Opinión
Por José G. Hernández*.-Como se recordará, en Chile está vigente la Constitución de 1980, puesta en vigencia durante la dictadura de Augusto Pinochet, que desde hace tiempo los chilenos quieren sustituir por una verdaderamente democrática, pluralista, igualitaria y participativa, que consagre y permita hacer efectivos las garantías y las libertades, en busca de un Estado Social de Derecho.
En 2020, después de un estallido social de grandes proporciones, el gobierno se vio precisado a convocar al pueblo, para escucharlo y propiciar -por la vía pacífica y democrática- los cambios de orden político, económico y social a los que aspira la ciudadanía. Se inició un proceso político que tuvo un momento determinante, mediante el trámite de una consulta plebiscitaria acerca de la continuidad o sustitución de la Carta Política vigente. En histórico plebiscito, votado el 25 de octubre de 2020, y por abrumadora mayoría, el pueblo adoptó la decisión de evolucionar hacia un nuevo orden constitucional, merced al legítimo ejercicio de la soberanía popular.
No se procedió, como lo hicimos en Colombia en 1990, eligiendo un cuerpo constituyente habilitado para poner en vigencia la Carta Política, sino que se pactó una agenda con varias etapas, hasta llegar a la aprobación, por el mismo pueblo, de una nueva Constitución. Fueron elegidos, por voto popular, los integrantes de una Convención Constitucional, encargada de redactar el proyecto. Su gestión culminó el 29 de junio de 2022. El siguiente paso tendría lugar el 4 de septiembre, cuando sería votado un nuevo plebiscito: el pueblo decidiría si aprobaba o rechazaba el texto elaborado por la Convención Constitucional.
El pasado domingo, 4 de septiembre de 2022, fue votado el plebiscito. Se preguntaba a los votantes si aprobaban o rechazaban el texto proveniente de la Convención Constitucional. El resultado fue contundente: con más del 62% de los votos depositados -era obligatorio sufragar- los ciudadanos chilenos decidieron rechazar el documento. Para la mayoría, esa no debía ser su Constitución.
Hubo alguna desinformación, y muchos -entre ellos el presidente colombiano- estimaron que, en razón de los resultados, revivía el ordenamiento dictatorial y que el pueblo había expresado su voluntad en el sentido de continuar gobernado bajo la Constitución de Pinochet. Basta recordar que las dos opciones -aprobación o rechazo- recaían sobre el texto elaborado por la Convención Constitucional, y escuchar lo afirmado por los dirigentes que lideraron el “rechazo”, para ver que esas conclusiones son erróneas. Ni revivió Pinochet, ni se hundió la posibilidad de acordar, redactar y poner en vigencia una nueva Constitución.
Desde luego, los resultados del domingo pasado significan un golpe político al presidente Gabriel Boric, quien introducirá cambios en su equipo de gobierno y convocará nuevas consultas, pero de ninguna manera se ha frustrado el proceso constituyente. El carácter vinculante del plebiscito se circunscribe a la pregunta formulada: si los votantes rechazaban o aprobaban un texto determinado. Lo rechazaron por abultada mayoría, pero se debe cumplir la dispuesto en el Plebiscito de 2020: reemplazar la Constitución actual y proyectar otra, que es seguramente lo que intentará el presidente Boric -a ello se ha comprometido públicamente-, mediante el diálogo y con el concurso del Congreso y de los partidos políticos. En democracia. Sigue el proceso constituyente.
Bogotá, D.C., 7 de septiembre de 2022
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Simón Gaviria*.- Cuando se creó el impuesto al carbono en 2016, se aprobó lo que políticamente era posible y, a la luz de hoy, funcionó. Gracias a una tarifa de $17.660 por tonelada de carbón en 2021, el país recaudó $425 mil millones. Es un tributo al uso de combustibles, pero que se compensa si el contribuyente es carbono neutro.
Se puede adquirir bonos de carbono creados por terceros para cumplir el requisito, lo cual contribuye a la creación de un mercado de carbono nacional. Si bien hay leves ajustes en la tributaria, seguimos sin desincentivar todos los gases efecto invernadero (GEI), no es solo el dióxido de carbono que causa el calentamiento global. Un impuesto que abarque más sectores tendría sentido.
El actual mercado de créditos de carbono mueve más de $600 mil millones, debido a una demanda anual de 13 millones de toneladas. Estos recursos para ser usados en el esquema tributario, deben registrar proyectos ante Min Ambiente. Gracias al incentivo de compensar el impuesto al carbono se financian 65% de estos. La nueva tributaria limita la compensación a tan solo el 50% del valor económico actualmente se puede hasta el 100%, debilitando el incentivo a la conservación para privilegiar la caja. En vez de poder pagar por conservación, por lo menos la mitad del recurso debe ir en efectivo a la Dian.
Cuando se definió el precio de la contribución en 2017, este era cerca de US$5, pero como consecuencia de la devaluación y de un ajuste de inflación más uno por ciento, se perdió casi 25% de su valor en dólares, tanto, que el mercado voluntario internacional está por encima, oscilando entre US$7-15. En la tributaria se aumenta la base de la contribución en 16% para llegar a $20.500 la tonelada, monto que, en dólares, está por debajo del precio original. Como se mantiene la fórmula de ajuste es probable que nuestro incentivo local sea insuficiente. Ahora con COP 27 fortaleciendo temas de financiación, las transacciones internacionales no se contabilizan para cumplir compromisos nacionales.
Con la propuesta de reforma, el impuesto al carbono se amplía levemente, incluyendo el consumo de carbón de manera gradual hasta 2028, pero con ello el tributo solo afecta sectores como transporte (16,9%), hidrocarburos (3,1%) y minería de carbono (2,2%), lo cual, en conjunto, solo aporta el 22,2% de las emisiones nacionales. No obstante, otros sectores que son mucho más contaminantes están exentos de contribuir al cambio. No hay ni garrote ni zanahoria para manufactura, industria, energía o residuos sólidos. El proyecto de reforma tributaria también debería traer incentivos puntuales para fomentar las inversiones privadas de la transición energética.
El grueso de los avances en sostenibilidad proviene del incentivo privado a disminuir los costos; el Estado debe acelerar este proceso. El Congreso debe aprobar algunas de las modificaciones del impuesto al carbono, pero al limitar la compensación al 50% se da un golpe a la conservación. Al ir estos recursos al presupuesto general puede que se gaste en conservación, pero también en defensa y pensiones. Esto afecta el propósito de disminuir en un 51% las emisiones nacionales para 2030, mucho mas cumplir con las metas del nuevo presidente. Se recauda un poco más, pero hacemos menos por el medio ambiente.
Bogotá, D. C, 23 de agosto de 2022
*Simón Gaviria, actual fellow del instituto Marron en NYU. Ex-director nacional de planeación y expresidente de la Cámara de Representantes.
Por: Guillermo García Realpe*.-De pronto este titular se ha tomado como algo obvio o de perogrullo, pero no es así, el campesino y las campesinas desde hace muy poco relativamente, son objeto de reconocimiento como población diferenciada y especial por parte de organismos internacionales multilaterales, como la ONU, en declaración de 2008 y de diciembre de 2018, en una declaración formal sobre derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en la zonas rurales, que curiosamente el gobierno colombiano no apoyo. Y en Colombia, nuestra Constitución del 91, en su artículo 64 sólo impone como deber del Estado, PROMOVER el acceso progresivo a tierras y otros servicios para los trabajadores agrarios.
No reconoce derechos fundamentales, ni los reconoce como grupos social y cultural diferenciado, solo una conceptualización económica de trabajadores del campo.
Sobre otros grupos sociales, como los indígenas, sí existe regulación internacional, como el Convenio 169 de 1989 de la OIT, también la ley 21 de 1991 en Colombia y mucha jurisprudencia constitucional, además de un gran bloque de constitucionalidad. Igualmente ocurre con las comunidades negras y afro descendientes con la ley 70 de 1993.
Ambas poblaciones tienen reconocimiento particular afirmativo y positivo.
Los indígenas, tienen grandes territorios en sus resguardos, tienen gobierno propio, las ETIS, régimen de salud diferenciado, EPS, derecho propio, etc. Consulta previa a su favor sobre cualquier acción o decisión del Estado o de desarrollo o infraestructura.
Las comunidades negras y afro descendientes un robusto régimen de territorios comunitarios, consejos comunitarios, etno educación, etc.
Esto nos induce a concluir que, existe un enorme déficit jurídico y jurisprudencial discriminatorio de un enorme sector social. Enorme como componente poblacional, según encuestas, más del 30% de colombianos se declaran campesinos y por su importancia medular en la producción de los alimentos que demanda Colombia y el necesario excedente para exportación y divisas.
El acto legislativo número 19 de 2022 de reforma constitucional, presentado por el gobierno del presidente Petro, hace justicia, aumentando un nuevo párrafo al artículo 64 de la Constitución nacional reconociendo al campesinado como sujeto de especial protección. Comprometiéndose el Estado en forma especial a la protección y garantía de sus derechos individuales y colectivos. Agregando, adicionalmente que, forma parte del bloque de constitucionalidad toda la declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los campesinos, con una variada relación de derechos, garantías, reconocimiento a su forma de vida, de producción, de cultura, de comercialización, de organización etc.
La crisis social y económica del campesinado es más fuerte que en la población urbana en todos los índices, pobreza multidimensional, acceso a la propiedad y tierras, educación, empleo y formalidad, seguridad Social y salud, etc.
Sumado el riesgo mundial y nacional de una crisis alimentaria, en buena hora esta disposición que debe traducirse en política pública, en planes, programas y proyectos para obtener la dignidad y el fortalecimiento económico, social y funcional en un país que quiere superar sus desigualdades.
Bienvenida esta reforma constitucional.
Bogotá, D. C, 6 de septiembre de 2022
*Exsenador Liberal.
@GGarciaRealpe
Por Amylkar D. Acosta M*.-Después del hallazgo de gas natural en La Guajira y en el pie de monte llanero, las dos principales fuentes de suministro del gas del país, que ya están en franca declinación, no ha habido otro de su importancia. Las reservas con que se cuenta, de 3.1 GPC, a duras penas alcanzan para 8 años, de allí la urgencia de explorar aún más para recuperarlas, ya que desde hace una década pasamos de la abundancia a la escasez de gas, poniendo en riesgo el autoabastecimiento. Por fortuna, en los últimos días se ha anunciado por parte del Presidente de ECOPETROL Felipe Bayón descubrimientos muy importantes y esperanzadores que pueden alejar el fantasma de las importaciones de este energético. De todos modos se cuenta con una planta regasificadora de la Sociedad portuaria El Cayao, localizada en Cartagena, para importarlo ante eventuales déficits internos de suministros, cuando el parque de generación térmica así lo requiera.
Este es el escenario que enfrenta Colombia en medio de la crisis energética a nivel global que ha exacerbado la invasión rusa a Ucrania y las sanciones impuestas por EEUU y sus aliados de la UE a Putin, que ha elevado sensiblemente la cotización del gas, superando los US $8 el MMBTU, incrementando exorbitantemente los precios y las tarifas de energía, atizando de paso la inflación global. Ello ha venido a interferir la marcha de la Transición energética en dichos países, obligándolos a dar marcha atrás en su avance, en pos de garantizar la seguridad y sobre todo la soberanía energética. Claro está que este impasse puede servir de catalizador a la Transición energética, acelerándola, única vía para superarlo con éxito.
Es en este contexto en el que se tendrá que seguir avanzando por parte de la administración Petro en la hoja de ruta de la Transición energética en el país, que tiene sus propias peculiaridades. Empezando porque mientras en los EEUU y en la UE el 73.2% de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provienen del sector energético, en Colombia este sólo contribuye a ellas con el 30%. Adicionalmente, al tiempo que en el resto del mundo el sector eléctrico genera el 35% de dichas emisiones, en Colombia sólo el 5%. En Colombia, a diferencia de los demás países, la principal fuente de emisiones de GEI, con el 45%, es el cambio de uso del suelo, la agricultura, la ganadería y sobre todo la deforestación, que el año pasado registró la alarmante cifra de 174.103 hectáreas, creciendo el área devastada por segundo año consecutivo (¡!).
En Colombia, como en el resto del mundo, el gas natural está llamado a servir de combustible puente de la Transición energética y así lo catalogó el parlamento europeo, integrándolo a su matriz energética con el sello verde, dándole el mismo tratamiento de las energías renovables. Colombia requiere del gas natural para avanzar en una Transición gradual, como tiene que ser y responsable. Y dado que nuestras reservas de gas son tan precarias es imperativo continuar con la exploración del mismo, pues sólo se encuentra si se busca, para así garantizar una Transición tranquila. Una de las lecciones aprendidas de la tragedia que vive la UE es que la Transición energética no debe poner en riesgo la seguridad y la soberanía energética.
Quienes desestiman la importancia del gas natural en la fase en la que estamos de la Transición energética, como Jésica Arias, del equipo de energía de Transforma y Ph.D en Transición energética, afirman que “en la generación eléctrica tenemos todo el potencial para suplir nuestra demanda a mediano plazo con fuentes renovables”. Ello es absolutamente falso, tanto más en cuanto que los principales proyectos de energía eólica que se están instalando en La guajira sólo entrarían al sistema interconectado nacional (SIN), si no se presentan más demoras, el 1º de abril de 2024 (¡!), después del aplazamiento dispuesto por el Ministerio de Minas y Energía en su Resolución 40181 de mayo 23 de este año.
Además, las fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), dada su intermitencia, requieren contar con el respaldo de la energía firme que sólo puede garantizar el parque térmico, que cuenta con 5.400 MW de potencia instalada y este requiere para operar del gas natural. Y no podemos cometer la misma insensatez de los europeos de apagarlas asumiendo el riesgo sistémico subsiguiente.
Del gas natural, al igual que del petróleo, podemos decir que es mejor tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos y peor que depender de ellos es depender de sus importaciones. Ello fue lo que llevó al Congreso de la República a expedir la Ley 2128 de 2021, tendiente a promover “el abastecimiento, continuidad, confiabilidad y cobertura del gas combustible en el país” y la masificación de su uso “se declara de interés nacional y estratégico para el desarrollo económico, social y ambiental”. Exponer al país a tener que importarlo contraviene esta Ley, ello sería impensable.
Cota, septiembre 4 de 2022
*Economista. Expresidente del Congreso y exministro de minas y energía.
www.amylkaracosta.net
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Hasta ahora el ministro Ocampo ha recibido muchas más propuestas para peluquear la reforma tributaria que las que ha solicitado de nuevos impuestos que compensen los recortes que se hagan y permitan mantener el objetivo de los $25 billones.
‘Hay varios aspectos de la reforma que deben ser modificados como por ejemplo el impuesto a algunos alimentos ultra procesados que hacen parte de la dieta de los más pobres, o disminuir un poco la doble tributación de utilidades y dividendos, o incrementar menos la tarifa de la ganancia ocasional. El objetivo de estas sugestiones, y de otras posteriores, es presentar algunas ideas para compensar el menor recaudo de estas modificaciones.
La primera es eliminar la exención existente al IVA en las transacciones de finca raíz, y ampliar el campo de aplicación de la norma que ya se había establecido en la reforma de 2016, cuando se impuso un IVA del 5% a la venta de vivienda nueva con valor superior a unos $1,000 millones.
En el proyecto de reforma de 2018 el ministro Carrasquilla propuso extender este IVA a todas las ventas de finca raíz, manteniendo la misma excepción de la vivienda de menor valor. Sin embargo, el Congreso le cambió la plana y en la Ley 1943 de ese año estableció un impuesto al consumo del 2% para todos los inmuebles de valor superior a os $1.000 millones, con excepción de los predios destinados a actividades agropecuarias. La Corte Constitucional tumbó este impuesto en una decisión dividida de 5 contra 4 que salvaron su voto con argumentos de fondo.
La propuesta es simple: establecer que no están exentas de IVA las compras de todo tipo de inmuebles con un valor superior a 25.000 UVT, incluyendo las compras de inmuebles usados que no hubieran pagado el IVA en transacciones anteriores, y determinar una tarifa del 5% para estas ventas.
Son varias las ventajas de esta propuesta. En primer lugar, al contrario de la imposición del IVA a los productos de la canasta familiar, esta es una medida progresiva que solo afecta a las personas de más altos ingresos que pueden comprar inmuebles de más de $1.000 millones.
En segundo lugar, a diferencia del impuesto al patrimonio no se puede argumentar que los propietarios no tienen la liquidez para pagarlo, dado que lo paga el comprador del inmueble.
En tercer lugar, está en la línea de seguir las mejores prácticas de los países de la OECD (...) En nuestro vecindario en Chile se paga el 19% y en Argentina entre el 10% y el 21%.
Por último, es un impuesto que puede recaudar unos $ 2 billones en el año, y es muy fácil de recaudar pues se cobra en las notarías.
Bogotá D.C., 04 de septiembre de 2022
*Filósofo y economista. Consultor.
Por Juan Camilo Restrepo*.- Lo que está sucediendo con la reforma tributaria me hace recordar la historia del comerciante de pescado que abrió una tienda, y le puso entusiasmado un vistoso aviso que decía: “se vende pescado fresco”.
Pasó un amigo y le dijo: “hombre, si usted abre esta tienda es obvio que es para vender pescado”.
Tiene razón, pensó el comerciante, y redujo el aviso a decir: “pescado fresco”.
Pasó por allí un segundo amigo y le dijo al comerciante: “si usted ofrece pescado es apenas natural que sea fresco”.
Ante lo cual nuestro comerciante pensó que su amigo tenía razón y redujo el aviso a decir sencillamente: “pescado”.
Un último amigo abordó al comerciante y perentoriamente lo apostrofó. “Hombre, le dijo, ¡con ese olor qué otra cosa sino pescado puede vender!”.
Guardadas todas las proporciones, lo que le está sucediendo a la reforma tributaria Petro- Ocampo es lo mismo que le aconteció a nuestro vendedor de pescado.
Primero se dijo que la reforma iría por $ 50 billones. Pero ante la evidencia que era un disparate pretender sacarle en un solo año a la golpeada economía con la pandemia una suma de tal magnitud, el ministro Ocampo rebajó la meta a $ 25 billones, agregando que los otros $25 billones se irían recaudando cada año a lo largo del cuatrienio.
Después surgió la evidencia del abultado déficit que viene acumulando el fondo de estabilización de los combustibles. Y como el gobierno ha dicho rotundamente que va a cumplir con la regla fiscal, de ello se deriva que este déficit debe enjugarse con cargo a la política fiscal.
Esto significa que del producido de la próxima reforma tributaria habrá que destinar no menos de $15 billones a cubrir el déficit del fondo con el que estamos aislando los precios domésticos de los combustibles de los internacionales.
No me refiero en esta ocasión a los cambios a los que ya el ministro de Hacienda se allanó a hacerle en lo que resta de la discusión parlamentaria al proyecto: eliminar buena parte de los alimentos ultra procesados, el subsidio a la gasolina en la frontera, el tributo a las exportaciones de oro, la tributación a las personas naturales modulada en función de las que tengan o no dependientes, y la morigeración del impuesto a los dividendos; amén de los cambios que vengan como siempre sucede en los posteriores debates parlamentarios.
Me refiero solamente al impacto que tendrá el déficit del fondo de estabilización sobre los recaudos de la nueva reforma. Además de poner en evidencia la urgencia de definir pronto una política consistente en actualizar los precios domésticos para que el déficit del fondo de estabilización no se torne inmanejable, parece que la reforma tributaria no dejará para financiar nuevo gasto social -en el mejor de los casos- más de $10 o $12 billones.
Blomberg inclusive calcula que luego del pulso parlamentario y de la presión de los lobbies habrá cambios en 69 artículo del proyecto presentado por el gobierno, y que a la postre la reforma no recaudará más de 16 billones. En cuyo caso lo disponible para nuevo gasto social será mucho menos descontando lo que habrá que destinar para enjugar el déficit del fondo de estabilización de combustibles.
No estamos, pues, muy lejos de lo que le sucedió al comerciante de pescado.
Septiembre 04 de 2022.
*Abogado y economista. Ex ministro de Estado.
Por José G. Hernández*.- Aunque el ejemplo propuesto por el ministro de Justicia -sobre robo de celulares- no fue el más afortunado, está bien que el Gobierno se proponga superar el populismo punitivo y fijar una política criminal más razonable y coherente, insistiendo en la aplicación de la justicia restaurativa.
Se trata de un modelo penal diferente, que se aparta de la tradicional concepción de la pena como forma de castigo, de modo que se enfrente la criminalidad, pero dentro de una visión más amplia y comprehensiva, teniendo en cuenta el interés de la colectividad, la regeneración del culpable y la reparación del daño causado. Como ha señalado la Corte Constitucional, también es necesario cambiar el enfoque de la justicia, “rescatando la importancia que tiene para la sociedad la reconstrucción de las relaciones entre víctima y victimario”.
Para la Corte, “el centro de gravedad del Derecho Penal ya no lo constituiría el acto delictivo y el infractor, sino que involucraría una especial consideración a la víctima y al daño que le fue inferido. Conforme a este modelo, la respuesta al fenómeno de la criminalidad debe diversificar las finalidades del sistema. Debe estar orientada a la satisfacción de los intereses de las víctimas (reconocer su sufrimiento, repararle el daño inferido y restaurarla en su dignidad), al restablecimiento de la paz social, y a la reincorporación del infractor a la comunidad a fin de restablecer los lazos sociales quebrantados por el delito, replanteando el concepto de castigo retributivo que resulta insuficiente para el restablecimiento de la convivencia social pacífica” (Sentencia C-979 de 2005).
La verdad es que nuestra legislación dista mucho de contemplar un sistema integral, armónico, igualitario y estable en materia criminal. Recuérdese que coexisten varios sistemas (inquisitivo, acusatorio, Justicia y Paz, JEP). Además, hay demasiados fueros y distintas competencias jurisdiccionales, que -como lo hemos visto- dan lugar a que los aforados puedan seleccionar a sus investigadores y jueces, mediante la renuncia.
Por otra parte, se improvisa al legislar: todo se quiere solucionar mediante la cárcel, el aumento de penas y la consagración de nuevos tipos delictivos, sin tener en cuenta el conjunto, ni la coherencia entre las nuevas disposiciones y las que venían rigiendo, ni la jurisprudencia constitucional. Por paradoja, en la práctica, procesos interminables que dan lugar a la libertad por vencimiento de términos.
El sistema carcelario es verdaderamente lamentable: hacinamiento, congestión, ingreso de armas, confusión entre condenados y detenidos preventivamente, siempre posibles fugas, y situaciones tan graves como las que han dado lugar a la muerte de numerosos internos, como ocurrió en la Modelo de Bogotá en 2020 y en la cárcel de Tuluá en 2022. Como ya no caben más reclusos, se habilitan como cárceles las estaciones de policía, que no han sido construidas para esa finalidad. Son irregularidades a las que nuestra sociedad se ha acostumbrado y mira con indolencia.
La política criminal del Estado debe ser revisada. Más razonable y realista. Desde luego, la justicia restaurativa debe desarrollarse, aunque no para todo delito. En lo inmediato, urgen medidas frente a la inhumana situación de las cárceles. Un estado de cosas inconstitucional, como lo declaró la Corte Constitucional desde 1998.
Bogotá, D. E, 1 de septiembre de 2022
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Humberto Tobón *Una estudiante bogotana, a quien conocemos en la familia, con una habilidad excepcional para la música y la pintura, reprobó el año escolar, debido a que perdió dos de las doce materias que le dictó el colegio durante el último periodo escolar.
Este no es el único caso. Se repiten por miles en Colombia, demostrando que la concepción de nuestro sistema escolar tiene un atraso de por lo menos un siglo, frente a otros países, debido a normas desuetas.
Para una buena parte del sistema educativo colombiano, 16,6% de las materias perdidas son más que el 83,4% de las materias aprobadas. Y como esta relación aritmética absurda es la que prevalece, con el argumento de que debe ser así, porque esa es la tradición, se desestimula y frustra a estudiantes que tienen otras habilidades distintas a la química, la matemática, la religión, o la educación física.
El colegio bogotano sentenció que la joven debe repetir todo el año lectivo, incluyendo las diez materias que ganó, porque así lo señala el reglamento.
La estudiante es una aventajada música y una pintora muy hábil. Lo suyo son las artes, la sensibilidad y la creatividad. Pero los directivos de su institución, privada para mejores señas, consideran que esos son temas menores, y que lo esencial es saber de ciencias duras y aprenderse reglas y fórmulas, que ella no utilizará en su vida, porque su interés no está en la ingeniería o la química, sino en los espacios artísticos.
Esa mirada decimonónica de la educación en Colombia, donde un profesor dicta y/o escribe en un tablero, obligando a sus alumnos, a los que mira desde su posición dominante, a repetir con puntos y comas, de forma precisa, lo que él copió de un libro guía, es lo que hace que nuestro país esté calificado entre los peores del mundo en calidad educativa.
Sólo unos pocos colegios y un grupo destacado de maestros, se han rebelado contra ese modelo anquilosado de educación, y están trabajando sobre esquemas disruptivos, basados en la lectura crítica, en la controversia de las ideas, en la expresión oral, en las habilidades sociales y en las técnicas para escribir, apoyados en nuevas tecnologías y en conceptos que ya tienen historia y relevancia en otras naciones.
Es frustrante ver a unos niños aprendiéndose la tabla periódica, en vez de saber qué beneficios puede tener el uso de algunos elementos químicos para la salud y el bienestar social. Para el sistema es importante que niños y jóvenes sepan de memoria todas las capitales de los países, a pesar de que el alumno no comprenda el impacto que tienen sobre los ciudadanos los conceptos de organización política de los estados y sus sistemas de producción. De poco sirve saber la fecha de nacimiento de un prócer de la independencia, si no se contrasta la realidad en la que viven 21 millones de personas pobres en nuestra democracia.
El modelo de educación en el mundo cambió. Sólo que el sistema colombiano no lo quiere adoptar.
Pereira, 31 de agosto de 2022
Economista de la Universidad Libre. Estudió Administración Financiera en la EAN y Comunicación Social en la U Jorge Tadeo Lozano.
@humbertotobon
Por: GUILLERMO GARCÍA REALPE*.- El cambio es en serio y ¡el cambio es cambiando! Con la designación de algunos ministros como Iván Velásquez en Defensa, Gustavo Petro arrancó con una serie de decisiones y acciones que nos tiene sorprendidos a los colombianos, incluso a quienes abrazamos con convicción su convocatoria desde hace cinco años.
Como el que asumimos Liberales Progresistas del Pacífico tanto en 2018, como en 2022.
En el objeto de acondicionar el Estado, especialmente el sector ejecutivo y el gobierno para afrontar los enormes retos de la lucha frontal contra la impunidad y la corrupción por un lado, también la lucha contra la pobreza por otro, pero también para promover un cambio profundo en la lucha contra el narcotráfico y los cultivos de uso ilícito, pasando por la defensa de la naturaleza, sustituyendo progresivamente los combustibles fósiles por energías renovables, promoviendo la reindustrialización y recuperación del aparato productivo rural.
También, la promoción de la convivencia pacífica nacional en escasos 15 días de su gobierno, Gustavo Petro, ha promovido un REVOLCÓN TOTAL, reconformó la cúpula militar y de Policía llamando a calificar servicios a más de 50 generales, algo inédito en la historia. Cambio de Ministerio a la Policía, reforma a la manera de manejar las expresiones sociales modificando el ESMAD, para tener una fuerza pública transparente, eficiente, acatada y reconocida por los colombianos, respetuosa de los Derechos Humanos. Prohibió bombardeos de campamentos de grupos armados ilegales si hay menores de edad en ellos.
En materia de lucha contra los cultivos de uso ilícito quebró una ineficiente y perdida estrategia de 40 años, suspendiendo las fumigaciones y la erradicación forzosa, se reunirá en asamblea con cocaleros para acordar erradicación voluntaria para promover una economía legal y rentable.
En la lucha contra el narcotráfico suspende extradiciones, a cambio de negociaciones con capos que se acojan o sometan a la justicia y terminen sus acciones criminales.
Restableció relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con Venezuela, retomó los diálogos de Paz con el Ejército de Liberación Nacional, con una renovada y fortalecida solidaridad internacional.
El presidente y el equipo de gobierno ha dialogado en varias regiones de Colombia sobre diversos problemas, inundaciones en La Mojana, crisis del Catatumbo, paros en la vía a Buenaventura, protección de líderes sociales en el Cauca y Putumayo conformando un puesto de mando unificado, en fin, este gobierno arrancó con energía, pero también en un cambio de tercio, de esquemas, de cartillas, etc, definitivamente esto es un Revolcón Total. Para no seguir en lo mismo hay que hacer cosas diferentes. Adelante Dr. Cambio y ¡cambio es cambio!
Bogotá, D. C, 29 de agosto de 2022
*Exsenador Liberal.
@GGarciaRealpe
Por Juan Camilo Restrepo*.-A pesar de sus llegadas tarde a las asambleas de la ANDI y de la Asociación Bancaria, el presidente Petro tuvo tiempo suficiente para recitarle a los encumbrados empresarios que atendían estas reuniones gremiales un completo resumen del pensamiento de Mariana Mazzucato, que al parecer coincide con el credo presidencial.
Mazzucato es una prestigiosa economista inglesa de origen italiano, de gran renombre por estos días, que últimamente ha sido citada hasta por el mismo papa Francisco, a cuyas ideas parece adherir el presidente Petro con entusiasmo. Hasta el punto de que en sus discursos ante los gremios citó prácticamente “verbatim” parrafadas enteras de los libros de la Mazzucato.
Y ¿qué es lo que predica Mariana Mazzucato que tanto renombre le ha dado?
La tesis central de esta economista consiste en una reivindicación sin titubeos del papel que debe jugar el Estado en la sociedad contemporánea. Y, además, en una duda rotunda y metódica sobre las ventajas que trae dejarle margen amplio al sector privado en la vida pública.
La tesis anterior la sustenta con otra no menos perentoria: para la economista Mazzucato ni el sector financiero, ni el sector de servicios, ni el comercio, ni la minería, ni el sector de hidrocarburos, crean valor. Son meros sectores parásitos.
La producción que genera auténtico valor agregado se encuentra en la manufactura, en la agricultura, o en las empresas estatales que se comprometen con programas de gran aliento como fue el viaje a la luna de los astronautas de la Nasa, que llenaron de entusiasmo a la sociedad de los años sesenta del siglo pasado. Y produjeron avances tecnológicos meritorios como fue el internet.
El último libro de esta economista se titula: “Misión económica, una guía para cambiar el capitalismo”, y trata sobre cómo replicar hazañas estatales inspiradoras como fue el primer viaje del hombre a la luna liderado por el presidente Kennedy.
No fue nada reconfortante seguramente para los empresarios escuchar el dictamen presidencial según el cual, buena parte de ellos o de sus empresas, no crean “valor” económico alguno. Los ecos de la economista Mazzucato resonaron con sonoridad en el centro de convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada de Cartagena durante estas dos asambleas gremiales.
La duda sobre si el presidente Petro es ferviente creyente de la acción estatal quedaron dilucidada sin ningún esquince con estas dos intervenciones. Él cree mucho más que el auditorio que lo escuchaba con diplomático respeto en el poder taumatúrgico del Estado. Y, naturalmente, esta creencia habrá de reflejarse en la acción gubernamental venidera.
La economista Mazzucato argumenta, por ejemplo, que es válido que el gobierno señale a dedo ganadores y perdedores en el diseño de sus políticas públicas. Que la acción del gobierno no debe limitarse a corregir fallas del mercado, sino que debe ir mucho más lejos. Y que es correcto que a ciertos sectores -como los que se dedican a las finanzas, al comercio, a la minería o al petróleo- se les imprima un estigma de “minus valía” pues no crean “valor”. Al paso que otros que sí lo crean deben recibir los aplausos y complacencias del quehacer gubernamental.
La citada economista no cree tampoco en la conveniencia de figuras tan generalizadas hoy en día como los esquemas de colaboración de los gobiernos con el sector privado, y mira con desconfianza los acuerdos públicos-privados de tan generalizada utilización encuentran en la construcción y financiación de la gran infraestructura.
Bruce Mac Master, el presidente de la ANDI, reflejó muy bien en un reciente artículo el sabor agridulce que le quedó a los empresarios con este encuentro: “Recibimos del presidente la idea de crear misiones nacionales al estilo Mazzucato que estamos trabajando. Oímos por otro lado, con preocupación, la afirmación de que sectores como el comercio o el financiero no producen valor económico”, dijo.
Ya veremos próximamente -cuando se elabore el plan cuatrienal de desarrollo- qué tanto del entusiasmo por las tesis de Mazzucato fue solamente un hilo verbal que sirvió al presidente para conducir sus intervenciones ante los gremios económicos; o qué tanto realmente van a impregnar la acción gubernamental de ahora en adelante.
Bogotá, D. C, 28 de agosto de 2022
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
