Opinión
Por Gabriel Ortiz*.- Más rápido de lo esperado, se empezó a sentir la desbordada inflación, que no se registraba desde los gobiernos de Andrés Pastrana el siglo pasado y Duque en este. En agosto, mes de las cometas, se elevó el costo de vida a 10.84, por la carestía de la carne, leche, líquidos, alimentos, “corrientazo”, electricidad y combustibles. Increíble que, en un país con crianza extendida de ganado, desde las sabanas, hasta la desforestada selva amazónica, tengan unos precios tan elevados la carne y la leche. Es irracional e ilógico, que no haya un control de precios y exportaciones de alimentos tan básicos.
Palosa en su caricatura de este martes, en El Nuevo Siglo, atribuye ese encarecimiento a la urgencia de restablecer “las convivir 2.0”, que defiendan las tierras de los ganaderos. Son millares de animales que se exportan en pie, en las peores condiciones. Pero bueno: como no solo de carne y leche vive el hombre, hay otros alimentos que muestran incremento en sus precios. El pan, del que sí vive el hombre, también se encareció y redujo su tamaño.
A Juliet Solano, la encargada del DANE, correspondió esta vez el baldado de agua a los colombianos, con las cifras de una inflación galopante, que se hubiera podido derrotar, si el gobierno de entonces se le hubiera adelantado a la escasez de alimentos. Lo había planteado en columna anterior, que simultáneamente con la acertada vacunación, se debió emprender un programa agropecuario de gran envergadura, como lo planteó oportunamente Jorge Pedraza, Secretario del Grupo Andino, para producir nuestros alimentos, mantener el empleo y exportar para compensar nuestra economía.
Hoy estamos pagándola: vemos como el PAE, alimenta los niños pobres con comida chatarra y carne de burro en precarias condiciones.
Los precios de los servicios públicos, los arrendamientos, el gas, los combustibles, el transporte y tantos más, castigan sin piedad a nuestra población.
Mientras los estanques están llenos y colombianos subsidian la energía de los costeños, allí se pagan los precios más altos del país y las empresas productoras se llenan de dinero. Es claro que, en su momento las autoridades, los políticos y la sociedad, se complacían con el robo y contrabando de este servicio.Un kilovatio en el interior del país, vale menos de la mitad del que se cobra en la Costa. Ya Petro ha tomado nota y anuncia soluciones.
La inflación es grave y con tendencia a empeorar, si no se aplican medidas de emergencia, para controlar los precios, aumentar nuestra producción agrícola, eliminar el contrabando de los servicios públicos y se eliminen las invasiones que últimamente azotan por igual a agricultores, campesinos y propietarios de las tierras. Petro está ofreciendo todo lo que tiene a su alcance y la ley le permite, para alcanzar la Paz Total. Merece un apretón de manos.
BLANCO: A 12 años llegó El Muro, el medio de los periodistas para los periodistas. Felicitaciones Norberto Patarroyo, quien no desmaya en sostenerlo.
NEGRO: En Bogotá, hasta los “trenes de Aragua”, atracan. Inseguridad total.
Bogotá, D. C, 8 de septiembre de 2022
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por Paloma Valencia*.- Desde la posesión del Presidente Gustavo Petro, hace días, hemos visto muchos anuncios. Tantos, que es difícil hablar con profundidad de todos ellos. Pareciera que improvisan, en muchos casos. Se describen políticas públicas con la simpleza de quien opina, sin profundidad ni rigor. No se sabe aún hacia dónde vamos, la incertidumbre en casi todos los sectores se mantiene, y si algo, empieza a aclararse es un camino oscuro, en muchos sentidos, inconducente.
El anunció más importante es la paz total, aquella que reclamaba el terrorista Iván Márquez. Consiste en una “nueva política” sobre los violentos. Tiene dos tipos de contenidos, unos contra las Fuerzas Armadas de Colombia y otros para los criminales. Para las Fuerzas han sido 30 días de solo destrucción: más de 70 generales dados de baja ¿Cuánto pierden nuestras fuerzas? ¿Cuánto nos tomará volver a tener profesionales con esa experiencia? ¿Cuál será el impacto sobre la seguridad de los colombianos?. Pero no paró ahí. Se anunció que habrá anotaciones sobre las hojas de vida de los oficiales que no logren evitar las acciones de los criminales. Se les ha tratado de violadores de DDHH y así se difundió en los colegios con la “Comisión de la Verdad”. Se les ordenó restablecer relaciones militares con el ejército de Venezuela (vinculado al cartel de los soles).
Por el otro lado, buenos anuncios para los criminales. No habrá extradición, no habrá bombardeo de campamentos, no habrá erradicación con glifosato, ni erradicación forzosa, se levantarán las órdenes de captura. Se les ofrece a todos, negociación. Con los beneficios de la negociación política al ELN; ya no con sometimiento, sino con acogimiento, a los grupos armados que van desde las disidencias de las Farc hasta el Clan del Golfo. Negociación también con las estructuras que empiezan con la Oficina y todas sus bandas, hasta no sabemos qué tipo de banda criminal. Para todos habrá beneficios, aún sin especificar.
No hay ni un solo anuncio en política social. Nada que beneficie a los colombianos de a pie. Es más, aún no han dicho para que son los 25 billones que buscan recaudar en la reforma tributaria. No quiero crear suspicacias, pero ¿será que también son para los bandidos, y no para los ciudadanos y por eso no lo dicen?
Una coletilla sobre el ELN: el gobierno le ha ofrecido al ELN una negociación otorgándole trato político. En mi opinión, no lo puede tener. No comparto el concepto de delito político que tenemos en Colombia, mediante el cual se justifica la violencia por razones políticas, y sobre todo, porque una vez elegido Petro como Presidente, la insurgencia del ELN desaparece de manera automática. El ELN manifestó su apoyo a Petro, pero lo más importante compartió con él la lucha insurgente; la victoria democrática de Petro cambia el escenario político.
La Corte Suprema sobre la ley de Justicia y Paz en el 2005 estableció que los paramilitares no podían tener trato político porque estaban del lado del Estado y no pretendían derrocarlo o perturbar su funcionamiento: “..debido a que los hechos delictivos cometidos por cuenta o en nombre de los paramilitares no fueron ejecutados con el propósito de atentar contra el régimen constitucional y legal vigente… pretender que una norma identifique como delito político conductas claramente señaladas como delitos comunes resulta contrario a la Constitución vigente”. Entendiendo como el régimen constitucional y legal al Estado colombiano. El ELN ya no está contra el régimen constitucional y legal del Estado colombiano; y por lo tanto no podrá entenderse como delito político sus crímenes. El ELN ya no es ahora un grupo guerrillero; es más bien, un grupo paramilitar.
Bogotá, D. C, 7 de septiembre de 2022
*Senadora del Centro Democrático.
Por Humberto Tobón*.- Los trenes de cercanías son soluciones muy eficientes para el transporte de pasajeros y mercancías en distancias cortas, bien dentro de una megaciudad o conectando ciudades aledañas. Europa los tiene adoptados desde hace muchas décadas. Se les ve como una alternativa rápida en términos de movilización, limpia en materia energética, eficiente en aspectos de ocupación y económica en costos si se compara con soluciones carreteables.
En Colombia avanzan varias iniciativas de trenes de cercanías. La que tiene mayor adelanto es Regiotran de Occidente, que conecta Bogotá, Facatativá, Madrid, Funza y Mosquera, en una distancia de 40 kilómetros, con un costo cercano a los 4 billones de pesos y la capacidad de movilizar diariamente a 120 mil personas.
También se está pensando en trenes de cercanías que conecten a Bogotá con Soacha y con Chía, Cajicá y Zipaquirá, este último funciona desde la estación de La Sabana, pero con una baja intensidad diaria.
En Antioquia se habla del tren de cercanías del Valle de Aburrá, que avanzaría por un costado del río Medellín y conectaría los municipios de Caldas y Don Matías, integrando dentro de su recorrido varias estaciones del Metro. Su costo está estimado en 4,3 billones de pesos, cubriría 78 kilómetros y se habilitaría parte del trazado del Ferrocarril de Antioquia y serviría para movilizar pasajeros, carga y residuos sólidos.
Valle no se queda atrás y ya conformó un esquema asociativo territorial que trabaja en el proyecto de tren de cercanía del sur del Valle del Cauca, que uniría inicialmente Jamundí y Santiago de Cali en un recorrido de 24 kilómetros y se extendería luego a Yumbo y Palmira en un trayecto de 72 kilómetros. La primera inversión sería de 2,8 billones de pesos y movilizaría 70 mil pasajeros al día, así como carga.
La región Caribe revivió un proyecto archivado desde 2014, que pretende unir los departamentos de Bolívar, Atlántico y Magdalena a través de un tren de cercanía, con una longitud de 230 kilómetros, que transportaría carga y a 60 mil pasajeros diarios y tendría un costo de 5 billones de pesos.
Desde 2018 la iniciativa de un tren de cercanía que uniera Manizales, Pereira y Armenia con el Valle del Cauca, quedó planteada en la creación de la RAP Eje Cafetero. El proyecto requiere un estudio de prefactibilidad que cuesta alrededor de 9 mil millones de pesos, de los cuales, a instancias de la RAP, la Financiera Nacional de Desarrollo propuso aportar el 80%. El estudio permitirá establecer su viabilidad técnica y financiera, de acuerdo con el trazado y el movimiento de pasajeros y carga.
Todos los proyectos de trenes de cercanías hacen parte del Plan Maestro Ferroviario Nacional aprobado en la administración del presidente Iván Duque, menos el del eje cafetero. Esto implica que la primera tarea a nivel regional, es hacerlo incluir.
Muy seguramente veremos rodando los primeros trenes entre 2025 y 2035. Muchos de estos proyectos serán presentados al plan de desarrollo y buscarán el respaldo financiero del gobierno nacional, acogiendo el llamado del presidente Petro, de que es fundamental fortalecer la economía a través de movilización por vías férreas.
Pereira, 07 de septiembre de 2022
Economista de la Universidad Libre. Estudió Administración Financiera en la EAN y Comunicación Social en la U Jorge Tadeo Lozano.
@humbertotobon
Por José G. Hernández*.-Como se recordará, en Chile está vigente la Constitución de 1980, puesta en vigencia durante la dictadura de Augusto Pinochet, que desde hace tiempo los chilenos quieren sustituir por una verdaderamente democrática, pluralista, igualitaria y participativa, que consagre y permita hacer efectivos las garantías y las libertades, en busca de un Estado Social de Derecho.
En 2020, después de un estallido social de grandes proporciones, el gobierno se vio precisado a convocar al pueblo, para escucharlo y propiciar -por la vía pacífica y democrática- los cambios de orden político, económico y social a los que aspira la ciudadanía. Se inició un proceso político que tuvo un momento determinante, mediante el trámite de una consulta plebiscitaria acerca de la continuidad o sustitución de la Carta Política vigente. En histórico plebiscito, votado el 25 de octubre de 2020, y por abrumadora mayoría, el pueblo adoptó la decisión de evolucionar hacia un nuevo orden constitucional, merced al legítimo ejercicio de la soberanía popular.
No se procedió, como lo hicimos en Colombia en 1990, eligiendo un cuerpo constituyente habilitado para poner en vigencia la Carta Política, sino que se pactó una agenda con varias etapas, hasta llegar a la aprobación, por el mismo pueblo, de una nueva Constitución. Fueron elegidos, por voto popular, los integrantes de una Convención Constitucional, encargada de redactar el proyecto. Su gestión culminó el 29 de junio de 2022. El siguiente paso tendría lugar el 4 de septiembre, cuando sería votado un nuevo plebiscito: el pueblo decidiría si aprobaba o rechazaba el texto elaborado por la Convención Constitucional.
El pasado domingo, 4 de septiembre de 2022, fue votado el plebiscito. Se preguntaba a los votantes si aprobaban o rechazaban el texto proveniente de la Convención Constitucional. El resultado fue contundente: con más del 62% de los votos depositados -era obligatorio sufragar- los ciudadanos chilenos decidieron rechazar el documento. Para la mayoría, esa no debía ser su Constitución.
Hubo alguna desinformación, y muchos -entre ellos el presidente colombiano- estimaron que, en razón de los resultados, revivía el ordenamiento dictatorial y que el pueblo había expresado su voluntad en el sentido de continuar gobernado bajo la Constitución de Pinochet. Basta recordar que las dos opciones -aprobación o rechazo- recaían sobre el texto elaborado por la Convención Constitucional, y escuchar lo afirmado por los dirigentes que lideraron el “rechazo”, para ver que esas conclusiones son erróneas. Ni revivió Pinochet, ni se hundió la posibilidad de acordar, redactar y poner en vigencia una nueva Constitución.
Desde luego, los resultados del domingo pasado significan un golpe político al presidente Gabriel Boric, quien introducirá cambios en su equipo de gobierno y convocará nuevas consultas, pero de ninguna manera se ha frustrado el proceso constituyente. El carácter vinculante del plebiscito se circunscribe a la pregunta formulada: si los votantes rechazaban o aprobaban un texto determinado. Lo rechazaron por abultada mayoría, pero se debe cumplir la dispuesto en el Plebiscito de 2020: reemplazar la Constitución actual y proyectar otra, que es seguramente lo que intentará el presidente Boric -a ello se ha comprometido públicamente-, mediante el diálogo y con el concurso del Congreso y de los partidos políticos. En democracia. Sigue el proceso constituyente.
Bogotá, D.C., 7 de septiembre de 2022
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Simón Gaviria*.- Cuando se creó el impuesto al carbono en 2016, se aprobó lo que políticamente era posible y, a la luz de hoy, funcionó. Gracias a una tarifa de $17.660 por tonelada de carbón en 2021, el país recaudó $425 mil millones. Es un tributo al uso de combustibles, pero que se compensa si el contribuyente es carbono neutro.
Se puede adquirir bonos de carbono creados por terceros para cumplir el requisito, lo cual contribuye a la creación de un mercado de carbono nacional. Si bien hay leves ajustes en la tributaria, seguimos sin desincentivar todos los gases efecto invernadero (GEI), no es solo el dióxido de carbono que causa el calentamiento global. Un impuesto que abarque más sectores tendría sentido.
El actual mercado de créditos de carbono mueve más de $600 mil millones, debido a una demanda anual de 13 millones de toneladas. Estos recursos para ser usados en el esquema tributario, deben registrar proyectos ante Min Ambiente. Gracias al incentivo de compensar el impuesto al carbono se financian 65% de estos. La nueva tributaria limita la compensación a tan solo el 50% del valor económico actualmente se puede hasta el 100%, debilitando el incentivo a la conservación para privilegiar la caja. En vez de poder pagar por conservación, por lo menos la mitad del recurso debe ir en efectivo a la Dian.
Cuando se definió el precio de la contribución en 2017, este era cerca de US$5, pero como consecuencia de la devaluación y de un ajuste de inflación más uno por ciento, se perdió casi 25% de su valor en dólares, tanto, que el mercado voluntario internacional está por encima, oscilando entre US$7-15. En la tributaria se aumenta la base de la contribución en 16% para llegar a $20.500 la tonelada, monto que, en dólares, está por debajo del precio original. Como se mantiene la fórmula de ajuste es probable que nuestro incentivo local sea insuficiente. Ahora con COP 27 fortaleciendo temas de financiación, las transacciones internacionales no se contabilizan para cumplir compromisos nacionales.
Con la propuesta de reforma, el impuesto al carbono se amplía levemente, incluyendo el consumo de carbón de manera gradual hasta 2028, pero con ello el tributo solo afecta sectores como transporte (16,9%), hidrocarburos (3,1%) y minería de carbono (2,2%), lo cual, en conjunto, solo aporta el 22,2% de las emisiones nacionales. No obstante, otros sectores que son mucho más contaminantes están exentos de contribuir al cambio. No hay ni garrote ni zanahoria para manufactura, industria, energía o residuos sólidos. El proyecto de reforma tributaria también debería traer incentivos puntuales para fomentar las inversiones privadas de la transición energética.
El grueso de los avances en sostenibilidad proviene del incentivo privado a disminuir los costos; el Estado debe acelerar este proceso. El Congreso debe aprobar algunas de las modificaciones del impuesto al carbono, pero al limitar la compensación al 50% se da un golpe a la conservación. Al ir estos recursos al presupuesto general puede que se gaste en conservación, pero también en defensa y pensiones. Esto afecta el propósito de disminuir en un 51% las emisiones nacionales para 2030, mucho mas cumplir con las metas del nuevo presidente. Se recauda un poco más, pero hacemos menos por el medio ambiente.
Bogotá, D. C, 23 de agosto de 2022
*Simón Gaviria, actual fellow del instituto Marron en NYU. Ex-director nacional de planeación y expresidente de la Cámara de Representantes.
Por: Guillermo García Realpe*.-De pronto este titular se ha tomado como algo obvio o de perogrullo, pero no es así, el campesino y las campesinas desde hace muy poco relativamente, son objeto de reconocimiento como población diferenciada y especial por parte de organismos internacionales multilaterales, como la ONU, en declaración de 2008 y de diciembre de 2018, en una declaración formal sobre derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en la zonas rurales, que curiosamente el gobierno colombiano no apoyo. Y en Colombia, nuestra Constitución del 91, en su artículo 64 sólo impone como deber del Estado, PROMOVER el acceso progresivo a tierras y otros servicios para los trabajadores agrarios.
No reconoce derechos fundamentales, ni los reconoce como grupos social y cultural diferenciado, solo una conceptualización económica de trabajadores del campo.
Sobre otros grupos sociales, como los indígenas, sí existe regulación internacional, como el Convenio 169 de 1989 de la OIT, también la ley 21 de 1991 en Colombia y mucha jurisprudencia constitucional, además de un gran bloque de constitucionalidad. Igualmente ocurre con las comunidades negras y afro descendientes con la ley 70 de 1993.
Ambas poblaciones tienen reconocimiento particular afirmativo y positivo.
Los indígenas, tienen grandes territorios en sus resguardos, tienen gobierno propio, las ETIS, régimen de salud diferenciado, EPS, derecho propio, etc. Consulta previa a su favor sobre cualquier acción o decisión del Estado o de desarrollo o infraestructura.
Las comunidades negras y afro descendientes un robusto régimen de territorios comunitarios, consejos comunitarios, etno educación, etc.
Esto nos induce a concluir que, existe un enorme déficit jurídico y jurisprudencial discriminatorio de un enorme sector social. Enorme como componente poblacional, según encuestas, más del 30% de colombianos se declaran campesinos y por su importancia medular en la producción de los alimentos que demanda Colombia y el necesario excedente para exportación y divisas.
El acto legislativo número 19 de 2022 de reforma constitucional, presentado por el gobierno del presidente Petro, hace justicia, aumentando un nuevo párrafo al artículo 64 de la Constitución nacional reconociendo al campesinado como sujeto de especial protección. Comprometiéndose el Estado en forma especial a la protección y garantía de sus derechos individuales y colectivos. Agregando, adicionalmente que, forma parte del bloque de constitucionalidad toda la declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los campesinos, con una variada relación de derechos, garantías, reconocimiento a su forma de vida, de producción, de cultura, de comercialización, de organización etc.
La crisis social y económica del campesinado es más fuerte que en la población urbana en todos los índices, pobreza multidimensional, acceso a la propiedad y tierras, educación, empleo y formalidad, seguridad Social y salud, etc.
Sumado el riesgo mundial y nacional de una crisis alimentaria, en buena hora esta disposición que debe traducirse en política pública, en planes, programas y proyectos para obtener la dignidad y el fortalecimiento económico, social y funcional en un país que quiere superar sus desigualdades.
Bienvenida esta reforma constitucional.
Bogotá, D. C, 6 de septiembre de 2022
*Exsenador Liberal.
@GGarciaRealpe
Por Amylkar D. Acosta M*.-Después del hallazgo de gas natural en La Guajira y en el pie de monte llanero, las dos principales fuentes de suministro del gas del país, que ya están en franca declinación, no ha habido otro de su importancia. Las reservas con que se cuenta, de 3.1 GPC, a duras penas alcanzan para 8 años, de allí la urgencia de explorar aún más para recuperarlas, ya que desde hace una década pasamos de la abundancia a la escasez de gas, poniendo en riesgo el autoabastecimiento. Por fortuna, en los últimos días se ha anunciado por parte del Presidente de ECOPETROL Felipe Bayón descubrimientos muy importantes y esperanzadores que pueden alejar el fantasma de las importaciones de este energético. De todos modos se cuenta con una planta regasificadora de la Sociedad portuaria El Cayao, localizada en Cartagena, para importarlo ante eventuales déficits internos de suministros, cuando el parque de generación térmica así lo requiera.
Este es el escenario que enfrenta Colombia en medio de la crisis energética a nivel global que ha exacerbado la invasión rusa a Ucrania y las sanciones impuestas por EEUU y sus aliados de la UE a Putin, que ha elevado sensiblemente la cotización del gas, superando los US $8 el MMBTU, incrementando exorbitantemente los precios y las tarifas de energía, atizando de paso la inflación global. Ello ha venido a interferir la marcha de la Transición energética en dichos países, obligándolos a dar marcha atrás en su avance, en pos de garantizar la seguridad y sobre todo la soberanía energética. Claro está que este impasse puede servir de catalizador a la Transición energética, acelerándola, única vía para superarlo con éxito.
Es en este contexto en el que se tendrá que seguir avanzando por parte de la administración Petro en la hoja de ruta de la Transición energética en el país, que tiene sus propias peculiaridades. Empezando porque mientras en los EEUU y en la UE el 73.2% de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provienen del sector energético, en Colombia este sólo contribuye a ellas con el 30%. Adicionalmente, al tiempo que en el resto del mundo el sector eléctrico genera el 35% de dichas emisiones, en Colombia sólo el 5%. En Colombia, a diferencia de los demás países, la principal fuente de emisiones de GEI, con el 45%, es el cambio de uso del suelo, la agricultura, la ganadería y sobre todo la deforestación, que el año pasado registró la alarmante cifra de 174.103 hectáreas, creciendo el área devastada por segundo año consecutivo (¡!).
En Colombia, como en el resto del mundo, el gas natural está llamado a servir de combustible puente de la Transición energética y así lo catalogó el parlamento europeo, integrándolo a su matriz energética con el sello verde, dándole el mismo tratamiento de las energías renovables. Colombia requiere del gas natural para avanzar en una Transición gradual, como tiene que ser y responsable. Y dado que nuestras reservas de gas son tan precarias es imperativo continuar con la exploración del mismo, pues sólo se encuentra si se busca, para así garantizar una Transición tranquila. Una de las lecciones aprendidas de la tragedia que vive la UE es que la Transición energética no debe poner en riesgo la seguridad y la soberanía energética.
Quienes desestiman la importancia del gas natural en la fase en la que estamos de la Transición energética, como Jésica Arias, del equipo de energía de Transforma y Ph.D en Transición energética, afirman que “en la generación eléctrica tenemos todo el potencial para suplir nuestra demanda a mediano plazo con fuentes renovables”. Ello es absolutamente falso, tanto más en cuanto que los principales proyectos de energía eólica que se están instalando en La guajira sólo entrarían al sistema interconectado nacional (SIN), si no se presentan más demoras, el 1º de abril de 2024 (¡!), después del aplazamiento dispuesto por el Ministerio de Minas y Energía en su Resolución 40181 de mayo 23 de este año.
Además, las fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), dada su intermitencia, requieren contar con el respaldo de la energía firme que sólo puede garantizar el parque térmico, que cuenta con 5.400 MW de potencia instalada y este requiere para operar del gas natural. Y no podemos cometer la misma insensatez de los europeos de apagarlas asumiendo el riesgo sistémico subsiguiente.
Del gas natural, al igual que del petróleo, podemos decir que es mejor tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos y peor que depender de ellos es depender de sus importaciones. Ello fue lo que llevó al Congreso de la República a expedir la Ley 2128 de 2021, tendiente a promover “el abastecimiento, continuidad, confiabilidad y cobertura del gas combustible en el país” y la masificación de su uso “se declara de interés nacional y estratégico para el desarrollo económico, social y ambiental”. Exponer al país a tener que importarlo contraviene esta Ley, ello sería impensable.
Cota, septiembre 4 de 2022
*Economista. Expresidente del Congreso y exministro de minas y energía.
www.amylkaracosta.net
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Hasta ahora el ministro Ocampo ha recibido muchas más propuestas para peluquear la reforma tributaria que las que ha solicitado de nuevos impuestos que compensen los recortes que se hagan y permitan mantener el objetivo de los $25 billones.
‘Hay varios aspectos de la reforma que deben ser modificados como por ejemplo el impuesto a algunos alimentos ultra procesados que hacen parte de la dieta de los más pobres, o disminuir un poco la doble tributación de utilidades y dividendos, o incrementar menos la tarifa de la ganancia ocasional. El objetivo de estas sugestiones, y de otras posteriores, es presentar algunas ideas para compensar el menor recaudo de estas modificaciones.
La primera es eliminar la exención existente al IVA en las transacciones de finca raíz, y ampliar el campo de aplicación de la norma que ya se había establecido en la reforma de 2016, cuando se impuso un IVA del 5% a la venta de vivienda nueva con valor superior a unos $1,000 millones.
En el proyecto de reforma de 2018 el ministro Carrasquilla propuso extender este IVA a todas las ventas de finca raíz, manteniendo la misma excepción de la vivienda de menor valor. Sin embargo, el Congreso le cambió la plana y en la Ley 1943 de ese año estableció un impuesto al consumo del 2% para todos los inmuebles de valor superior a os $1.000 millones, con excepción de los predios destinados a actividades agropecuarias. La Corte Constitucional tumbó este impuesto en una decisión dividida de 5 contra 4 que salvaron su voto con argumentos de fondo.
La propuesta es simple: establecer que no están exentas de IVA las compras de todo tipo de inmuebles con un valor superior a 25.000 UVT, incluyendo las compras de inmuebles usados que no hubieran pagado el IVA en transacciones anteriores, y determinar una tarifa del 5% para estas ventas.
Son varias las ventajas de esta propuesta. En primer lugar, al contrario de la imposición del IVA a los productos de la canasta familiar, esta es una medida progresiva que solo afecta a las personas de más altos ingresos que pueden comprar inmuebles de más de $1.000 millones.
En segundo lugar, a diferencia del impuesto al patrimonio no se puede argumentar que los propietarios no tienen la liquidez para pagarlo, dado que lo paga el comprador del inmueble.
En tercer lugar, está en la línea de seguir las mejores prácticas de los países de la OECD (...) En nuestro vecindario en Chile se paga el 19% y en Argentina entre el 10% y el 21%.
Por último, es un impuesto que puede recaudar unos $ 2 billones en el año, y es muy fácil de recaudar pues se cobra en las notarías.
Bogotá D.C., 04 de septiembre de 2022
*Filósofo y economista. Consultor.
Por Juan Camilo Restrepo*.- Lo que está sucediendo con la reforma tributaria me hace recordar la historia del comerciante de pescado que abrió una tienda, y le puso entusiasmado un vistoso aviso que decía: “se vende pescado fresco”.
Pasó un amigo y le dijo: “hombre, si usted abre esta tienda es obvio que es para vender pescado”.
Tiene razón, pensó el comerciante, y redujo el aviso a decir: “pescado fresco”.
Pasó por allí un segundo amigo y le dijo al comerciante: “si usted ofrece pescado es apenas natural que sea fresco”.
Ante lo cual nuestro comerciante pensó que su amigo tenía razón y redujo el aviso a decir sencillamente: “pescado”.
Un último amigo abordó al comerciante y perentoriamente lo apostrofó. “Hombre, le dijo, ¡con ese olor qué otra cosa sino pescado puede vender!”.
Guardadas todas las proporciones, lo que le está sucediendo a la reforma tributaria Petro- Ocampo es lo mismo que le aconteció a nuestro vendedor de pescado.
Primero se dijo que la reforma iría por $ 50 billones. Pero ante la evidencia que era un disparate pretender sacarle en un solo año a la golpeada economía con la pandemia una suma de tal magnitud, el ministro Ocampo rebajó la meta a $ 25 billones, agregando que los otros $25 billones se irían recaudando cada año a lo largo del cuatrienio.
Después surgió la evidencia del abultado déficit que viene acumulando el fondo de estabilización de los combustibles. Y como el gobierno ha dicho rotundamente que va a cumplir con la regla fiscal, de ello se deriva que este déficit debe enjugarse con cargo a la política fiscal.
Esto significa que del producido de la próxima reforma tributaria habrá que destinar no menos de $15 billones a cubrir el déficit del fondo con el que estamos aislando los precios domésticos de los combustibles de los internacionales.
No me refiero en esta ocasión a los cambios a los que ya el ministro de Hacienda se allanó a hacerle en lo que resta de la discusión parlamentaria al proyecto: eliminar buena parte de los alimentos ultra procesados, el subsidio a la gasolina en la frontera, el tributo a las exportaciones de oro, la tributación a las personas naturales modulada en función de las que tengan o no dependientes, y la morigeración del impuesto a los dividendos; amén de los cambios que vengan como siempre sucede en los posteriores debates parlamentarios.
Me refiero solamente al impacto que tendrá el déficit del fondo de estabilización sobre los recaudos de la nueva reforma. Además de poner en evidencia la urgencia de definir pronto una política consistente en actualizar los precios domésticos para que el déficit del fondo de estabilización no se torne inmanejable, parece que la reforma tributaria no dejará para financiar nuevo gasto social -en el mejor de los casos- más de $10 o $12 billones.
Blomberg inclusive calcula que luego del pulso parlamentario y de la presión de los lobbies habrá cambios en 69 artículo del proyecto presentado por el gobierno, y que a la postre la reforma no recaudará más de 16 billones. En cuyo caso lo disponible para nuevo gasto social será mucho menos descontando lo que habrá que destinar para enjugar el déficit del fondo de estabilización de combustibles.
No estamos, pues, muy lejos de lo que le sucedió al comerciante de pescado.
Septiembre 04 de 2022.
*Abogado y economista. Ex ministro de Estado.
Por José G. Hernández*.- Aunque el ejemplo propuesto por el ministro de Justicia -sobre robo de celulares- no fue el más afortunado, está bien que el Gobierno se proponga superar el populismo punitivo y fijar una política criminal más razonable y coherente, insistiendo en la aplicación de la justicia restaurativa.
Se trata de un modelo penal diferente, que se aparta de la tradicional concepción de la pena como forma de castigo, de modo que se enfrente la criminalidad, pero dentro de una visión más amplia y comprehensiva, teniendo en cuenta el interés de la colectividad, la regeneración del culpable y la reparación del daño causado. Como ha señalado la Corte Constitucional, también es necesario cambiar el enfoque de la justicia, “rescatando la importancia que tiene para la sociedad la reconstrucción de las relaciones entre víctima y victimario”.
Para la Corte, “el centro de gravedad del Derecho Penal ya no lo constituiría el acto delictivo y el infractor, sino que involucraría una especial consideración a la víctima y al daño que le fue inferido. Conforme a este modelo, la respuesta al fenómeno de la criminalidad debe diversificar las finalidades del sistema. Debe estar orientada a la satisfacción de los intereses de las víctimas (reconocer su sufrimiento, repararle el daño inferido y restaurarla en su dignidad), al restablecimiento de la paz social, y a la reincorporación del infractor a la comunidad a fin de restablecer los lazos sociales quebrantados por el delito, replanteando el concepto de castigo retributivo que resulta insuficiente para el restablecimiento de la convivencia social pacífica” (Sentencia C-979 de 2005).
La verdad es que nuestra legislación dista mucho de contemplar un sistema integral, armónico, igualitario y estable en materia criminal. Recuérdese que coexisten varios sistemas (inquisitivo, acusatorio, Justicia y Paz, JEP). Además, hay demasiados fueros y distintas competencias jurisdiccionales, que -como lo hemos visto- dan lugar a que los aforados puedan seleccionar a sus investigadores y jueces, mediante la renuncia.
Por otra parte, se improvisa al legislar: todo se quiere solucionar mediante la cárcel, el aumento de penas y la consagración de nuevos tipos delictivos, sin tener en cuenta el conjunto, ni la coherencia entre las nuevas disposiciones y las que venían rigiendo, ni la jurisprudencia constitucional. Por paradoja, en la práctica, procesos interminables que dan lugar a la libertad por vencimiento de términos.
El sistema carcelario es verdaderamente lamentable: hacinamiento, congestión, ingreso de armas, confusión entre condenados y detenidos preventivamente, siempre posibles fugas, y situaciones tan graves como las que han dado lugar a la muerte de numerosos internos, como ocurrió en la Modelo de Bogotá en 2020 y en la cárcel de Tuluá en 2022. Como ya no caben más reclusos, se habilitan como cárceles las estaciones de policía, que no han sido construidas para esa finalidad. Son irregularidades a las que nuestra sociedad se ha acostumbrado y mira con indolencia.
La política criminal del Estado debe ser revisada. Más razonable y realista. Desde luego, la justicia restaurativa debe desarrollarse, aunque no para todo delito. En lo inmediato, urgen medidas frente a la inhumana situación de las cárceles. Un estado de cosas inconstitucional, como lo declaró la Corte Constitucional desde 1998.
Bogotá, D. E, 1 de septiembre de 2022
*Expresidente de la Corte Constitucional
