Opinión
Por Juan Manuel Galán*.-Para que la justicia sea pronta y cumplida como nos lo han ofrecido y que no se ha cumplido, debe ser independiente de las otras ramas y de los órganos de control. La reforma no es solo con leyes nuevas, inestables y cambiantes a todo momento, sino con inversión, profesionalización y ética. La solución no es cambiar algunas normas, sino hacer efectivas las que existen. Todo es susceptible de mejora, pero implica una actitud del Estado en la que deben colaborar todas las ramas del poder público. En esa discusión, bienvenida la participación de todos los sectores, sin que sea motivo de clientelismo y repartos burocráticos en la administración de justicia. Se requiere un elemento primordial que solucionaría de tajo los problemas que tienen sumida en un colapso sistemático a la justicia: inversión.
Es necesario estimar una inversión en el presupuesto que se dedica a la administración de justicia, con el fin de garantizar la seguridad de los derechos consagrados en la ley sustancial para cada una de las personas, y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política para todos los residentes en Colombia. Solo si hay pronta y cumplida justicia habrá garantía de derechos. No es un gasto simplemente, en el fondo es una inversión que trae como consecuencia la pacífica convivencia de los asociados.
El sistema judicial colombiano está en crisis desde hace mucho tiempo. Las causas del problema son múltiples. Una inversión seria es la garantía de despachos judiciales dignos en todos los municipios de Colombia, con suficientes salas de audiencia que no estén sometidas a turnos; transformación digital eficiente; robustas redes de internet, más allá de la conexión personal que deben utilizar muchos empleados y funcionarios judiciales desde sus propios computadores; edificios completos, modernos y dotados con apto mobiliario, verdaderos “palacios de justicia”, no vetustas edificaciones con múltiples limitaciones acondicionados para oficinas; y también es garantía de tener operadores de justicia con salarios dignos, permanente y periódicamente capacitados en los cambios legislativos y jurisprudenciales para que sean eficientes y se administre una mejor justicia.
Ese presupuesto es, además, la inversión para contribuir a la paz total, porque si no hay una justicia óptima y oportuna, se estimula el delito. A medida que crece la sociedad se incrementan los conflictos y ello demanda atención. Una justicia pronta, ágil, informada y capacitada evita la posibilidad de colusión entre partes o la venalidad de funcionarios judiciales, que es la corrupción y se combate con la aplicación de la ley en materia penal y disciplinaria a los funcionarios corruptos; y de la responsabilidad del estado por las deficiencias y omisiones en que se incurra en la administración de justicia cuando eso le ocasiona un perjuicio a la persona, pudiéndose llamar en garantía al funcionario responsable.
Solo así podrá darse una verdadera reforma judicial que garantice la actividad plena de la administración de justicia como función pública y el ejercicio del derecho fundamental para asegurar acceso ciudadano universal, de acuerdo con los artículos 228 y 229 de la Constitución Política. Esta es la única forma de lograr la efectividad de los derechos e intereses de los ciudadanos y el correcto funcionamiento del sistema, como materialización del Estado Social de Derecho.
Bogotá, D. C, 19 de septiembre de 2022
*Estudió en el Instituto de Estudios Políticos de París y realizó una Maestría en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown. Ocupó cargos diplomáticos en Londres, exsenador de Colombia.
Por Mauricio Cabrera Galvis*.-Se volvió a alborotar el debate sobre las pensiones con el anuncio del presidente Petro de dar un bono mensual de $500.000 a 3 millones de ancianos, para lo cual es indispensable una reforma pensional que fortalezca a Colpensiones.
De inmediato arremetieron los críticos: que es una propuesta populista e irresponsable, que es el comienzo de las expropiaciones de un gobierno socialista, que le van a quitar la plata a los fondos privados y dejar a los trabajadores sin pensión, etc.
Aunque Petro hizo esta propuesta desde la campaña, Sergio Fajardo la había hecho antes y también Fedesarrollo ha respaldado un sistema de pilares, que debe tener “un primer pilar gratuito y de cobertura universal de beneficios que entregaría un auxilio mensual de $500.000 a todos los adultos mayores de 65 años que no reciben una pensión...”. No parece pues una propuesta socialista ni irresponsable.
La pregunta clave es ¿de dónde sacar los $18 billones necesarios para financiarlo? La propuesta de Petro es que ese subsidio debe pagarse del presupuesto nacional, liberando recursos que se destinan al pago de pensiones.
Para entender el esquema financiero propuesto hay que señalar que Colpensiones debe desembolsar este año unos $36 billones para pagar las mesadas de 1.5 millones de pensionados; el gobierno aporta unos $14 billones, los ahorros de los pensionados que se han trasladado de los fondos privados otros $9 billones, y el saldo de $13 billones de las cotizaciones de los actuales trabajadores. En otras palabras, parte de las pensiones actuales se pagan con las cotizaciones de los afiliados. El núcleo de la propuesta es que con el sistema de pilares pasarían a Colpensiones todos los trabajadores que ganen hasta 2 0 4 salarios mínimos con lo cual aumentaría el valor de las cotizaciones y Colpensiones no necesitaría recurrir al presupuesto nacional.
Es evidente que pagar las pensiones de hoy con las cotizaciones actuales es tirar el problema hacia adelante, pues habrá déficit cuando crezca el número de pensionados. Por eso es necesaria la reforma pensional que aumente el número de cotizantes de Colpensiones y reduzca el valor de los subsidios a las pensiones altas para que disminuya el déficit futuro.
Pero hay 20 o 30 años para resolver ese problema, mientras que el hambre de 3 millones ancianos no dan espera. $500.000 para un anciano que vive en la pobreza no es una fortuna pero si es una obligación ética de la sociedad que no puede abandonar a su suerte a sus ciudadanos más débiles y desprotegidos.
Bogotá, D. C, 18 de septiembre de 2022
*Filósofo y Economista. Consultor.
Por José F. Lafaurie*.- Para escribir estas líneas me metí a husmear como comprador de tierra rural y de predios urbanos por internet, para ver cómo es eso de que los dueños de la tierra rural son los más ricos. Hoy mismo, alguien ofrece una finca productiva de 70 hectáreas y buena casa en Chaparral, Tolima, por 1.200 millones de pesos. Si logra venderla, esa plata no le alcanza para un apartamento de 138 metros en Santa Bárbara, en Bogotá, que vale 1.659 millones.
En el Virrey encontré un apartamento de 490 metros y excelente precio -para el vendedor-, apenas ¡9.000 millones de pesos!, que tampoco estaría al alcance del “terrateniente” que ofrece su finca de 500 hectáreas y buena casa en Ayapel, Córdoba, por 6.000 millones. Ni que decir del penthouse de 1.000 metros en el Parque de la 93, que vale la bicoca de ¡14.000 millones!, que podría comprar el ganadero que vende su finca en Ciénaga de Oro, Córdoba, con excelente casa, agua e infraestructura productiva, por 18.000 millones, solo que él está entregando ¡600 hectáreas! de la mejor tierra del país.
Era un decir que los ganaderos solo se volvían ricos cuando morían, aunque los ricos eran entonces sus herederos, o cuando vendían su tierra, pero hoy ni siquiera eso es cierto, pues “feriar” sus tierras tampoco les alcanza para mucho, una realidad que no se compadece con el estigma de “terratenientes”, con una riqueza y un poder que no tienen.
Que los dueños de la tierra eran los más ricos del país fue cierto quizás hasta comienzos del siglo pasado, cuando arrastrábamos todavía la concentración originaria que nos dejó el dominio español; cuando la tierra representaba poder económico y político; cuando gran parte de esa concentración originaria aún no se había convertido en el capital semilla que permitió el nacimiento de la industria, la banca y el gran comercio, los nuevos ricos; cuando todavía un personaje como don Pepe Sierra, cañero, ganadero y, claro, gran terrateniente, él sí, podía hasta ser prestamista del gobierno.
Pero hoy, sin decir tampoco que un ganadero grande o mediano sea pobre, hace mucho que no es allí donde están concentrados la riqueza y el poder político, algo que solo está en la cabeza del comunismo clásico, que le asigna a la propiedad privada de la tierra la condición de “pecado original”, responsable de la pobreza y de todos los males, mentira con la que incendiaron de violencia “revolucionaria” a América Latina durante décadas…, incendio que en Colombia aún no se apaga.
Ahora miremos otras comparaciones. El catastro urbano de Bogotá, con 2,7 millones de predios vale 729,3 billones de pesos; el catastro rural ¡de todo el país!, con 4,7 millones de predios, vale apenas 212 billones; es decir, que lo que vale toda la tierra rural del país no compra ni la tercera parte de los predios bogotanos.
Toda la tierra urbana y rural, según catastro, valdría 1.546 billones de pesos, equivalentes a unos 466.000 millones de dólares, algo más de los 416.000 millones que vale Amazon, o los 352.000 de Apple. Si estas dos empresas se unieran con Microsoft y Google, podrían comprar ¡tres veces! el territorio nacional.
Hasta el siglo XVIII, los fisiócratas aseguraban que solo la tierra generaba riqueza y despreciaban al comercio y la industria como ociosos. La Revolución Industrial desbarató esa teoría hace tres siglos, mientras nosotros seguimos en la discusión feudal sobre la tierra como paradigma de riqueza, hoy desplazada por los llamados sectores modernos de la economía.
¿Quiénes son los verdaderos ricos del mundo, quiénes los de Colombia? Miren a ver, pero entre los “ganaderos terratenientes” no los van a encontrar.
Bogotá, D. C, 19 de septiembre de 2022
*Presidente de Fedegan
@jflafaurie
Por Amylkar D. Acosta M*.- La inflación galopante ha elevado el índice de precios al consumidor (IPC), con una variación anual hasta agosto del 10.84%, el más alto registrado desde 1999. La tarifa de los servicios públicos son los que han llevado la peor parte, con un incremento del 25.9%, más del doble, la del servicio de energía particularmente subió, en promedio, por encima del 30%, casi el triple (¡!). Las alzas en las tarifas de energía en la región Caribe son aún mayores, por decir lo menos escandalosas, desfasadas, superando el 40%, más de 14 puntos porcentuales con respecto al resto del país.
Y eso que el alza no ha sido mayor porque las empresas prestadoras del servicio han venido aplicando la llamada “opción tarifaria” desde el 2020, a raiz de la crisis pandémica, que consiste en diferir el pago de las alzas tarifarias, no su congelamiento como equivocadamente interpretaron muchos. Y, como no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague, las empresas están empezando a cobrar lo que se dejó de pagar en los años anteriores y el saldo por cobrar a los usuarios suma alrededor de los $4 billones (¡!).
A la pérdida de poder adquisitivo del ingreso de quienes lo tienen por cuenta de la inflación, se vinieron a sumar estas alzas desmesuradas que aboca a los usuarios, especialmente a los estratos 1, 2 y 3, a la disyuntiva de pagar la factura del servicio de energía o comer. Huelga decir que estas alzas desproporcionadas de las tarifas de energía no sólo afecta al mercado regulado (residencial) sino también al comercio y a la industria, frenando la reactivación en ciernes de la economía y menguando su competitividad.
Para un mejor entendimiento de las causas que han provocado esta hiperinflación de las tarifas de energía, me permito hacer un poco de pedagogía. Partamos de la base que en la factura que recibe el usuario mensualmente se le discriminan los cargos que por distintos conceptos determinan la tarifa aplicable, conocida como Costo unitario (CU), son ellos: generación (G) + transmisión (T) + distribución (D) + comercialización (C) + pérdidas reconocidas (PR) + restricciones (R).
De estos cargos el que tiene el mayor peso es la generación de la energía (G), que representa aproximadamente el 30%. Se trata del precio de la energía, ya sea en Bolsa, más conocido como mercado spot, 20% en promedio, o el precio fijado en los contratos bilaterales entre los comercializadores y los generadores, el 80% restante, caso en el cual se respetan y sostienen los precios transados. Inexplicablemente, en momentos en los que los embalses, a consecuencia del fenómeno de la Niña, están rebosados, con niveles que superan el 80%, los precios en Bolsa se han incrementado cerca del 200% en las últimas semanas. Ello es contraintuitivo, por ello no es sólo el Presidente de la República Gustavo Petro quien observa un “comportamiento extraño” de los precios de la energía.
Llama poderosamente la atención que concomitantemente con esta escalada alcista de los precios y las tarifas de energía al usuario final, las empresas generadoras de energía, especialmente las que operan las centrales de generación hídrica, han visto un crecimiento inusitado de sus utilidades operacionales en el último año y no es para menos dado que el precio de la energía en los contratos bilaterales entre enero de 2021 y julio de 2022 tuvo un incremento exorbitante del 28.6% (¡!). Y ello, obviamente, se refleja en sus resultados operacionales, los cuales crecieron para las tres principales de ellas (EPM, ENEL e ISAGEN), en promedio, el 27.71% (¡!)). Ello no se compadece con el drama y las afugias por las que atraviesan los usuarios del servicio de energía.
Si bien los precios en Bolsa sólo afectan el 20% de la energía que compran los distribuidores, que en el argot técnico se conocen como los operadores de red (OR), los contratos bilaterales han visto impactados sus precios en el último año, por el cambio de metodología de cálculo del Índice de precios al productor oferta interna (IPP - OI) que se le antojó al DANE, en un 22.75%. Y lo que es peor, desde febrero de 2021, justo cuando se dio dicho cambio, hasta la fecha su brusco crecimiento ha sido del 33.25%, que contrasta con el IPP que se venía aplicando con antelación que que tuvo una variación de sólo el 4.7% entre los años 2018 y 2019 (¡!), históricamente casi siempre por debajo del IPC. Hasta ahora no se conoce una explicación de este exabrupto porque el DANE calla como ostra.
Madrid, septiembre 17 de 2022
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
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Por Paloma Valencia*.- Petro declaró de enemigo del medio ambiente al sector hidrocarburos, y por lo tanto, anunció la suspensión de contratos de exploración de petróleo y gas. En el mundo las emisiones de GEI -especialmente emitidos por los combustibles fósiles- han creado el fenómeno del calentamiento global. Debe ser un compromiso de todas las naciones combatirlo, reducir emisiones. La pregunta que los colombianos nos debemos hacer es ¿acabar el sector de hidrocarburos de Colombia sirve para combatir el cambio climático?
La respuesta es NO. Colombia produce el 0,46% de las emisiones globales de CO2. Nuestras emisiones están producidas en un 37% por la deforestación, un 18% por el sector agropecuario, un 12% por el transporte y un 10% por el sector energético al que habría que adicionarles las emisiones fugitivas que son el 4%. Precisamente por eso, no producir petróleo y gas en nada mejora las emisiones de nuestro país. Es más, seguiremos usando los carros, la maquinaria, las estufas que consumen esos combustibles… entonces simplemente tendríamos que importarlos, como lo ha sugerido la ministra de minas y el embajador Benedetti, y como van las cosas sería de Venezuela.
El sector hidrocarburos produce 6% del PIB nacional, el 15% del presupuesto nacional, el 33% del presupuesto de la inversión de regalías y el 34% de la inversión extranjera directa. Además, produce entre 40% y 60% de las exportaciones del país, unos 20 mil millones de dólares.
Si queremos avanzar en reducir nuestras emisiones y controlar el cambio climático -en el pequeño porcentaje que nos toca- tenemos que detener la deforestación; mejorar nuestras prácticas agropecuarias y avanzar con más velocidad por la ruta de transición energética y el cambio de nuestro parque automotor a vehículos más limpios.
La deforestación es el primer gran reto. Su causa principal es la conversión de áreas rurales en pastizales. Estas conversiones están asociadas al acaparamiento de tierras y la coca. Casi 30% está relacionada con la coca. El 22,4% de la deforestación nacional se encuentra a menos de 1 km de los cultivos de coca. ¿Cuál el programa de Petro contra la lucha del narcotráfico? ¿Cuál es su política para detener la deforestación? Combatir la deforestación requiere recursos, y muchos. Por un lado recursos para las familias que están en los límites de la selva para que la preserven, y por el otro para combatir las mafias de droga, minería ilegal y tráfico de madera y fauna. ¿No le conviene más al país usar las ganancias que nos deja el sector petrolero para enfrentar este reto?
El segundo contaminante es el sector agropecuario. El 62% de la contaminación está relacionado con el sector ganadero, pues utilizamos 38 millones de hectáreas para ese fin. La ganadería puede ser una actividad que capture mucho CO2 pero requiere más tecnificación hacia cultivos silvopastoriles y mejoramiento de pradera, o incluso cultivos que tengan capacidad de mejorar nuestras emisiones. ¿Dónde están los programas y proyectos de reconversión ganadera? Eso también requiere recursos. ¿Si en vez de prohibir el gas y el petróleo usamos esos ingresos con estos propósitos?
El tercer sector es el transporte. El 38% de las emisiones es por la quema de combustibles en camiones para servicio pesado y autobuses. Por nuestra ley del CD hoy ocupamos el primer puesto en Latinoamérica en número de carros eléctricos con más de 8 mil vehículos. Tenemos la segunda flota de transporte más vieja de Latam, se requieren incentivos para cambiarla hacia vehículos con menos emisiones. Tampoco en ello hemos oído nada del gobierno.
Bogotá, D. C, 16 de septiembre de 2022
*Senadora del Centro Democrático.
Por Gabriel Ortiz*.- El hampa se tomó la capital. No pasa un solo día sin que la criminalidad invada los medios de comunicación, con incontables y tenebrosos hechos delictivos en las 20 localidades. El encierro por el covid19, lo han superado las bandas de delincuentes, que se adueñaron de la ciudad. Salir de casa es una osadía, porque nadie sabe si regresará.
Se pensaba que solo eran 20 bandas de hampones colombianos, las que asechaban a los 8 millones de habitantes de la capital; las últimas investigaciones estiman que pasan de 100.
Gran parte de ellas están integradas por venezolanos que han desplazado a base de torturas, desmembramiento y crueldad criminal a los bandidos nacionales. Así han tomado el control verdugo y territorial de Bogotá.
Nunca se pensó que la apertura populista y politiquera, de abrir nuestra frontera a los vecinos, con un estatuto migratorio loable pero incompleto, se convirtiera en un remedo del éxodo de los “marielitos”, con los que Castro quiso invadir de delincuentes cubanos a Estados Unidos, en el siglo pasado.
Tremendo desprestigio enloda a los millares de migrantes venezolanos, honrados y trabajadores de bien, a quienes se les mezcló el hampa que hoy invade a Bogotá, a pueblos y ciudades.
El tren de aragua, los mileán, yeicos masacre, y maracuchos, montaron sus organizaciones delincuentes para robar celulares, atracar, extorsionar y montar verdaderas organizaciones dedicadas al microtráfico, el asesinato, el hurto, la trata de blancas, la prostitución infantil, la tortura, el desmembramiento y toda una gama de crueldad asesina. No hay sitio, lugar o vehículo fiable y seguro.
Celular, dinero o joyas, son ahora el salvoconducto para salir de casa. Los usuarios de Transmilenio y buses, son asaltados con cuchillos y armas de fuego. Los sitios de esparcimiento para salir con la familia y los amigos, se han convertido en atracaderos. Los restaurantes y hasta las iglesias son territorios preferidos por los delincuentes.
Es tal la congestión del 123 para pedir auxilio a la policía, que cuando responde, ya los hampones han tomado las de Villadiego o alcanzado los comercios que les sirven de cómplices para comprar el producto de las fechorías. Se sabe cuales son, en donde están y como actúan, pero no existe autoridad que los sorprenda.
Ahí no termina el infortunio de los capitalinos. Quienes poseen un coche y se lanzan a los trancones de “villahuecos”, deben enfrentarse a los pinchadores y raponeros rompevidrios, que en el primer semáforo los asaltan, o los asesinan, si no llevan algo de valor.
Esta no es una ciudad, no es un Distrito, no es una Capital. Es un villorrio sin Dios ni Ley, donde subsistir, es una proeza. Es tal la inseguridad, que no hay autoridad suficiente para contenerla, mientras el hampa, encierro y pánico triunfan.
BLANCO: ¡Bajarán tarifas eléctricas! Y ¿cuándo las del GAS?
NEGRO: Otro gran colombiano que nos abandona: el exministro Jaime García Parra, hombre de gran sabiduría cafetera y económica. Hubiera sido un gran presidente.
Bogotá, D. C, 15 de septiembre de 2022
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por Jorge E. Robledo*.- En el último año, en Colombia las tarifas de la electricidad aumentaron el 25,9 por ciento, más del doble que la inflación y que el alza de los salarios. Pero en el Caribe el incremento fue bastante mayor: Santa Marta 49,9 por ciento, Riohacha 47,1, Barranquilla 44,4, Montería 44,4, Sincelejo 40,7, Valledupar 40,4, y Cartagena 39,2, agravando las condiciones de desempleo, pobreza y hambre de la región, de las peores del país.
El encarecimiento de la electricidad en la Costa –empeorado por el mayor consumo que imponen las altas temperaturas–, obedece a que así lo aprobó el duquismo –con votos en contra, como el mío– en la Ley 1955 de 2019, del Plan de Desarrollo de Iván Duque. Para favorecer a lo que luego serían Air-e y Afinia, las dos empresas que se repartieron a Electricaribe. “Régimen Tarifario Especial” –especial de caro–, llamaron ellos al engendro.
Y lo peor es que este tormento a los costeños no ha terminado. Porque las tarifas deben seguir subiendo muy por encima de la inflación, hasta alcanzar el 88 por ciento real, dado que el incremento “apenas” va en el 46 por ciento, la mitad de lo legalmente ordenado.
En la gran molestia que hay en la Costa –que llevó a los alcaldes de sus capitales a reclamarle a este gobierno urgentes soluciones– cuentan horribles secretos de esta historia que el Contralor no develó, aunque se lo solicité hace dos años.
Porque Iván Duque y sus ministros decidieron que fueran secretos los detalles del negocio y el precio de venta de Electricaribe a Air-e –de Alberto Ríos Velilla y de otros– y a Afinia –de EPM–, ocultamiento que se mantiene y que justificaron con la falacia de que era un negocio “entre privados”, cuando el ciento por ciento de las decisiones las tomaron funcionarios públicos luego de que Electricaribe, por su fracaso, quedara bajo control del Estado, que además se gastó en ella $13 billones, entre los que estuvo asumir su pasivo pensional y regalarles a los compradores la cartera.
Si algo se supo de cipote torcido fue porque empleados de Enerpereira –de despistados– publicaron el secreto de que habían pagado $285.000 millones por la que sería Air-e, a pesar de que luego la Creg reconoció que esos activos valían $2,44 billones, cifra sobre la que el gobierno les reconoce la muy alta ganancia en dólares del 11,36 por ciento, superutilidad que pagan los usuarios con sus elevadísimas tarifas.
Sobre otros torcidos del regalo a Air-e y a Afinia hay dos artículos de Aurelio Suárez que vale la pena conocer. En ellos aparece que Air-e –que se oculta en Panamá– les cobra a los usuarios el 35 por ciento del impuesto de renta, cuando en realidad paga el 17,6, y también los obligan a pagar las pérdidas de electricidad provocadas por la ineficiencia de la empresa.
Sobre qué hacer para proteger a los costeños –y debe hacerlo el gobierno de Petro, así el problema lo creara Duque–, se necesitan por lo menos tres determinaciones: 1. Suspender nuevas alzas en las tarifas. 2. Por lesión enorme, revisar y modificar las condiciones del negocio con Air-e y Afinia. 3. Que el Estado, con sus recursos, asuma parte de las tarifas y/o de las inversiones necesarias.
Coletilla: mucho tiene que haber oculto para que del gobierno de Gustavo Petro hagan parte los partidos Liberal, Conservador y de la U.
Bogotá, D. C, 14 de septiembre de 2022
*Exsenador de la República.
Por Mario Ramírez*.- Sin renunciar a nuestros sentimientos nacionales, los latinoamericanos nos sentimos concernidos en una especie de nacionalismo continental. Personalmente he llegado a un punto en que siendo colombiano y sin renunciar a serlo, me daría lo mismo ser de cualquier país siempre que fuera latinoamericano. Es que si nos pusiéramos a hablar de las diferencias entre nuestros países, nos tocaría ponernos a cortar más delgado y hablar entonces de las diferencias entre una región y otra. Somos y nos sentimos cada vez más latinoamericanos. GABRIEL GARCIA MARQUEZ
La pregunta que nos debemos hacer los colombianos en estos momentos, es la siguiente: Colombia es un Estado soberano?
Después de la independencia en 1810, hemos tenido periodos de incertidumbre y hasta una época de Patria boba, durante casi seis años, durante los cuales la Nueva Granada navegaba al garete, sin rumbo y sin horizontes claros y definidos.
Cada provincia quería tener su propia gobernabilidad e independencia. Posteriormente, viene la época neogranadina, de 1.832 hasta el año de 1.863 cuando los estados soberanos se unen y se federalizan , formando una nación libre , soberana e independiente, bajo el nombre de los Estados Unidos de Colombia, hasta el año de 1.885 que empezamos a llamarnos República de Colombia.
En nuestra Constitución de 1991, se estableció en el Artículo 1. “Colombia es un Estado de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía etc. Y el Artículo 3- nos dice: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución así lo establece”. En nuestra Constitución Política en letras de molde, se ve muy bien, y cuando se lee, se escucha muy bonito, pero la realidad, de acuerdo con los hechos es otra.
Durante muchas décadas los Estados Unidos, han influido en nuestros asuntos internos, a través de ayudas, tratados y acuerdos de cooperación.
Esas épocas están cambiando, y más aceleradamente con la llegada del presidente Gustavo Petro, quien quiere abrir mercados y cooperación con otros países como Rusia, China, Turquía y Venezuela entre otros.
Es tan evidente la injerencia estadunidense en Latinoamérica que el senador norteamericano, por el estado de Virginia y exfuncionario de la Otan, Richard Black, declaró: ”tienen que terminarse las operaciones de cambio de régimen que ha emprendido Estados Unidos contra Venezuela y también en otros países del continente americano, y las sanciones que están provocando “sufrimientos inimaginables” a mucha gente, deben ser derogadas”.
Estados Unidos ha “satanizado” la moneda venezolana, haciéndola “inservible”, y luego decimos: ‘Miren qué mal gobierno es éste, su moneda no vale nada’. Y no fueron ellos los que la hicieron inservible, sino que “nosotros hicimos que no valiera nada”, argumentó Black.
“Luego, tenemos un bloqueo, de hecho, a sus exportaciones petroleras… y entonces decimos: ‘Pero fíjense, no pueden dar de comer a su población’. Y ¿saben qué?, no pueden dar de comer a su población porque nosotros hemos cortado toda su fuente de ingresos” señaló.
En su primera salida internacional a Chile , el presidente Colombiano Gustavo Petro emprendió la tarea de buscar la unidad latinoamericana y aseguró que para la region es «hora de dejar atrás los bloques, los grupos y las diferencias ideológicas para trabajar juntos», con Boric habló de relanzar la Comunidad Andina y fortalecer la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
«Hemos hablado particularmente de revitalizar la Comunidad Andina (…) que tuvo en las épocas del pensamiento económico de la Cepal un papel muy importante en la planificación de los procesos de industrialización de nuestros países», dijo Petro en una rueda de prensa conjunta tras la reunión bilateral con Boric.
Al conmemorarse el Día de la Unidad Latinoamericana y del Caribe, se rescataron la importancia de los sueños de integración que tenía el Libertador Simón Bolívar en el Congreso Anfictiónico que se instaló en Panamá el 22 de junio de 1826.
Entre los líderes contemporáneos que siguieron la línea de la integración latinoamericana, destacan entre otros Dilma Rouseff, Hugo Chávez, Fidel Castro, Cristina Fernández de Kirchner y José Mujica.
Mientras que los Estados Unidos sigan actuando con su política neocolonial en la América Latina, considerando que estas naciones son su patio trasero, van a seguir perdiendo terreno e influencia, que han tenido desde el siglo IX y a lo largo del siglo XX, durante los cuales los estadounidenses disfrutaban de una autoridad incuestionable en estos países.
Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil, Bolivia y Chile están tratando de seguir una política independiente activando alternativas al predominio estadounidense.
Bogotá, D. C, 14 de septiembre de 2022
*Abogado y Periodista.
Por Amylkar D. Acosta M*.- El Presidente de la República Gustavo Petro, anunció en la clausura del XXIV Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia (ANDESCO) que tuvo lugar en Cartagena, que el Gobierno Nacional va a asumir las funciones que hoy ejerce la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en virtud de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos que la creó. Manifestó que para ello apelará al parágrafo 3º del artículo 290 de la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo, el cual dispuso que “las competencias establecidas en este artículo podrán ser asumidas por el Presidente de la República o por el Ministerio de Minas y Energía, según a quien corresponda la función delegada en la CREG”, en el artículo 68 de la Ley de servicios públicos.
El Presidente de ANDESCO Camilo Sánchez manifestó su desacuerdo con la decisión anunciada por el Presidente y la consideró improcedente, aduciendo que la Ley del Plan de desarrollo del anterior gobierno, por haber concluido su cuatrienio, perdió vigencia y no resistiría una demanda ante el Consejo de Estado. Pero, de ser ello cierto, también quedaría sin efecto el paquete de medidas contempladas en el mismo atinentes a la expedición de un régimen regulatorio especial para la prestación del servicio de energía en la región Caribe, especialmente en los artículos 318 y 289 de la misma. De prosperar dicha demanda quedarían sin piso también los decretos que lo reglamentan y las resoluciones de la CREG que fijan las tarifas a Air-e y Afinia.
Manifestó el Presidente Petro que antes de proceder en consecuencia abrirá “primero un espacio de diálogo” con el objeto de revisar el marco regulatorio vigente puesto a prueba por las alzas desmesuradas de las tarifas de la energía, sobre todo en la región Caribe y explorar salidas a la actual encrucijada. El diálogo propuesto por el Presidente debe ser incluyente y soportado en criterios técnicos para evitar un salto al vacío.
La verdad sea dicha, cuando el Presidente Petro anuncia la intervención de la CREG, en rigor de lo que se trata es de un cambio de interventor, porque de hecho ya fue intervenida por el anterior gobierno, al hacerse al control de la misma, habida cuenta que a la fecha la totalidad de los seis integrantes de la misma fueron nombrados por el Presidente Duque. Es más, de ellos sólo dos podrán ser reemplazados al término de sus períodos, que son de cuatro años, uno en noviembre de este año y otro en junio del año entrante, los otros cuatro, como fueron nombrados recientemente, permanecerán en sus cargos durante todo el período del actual Presidente de la República. Ello deja mucho qué desear de la autonomía y del carácter técnico atribuido a la CREG por ministerio de la Ley que la creó.
En mi modesto concepto la intervención de la CREG no debería conducir a la supresión de la misma, puesto que el papel regulador que se reserva el Estado, según lo dispuesto en la nueva Constitución política que data desde 1991, es inmanente al funcionamiento apropiado del mercado, máxime en tratándose del sistema energético, en el que varios de los agentes operan un monopolio natural, como lo es el transporte y la distribución de la energía. Al mercado no se le puede dejar al garete. Para ello, aquí y en cafarnaúm, se requiere contar con un órgano regulador que “raye la cancha”, establezca las reglas de funcionamiento y vele por el cumplimiento de las mismas.
Es entendible y justificado que, si las circunstancias así lo ameritan, el Ministerio de Minas y Energía reasuma las funciones y competencias delegadas en la CREG, así como ha venido ocurriendo en los países que integran la Unión Europea (UE), pero ello debe tener un carácter excepcional y temporal. Al fin y al cabo la misión del Ministerio debe estar centrada en la identificación y caracterización del sector, la formulación, seguimiento, implementación y evaluación de las políticas públicas. No cuenta ni con la estructura ni las competencias para asumir las de la CREG en forma permanente. De dicha intervención el sector energético del país debe salir fortalecido, para garantizar tanto la seguridad como la soberanía energética del país, fundamentales para el buen suceso de la economía y el bienestar de los usuarios del servicio.
Bogotá, septiembre 13 de 2022
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Por José G. Hernández*.- Manifiesta el artículo 1 de la Constitución que Colombia es un Estado Social de Derecho. Su preámbulo expresa, con meridiana claridad, que ella se promulgó, entre otras finalidades, para asegurar a los integrantes de nuestra población “la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo”.
Y, por si fuera poco, el artículo 2 establece, entre los fines esenciales del Estado, “…servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”.
Esto no debe ser algo teórico y formal, sino real. El Estado no puede permanecer inactivo ante las carencias, necesidades insatisfechas de las personas y familias, hambre, desempleo, carestía de los productos y servicios esenciales, ni ante los abusos de empresas, intermediarios y distribuidores, gracias a su posición dominante en el mercado.
El artículo 13 superior ordena al Estado, para realizar la igualdad real y efectiva, adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados, proteger especialmente a personas que se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta, y sancionar los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
Reafirmado ello en el artículo 333, a cuyo tenor, “la empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones”. El Estado debe impedir que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitar o controlar “cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional”.
El 334 estipula que el Estado, como director general de la economía, “intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía.
En materia de servicios públicos, la Constitución entiende que son inherentes a la finalidad social del Estado y que es su deber “asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”.
Según el artículo 370 de la Constitución corresponde al presidente de la República trazar “las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten”. Y dice el 189 que le compete, como suprema autoridad administrativa “ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos”.
Así que el presidente goza de plenas facultades constitucionales y legales en estas materias, y, en consecuencia, serán él y su equipo de gobierno quienes fijen unas políticas económicas que permitan realizar el Estado Social de Derecho, impedir alzas desmesuradas en servicios como la energía, o en productos como los alimentos, la salud o los combustibles.
Las atribuciones estatales son, como dice el artículo 334, para conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y su acceso efectivo a los bienes y servicios básicos.
Si, para ello, el Gobierno tiene que intervenir, puede y debe intervenir.
Bogotá, D. C, 14 de septiembre de 2022
*Expresidente de la Corte Constitucional
