo largo de años, mediante aportes provenientes del salario. Para la Corte, la pensión constituye un "salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida de trabajo".   

Es oportuna la advertencia de la procuradora Margarita Cabello (columna titulada “Gravar pensiones, propuesta inconstitucional”, El Tiempo, octubre 9/22): “Esa propuesta es inconstitucional, amenaza derechos adquiridos de los pensionados y debe ser eliminada en el texto”, toda vez que “la seguridad social es un derecho humano y, por tanto, debe garantizarse y no desmejorarse”.  

La procuradora cita, al respecto, varios instrumentos internacionales ratificados por Colombia, como el Código Iberoamericano de la Seguridad Social, el Protocolo de San Salvador y la Declaración Americana de Derechos Humanos. Y el parágrafo del artículo 334 de la Constitución, a cuyo amparo, “…en ninguna circunstancia, autoridad alguna podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva”. 

El Gobierno y el Congreso debe recapacitar sobre este sensible asunto.

Bogotá, D. C, 12 de octubre de 2022

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Humberto Tobón*.-Alguien me preguntó hace unos días si ¿la  única responsabilidad de los miembros de la junta del Banco de la República, es subir las tasas de interés para controlar la inflación?

El Banco tiene como función principal preservar la capacidad adquisitiva de la moneda y para ello tiene varias opciones. Lo que pasa es que la Junta no ha echado mano de ellas y se han ido por una única receta que está demostrando ser perjudicial, como es subir la tasa de interés con el fin de que baje el consumo y se frene la trepada de los precios.

Estas decisiones de la Junta del Banco no han rendido sus frutos en Colombia, como tampoco lo han logrado la Junta de la Reserva Federal en Estados Unidos ni el Banco Central Europeo. La inflación sigue imparable, afectando, eso sí, el crecimiento económico, que se estima para nuestro país en 0,7% en 2023, muy similar al de otras economías del mundo.

Entre las otras opciones de la Junta está obligar a los bancos comerciales a aumentar el coeficiente de caja, evitando que haya más dinero en circulación, y para este mismo objetivo, vender deuda pública.

Frente a los resultados de las decisiones del Banco de la República, el presidente Petro los confrontó con el argumento de que “la intención real de subir los intereses internos, en contra de nuestra propuesta, tiene que ver es con evitar salida de capitales por el ascenso de la tasa de interés de los EEUU”. Muchas voces lo increparon para que no se meta con la Junta del Banco, porque ella es independiente.

Petro complementó su comentario con una propuesta sobre la salida de capitales: “Se podía evitar con un impuesto transitorio de remesas a capitales golondrinas”. Y ahí fue Troya. Los exministros de hacienda Hommes, Cárdenas y los Restrepo pusieron el grito en el cielo y predijeron una catástrofe.

Pues resulta que la propuesta de Petro sigue el manual del Fondo Monetario Internacional. El premio Nobel de economía Joseph Stiglitz y el economista Jonathan Ostry, nos recuerdan en una columna publicada el fin de semana, que “los Artículos de Acuerdo del FMI correctamente les dan una amplia flexibilidad a los gobiernos de los estados miembro para implementar controles de capital, siempre que esas políticas no perjudiquen a otros países en beneficio propio”.

Pareciera que los exministros de hacienda no hubieran leído el Marco de Política Revisado del FMI, que habla de las nuevas fórmulas de ese organismo para enfrentar temas como la inflación y la recesión. Una de ellas se refiere a los controles preventivos de ingresos de capital (2022).

Los Restrepo, Hommes y Cárdenas deberían tener en cuenta este postulado de Stiglitz: “Los avances en la teoría económica, claramente han demostrado la prudencia de imponer controles de capital en ciertas circunstancias”.

*Estos conceptos no comprometen a la RAP Eje Cafetero, de la que soy subgerente de planeación regional

Bogotá D.C., 11 de octubre de 2022

Economista de la Universidad Libre. Estudió Administración Financiera en la EAN y Comunicación Social en la U Jorge Tadeo Lozano.

@humbertotobon

Por Gabriel Ortiz*.-Dos hechos fundamentales movieron esta semana, lo que podría conducirnos a un nuevo país, más inclusivo, pujante, despierto, justo y sin odios: el mitin con USA y la negociación con el ELN.

Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, arropado con ancestral ruana boyacense, se reunió con el presidente Petro y todo su estado mayor, para profundizar sobre la política del gobierno colombiano para erradicar la droga.

Contra lo que muchos opositores atacan, Blinken y Petro, analizaron los alcances del programa y las afiladas herramientas que hacen parte del propósito de sus naciones contra la droga, para alcanzar una vida sana y equilibrada.

Petro recibió el apoyo norteamericano para lograr justicia, desarrollo, protección ambiental y reducción de la oferta y la demanda. Guardadas proporciones para el criticado decrecimiento en bioeconomía y postdesarrollo.

Estados Unidos trabaja y aporta dinero para prevención de los adictos y reducción de la demanda de droga, en su país y otras naciones.

Blinken reiteró el compromiso “inquebrantable de los Estados Unidos en su alianza con Colombia”, y reafirmó el apoyo al Acuerdo de Paz de La Habana logrado entre el presidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos y las FARC.

Las conversaciones Blinken-Petro han beneficiado la tradicional alianza colombo-estadounidense para los pueblos de ambas naciones. Y más allá, para resaltar la cooperación del Congreso norteamericano, que alcanza una prioridad con apoyo sostenido y bipartidista.

Este diálogo dejó muy en claro que, las herramientas para la lucha contra el narcotráfico, no han funcionado, que se impone un frente común entre USA y Colombia para reformularlas y fortalecerlas.

El punto crítico de la reunión se produjo, cuando Petro tocó el tema de la renegociación de la extradición, dentro de los lineamientos consignados para alcanzar La Paz Total. Según él, hay que modificar conceptos para aplicarla, como los de no extraditar a quienes se ajusten a la ley colombiana y a la no repetición.

La ruana le dio el calor de amistad que necesitaba el diálogo entre dos naciones tradicionalmente amigas, que culminó con fundamentales coincidencias que pueden llevarnos a un programa antidrogas con el valioso respaldo del Norte.

Simultáneamente en Caracas se iniciarán en noviembre los diálogos con el ELN, con un clima más tranquilo y el aparente deseo de la subversión por llegar pronto a acuerdos de cese al fuego, liberación de secuestrados y entrega de armas.

Habrá tres sedes con Venezuela, Cuba, Noruega, la ONU y la Iglesia, como garantes. Guterres respaldó ya esta negociación, desde Nueva York.

Esta vez, el palo parece estar para cucharas, porque se ha abierto la puerta que nos puede alcanzar la paz total, como lo aspira esta sufrida patria ensangrentada.

BLANCO: Se espera que los precios de las tierras productivas, para los campesinos, no sean especulativos… buen aporte de los ganaderos a la paz.

NEGRO: Las “chuzadas” a la periodista María Alexandra Villamizar y las amenazas a tantos colegas, no pueden quedar sin castigo para quienes las ejercen y propician.

Bogotá D.C. 11 de octubre de 2022

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por Amylkar D. Acosta M*.-Hay un antes y un después del año 2015, cuando tuvo lugar la 21ª Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21), que concluyó con la firma del Acuerdo de París, al tiempo que la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 compendiada en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). La descarbonización de la economía para contrarrestar el cambio climático y conjurar sus estragos, por una parte y propender por la universalización del acceso de la población a energías limpias por la otra, son dos compromisos inaplazables de la comunidad internacional y la Transición energética la estrategia para lograrlo.

Entre otras razones porque, de acuerdo con el principio establecido en la COP26 de “responsabilidad común pero diferenciada”, reconoce que no todos los países tienen las mismas responsabilidades y compromisos, así como las capacidades para enfrentar el reto del cambio climático. De ello se sigue que cada país debe adoptar su propio ritmo a efectos de cumplir con los suyos, consultando sus potencialidades y limitaciones.

Cada país se da su propia hoja de ruta de la Transición energética, consultando sus especificidades y peculiaridades. La estrategia a seguir, por tanto, difiere de un país a otro. La línea de base de la que parten cada uno de ellos es determinante. Hay una enorme diferencia, por ejemplo, entre aquellos países que dependen de la importación del petróleo, del gas y del carbón para proveerse de los mismos y otros que, como Colombia, dependen de la producción y exportación de los mismos.

En Colombia, a diferencia del resto del mundo, en donde la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) es el sector energético con el 73.5%, este sólo contribuye con el 14%. Entre tanto, el cambio de uso del suelo, la agricultura, la ganadería y la deforestación participan con el 59%. Ello se explica en gran medida porque mientras en el resto del mundo, en promedio, la participación de la generación de electricidad con base en el parque térmico es del 64.9%, en Colombia a duras penas llega al 30% (¡!). Dicho de otra manera, entre Colombia y el resto del mundo, especialmente con respecto a los países desarrollados, existen grandes asimetrías, las cuales hay que tener en cuenta a la hora de definir nuestra propia hoja de ruta de la Transición energética.

De ello se sigue que el Pareto del costo-efectividad para la reducción de la huella de carbono en el caso de Colombia invita a poner el énfasis en la política que contrarreste el inadecuado uso del suelo, las malas prácticas en la agricultura y la ganadería y sobre todo detener el ecocidio de la devastadora deforestación, que supera las 170.000 hectáreas anuales. Sólo así podrá cumplir Colombia con su compromiso con la comunidad internacional de reducir sus emisiones de GEI en el 51% hacia el 2030. Ello, sin perjuicio de la necesidad de imprimirle celeridad al impulso de la generación de energía a partir de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER).

Esta, además, es la oportunidad de ampliar la cobertura del servicio de energía a los 431.117 hogares que aún no cuentan con el mismo, siendo esencial como lo cataloga la Ley y por consiguiente un derecho fundamental que les asiste. Sobretodo a los 207.449 hogares ubicados en sitios remotos, de difícil acceso y baja densidad poblacional, lo que dificulta conectarlos tomando la electricidad de la red del Sistema interconectado nacional (SIN), dada la flexibilidad que ofrecen las soluciones modulares solar-fotovoltaicas, instalando en ellos paneles solares. A ello concurre también la generación distribuida o embebida, cuya energía se consume in situ, prevista en la nueva arquitectura del sistema eléctrico.

De esta manera, además, se estaría cumpliendo con el 7º de los 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS) para garantizar la universalización del acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. De esta forma se podría, de paso, sustituir el consumo de leña por parte de 1.2 millones de familias campesinas que no tienen otra opción distinta a esa para la cocción de sus alimentos.

Ello se justifica con creces, no sólo por razones de conveniencia si no por los altos costos en los que se incurre por parte del Gobierno a través del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas no Interconectadas (IPSE). En efecto, el costo de los subsidios a los combustibles, según cifras para el 2018, es del orden de los $288.514.728. Lo más insólito es que cuesta más el transporte del combustible hasta los poblados en donde se genera electricidad con plantas térmicas que el combustible mismo.

El Gobierno Nacional, los departamentos y municipios se deberían comprometer en un ambicioso programa de masificación de la instalación y el uso de los paneles solares, con lo cual al tiempo que se aliviaría el bolsillo de los usuarios del servicio de electricidad se promovería la cultura del ahorro y el uso eficiente de la energía. Es esta, también, una forma de involucrar al usuario como agente activo de la cadena, ahora en modo Transición energética. Por lo demás, el Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, debería asegurarse de que en la ejecución de sus planes y programas de vivienda de interés social (VIS) se contemple la dotación de paneles solares en los techos. 

Bogotá, octubre 10 de 2022

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- ¿Qué prefiere usted, que el año entrante la inflación se mantenga alrededor del 10% y que la economía crezca un 3%, o que la inflación baje al 6%, el crecimiento del PIB sea 0% y aumente el desempleo? Este es el dilema que hoy enfrentan las autoridades monetarias, y es una pregunta tan difícil como la que le hace el tío impertinente a un niño pequeño: ¿usted a quien quiere más a su papá o a su mamá?

No es una pregunta abierta como ¿usted que prefiere, inflación o crecimiento? A esta pregunta cualquier economista razonable respondería con su palabra mágica: ¡Depende! Porque la respuesta depende de las circunstancias y las magnitudes. Por ejemplo, cuando la inflación es del 80% anual como en Argentina, hay que bajarla a cualquier costo, pero con una inflación de 10% y originada en aumento de costos y factores externos, la respuesta no es tan clara.

Es claro que un aumento de las tasas de interés del Banco de la República sí sirve para frenar la inflación pero lo hace a través del encarecimiento del crédito que desestimula el consumo y la inversión, y por lo tanto el crecimiento económico. Por eso se plantea el dilema entre inflación y crecimiento.

Por una interpretación equivocada de la Constitución del 91 hasta el año 1999 la posición del Banco frente a este dilema era que siempre prefería bajar la inflación a costa del crecimiento y el empleo; más aún que su meta de inflación siempre debería ser menor que la del año anterior.

La Corte Constitucional corrigió esos desatinos en su sentencia C-481 de 1999, en la que definió de manera inequívoca que la finalidad del Banco no es exclusivamente luchar contra la inflación sino que también debe preocuparse por el crecimiento y el empleo. Es un mandato similar al que tiene el Federal Reserve de los Estados Unidos. Lo que la Corte no hizo era determinar limites cuantitativos a esos dos objetivos y por eso la pregunta inicial con valores específicos es tan difícil de responder.

Al seguir subiendo sus tasas de interés, el Banco ratificó que prefiere que la inflación baje, aún sabiendo que podemos llegar a una recesión. Lo hace porque le preocupa el aumento de los intereses internacionales, y porque cree que si no recupera la credibilidad de su meta y se consolidan expectativas de inflación altas, se perjudicará el crecimiento de mediano plazo.

El gobierno hubiera preferido que no subieran más las tasas, no solo por el seguro impacto negativo sobre el crecimiento y el empleo, sino porque cree que van a empezar a disminuir precios como los de los alimentos y los servicios públicos, de manera que la inflación empezará a descender sin necesidad de frenar más la demanda.

Las dos posiciones son opiniones validas sobre un futuro que ninguno de los dos puede predecir con certeza. Pero la decisión ya fue tomada y tendremos menos inflación y menor crecimiento.

Bogotá, D. C. 10 de octubre de 2022

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por Juan Camilo Restrepo*.-El presidente Petro viene insistiendo en que hay que reformar el marco fiscal de mediano plazo (MFMP) para poder cumplir con las compras de tierras prevista en el punto número uno de los acuerdos de paz, a través de más endeudamiento que él afora en 60 billones de pesos.

Celebro que el ministro José Antonio Ocampo se haya demarcado de este punto de vista, anunciando que el gobierno cumplirá con la regla fiscal que es una obligación legal; y que no se necesita inobservarla para avanzar con la reforma agraria anunciada.

Las puntadas presidenciales, en plata blanca, hubieran significado que, para cumplir con los objetivos de reforma agraria, y en especial con la adquisición de tierras para entregar a campesinos “sin tierra o con tierra insuficiente tres millones de hectáreas, había que reventar la regla fiscal que impone límites al endeudamiento público.

Las declaraciones presidenciales constituían una curiosa y peligrosa advertencia. Curiosa, porque tanto el presidente Petro mismo como su ministro de Hacienda habían dicho hasta la saciedad que cumplirían con la regla fiscal.

Pero son también anuncios peligrosos. Dentro de la gran inestabilidad económica que vive el mundo, el aviso de que íbamos a romper con la norma que asegura la estabilidad financiera puede resultar fatal en términos de credibilidad ante los mercados.

La regla fiscal se puede suspender, por supuesto, pero cuando hay razones válidas y admitidas por la ley para hacerlo. No es una camisa de fuerza, pero las razones para suspenderla están descritas en la norma que regula la regla fiscal: cuando sobrevenga, por ejemplo, una caída estrepitosa en las cotizaciones internacionales del petróleo que altere sensiblemente los estimativos de recaudos.  

Tampoco estamos enfrentados a horizontes recesivos que ameriten una moratoria de la regla fiscal. Por el contrario: la economía se ha recuperado de los estragos de la pandemia, y aunque el crecimiento del año entrante se avizora mucho más modesto que el de este año, no es esa razón suficiente para meter en el congelador la regla fiscal. Y mucho menos con una inflación que supera el 10%.

Los acuerdos de paz deben cumplirse, es cierto, y en eso está en lo correcto del presidente Petro. El gobierno anterior les dio un cumplimiento deplorable. Pero para cumplirlos -en especial el punto número uno que versa sobre la reforma rural integral- no es necesario echar por la borda la regla fiscal como daban a pensar sus declaraciones iniciales.

En efecto: se pueden distribuir tierras abundantes entre los campesinos provenientes de baldíos que, en rigor, no implican costos para la política fiscal. Una reciente sentencia de la corte constitucional lo autoriza. Se pueden habilitar para fines de reforma agraria los bienes incautados al narcotráfico que tengan vocación agraria. Y, claro, se pueden ir adquiriendo gradualmente tierras para distribuir entre los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente a lo largo del posconflicto, pagando su adquisición con bonos de deuda pública. Pero sin necesidad de reventar para ello la credibilidad de la política fiscal.

El argumento implícito en la justificación del presidente Petro de que todos los compromisos sociales y las múltiples promesas que ha hecho (que no son solo las relacionadas con la reforma agraria), se tendrán que cumplir con una escalada del endeudamiento público es una tesis peligrosa qué destruiría la confianza que aún nos mantienen los mercados. Y que puede conducir a un doloroso laberinto de insostenibilidad fiscal hacia el futuro.

Bogotá, D. C. 10 de octubre de 2022

*Abogado y Economista. Exministro de Estado

Por José G. Hernández*.-El 2 de octubre de 1869, en Porbandar, India británica, nació Mohandas Karamchand Gandhi (Mahatma Gandhi), líder de la independencia de su país, cuya fructífera labor -basada en el rechazo a toda forma de violencia- se constituye en una de las conquistas más significativas de la Historia. En su homenaje, la Asamblea General de la Naciones Unidas señaló el 2 de octubre como el “Día Internacional de la No Violencia”, con el objeto de difundir tan valioso legado, y de "asegurar una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia".

La celebración tuvo lugar en todo el mundo el pasado domingo, y en Colombia sirvió para que muchos reflexionáramos sobre el proyecto que impulsan el presidente Gustavo Petro y su equipo, con miras a lograr la paz total, mediante el denominado cese multilateral del fuego. Una iniciativa que merece apoyo, siempre que, en su implementación y desarrollo, sean respetados los principios y mandatos constitucionales, y que no se genere la impunidad frente a las masacres y actos terroristas de diaria ocurrencia en el país.

El 2 de octubre de 2016 se votó en Colombia el plebiscito respecto al Acuerdo Final de Paz firmado en Cartagena entre el expresidente Juan Manuel Santos y las Farc-Ep. Ganó el NO, como consecuencia de la confusión generada por el propio Gobierno, al pretender que -sin conocerlo, porque no fue adecuadamente divulgado- los ciudadanos votaran favorablemente un voluminoso documento de casi trescientas páginas. Pero la Corte Constitucional, en sentencia de la cual discrepamos -aunque respetamos- decidió autorizar que un nuevo y más voluminoso texto -suscrito en Bogotá- debería ser sometido a refrendación “popular”, pero no del pueblo, sino del Congreso.

El hecho cierto es que, sobre esa base y por procedimiento abreviado (que denominaron “fast track”), el Congreso aprobó varios actos legislativos, reformatorios de la Constitución, y varias leyes, con el fin de implementar el aludido Acuerdo, y esas normas, en cuanto fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, hacen hoy parte del sistema jurídico y deben ser respetadas y cumplidas por ambas partes.

Con todas las reservas sobre la idoneidad de los procedimientos adelantados y acerca del contenido de las disposiciones aprobadas, reiteramos: el Estado tiene la obligación de honrar su palabra, acatar esas reglas -que la Corte encontró ajustadas a la Constitución-, desarrollar lo allí previsto y, desde luego, exigir que la otra parte en el Acuerdo cumpla aquello que le corresponde y -claro está- con las consecuencias que las normas constitucionales previstas para quienes siguieron delinquiendo después de su entrada en vigencia.

El Gobierno debe cumplir, y procurar -como propone el actual presidente- que otras organizaciones guerrilleras se sometan al Derecho, dejen de delinquir, adelanten los diálogos, lleguen a acuerdos con el Estado y los cumplan. Habrá que dictar nuevas normas, según lo que se pacte, para salvar muchas vidas y alcanzar la paz tan anhelada por los colombianos.

Por otra parte, la sociedad toda debe emprender una campaña de largo aliento, orientada a la educación y de nuestros niños y jóvenes, y de mayor exigencia a los mayores -en todos los frentes- para formar una cultura de la no violencia.

Bogotá, D. C, 6 de octubre de 2022

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por: Guillermo García Realpe*.-Esta práctica ha sido históricamente de poca aceptación o mal vista por quienes analizan el desempeño del sector público.

Pero tenemos que decir que ya es de aceptación constitucional desde 2009, cuando se incorporó en el artículo 144 de la Constitución Nacional por medio del Acto Legislativo 01 del mismo año. El mencionado artículo 144 ordena que se se reglamente mediante ley de la República.

Ha habido muchas iniciativas de leyes para la reglamentación, pero ninguna ha prosperado durante más de diez años.

En esta legislatura se han presentado nuevamente dos proyectos de origen parlamentario, el 87 y 120 Senado de 2022, que se acumularon para el trámite en primer debate. Este proyecto promueve la regulación del ejercicio del cabildeo, se crea el registro público de cabilderos, se garantiza el principio de transparencia en el proceso de toma de decisiones en el sector público.

El cabildeo o lobby son las actividades o acciones para demandar o influir en la toma de decisiones del sector público, ejecutivo o legislativo. No se contempla para el poder judicial por obvias razones. En caso como leyes o actos administrativos por parte de particulares o personas jurídicas con interés en esas decisiones.

Esto ya es constitucional, como ya se dijo. Se espera que se reglamente legalmente. Por otro lado y que es diferente, todos los ciudadanos tienen derecho a tomar parte en el proceso de toma de decisiones en el Estado, a través de mecanismos de participación ciudadana, como el referendo, cabildos abiertos, iniciativas legislativas, audiencias, derechos de petición, etc.

Quiero con esto decir, que la construcción normativa en Colombia es participativa. Con este proyecto de ley se pretende regular el cabildeo para los intereses particulares o gremiales. El objetivo es transparentar una práctica que se viene dando, para ponerla sobre la mesa.

Habrá registro de cabilderos en el Congreso y en el ejecutivo. En Estados Unidos existe desde 1946, en Perú desde 2003, en México desde 2010, en Chile desde 2014. Por otro lado, organismos internacionales como la OCDE y Transparencia Internacional recomiendan regular el cabildeo adoptando estándares internacionales.

Bogotá, D.C.. 05 de octubre de 2022

*Exsenador Liberal.

@GGarciaRealpe