Opinión
Por Humberto Tobón*.-La inflación, las tasas de interés del mercado financiero, la pérdida de capacidad real de compra de las familias, el poco interés de inversionistas de ciertos sectores productivos de arriesgar sus capitales, la devaluación del peso y los impactos de la nueva reforma tributaria, son los factores internos que frenarán la economía colombiana.
Las predicciones para Colombia concuerdan que el crecimiento será menor del 1% en 2023, e incluso algunos analistas creen que se podría entrar en un campo negativo.
A esta situación no se llega por culpa únicamente de las decisiones internas de política económica. Hay que tener en cuenta, y de manera muy importante, los impactos negativos de un entorno mundial bastante crítico, que tiene en serios aprietos a los gobiernos de los países más desarrollados.
Estados Unidos, por ejemplo, entró en recesión técnica luego de dos trimestres consecutivos con crecimientos negativos de 1,6% y 0,9%, generados por una inflación cercana al 10% que ajustó los ingresos de las familias a la baja, lo que conllevó a una disminución en el consumo. Adicionalmente, la construcción y el mercado inmobiliario no han reaccionado positivamente en lo corrido de 2022.
Alemania, la economía más grande de Europa, está sufriendo una desaceleración muy rápida por el incremento de los precios de la energía, especialmente del gas, que es un efecto directo de la decisión de Rusia de disminuir la venta de este combustible, en retaliación por el apoyo que le brinda a Ucrania. Las familias alemanas enfrentan un aumento histórico de la inflación, lo que ha desencadenado menores índices de consumo de mercancías y baja inversión del sector privado.
China, la segunda economía más grande del mundo, está dando muestras de un crecimiento muy moderado de su PIB, que podría llegar en 2022 al 4%, afectado por problemas con los precios de la energía, la crisis inmobiliaria, la baja demanda de sus productos en el exterior y la parálisis productiva en varias ciudades, por la adopción de medidas sanitarias previniendo la expansión de las variantes de la Covid 19.
El resfrío de estas tres economías se está volviendo contagioso para el resto del mundo. Y eso ha llevado a especialistas a asegurar que habrá una recesión económica orbital, con impactos desastrosos en el campo social, haciendo que los niveles de pobreza y miseria suban ostensiblemente en todos los países, llevando a que el desempleo crezca y ampliando la brecha de desarrollo entre las naciones.
La cadena televisiva CNN reveló estudios que hablan de una probabilidad del 98% de que el mundo entre en recesión económica, algo que ya se vio durante la pandemia en 2020. Fenómeno que estará acompañado de estanflación, o sea, una inflación alta y una producción estancada o en descenso.
A este riesgo recesivo contribuye también la apreciación del dólar estadounidense, que combinada con la inflación y las tasas de interés en ese país, encarecen la deuda externa, así como los precios de las importaciones de mercancías y materias primas, y los servicios de comunicación, transporte y turismo, entre muchos otros. No la vamos a pasar bien en el futuro.
Bogotá D.C., 05 de octubre de 2022
Economista de la Universidad Libre. Estudió Administración Financiera en la EAN y Comunicación Social en la U Jorge Tadeo Lozano.
@humbertotobon
Por Mauricio Cabrera Galvis*.-La economía colombiana puede llegar a una recesión el año entrante, de acuerdo con el reciente anuncio del Banco de la República, que pronostica un crecimiento del PIB para 2023 de solo 0.7, lo cual puede parecer una sorpresa después de alcanzar una tasa de crecimiento del 10% en el primer semestre de este año, pero no lo es si se considera que según el DANE en el mes de julio ya se registró una contracción del PIB de 0.3%.
El Banco sabe por qué lo dice, puesto que su equipo técnico debe haber analizado con detalle el impacto sobre la economía de las decisiones de su Junta Directiva de subir la tasa de interés que ha llegado a 10%, mientras que un año atrás era de solo 1.75%.
Son conocidas las razones del Banco para elevar sus tasas a una velocidad sin precedentes: se trata de cumplir su mandato constitucional de controlar la inflación que ha llegado a niveles del 10%, muy por encima de su meta de 4%. Su preocupación es que si no la frenan ahora y bajan las expectativas, seguirá subiendo. Por eso el gerente del Banco ha dicho que “lo que no hagamos hoy, lo pagaremos caro mañana”.
También es sabido que en esta ocasión la subida de precios es un fenómeno mundial, no solo colombiano, y que se debe principalmente a factores de oferta, como la reducción de las cosechas de alimentos, y el incremento de costos como los de la energía, de las materias primas o del transporte por los coletazos de la pandemia.
Ante esta situación se escucha a veces la crítica simplista de que la subida de los intereses no sirve para controlar este tipo de inflación puesto que no va aumentar la cosecha de papa ni a bajar el costo del petróleo o del trigo importado. Más aún, al elevar el costo del servicio de la deuda de las empresas productoras, puede inducir una mayor inflación si las empresas trasladan esos costos a los precios de sus consumidores.
La verdad es que la subida de tasas sí sirve, aún ante una inflación de oferta, pero a través de un mecanismo que tiene grandes costos en materia de crecimiento y empleo: al subir los intereses se hace más costoso el crédito y se desestimula tanto la inversión como el consumo. La gente deja de hacer compras con tarjeta de crédito financiada al módico 36%. Así se disminuye la demanda y bajan los precios pero también el crecimiento económico, con un rezago que se estima puede ser de 9 a 12 meses.
Por eso decir que el crecimiento del año entrante será solo 0.7%, más que un pronóstico es una profecía autocumplida; es el anuncio de lo que va a pasar como consecuencia de las decisiones de política monetaria. Entonces al gerente del Banco hay que recordarle que lo que están haciendo hoy lo pagaremos más caro todos mañana.
Bogotá, D. C. 2 de octubre de 2022
*Filósofo y Economista. Consultor.
Por José F. Lafaurie*.-Me debo a la ganadería, a los ganaderos y a su institucionalidad gremial; por ello escribo hoy sobre el Día Nacional del Ganadero, que celebramos el 30 de septiembre, desde 2005, cuando se cumplían diez años del asesinato de José Raimundo Sojo Zambrano, ordenado por quienes hoy se sientan en el Congreso, los mismos que habían declarado a Fedegán y a los ganaderos como objetivo militar y no cejaban en su empeño asesino, al punto que, en 2003, sin éxito, afortunadamente, también atentaron contra mi antecesor en la presidencia de Fedegán, Jorge Visbal Martelo.
Por eso, el primer objetivo del Día Nacional del Ganadero es hacer visibles a las víctimas ganaderas y reivindicar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, porque..., nuestras víctimas no son menos víctimas.
No obstante, no es solamente una celebración de duelo, porque los ganaderos miramos hacia atrás para honrar nuestro pasado, pero también hacia delante para construir nuestro futuro, un futuro que impone nuevos paradigmas, como la sostenibilidad ambiental, la formalización y el bienestar animal, entre otros; un futuro que enfrenta el ataque de los enemigos de siempre y de otros nuevos, como los ambientalistas y animalistas extremos, que quisieran un mundo sin ganadería; un futuro que nos demanda unión alrededor de nuestras instituciones.
Es costumbre, en esta fecha, condecorar a los ganaderos destacados con la “Gran Cruz al Liderazgo Ganadero Regional, Miguel Santamaría Dávila”, pero en esta ocasión hemos querido honrar a quien dio nombre a esa condecoración, Miguel Santamaría, quien recibió, en 1964, una organización gremial recién nacida y sin recursos, y logró llevar a Fedegán, en diez años, a posicionarse entre los gremios importantes del país.
Miguel Santamaría, líder estudiantil, conservador activista en contra de la dictadura, gobernador de Cundinamarca, congresista, líder gremial, docente, embajador, economista, apasionado por la historia y el rescate de la figura del libertador desde la Sociedad Bolivariana de Colombia, pero ante todo, defensor de la ganadería colombiana y presidente emérito de Fedegán.
Hoy, cuando la ganadería está siendo atacada; cuando resurge el tema de la reforma agraria, aunque en un entorno de diálogo que esperamos sea permanente; cuando enfrentamos la invasión de tierras, con la unión, la solidaridad y el respeto por la ley como nuestras armas, y cuando se imponen los retos ambientales, se requieren liderazgos comprometidos, como el de Miguel Santamaría.
Ese es nuestro mensaje en esta celebración; una invitación a la unidad, la solidaridad y el liderazgo, y un saludo a todos los hombres y mujeres que se dedican a producir carne y leche para Colombia y el mundo, construyendo país en medio de las dificultades y abandonos de la vida rural. A todos ellos, Feliz Día Nacional del Ganadero.
Bogotá, D. C, 2 de octubre de 2022
*Presidente de Fedegan
@jflafaurie
Por Juan Camilo Restrepo*.- Cuando se hace un esfuerzo por escudriñar cuál es el propósito final -el hilo conductor- de prácticamente todas las políticas esbozadas por Gustavo Petro, empieza a dibujarse una respuesta clara: se trata de poner en marcha un esquema profundo de estatización del estado colombiano.
Solo que cada vez es más evidente que la plata disponible para cumplir con ese designio es insuficiente. De ahí las tribulaciones en que anda el ministro de Hacienda y todo el equipo económico consiguiendo ese dinero.
La economista Mariana Mazzucato -inspiradora del pensamiento Petro- es supremamente clara en varios de sus libros: hay que desconfiar al máximo de las alianzas público-privadas como instrumento de gestión estatal. Todo, en lo posible, debe hacerlo directamente el gobierno. Es un postulado que puede ser factible en una economía estilo escandinavo o francés. Pero que ciertamente no es válido para el caso colombiano. A no ser que se desquicien los postulados de la prudencia fiscal y se entre en una alocada carrera de endeudamiento público.
Miremos el caso de las pensiones, al menos de lo que se ha filtrado hasta el momento. Se quiere trasladar una buena tajada de las pensiones que hoy manejan los fondos privados hacia Colpensiones para liberar al gobierno de obligaciones presupuestales que hoy ostenta. Y ampliar así el rango de la protección social, marchitando el esquema del aseguramiento privado e incrementando sensiblemente el nivel de endeudamiento público que el gobierno central tomará prestado de Colpensiones.
Algo similar se otea por los lados de la hasta ahora ignota reforma a la salud: el marchitamiento de las EPS parece estar asociado claramente al deseo de que todo lo atinente a la salud lo asuma directamente el estado central, los departamentos y municipios.
Por los lados de la reforma agraria ha dicho el presidente que quisiera modificar el marco fiscal de mediano plazo para comprar tierras. Habla de 60 billones de pesos que obviamente no existen. Olvidando que el punto número uno de los acuerdos de paz se puede ir cumpliendo a lo largo del posconflicto -no solo adquiriendo tierras- sino aplicando una audaz política de adjudicación de baldíos a campesinos habilitados para ser adjudicatarios de reforma agraria. Para lo cual puede aplicar una magnifica sentencia que acaba de expedir la corte constitucional.
El pensamiento de Petro obedece más bien a una visión social demócrata de un estado opulento que cree que está en condiciones de hacerlo todo y de gestionar pulcramente todas las empresas estatales. Sin contar para nada con la colaboración del sector privado que más bien se percibe como un estorbo.
Sumémosle a esto la larga lista de mercado (es decir más gasto público) que previsiblemente va a resultar de las olimpiadas de las 50 asambleas regionales “vinculantes” que están comenzando.
Quizás todo esto explica el empecinamiento gubernamental de que la reforma tributaria tiene que producir 25, 6 billones de pesos de cualquier modo que sea. Nadie ha explicado convincentemente porqué el producido de la reforma tributaria tiene que ser 25,6 billones y ni un peso menos. Mucho me temo que no va a ser así. Las reformas tributarias siempre salen motiladas del congreso: pero esta luce que va a salir trasquilada.
Las concesiones que ha debido hacer el ministro Ocampo en los últimos días son significativas y se traducirán en menores recaudos. Se dispone a compensar dichas concesiones con un impuesto al patrimonio aún más alto del que se había contemplado, con una sobretasa adicional a la que ya existe para el sistema financiero, y con más tributos para las industrias petrolera y minera que las coloca muy probablemente por fuera de toda competitividad internacional.
Para financiar este costoso estatismo de nuevo cuño vamos a recurrir a una alta dosis de endeudamiento y a nuevos impuestos que caen con extremo rigor sobre el sector privado. Cabe preguntar, sin embargo: ¿se cumplirá simultáneamente con la regla fiscal?
Bogotá, D. C. 2 de octubre de 2022
*Abogado y Economista. Exministro de Estado
Por Amylkar D. Acosta M*.-El Fondo de estabilización de los precios de los combustibles (FEPC) fue creado en 2007, mediante el artículo 69 de la Ley 1151 y empezó a operar en 2009. El mismo tenía por finalidad contrarrestar la volatilidad propia de los precios del petróleo y de sus derivados (gasolina y diésel) y evitar alzas bruscas en el precio de referencia de los mismos, que fija mensualmente el Ministerio de Minas y Energía y es el que paga el consumidor en la estación de servicio. Con tal fin, se estableció una banda de precios, de tal suerte que los reajustes de precios, hacia arriba y hacia abajo, no debían sobrepasar el 3% para la gasolina y el 2.8% para el diésel.
Posteriormente el Congreso de la República expidió la Ley 1739 del 2014, estableciendo el diferencial de participación y el diferencial de compensación, “como contribución parafiscal del FEPC para atenuar las fluctuaciones de los precios de los combustibles, de conformidad con las leyes 1151 de 2007 y 1450 de 2011”. Tales diferenciales operaban de la manera siguiente: en el primer caso, cuando el precio de referencia superaba el precio al productor (IP en la fórmula), ECOPETROL, se generaba un ahorro que alimentaba el FEPC y viceversa, en el segundo, cuando el precio de referencia estaba por debajo del IP había que “desahorrar” para impedir que el aumento de precios fuera mayor. Es de anotar que el neto, casi siempre ha sido negativo, lo cual obedece a la tendencia de los precios en los últimos años.
Pero, a finales del 2015, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-526, tumbó el diferencial compensación, con lo cual el FCPC perdió el ahorro como su fuente de financiación, tornándolo inoperante para el fin propuesto. La verdad sea dicha, después de este fallo el FEPC quedó reducido a un registro de los saldos entre uno y otro diferencial entre los precios de referencia y el IP. A consecuencia de ello, el déficit del FEPC ha sido cada vez mayor y se ha venido cubriendo por parte de la Nación. En su momento el Ministro Carrasquilla lo solventó emitiendo títulos de Tesorería (TES).
A marzo de 2022, dicho déficit acumulado (deuda con ECOPETROL) ascendió a los $7.8 billones, el cual canceló el anterior gobierno del Presidente Iván Duque. Ese es el costo de mantener el precio de los combustibles en Colombia como el tercero más bajo en Latinoamérica después de Venezuela y Bolivia.
Pero, el “taxímetro” siguió marcando, sobre todo debido a que, como lo acota el experto Mauricio Cabrera, “el problema se agudizó en el último año, pues mientras que con la devaluación y el precio internacional el barril de petróleo pasó de $270.000 a $480.000, para un incremento del 185%, el galón de gasolina sólo llegó a $9.500, menor que antes de la pandemia” y un incremento a duras penas del 8%.
Además, el gobierno Duque dispuso el congelamiento de los precios de los combustibles desde el mes de marzo de este año y solo decretó un alza de $200 en la gasolina y $100 en diésel a finales del mes de junio, cuando ya estaba con un pie en el estribo para hacer dejación de la Presidencia. Y ello, no obstante que, a su juicio “existe el espacio suficiente para generar los ajustes requeridos para la convergencia entre los precios locales e internacionales”.
En concepto del ex ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, “la política de precios de los combustibles balancea entre la estabilización del precio para el consumidor final y el costo fiscal para el gobierno. Todo esto deberá hacerse de manera concertada con el próximo gobierno”, a quien le quedó la ímproba tarea de lograr ese “balanceo”.
El desfase, entonces, entre el precio de referencia y el precio paridad importación se acrecienta y con él el déficit del FEPC. El estimativo del Comité autónomo de la Regla fiscal para este año es de un déficit de $33.7 billones, monto este muy superior a los $25 billones que aspira a recaudar el Gobierno con la reforma tributaria que se tramita en este momento en el Congreso de la República, suficiente además para erradicar la pobreza en Colombia. Solo en el primer trimestre de este año el saldo en rojo llegó a los $6.3 billones (¡!).
Así las cosas el FEPC se convirtió en un barril sin fondo.
Como este déficit debe ser cubierto, son tres puntos más del PIB que se viene a sumar al déficit fiscal para 2022 proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) del 5.6% se eleva al 8.6% del PIB. Una barbaridad. El FEPC y su déficit, es una verdadera bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento.
Por ello el Presidente Petro dispuso reajustar el precio de la gasolina, al tiempo que mantiene congelado el del diésel, tal vez porque este, por ser el combustible que más usa el transporte de carga y pasajeros, es el que más presión ejercería en la inflación que ya supera el 10%. En todo caso dicho reajuste, que se viene a sumar a las excesivas alzas en las tarifas de energía, se tendrá que hacer de manera gradual y progresiva, no vaya a ser que la misma cause una explosión social, como ya ocurrió recientemente en el Ecuador, obligando al gobierno de Guillermo Lasso a recular y derogar el alza decretada.
Cota, octubre 2 de 2022
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Por Gabriel Ortiz*.-Son múltiples las razones para sacar adelante la reforma tributaria e igualmente cuantiosas las necesidades de dar un manejo apropiado y racional a los nuevos impuestos y exenciones que, a través de ella se aplicarán, así como impedir que se viole la constitución castigando a los pensionados.
Petro y la dupleta Fico y Rodolfo, pregonaron y reiteraron durante la campaña la necesidad urgente, de una reforma tributaria, ante la monstruosa corrupción, malos manejos de los bienes públicos, congelación de los precios de la gasolina, saqueos presupuestales, inseguridad y tatas irregularidades más durante el anterior gobierno. Hay que agregar el nivel tan exagerado de la deuda y la olla vacía que se dejó.
Son incontables las irregularidades y anomalías, nunca antes vistas, como la denunciada por el columnista Yoir Akerman que reprodujo el “Informe Coronel” en “LaW”. Eso de que un fiscal tenga 45 guardaespaldas, varias camionetas blindadas, una de las cuáles con guardias especiales para Bell y Laica, sus dos mascotas, es inaudito. Y no hablar del famoso viaje a San Andrés.
Urge conseguir nuevos recursos para salvar esta misteriosa vorágine. Las manifestaciones son apenas explicables, máxime cuando se han presentado -aparentemente- invasiones de tierras que, según el Gobernador del Magdalena, son ocupaciones antiguas, utilizadas por ganaderos para justificar sus desfiles y amenazas de volver al paramilitarismo.
Colombia se encuentra hoy en una coyuntura que, puede descuadernar al país, si las distintas dirigencias no entienden que los gobiernos tienen pleno derecho de ejercer sus mandatos sin tanta interferencia, vehemencia e intolerancia.
El expresidente Uribe, dio el primer paso, al atender la invitación del presidente Petro, para morigerar y atemperar la situación. Ese es, el Uribe-Senador de los 80, que conocimos Javier Ayala, qepd, Daniel Coronell, Arritoquieta Pementel y el suscrito, cuando se juntaba con nosotros para ver las emisiones del Noticiero Nacional, antes de llegar a la Casa de Antioquia, en el barrio La merced, donde se hospedaba. Ese es el Uribe ecuánime, justo y razonable que necesita Colombia, y cuyo ejemplo debe seguir su joven dirigencia, como Miguel Uribe, si queremos escapar a la vorágine.
Así, lograremos la paz total que ofrece Petro, eliminando de paso la corrupción, la inequidad, y obteniendo la recuperación económica, la compra de tierras para repartir a los campesinos y demás temas que van conciliando los dos líderes, a los cuales muchos adherirán.
Se debe afianzar el restablecimiento de relaciones con el pueblo venezolano, -no con el dictador y violador de los Derechos Humanos- para montar una economía sólida que beneficie a las dos naciones. Vimos este lunes a los habitantes fronterizos en manifestaciones sinceras y entusiastas, de apoyo al propósito de unidad y progreso.
La tolerancia nos llevará a la paz total y a la prosperidad para los millones de colombianos votantes y abstencionistas.
BLANCO: Nuestro gran amigo y colega Juan Gossain, se repone. Dios lo protege.
NEGRO: La alcaldesa Claudia dice que en 10 años cambiará a Bogotá. ¿La cogió la tarde?
Bogotá D.C. 29 de septiembre de 2022
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por Paloma Valencia Serna*.-La ministra de salud quiere inducir una crisis al sistema de salud para poder cambiarlo; y así lo dijo: “Tiene que haber una crisis explícita y clara que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio”. Por eso, no podemos dejar de notar su mala intención al haber reducido el presupuesto del sector salud en 2,58 billones de pesos de los 76 billones que necesita el sector para funcionar en el 2023. Le quita al aseguramiento 1,88 billones y a los presupuestos máximos 700 mil millones.
La Unidad de Pago por Capacitación-UPC- es el aporte promedio de cada colombiano al sistema de salud, lo que le cuesta cada uno. Para 2022 estuvo en 92.404 pesos mensuales. Las EPS reciben este pago, y con esos recursos deben organizar la red y garantizar el acceso. Las EPS son, por lo tanto, quienes con la base de la histórica clínica y la base de datos de los doctores y especialistas, hacen los cálculos actuariales de los procedimientos, luego conectan al paciente con el hospital y hacen los pagos de los servicios prestados. Las EPS son las que permiten tener más de 2 millones de atenciones diarias y cerca de 90 mil atenciones por hora.
Para el 2022 esos 92 mil pesos no fueron suficientes para suplir el sistema. Se explica por la inflación que en lo año corrido va en 10,84%, la devaluación en 11% y el salario mínimo aumentó en 10,07%; mientras que el aumento de la UPC de 2021-2022 fue sólo de 5,88%. Esto sumado a que “El Plan de Beneficios” del 2022 se sumaron 654 nuevos procedimientos y 20.475 nuevos medicamentos.
La Ministra de Salud acusó en el pasado al sistema de salud de no atender a pacientes con cáncer, mintió. El sistema de salud hoy le da todos los medicamentos y quimioterapias para cualquier colombiano que lo necesite. Hoy el Plan de Beneficios del sistema cubre las cirugías, medicamentos, las citas con especialistas, la ambulancia, la atención hospitalaria a todos los colombianos. Y sin precio para los más vulnerables.
Este año se requieren evidentemente más recursos. Para 2023 se estima que la inflación va a estar entre 6,4% y 9%, la devaluación entre el 8% y 16%. Adicionalmente, se requieren mayores frecuencias de servicios por los cerca de 4 millones de usuarios trasladados de las EPS liquidadas, y por el represamiento que significó la pandemia -muchos no fueron al médico o a sus tratamientos, y ahora los requieren-. Y si esto no fuera suficiente, la UPC está subestimada; está calculada sobre información de EPS que hoy están liquidadas y que cubrían pocas y muy malas atenciones de sus afiliados. No darle al sistema estos recursos es desfinanciarlo; eso es lo que nos propone la Ministra al quitarle esos 1,88 billones.
Los presupuestos máximos corresponden a otros servicios no incluidos en el Plan de Beneficios, por ejemplo, una enfermedad huérfana o fallos judiciales que extienden los servicios. Las EPS estiman cerrar el 2022 con un déficit de 900 mil millones de pesos por ese concepto. ACEMI estima que para 2023 se necesitarán recursos por 3,2 billones de pesos para este rubro más el pago del déficit de este año. Quitar los 700 mil millones como lo plantea la ministra pone en riesgo la salud de miles de colombianos.
Entre otras cosas, parece que la Ministra, olvidó que su añorada crisis ya la tuvimos: la pandemia de COVID-19. Entre quienes pronosticaban que los colombianos solo estaríamos vacunados en 2023 estaba la hoy Ministra Corcho. Y en esa crisis en 2021 obtuvimos el puesto número 12 en el ranking de Bloomberg sobre resiliencia ante el COVID 19; hay que recordárselo. Logramos aplicar más de 85 millones de dosis, y hoy tenemos 36 millones de colombianos con esquemas completos. La economía ya está en total funcionamiento.
La ministra no necesita una reforma a la salud para destruir el sistema. Con desfinanciar el sector mediante un cálculo equivocado para la UPC puede darle el primer golpe. Los colombianos debemos defender el bien público más importante que hemos construido, nuestro sistema de salud. Los neo conquistadores Petristas creen que llegaron a una tierra deshabitada y que son como Colón, o como Eva descubriendo el Paraíso.
Bogotá, D. C, 29 de septiembre de 2022
*Senadora del Centro Democrático
Paloma Valencia Laserna
Por Simón Gaviria*.-Todos los países miden su producto interno bruto (PIB), lo cual, en esencia, es medir el estado de resultados de la economía. Algunos toman medidas más amplias, como Bután que trata de estimar la felicidad o Picketty que contabiliza la riqueza nacional, aunque útiles por si solas son incompletas.
Ahora que EEUU empieza una ambiciosa construcción de contabilidad ambiental para hacer un balance de la nación y Biden busca aterrizar el Cambio en la Riqueza Natural (CRN) en un solo dígito, medir el avance de la conservación, así como se mide el de la economía. Dado el interés del actual gobierno en la agenda ambiental, el DANE podría hacer lo mismo para Colombia. Esos datos no solo mejorarán la toma de decisiones, sino que transparentar los servicios eco-sistémicos contribuirá a nuestra conversación global.
En los 80s Reagan trató de construir un balance de activos para los EEUU, pero no incluía activos ambientales; Clinton en los 90s incluyó temas ambientales, pero recortes presupuestales y la oposición posterior de George W. Bush frenaron la iniciativa; la Unión Europea tiene una comisión permanente de Cuentas de Capital Natural y, en 2021, el Reino Unido publicó un reporte económico sobre la biodiversidad. Biden no solo busca formalizar esta contabilidad ambiental sino incluirla en los análisis de costo beneficio de varias agencias federales.
Aunque desde los 70s se ha tratado de innovar contabilizando nuestra riqueza ambiental, solo hasta ahora la tecnología y su reducción de costos están permitiendo una medición más precisa e integral. Los avances en medición satelital permiten censos que incluyen la medición individual de árboles en un bosque, la calidad del agua o las reservas metálicas; también nuevos sensores permiten medir la calidad del aire. Mejoras con las cuales, Nicholas Mueller, en EEUU, determinó se aportaría 3% en crecimiento adicional por cuenta de enfermedades prevenidas. Con todo, todavía falta mucho consenso por construir en aspectos metodológicos.
Los esfuerzos originales en la materia trataron de usar información de mercados para definir el valor, nuevas técnicas son más amplias. Por ejemplo, un árbol que presta servicios eco-sistémicos de producción de oxígeno, captura de carbono y sombra, tiene un valor más allá de su madera. Con contabilidad ambiental sabemos que entre el 2010 y 2018 la riqueza de cobre y hierro en EEUU cayó 51% dada su intensa extracción para la producción de baterías en la transición energética. Más preocupante es que en el mismo periodo se perdió 10% del valor de los manglares por deforestación o que 33% del valor de las abejas se perdió desde 2006. No todo el crecimiento es igual, hay uno más sostenible que otros.
La Otra Bonanza
Si Colombia quiere ser potencia de la vida, líder mundial en conservación, el argumento se construye mucho más fácil a partir de evidencia. La tecnología está disponible, inclusive el catastro multipropósito está a punto de levantar información sobre 26% del país que antes no tenía. Cuando sacamos la protección de arrecifes coralinos, un argumento que ayudó a convencer escépticos fue que 1km de ellos prestaba US$1 millón en servicios ambientales. Los cambios que se requieren serán más fáciles si la evidencia fortalece las buenas intenciones.
Bogotá, D. C, 28 de septiembre de 2022
*Simón Gaviria, actual fellow del instituto Marron en NYU. Ex-director nacional de planeación y expresidente de la Cámara de Representantes.
Por José G. Hernández*.- Marcharon varias veces durante el anterior Gobierno quienes se opusieron a políticas y decisiones del entonces presidente de la República, Iván Duque. El pasado lunes salieron a marchar quienes se oponen a políticas y anuncios del presidente actual, Gustavo Petro, aunque no lleva ni dos meses como jefe del Estado, de la rama ejecutiva y de la administración.
Ello es perfectamente legítimo. Hace parte de las garantías propias de la democracia, y debe ser respetado por las autoridades. Mientras la protesta sea pacífica, no hay motivo alguno para que actúe la fuerza pública, la cual, por el contrario, debe proteger a los manifestantes. Ellos ejercen su libertad de reunión y el derecho a la libre expresión de su pensamiento y opiniones. Grave sería que las protestas fueran impedidas mediante el uso de las armas; que se las obstaculizara o sancionara con violencia; que no se pudiera protestar, o que todos se vieran forzados a mostrarse satisfechos con actos o determinaciones oficiales, sin estarlo, porque eso implicaría abierto desconocimiento de claros preceptos constitucionales y flagrante violación de los derechos y las libertades públicas. Sería una actitud dictatorial, completamente autoritaria.
Llama la atención, sí, que muchos de quienes participan en marchas contra el actual Gobierno hayan sostenido en el pasado que la protesta no era un derecho fundamental, que no estaba garantizado, y que debería ser reprimido por la fuerza. Al respecto, en esta misma columna (julio de 2021) sostuvimos lo siguiente:
“De la naturaleza racional del ser humano se deriva la capacidad de discernir, distinguir, valorar, disentir, aceptar o no aceptar, discrepar, estar o no de acuerdo con algo. Y, claro está, de esa misma naturaleza y de la esencial tendencia humana a la libertad se deriva el derecho de expresar, individual o colectivamente, en privado y en público, lo que se piensa, se quiere, se busca o se reclama. Por eso, protestar, manifestarse en contra o a favor, oponerse, criticar, reclamar, discutir, proponer, denunciar, es algo connatural a la condición humana, y se da -por supuesto- en toda agrupación, asociación o conglomerado, con mayor razón en una democracia -en la cual el pueblo es soberano- y respecto a los intereses, derechos y necesidades colectivas”.
(…)
“La Constitución garantiza los derechos a la libre expresión del pensamiento y opiniones, la libertad de reunión y manifestación pública y pacífica, así como los derechos de la oposición política, entre los cuales está el ejercicio libre de la función crítica frente al Gobierno y la opción de plantear y desarrollar alternativas políticas, derechos todos ellos que no podrían ser ejercidos si para tal efecto tuvieran que contar con la anuencia, la autorización o el permiso del gobierno”.
Criterios que -fundados en la Constitución- permanecen, sea cualquiera el Gobierno y con independencia de las razones de quienes protestan.
El derecho a la protesta está garantizado, en la Constitución y en los Tratados Internacionales. Debe ser protegido, no perseguido, obstruido, ni sancionado. Otra cosa distinta es la violencia y la barbarie, que no son derechos. “Es un exabrupto -decíamos- que, para evitar abusos, se quiera hacer inane o inexistente el derecho a la protesta”.
Bogotá, D. C, 28 de septiembre de 2022
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Víctor G. Ricardo*.- Es indudable que el mundo está inmerso en una incertidumbre de gran envergadura por las consecuencias que se han venido haciendo visibles en todos los países alrededor del mundo, derivadas de los efectos que en lo social y económico dejó la pandemia y las tensiones aún no resueltas de conflictos con incidencia global como la lamentable guerra entre Rusia y Ucrania.
La amenaza del Presidente Putin de tener listas las armas para un posible ataque, incluso anunciando armas nucleares para defender sus intereses y el llamado que hizo a las fuerzas de la reserva para que se alisten a un posible confrontamiento ha tenido como consecuencia la alerta y preocupación de todos los países.
Esta actitud del Presidente de Rusia llevó al Presidente de los Estados Unidos a hacer una intervención en la cual evidenció su desacuerdo y advirtió al mundo que los norte americanos bajo ninguna circunstancia celebrarían o permitirían el uso de las armas nucleares ni un ataque militar por parte de Rusia al continente Europeo.
Gran tensión e incertidumbre derivada de una nueva guerra fría, que se suma a los retos económicos y sociales generados por la pandemia y que todos los países siguen enfrentando con las presiones inflacionarias que afectan a las poblaciones más pobres y la consecuente escalada de tasas de interés e inestabilidad cambiaria que tiene a los empresarios con los nervios de punta.
Como si lo anterior fuera poco, la situación que se visualiza frente a la falta del gas ruso en el próximo invierno europeo, es la de una crisis energética de consecuencias aún no dimensionadas, generando así factores adicionales de incertidumbre con graves impactos en todas las dimensiones.
Este panorama global que algunos podrían considerar ajeno a nuestras realidades, tiene un impacto muy profundo en Colombia, pues no podemos perder de vista que vivimos en un mundo globalizado en el que las afectaciones en un rincón del mundo terminan afectando a todo el globo.
No es aislado el hecho de que todos ya estemos sintiendo el impacto en nuestros bolsillos de la galopante inflación, en especial en alimentos, y que los empresarios con los que se habla se quejen de los altos costos del crédito y de las dificultades que tienen que sortear en la logística internacional y las variaciones del cambio.
Y a estas preocupaciones se suma la circunstancia, de que en momentos de gran inestabilidad global y altas tasas de interés en los países desarrollados, los que resultan más afectados son los países en vías de desarrollo como el nuestro, pues es natural en la lógica de los grandes capitales buscar en estos momentos refugio en economías de mayor estabilidad y rentabilidad, generando salidas importantes de inversión con una nueva afectación para los países que no resulten ser estables.
Esto es en parte lo que hemos estado viviendo en Colombia, en donde además de los fenómenos de incidencia global descritos, se suman factores internos adicionales de incertidumbre para quienes toman decisiones de inversión, derivados de los anuncios de reforma en diferentes frentes.
En efecto, para un inversionista la incertidumbre es el principal factor de consideración, y en nuestro caso los inversionistas no solo están considerando las variables globales que están
afectando todos los países, sino que también estarán muy atentos a los anuncios que se hacen y a los posteriores desarrollos que se tengan en distintos campos como el tributario, político, agrario, laboral, pensional y de salud por mencionar solo algunos.
Estamos enfrentando un momento muy importante de incertidumbre e inestabilidad global que tiene implicaciones en lo local, y en este contexto nos corresponderá actuar como sociedad y país con firmeza en la solución de nuestros problemas sociales y con mesura y ponderación en el manejo macroeconómico para generar certezas en un mundo de incertidumbres.
Bogotá D. C., 28 de septiembre de 2022
*Excomisionado de Paz
