Opinión
Por Amylkar D. Acosta M*.- El Departamento de Santander fue la cuna de la industria petrolera y de la producción del gas asociado al mismo en Colombia, el cual se quemaba en los campos mediante teas que se instalaban en los mismos, amén de su reinyección para imprimirle una mayor presión a los pozos y de esa manera obtener una mayor tasa de recobro. Fue sólo en 1961 que, mediante la Ley 10, expedida por el Presidente de la República Alberto Lleras Camargo, se obligó a las empresas operadoras de los yacimientos petrolíferos “evitar el desperdicio del gas producido, bien aprovechándolo industrialmente o confinándolo a los yacimientos para su utilización futura o como fuente de energía para la máxima recuperación final de las reservas de petróleo”. Se trataba de optimizar el aprovechamiento de este.
Este es el antecedente más remoto de la producción y el uso del gas natural en Colombia, que tuvo su hito más importante el 10 de marzo de 1962, hace 50 años, cuando se puso en funcionamiento la primera planta de tratamiento del gas de Cicuco y se construyó el primer gasoducto para transportarlo hasta Barranquilla. Posteriormente, en 1964, se construyó el siguiente gasoducto para llevarlo, esta vez, desde el campo de Jobo Tablón hasta el complejo industrial de Mamonal en Cartagena.
Pero sería sólo el 12 de agosto de 1977, con la inauguración por parte del Presidente Alfonso López Michelsen de la Estación de producción de gas natural libre en el campo de Ballena en La Guajira y el gasoducto de PROMIGAS para transportar el gas desde el más importante yacimiento descubierto hasta la fecha hasta La heroica, cuando el gas natural se integró en forma a la matriz energética. Posteriormente, en el año 1996 entró a operar el gasoducto de TGI que transporta el gas desde Ballena hasta empalmar con el que conecta a Barrancabermeja con el centro del país.
Y ello se dio justo cuando, a consecuencia del embargo petrolero de los países árabes a los países aliados de Israel llevó a estos a apelar al gas y al carbón para diversificar sus fuentes de suministro de los energéticos y lo propio hicieron las multinacionales petroleras, diversificando su portafolio de inversiones. Ello explica que una multinacional petrolera (TEXAS) se asociara con la estatal ECOPETROL para la extracción de este gas, al tiempo que otra (EXXON) se asoció con CARBOCOL para explotar el carbón de El Cerrejón. Desde entonces el gas natural ha cobrado cada vez una mayor importancia a nivel global, participando con el 22% de la canasta energética y su uso se ha extendido exponencialmente.
En Colombia, particularmente, se ha masificado su uso residencial, en el transporte, en la industria y en la generación de electricidad. El mayor impulso al gas natural se lo dio el ex ministro Guillermo Perry, con su estrategia del Gas para el cambio (1986 – 1988). El año 2020 cerró con un número de 10´253.699 usuarios de gas natural en el país, 10´061.213 domiciliarios, 186.760 comerciales y 5.726 entre automotores, industriales y generadores de energía eléctrica.
Después del hallazgo de gas natural en La Guajira y en el pie de monte llanero, las dos principales fuentes de suministro del gas del país, que ya están en franca declinación, no ha habido otro de su importancia. Las reservas con que se cuenta, de 3.1 GPC, a duras penas alcanzan para 8 años, de allí la urgencia de explorar aún más para recuperarlas, ya que desde hace una década pasamos de la abundancia a la escasez de gas, poniendo en riesgo el autoabastecimiento.
Por fortuna, en los últimos días se ha anunciado por parte del Presidente de ECOPETROL Felipe Bayón descubrimientos muy importantes y esperanzadores que pueden alejar el fantasma de las importaciones de este energético. De todos modos se cuenta con una planta regasificadora de la Sociedad portuaria El Cayao, localizada en Cartagena, para importarlo ante eventuales déficits internos de suministros, cuando el parque de generación térmica así lo requiera.
Este es el escenario que enfrenta Colombia en medio de la crisis energética a nivel global que ha exacerbado la invasión rusa a Ucrania y las sanciones impuestas por EEUU y sus aliados de la UE a Putin, que ha elevado sensiblemente la cotización del gas, superando los US $8 el MMBTU, incrementando exorbitantemente los precios y las tarifas de energía, atizando de paso la inflación global.
Ello ha venido a interferir la marcha de la Transición energética en dichos países, obligándolos a dar marcha atrás en su avance, en pos de garantizar la seguridad y sobre todo la soberanía energética. Claro está que este impasse puede servir de catalizador a la Transición energética, acelerándola, única vía para superarlo con éxito.
Santa Marta, agosto 27 de 2022
*Economista. Expresidente del Congreso y exministro de minas y energía.
www.amylkaracosta.net
Por Juan Manuel Galán*.- El respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario va más allá de las decisiones del presidente Petro sobre el cese al fuego bilateral, la suspensión de bombardeos a campamentos de grupos armados para preservar la vida principalmente de los menores de edad reclutados, y la suspensión de las órdenes de captura y extradición contra los negociadores del grupo armado ilegal del ELN.
La larga historia de los procesos de paz en Colombia debe ser tenida muy en cuenta para no cometer los sangrientos errores del pasado y aprovechar la reciente experiencia con las FARC.
Con todos sus defectos, el proceso de paz con las FARC funcionó (entregaron las armas y la gran mayoría se desmovilizó) porque tuvo una metodología bien pensada, planeada y no improvisada. Por ejemplo: 1. Negociar fuera de Colombia. 2. Definir una agenda de negociación que después de acordada, fue inmodificable. 3. No conceder un cese al fuego durante la negociación y mucho menos de entrada, sin que esta siquiera haya comenzado. Las autoridades y la fuerza pública en particular deben en todo momento cumplir el principio constitucional de defender la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos sin renunciar a la fuerza legítima ni al mecanismo de extradición, con el apoyo del jefe de Estado. Esto sobre todo si el ELN no detiene sus acciones criminales contra el medio ambiente y contra la población civil. 4. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. 5. Un mecanismo de verificación internacional y un grupo de países garantes. 6. La representación en el equipo negociador de la sociedad (víctimas, empresarios, academia, sociedad civil ambiental, fuerzas políticas independientes y de oposición, periodistas y particularmente de la fuerza pública, actor definitivo en el éxito o fracaso de cualquier proceso de negociación. 7. Garantizar la reserva en los diálogos y negociaciones.
Estamos de acuerdo en que la fuerza pública necesita una transformación que obedezca a la formulación de una estrategia integral, interagencial, soportada en políticas públicas sociales y en una doctrina que proteja siempre los derechos humanos. La despolitización es la piedra angular del proceso transformador. Sería fatal para la institución “desuribizar” para “petrizar”. El efecto más perverso de la politización de la fuerza pública en cualquier sentido es su desmoralización, bajar los brazos y dejar un vacío que rápidamente ocuparía en el territorio la criminalidad, acompañada de violencia y corrupción. Sin presencia legítima del Estado social de derecho en todo el territorio, no hay paz posible. La carga de esta responsabilidad de la sociedad en su conjunto no puede recaer exclusivamente en la fuerza pública, paradigma fallido de la doctrina de seguridad “democrática”.
La paz no puede concebirse pobremente como lo contrario a la guerra o la violencia, ni en el sentido estrictamente material. La paz, como fin esencial del Estado, como derecho y deber obligatorio -según la Constitución Política-, como derecho colectivo e individual de tercera generación, debe garantizarse bajo un concepto integral en el que concurren otros derechos. Su realización plena requiere de factores políticos, económicos, sociales y culturales, y también, de la efectividad de los derechos de primera, segunda y tercera generación. Solo de esta manera, podríamos hablar de una paz integral, democrática y con justicia social en el marco del Estado social de derecho.
Coincidimos en que la cooperación judicial con Estados Unidos a través de la extradición debe desarrollarse en unos términos que compensen el daño causado por la guerra contra las drogas. Lo mínimo es que la verdad y la plata de los narcotraficantes no sean extraditadas con ellos. No es simplemente dar órdenes e improvisar, es trabajar en la formulación integral de una política de paz de Estado que apunte a garantizar en toda Colombia un Estado social de derecho.
Bogotá, D. C, 27 de agosto de 2022
*Exsenador de la República. Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.
Por Gabriel Ortiz*.- Muy bien lo describen los antioqueños, cuando se asfixian dentro de un bus, un carro o cualquier vehículo al que se ha tragado el endemoniado tráfico arropado por el sol canicular veraniego de Medellín al mediodía.
En la Capital tenemos muy bien organizado el “bogotaco de Claudia”, a quien le da pena ver un carro en el que solo va el conductor, “a 20 metros por minuto”, velocidad a la cual se mueve esta ciudad, según el colega Clopatofsky.
La congestión actual la introdujo Peñalosa en su primera aparición, para opacar la labor de Juan Martín Caicedo, último burgomaestre que construyó una gran arteria vial en el DC.
Peñalosa angostó las vías para ampliar unos desastrosos andenes que tantas fracturas han ocasionado a los peatones. Avenidas como la 15 y otras, que tenían 5 carriles, quedaron de 3. Para completar convirtió los andenes en ciclorrutas que representaron graves peligros para los peatones.
En su segunda alcaldía implantó el SIT-Provisional, buses viejos con carrocería vieja, para complementar el Transmilenio. Ente tanto, las rutas para los superpesados armatostes, se pulverizaban por su mala calidad, agravando las enormes congestiones, a las que se sumaban las motos, bicicletas y los mercados persas invasores de las vías.
Durante la segunda alcaldía de Peñalosa y la de Claudia, no se construyó ninguna avenida o calle nueva, solo se permitió o -¿se alimentó?- la aparición de huecos, baches y obstáculos que han entorpecido el tránsito.
El “experto” en ciudades y la señora de los “tacos”, han querido aliviar las congestiones con picos y placas, que de nada sirven. Hoy se le ha “raponeado” la mitad de los carros a los bogotanos, que deben acudir a las bicis y motos, porque el transporte público no es eficiente. Tampoco se ha reducido el impuesto a los vehículos, que ya no pueden salir durante medio año.
Claudia López, olvidó que las ciclorrutas se podrían construir técnicamente, sin estrobar, sin causar problemas. Su gran idea, fue angostar aún más, las ya casi inexistentes vías, calles y avenidas. Ha paralizado a Bogotá, más que el covid19.
Ha dejado arruinar las pocas vías. Los huecos destruyen llantas y suspensiones, mientras contaminan al extremo el aire. Alrededor de 2.000 personas mueren al año por este motivo.
La alcaldesa quiere que los pocos días que la gente puede sacar su carro, lo llene de gente. Nadie cree que la inseguridad y la urgencia en los desplazamientos, permitan encontrar amigos, vecinos o parientes que los acompañen, para que Claudia no sienta pena, o vergüenza al ver un carro con solo dos o tres personas atravesando el “bogotaco” que ella construyó.
BLANCO: El respaldo que le da España al proceso de Paz Total con el ELN.
NEGRO: La Comisión de la verdad, dejó al descubierto el sabotaje que sufrió el proceso de Paz. Hasta la fiscalía de entonces se prestó para ello, con droga para inculpar a “Santrich”.
Bogotá, D. C, 25 de agosto de 2022
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por Simón Gaviria*.- Atípico que un gobierno presente una reforma tributaria desde el mes de agosto. Se estila radicar presupuestos sin recursos para obligar leyes de financiación en el mes de octubre con mensaje de urgencia. De esta manera, el tiempo para discutir es limitado porque el Congreso tiene hasta diciembre para aprobar. La iniciativa llegó sin consenso previo con los partidos, pero con la promesa de un amplio debate durante su trámite. Con un estilo democrático, el nuevo gobierno debe solucionar el hueco fiscal de $83 billones del anterior. De lo que salga del Congreso, como mínimo se necesitan $23 billones, no solo hay que construir la paz social, también se debe recuperar el grado de inversión.
Como todo, hay cosas para mejorar, pero no es el infierno comunista que muchos trataron de vender. El Congreso debe trabajar con Min Hacienda para lograr una reforma tributaria fiscalmente responsable, haciendo el menor daño posible. Lo mejor sería frenar la evasión, una promesa muchas veces invocada, pero no cumplida. No fue la falta de voluntad de administraciones pasadas, simplemente la tecnología no estaba disponible.
El esfuerzo de US$250 millones de crédito con el BID ha modernizado la Dian. La implementación de la factura electrónica fue exitosa, permite tener información en tiempo real de más de 650 mil contribuyentes. La meta de recaudo de $26 billones es exagerada en un cuatrienio, pero $12 billones son realistas. La fiscalización mejoró, se realizaron más de 150 mil decomisos de mercancía sin papeles por valor de $1.2 billones. Hoy, el 90% de los trámites se puede hacer en línea. Aunque falta por integrar la base de datos de la Dian con otras entidades, incluyendo territorios, y que no se caiga tanto la página Web, esta es un nueva Dian. Hace cuatro años solo 2.8 millones de contribuyentes declaraban, hoy más de 5 millones lo hacen.
La reforma tributaria pide facultades extraordinarias para el Presidente por 6 meses, para reformar el sistema de personal de la Dian. Estas facultades son necesarias para potencializar las nuevas herramientas tecnológicas que refuerzan la lucha contra la evasión. Para empezar, teniendo en cuenta el tamaño de la economía, la planta de la DIAN debe aumentar cinco veces para llegar a estándares OECD. El esfuerzo de inspección física y visitas a empresas sigue siendo insuficiente, el Pareto de esfuerzo está en el manejo de los datos. Los grandes logros contra la evasión provienen de cruzar tantos datos de cada contribuyente como sea posible. Para lograr esto, aparte de contadores y economistas, se necesitan programadores y científicos de datos.
Petróleo Verde
La nueva facultad que pide determinar oficialmente la declaración de impuestos mediante facturación no solo ofrece facultades de recaudo. Ya existe una declaración sugerida, pero ahora si el contribuyente no controvierte va a quedar en firme. Con la reglamentación de plazos, condiciones y demás, en cabeza de la Dian, se hará mucho más poderosa la figura. Esto implica una implementación gradual, pero preparar la declaración para todos los contribuyentes va a requerir procesar muchos más datos que antes. Un paso que hará nuestra relación con la Dian mucho más íntima (que es bueno y malo) y puede significar un quiebre positivo en el recaudo del país.
Bogotá, D. C, 23 de agosto de 2022
*Simón Gaviria, actual fellow del instituto Marron en NYU. Ex-director nacional de planeación y expresidente de la Cámara de Representantes.
Por Alfredo Benavides Castillejos*.-Cambiar la economía extractivista por una productiva, es la política principal del nuevo gobierno de Colombia. En otras palabras, producir, producir, producir.
Pero cómo hacerlo en un país en donde el 60 % es informal o vive del rebusque con sus micro negocios. Además se llega al 90% sumando micro y medianos empresarios los cuales en su mayoría luchan el día a día bajo cargas de impuestos, pagos costosos de materias primas, precios de ventas a veces no competitivos ante los productos y servicios importados, y cada fin de mes o quincena, hay que cumplir como sea con la nómina si la hay, debiéndole a todo el mundo; bancos, proveedores incluso a los temidos cuenta gotas en pueblos y veredas.
Hay cientos de teorías administrativas, foráneas y ajenas a la idiosincrasia de un país de microrregiones en donde los pueblos se fundaron lejanos y sin comunicación provocando que por ejemplo al otro lado de un rio o a pocos minutos de una montaña pareciese que se pasara a otro país.
Algunos países han logrado adoptar, adaptar y mejorar exitosamente algunas, a su modo de vida como es el caso asiático en Singapour, Corea del sur y otros. Una de ellas es la clusterización de la economía planteada por el profesor de economía de la Universidad de Harvard; Michael Porter, la cual plasmada al pie de la letra favorece a empresas e industrias consolidadas en una región determinada pero estas son minoría en Colombia, por lo tanto llevar esto a un plano social es lo que he llamado CLUSTER SOCIAL o AGLOMERADO O CONGLOMERADO SOCIAL algo que no se ha realizado en ningún lugar del mundo y lo considero una innovación social que eliminaría en corto plazo la desigualdad en Colombia.
Este modelo de clúster social aglomeraría en especial los micronegocios por actividades productivas similares, parecidas o complementarias realizadas especialmente por mujeres porque en Colombia son las que en mayor proporción emprenden, viviendo precariamente de sus emprendimientos casi sin ningún apoyo, por esto bastaría hacer censos de productividad por barrios, veredas, pueblos y ciudades de manera localizada por microregiones , aglomerar sin asociar para que trabajen desde sus casas o lugar de trabajo como uniempresas, no es maquilar, es producir de manera aglomerada en cadena de valor , crear una gobernanza oficial y financiada por el estado a través de alcaldías y gobernaciones.
Funcionaría como una junta directiva integrada por las emprendedoras sociales, universidades, y gobiernos locales, con un gerente o clúster manager o gerente social encargado de ayudar y apoyar a esas emprendedoras en innovación, compras conjuntas de materias primas, almacenamientos conjuntos o controlados, marketing en especial digital, internacionalización o exportación, asuntos financieros, consecución de recursos.
Todo se debería hacer mediante una política pública con conpes de clusterización de la economía que cambie las reglas de juego de las comisiones regionales de competitividad. Entre otras cosas, sería la mejor forma de canalizar las ofertas institucionales y aumentar la formalización productiva.
Personalmente estoy liderando una prueba piloto del primer clúster social del mundo con 40 mujeres emprendedoras en la localidad de Usaquén-Bogotá llamadas emprendedoras con amor, algo maravilloso y coincidencia porque es el amor lo que produce los cambios.
*Ingeniero Industrial especializado en Gerencia Social.
Por Amylkar D. Acosta M*.- Crece como la espuma la indignación y la protesta en la región Caribe por el alza desmesurada de las tarifas de energía, las mas altas del país, a tal punto que el aumento en las facturas por la prestación de ese servicio por parte de los dos operadores Air´e y Afinia entre junio del año 2021 y junio de 2022 sobrepasó el 70%, cifra esta escandalosa, en momentos en los que el DANE acaba de anunciar que la inflación anualizada en Colombia se trepó hasta los dos dígitos (10.2%). Es más, este incremento en las tarifas habría sido mayor de no aplicarse por parte de dichas empresas la llamada “opción tarifaria”.
Como afirma el Obispo de la Diócesis de Riohacha Monseñor Francisco Ceballos, “es muy difícil con un salario mínimo pagar los costos de energía, se paga energía o se come y la gente primero tiene que comer”. Como bien dice el Editorial de El Heraldo, “el progresivo incremento de las tarifas de energía en la región Caribe amenaza con convertirse en una bomba de relojería con potencial desestabilizador”. Así de grave y amenazador es el asunto.
A ello ha contribuido especialmente el cargo por pérdidas reconocidas (PR), que pasó de $41.49 por KWH a $247, en contraste con el promedio nacional de $50 por KWH. Y no es para menos, habida cuenta que mientras en el resto del país las PR son del orden de 12.75% dicho cargo en la fórmula tarifaria de la región Caribe es del 34.23% para Air´e y 30.68% para Afinia. Ello en razón de que no sólo se les reconocen las pérdidas técnicas sino aquellas atribuibles a robo de energía e instalaciones fraudulentas, que son responsabilidad de las empresas y no hay razón para que tengamos que pagar justos por pecadores.
Según explica el Viceministro de Energía Miguel Lotero, “estos aumentos se explican porque la región tiene un régimen especial tarifario que fue definido cuando llegaron los nuevos operadores Air´e y Afinia”. Afirma también el Viceministro, para justificar las alzas de tarifas, que “la financiación de estas nuevas inversiones debía hacerse vía tarifa”. Es decir que, a diferencia de lo que se da en el resto del país, en donde a los operadores la CREG les reconocen y remuneran las inversiones ejecutadas en los últimos 5 años a través de la tarifa, en la región Caribe es al revés, somos los usuarios los que vía tarifas estamos financiándole a las empresas, como bien dijo el Viceministro, las inversiones que ejecuten.
Así lo había recomendado la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), que fue la entidad a la que le encomendó la Superintendencia de Servicios públicos diseñar y estructurar el esquema aplicable a los nuevos operadores. Esto dijo: “para generar un escenario viable se requiere, entre otras cosas, ajustes en tarifas que reconozcan el nivel de inversiones proyectadas”.
Por su parte el Director ejecutivo de la CREG Jorge Valencia planteó ante el Congreso de la República como explicación de las alzas desproporcionadas de las tarifas de energía que el órgano regulador “debe velar por tarifas eficientes y servicios adecuados, pero también para que las empresas puedan recuperar los costos en que incurren”, cuando, como ya lo hemos visto, no han incurrido en ellos. Por ello, con toda razón, le respondió la Directora de El Heraldo que “eso no es lo que ocurre con exactitud. La desazón de los usuarios en la Costa frente a los impagables valores de su factura demuestra que la CREG cumple su labor a medias”.
La controversia que se suscitó por el cuestionamiento que se ha venido dando en torno a las condiciones pactadas entre el Gobierno y estas empresas para que relevaran en la operación de red a la inefable ELECTRICARIBE, dio lugar a que la Superintendente de Servicios Públicos Natasha Avendaño terminara revelando el secreto mejor guardado por parte del Gobierno sobre los términos de la negociación que medió la transacción para que ellas asumieran el control de sus activos.
En efecto, las declaraciones la Superintendente, le merecieron titular de prensa, según el cual “Afinia y Air´e pagaron más de $6.4 billones (¡!) para operar servicio en la Costa Caribe”. Según ella “el valor de la transacción tiene tres componentes y sin alguno de ellos no se hubiese podido cerrar… El primer componente es la obligación mínima de inversión de ambos mercados que fue de $5.7 billones. El segundo componente fue el pago por capitalización de las nuevas sociedades que se hizo por $567,862 millones. Y el tercer componente fue el pago a la fiduciaria FONECA por las acciones. En este caso fueron por $149.207 millones”.
Pero, esta es una falacia, la realidad es otra, la Superintendente está sumando peras con manzanas para inflar el monto de la cifra que desembolsaron Air´e y Afinia para hacerse al control y operación de sus dos mercados. Los $5,7 billones son inversiones que se harán en activos eléctricos que van al patrimonio de las empresas, a su balance general, no al Gobierno, por los cuales, además, recibirán su remuneración anticipada vía tarifas. El valor de la capitalización ($567,862 millones) también va al patrimonio de las dos empresas. En últimas, en plata blanca, lo único que recibió el Estado de parte de las empresas fue el pago a la fiduciaria FONECA ($149.207 millones). No se puede hacer pasar gato por liebre para engañar a incautos. A otro perro con ese hueso!
Por lo demás, contrasta ese valor con lo que, a guisa de ejemplo, recibió la Nación en 2009 por la enajenación de la Empresa de Energía de Cundinamarca, con sólo 230.000 clientes vs 2.7 millones usuarios del Caribe de la suma de $212.000 millones!
Bogotá, agosto 20 de 2022
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
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Por Juan Camilo Restrepo Salazar*.- El nuevo gobierno ha dicho que va a hacer dos cosas aparentemente contradictorias: de un lado, cumplir con los postulados de la regla fiscal; y de otro, desarrollar los frondosos anuncios de más gasto público ofrecidos durante la campaña.
Tal es la aparente cuadratura del círculo fiscal cuya superación hace indispensable la reforma tributaria que empieza a discutirse.
En efecto, si el gobierno se dedicara solamente a administrar lo que recibió, o sea a cumplir con la regla fiscal, tendría que reducir en dos puntos porcentuales el déficit fiscal de ahora al 2025; disminuir fuertemente el endeudamiento que tuvo que contratarse durante el tiempo de la pandemia; y contraer en cerca de 10 billones de pesos la inversión pública el año venidero.
Es evidente que dentro de ese marco de austeridad fiscal no cabe el gobierno Petro. Y mucho menos sus ambiciosos programas sociales. De ahí la imperiosa necesidad de una reforma tributaria que recoja entre 20 y 25 billones de pesos el año entrante.
Si esta reforma no se hace, prácticamente quedaría incumplido el ambicioso programa de gasto con el que se comprometió el presidente electo durante la campaña. Por eso se le ha dado primera prioridad a lo fiscal en la agenda legislativa.
Ahora bien, que la reforma sea indispensable no quiere decir que la presentada sea la mejor.
Algunos reparos justificados ya empiezan a mover tempranas rectificaciones. Veamos algunos: Se había dicho que la columna vertebral de la reforma tributaria sería la remodelación de la tributación de las personas naturales. No hay tal. El proyecto de reforma descarga un duro golpe sobre las personas jurídicas, apenas comparable al que recae sobre las personas naturales.
En la exposición de motivos puede leerse, por ejemplo, que a las personas jurídicas se les pretende gravar con 5 de los 25 billones que la nueva norma busca recaudar. A esto habría que agregarle 7 billones que se buscarán por los lados de las empresas petroleras (comenzando por Ecopetrol, demás petroleras y empresas mineras en general).
Lo anterior nos conduce -en una cuenta de servilleta- a que las personas jurídicas tributarán 12 billones (5+7), que es aproximadamente la mitad de lo que se busca recaudar con el total de la reforma propuesta. No es exacto pues que el grueso del esfuerzo se haga recaer sobre las personas naturales. El garrotazo cae por igual sobre jurídicas y naturales.
El proyecto de reforma le dispara sin clemencia a Ecopetrol, a las demás petroleras, al carbón y al oro. El verbo político de la campaña contra la economía extractiva sigue resonando en las normas propuestas. A estas empresas no solo se les prohíbe que puedan seguir descontando de su renta líquida lo pagado por regalías, sino que se les impone un tributo nuevo cuando el valor de sus exportaciones sobrepase límites señalados mediante una elaborada fórmula matemática que aparece en el texto de la reforma.
Se dice en la exposición de motivos que lo que se busca es captar para el Estado una parte de los beneficios que las empresas petroleras y mineras obtengan durante los periodos de auge en las cotizaciones de los productos básicos. Pero si tal es el propósito hubiera sido mucho más técnico gravar las utilidades extraordinarias que obtengan estas empresas más que las exportaciones mismas. Como está haciendo el Reino Unido en este momento.
Además, gravar las exportaciones es un peligroso antecedente. El día de mañana ante alguna penuria fiscal se puede recurrir, por ejemplo, a gravar las exportaciones de café, de flores, de banano, o de algún otro mineral, alegando que sus precios en los mercados internacionales exceden límites razonables.
El gobierno Petro considera que todo lo concerniente al IVA es intocable. Este puede ser un error de apreciación grave. Y no me refiero a los bienes alimenticios de primera necesidad que, evidentemente, no resulta conveniente gravar en este momento con más IVA. Me refiero a la conclusión ignorada en este proyecto a que llegó la comisión de expertos internacionales que presentó un magnífico informe sobre los privilegios tributarios en el 2021. Esta comisión arribó a la conclusión de que el 62% de los bienes y servicios que se producen en Colombia, de una u otra manera, se escabullen de la tributación. En lo que configura uno de los mayores focos de elusión y de regresividad que existe en el país. Nada de esto se toca en el proyecto de reforma tributaria.
El proyecto tiene un telón de fondo que es irreprochable: es necesario avanzar hacia una estructura más progresiva y equitativa en la fiscalidad colombiana.
Ahora nos falta conocer el segundo capítulo, que consiste en saber en qué se van a gastar los dineros que se recojan con la nueva reforma tributaria. La moderna literatura de la Hacienda pública enseña que el gasto bien focalizado redistribuye mucho más que el impuesto.
Ya sabemos cuál es la idea gubernamental sobre los nuevos impuestos. Resta por conocer cuál es la destinación que va a dársele a los nuevos recaudos.
Bogotá, D. C, 21 de agosto de 2022
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por Juan Camilo Restrepo*.-Una de las preguntas más importantes, pero menos analizada es la siguiente: ¿de qué magnitud debería ser la sangría que se le aplique a las empresas y a los hogares colombianos con la próxima reforma tributaria?
Primero se dijo durante la campaña que la nueva reforma iría por $ 50 billones. Rápidamente se vio que esto era una barbaridad, pues pretender extraer a los contribuyentes de golpe y porrazo tal cantidad y en un solo año era imposible.
Entonces el ministro Ocampo sacó de su fértil imaginación una respuesta: no se trata de gravar a los contribuyentes con 50 billones de un solo golpe, dijo, sino gradualmente a lo largo del cuatrienio. Su respuesta tranquilizó los ánimos.
Ahora se abre un segundo capítulo en la discusión, cuando en la exposición de motivos del proyecto se dice que la nueva reforma buscará recaudar 25 billones de pesos del año entrante y otros tantos en el resto del cuatrienio. Para llegar así a la cifra mágica de los 50 billones durante el gobierno Petro.
Algunos son escépticos inclusive sobre la conveniencia de extraerle a los contribuyentes en los momentos actuales una suma de esta magnitud. Por ejemplo, el doctor Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda, ha formulado la siguiente pregunta: “el ahorro de las familias se desplomó en 2022. Además, la inflación les quitó un 10% de sus ingresos. No sé el ministro Ocampo de dónde quiere sacarle 15 o 20 billones de pesos más de impuestos”.
Estas afirmaciones del exministro están confirmadas por hechos y cifras: ya sabemos, por ejemplo, que el buen crecimiento económico que tendrá Colombia en 2022 se debe fundamentalmente al mayor consumo que hubo por parte de los hogares. En 2022 se dio un desahorro monumental de las familias. Los hogares ahorraron durante la pandemia, pero salieron de ella con grandes energías consumistas que atizaron los días sin IVA. Sin embargo, esos ahorros ya se han agotado y no serán motor predominante en el crecimiento del 2023.
Igual viene sucediendo con la inflación que con las cifras del aumento de precios en julio superó la barrera del 10%. El aumento de precios en el solo primer semestre ya devoró el incremento en el salario mínimo que se decretó en diciembre pasado para todo el 2022. Y volvimos, lo que es aún más lamentable, a índices de inflación de dos dígitos que no se veía desde 1999. Estuvimos 23 años con inflaciones de un solo dígito, pero desde el mes de julio de este año entramos de nuevo en los cenagosos terrenos de los dos dígitos. Una verdadera lástima.
Las necesidades de gasto social son por supuesto gigantescas y las promesas de campaña también lo fueron. Pero ni la sostenibilidad fiscal- si se quiere cumplir realmente con los parámetros de la regla fiscal como se ha afirmado- ni la capacidad económica de las empresas y de los hogares, permiten una sangría tributaria desmedida.
Cuando se habla de tributación no solo es conveniente preguntarse: ¿cuánto se necesita extraer con los nuevos impuestos para financiar el gasto? sino: ¿de cuánto es posible diseñar la sangría sin comprometer el crecimiento de la economía?
Es obvio que sangría habrá de todas maneras. El empeño político del nuevo gobierno está concentrado en la tributaria como primera prioridad. Y como “la casa no quedó en orden”-tal como lo dijo el comité autónomo de la regla fiscal- es evidente que se necesita una reforma tributaria para que el país pueda financiar un mínimo del apremiante gasto social. ¿Cuáles serán estos gastos? No lo sabemos aún: lo dirá el plan cuatrienal de desarrollo.
Pero no por ello debemos olvidar que -así los nuevos impuestos se hayan diseñado acertadamente para que estén a cargo de los más adinerados- no es el mejor momento para recargar la mano en exceso a los contribuyentes; y tanto más si el garrotazo mayor cae sobre las rentas de personas naturales, que es la columna vertebral de la reforma presentada.
Llama por ejemplo la atención que, salvo en lo que toca a la gasolina de frontera, en el proyecto de reforma tributaria nada de lo concerniente al IVA se toca. A pesar de que allí radica uno de los mayores focos de distorsión de la fiscalidad. Cerca del 62% de los bienes y servicios que deberían estar pagando IVA no lo hacen. Y no se trata de los alimentos de primera necesidad que, desde luego, no deben gravarse.
El gobierno parte del supuesto de que nada que tenga que ver con el IVA se puede tocar. Esto no es correcto. El informe de los expertos en privilegios tributarios concluyó que la mayoría de las gabelas injustificadas se origina en el diseño defectuoso del IVA. Y de nuevo: no estamos hablando de gravar la canasta familiar; estamos refiriéndonos a ese 62% de bienes y servicios que escapan a la tributación del IVA. Lo que es una de las razones que hacen regresivo e ineficiente el sistema fiscal colombiano.
Este es un tema para analizar al estudiar los pormenores del proyecto de reforma que tiene, desde luego, cosas muy plausibles. Ante todo, su afán de avanzar hacia una tributación más progresiva. Pero que sea plausible, no significa que no surjan muchos aspectos que es necesario desmenuzar. Como tendremos que hacerlo más adelante desde esta columna.
Bogotá, D. C, 14 de agosto de 2022
*Abogado y Economista Exministro de Estado.
Por Amylkar D. Acosta M*.- Los últimos años han sido pródigos y promisorios en materia de gas natural. El más reciente anuncio, por parte del Presidente de ECOPETROL Felipe Bayón, del gran hallazgo de un nuevo yacimiento, Uchuva - 1, se viene a sumar a otros no menos importantes, tales como Gorgon - 1 (2017), que ahora se confirma como muy prometedor, Kronos (2015) y Orca - 1 (2014).
Se estima que la magnitud de las reservas de Uchuva - 1 es equivalente al actual volumen de reservas probadas, es decir que ampliaría el horizonte del coeficiente reservas/producción (R/P) otros 8 años más. Su localización es estratégica, porque está a solo 80 kilómetros de las dos Plataformas de Chuchupa, lo cual permitirá utilizar sus facilidades para poder extraer el gas y conectarse con la misma y así empalmar con el gasoducto Ballenas - Barrancabermeja y Ballenas - Cartagena para su transporte hasta los centros de consumo.
Aquí hagamos una digresión para destacar que gas natural vehicular (GNV) reduce en un 99% las emisiones de material particulado (PM2.5) y los óxidos de azufre y en un 30% las emisiones de CO2, en comparación con la gasolina y el diésel-motor. Y en comparación con el uso del carbón, especialmente para la generación de energía, sus emisiones son menores entre un 50% y 60%. Ello llevó a la Comisión Europea, liderada por Ursula von der Leyen, el pasado 2 de febrero, mucho antes de la invasión rusa a Ucrania a incluir y considerar al gas natural como actor “clave en la Transición energética y lucha contra el cambio climático”. Según ella, esta decisión permitirá “abandonar más rápidamente actividades más contaminantes, como la generación de energía a partir del carbón; a favor de un futuro climáticamente neutro y basado de forma preponderante en fuentes renovables”, enfatizó.
El gas, “gracias a unas virtudes que le colocan en una situación relativa mejor que el carbón o el crudo, se sitúa como la fuente de energía más adecuada en la costosa transición hacia el mercado dominado por las renovables. Hasta cierto punto - sobre todo el GNL - garantiza la independencia energética y exhibe flexibilidad operativa para transformarse en electricidad. Los próximos quince años serán del gas. Por algo el gas ha sido considerado el príncipe de los energéticos, llamado a ocupar el lugar del petróleo cuando este, que sigue siendo el rey, sea destronado.
Estos descubrimientos refuerzan mi propuesta de montar en La Guajira una planta bidireccional, que permita la licuefacción de gas para exportarlo cuando tengamos excedentes y/o regasificarlo en la eventualidad de que tengamos que importarlo para cubrir un déficit temporal. Ello, en lugar de insistir en el embeleco, en el que se empecinó la administración Duque, de montar una planta regasificadora en Buenaventura solo para importarlo, con lo cual, de paso, se estaría desalentando y desincentivando la exploración y explotación del potencial de gas con el que contamos. Huelga decir que, debido a la actual coyuntura internacional la cotización del gas natural en los mercados internacionales está pegada al techo, superando los US $8 el MMBTU.
Estos hallazgos ponen de manifiesto que los hidrocarburos sólo se encuentran si se buscan y la inconveniencia de detener la actividad exploratoria a sabiendas de que las reservas con las que se cuenta son muy precarias. En cuanto al gas natural se refiere las reservas probadas con las que cuenta el país, 3.16 TPC, sólo garantizan la autosuficiencia por los próximos 8 años. La euforia que despiertan las albricias, entonces, no nos pueden llevar a la autocomplacencia y a bajar la guardia, pues el fantasma de la importación de hidrocarburos (petróleo y gas natural) nos sigue rondando.
En este sentido también tenemos buenas noticias. Me refiero al paso que acaba de darse, después de una larga espera, de la interconexión de las dos grandes redes de gasoductos con las que cuenta el país (el que opera PROMIGAS y el que opera el GEB) integrando en un solo mercado, que estaba segmentado, las reservas y la producción de gas del Caribe colombiano con las del interior del país. Ello permitirá hacia el futuro que el transporte del gas se pueda dar en ambos sentidos según las necesidades y la demanda regional y así no estar expuestos a la paradoja de acusar déficit de suministro en uno de los mercados concomitantemente con excedentes de producción en el otro por no contar con la infraestructura que permitiera el flujo de gas en ambos sentidos.
Cota, agosto 13 de 2022
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Por Gabriel Ortiz*.- No alcanzó a posesionarse Petro, cuando la corrupción del gobierno de los 20 años nos pasó la cuenta. Durante la campaña todos los candidatos alertaron al país sobre la necesidad de una reforma tributaria inmediata. Las arcas estaban exhaustas ante la voracidad, la venalidad y la podredumbre de ciertas clases políticas, económicas y privilegiadas.
El empalme descubrió la olla raspada. Era necesario enfrentar la caótica situación financiera, la extrema deuda pública y la inflación, porque de lo contrario al país lo derrumbarían el desempleo, la pobreza y el hambre.
La infantil jugadita de Duque con la espada del Libertador casi pasa inadvertida ante la dimensión del incalculable hueco económico. Las canas que exhibió Duque durante cuatro años no alcanzaron para ocultar su biche madurez para el manejo de un Estado.
Era urgente y necesaria la reforma tributaria. Petro advirtió que el 10% de los colombianos posee el 70% de la riqueza, lo que nos lleva a edificar una patria más igualitaria. Contrariamente a lo que muchos esperaban, hizo un discurso moderado y orientado a reiterar su propósito de dialogar para cambiar el fracaso por el éxito, que nos conduzca a una sociedad con trabajo, producción y conocimiento, sin impuestos confiscatorios.
Planteó la necesidad de darle un novedoso tratamiento a la droga y al narcotráfico -que tanto nos han costado y que son culpables un desastre- que con la participación de todos los países, productores y consumidores, puede redimirnos. Igual acción se debe adelantar con nuestra selva amazónica.
Hizo especial énfasis en libertad de expresión: “los cuerpos de inteligencia del Estado no perseguirán a la oposición, ni a la prensa libre, ni al poder judicial, ni al que piense diferente”. Se acabarán las “chuzadas”.
Y fue más allá: “no quiero dos países, ni dos sociedades, quiero una Colombia fuerte, justa y unida.”
Pero esta nación fuerte, justa y unida necesita que la reforma tributaria sea equitativa. Que se entienda que las pensiones no son rentas de trabajo, ni objeto de impuestos, como lo falló la Corte. Son un ahorro individual para sostener la vida amable de quienes entregaron sus mejores años al trabajo. Si sus ahorros fueron superiores al equivalente a 10 millones mensuales de hoy ¿Por qué deben sufragar impuestos que ya pagaron y que cada año se reducen por la diferencia entre el incremento del mínimo y el de los pensionados? Uribe ilegalmente elevó al 12% los aportes para unas EPS, que no responden por atención digna ni por medicamentos. Esa la razón para que deban acudir a las medicinas prepagadas, a las que también le aplican IVA.
Si 10 millones de pesos mensuales convierten en clase media a una familia, estamos en un país miserable. Ministro Ocampo: no son 10 millones de dólares mensuales, son 10 millones de devaluados pesos, de esos del Banco Emisor.
BLANCO: Biden da el primer respaldo a Petro para luchar contra las drogas.
NEGRO: Nadie toca los 60 billones anuales de la corrupción. Podrían evitar la reforma tributaria.
Bogotá, D.E, 12 ed agosto de 2022
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
