Opinión
Por Simón Gaviria*.- Una de las principales innovaciones de la reforma tributaria es la de redefinir la territorialidad de los tributos. En otras palabras, los OTTs (Over The Top) como Netflix, YouTube o HBO deberán pagar impuestos sobre sus rentas en Colombia. Los antecedentes de esta mejora, los creamos en la reforma tributaria de 2016 cuando se les obligó a recaudar IVA. Con los avances de la economía digital, el concepto de territorialidad con el cual se construyeron las tesis tributarias de renta del siglo XX pierde fuerza; se empieza a tributar, no desde donde se produce un bien o un servicio, sino desde donde se consume. La reforma tributaria no solo forja historia en Colombia, crea precedentes globales.
La OECD validó la decisión de Colombia de requerir que las OTTs recaudaran IVA. Con 85% de la pauta digital nacional en manos de Facebook y Google, que no cobraban IVA, tenían una ventaja comparativa injusta. Aunque no se puede culpar el avance de la tecnología, tampoco se puede permitir que se facture publicidad vista en Colombia como irlandesa, para no pagar IVA. Inclusive, si esa pauta que llevó a Google a ser el segundo grupo de medios en Colombia, estuviera disponible, muchos medios de comunicación nacionales no hubieran quebrado. Es verdad que la venta no era en Colombia y que muchas OTTs ni tenían presencia en el país, pero esas son las consecuencias del avance tecnológico, innovación tributaria. Ya el impuesto está superando los $250 mil millones de recaudo.
La modificación del impuesto de renta se reglamenta bajo la figura de presencia económica significativa, no es especificó sobre las OTTs. Crea tres nuevas condiciones para pagar el impuesto para no residentes: ventas nacionales por más de $1,189 millones, uso empresarial del dominio .co, y más de 300,000 usuarios. La primera condición es muy amplia, haría que casi todos los exportadores al país se volvieran contribuyentes de renta. La falta de acuerdos de doble tributación del país causaría un caos de comercio indescriptible, para no decir que podría ser abiertamente violatorio de las normas de la OMC. Las otras dos condiciones son novedosas e innovadoras.
La legislación actual para OTTs solo cubre 108 empresas donde se cobra el 0.5% de su facturación como impuesto de renta. La reforma lleva la contribución de estas empresas a la par con los demás contribuyentes colombianos. El reto está en que estas empresas con presencia económica significativa deben llevar una segunda contabilidad para su actividad colombiana. Construir esta contabilidad traería retos sustanciales como calcular precios de transferencia de matrices que no cobran regalías. Por ejemplo, ¿cuánto cobra Google EEUU a Google Colombia por usar la tecnología de su buscador? Eso no está definido. Los retos de la reglamentación son sustanciales.
Impuesto al Carbono
Lo óptimo sería que la OECD acelerara el acuerdo global de renta digital para que cada país no contribuyera a una colcha de retazos. La OECD propone la transición de impuestos corporativos del domicilio hacia la ubicación de los consumidores. Como las principales empresas digitales son de EEUU, ese país ha frenado avances en esta materia. Si Colombia lidera esta legislación, sería precedente para más países. Después de la pandemia, siendo mucho más digitales, se tiene que avanzar.
Bogotá, D. C, 14 de septiembre de 2022
*Simón Gaviria, actual fellow del instituto Marron en NYU. Ex-director nacional de planeación y expresidente de la Cámara de Representantes.
Por: Guillermo García Realpe*.-El alza indiscriminada en las tarifas de servicios públicos, especialmente de energía y sobre todo en la Costa Atlántica, amerita un amplio debate nacional.
Lo que se vive hoy en el Caribe colombiano desde hace rato entró en crisis, originada por la privatización que asumió ELECTRICARIBE, una historia conocida por todo el país. No puede ser que en el Caribe el costo en las tarifas de energía haya subido cerca de un 45%, no hay bolsillo que resista una embestida de esas.
La gente hoy vive un doble calvario, es que prácticamente trabajan para pagar las onerosas tarifas de servicios públicos y ¡así no es! Y por si fuera poco, por otro lado, la inflación desbordada que sigue superando el 12%, una herencia del pasado gobierno.
Por eso, en buena hora el gobierno del presidente Gustavo Petro, sugiere la intervención de la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG- por parte del Ministerio de Minas y Energía, que tendrá la ardua labor de buscar fórmulas que frenen el incremento en las tarifas.
Un ente que ha venido pasando de agache en el actual debate. Esta entidad se había convertido en una especie de rueda suelta, sin resultados a la vista.
Ojalá el Ministerio de Minas escuche el clamor de algunos sectores que piden con urgencia que se convoque a los generadores para lograr acuerdos de actualización de los contratos bilaterales que reflejen la realidad tarifaria.
Aunque esa tarea no es fácil, se conoció por parte del Gerente de la Empresa Air-e, Jhon Jairo Toro, que el servicio de energía no va a bajar por la inflación, aseguró “que por ahora las tarifas de energía no van a bajar mientras la inflación siga con ese comportamiento”, anunciado este tipo de reacciones, lo que debe hacer el gobierno nacional es buscar consensos y fórmulas efectivas para frenar lo que a todas luces es un abuso evidente del cual viene siendo testigo silencioso el país desde hace varios años. Sin embargo, el Presidente de EPM, Jairo Carrillo, manifestó que esta empresa hará el máximo esfuerzo al cobrar en su fórmula la tarifa mínima autorizada por la CREG, lo que fue centro de aplauso por parte de los asistentes al Congreso Nacional de ANDESCO en Cartagena.
Colombia debe dar el salto en Transición Energética, pero de manera justa, donde se logre un consenso general con los usuarios, las empresas, los gobiernos departamentales y locales y por supuesto los gremios. La principal decisión que arroje ese diálogo generalizado entre todos los actores, debe ser que el bolsillo de la gente no debe seguirse viendo afectado, que haya justicia tarifaria y un servicio de buena calidad.
Esperamos que no se les vayan las luces a algunos, en las rondas de acercamiento para ponerle fin a uno de los problemas más comunes y que es el clamor de millones de colombianos.
En buena hora hubo transición de gobierno.
Bogotá, D. C, 13 de septiembre de 2022
*Exsenador Liberal.
@GGarciaRealpe
Por Humberto Tobón*.- Es impresionante cómo la inflación se salió de madre. Es un fenómeno mundial que parece no tener techo aun en la mayoría de los países y que afecta especialmente a los más pobres. En Colombia los expertos habían asegurado que en agosto el indicador empezaría a bajar y no sucedió.
La inflación en agosto fue de 1,02% y la variación anual llegó al 10,84%, de acuerdo con el DANE y dadas las condiciones de la economía mundial, las expectativas de que la situación mejore son poco halagüeñas en lo que resta del año.
Las soluciones basadas en el manual macroeconómico no han servido. Por eso, han fracasado aquí y en casi todas las naciones las decisiones basadas únicamente en el aumento de la tasa de interés de referencia de los bancos centrales. Frente a esto, los gobiernos deben adoptar medidas radicales e impopulares, pero necesarias y urgentes.
Una de esas medidas es la intervención por parte del gobierno de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, concebida por el expresidente Iván Duque, para regular el mercado de la energía y evitar la especulación de los actores del mercado. El país necesita que las tarifas se ubiquen en un rango que no afecte sustancialmente a las familias. Hoy los comisionados de la CREG actúan contravía de lo que hacen, por ejemplo, los países europeos, que han tomado posesión del mercado de la energía.
Intervenir el precio de las tarifas ayudará a disminuir la inflación, dado que el ítem de los servicios públicos básicos fue el que más aumento después de los alimentos. También se debería revisar la posibilidad de mirar la tarifa de agua potable.
El gobierno además puede establecer los precios de los fertilizantes, utilizando la importación estatal y la venta subsidiada a los productores del campo. Esto ayudará a disminuir los costos de producción de los alimentos, que han sido los que más han contribuido al desbordamiento de la inflación.
Así mismo, existe la posibilidad que el gobierno intervenga los precios de todos los alimentos, que, a propósito, tuvieron un aumento anual, al mes de agosto, del 25,2%, la cifra más alta en los últimos 22 años. Y esto se logra si las autoridades importan directamente la comida que no produce suficientemente el país, pero que se requiere, y se eliminan los aranceles temporalmente, cobijando con ello, también, al sector privado. Así como comprar directamente la producción alimentaria a los campesinos nacionales, eliminando intermediarios.
Y como en una economía de crisis las acciones tienen que ser radicales, otra determinación debería ser congelar el valor de todos los arrendamientos por seis meses, en el entendido que este es otro sector que golpea fuerte la fórmula de inflación.
Finalmente, el gobierno tiene el reto de definir cuál será el aumento del salario mínimo para 2023, sabiendo que los trabajadores perdieron desde el mes de julio el incremento que se aprobó para 2022 y que su capacidad de compra va en franco retroceso.
*Estos conceptos no comprometen a la RAP Eje Cafetero, de la que soy Subgerente de Planeación Regional
Septiembre 13 de 2022
Economista de la Universidad Libre. Estudió Administración Financiera en la EAN y Comunicación Social en la U Jorge Tadeo Lozano.
@humbertotobon
Por Juan Camilo Restrepo*.-Las cifras que ofreció el ministro de Hacienda en la comisión tercera del Senado no pudieron ser más inquietantes: el déficit del fondo de estabilización de combustibles alcanzará este año $ 37,1 billones. Para el 2023 el gobierno calcula que será de $ 27,8 billones.
Del déficit estimado para este año el gobierno Duque saneó $ 6,4 billones (con utilidades de Ecopetrol), y dejó en el presupuesto reservados $ 19,1 billones el déficit que se causará en el segundo semestre del 2022. Queda todavía un hueco que por financiar para 2022 de $ 11,6 billones. La sumatoria de estas tres cifras (6,4+19,1+11,6) es lo que arroja un déficit agregado para el 2022 de 37,1 billones. Suma que, como es fácil observar, resulta superior a todo lo que va a recaudar la reforma tributaria. Ya el ministro Ocampo informó que los 11, 6 billones del déficit no cubiertos quedarán sin apropiación alguna en el presupuesto del 2023. O sea, Dios proveerá.
Este es, sin lugar a duda, el problema fiscal más delicado que tiene el gobierno Petro. Y es el precio que estamos pagando por haber dejado rezagar el precio doméstico de los combustibles a uno de los niveles más bajos de América Latina, apenas superado por Bolivia y Venezuela.
Solo queda un camino: comenzar una tarea gradual pero permanente de reajuste en los precios internos. Cosa que empezó a hacer titubeantemente el gobierno Duque pero que al de Petro le corresponde encarar con toda decisión. Así ello le acarre un grave desgaste político. No hay otra salida.
El fondo de estabilización de los combustibles resultó ser una peligrosa droga: ofrece la sensación equivocada en el surtidor de gasolina que las cosas están tranquilas pues los precios domésticos se aíslan de los externos, a pesar de que los precios de los energéticos están trastornados en grado extremo por la geopolítica internacional.
La seriedad del gobierno Petro en el manejo de los asuntos económicos va a tener en la política de ajustes de precios domésticos su prueba de fuego. No será fácil. No será popular. No es tampoco el mejor momento para hacerlo con el ritmo que trae la inflación. Pero es indispensable.
El problema fiscal se agudiza si se tiene en cuenta el oscuro panorama presupuestal. Los programas de inversión quedaron castigados en $10 billones en el presupuesto que preparó el gobierno Duque para el 2023. Es entendible que los nuevos ministros encuentran que sus programas no caben dentro tan precarias disponibilidades. Solo cuando se apruebe la reforma tributaria, y no antes, es decir el año entrante (informó el ministro de hacienda), se presentará un adicional al congreso para darle entrada a algunos de los programas sociales más apremiantes. Antes es imposible por cuestiones legales toda vez que los ingresos que vienen de la reforma no están aprobados.
Abandonar los precios domésticos subsidiados de los combustibles fósiles no solo es el mejor medicamento para evitar que el déficit del fondo de estabilización se vuelva inmanejable. Es también la mejor de las políticas para avanzar hacia la transición energética coherente.
En este momento existen dos tesis para desalentar el consumo de combustibles fósiles (petróleo y gas) y para avanza hacia la transición energética inteligente: una, la que está practicando todo el mundo que consiste en encarecer el uso de combustibles a los usuarios; y la otra, la nuestra, la que puso de moda el presidente Petro durante su campaña pero que aún es tiempo de rectificar: reducir la producción futura desacelerando la exploración presente.
Con los precios de los combustibles fósiles más bajos de América Latina, luego de Bolivia y Venezuela, es bien improbable que vayamos a apresurar la transición energética.
En los próximos días veremos si Colombia persiste en tomar el camino equivocado para acelerar la transición energética; o si rectifica una política que apenas comienza a vislumbrarse pero que puede llegar a ser insostenible.
La manera como se manejen los precios domésticos de los combustibles, y el instrumento que se utilice para mandar mensajes correctos al mercado para moderar la demanda de combustibles fósiles, será la clave de todo.
Bogotá, D. C, 12 de septiembre de 2022
Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por José Félix Lafaurie*.- En rueda de prensa del 30 de agosto, la vicepresidenta y los ministros del Interior, Defensa y Agricultura les dieron 48 horas a los indígenas del Cauca para desalojar las fincas invadidas, 24 según el portal del Comité Regional Indígena del Cauca, CRIC. La respuesta fue retadora y hasta linda con el Código Penal, que poco les importa pues tienen su propia justicia: No solo no desalojan, sino que seguirán invadiendo.
Nada llena las exigencias indígenas; de nada valió que el presidente les diera la Embajada ante Naciones Unidas, la Unidad de Víctimas y la de Restitución de Tierras, esta última a un vocero del CRIC, una organización que, desde hace años y alentada por el garantismo de la Constitución del 91, levantó la bandera de “la recuperación de la madre tierra” con base en “derechos ancestrales” que desconocen la realidad de la conquista, injusta y depredadora, sí, como todas las conquistas, pero de ahí a pretender derechos de propiedad con más de cinco siglos hay mucho trecho.
Ahora bien, los indígenas no son precisamente unos desposeídos. Su población no sobrepasa los dos millones, de los cuales el 58% vive en 717 resguardos que suman 35 millones de hectáreas, según la ANT. Que mucha de esa tierra es de conservación, sí, pero no toda; que no es la mejor tierra, puede ser, pero tampoco la peor, y son más de 10 millones de hectáreas productivas, y al final, qué reclaman, si ni siquiera pagan predial, pues los municipios donde están ubicados le pasan la factura del predial indígena al Presupuesto Nacional; es decir, se lo pagamos entre todos.
Pero no son solo los indígenas; la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán, no conforme con el compromiso del presidente con las Zonas de Reserva Campesina y el Fondo Gratuito de 3 millones de hectáreas, publica un comunicado, en el portal del CRIC para variar, donde anuncia su propia Reforma Agraria Integral y Popular, con la meta de ¡10 millones de hectáreas! en “Territorios Campesinos Agroalimentarios”.
Tierra y solidaridad ganadera
El anuncio gubernamental de que “habrá reforma agraria”, como las de siempre, basada en la redistribución de la tierra, como si la sola propiedad produjera riqueza, y no en la generación de condiciones para volverla productiva y hacer digna la vida rural, ha desencadenado invasiones de comunidades que se sienten autorizadas a anticiparse a la reforma, o de invasores a sueldo que generan violencia con oscuros intereses, o mejor, con intereses sabidos: los del narcotráfico.
Son señales inquietantes; la última es el nombramiento de Gerardo Vega, despojador cuando perteneció al EPL, y abogado de presuntas víctimas de despojo, como director de la entidad encargada de ejecutar la Reforma Agraria, la Agencia Nacional de Tierras.
Mientras tanto, pasaron las 48 horas y... las invasiones siguen; hoy son más de 50 en 18 departamentos.
Bogotá, D. C, 12 de septiembre de 2022
*Presidente de Fedegán
@jflafaurie
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Una de las herencias más complicadas que recibió el gobierno Petro de su antecesor es el manejo del precio de la gasolina que lo tiene entre la espada y la pared: Si lo aumenta, va a presionar la inflación al alza y a generar fuertes protestas sociales, pero si no lo aumenta, va a incrementar el déficit fiscal en cerca de 28 billones de pesos.
El problema surge de la gran diferencia que hoy existe entre el precio del galón de combustible que pagamos en las estaciones de servicio (entre $9.200 y $9.600, según la ciudad), y el precio que deberíamos pagar con el barril de petróleo alrededor de USD 100 (unos $17.000).
Ese diferencial de precios lo debe cubrir el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que le paga a los productores de gasolina la diferencia. Con un consumo doméstico de unos 4 millones de galones de combustibles (gasolina y diésel) al año, y un subsidio de $7.000/galón, la cuenta de cobro al FEPC será de $28 billones en este año, y la única fuente de recursos para pagarlos es el presupuesto nacional, es decir mayor gasto público y mayor déficit.
El problema se agudizó en el último año, pues mientras que con la devaluación y el precio internacional, el barril de petróleo pasó de $270.000 a $480.000, (incremento de 185%), el galón de gasolina solo llegó a $9.500, un precio menor que antes de la pandemia.
Por razones políticas (año electoral) el gobierno Duque no empezó a ajustar el precio de la gasolina y le dejó el problema al nuevo gobierno, proponiendo un aumento de $250 mensuales en el galón de combustible, pero solo a partir de este mes de agosto. Si lo hubiera hecho desde que empezó a subir el precio del petróleo y la inflación era más baja, el déficit del FEPC para este año sería menor en unos $9 billones.
El dilema que enfrenta el gobierno Petro es que si decide reducir el déficit del FEPC siguiendo la amable recomendación de su antecesor, en este momento generaría un aumento adicional de la inflación, que ya bordea el 11%, y eso que hasta ahora no ha sido afectada por el precio de los combustibles como si lo ha sido en Europa y Estados Unidos.
En efecto, la inflación en esos países es un poco menor que en Colombia (entre 8% y 9%) pero allá ha sido causada por el aumento de los precios de los combustibles que ha sido del 32% en Estados Unidos y del 38% en Europa. En nuestro caso los precios que más han subido han sido los alimentos y la electricidad, ambos en más del 25%, mientras que los combustibles solo se han incrementado en 8%.
Una posible alternativa es compensar la subida de la gasolina con una baja en las tarifas de electricidad que han subido sin justificación económica.
Bogotá, D. C, 12 de septiembre de 2022
Filósofo y Economista. Consultor.
Por Fernando Cepeda Ulloa*.- Lo ideal sería que todo gobierno contara con una mayoría parlamentaria que facilitara su gobernabilidad democrática. Esta es la esencia del régimen parlamentario. Hay gobierno si esa mayoría existe. En ocasiones toma meses construirla. En algunas ocasiones se ha creado una especie de ‘bono’ en virtud del cual el partido de gobierno obtiene unas sillas adicionales para así constituir una mayoría. Nada fácil. El tema es particularmente complejo en los regímenes presidenciales porque requiere una negociación con diversas fuerzas políticas y ello hay que sostenerlo a lo largo del período presidencial, bien sea con los mismos o con reconfiguraciones.
El Estatuto de Oposición que, por fin, se pudo elaborar ha regulado las relaciones entre el gobierno y las fuerzas políticas en el Congreso en clave de gobernabilidad. Nos encanta amarrar la vida política. Le ponemos todo tipo de trabas y camisas de fuerza que le quitan fluidez y, por lo tanto, capacidad de adaptación a nuevas circunstancias. Con frecuencia reclamo que es necesario desamarrar el juego político. Devolverle flexibilidad. El artículo 6 de nuestro Estatuto contempla tres formas de relación entre el gobierno y las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Y les pone una fecha fija para que ellas se declaren independientes del gobierno, oposición, o parte del gobierno o de la coalición correspondiente. Esto fue lo que ocurrió el 7 de septiembre pasado, un mes después de la posesión presidencial.
Aunque ya algunas fuerzas políticas habían declarado que formaban parte de la coalición de gobierno o que eran independientes, todavía esa declaración debía hacerse formalmente ante el Consejo Nacional Electoral, como una decisión conforme a los estatutos de cada partido, fuerza o movimiento. Ya se dijo, ese plazo fatal se cumplió el miércoles pasado. Y es fatal que no se pueda hacer sino por una sola vez. Y si se llega a cambiar durante el cuatrienio ya no se puede adoptar otra actitud política. Me parece absurdo. Antipolítico. Y poco conveniente para un buen funcionamiento del quehacer político. No sé de otros países que tengan regla similar.
Lo normal y aconsejable sería que esa relación se manejara al ritmo de los acontecimientos políticos, sin plazos y sin obligatoriedades que no vienen el caso.
Cada partido político sabrá como jugar sus cartas y obtendrá los beneficios o pagará los costos de las decisiones que vaya tomando. Obviamente, si está un mes en la oposición, y otro en el gobierno y, luego, otra vez en la oposición y así sucesivamente, pues la opinión pública bien probablemente le pasará una cuenta de cobro enorme el día de elecciones. Pero establecer legalmente que esta definición sólo se pueda hacer una vez en cuatro años no es algo que se compagine con lo que es el proceso político. Y amarrar eso con otros artículos que prohíben hacer nombramientos de directivos y funcionarios de esos partidos cuando dejan de ser oposición o independientes (artículos 27 y 29), es también algo que va en contravía de un normal funcionamiento de la actividad política. Así se podrían comentar otras disposiciones del Estatuto de Oposición que obtuvo una rápida aprobación porque se aprovechó el mecanismo que facilitó la elaboración de la legislación que buscaba implementar el Acuerdo Final de Paz.
No veo iniciativas dirigidas a racionalizar este Estatuto que debe tener un contenido de garantías tanto para la Oposición como para el Gobierno, pero no de mecanismos que limitan el espíritu de libertad que debe animar la acción política. Libertad y Responsabilidad. Y el día de elecciones los ciudadanos juzgarán si vale la pena reafirmar su admiración y compromiso con la fuerza política que obró con libertad y responsabilidad a lo largo del cuatrienio o si juzgan que hizo un pésimo o regular uso de esas dos categorías. Desamárrense, por favor.
Bogotá, D. C, 11 de septiembre de 2022
*Abogado y politólogo. Exministro de Gobierno y exembajador en Francia, Canadá, las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.
Por Gabriel Ortiz*.- Más rápido de lo esperado, se empezó a sentir la desbordada inflación, que no se registraba desde los gobiernos de Andrés Pastrana el siglo pasado y Duque en este. En agosto, mes de las cometas, se elevó el costo de vida a 10.84, por la carestía de la carne, leche, líquidos, alimentos, “corrientazo”, electricidad y combustibles. Increíble que, en un país con crianza extendida de ganado, desde las sabanas, hasta la desforestada selva amazónica, tengan unos precios tan elevados la carne y la leche. Es irracional e ilógico, que no haya un control de precios y exportaciones de alimentos tan básicos.
Palosa en su caricatura de este martes, en El Nuevo Siglo, atribuye ese encarecimiento a la urgencia de restablecer “las convivir 2.0”, que defiendan las tierras de los ganaderos. Son millares de animales que se exportan en pie, en las peores condiciones. Pero bueno: como no solo de carne y leche vive el hombre, hay otros alimentos que muestran incremento en sus precios. El pan, del que sí vive el hombre, también se encareció y redujo su tamaño.
A Juliet Solano, la encargada del DANE, correspondió esta vez el baldado de agua a los colombianos, con las cifras de una inflación galopante, que se hubiera podido derrotar, si el gobierno de entonces se le hubiera adelantado a la escasez de alimentos. Lo había planteado en columna anterior, que simultáneamente con la acertada vacunación, se debió emprender un programa agropecuario de gran envergadura, como lo planteó oportunamente Jorge Pedraza, Secretario del Grupo Andino, para producir nuestros alimentos, mantener el empleo y exportar para compensar nuestra economía.
Hoy estamos pagándola: vemos como el PAE, alimenta los niños pobres con comida chatarra y carne de burro en precarias condiciones.
Los precios de los servicios públicos, los arrendamientos, el gas, los combustibles, el transporte y tantos más, castigan sin piedad a nuestra población.
Mientras los estanques están llenos y colombianos subsidian la energía de los costeños, allí se pagan los precios más altos del país y las empresas productoras se llenan de dinero. Es claro que, en su momento las autoridades, los políticos y la sociedad, se complacían con el robo y contrabando de este servicio.Un kilovatio en el interior del país, vale menos de la mitad del que se cobra en la Costa. Ya Petro ha tomado nota y anuncia soluciones.
La inflación es grave y con tendencia a empeorar, si no se aplican medidas de emergencia, para controlar los precios, aumentar nuestra producción agrícola, eliminar el contrabando de los servicios públicos y se eliminen las invasiones que últimamente azotan por igual a agricultores, campesinos y propietarios de las tierras. Petro está ofreciendo todo lo que tiene a su alcance y la ley le permite, para alcanzar la Paz Total. Merece un apretón de manos.
BLANCO: A 12 años llegó El Muro, el medio de los periodistas para los periodistas. Felicitaciones Norberto Patarroyo, quien no desmaya en sostenerlo.
NEGRO: En Bogotá, hasta los “trenes de Aragua”, atracan. Inseguridad total.
Bogotá, D. C, 8 de septiembre de 2022
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por Paloma Valencia*.- Desde la posesión del Presidente Gustavo Petro, hace días, hemos visto muchos anuncios. Tantos, que es difícil hablar con profundidad de todos ellos. Pareciera que improvisan, en muchos casos. Se describen políticas públicas con la simpleza de quien opina, sin profundidad ni rigor. No se sabe aún hacia dónde vamos, la incertidumbre en casi todos los sectores se mantiene, y si algo, empieza a aclararse es un camino oscuro, en muchos sentidos, inconducente.
El anunció más importante es la paz total, aquella que reclamaba el terrorista Iván Márquez. Consiste en una “nueva política” sobre los violentos. Tiene dos tipos de contenidos, unos contra las Fuerzas Armadas de Colombia y otros para los criminales. Para las Fuerzas han sido 30 días de solo destrucción: más de 70 generales dados de baja ¿Cuánto pierden nuestras fuerzas? ¿Cuánto nos tomará volver a tener profesionales con esa experiencia? ¿Cuál será el impacto sobre la seguridad de los colombianos?. Pero no paró ahí. Se anunció que habrá anotaciones sobre las hojas de vida de los oficiales que no logren evitar las acciones de los criminales. Se les ha tratado de violadores de DDHH y así se difundió en los colegios con la “Comisión de la Verdad”. Se les ordenó restablecer relaciones militares con el ejército de Venezuela (vinculado al cartel de los soles).
Por el otro lado, buenos anuncios para los criminales. No habrá extradición, no habrá bombardeo de campamentos, no habrá erradicación con glifosato, ni erradicación forzosa, se levantarán las órdenes de captura. Se les ofrece a todos, negociación. Con los beneficios de la negociación política al ELN; ya no con sometimiento, sino con acogimiento, a los grupos armados que van desde las disidencias de las Farc hasta el Clan del Golfo. Negociación también con las estructuras que empiezan con la Oficina y todas sus bandas, hasta no sabemos qué tipo de banda criminal. Para todos habrá beneficios, aún sin especificar.
No hay ni un solo anuncio en política social. Nada que beneficie a los colombianos de a pie. Es más, aún no han dicho para que son los 25 billones que buscan recaudar en la reforma tributaria. No quiero crear suspicacias, pero ¿será que también son para los bandidos, y no para los ciudadanos y por eso no lo dicen?
Una coletilla sobre el ELN: el gobierno le ha ofrecido al ELN una negociación otorgándole trato político. En mi opinión, no lo puede tener. No comparto el concepto de delito político que tenemos en Colombia, mediante el cual se justifica la violencia por razones políticas, y sobre todo, porque una vez elegido Petro como Presidente, la insurgencia del ELN desaparece de manera automática. El ELN manifestó su apoyo a Petro, pero lo más importante compartió con él la lucha insurgente; la victoria democrática de Petro cambia el escenario político.
La Corte Suprema sobre la ley de Justicia y Paz en el 2005 estableció que los paramilitares no podían tener trato político porque estaban del lado del Estado y no pretendían derrocarlo o perturbar su funcionamiento: “..debido a que los hechos delictivos cometidos por cuenta o en nombre de los paramilitares no fueron ejecutados con el propósito de atentar contra el régimen constitucional y legal vigente… pretender que una norma identifique como delito político conductas claramente señaladas como delitos comunes resulta contrario a la Constitución vigente”. Entendiendo como el régimen constitucional y legal al Estado colombiano. El ELN ya no está contra el régimen constitucional y legal del Estado colombiano; y por lo tanto no podrá entenderse como delito político sus crímenes. El ELN ya no es ahora un grupo guerrillero; es más bien, un grupo paramilitar.
Bogotá, D. C, 7 de septiembre de 2022
*Senadora del Centro Democrático.
Por Humberto Tobón*.- Los trenes de cercanías son soluciones muy eficientes para el transporte de pasajeros y mercancías en distancias cortas, bien dentro de una megaciudad o conectando ciudades aledañas. Europa los tiene adoptados desde hace muchas décadas. Se les ve como una alternativa rápida en términos de movilización, limpia en materia energética, eficiente en aspectos de ocupación y económica en costos si se compara con soluciones carreteables.
En Colombia avanzan varias iniciativas de trenes de cercanías. La que tiene mayor adelanto es Regiotran de Occidente, que conecta Bogotá, Facatativá, Madrid, Funza y Mosquera, en una distancia de 40 kilómetros, con un costo cercano a los 4 billones de pesos y la capacidad de movilizar diariamente a 120 mil personas.
También se está pensando en trenes de cercanías que conecten a Bogotá con Soacha y con Chía, Cajicá y Zipaquirá, este último funciona desde la estación de La Sabana, pero con una baja intensidad diaria.
En Antioquia se habla del tren de cercanías del Valle de Aburrá, que avanzaría por un costado del río Medellín y conectaría los municipios de Caldas y Don Matías, integrando dentro de su recorrido varias estaciones del Metro. Su costo está estimado en 4,3 billones de pesos, cubriría 78 kilómetros y se habilitaría parte del trazado del Ferrocarril de Antioquia y serviría para movilizar pasajeros, carga y residuos sólidos.
Valle no se queda atrás y ya conformó un esquema asociativo territorial que trabaja en el proyecto de tren de cercanía del sur del Valle del Cauca, que uniría inicialmente Jamundí y Santiago de Cali en un recorrido de 24 kilómetros y se extendería luego a Yumbo y Palmira en un trayecto de 72 kilómetros. La primera inversión sería de 2,8 billones de pesos y movilizaría 70 mil pasajeros al día, así como carga.
La región Caribe revivió un proyecto archivado desde 2014, que pretende unir los departamentos de Bolívar, Atlántico y Magdalena a través de un tren de cercanía, con una longitud de 230 kilómetros, que transportaría carga y a 60 mil pasajeros diarios y tendría un costo de 5 billones de pesos.
Desde 2018 la iniciativa de un tren de cercanía que uniera Manizales, Pereira y Armenia con el Valle del Cauca, quedó planteada en la creación de la RAP Eje Cafetero. El proyecto requiere un estudio de prefactibilidad que cuesta alrededor de 9 mil millones de pesos, de los cuales, a instancias de la RAP, la Financiera Nacional de Desarrollo propuso aportar el 80%. El estudio permitirá establecer su viabilidad técnica y financiera, de acuerdo con el trazado y el movimiento de pasajeros y carga.
Todos los proyectos de trenes de cercanías hacen parte del Plan Maestro Ferroviario Nacional aprobado en la administración del presidente Iván Duque, menos el del eje cafetero. Esto implica que la primera tarea a nivel regional, es hacerlo incluir.
Muy seguramente veremos rodando los primeros trenes entre 2025 y 2035. Muchos de estos proyectos serán presentados al plan de desarrollo y buscarán el respaldo financiero del gobierno nacional, acogiendo el llamado del presidente Petro, de que es fundamental fortalecer la economía a través de movilización por vías férreas.
Pereira, 07 de septiembre de 2022
Economista de la Universidad Libre. Estudió Administración Financiera en la EAN y Comunicación Social en la U Jorge Tadeo Lozano.
@humbertotobon
