Opinión
Por: Guillermo García Realpe*.-El Gobierno y Congresistas han presentado una reforma constitucional mediante proyecto de Acto Legislativo para crear en Colombia una nueva jurisdicción que sería la Jurisdicción Agraria y Rural. Se suma a las otras jurisdicciones existentes: penal, civil, laboral, contenciosa administrativa, etc.
Habría una Corte, tribunales y juzgados de la Jurisdicción Agraria y Rural, procedimientos propios, jurisprudencia, etc.
Es de gran oportunidad y necesidad esta iniciativa. En Colombia hay un déficit enorme de institucionalidad específica para atender un tema tan medular en la vida social económica y política del país como es el asunto de propiedad y tierras rurales, fuente fundamental de vida, oportunidades y también de graves conflictos históricos por decenas de años.
En Colombia históricamente hubo mucha reticencia para implementar esta modalidad específica de justicia. En 1936 con la Ley 200 se crearon jueces de tierras, pero posteriormente esta función fue asumida por jueces civiles ordinarios. Solo mucho después con ocasión de la Ley de Víctimas y restitución de tierras 1448 se creó la Unidad de Restitución de Tierras y con ella escasos 40 jueces y 15 magistrados para todo el país.
Habiendo tantas necesidades de resolver conflictos sobre propiedad de tierras pero también de uso, tenencia , posesión etc, de bienes inmuebles rurales es urgente y conveniente de disponer el fortalecimiento del Derecho Agrario, de la institucionalidad agraria, de la jurisprudencia, del derecho procesal agrario. Lo que pretende esta iniciativa que deberá complementarse mediante una ley reglamentaria.
En el 80% de los municipios con PDET, los de más alta conflictividad, no hay jueces de tierras, ni centros de conciliación, ni casas de justicia. Este déficit agudiza la falta de convivencia. Los conflictos sobre inmuebles son superiores en tres veces en el sector rural que en el urbano. Y la institucionalidad y justicia está solamente presente en ciudades.
La Corte Agraria y Rural será tribunal supremo de cierre de la jurisdicción. Resolverá recursos tramitados en tribunales y dirimirá conflictos de competencia.
En resumen habrá garantía de acceso a la justicia en una especialidad muy presente en la vida de los colombianos residentes o relacionados con el sector rural que son varios millones hoy sin cercanía a la institucionalidad que les garantice el uso efectivo de sus derechos.
Sigue acertando el nuevo gobierno.
Bogotá, D. C, 27 de septiembre de 2022
*Exsenador Liberal.
@GGarciaRealpe
Por Amylkar D. Acosta M*.-A propósito del indexador del Índice de precios del productor (IPP) aplicable a los cargos de la tarifa de energía, cabe preguntarse si el mismo refleja fielmente los costos en los que incurren los agentes de la cadena del servicio de energía, si tenemos en cuenta que en el cálculo del mismo se incorporan la variación de otras actividades ajenas a su operación, tales como la industria, la minería, la agricultura y la pesca, las cuales, por lo demás, se han visto afectadas en sus costos por factores exógenos tales como la interrupción de las cadenas de suministros, los mayores fletes internacionales, el desbordado incremento de los insumos agrícolas, mientras sus erogaciones se reducen a los costos de las licencias por el uso del recurso hídrico, el mantenimiento de los equipos y la mano de obra.
También incide en la espiral alcista de la tarifa de energía el cargo por restricciones (R), la cual se debe al atrapamiento de la energía generada ante la imposibilidad de transportarla a través del Sistema interconectado nacional (SIN), hasta los centros de consumo, debido a limitaciones de las redes de transporte y distribución de la energía, las cuales imposibilitan el fluido de la energía eléctrica de más bajo costo, como lo es la hídrica. En ello influye mucho el atraso, a causa de diferentes eventos, de la ejecución de los proyectos de transmisión. Así, por fuerza de las circunstancias el centro de despacho se ve obligado a recurrir a plantas más costosas que aumentan el precio de la energía. Una de las regiones en donde el cargo por restricciones es más alto es la región Caribe, dado que la capacidad instalada de potencia es insuficiente para suplir la energía demandada en tales eventos, requiriéndose las llamadas generaciones de seguridad.
El cargo que se paga por concepto de restricción (R) es calculado con base en análisis eléctricos que hace el administrador y operador del mercado XM y es distribuido a toda la demanda del país, de acuerdo con la oferta que realicen los generadores. En lo corrido del año se han presentado costos elevados de restricciones. Lo anterior debido al incremento del costo del gas en Europa que ha golpeado las ofertas de los generadores térmicos, pues la realizan con los precios del mercado internacional, llamando la atención que en Colombia actualmente hay disponibilidad de gas por aproximadamente US $7 el MMBTU. Este mayor costo del gas incide, afectado además por la apreciación del dólar, en los precios de oferta de energía del parque térmico, los cuales pasaron de los $351 el KWH en enero de 2021 a $732 el KWH en julio de 2022, el doble(¡!).
Pero, como ya quedó dicho, indudablemente el caso más crítico de las alzas de las tarifas de energía se da en la región Caribe, servida por dos nuevos operadores de red, Air´e y Afinia desde el 1º de octubre de 2020, después de que la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios decretara la liquidación de ELECTRICARIBE, que representó para sus 2.7 millones de usuarios una verdadera pesadilla. Lo que hace la diferencia entre las alzas de las tarifas en la región Caribe y las alzas en el resto del país es el cargo por concepto de las pérdidas reconocidas (PR), cuyo costo pasó de $41.49 por KWH a $247, en contraste con el promedio nacional de $50 por KWH (¡!)
Y ello se explica porque en la Resolución 010 de 2020 de la CREG se estableció que “para la aplicación de la metodología establecida en la Resolución CREG 015 de 2018…para el régimen transitorio especial, previsto en el artículo 318 de la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. De allí que las pérdidas reconocidas (PR) en la fórmula tarifaria y las cuales debe asumir el usuario vía tarifas es del 29% para Air´e y 27.2% para Afinia, muy superior al 12.5% que se le reconoce a los demás operadores de red diferentes al Caribe.
Es de anotar que, dado el ciclo tarifario, que es quinquenal, esta norma regulatoria, pactada entre la Superintendencia de Servicios públicos domiciliarios y los operadores de red, permancerá invariable hasta el 2025. Los usuarios que pagan cumplidamente sus facturas se quejan, con razón, de que con este recargo en la tarifa terminan pagando justos por pecadores, dado que las PR incluyen aquellas atribuidas al robo de energía y las conexiones fraudulentas. El corrientazo que están recibiendo los usuarios, especialmente en el Caribe colombiano, con esta exagerada alza de las tarifas, entonces, estaba cantada, como lo advertimos en su debida oportunidad, era sólo cuestión de tiempo.
Madrid, septiembre 27 de 2022
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Por Juan Camilo Restrepo*.- Esta semana comenzó la maratón de los 50 “diálogos regionales vinculantes” con los que la administración Petro va a promover asambleas en todas las regiones del país. Y cuyas conclusiones serán elevadas a categoría de norma jurídica “vinculantes” a través de la ley del plan de desarrollo que debe estar concluida antes de finalizar el año.
La iniciativa obedece a un propósito plausible: ahondar la democracia participativa escuchando a las comunidades y haciéndolas partícipes -a través de este mecanismo de los diálogos- del futuro del desarrollo de sus regiones.
Sin embargo, deja mucho qué pensar el camino escogido que consiste en que las conclusiones resultantes de estas asambleas populares se lleven, con carácter de “vinculante”, a la categoría de norma jurídica incorporadas a la ley del plan de desarrollo.
Es de suponer que, en estos diálogos regionales vinculantes, además de algunas conclusiones de carácter general, lo que vamos a presenciar es una verdadera lluvia de solicitudes de más gasto público: vías, colegios, universidades, hospitales, alcantarillados, plantas de tratamiento de agua, centros de salud, y así podríamos seguir la lista hasta el infinito como infinitas son las necesidades regionales que aún no han sido satisfechas. Así lo mostró ya el primero de estos encuentros que tuvo lugar en Turbaco.
No sería sorprendente que al terminar la maratón de los 50 “diálogos regionales vinculantes”, y una vez se tabulen las solicitudes para más inversión pública, los requerimientos para cumplirlas asciendan a decenas o aún a centenas de billones de pesos.
¿Qué va a pasar entonces? ¿Se van a acoger solo algunas de ellas y a desechar otras?, ¿Con qué criterio? ¿O, puesto que ahora las conclusiones de estas asambleas regionales serán “soberanas y vinculantes” todas ellas irán a la ley del plan de desarrollo? Y en tal caso, ¿Cómo se compagina este chaparrón de nuevo gasto público con las disponibilidades financieras y presupuestales del país? No hay una respuesta clara a estos interrogantes. El director de planeación ha dado unas vagas indicaciones en el sentido de que el departamento a su cargo hará una distinción entre “cositas” que soliciten las comunidades y que no irán en la ley del plan, y obras verdaderamente estratégicas. Esto, que suena razonable, puede chocar con las expectativas que se están despertando entre la gente.
Lo que es claro es que los constituyentes del 91 no imaginaron ni el plan de desarrollo cuatrienal ni la ley que le da cuerpo jurídico como un mecanismo para tramitar gigantescas listas de mercado como las que puede arrojar el ejercicio de los diálogos regionales vinculantes que se inician.
Por el contrario: la Constitución (artículo 339) prevé que el plan de desarrollo contiene un presupuesto plurianual en el que habrán de identificarse las grandes inversiones públicas que se harán en cada mandato. Y lo que es muy importante: la identificación de las fuentes con las que se financiarán dichas obras públicas.
El instrumental jurídico de la ley del plan no está previsto para ser el receptor de listados interminables de aspiraciones populares -que pueden ser justificados, pero sin precisar cuáles serán los recursos con que deban financiarse-.
Se vaciaría el sentido jurídico y económico de un plan de desarrollo y el del presupuesto plurianual mismo de que habla el artículo 339 de la Constitución, si simplemente se utiliza la ley como una pizarra para “apuntar” las innumerables aspiraciones de aquellas comunidades que van a consultarse. Tanto menos ahora que sus conclusiones, por arte de la magia de los anuncios presidenciales, adquieren el carácter de “soberanas” y de “vinculantes”.
¿Cómo se compaginará este nuevo mecanismo de democracia participativa con el no menos obligante imperativo de la sostenibilidad fiscal, que requiere que toda inversión que se autorice en el plan debe ir acompañada de su correspondiente apropiación presupuestal?
Los esfuerzos de profundización de la democracia son bienvenidos, pero siempre y cuando no se lleven de calle elementales principios de la presupuestación. O no generen inmensa frustración entre las comunidades cuando descubran que todo lo que concluyeron en estos flamantes “diálogos regionales vinculantes” no se puede ejecutar por falta de recursos.
Bogotá, D. C. 25 de septiembre de 2022
*Abogado y Economista. Exministro de Estado
Por José F. Lafaurie*.-Me refiero hoy a un trino reciente sobre invasión de tierras: “Alcalde de Plato convocó Ejército y Policía a respaldar ganaderos en caravanas para intimidar supuestos invasores; imágenes y vídeos recuerdan a autodefensas y ningún participante desmiente impulso a iniciativa de @jflafaurie de retomar las Convivir”.
Este trino no es de un ciudadano cualquiera, sino del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien tildó de paramilitares a un grupo de sus gobernados, que buscaban proteger pacíficamente sus propiedades; y se despachó contra mí por convocar a la solidaridad, con afirmaciones calumniosas que lindan con el Código Penal y con el régimen disciplinario de los servidores públicos
No es de ahora su animadversión; en su proyecto de Plan de Desarrollo “MAGDALENA RENACE”, tal “renacimiento” se fundaba en acabar con la ganadería, lo que me obligó a defenderla con éxito ante la Asamblea. Me temo que hoy pago esa derrota, pero la ganadería magdalenense bien lo vale.
Frente al trino infamante de Caicedo quiero precisar que, primero, jamás he propuesto retomar las Convivir y, por tanto, mal podría alguien desmentir o no algo que no he dicho. Segundo, reivindicó la actitud responsable y solidaria del alcalde Peña, del Ejército y de la Policía.
Tercero, no sé qué recuerdos tenga el señor Caicedo de los paramilitares ni de su paso por organizaciones armadas ilegales, pero insisto en que es una falta grave de un funcionario público, hacer señalamientos infundados, como el de paramilitarismo, que ponen en riesgo la vida de las personas.
Cuarto, si los invasores se intimidaron, se logró el objetivo de mostrar que los ganaderos estamos unidos y apoyamos a las autoridades. ¿Quién ha dicho que es ilegal intimidar pacíficamente a quien pretende irrumpir en nuestra casa?; ¿desde cuándo está limitado el derecho de los ganaderos a la asociación?, ¿en dónde se prohíbe a los ciudadanos “colaborar”, sin entorpecer, con las autoridades en la protección, en este caso, del derecho a la propiedad?
Por el contrario, la colaboración ciudadana es un deber consagrado en la Constitución (art. 95), que nos pide “Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”.
Por ello reitero mi invitación, ya atendida por miles de ganaderos, a conformar grupos voluntarios y solidarios de reacción inmediata, que acompañen pacíficamente al ganadero afectado, que agradecerá nuestro apoyo y mañana estará dispuesto a brindarnos el suyo.
Ese es el propósito, mostrarles a los invasores, a la sociedad y también a las autoridades, que el ganadero no es un “lobo estepario”, que, por el contrario, somos una “manada” organizada y pacífica; que nos une el trabajo de la tierra y que, en su defensa..., somos solidarios.
Bogotá, D. C, 25 de septiembre de 2022
*Presidente de Fedegan
@jflafaurie
Por Mauricio Cabrera Galvis*.-El cambio de rey en Inglaterra, con todas las fastuosas, costosas e inútiles ceremonias de despedida a una reina amable y querida pero símbolo de una monarquía obsoleta, eclipsó un cambio mucho más importante para el Reino Unido: el reemplazo del desprestigiado primer ministro Boris Johnson por una política conservadora, Liz Truss, que quiere ser la heredera de la señora Tatcher aplicando un populismo de derecha que, según los expertos, pueden agravar la ya precaria situación económica y social de ese país.
La situación económica de Inglaterra es la de un enfermo grave y el diagnóstico es “estanflación”, es decir la mezcla de estancamiento con inflación: el Bank of England ha declarado oficialmente que el país está en recesión, pues lleva dos trimestres continuos de caída del PIB. Pero al mismo tiempo la inflación se ha acelerado hasta el 10%, una de la más altas en los países desarrollados, y el mismo Banco subió sus tasas de interés esta semana en 0.5% llevándola a los niveles más altos desde el principio de siglo.
A pesar de ser un productor y exportador de petróleo, la estanflación de Inglaterra es peor que la de otros países a causa del Brexit, su separación de la Unión Europea, que generó problemas en la oferta de alimentos y materias primas y afectó las exportaciones.
En las finanzas públicas, el déficit fiscal se ha reducido un poco hasta el 4% del PIB, pero la deuda pública equivale al 96% del PIB, casi el doble de lo que permitiría en Colombia la regla fiscal. En el frente externo, el déficit gemelo de la Balanza de Pagos es también peor que el de Colombia, llegando al 8.3% del PIB.
Ante esta situación se esperaría que un partido conservador siguiera la línea ortodoxa, pidiera al banco central que elevara más las tasas de interés y adoptara severas medidas de ajuste fiscal para reducir el déficit y la deuda pública. Sin embargo la señora Truss presentó esta semana un paquete de medidas para tratar de estimular el crecimiento aumentando el déficit fiscal bajando impuestos, sobre todo a los más ricos.
Por ejemplo, reversar la decisión del gobierno anterior de aumentar la tarifa a las empresas del 19% al 25%; bajar la tasa máxima de las personas naturales de 45% a 40% y el impuesto de timbre a las compras de venta raíz. Se estima que estos recortes van a aumentar en un 30% las necesidades de financiación del gobierno y, por supuesto, la deuda pública.
Este populismo de derecha revive las ideas nunca comprobadas de Reagan y la Tatcher de que la rebaja de impuestos crea crecimiento y empleo, y han sido recibidas con mucho escepticismo y fuertes críticas por la mayoría de los analistas que han llegado a calificarlas de ruinosas. Es tal la desconfianza de los mercados frente a este paquete que la libra esterlina se devaluó 5% en una semana, acercándose a la paridad con el dólar.
Bogotá, D. C. 25 de septiembre de 2022
*Filósofo y Economista. Consultor.
Por Gabriel Ortiz*.-Quienes habitamos en Colombia, desconocíamos que vivimos en un falso paraíso tan espeluznante como el que dibujó Petro ante un mundo expectante que, solo nos conocía como los primeros productores de café y droga.
Las mariposas amarillas y la magia de García Márquez son vulneradas por la “belleza ensangrentada de un país bello, pero violento”, del que se han apoderado las mafias dueñas del narcotráfico, la minería ilegal, la codicia por el dinero y, de paso, la destrucción de nuestra selva.
En esa estampida contra el medio ambiente juegan papel fundamental el petróleo y el carbón, que día a día devoran el oxígeno y contaminan todo por donde pasan.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un vehemente llamado al mundo, desde la tribuna que utilizan los líderes del planeta, para abrir los ojos de una humanidad que espera, sin lograrlo, a los defensores del planeta que va cada vez más, hacia el holocausto y el cataclismo.
Petro se refirió con la mayor preocupación al narcotráfico, que tiene a esta nación al borde del desastre. Advirtió que se requiere una lucha sin cuartel contra este flagelo, al que nos ingresaron los “pablos escobares”, los mexicanos y demás yerbas, al tiempo que se empieza a sentir la crisis climática.
Explicó el jefe de Estado cómo, en éste su país, la droga destruye la sociedad. Se asesina, se encarcela, se mantiene una guerra, se persigue a la gente, no se aplica justicia, mientras se deforestan nuestras selvas despiadadamente.
“El planeta ha perdido la lucha contra el narcotráfico”. Según él: ya no es la coca la que atenta contra la población mundial. Y explicó que existen productos opioides sintéticos como el fentanilo, especialmente en Estados Unidos y Europa, que se apoderan de la juventud.
La lucha actual es fallida e irracional, según Petro y pidió a las naciones luchar, mediante un frente común, contra este mal de la humanidad. Llamó a sus colegas de Latinoamérica para que, mediante una acción conjunta, eviten la destrucción de la Amazonia, si queremos que nuestros ríos, nuestra agua y el medio ambiente, desaparezcan.
Solicitó a los países ricos respaldo para sus propuestas, canjeando la deuda por agresivos programas para evitar la desforestación y de paso acabar con los cultivos ilícitos. “Si se quiere menos droga en el mundo, se debe pensar en menos adicción al dinero y más amor”.
Los 20 minutos de Petro cayeron bien en el Gran Foro Internacional, fue aplaudido y puso a pensar. Contrariamente sus adversarios, antes de terminar su discurso, lo estaban descalificando en el país de la “belleza ensangrentada”. Muchos creen que vivimos en una patria en paz, sin droga, sin selvas desforestadas, sin tierra “envenenada” con glifosato, sin cultivos ilícitos, ni minería ilegal. ¡Pónganse a pensar!
BLANCO: Poco a poco se van generando cambios en la reforma tributaria, que pueden llevarnos a un consenso.
NEGRO: Dicen que la gasolina solo la podrán comprar los narcos.
Bogotá D.C. 23 de septiembre de 2022
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por Paloma Valencia Serna*.- Petro afirmó ante la ONU esta semana que Colombia y el mundo deben dejar atrás la dependencia del petróleo y el carbón. Afirmó que son el mayor veneno del mundo. Y por supuesto, si se observa el fenómeno del calentamiento global -tal vez el más grande desafío que ha enfrentado la humanidad- podría creerse que los combustibles fósiles no nos han traído sino desgracias. Pero hace falta observar que los combustibles fósiles han sido el mayor y más importante aporte a nuestra vida.
Estas energías nos dieron movilidad no solo de vehículos, aviones, trenes, barcos. También nos trajo el concreto -material creado por el hombre- que es lo que más usamos después del agua y con el que hemos construido la civilización moderna, junto con el acero, que también logramos gracias a tecnologías basadas en combustibles fósiles. Y por supuesto, la numerosa humanidad, ha podido alimentarse por la existencia de la urea, un abono que permitió mayor productividad de la tierra; y la urea también viene de esos combustibles. Esas tecnologías, como la de hacer el plástico, son necesarias e infortunadamente hoy no existen tecnologías que nos permitan prescindir de los combustibles fósiles para fabricar concreto, acero, plástico o urea. Y es evidente que el mundo no puede prescindir de ellos aún.
Decidir que no exploraremos más petróleo ni gas es una mala decisión. No aporta como lo hemos dicho a reducir las emisiones. Colombia seguirá teniendo vehículos y transporte; en el mejor de los casos, nos limitaremos a importarlos, generando las emisiones de su producción en otra parte, pero perdiendo también los empleos que se generan, los recursos que aportan a las rentas nacionales.
La exploración y explotación de petróleo y gas solo produce el 3,74% de las emisiones de CO2 del país. Esto equivale a menos del 0,046% de las emisiones en el mundo. Tiene que ver con que nuestra energía es mayoritariamente hidráulica, 68%, que no emite GEI. Colombia tiene la sexta matriz energética más limpia del mundo. Solo emitimos el 31% de nuestra energía con térmicas, de las cuales 43% viene del gas.
El gas ha sido considerado un combustible de la transición energética; pues para el mundo es claro que no podemos saltar de un solo salto a las energías limpias. El gas emite 40% menos emisiones de CO2 que el carbón y un 25 % menores que combustibles líquidos.
No se entiende entonces porque este Gobierno también busca estigmatizar el gas. Si Colombia se queda sin gas, para completar nuestra energía, había o que importar el gas -que lo encarece-, o construir hidroeléctricas -que toma mucho tiempo- o usar carbón o diésel -mucho más contaminantes-. Si la ciudadanía no tiene gas, muchos volverían a combustibles líquidos-más contaminantes e inseguros-, y muchos otros usarían la leña que es 506% más costosa, y causa mil muertes al año.
Colombia es un país autosostenible en gas y petróleo. Tenemos reservas potenciales de gas para 100 años. Si no producimos gas necesitaríamos 1.900 millones de dólares en importaciones en 2036, y si no producimos petróleo necesitaríamos otros 10.000 millones de dólares. ¿De dónde los vamos a importar?
Venezuela en los dos últimos años ha tenido un exceso de producción de gas. ¿Quiere Petro financiar la dictadura comprándole esa sobreproducción? Hay que recordar que Venezuela ya incumplió cuando debió vendernos gas. Y ni que decir de lo que está pasando en Europa. Varios gobiernos dejaron las exploraciones con el discurso ambiental y empezaron a depender energéticamente de otros países. Vino la guerra y los contratos fueron incumplidos; hoy enfrentan un reto muy alto cuando el invierno se acerca y no tienen capacidad de cubrir todas sus necesidades.
Bogotá, D. C, 22 de septiembre de 2022
*Senadora del Centro Democrático
Paloma Valencia Laserna
Por José G. Hernández*.- El presidente Gustavo Petro viajó a Nueva York para participar, a nombre de Colombia en la Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir, en ejercicio de sus funciones como jefe de Estado. Designó como ministra delegataria a la ministra de Trabajo, Dra. Gloria Inés Ramírez Ríos.
Con esa tendencia tan colombiana a pensar mal sin confirmar nada, algunos mostraron su extrañeza por el hecho de que el presidente no hubiera dejado encargada de la presidencia a la vicepresidenta Francia Márquez.
Digamos, ante todo, que el ministro delegatario para el ejercicio de funciones presidenciales no es encargado de la presidencia, ni adquiere el carácter de expresidente de la República, como sí ocurre con el vicepresidente. Las que dan lugar a uno y otro cargo son situaciones bien distintas: el vicepresidente de la República -quien, mientras el presidente está ejerciendo y no incurra en ninguna falta absoluta o temporal, permanece en la banca, como en el fútbol-, asume, ante la ocurrencia de una de tales ausencias, como verdadero presidente de la República, con todas las atribuciones, competencias y deberes, al paso que el ministro delegatario solamente recibe del presidente una delegación transitoria de unas funciones presidenciales; las que el presidente le delegue, mediante decreto, cuando se traslada a territorio extranjero en ejercicio de su cargo, como jefe del Estado.
Dispone el artículo 196 de la Constitución: “Cuando el presidente de la República se traslade a territorio extranjero en ejercicio de su cargo, el ministro a quien corresponda, según el orden de precedencia legal, ejercerá bajo su propia responsabilidad las funciones constitucionales que el presidente le delegue, tanto aquellas que le son propias como las que ejerce en su calidad de jefe del Gobierno. El ministro delegatario pertenecerá al mismo partido o movimiento político del presidente". El artículo 202 establece: “El vicepresidente no podrá asumir funciones de ministro delegatario”. Salvo que el presidente lo haya nombrado ministro, caso en el cual sí puede ejercer como ministro delegatario.
Según dispone el artículo 17 de la Ley 1444/11, modificado por el artículo 20 de la Ley 2162/21 -que creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación), en la actualidad la denominación, orden y precedencia de los ministerios es: 1) Ministerio del Interior; 2) Ministerio de Relaciones Exteriores; 3) Ministerio de Hacienda y Crédito Público; 4) Ministerio de Justicia y Del Derecho; 5) Ministerio de Defensa Nacional; 6) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; 7) Ministerio de Salud y Protección Social; 8) Ministerio de Trabajo; 9) Ministerio de Minas y Energía; 10) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; 11) Ministerio de Educación Nacional; 12) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; 13) Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; 14) Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; 15) Ministerio de Transporte; 16) Ministerio de Cultura; 17) Ministerio del Deporte; 18) Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
La señora ministra de Trabajo está en el octavo lugar en el orden de precedencia y seguramente pertenece al mismo partido político del presidente Petro, mientras quienes la anteceden en ese orden legal provienen de otros partidos o movimientos. Nada contra la vicepresidenta.
Bogotá, D. C, 21 de septiembre de 2022
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Juan Camilo Restrepo*.- Tanto Gustavo Petro como José Antonio Ocampo han dicho hasta la saciedad que cumplirán con la regla fiscal. Es un mensaje de tranquilidad hacia los mercados, y reafirma que no se cometerán locuras fiscales.
Sin embargo, a medida que pasan los días y los foros, va quedando en claro que será muy difícil para el actual gobierno cumplir con la regla fiscal. No porque no lo quiera hacer, sino porque las circunstancias de las finanzas públicas están imponiendo alejarse un tanto de la ortodoxia fiscal.
Empiezan a aparecen, en efecto, indicios que hacen válido preguntar si se cumplirá rigurosamente la regla fiscal. O si se está preparando una moratoria de esta norma que, recuérdese, cuando estalló la pandemia se decretó una vacación de un año para el cumplimiento de sus directrices.
¿Cuáles son esos indicios que comienzan a verse?
En una de las audiencias que se están celebrando en el Congreso para analizar la reforma tributaria, el ministro de Hacienda dijo que el déficit con que se terminaría este año sería del 8% con relación al PIB. Lo mismo repitió el presidente Petro en su discurso en Santa Lucía, al analizar la situación del canal del Dique. Discurso donde, además, deslizó la posibilidad de decretar una emergencia económica.
Esto significa que el déficit fiscal en vez de disminuir, como se esperaba, va a aumentar. Y, por lo tanto, nos alejaremos todavía más de las metas requeridas para cumplir con la regla fiscal. Además: La premonición de que la reforma tributaria terminará recaudando bastante menos que los famosos $ 25,6 billones así lo confirman.
Otro indicio: el ministro Ocampo afirmó que este año no había recursos para incluir en el presupuesto $11,5 billones que aún faltan para cubrir el inmenso déficit que se ha venido acumulado el fondo de estabilización de combustibles. Esto significa que tan abultada cifra habrá que pagarla con más endeudamiento, lo que nos aleja todavía más de las metas de la regla fiscal.
Es de resaltar como muy positivo y valiente el anuncio hecho por el gobierno de que comenzará un ajuste gradual de los precios de los combustibles. Es una noticia que denota seriedad en el manejo macroeconómico y hay que celebrarla. Se trata de una medida urgente para que el déficit del fondo de estabilización no se incremente aún más, haciendo casi imposible el cumplimiento de la regla fiscal.
El ministro Ocampo ha dicho en repetidas ocasiones que el déficit de este fondo hay que corregirlo. Son entendibles las tribulaciones del gobierno para comenzar a actualizar los precios de los combustibles. Ciertamente no es el mejor momento. Pero en algún punto había que iniciar ese duro camino, así sea gradualmente.
De lo contrario, el déficit del fondo de estabilización que para este año se estimó en $31 billones, seguirá creciendo. Tenemos los precios más bajos de la gasolina y del diésel en América Latina, después de Bolivia y Venezuela. A lo anterior habría que sumarle ahora la explosión de las tarifas de la energía eléctrica.
Pero aún con el anuncio del ajuste de precios a partir de octubre, a razón de $ 400 por mes el precio del galón de gasolina (no el diésel que quedó excluido), es evidente que el atraso en tan grande que sigue válido el diagnóstico de que la “regla fiscal” comienza a mostrar síntomas de covid. Y que no se podrá seguir cumpliéndola a rajatabla como se había anunciado. Ojalá que el virus sea leve, y no haya que internarla en la sala de cuidados intensivos.
Postdata: Mientras la regla fiscal parece haber contraído el virus, el principio de autoridad muestra síntomas aún más inquietantes de debilidad. Tres ejemplos: 1- el gobierno nacional (y también el municipal) han permitido que rebrote el vandalismo agresivo en Bogotá; 2- A pesar de los anuncios en contrario, el gobierno y las fuerzas de policía toleran impasibles las invasiones ilegales de tierras por todas partes; y 3- Se permiten bloqueos que han conducido al cierre de varias turbinas en el Guavio por imposibilidad de mantenimientos, poniendo así en grave riesgo la seguridad eléctrica del país. Urgen menos anuncios y se impone más autoridad.
Bogotá, D. C, 20 de septiembre de 2022
*Abogado y Economista. Exministro de Estado
Por Humberto Tobón*.-La temporada de lluvias nunca se fue. Nos dijeron que julio sería seco, pero en realidad, estuvo pasado por lluvias, al igual que agosto. Y en el periodo septiembre – diciembre, las autoridades meteorológicas han señalado que las precipitaciones serán por lo menos un 30% más fuertes e intensas que en lo corrido del año. Muy malas noticias.
Y son malas noticias porque los niveles de lluvia han desencadenado una destrucción muy grande de la malla carreteable del país, afectando vías troncales e intermunicipales, pero especialmente terciarias, aquellas que conducen de las zonas rurales a los cascos urbanos.
Los campesinos han manifestado en todos los tonos, que requieren inversiones urgentes en la recuperación de estos caminos, para poder movilizarse ellos y sus mercancías y surtir de alimentos los mercados, para evitar que se sigan perdiendo las cosechas.
Es evidente que la modernización del campo comienza por dotar a las familias rurales de condiciones dignas de vida, entre ellas unas vías transitables y seguras, que los acerquen a los centros de distribución y les ayuden a obtener mejores ingresos económicos y, muy seguramente, a combatir la alta inflación alimenticia, que está llegando a nivel no vistos desde hace dos décadas.
Un año corrido de lluvias ha hecho que la producción agropecuaria disminuya. Uno de los sectores más perjudicados es el cafetero, que de acuerdo con la Federación Nacional, esta situación se debe esencialmente a condiciones climáticas adversas. La producción entre agosto de 2021 y julio de 2022, fue un 10% menor, al pasar de 13,4 millones de sacos cosechados a 12 millones. Y la tendencia parece no mejorar para el último trimestre del año.
Los departamentos de Sucre, Cesar, Córdoba y Antioquia, son los que más impactos negativos han tenido por las intensidad de las lluvias. Grandes extensiones de tierra se han inundado y miles de familias están afectadas, las mismas que claman ayudas, porque lo perdieron todo.
Los deslizamientos de tierra en la región andina, también destacan en el mapa de desastres que deja la ola invernal.
El gobierno nacional tiene la responsabilidad de liderar el plan de prevención de riesgos y colaborar con las autoridades locales en la atención de los desastres, que muy seguramente se multiplicarán en la parte final del año, si se cumplen las predicciones del IDEAM.
El fenómeno de la niña, que nos está acompañando en casi todo 2022, es un nuevo llamado que hace la naturaleza sobre los calamitosos efectos del cambio climático, y la necesidad de repensar el modelo de producción predatorio que estamos aplicando, y analizar, con responsabilidad política y técnica, si en efecto debemos morigerar el crecimiento, tal como se empezó a proponer hace 50 años en el Club de Roma, tema que por fortuna puso sobre el tapete la ministra de minas de Colombia.
*Estos conceptos no comprometen a la RAP Eje Cafetero, de la que soy Subgerente de Planeación Regional
Septiembre 20 de 2022
Economista de la Universidad Libre. Estudió Administración Financiera en la EAN y Comunicación Social en la U Jorge Tadeo Lozano.
@humbertotobon
