Opinión

Por Gabriel Ortiz.- En dos días sabremos si Colombia votó por el cambio que todos buscan, anhelan y persiguen.

Esta agónica campaña, mostró el cobre de la política colombiana, por la gran cantidad de improperios, injurias, denuestos y ultrajes. Nadie sabe cuál de los candidatos es confiable, porque entre ellos se descalifican con pruebas o sin ellas, acompañadas de hirientes injurias.

Entre tanto el codiciado cambio, la salida de las crisis, la opción de paz, la eliminación de la corrupción, la separación de poderes, el empleo, la eliminación de la pobreza, la equidad, la libertad, el despilfarro, el abuso y la hambruna, parecen quedar en el olvido.

Los votantes no han alcanzado a entender las ofertas de la mayoría de los candidatos, porque a cada promesa le estrellan la polarización, el odio, la injuria, la rabia y la fobia, que nos han sembrado durante los últimos 20 años.

Hoy, cuando ya hay compatriotas votando, la gente no sabe qué hacer. Los que se auto-consideran “los buenos” y siguen firmes al candidato de Uribe y Duque, luchan mantener los privilegios y vicios de estos 4 años; los demás, calificados como “los malos” quieren el cambio, con una Colombia en paz, democrática y equitativa, gobernada por Fajardo, Petro o Hernández.

Las apuestas están inclinadas hacia los últimos, aunque existen ciertos temores, en especial incrementados por una Registraduría y un Consejo Nacional electoral, que no fueron capaces de encontrar quien haga la auditoría internacional de los comicios.

Existe sí una mediana tranquilidad entre los votantes, porque la ausencia del Presidente -que hasta anoche estaba veraneando- ha impedido su intervención en el debate electoral, lo cual también han hecho sus funcionarios y militares.

Estamos ante la oportunidad histórica de sanear y sacar adelante nuestra patria, de fortalecer ésta amenazada democracia, de respetar el proceso de paz, erradicar la drogadicción, darle una orientación racional a nuestras Fuerzas Militares, adelantar una reforma agraria que permita a nuestros campesinos ingresar a la agroindustria con crédito subsidiado, para eliminar la hambruna y crear empleo y riqueza.

Tenemos que salir de la lista que nos señala como el tercer país en desplazamiento interno.  

Esa fuerza que deambula por campos, veredas y ciudades, no puede seguir desperdiciada y a la espera de un gobierno que se fije el objetivo de regresar al campo.

Colombia debe cuidar biodiversidad e impedir que unos “avivatos privilegiados” destruyan la amazonia, para plagarla de ganaderías destructivas y contaminantes, minerías ilegales y cultivos ilícitos.

Todo esto y mucho más, está en la mente de los millones de compatriotas que escogerán al hombre capaz de llevarnos por los caminos de la ética, la moralidad, el progreso y el bienestar que buscan los 50 millones de compatriotas que soportan la inexistencia de una justicia social, económica y política. ¡A votar, pero a votar bien!

BLANCO: Hasta ahora se despeja cualquier duda sobre la primera vuelta para elegir Presidente.

NEGRO: Nadie se explica la inhumanidad de los padres de familia que niegan a los niños del Alcalde Quintero ingresar a su colegio.

Por José G. Hernández*.- Establece el artículo 190 de la Constitución: “El presidente de la República será elegido para un período de cuatro años, por la mitad más uno de los votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos en la fecha y con las formalidades que determine la ley. Si ningún candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará una nueva votación que tendrá lugar tres semanas más tarde, en la que sólo participarán los dos candidatos que hubieren obtenido las más altas votaciones. Será declarado presidente quien obtenga el mayor número de votos”.

El 29 de mayo tendrá lugar la votación, en primera vuelta, para elegir presidente de la República. Solamente ese día sabremos, dependiendo de los resultados, si habrá o no la segunda vuelta que prevé el mandato constitucional para el caso en que ninguno de los aspirantes obtenga la aludida mayoría calificada (mitad más uno de los sufragios).

Esta campaña ha sido, sin duda, una de las más vergonzosas de nuestra historia democrática. Se ha caracterizado por la pobreza argumental y por la falta de altura y lealtad; por el lamentable esquema de enfrentamientos personales, insultos, improperios, falsedades, con el cual se ha sustituido el sano debate intelectual y político y la transparente presentación de opciones, con miras al conocimiento, valoración y decisión del electorado. Como debe ser en una democracia, particularmente tratándose de un certamen tan decisivo para el futuro del país. Se esperaba -y no llegó- la formulación clara y comprensible de ideas, programas, proyectos de gobierno y fórmulas de solución frente a tantos problemas como los que enfrenta Colombia en diferentes campos.

Una democracia madura, como aquella a la que creíamos haber arribado hace años -estábamos equivocados- se distingue por el predominio de la razón y del liderazgo sobre la emotividad, la violencia verbal y física, la manipulación, el engaño y la trampa.

También se ha desarrollado la campaña en un clima de abierta inobservancia del Derecho: iniciativas gubernamentales de normas manifiestamente inconstitucionales, como la que modificó la ley de garantías; intervenciones públicas de gobierno, órganos de control y altos mandos militares contra candidatos y sus propuestas, lo que -desconociendo la prohibición constitucional- configura participación en política. Rompe su imparcialidad el Gobierno que cae en inútiles controversias electorales ajenas a sus funciones.

Hemos visto, igualmente, en algunos medios de comunicación -también parcializados-, una inocultable manipulación informativa, sobre hechos, encuestas y propuestas, con el fin de desorientar a los votantes. Además de las “bodegas”, de una y otra tendencia, en las redes sociales.

Por si fuera poco, algunos empleadores anunciaron despedir a trabajadores y empleados que no voten según sus instrucciones, violando el secreto del voto y constriñendo al sufragante.  

Por último, estando ya en marcha las elecciones, con ciudadanos colombianos votando en el exterior, se habló de proyectos de golpe de Estado -sin prueba alguna de ello-, y hasta de interrupción, suspensión o postergación de los comicios.

Consigna: vote cada uno por su candidato, pero en libertad, en paz, con altura, pensando en las prioridades de interés general, sin más ofensas, descalificaciones, ni denuestos. Preservemos nuestra democracia. Y que una campaña tan penosa no se repita.

Bogotá, D. C, 25 de mayo de 2022

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- El dato de un crecimiento del PIB de 8.5% en el primer trimestre de este año es sin duda una buena noticia, sobre todo en un contexto internacional tan afectado por la invasión a Ucrania. Sin embargo, no se puede ser muy optimista porque existen riesgos que invitan a la cautela.

El más evidente es la inflación, que ha alcanzado una tasa anual de 9.2% que no se había registrado en el país desde el año 2000. Son dos los impactos negativos que tiene esta alza de precios sobre el crecimiento futuro. Primero, que disminuye la capacidad de compra de los hogares, que ha sido el principal motor del crecimiento del PIB y segundo, la respuesta del Banco de la República al aumento de precios.

Es sabido que la inflación actual es causada por factores de oferta y de aumento de costos (fertilizantes, fletes, materias primas, etc.), y los instrumentos que tiene a su disposición el Banco (aumento de tasas de interés y control de la cantidad de dinero) no son convenientes para controlar este tipo de inflación sino aquella que es causada por un exceso de demanda. Aumentar la tasa de interés sí sirve contra una inflación de costos porque frena la inversión y el consumo, induciendo una disminución del crecimiento.

Otro riesgo preocupante es el empeoramiento de la situación internacional, por la guerra de Ucrania, el resurgimiento del Covid en China o la amenaza de recesión en EE.UU. Cualquiera de estos hechos, no solo agudizaría las presiones inflacionarias sino que puede frenar los flujos de capitales, encareciendo o dificultando conseguir los recursos para financiar nuestro enorme déficit de la balanza de pagos.

Finalmente un riesgo interno, que es la presión social por el agravamiento de las condiciones de pobreza y desigualdad que produjo la pandemia y la insuficiente respuesta del gobierno. El PIB ya se recuperó por encima del nivel pre-pandemia, pero no sucede lo mismo con indicadores que muestran que los frutos del buen crecimiento del PIB se han distribuido muy mal, quedando en los bolsillos de unos pocos.

En efecto, según el DANE en 2021 el PIB creció 11% en términos nominales, pero la remuneración de los asalariados solo creció el 7%, mientras que las ganancias de las empresas crecieron casi el doble, 13.8%. Esta mala distribución se empeoró con el comportamiento de los precios, pues la inflación fue menor para los ingresos altos (9.9%) que para los pobres (15.5%). Esto explica la desigualdad registrada por la firma RADDAR pues mientras el consumo de los ingresos altos ha crecido al 6.3% el de los pobres solo creció el 0.75%. Se comprueba así que la desigualdad es un freno al crecimiento.

Cali, 24 de mayo de 2022

*Filósofo y Economista. Consultor.   

Por Amylkar D. Acosta M*.- La Transición energética desde las energías de origen fósil, altamente contaminantes, hacia las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) se debe implementar de manera inteligente y responsable, sin prisa que pueda poner en riesgo, como ha sucedido en Europa, la seguridad energética del país, pero, eso sí, sin pausa. Como lo ha dicho el premio Nobel de economía Joseph Stiglitz, se requiere “una Transición tranquila y eficiente”, a riesgo de enfrentar “una transición caótica” y, añadiría yo, traumática. A este respecto bien vale la pena traer a colación el sabio consejo del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva: “mientras no tengas energías alternativas, seguirás usando la energía que tienes”. Eso sí procurando mitigar su impacto medioambiental.

Es el caso de la estatal ECOPETROL, que ha hecho un gran esfuerzo para reducir el contenido de azufre en los combustibles, que en un momento dado llegó al extremo de contener hasta 1.200 partes por millón de contenido de azufre y hoy en día ronda las 50 partes por millón. Adicionalmente, se ha dado su propia ruta de Transición energética, con su estrategia Energía que transforma, que abarca todos los eslabones de la cadena de los hidrocarburos que extrae, refina y transporta, tendiente a alcanzar la neutralidad de carbono hacia el 2050 y ha dado pasos conducentes a ello, destacándose la instalación de 112.5 MW de potencia a partir de FNCER para generar la energía que demandan la operación varios de sus campos petroleros.

En la misma dirección y con los mismos propósitos, desde el 2005, gracias a mi Ley 693 de 2001, es obligatoria la mezcla de los biocombustibles en Colombia, gracias a la cual se reducen anualmente en 2.5 millones de toneladas las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y 130 toneladas de material particulado causados por la  combustión de los motores. Ello se explica porque con dicha mezcla, al oxigenarlo, mejora ostensiblemente la calidad de los combustibles que se consumen en el país, contribuyendo de paso a la seguridad energética, a la ampliación de la frontera agrícola y a la generación de empleo formal e ingreso en el campo.

Si no queremos una Transición caótica, ni el Gobierno ni las empresas desarrolladoras de los proyectos en los territorios deben perder de vista que, como lo recalca el Banco Mundial, ni los parques eólicos ni las granjas solares “existen en un vacío social. Como creaciones humanas, no pueden separarse de los entornos sociales y culturales en los que se diseñan, construyen y operan”. Por ello es que yo insisto tanto en la importancia de la Licencia social, que no es otra cosa distinta que el consentimiento informado por parte de las comunidades asentadas en el área de influencia de dichos proyectos y ello pasa por “el diálogo social para involucrar y protegerlas”, como lo plantea el Documento CONPES 4075 del 29 de marzo de este año, en el cual se trazan los lineamientos de la Política de Transición energética, ya que deben ser las primeras beneficiarias de las mismas, pues resulta inaceptable que haya luz en la calle y obscuridad en la casa!

Una Transición energética que no sea justa, incluyente, solidaria, que los beneficios de quienes ganan con ella no se de a expensas de quienes pierden, que deben ser compensados y que contribuya a la cohesión social, no es sostenible ni sustentable. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Conferencia del 2013 expidió una Resolución reivindicando la transición justa, la cual fue ratificada en su Consejo de gobierno en 2015. Posteriormente la Agencia Internacional de la Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés) y la OIT firmaron un Acuerdo en octubre de 2021 comprometiéndose en promoverla. La Declaración conjunta que firmaron en octubre pasado la OIT y la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés) es elocuente: “un progreso que no sea justo e inclusivo no es sostenible. No se puede lograr una economía verde sin crear oportunidades para todos, asegurando que todos los grupos de la sociedad tengan acceso a empleos decentes y bien remunerados”. Así de claro!

Pero, indudablemente, el mayor espaldarazo a la Transición energética justa se la dio la COP26, que tuvo lugar en Glasgow (Escocia) en noviembre pasado. En el marco de la misma más de 30 países, incluyendo entre ellos a los principales productores de petróleo y carbón, suscribieron una Declaración en la que se comprometieron a implementar estrategias que respalden a los trabajadores, a las empresas y a las comunidades en el curso de la Transición hacia economías verdes. En ella se hace hincapié en la perentoria necesidad de garantizar “que nadie se quede atrás en la transición, en particular aquellos que trabajan en sectores, ciudades y regiones que dependen de industrias y producciones intensivas en carbono”. En suma, deben primar los principios de la equidad, la solidaridad, la inclusión y la cohesión social.

La OIT ha reiterado que “una Transición energética justa es urgente, indispensable y posible” y que “hay evidencias claras de que habrá más ganancias para la economía y para las personas que pérdidas”, que este no debe ser un juego de suma cero en el que unos ganan lo que otros pierden. Al fin y al cabo, la Transición energética debe ir de la mano con el cumplimiento de los 17 objetivos del desarrollo sostenible (ODS), especialmente el 7º que prevé el acceso universal a la energía limpia.

Cota, mayo 24 de 2022

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

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Por Alonso Ojeda Awad*.- Teri Mattson es una valiente mujer norteamericana comprometida con el reconocimiento y la defensa de los Derechos Humanos en todo el mundo. Es la coordinadora para América Latina de CodePink una organización social y colectivo estadounidense caracterizado por velar en el cumplimiento de los sagrados DD.HH. Ella viajo al país en la misión de acompañar el proceso electoral y evaluar la grave situación de los Derechos humanos en Colombia. Fue invitada por nuestra organización social el Comité de Defensa de los Derechos Humanos CPDH., seccional Valle del Cauca.

Esta valiente y luchadora mujer, al llegar, fue detenida en el aeropuerto internacional por inmigración colombiana. Aducen que la razón oficial dada para negarle la entrada al país fue que representa un riesgo para el Estado. En la “Resolución administrativa de no admisión o rechazo, se indicó: “Por razones de soberanía, cuando existen hechos o antecedentes fundados que indiquen que la persona representa un riesgo para la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana”.

CodePink es una organización de base dirigida por mujeres que trabajan para poner fin a las guerras y el militarismo de los EE.UU. y para apoyar iniciativas de Paz y Derechos Humanos. En los últimos años, Teri ha supervisado elecciones en cinco países latinoamericanos.

Esta es una demostración mas del gobierno dictatorial de Duque, que viola sin sonrojarse, los más vitales Derechos Humanos y las libertades democráticas. No permitir, negarle la entrada a una mujer valiente como Teri Mattson, quien ha caminado varios países latinoamericanos, observando los procesos electorales y donde su necesaria y valida visita no ha sido impedida, ni mucho menos ella detenida o peor, deportada, es una infamia, a todo lo largo y ancho de la palabra.

Este hecho violatorio de los mas mininos Derechos Humanos debe ponernos en “Alerta Máxima”, pues cosas muy graves están sucediendo en nuestra martirizada nación colombiana, y peor aún, de entronizarse gobiernos de narco paracos, las débiles protecciones de Paz, Derechos Humanos y libertades públicas tenderán a desaparecer. Esta es una mas de las razones por las cuales estamos convocando a las organizaciones sociales de diferentes banderas y condición a cerrar filas democráticas y defender nuestro don más preciados:  La libertad y el respeto a las opiniones de nuestros campesinos, obreros, indígenas, afros, mujeres cabeza de familias, jóvenes luchadores por la Paz y la dignidad.

Duque está cerrando pesimamente su mediocre gobierno. No contento con irse de paseo por las capitales europeas dejando a nuestra nación a la deriva, en medio de una profunda crisis social por la intensa ola invernal, con los alarmantes índices de desnutrición crónica de los niños , con la asfixiante inflación que aumenta de hambre y miseria los hogares colombianos, ahora la orden es no dejar entrar a los observadores de procesos electorales y defensores de los Derechos Humanos, como el vergonzoso  caso de Teri Mattson que deja a Colombia muy mal ante los gobiernos demócratas del mundo.

Desde estas páginas periodísticas y en mi condición de Presidente del Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos, expresamos nuestras mas sentidas disculpas a la señora Teri Mattson por este inaceptable y bochornoso atropello de las autoridades colombianas a la mujer líder en Derechos Humanos y ratificarle nuestra admiración y aprecio a su lucha, que es la nuestra,  con la absoluta seguridad que en el futuro inmediato, cuando cese esta horrible noche sobre Colombia, la tendremos entre nosotros para ratificarle toda nuestra fe y esperanza en un mundo mejor, donde reine la Paz, la alegría y los Derechos Humanos.

Bogotá, D. C, 23 de mayo de 2022

Presidente del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos. CPDH. Exembajador de Colombia.

Por Clara López Obregón.- El mundo cambió pero muchos dirigentes políticos y gremiales no han caído en cuenta. De ahí las críticas estridentes a la propuesta de Gustavo Petro de no realizar más exploraciones de petróleo. La noticia publicada esta semana por El Espectador los debió coger por sorpresa: “Países como Colombia deben dejar de producir petróleo y gas antes de 2050”, afirma un informe dirigido por el profesor Kevin Anderson del Centro Tyndall para la Investigación del Cambio Climático de la Universidad de Manchester.

Para cumplir con la meta del Acuerdo de París, el Centro Tyndall recomienda un estricto cronograma de desmonte de la producción petrolera y de gas que los países productores deben cumplir. No se trata solamente de dejar de explorar petróleo, sino de dejar de producirlo. “Una transición basada en los principios de equidad requiere que las naciones ricas y de altas emisiones eliminen toda la producción de petróleo y gas antes de 2034, mientras que las naciones más pobres tienen hasta 2050 para poner fin a la producción”, señala el informe. Los países más ricos deben reducir su producción a la mitad en seis años y eliminarla en doce. Para los más pobres, la reducción a la mitad debe alcanzarse en 2037 y la cesación total de la producción en 2050. Los intermedios, entre los cuales se encuentran Colombia, México y Brasil, deben reducir su producción en 28 % hacia 2030 y en más del 90% para 2043.

Este tipo de investigaciones muestran que la propuesta de Petro se enmarca dentro la exigencia global de acción inmediata por parte de países grandes y pequeños, ricos y pobres. Tal como sostiene Petro, los países ricos deben apoyar financieramente a los países pobres en el empeño de enfrentar el cambio climático. Esa es una promesa que los poderosos vienen incumpliendo. Las recomendaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos en cambio climático (IPCC, por sus siglas en inglés) y del Centro Tyndall le parecen exageradas a algunos, pero ello se debe al desconocimiento del grado de consenso científico que acompaña a las primeras, de las cuales surgen las segundas.

El Grupo Intergubernamental IPCC está compuesto por 300 científicos de excelencia escogidos meritocráticamente.  Sus informes tienen un riguroso método de investigación en la que participan centenares de personas expertas. La aprobación de los textos se hace oración por oración y cada una debe contar con unanimidad, tanto de los 300 autores integrantes del Grupo como de la mayoría de los gobiernos que integran a las Naciones Unidas.

La urgencia de tomar acción ya se desprende de la alerta reiterada en el más reciente informe del IPCC que afirma que los “los impactos son ya de tal intensidad que la salud del planeta y el bienestar de quienes lo habitamos están comprometidos.” La trayectoria que lleva el mundo ya nos ubica por encima de las metas del Acuerdo de Paris. Hay una peligrosa demora en actuar. De ahí que la propuesta de Petro no solamente sea responsable, sino acorde con los compromisos internacionales de Colombia y con la vida en el planeta.

Bogotá, D. C, 17 de mayo de 2022

*Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo

Por Alonso Ojeda Awad*.- Esta categórica afirmación la expresó en redes sociales el Expresidente Ernesto Samper Pizano, cuando escribió en Twitter: “Duque y la Procuradora violaron los artículos 188 y 277 de la Constitución política, porque antes de que la Corte se pronunciara sobre la Ley de Garantías y la reforma a la Procuraduría, decidieron ponerlas en vigencia, para favorecer intereses políticos y suspender al alcalde de Medellín Quintero Calle”.

La actitud violatoria de Duque sobre la Carta Constitucional ha sido una situación constante y provocadora de este gobierno. Sus ministros constantemente andan, por toda la geografía nacional, tomando descaradamente partido por el candidato presidencial del gobierno, desconociendo que las normas constitucionales son expresamente claras, acerca de: Por ninguna razón los funcionarios públicos pueden tomar partido abiertamente por sus candidatos, so pena de recibir aleccionadora sanción. No se ha conocido ningún llamado de atención sobre tan graves procederes.

El otro episodio bochornoso sucedió cuando Duque estimuló a su comandante del ejército nacional, general Zapateiro a salir en los medios de comunicación a enfrentarse lisa y llanamente con el candidato de la oposición, violando en esta forma claras y antiguas disposiciones democráticas, consignadas en nuestra historia desde los albores del Frente Nacional. Fue precisamente el brillante expresidente Alberto Lleras Camargo quien, en una lúcida intervención en el teatro Patria de Bogotá, dejó muy claro porque los militares activos no pueden hacer política partidista, poniendo en franco riesgo la salud democrática de la sociedad colombiana.

Frente la bochornosa y anticonstitucional sanción al alcalde de Medellín Daniel Quintero, el rechazo y la protesta ha sido a nivel nacional y mundial, sobresaliendo la postura de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, quien exige restituir al alcalde de Medellín en el término de la distancia y advirtió que la suspensión de Daniel Quintero es antidemocrática y perjudica enormemente la imagen internacional de Colombia. En efecto, ella envió una carta al Embajador de Colombia Luis Guillermo Plata donde le manifiesta la profunda preocupación por la decisión de la Procuraduría de Colombia de suspender al alcalde de Medellín, democráticamente elegido.

Ya lo había advertido en mi pasada columna de opinión. Este gobierno de Duque y compañía se ha venido convirtiendo en una dictadura disfrazada de democracia. Presenta un balance trágico con el hecho de “volver trizas” la ansiada Paz de los colombianos y de incrementar en una forma impresionante las violaciones sistemáticas de los DD.HH. de los jóvenes, en el pasado Paro General, y en las comunidades campesinas del Putumayo, donde la subsistencia diaria es un verdadero desafío.

Desde el Comité Permanente de Defensa de los DD.HH. (CPDH), Institución adscrita a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hacemos un llamado fraterno y angustioso a todas las organizaciones sociales a defender hoy, mas que nunca, el legado histórico de quienes nos precedieron en el reconocimiento y la defensa de la Democracia, la Paz, los DD. HH y las libertades públicas.

Bogotá, D. C, 16 de mayo de 2022

*Presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) y Exembajador de Colombia.

Por Amylkar D. Acosta M*.- Este 13 de mayo se cumplieron los primeros 8 años de la sanción de la Ley 1715 de 2014 “por medio de la cual regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema energético nacional”. Este proyecto fue concebido y radicado por el Senador José David Name Cardozo y como Ministro de Minas y Energía le brindamos todo el respaldo y el apoyo requerido en su trámite en el Congreso de la República. El objeto fundamental de esta Ley es desbrozarle el camino a las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), para su integración a la matriz energética del país.

Uno podría decir que la Transición energética desde las energías de origen fósil hacia las FNCER tuvo su más importante hito en el 2015, gracias al Acuerdo de París (COP21) y a la adopción de los 17 objetivos del desarrollo sostenible (ODS), de los cuales el 7º propende por la “energía asequible y no contaminante”. El Acuerdo de París fue ratificado por el Congreso y por lo tanto el compromiso de Colombia de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% hacia el 2030 es vinculante.

La CREG tardó casi 4 años para establecer el marco regulatorio para poner en marcha la Ley y ello retrazó su implementación. Fue menester que el Ministerio de Minas y Energía expidiera el Decreto 570 en marzo de 2018, dándole un plazo perentorio de 12 meses tanto a la CREG como la UPME para que tomaran las definiciones necesarias para integrar a la operación y medición del Sistema Interconectado Nacional los proyectos de generación de FNCER mediante contratos de largo plazo. Sólo así se pudo desatar el nudo gordiano, posibilitando las primeras dos subastas de renovables en febrero y octubre de 2019, en las cuales se asignaron 2.200 MW. Desafortunadamente la tercera subasta, que se llevó a cabo en octubre de 2021, en la que se asignaron 796.3 MW más, no tuvo la misma fortuna de las dos anteriores y su suerte está rodeada de incertidumbres que han imposibilitado su cierre.

Cabe advertir que la Transición energética no se reduce a la inserción de las FNCER. Va mucho más allá. Además de la electrificación de la economía, apoyándose en las FNCER, hace parte también de esta estrategia la eficiencia energética y la reducción de la huella de carbono en toda la cadena, desde la generación, pasando por la transmisión, hasta la distribución y uso de la energía. En última instancia, la Transición energética se da en procura de garantizar la seguridad energética, robusteciendo, diversificando aún más la matriz energética y de esta manera tornándola más resiliente frente al cambio climático.

La Transición energética cobró un renovado impulso con la expedición de la Ley 2099 del 10 de julio de 2021, también de la iniciativa del Senador Name, dado que, además de reforzar y darle un mayor alcance a la Ley 1715 de 2014, amplió el espectro de sus beneficios incorporando a la matriz energética  otras fuentes renovables tales como la energía geotérmica, el hidrógeno, amén de los incentivos y estímulos para la captura y almacenamiento de CO2, así como al almacenamiento a gran escala de la energía generada mediante el sistema de baterías. De esta manera Colombia se propone aprovechar y desarrollar el gran potencial del cual dispone de FNCER, calculado en 135 GW.

De hecho, hasta el momento ya están instalados y en operación los primeros 224.47 MW de potencia, tanto en autogeneración como en generación distribuida con base en energía solar – fotovoltaica y 24 MW de energía eólica. Esta es la meta volante, pero la meta final es mucho más ambiciosa. Además, ya se adjudicó el primer proyecto de gran almacenamiento de energía en el Departamento del Atlántico, con una capacidad de 50 MW. Adicionalmente se ha trazado la Hoja de ruta del Hidrógeno y se avanza en sendos pilotos para producirlo por parte de ECOPETROL y PROMIGAS, lo cual se constituye en el primer paso en la dirección de convertir a Colombia, particularmente al Caribe colombiano, en el gran HUB energético a nivel regional en Latinoamérica y el Caribe.

Complementariamente, a comienzos de este mes, el Presidente Iván Duque y su Ministro de Minas y Energía Diego Mesa lanzaron en Barranquilla la bitácora para el despliegue de la generación de energía eólica costa afuera, en donde se ha identificado un potencial de 50 GW. El Distrito de Barranquilla acaba de poner la pica en Flandes al concretar una alianza estratégica con la empresa danesa Copenhague infrastructure partners (CPI) para desarrollar un primer proyecto offshore de gran envergadura, con una capacidad de generación de potencia de 350 MW.

Finalmente, como lo recalca el Banco Mundial, ni los parques eólicos ni las granjas solares “existen en un vacío social. Como creaciones humanas, no pueden separarse de los entornos sociales y culturales en los que se diseñan, construyen y operan”. Por ello es que yo insisto tanto en la importancia de la Licencia social, que no es otra cosa distinta que el consentimiento informado por parte de las comunidades asentadas en el área de influencia de dichos proyectos y ello pasa por “el diálogo social para involucrar y protegerlas”, ya que deben ser las primeras beneficiarias de las mismas, pues resulta inaceptable que haya luz en la calle y obscuridad en la casa!

Cota, mayo 15 de 2022

*Expresidente de Colombia y exministro de Minas y Energía

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Por José G. Hernández*.- Los recientes acontecimientos nos llevan a recordar, una vez más, que uno de los valores fundamentales de nuestra organización estatal reside en la garantía de la vida, la integridad, las libertades, los bienes, la tranquilidad y los demás derechos de los gobernados.

Según el artículo 2 de la Carta Política, son fines esenciales del Estado -entre otros- servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. La misma disposición señala que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

Por otra parte, la ciudadanía -especialmente en un sistema democrático, como se supone que es el colombiano- tiene derecho a que sus máximas autoridades le entreguen información completa, veraz e imparcial, con mayor razón si están de por medio sus derechos esenciales, su seguridad, la vida y la integridad personal. La transparencia y la sinceridad del gobierno y de la administración en cuanto al ejercicio de sus funciones, es un elemento imprescindible para que pueda existir empatía entre los gobernantes -que son servidores- y los gobernados. Al tenor del artículo 23 de la Carta Política, “los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento”.

Estas reglas no se cumplen cuando, en vez de llamar las cosas por su nombre, el gobernante decide que sus comunicaciones con el pueblo se fundan en el eufemismo, la imagen, los anuncios sin realización y la presentación de logros inexistentes.

Vale la pena que el nuevo gobierno colombiano -cualquiera que sea- asuma una actitud distinta, y se conecte con la realidad y las necesidades de los colombianos, y cambie los discursos oficiales sobre frías e inútiles estadísticas, promesas incumplidas de sometimiento y derrota de la criminalidad y los engañosos informes sobre grandes realizaciones y planes de protección estatal, por mensajes de genuino compromiso con los cometidos constitucionales y su realización.

En estos días, por ejemplo, a raíz de la extradición de alias “Otoniel”, líder del autodenominado “Cartel del Golfo” -a la cual se procedió antes de dar paso a la realización de la verdad, la justicia y la reparación de sus víctimas en Colombia-, tuvo lugar un agresivo y criminal “paro armado” durante el cual los paramilitares de esa organización se tomaron literalmente doce departamentos, quemaron casi doscientos vehículos, amedrentaron a la población y cobraron varias vidas inocentes.

El Estado no cumplió su función protectora, como lo anunció, y lo cierto es que, a lo largo de los días de esa actividad delictiva, no hubo "actos aislados", exagerados por los medios de comunicación -como proclamó el presidente Duque-, sino toda una programación y ejecución coordinada de acciones que se extendieron hasta que así lo quiso la organización terrorista. Y las víctimas, indefensas.  

Bogotá, D. C, 14 de mayo de 2022

*Expresidente de la Corte Constitucional.

Por Juan Camilo Restrepo*.- La santa sede no tiene ejército, salvo unos cuantos guardias suizos que cuidan la entrada a la Basílica de San Pedro. No tiene tampoco aviones ni drones. Solo tiene la palabra del Papa como arma preeminente para influir en los asuntos internacionales.

Por eso resulto muy disiente escuchar los términos cómo se refirió recientemente el Papa Francisco al patriarca ortodoxo de Moscú, Kirill, cuando le recomendó que dejara de ser el “monaguillo de Putin”. Con lo cual el Papa quiso enviarle un reproche al patriarca de la comunidad cristiana ortodoxa de Rusia por la manera casi incondicional como ha aprobado la invasión a Ucrania. El patriarca ha llegado hasta bendecir la salida de tropas y de tanques rusos hacia la martirizada Ucrania.

La Santa Sede siempre se ha caracterizado por utilizar un lenguaje moderado y conciliador hacia las cabezas de las otras religiones o de los cristianos ortodoxos. Un cierto ecumenismo amable rodea usualmente al romano pontífice cuando se refiere, o cuando habla, con judíos, protestantes, musulmanes o, en fin, con los cristianos diferentes al credo católico como son los ortodoxos griegos.

En esta ocasión no fue así. Los términos irónicos con que el Papa se refirió a la cabeza de los griegos ortodoxos de Rusia marcan una ofuscada manera de expresar la angustia y el reproche que la Santa Sede siente frente a la invasión militar a Ucrania. Y ante las múltiples violaciones de derechos humanos allí cometidos, que el mundo todo ha presenciado atónito a través de los medios de comunicación.

Pasan y pasan los días y las cosas en vez de mejorar parecen empeorar en Ucrania. Y al interior de Rusia, salvo un puñado de disidentes, la inmensa mayoría de la opinión pública parece acompañar a Putin en su brusco imperialismo.

La comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, junto con la Unión Europea (que no se ha atrevido a lanzar hasta ahora el golpe definitivo que sería suspender la compra de gas y de petróleo a Rusia) han tomado sanciones económicas fuertes contra Putin y su régimen que, sin embargo, no parecen haber tenido hasta ahora la fuerza disuasiva que se esperaba.

Hace más de diez siglos (1054) se protocolizó el cisma con el que rompieron cobijas los cristianos de la iglesia de oriente y los de occidente. Con el inusual lenguaje utilizado por el Papa Francisco en estos días se han revivido los ecos de aquella vieja querella.

Bogotá, D. C, 14 de mayo de 2022

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.